Res. 09620-2021 Sala Constitucional — SETENA grants environmental viability despite extreme aquifer vulnerability

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber denied the amparo, holding that disputes over the legality of environmental follow-up and the regent's performance are properly within the contentious-administrative jurisdiction.La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo, por considerar que las controversias sobre la legalidad del seguimiento ambiental y la actuación del regente son propias de la jurisdicción contencioso-administrativa.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber rejects an amparo filed by an Upala resident against SETENA, the Municipality of Upala, and SENARA regarding the environmental viability granted to the "JSM Upala" service station project. The plaintiff alleged that construction proceeded without proper environmental oversight (late appointment of the environmental regent) and that SENARA's initial hydrogeological study (2016) classified the aquifer vulnerability as extreme, unrecommending the project, though a later SENARA criterion (2018) downgraded it to medium. The Chamber held that the matter exceeds its summary jurisdiction, as challenging the adequacy of SETENA's follow-up or the environmental regent's performance involves technical assessments requiring a full evidentiary process, appropriate for the contentious-administrative jurisdiction. It was also noted that the plaintiff filed no opposition or complaint during the environmental impact study phase, and there is no evidence of proven environmental harm. The Court dismissed the action, emphasizing that review of the legality of administrative actions belongs to the ordinary courts.La Sala Constitucional rechaza un amparo presentado por una vecina de Upala contra SETENA, la Municipalidad de Upala y SENARA, por el otorgamiento de la viabilidad ambiental al proyecto de estación de servicio "JSM Upala". La recurrente alegó que la construcción se realizó sin la debida fiscalización ambiental (nombramiento tardío del regente) y que el estudio hidrogeológico inicial del SENARA (2016) clasificó la vulnerabilidad del acuífero como extrema, no recomendando el proyecto, aunque un nuevo criterio del mismo SENARA (2018) la rebajó a media. La Sala consideró que el asunto excede su competencia sumaria, pues cuestionar la idoneidad del seguimiento de SETENA o la actuación del regente ambiental implica valoraciones técnicas que requieren un proceso de conocimiento pleno, propio de la vía contencioso-administrativa. Asimismo, se destacó que la recurrente no presentó oposición ni denuncia durante el estudio de impacto ambiental, ni hay evidencia de daño ambiental comprobado. La sentencia declara sin lugar el recurso, enfatizando que la revisión de legalidad de las actuaciones administrativas corresponde a la jurisdicción ordinaria.

Key excerptExtracto clave

IV. ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, (...) The Chamber finds it proven that, through resolution No. 1302-2018 of 7:50 a.m. on July 4, 2018, SETENA ordered: (...) ENVIRONMENTAL VIABILITY (LICENSE) is granted to the proposed activity, leaving the Environmental Management stage open. (...) Now, in the sub iudice, the plaintiff claims that SETENA issued resolution No. 1302-2018-SETENA (...) In this regard, the Chamber notes that, in judgment No. 2019-019902 of 9:20 a.m. on October 11, 2019, this Court addressed the approval of permits for the development of the aforementioned project in the following terms: (...) '(...) it is not for this Court to review whether the permits granted by the sued public authorities for the construction of the gas station conform to the legal and regulatory norms in force, since that would imply substituting the Administration in its functions and, additionally, disregarding the summary nature of the amparo remedy. (...) The assertions put forward by the plaintiffs constitute assumptions that may be presented—if the petitioners so choose—before the sued authorities or in the competent jurisdictional venue, venues in which they may, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert their claims.' (...) Therefore, as stated in the cited judgment, it is not for this constitutional jurisdiction to review, in accordance with the infra-constitutional norms governing the matter, whether the JSM Upala service station project indeed met all the requirements demanded by SETENA for granting the environmental viability in question. (...) On the grounds set forth, it is appropriate to dismiss the action.IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, (...) La Sala tiene por demostrado que, mediante la resolución n.° 1302-2018 de las 7:50 horas del 4 de julio de 2018, SETENA dispuso: (...) se otorga la VIABILIDAD (Licencia) AMBIENTAL a la actividad planteada, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental. (...) Ahora, en el sub iudice la parte accionante reclama que SETENA dictó la resolución n.° 1302-2018-SETENA (...) Al respecto, la Sala advierte que, en la sentencia n.° 2019-019902 de las 9:20 horas del 11 de octubre de 2019, este Tribunal se refirió a la aprobación de permisos para el desarrollo del aludido proyecto en el siguiente sentido: (...) “(...) no le corresponde a este Tribunal revisar si los permisos otorgados por las autoridades públicas accionadas para la construcción de la gasolinera se ajusta o no a la normativa legal y reglamentaria vigente, pues ello implicaría sustituir a la Administración en sus funciones y, además, obviar la naturaleza sumaria del recurso de amparo. (...) Las manifestaciones argüidas por los accionantes, constituyen supuestos que podrán ser presentados -si a bien lo tienen los gestionantes- ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrán, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. (...)” De este modo, tal como se indicó en la sentencia supra citada, no le corresponde a esta jurisdicción constitucional revisar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el proyecto de la estación de servicio JSM Upala cumplió, efectivamente, todos los requisitos exigidos por SETENA para el otorgamiento de la viabilidad ambiental de marras. (...) En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

Pull quotesCitas destacadas

"no le corresponde a esta jurisdicción constitucional revisar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el proyecto de la estación de servicio JSM Upala cumplió, efectivamente, todos los requisitos exigidos por SETENA para el otorgamiento de la viabilidad ambiental de marras."

"it is not for this constitutional jurisdiction to review, in accordance with the infra-constitutional norms governing the matter, whether the JSM Upala service station project indeed met all the requirements demanded by SETENA for granting the environmental viability in question."

Considerando IV

"no le corresponde a esta jurisdicción constitucional revisar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el proyecto de la estación de servicio JSM Upala cumplió, efectivamente, todos los requisitos exigidos por SETENA para el otorgamiento de la viabilidad ambiental de marras."

Considerando IV

"como parte de ese monitoreo que realiza la figura del regente ambiental, éste no tiene la obligación de verificar si las obras a nivel civil se construyen según las especificaciones bajo las cuales fueron otorgados los permisos constructivos, dado que claramente la fiscalización de las obras constructivas no recaen sobre la SETENA, ni forman parte de la Evaluación de Impacto Ambiental, sino que recae en las instituciones que otorgan los permisos constructivos."

"as part of that monitoring carried out by the environmental regent, the latter is not obligated to verify whether the civil works are built according to the specifications under which the construction permits were granted, since clearly the oversight of construction works does not fall on SETENA, nor is it part of the Environmental Impact Assessment; rather, it falls on the institutions that grant the construction permits."

Informe de SETENA, reiterado en Considerando IV

"como parte de ese monitoreo que realiza la figura del regente ambiental, éste no tiene la obligación de verificar si las obras a nivel civil se construyen según las especificaciones bajo las cuales fueron otorgados los permisos constructivos, dado que claramente la fiscalización de las obras constructivas no recaen sobre la SETENA, ni forman parte de la Evaluación de Impacto Ambiental, sino que recae en las instituciones que otorgan los permisos constructivos."

Informe de SETENA, reiterado en Considerando IV

"De los autos no se extrae que la amparada haya formulado alguna oposición en la fase de estudio de impacto ambiental del proyecto de estación de servicio JSM Upala, o que haya interpuesto alguna denuncia ante SETENA por la posible contaminación del río Zapote."

"It does not appear from the record that the plaintiff filed any opposition during the environmental impact study phase of the JSM Upala service station project, or that she filed any complaint before SETENA regarding possible contamination of the Zapote River."

Considerando IV

"De los autos no se extrae que la amparada haya formulado alguna oposición en la fase de estudio de impacto ambiental del proyecto de estación de servicio JSM Upala, o que haya interpuesto alguna denuncia ante SETENA por la posible contaminación del río Zapote."

Considerando IV

Full documentDocumento completo

Sala Constitucional Date of Resolution: 14 May 2021 at 09:15 Case File: 21-005699-0007-CO Reviewed by: SALA CONSTITUCIONAL Res. No. 2021009620 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the fourteenth of May, two thousand twenty-one.

Amparo action processed in case file number 21-005699-0007-CO, filed by YAMILETH AUXILIADORA MARTÍNEZ MOREIRA, identity card 0800650405, against the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), the MUNICIPALIDAD DE UPALA, and the SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).

Resultando:

1.- By document incorporated into the digital case file at 13:04 hours on 22 March 2021, the petitioner files an amparo action. She states that, on 14 December 2016, the legal representative of the company 3-101-701795 S.A. began proceedings within case file DI-18949-2016 of the Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, to request the environmental assessment of the JSM Upala project, in order to build a service station in Upala. She points out that, at folio 252 of the aforementioned case file, there is the hydrogeological study by the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of SENARA, carried out on cadastral map 2-1535865-2011 located in the district of Upala, where the service station was intended to be built, and this study concluded that “(...) The intrinsic vulnerability of the analyzed aquifer is considered to be medium (0.45) and, when considering a factor of 1.7 (due to the vertical transit time of 0.82 days), the final specific vulnerability is EXTREME (0.76). It must be warned that extreme specific vulnerability means a high danger of contamination of the aquifers found at the site. In accordance with the matrix of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability and SENARA’s technical procedure for the analysis of hydrocarbon applications, in cases of extreme vulnerability, the development of this type of project is not recommended (...)”. She alleges that, notwithstanding this, at folio 393 of case file No. DI-18949-2016 of SETENA, there is resolution No. 1302-2018-SETENA from 07:05 hours on 04 July 2018, which grants environmental viability (license) to the JSM Upala project and left the environmental management stage open. She notes that in that resolution, the legal representative of the company 3-101-701795 S.A. was ordered to do the following: “(...) The deposit or transfer must indicate in the concept: Case file number and developer's name. Also indicate the project name and case file number, as well as provide this Secretariat with the respective deposit receipt, which must be for a minimum period of one year, in accordance with Article 21 of the Ley Orgánica al Ambiente. 2. Appoint an Environmental Officer (Responsable Ambiental) with current registration in SETENA's Registry of Consultants, by sending a note signed by the owner with the acceptance of the assigned professional. Must provide the appointment letter, signed by the developer, and the acceptance letter signed by the consultant. Environmental reports must be submitted within a maximum period of 10 days after the end of the period they cover. 3. Submit to the Legal Unit of this Secretariat a Book of Minutes, which will be enabled by said Department as a Logbook (Bitácora). The above documentation must be submitted by the developer before the start of activities, as established in Acuerdo de Comisión Plenaria ACP-015-2014 (...)”. She explains that after the completion of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process, SETENA issued the resolution granting environmental viability for the project and requested a series of environmental guidelines and directives and Instruments of Environmental Control and Monitoring (Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental, ICOS), which are of utmost importance, because they allow certainty that during the construction period of a work, the established environmental parameters are respected in order not to harm the environment. She indicates that among these guidelines are keeping an environmental logbook (bitácora ambiental) formalized by SETENA, appointing an environmental regent (regente ambiental), preparing and submitting the corresponding environmental reports with the frequency established by SETENA, among others. She emphasizes that the environmental regent (regente ambiental) is the natural or legal person registered with SETENA, hired by the developer with the objective of guaranteeing compliance with the environmental commitments acquired for the project, who has, among other functions, ensuring compliance with the environmental commitments acquired by the developer in the EIA, informing and recommending adjustments to the environmental assessment instruments, supervising their execution and compliance, immediately informing SETENA about non-compliance or irregularities regarding the environmental commitments, submitting environmental reports in accordance with the deadlines established in the environmental viability, as well as any additional ones required, maintaining communication with SETENA when required, accompanying officials during inspections, ensuring compliance with SETENA's technical recommendations, recording in the environmental logbook (bitácora ambiental) the project's status and progress at each inspection, compliance with environmental commitments, as verified on site, and any other relevant environmental information, other activities to be developed, implementation time, and reporting time and closing of the logbook. She notes that, on 7 January 2019, the Municipalidad de Upala granted construction permit 2679-2018 to the company 3-101-701795 S.A., and from that moment the JSM Upala service station project began construction. She alleges that it was not until 4 May 2020 that the project in question appointed the environmental regent (regente ambiental), who is responsible for overseeing the work in environmental terms during construction, and on that same day, the book of minutes enabled as a logbook (bitácora) was submitted. She claims that, in the first regency report given on 5 May 2020, the environmental regent (regente ambiental) limited himself to indicating that he took over the work at 90% completion, meaning he never carried out any environmental oversight work during the development of the construction of the work, limiting himself to issuing a report without identifying whether the required environmental standards were fully met, putting a healthy and ecologically balanced environment at risk. She asserts that, currently, the JSM Upala service station is built; however, her concern is focused on the fact that the Río Zapote plays an important social role in the daily life of the inhabitants of Upala, and it could become contaminated by a spill, poor fuel management, or improper construction of the devices that store that liquid, since during the construction of the service station there was no appointment of an environmental regent (regente ambiental) and no one monitored the construction of the work in environmental terms, which is why the soil may absorb chemicals or other contaminating substances and this may affect the groundwater, contaminating neighboring wells, undermining the quality of life of the inhabitants of Upala and their close neighbors, violating their fundamental rights. She comments that, currently, the company 3-101-701795 S.A., JSM Upala project, is processing under administrative case file No. ES-2-13-01-04 (formerly ES-N-03-11-16) of MINAE, the fuel dispensing concession; however, to date it has not been granted. She clarifies that, according to the aforementioned case file, Esteban Piedra Garro initiated the procedure for that service station; however, German Ricardo Solano Moncada is registered as the current legal representative with powers of unlimited general attorney-in-fact. She comments that the Secretaría Técnica Nacional, by not following up on compliance with resolution 1302-2018-SETENA, within case file DI-18949-2016, in which the environmental viability was granted for the JSM Upala project, and in which the representative of that project was obliged to appoint an environmental regent (regente ambiental), contravenes on one hand the right to health and on the other the right to a healthy and ecologically balanced environment of the residents of Upala, because this figure is responsible for overseeing that during the construction period of a work of such magnitude, neither the environment nor the inhabitants of the locality are endangered. She considers it essential that this Court deem it so, because otherwise, SETENA, the institution entrusted with harmonizing environmental impact with productive processes, would be being authorized to "legitimately" harm the environment and the right to Health of the inhabitants of the Cantón de Upala and its surroundings. She requests that the amparo action be granted. She asks that any action aimed at granting the fuel dispensing concession processed in case file ES-2-13-01-04 of MINAE be suspended.

2.- By resolution of the Chamber at 13:27 hours on 23 March 2021, the process was initiated, and reports were requested from the secretary general of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the director of Investigación de Gestión Hídrica of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento; as well as the mayor, the president of the Concejo, and the head of the Department of Environmental Management, all of the Municipalidad de Upala, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- By document incorporated into the digital case file at 8:42 hours on 7 April 2021, Roberto Ramírez Chavarría, in his capacity as director of the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of SENARA, reports that he attaches a certified copy of SENARA case file 245-2017 related to the procedure carried out for the Upala service station.

4.- By document incorporated into the digital case file at 12:11 hours on 13 April 2021, Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as secretary general of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, reports under oath. She indicates that, indeed, on 14 December 2016, the company 3101701795 S.A., legal ID 3-101-701795, submitted the JSM Upala project procedure to SETENA, which was assigned case file D1-18949-2016-SETENA, in which environmental viability (license) was granted, through resolution No. 1302-2018-SETENA of 04 July 2018, which was notified on 20 July 2018. She clarifies that within the administrative case file is official letter No. DIGH-345-16 of 23 November 2016, issued by the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, General Opinion, SENARA, Upala service station, Alajuela, where in the “Por tanto” section it is indicated: “However, the intrinsic vulnerability of the analyzed aquifer is considered to be medium (0.45) and, when considering a factor of 1.7 (due to the vertical transit time of 0.82 days), the final specific vulnerability is EXTREME (0.76). It must be warned that extreme specific vulnerability means a high danger of contamination of the aquifers found at the site.” In accordance with the matrix of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability and SENARA’s technical procedure for the analysis of hydrocarbon applications, in cases of extreme vulnerability, the development of this type of project is not recommended.” She indicates that, however, on 13 February 2018, the developer provided a new criterion from the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Riego y Avenamiento, issued under official letter SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, which in its por tanto establishes: “Once the hydrogeological study … of the project submitted for Estación de Servicio Upala has been reviewed, it is considered that the information presented satisfies the requirements requested by SENARA. The risk classification for the project is medium, according to the evaluation by SENARA. The Generic Matrix for Aquifer Protection indicates the following regulations: a- Regulation by substance hazard: 1. Activities of low and medium toxicity are permitted. 2. Activities of high toxicity, but with low mobility or low persistence, are permitted, according to the values established in the guide for this matrix. 3. Activities must have the infrastructure and the necessary control measures to avoid the risk of soil and water contamination (management of excreta, wastewater and effluents, product handling and storage, grease and oil traps). b- Regulation based on recharge: 1. In medium recharge zones, only activities of low toxicity hazard are permitted. Given that hydrocarbons are classified as medium toxicity and low hazard, the development of the project in a medium recharge zone is permitted.” She denies that SETENA had granted the environmental viability (license) to the project in question under the criterion issued in official letter No. DIGH-345-16, since it did so considering official letter SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, which clearly established by SENARA that the execution of the project processed in case file D1-18949-2016-SETENA was feasible. She maintains that such analysis is found in the fourth whereas clause (considerando cuarto) of resolution No. 1302-2018-SETENA, which granted the environmental viability. She mentions that, through resolution No. 1302-2018-SETENA, in its second and third operative clauses (por tanto segundo y tercero), the following instruments of environmental control and monitoring were requested: a. Environmental guarantee for the sum of ₡2,302,500.00 colones (two million three hundred two thousand five hundred colones). b. Appoint an Environmental Officer (Responsable Ambiental). c. Submit to the Legal Unit of this Secretariat a Book of Minutes, which will be enabled by said Dept. as a Logbook (Bitácora). d. Establish the frequency for submitting regency reports to SETENA for periods of every six months during the construction phase and a final report closing that phase. She affirms that, in compliance with what was ordered by SETENA, the developer provided such documents via consecutive number 3276-2020 on 6 May 2020, in which the following was attached: appointment and acceptance letter for the environmental regency, where Daniela Fernández Agüero was appointed as the environmental regent (regente ambiental), a book of minutes to be enabled as an environmental logbook (bitácora ambiental), a copy of the environmental guarantee receipt submitted on 19 October 2019 via consecutive number 8259-2019. She states that, regarding the environmental regency reports, two have been submitted to date, on 6 May 2020 and 24 February 2021. She points out that, from the regency reports provided, it is found that the regent Daniela Fernández Agüero (who was also the one who prepared the Environmental Assessment Form D1), with SETENA registration CI-251-2014, has reported that the project complies with the environmental commitments assumed in the sworn statement, the environmental assessment instrument that was approved by resolution No. 1302-2018-SETENA. She highlights that the regent's function refers to compliance with the environmental commitments assumed by the developer, and that the regent herself indicates their faithful compliance. She details that, as part of the monitoring carried out by the environmental regent (regente ambiental), the regent is not obligated to verify whether the civil works are constructed according to the specifications under which the construction permits were granted, given that clearly the oversight of construction works does not fall upon SETENA, nor is it part of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), but rather falls upon the institutions that grant the construction permits, namely the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos and the Municipality in question, in this case the Municipalidad de Upala. She points out that it will be the Dirección de Hidrocarburos that issues the permit for fuel dispensing, for which it will determine if the works meet the requirements to grant that permit. She refutes that, due to an alleged lack of supervision by the regent, the project could cause environmental damage, given that the regent's oversight refers to the implementation of environmental measures and not to the construction itself; measures that have been complied with according to the environmental regency. She maintains that SETENA, in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process, analyzed the scope of the project and based the decision to grant environmental viability (viabilidad ambiental) in compliance with the provisions of Decreto Ejecutivo 31849-MINAE and other related regulations. She states that, for the above, the developer provided the following technical studies: "Basic Engineering Study of the Project Area (AP) terrain - According to the geotechnical study, the terrain generally presents suitable foundation conditions, considering the admissible bearing capacities and following the recommendations presented. - The presence of the water table was not determined in the soundings carried out; it is recommended to install a piezometer to control and verify this situation if necessary. Hydrological Study - From the hydrological study, it is concluded that it is not considered necessary to implement hydraulic mitigation works, and furthermore, it is admissible for the project to discharge its stormwater into the public storm sewer system that ultimately discharges into the Río Zapote. - Any possibility of flooding is ruled out considering that: a) the Río Zapote flows 175 meters from the property boundary, and b) currently between the AP and the Río Zapote there is civil infrastructure (National Route No. 6 and several residential complexes) as evidence that there is no flood potential. Basic Geology Study of the AP terrain - The professional concludes that the geo-suitability condition of the AP terrain is favorable for carrying out the project's construction under the foundation conditions assumed in the soil study. - A contaminant transit time for the unsaturated zone is calculated at 54.87 days. On the other hand, for the saturated zone, the horizontal distance the water will travel will be 9.29 m to complete the total degradation of bacteria. - The intrinsic vulnerability index to contamination calculated for the lower aquifer using the G.O.D. method classifies it with MEDIUM vulnerability to contamination. Rapid Biological Study The professional indicates that a more in-depth biological study is not required, because the site where the project will be developed, due to its biophysical conditions, does not require it, and also the land is completely altered by land-use change (cambio de uso del suelo) over the years. Official Letter SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018: “Once the hydrogeological study … of the project submitted for Estación de Servicio Upala has been reviewed, it is considered that the information presented satisfies the requirements requested by SENARA. The risk classification for the project is medium, according to the evaluation by SENARA. The Generic Matrix for Aquifer Protection indicates the following regulations: a- Regulation by substance hazard: 1. Activities of low and medium toxicity are permitted. 2. Activities of high toxicity, but with low mobility or low persistence, are permitted, according to the values established in the guide for this matrix. 3. Activities must have the infrastructure and the necessary control measures to avoid the risk of soil and water contamination (management of excreta, wastewater and effluents, product handling and storage, grease and oil traps). b- Regulation based on recharge: 1. In medium recharge zones, only activities of low toxicity hazard are permitted. Given that hydrocarbons are classified as medium toxicity and low hazard, the development of the project in a medium recharge zone is permitted.” She maintains that SETENA has considered and analyzed, within its competencies, the requirements for the development of this type of project. She states that the petitioner did not mention what the developer's non-compliances would be regarding the EIA, but rather indicated assumptions regarding situations she does not prove and that therefore cannot contradict the criteria of the professionals who, during the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process, have presented the technical studies that demonstrate the project's viability. She relates that, within administrative case file D1-18949-2016-SETENA, the appointment of the environmental regency is recorded, which has indicated, through 2 regency reports, that the developer complies with the environmental commitments assumed within the administrative case file. She considers that the instruments of environmental control and monitoring requested by SETENA through resolution No. 1302-2018-SETENA have been complied with. She concludes that the studies presented by the developer during the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) phase demonstrated that the project did meet the requirements to obtain environmental viability (viabilidad ambiental); reason why it was granted, through the resolution cited above, in order to obtain the construction permits from the competent entities. She requests that the amparo action be dismissed.

5.- By document incorporated into the digital case file at 17:16 hours on 13 April 2021, Luis Diego Mora Jiménez, in his capacity as environmental manager of the Municipalidad de Upala, reports under oath. He indicates that the local government of Upala is incorporated into the Construction Projects Administrator (Administrador de Proyectos de Construcción, APC) of the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, so the requirements indicated on the website https://infoapc.cfia.or.cr/uploads/3/7/7/6/37760233/mejoraregulatoriaupala.pdf are requested for construction. He maintains that the JSM Upala project fulfilled all the requirements demanded by the municipal corporation, so construction permit No. 2679-2018 was granted. He adds that SETENA provided environmental viability (viabilidad ambiental) for said project. He argues that there was no reason whatsoever to reject the application in question. He requests that the amparo action be dismissed. He asks that the Municipalidad de Upala be released from all responsibility.

6.- By document incorporated into the digital case file at 8:51 hours on 13 April 2021, Adilia Reyes Calero, in her capacity as president of the Concejo Municipal de Upala, reports under oath in the same terms as the document incorporated into the digital case file at 17:16 hours on 13 April 2021, through which the environmental manager of the Municipalidad de Upala rendered his report.

7.- By document incorporated into the digital case file at 8:40 hours on 19 April 2021, Aura Yamileth López Obregón, in her capacity as mayor of Upala, reports under oath, in the same sense as the document incorporated into the digital case file at 17:16 hours on 13 April 2021, through which the environmental manager of the Municipalidad de Upala rendered his report.

8.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and,

Considerando:

I.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner alleges that, on 14 December 2016, the legal representative of the company 3-101-701795 S.A. began proceedings before SETENA, within case file DI-18949-2016, to request the environmental assessment of the JSM Upala project, in order to build a service station in that locality. She points out that SETENA issued resolution No. 1302-2018-SETENA at 07:05 hours on 4 July 2018, which granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the referred project and left the environmental management stage open, despite what was recorded in the hydrogeological study by the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of SENARA carried out on 22 November 2016. She explains that, after the completion of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process, SETENA issued the resolution granting environmental viability for the project and requested a series of guidelines, environmental directives, as well as instruments of environmental control and monitoring. She notes that, on 7 January 2019, the Municipalidad de Upala granted construction permit 2679-2018 to the company 3-101-701795 S.A., and, from that moment, the work began to be erected. She alleges that it was not until 4 May 2020 that the environmental regent (regente ambiental) was appointed, who is responsible for overseeing the work in environmental terms during construction. She claims that, in the first regency report, given on 5 May 2020, the environmental regent (regente ambiental) limited himself to indicating that he took over the work at 90% completion, which implies that he did not perform any environmental oversight work during the development of the construction of the work, therefore limiting himself to issuing a report without identifying whether the required environmental standards were fully met or not. She asserts that, currently, the JSM Upala service station is built; however, her concern is focused on the fact that the Río Zapote plays an important social role in the daily life of the inhabitants of Upala, and it could become contaminated by a spill, poor fuel management, or improper construction of the devices that store that liquid. She comments that the company 3-101-701795 S.A. is processing under administrative case file No. ES-2-13-01-04 (formerly ES-N-03-11-16) of MINAE, the fuel dispensing concession; however, to date it has not been granted. She requests that any action seeking the granting of the fuel dispensing concession be suspended and that SETENA's responsibility be determined for not providing adequate follow-up to resolution No. 1302-2018-SETENA.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the appealed authority has omitted to refer to them, as provided for in the initial order:

a)On 14 November 2016, the company 3-101-701795 S.A. filed a request for a fuel dispensing concession before the Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible of MINAE, which was processed under administrative case file No. ES-N-03-11-16. (See documentary evidence).
b)On 22 November 2016, the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of SENARA issued a general opinion regarding the JSM Upala service station, in which it was concluded:

"Once the hydrogeological study and the annex prepared by Messrs. Raysie Miller Hernández and Eduardo Rojas Solano for the submitted project 'Estación de Servicio Upala' have been reviewed, it is considered that the information presented satisfies the requirements requested by SENARA.

However, the intrinsic vulnerability of the analyzed aquifer is considered to be medium (0.45) and, when considering a factor of 1.7 (due to the vertical transit time of 0.82 days), the final specific vulnerability is EXTREME (0.76). It must be warned that extreme specific vulnerability means a high danger of contamination of the aquifers found at the site.

In accordance with the matrix of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability and SENARA’s technical procedure for the analysis of hydrocarbon applications, in cases of extreme vulnerability, the development of this type of project is not recommended.

It is important to mention that, in case the competent institution grants the respective permits, the application of containment measures, early leak warning, and other advanced technology must be considered during the final installation of the storage tanks and hydrocarbon conduction pipelines, which helps reduce the probability of water contamination in the event of a potential hydrocarbon spill (…)". (See documentary evidence).

c)On 14 December 2016, the representative of the company 3-101-701795 S.A. submitted the JSM Upala project to SETENA, which was assigned administrative case file D1-18949-2016-SETENA. (See documentary evidence).
d)Through resolution No. 836-2017-SETENA at 14:05 hours on 3 May 2017, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental ordered:

"(…) FIRST: In accordance with the information provided in the case file, what is recorded in Decreto 35882-MINAET, in accordance with the current regulations and the points noted above, the appropriate action is to archive administrative case file number D1-18949-2016-SETENA.

SECOND: Against this resolution, the ordinary remedies of revocation before SETENA, and appeal before the Ministro de Ambiente y Energía may be filed within a period of three days starting the day following notification, in accordance with Articles 342 and following of the Ley General de la Administración Pública and 87 of the Ley Orgánica del Ambiente (…)". (See documentary evidence).

e)On 9 May 2017, the developer of the JSM Upala project filed a remedy of revocation against resolution No. 836-2017-SETENA at 14:05 hours on 3 May 2017 issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. In that document, it stated that:

"A new comprehensive hydrogeological study is currently being carried out for SENARA in order to obtain a reconsideration of its criterion.

This reconsideration is raised due to the fact that the original study was prepared during periods of extreme precipitation (during Hurricane Otto), altering the specific characteristics of the environment and therefore the institution's recommendation based on this (…)". (See documentary evidence).

f)Through resolution No. 1258-2017-SETENA of 7:45 a.m. on June 23, 2017, the National Environmental Technical Secretariat declared the suspension of the review of the appeal for reversal filed against resolution No. 836-2017-SETENA of 2:05 p.m. on May 3, 2017, until a new opinion is issued by SENARA regarding the reconsideration raised in file D1-18949-2016-SENARA. (See documentary evidence).
g)On February 13, 2018, the developer of the JSM Upala project provided a new opinion issued by SENARA, through official communication SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, which states:

"Once the hydrogeological study (…) of the project submitted for the "Estación de Servicio Upala" was reviewed, it is considered that the information presented satisfies the requirements requested by SENARA.

The risk classification for the project is medium, according to the evaluation by SENARA. The Generic Matrix for Aquifer Protection indicates the following regulations:

a- Regulation by substance hazard:

1. Activities of low and medium toxicity are permitted.

2. Activities of high toxicity but low mobility or low persistence are permitted, according to the values established in the guide for this matrix.

3. Activities must have the necessary infrastructure and control measures to prevent the risk of soil and water contamination (management of excreta, wastewater, and effluents, product handling and storage, grease and oil traps).

b- Regulation based on recharge:

1. In medium recharge zones, only activities with low toxicity hazard are permitted.

Given that hydrocarbons are classified as having medium toxicity and low hazard, the development of the project in a medium recharge zone is permitted." (See documentary evidence).

h)Through resolution No. 1302-2018 of 7:50 a.m. on July 4, 2018, SETENA ordered:

"The Plenary Commission of this Secretariat reviews technical report DEA-0566-2018-SETENA, regarding the environmental assessment (evaluación ambiental) process for file No. D1-18949-2016-SETENA, the JSM Upala project, submitted by Mr. Esteban Piedra Garro, identification number: 1-0976-0372, as legal representative of 3-101-701795 S.A., legal identification number 3-101-701795 (…)

THIRD: That in accordance with the opinion of the Environmental Assessment Department and the documentation contained in the administrative file, the following has been determined:

1. The general categorization according to the Potential Environmental Impact (IAP) establishes that the project corresponds to subcategory B1: Moderate - High Potential Environmental Impact. Regarding the weighting and classification criteria for the Final Environmental Significance (SIAf), a final score of 123 points was established.

2. Project description: The project consists of the construction and operation of the service station: "JSM Upala" in the district of Upala, canton of Upala, province of Alajuela, on the property of cadastral plan A-1535865-2011 with farm number 2-00273467-000.

The total area of the farm is 3732 m2, which is subdivided as follows: green zones 194.50 m2, fuel tank zone 103.90 m2, fuel unloading zone 62.94 m2, commercial premises, offices, and restrooms 134.85, parking 71.62 m2, solid waste device 4.00 m2, concrete slab 2980.93, sidewalks 145.00, islands 34.26, subtotal construction areas 3732, service zone and canopy 625.41, perimeter wall 106.23.

The AP has its main access on the Canalete-Upala road.

The station has frontage on the south and west streets, with an entry and exit zone with their respective setbacks and demarcation, a service zone with 4 dispenser lines with 10 m distance between them and 9.42 m length each, surrounded by a common perimeter channel and foundation demarcation according to decree 30131-MINAE-S 16.6.5.1.

Fuel storage zone with capacity for 3 tanks, with their respective monitoring wells; these are above ground level, aboveground tanks, and a combined extinguisher zone. The fuel unloading zone is annexed to the tank zone, and both are located 12.37m from the service zone. The fuel storage tank zone and the fuel unloading zone are surrounded by a perimeter channel for spill containment.

The station also has an isolated machine room approximately 18.79 m from the service zone.

Parking zone, 71.62 in total, has individual parking spaces per vehicle with dimensions of 2.50m by 5.00m with individual concrete stops. It also has a disabled parking zone with dimensions of 3.30m by 5.00m.

Ordinary wastewater management will be carried out via an improved tank.

3. From the inspection of the AP:

After having reviewed the information contained in administrative file D1-18949-2016-SETENA and applied the project location procedure using coordinates in the Geographic Information System managed by this Secretariat, thereby complying with what was ordered through Resolution No. 1661-2011-SETENA, geographically locating the project at (…).

Therefore, the Environmental Assessment Department has determined that the field inspection will not be carried out. Additional elements supporting the non-performance of the field visit include:

1. The congruence of the proposed project with the environment.

2. Photographic record provided.

3. The conclusions of the studies attached to the assessment instrument do not determine particular indications that need to be deepened and corroborated with the field inspection.

4. GIS review.

4. According to the information provided in the administrative file, the preliminary budget for the work, including the land value, is ¢ 230,250,000.00 (two hundred thirty million two hundred fifty thousand colones).

5. Generated Observations and Annexes:

Environmental impacts and measures 1. Environmental measures are proposed for each impact identified in the Environmental Impact Identification Matrix.

Complementary technical documents 2. The site design with its respective area table is presented. The design includes monitoring wells.

3. The cartographic sheet is presented in accordance with DE-32712.

4. Basic engineering study of the AP terrain.

 According to the geotechnical study, the terrain generally presents suitable foundation conditions, considering the allowable bearing capacities and following the presented recommendations.

 The presence of the water table was not determined in the boreholes conducted; it is recommended to install a piezometer to monitor and verify this situation if necessary.

5. Hydrological study.

- From the hydrological study, it is concluded that it is not considered necessary to implement hydraulic buffer works, and furthermore, it is admissible for the project to discharge its stormwater into the storm sewer on the public street, which in turn discharges into the Zapote River.

- Any possibility of flooding is ruled out considering that: a) the Zapote River flows 175 meters from the property boundary, and b) currently, between the AP and the Zapote River, there is civil infrastructure (National Route No. 6 and several residential complexes) as evidence that there is no flooding potential.

6. Regarding the anthropogenic risk certification, the professional indicates: ANTHROPOGENIC RISK EXISTS since potential risk sources are detected located within the AP and on its immediate boundary, such as storage tanks for gas or fuel of various types, electrical transmission lines, storage and handling of hazardous substances, pipelines, gas pipelines; however, this risk can be minimized by applying preventive measures and constructing the work under the provisions of current legislation for this type of project, such as decree 30131-MINAE.

7. Basic geology study of the AP terrain.

 The professional concludes that the geo-suitability condition of the AP terrain is favorable for carrying out the project construction under the foundation conditions assumed in the soil study.

 A contaminant transit time for the unsaturated zone is calculated at 54.87 days. On the other hand, for the saturated zone, the horizontal distance the water will travel will be 9.29 m to complete the full degradation of the bacteria.

 The intrinsic vulnerability index to contamination calculated for the lower aquifer using the G.O.D. method classifies it with MEDIUM vulnerability to contamination.

8. Archaeological report.

 The professional concludes: No further archaeological studies are recommended.

9. Rapid biological study.

 The professional indicates that a more in-depth biological study is not required, because the site where the project will be developed, due to its biophysical conditions, does not require it, and also because the land is totally altered by the land-use change (cambio de uso del suelo) over the years.

Amount of environmental guarantee (garantía ambiental) 10. The investment amount.

Total project cost: ¢ 230,250,000.00 (two hundred thirty million two hundred fifty thousand colones).

Amount of environmental guarantee: ¢ 2,302,500.00 colones. (two million three hundred two thousand five hundred colones).

Photographic record 11. A photographic record of the farm is presented.

Other documents incorporated into the file 12. Contingency plan.

13. Pronouncement of the Comisión Nacional de Emergencias.

14. Sociological study.

- Responsible Professionals: (…)

FOURTH: That on February 13, 2018, the project developer presented the opinion of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Riego y Avenamiento, an opinion issued under official communication SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, which in its Por tanto indicates:

"Once the hydrogeological study … of the project submitted for Estación de Servicio Upala was reviewed, it is considered that the information presented satisfies the requirements requested by SENARA.

The risk classification for the project is medium, according to the evaluation by SENARA. The Generic Matrix for Aquifer Protection indicates the following regulations:

a- Regulation by substance hazard:

1. Activities of low and medium toxicity are permitted.

2. Activities of high toxicity but low mobility or low persistence are permitted, according to the values established in the guide for this matrix.

b- Regulation based on recharge:

1. In medium recharge zones, only activities with low toxicity hazard are permitted.

Given that hydrocarbons are classified as having medium toxicity and low hazard, the development of the project in a medium recharge zone is permitted." The bold is from the original.

FIFTH: That Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente states: "Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval by this agency shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment." SIXTH: That in this administrative proceeding, the environmental assessment instrument, the initial Environmental Assessment document, and the Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales) were submitted, in accordance with the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA, part II), which were duly analyzed by the Environmental Assessment Department. It was concluded that they comply with the terms of reference and the technical requirements issued by this Secretariat. By virtue of the foregoing, and in accordance with the control and monitoring powers established in Article 20 of the Ley Orgánica del Ambiente, which states: "The National Environmental Technical Secretariat shall establish instruments and means to monitor compliance with the resolutions of the environmental impact assessment. In cases of violation of its content, it may order the suspension of the works. The interested party, the author of the study, and those who approve it shall be, directly and jointly, responsible for the damages caused." Based on the above, it has been analyzed and determined that they comply; therefore, the appropriate course in the present case is to approve the environmental impact assessment instrument: Sworn Statement of Environmental Commitments and the environmental impact matrices, submitted in Document D1, and to grant environmental viability (viabilidad ambiental).

SEVENTH: That in accordance with Article 45°. - Resolution and Granting of Environmental Viability (or License) of the Environmental Impact Assessment Regulation, Executive Decree No. 31849-MINAE-MAG-MOPT-MEIC-S, it states: "The environmental guidelines or directives of commitment that frame the granting of environmental viability (license), and which shall be based on the entire EIA process, as well as a series of conditions and instruments for environmental control and monitoring, which include the following elements: Development and implementation of the Environmental Control and Monitoring Instruments (ICOS), which comprise 3 basic aspects, namely: Appointment of an Environmental Officer, an Environmental Logbook, and the Environmental Guarantee, the amount of which shall be set by this administrative act. The presentation of the Environmental Control and Monitoring Instruments (ICOS) must be made before initiating activities, works, or projects.

EIGHTH: At the time of issuing this report, there are no persons appearing or opposed to the development of the described project.

POR TANTO

THE PLENARY COMMISSION RESOLVES In Ordinary Session No. 074-2018 of this Secretariat, held on JULY 3, 2018, in Article No. 06, it is agreed:

FIRST: According to the information provided by Mr. Esteban Piedra Garro, identification number: 1-0976-0372, in his capacity as legal representative of the company 3-101-701795 S.A., legal identification number 3-101-701795 (developer), and the environmental consultant Daniela Fernández Agüero, identification number: 1-1431-0586, SETENA registration CI-251-14, responsible for the submission and preparation of the Environmental Impact Assessment (EIA) presented before SETENA (Concordant regulations Executive Decree No. 31849 articles 3 subsection 23, 81, Decree 32712-MINAE article 5, and article 20 of Law 7554), which information has the character of a Sworn Statement, therefore considered current and true; otherwise, criminal consequences may arise according to the provisions of article 9 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC reformed by article 2 of Executive Decree No. 32734 of August 9, 2005, the following is approved:

a. The environmental measures, the recommendations of the Technical Studies, and the environmental impact matrices, submitted along with the Environmental Assessment Document (D1), which were subjected to evaluation by the environmental consultant and the project designer.

b. The complementary information attached to the file.

c. The Sworn Statement of Environmental Commitments.

SECOND: Order Mr. Esteban Piedra Garro, identification number: 1-0976-0372, in his capacity as legal representative of the company 3-101-701795 S.A., legal identification number 3-101-701795, administrative file D1-18949-2016-SETENA:

1. To deposit into the accounts of the banking system indicated, the amount of environmental guarantee for the sum of ¢ 2,302,500.00 colones. (two million three hundred two thousand five hundred colones) corresponding to 1% of the declared total investment amount of the project.

The bank accounts are registered at the Banco Nacional de Costa Rica in the name of MINAE, legal identification number (legal identification number No. 2-100-042014). (…)

Note: The deposit or transfer must indicate in the concept: File number and developer's name. Also, indicate the project name and the file number, as well as provide this Secretariat with the respective deposit voucher; which must be for a minimum period of one year, in accordance with article 21 of the Ley Orgánica del Ambiente.

2. To appoint an Environmental Officer, with current registration in the SETENA Registry of Consultants, by sending a note signed by the owner with the acceptance of the assigned professional. Must provide the appointment letter, signed by the developer, and the acceptance letter signed by the consultant. Environmental reports must be submitted within a maximum period of 10 days after the end of the period they cover.

3. To submit to the Legal Unit of this Secretariat a Minutes Book, which will be enabled by said Department as a Logbook.

The above documentation must be submitted by the developer before the start of activities, as established in the Plenary Commission Agreement ACP-015-2014.

THIRD: Based on the environmental characteristics of the AP and its interaction with the activities to be carried out by the project, it is recommended to establish the periodicity for submitting monitoring reports (informes regenciales) to SETENA for periods of EVERY SIX MONTHS during the construction phase, and a final report for the closure of said phase. These reports shall be verified by the Environmental Audit and Monitoring Department (ASA) as appropriate according to environmental and related regulations.

FOURTH: Failure to comply with the requirements of this Secretariat, as well as with any of the obligations undertaken in the Sworn Statement of Environmental Commitments, the environmental impact matrices, and Form D1, may be sanctioned in accordance with the provisions of article 99 of the Ley Orgánica de Ambiente, as well as other current legislation.

FIFTH: The interested party is informed that, in accordance with articles 17, 18, and 19 of the Ley Orgánica del Ambiente, the environmental assessment procedure has been completed for the project with the following characteristics:

Project Name: JSM UPALA Developer: 3-101-701795 S.A.

Legal ID: 3-101-701795 Representative: Esteban Piedra Garro, identification number: 1-0976-0372 Location: Province: Alajuela Canton: Upala District: Upala Cartographic sheet: Upala. Scale: 1:50000, IGN.

CRTM05 Coordinates: Longitude 387775.4 and Latitude 1204963.3 Cadastral Plan: A-1535865-2011 Registration: 2-273467-000 Project Description: The project consists of the construction and operation of the service station: "JSM Upala" in the district of Upala, canton of Upala, province of Alajuela, on the property of cadastral plan A-1535865-2011 with farm number 2-00273467-000.

The AP has its main access on the Canalete-Upala road.

The station also has an isolated machine room approximately 18.79 m from the service zone.

Ordinary wastewater management will be carried out via an improved tank.

Therefore, ENVIRONMENTAL VIABILITY (LICENSE) is granted to the proposed activity, leaving the Environmental Management stage open.

SIXTH: The developer is warned that the environmental viability only covers what is indicated in the project description and the design submitted; any modification must be reported to SETENA for it to conduct the environmental assessment of said modification; otherwise, action will be taken in accordance with current regulations.

SEVENTH: The developer is warned that, according to Article 11 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—Scope of the EIA process before SETENA, compliance with the EIA procedure does not exempt the developer of an activity, work, or project from the procedures to be completed before other Administration authorities, in accordance with current competencies and regulations, nor from fulfilling their obligations or responsibilities derived from their management.

EIGHTH: In the case of projects with earthworks (movimientos de tierra), COMPLY with the Construction Regulation. Gazette 56 Scope 17, and reform and Regulation for the National Control of Subdivisions (Fraccionamiento) and Urbanizations No. 3391.

NINTH: The Developer is warned that if the project requires the elimination of trees, the respective permit must be obtained beforehand (art. 27 of the Ley Forestal); furthermore, it is warned that Protection Areas must be respected (art. 33 and 34 Ley Forestal), and the project development must include good practices aimed at favoring the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest, according to the applicable management category.

TENTH: The validity of this viability shall be for a period of FIVE YEARS for the start of the works, activities, or projects. In case the works are not started within the established time, the provisions of current legislation shall be applied.

ELEVENTH: Against this resolution, the ordinary remedies of appeal for reversal before SETENA and appeal before the Minister of Environment and Energy may be filed within a period of three days from the day following notification, in accordance with articles 342 et seq. of the Ley General de Administración Pública and 87 of the Ley Orgánica del Ambiente.

TWELFTH: In accordance with Resolution No. 1834-2016-SETENA, regarding Labeling of Projects with Environmental Viability, approved by the Plenary Commission on September 29, 2016, developers of works, activities, or projects are ordered to comply with what is stated in said Resolution. It is visible in the publication on the SETENA website (…)". (the highlighting is from the original). (See documentary evidence).

i)On January 7, 2019, the Municipality of Upala granted construction permit No. 2679-2018 to the company 3-101-701795 S.A., for having met the requirements established for such purposes. (See documentary evidence and reports rendered under oath by the respondent authorities).
j)On May 4, 2020, Daniela Fernández Agüero accepted the appointment as environmental regent (regente ambiental) for the JSM Upala project. Furthermore, she indicated to SETENA that she provided the minutes book to be enabled as the logbook (bitácora) for said project. (See documentary evidence).
k)On May 6, 2020, the project developer submitted official communication 3276-2020 to SETENA, attaching:

"-Letter of appointment and acceptance of the environmental regency, appointing Daniela Fernández Agüero as environmental regent.

- Minutes book to be enabled as environmental logbook.

- Copy of the environmental guarantee voucher submitted on October 19, 2019, via consecutive number 8259-2019.

Regarding the environmental regency reports, to date the following have been submitted:

a. Regency report dated May 6, 2020 b. Regency report dated February 24, 2021". (See report rendered under oath by the respondent authority).

l)In May 2020, the environmental regency report for the JSM Upala project, covering the regency period from November 2019 to May 2020, was submitted to SETENA. This report stated:

"(…) Description of progress:

The overall progress of the project as of the last visit date, May 5, 2020, is 90%, progressing as follows:

Visit May 5, 2020:

Appointment of regent and ICOS carried out due to an involuntary error during the month of May 2020; regency is assumed and the first visit to the project is made on May 6. Project at 90% progress level.

Logbook to be stamped delivered to SETENA but not yet available; a temporary logbook is enabled on-site to record visits, and the data will be transferred to the stamped one once it is available.

Progress:

Personnel: Currently 2 people (were maintained between 8 and 10) Machinery: None currently (there was a van, an excavator, and a "backhoe," all rented daily and with RTV.)

Camp: There was none. Perimeter enclosed and project with SETENA labeling.

Services: Water, electricity, and garbage collection. Ministry of Health permit.

Debris: No longer present; it was transferred to the local landfill.

There are 4 fuel dispensers and, in the future, there will be 1 for gas.

There are observation and monitoring wells for the tanks, both internal and external in triangulation as requested by the hydrocarbons directorate.

Only painting and demarcation details are pending.

ENVIRONMENTAL CONTROL CHECKLIST FOR THE PERIOD.

Environmental commitments:

Described by part below:

-Audit of equipment, safety, and personnel.

During the construction process, personnel have safety vests, helmets, and protective glasses; currently, no roof work is being done, so safety harnesses are not being implemented (sic). Furthermore, the area was found properly delimited with mesh and with restricted access to anyone not involved in the construction.

It was recommended that the machinery present at the site have all current permits and be in optimal condition to prevent the leakage of contaminating products into soil and/or water and to avoid workplace accidents.

All this under the supervision of the engineer in charge, the foreman, the administration, and myself during the regency visits.

-Soil audit.

The activities currently being carried out on the project do not compromise the soils. Oil or similar leaks could only originate from the existing machinery on the project; however, strict control of its operation is maintained, and it is periodically inspected.

-Air and noise audit.

The construction materials (sand, cement, others) present at the project are under dust control, and the quantity required according to the construction pace is maintained. Currently, there is no heavy machinery generating noise.

-Water audit.

1 river is identified less than 100 m away; however, it is situated with a large slope in between and has not suffered (sic) risks due to the project construction. During the regency visits, no contaminating agents were found; black and soapy water is treated appropriately.

-Waste disposal audit.

Solid waste such as debris is reused for fill zones within the same construction. Traditional waste generated by the operators is disposed of as regular trash collected by the municipal truck or taken to the municipal scrapyard.

-Construction process audit.

The construction does not imply a change in land use (uso del suelo), as this permit was originally obtained; no flora, fauna, surface water channels, springs (nacientes), or others that could show an environmental imbalance are identified.

Observations on compliance with environmental commitments (report percentage of work progress) As part of the environmental monitoring required for each work during construction, the developer and the environmental regent (myself) ensure compliance with the environmental commitments acquired in the sworn statement (DJCC) for the project's environmental viability.

Said commitment sought to avoid significant impact to the environment throughout the process up to the current stage. Overall works progress: 90% (see more in progress description) Pending tasks and goals Maintain occupational safety and environmental control standards during operation.

Conclusions

The project was developed in accordance with the recommended environmental measures and the commitments assumed in the sworn statement.

Recommendations Continue with the environmental measures already stipulated by SETENA and by the environmental regent: Maintain surveillance of worker safety, use of safety equipment. Maintain proper management of solid waste during the operational stage (…)” (emphasis in original). (See documentary evidence).

m)On February 24, 2021, the environmental regency report for the JSM Upala project was submitted to SETENA. (See report rendered under oath by the respondent authority).
n)The environmental regent of the JSM Upala project, Daniela Fernández Agüero, informed SETENA that said project meets the environmental commitments assumed in the sworn statement, the environmental assessment instrument that was approved by that Secretariat. (See report rendered under oath by the respondent authority).
o)The general secretariat of SETENA reported that:

“(…) as part of that monitoring carried out by the figure of the environmental regent, the latter is not obligated to verify whether the civil works are being built according to the specifications under which the construction permits were granted, given that clearly the oversight of construction works does not fall upon SETENA, nor does it form part of the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental), but rather falls upon the institutions that grant the construction permits, namely the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos and the relevant Municipality, in this case the Municipality of Upala. Ultimately, it will be the Dirección de Hidrocarburos that issues the permit for fuel dispensing, which will determine for that purpose whether the works meet the requirements to extend said permit.

Therefore, the appellant is incorrect in indicating that an alleged lack of supervision by the regent could cause environmental damage, given that, as explained, the regent's oversight refers to the implementation of environmental measures and not the construction itself. Measures that have been complied with according to the environmental regency (…)

(…) it is determined that the Environmental Control and Monitoring Instruments requested by this Secretariat through Resolution No. 1302-2018-SETENA have been complied with. Likewise, it is concluded that the studies submitted by the developer during the Environmental Impact Assessment phase to demonstrate that the project did meet the requirements to obtain environmental viability; which is why it was granted through the aforementioned resolution, in order to obtain the construction permits from the competent entities”. (See report rendered under oath by the respondent authority).

p)The company 3-101-701795 S.A. is processing, under administrative file No. ES-2-13-01-04 (formerly ES-N-03-11-16) of MINAE, the fuel dispensing concession. (See documentary evidence).
q)The request for a fuel dispensing concession filed by the company 3-101-701795 S.A. before the Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible of MINAE, which was processed under administrative file No. ES-N-03-11-16, is currently being processed under file No. ES-2-13-01-04, and said concession has not yet been granted. (Undisputed fact).

III.- FACT NOT PROVEN. Of importance for the resolution of this matter, the following fact is deemed not proven:

a)That the protected party has formulated any opposition during the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) phase of the JSM Upala service station project, or that she has filed any complaint before SETENA for the possible contamination of the Zapote River.

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant alleges that, on December 14, 2016, the legal representative of the company 3-101-701795 S.A. initiated procedures before SETENA, within file DI-18949-2016, to request the environmental assessment (evaluación ambiental) of the JSM Upala project, in order to build a service station in that locality. She points out that SETENA issued Resolution No. 1302-2018-SETENA at 7:05 a.m. on July 4, 2018, by which it granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the referred project and left open the environmental management stage, despite what was stated in the hydrogeological study by the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of SENARA carried out on November 22, 2016. She explains that, after the completion of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process, SETENA issued the resolution of environmental viability (viabilidad ambiental) for the project and requested a series of guidelines, environmental directives, as well as instruments of environmental control and monitoring. She notes that, on January 7, 2019, the Municipality of Upala granted construction permit 2679-2018 to the company 3-101-701795 S.A. and, from that moment on, the work began to be erected. She accuses that it was not until May 4, 2020, that the environmental regent was appointed, who is the person responsible for overseeing the work in environmental terms during construction. She complains that, in the first regency report, given on May 5, 2020, the environmental regent limited himself to indicating that he took over the work with 90% progress, which implies that he did not carry out any environmental oversight work during the development of the construction of the work, thus limiting himself to issuing a report without identifying whether or not the required environmental standards were fully met. She asserts that, currently, the JSM Upala service station is built; however, her concern focuses on the fact that the Zapote River has an important social role in the daily life of the inhabitants of Upala, and could become contaminated by a spill, mishandling of fuel, or improper construction of the apparatuses storing that liquid. She comments that the company 3-101-701795 S.A. is processing, under administrative file No. ES-2-13-01-04 (formerly ES-N-03-11-16) of MINAE, the fuel dispensing concession; however, to date it has not been granted. She requests that any action seeking the granting of the fuel dispensing concession be paralyzed and that the liability of SETENA be determined for not providing adequate follow-up to Resolution No. 1302-2018-SETENA.

From the case records, it is evident that, on November 14, 2016, the company 3-101-701795 S.A. filed a request for a fuel dispensing concession before the Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible of MINAE, which was processed under administrative file No. ES-N-03-11-16. Meanwhile, on November 22, 2016, the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of SENARA issued a general opinion regarding the JSM Upala service station, in which it concluded: “Once the hydrogeological study and the annex prepared by Messrs. Raysie Miller Hernández and Eduardo Rojas Solano, of the presented project ‘Upala Service Station’, have been reviewed, it is considered that the information presented satisfies the requirements requested by SENARA. However, the intrinsic vulnerability of the analyzed aquifer is considered medium (0.45) and, upon considering a factor of 1.7 (due to the vertical transit time of 0.82 days), the final specific vulnerability is EXTREME (0.76). It must be warned that extreme specific vulnerability signifies a high danger of contamination of the aquifers found at the site. In accordance with the land-use criteria matrix according to aquifer contamination vulnerability and the technical procedure for the analysis of hydrocarbon procedures of SENARA, in cases of extreme vulnerability, the development of this type of project is not recommended. It is important to mention that, should the competent institution grant the respective permits, the application of containment measures, early leak detection, and other advanced technology must be contemplated during the final installation of the storage tanks and hydrocarbon conduction pipes, which contributes to the reduction of the probabilities of water contamination in the event of a hydrocarbon spill (…)” (emphasis added).

Likewise, in the instant case, it is verified that, on December 14, 2016, the representative of the company 3-101-701795 S.A. submitted the JSM Upala project to SETENA, which was assigned administrative file D1-18949-2016-SETENA. Thus, through Resolution No. 836-2017-SETENA at 2:05 p.m. on May 3, 2017, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental ordered: “(…) FIRST: In accordance with the information provided in the file, what is stated in Decree 35882-MINAET, in accordance with the regulations in force and the points noted above, the appropriate course is to archive administrative file number D1-18949-2016-SETENA. SECOND: Against this resolution, the ordinary remedies of revocation before SETENA, and appeal before the Minister of Environment and Energy, may be filed within a period of three days starting from the day following notification, in accordance with articles 342 and following of the Ley General de la Administración Pública and 87 of the Ley Orgánica del Ambiente (…)”. Consequently, on May 9, 2017, the developer of the JSM Upala project filed a remedy of revocation against Resolution No. 836-2017-SETENA at 2:05 p.m. on May 3, 2017, issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. In said brief, it stated that: “A new exhaustive hydrogeological study is currently being carried out for SENARA in order to obtain a reconsideration of its criteria. Said reconsideration is raised due to the fact that the original study was prepared during periods of extreme precipitation (during Hurricane Otto) altering the specific characteristics of the environment and, therefore, the institution's recommendation based on this (…)”. As a result of the foregoing, through Resolution No. 1258-2017-SETENA at 7:45 a.m. on June 23, 2017, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental declared the suspension of the hearing of the remedy of revocation filed against Resolution No. 836-2017-SETENA at 2:05 p.m. on May 3, 2017, until a new criterion exists from SENARA regarding the reconsideration raised in file D1-18949-2016-SENARA.

For its part, on February 13, 2018, the developer of the JSM Upala project provided a new criterion issued by SENARA, through official communication SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, which states: “Once the hydrogeological study (…) of the project presented for ‘Upala Service Station’ has been reviewed, it is considered that the information presented satisfies the requirements requested by SENARA. The risk classification for the project is medium, according to evaluation by SENARA. The Generic Matrix for Aquifer Protection indicates the following regulations: a- Regulation by substance threat: 1. Activities of low and medium toxicity are permitted. 2. Activities of high toxicity, but of low mobility or low persistence, are permitted, according to the values established in the guide of this matrix. 3. Activities must have the infrastructure and control measures necessary to avoid the risk of soil and water contamination (management of excreta, sewage and effluents, product handling and storage, grease and oil traps). b- Regulation based on recharge: 1. In medium recharge zones, only activities with a low toxicity threat are permitted. Given that hydrocarbons are classified as medium toxicity and low threat, the development of the project is permitted in a medium recharge zone” (highlighting supplied).

This Chamber has it as proven that, through Resolution No. 1302-2018 at 7:50 a.m. on July 4, 2018, SETENA ordered: “The Comisión Plenaria of this Secretariat hears the technical report DEA-0566-2018-SETENA, referring to the environmental assessment process of file No. D1-18949-2016-SETENA JSM Upala project, presented by Mr. Esteban Piedra Garro, identity card: 1-0976-0372, as legal representative of 3-101-701795 S.A., legal ID 3-101-701795 (…) THIRD: That in accordance with the criteria of the Department of Environmental Assessment (Departamento de Evaluación Ambiental) and the documentation contained in the administrative file, the following has been determined: 1. The general categorization according to the Potential Environmental Impact (Impacto Ambiental Potencial, IAP) establishes that the project corresponds to subcategory B1: Moderate - High Potential Environmental Impact. Regarding the weighting and classification criteria for the Final Environmental Significance (Significancia Ambiental Final, SIAf), a final score of 123 points was established. 2. Project description: The project consists of the construction and operation of the service station: ‘JSM Upala’ in the district of Upala, canton of Upala, province of Alajuela, on the property of cadastral map A-1535865-2011 with farm number 2-00273467-000. The total area of the farm is 3732 m2, which is subdivided as follows: green areas 194.50 m2, fuel tank zone 103.90 m2, fuel unloading zone 62.94 m2, commercial premises, offices and restrooms 134.85, parking 71.62 m2, solid waste device, 4.00 m2, concrete slab 2980.93, sidewalks 145.00, islands 34.26, construction area subtotal 3732, service area and canopy 625.41, perimeter wall 106.23. The PA has its main access on the Canalete-Upala road. The station has a frontage on the south and west street, with an entry and exit zone with their respective setbacks and demarcation, a service zone of 4 lines of dispensers with 10 m distance between them and 9.42 m length each, surrounded by a common perimeter channel and base demarcation according to Decree 30131-MINAE-S 16.6.5.1. A fuel storage area with capacity for 3 tanks, with their respective monitoring wells; these are above ground level, aboveground tanks, and a joint fire extinguisher zone. The fuel unloading zone is attached to the tank zone, and both are located 12.37m from the service zone. The fuel storage tank zone and the fuel unloading zone are surrounded by a perimeter channel for spill containment. The station also has an isolated machine room approximately 18.79 m from the service zone. Parking area, of 71.62 in total, has individual parking per vehicle with dimensions of 2.50m by 5.00m with an individual concrete stop. In addition, it has a disabled parking area with dimensions of 3.30m by 5.00m. Ordinary wastewater management will be carried out by means of an improved tank. 3. From the inspection of the PA: After having reviewed the information contained in administrative file D1-18949-2016-SETENA and applied the procedure for locating the project by means of coordinates in the Geographic Information System managed by this Secretariat, thus complying with what was ordered by Resolution No. 1661-2011-SETENA (…). Therefore, the Department of Environmental Assessment has determined the non-execution of the field inspection. The following are additional elements supporting the non-execution of the field visit: 1. The congruence of the proposed project with the environment. 2. Photographic record provided. 3. The conclusions of the studies attached to the assessment instrument do not determine particular signs that must be deepened and corroborated with the field inspection. 4. GIS Review. 4. According to the information provided in the administrative file, the preliminary budget of the work including the value of the land is ¢ 230,250,000.00 (two hundred thirty million, two hundred fifty thousand colones). 5. Generated Observations and Annexes: Impacts and environmental measures 1. Environmental measures are proposed for each impact identified in the Environmental Impact Identification Matrix. Complementary technical documents 2. The site design is presented with its respective area table. The design includes monitoring wells. 3. The cartographic sheet is presented in accordance with DE-32712. 4. Basic engineering study of the land of the PA.  According to the geotechnical study, the land in general presents suitable foundation conditions, considering the admissible bearing capacities and following the recommendations presented.  The presence of the water table was not determined in the soundings carried out; it is recommended to install a piezometer to control and verify said situation if necessary. 5. Hydrological study. - From the hydrological study, it is concluded that it is not considered necessary to implement hydraulic mitigation works, and it is also admissible that the project discharges its stormwater into the storm drain on a public street that in turn outfalls into the Zapote River. - Any possibility of flooding is ruled out considering that: a) the Zapote River flows 175 meters from the property boundary, and b) currently between the PA and the Zapote River there exists civil infrastructure (Ruta Nacional N°6 and several residential complexes) as evidence that there is no flooding potential. 6. Regarding the certification of anthropogenic risk, the professional indicates: ANTHROPOGENIC RISK DOES EXIST since potential risk sources were detected located within the PA and on its immediate boundary, such as gas or fuel storage tanks of various types, electrical transmission lines, storage and handling of hazardous substances, pipelines, gas pipelines; however, this risk can be minimized by applying preventive measures and building the work under what is established in the legislation in force for this type of project, such as Decree 30131-MINAE. 7. Basic geological study of the land of the PA.  The professional concludes that the geo-suitability condition of the land of the PA is favorable for carrying out the construction of the project under the foundation conditions assumed in the soil study.  A contaminant transit time for the unsaturated zone is calculated at 54.87 days. On the other hand, for the saturated zone, the horizontal distance the water will travel will be 9.29 m to complete the full degradation of the bacteria.  The intrinsic vulnerability index to contamination calculated for the lower aquifer using the G.O.D. method classifies it with MEDIUM vulnerability to contamination. 8. Archaeological report.  The professional concludes: No further archaeological studies are recommended. 9. Rapid biological study.  The professional indicates that a more in-depth biological study is not required, because the site where the project will be developed, due to its biophysical conditions, does not require it; additionally, the land is totally altered by the land-use change (cambio de uso del suelo) over the years. Amount of environmental guarantee 10. The investment amount. Total project cost: ¢ 230,250,000.00 (two hundred thirty million, two hundred fifty thousand colones). Amount of environmental guarantee: ¢ 2,302,500.00 colones. (two million, three hundred two thousand, five hundred colones). Photographic record 11. A photographic record of the farm is presented. Other documents incorporated into the file 12. Contingency plan. 13. Pronouncement of the Comisión Nacional de Emergencias. 14. Sociological study. - Responsible Professionals: (…) FOURTH: That on February 13, 2018, the project developer presented the criterion of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Riego y Avenamiento, a criterion issued under official communication SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, which in its Por tanto states: ‘Once the hydrogeological study … of the project presented for Upala Service Station has been reviewed, it is considered that the information presented satisfies the requirements requested by SENARA. The risk classification for the project is medium, according to evaluation by SENARA. The Generic Matrix for Aquifer Protection indicates the following regulations: a- Regulation by substance threat: 1. Activities of low and medium toxicity are permitted. 2. Activities of high toxicity, but of low mobility or low persistence, are permitted, according to the values established in the guide of this matrix. 3. Activities must have the infrastructure and control measures necessary to avoid the risk of soil and water contamination (management of excreta, sewage and effluents, product handling and storage, grease and oil traps). b- Regulation based on recharge: 1. In medium recharge zones, only activities with a low toxicity threat are permitted. Given that hydrocarbons are classified as medium toxicity and low threat, the development of the project is permitted in a medium recharge zone.’ The bold is from the original FIFTH: That Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente states that: ‘Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created in this law. Its prior approval, by this body, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment.’ SIXTH: That in this administrative procedure, the environmental assessment instrument: Initial Environmental Assessment (Evaluación Ambiental inicial) document and the Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales) were presented, in accordance with the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA, Part II), which were duly analyzed by the Department of Environmental Assessment. It was concluded that they meet the terms of reference and the technical requirements issued by this Secretariat. By virtue of the foregoing, and in accordance with the control and follow-up powers established in Article 20 of the Ley Orgánica del Ambiente, which states: ‘The Secretaría Técnica Nacional Ambiental shall establish instruments and means to follow up on compliance with the environmental impact assessment resolutions. In cases of violation of their content, it may order the stoppage of works. The interested party, the author of the study, and those who approve it shall be jointly and severally, directly liable for the damages caused.’ From the foregoing, it has been analyzed and determined that they comply; therefore, the appropriate course in the present case is to approve the environmental impact assessment instrument: Sworn Statement of Environmental Commitments and the environmental impact matrices, presented in Document D1, and to grant environmental viability (viabilidad ambiental). SEVENTH: That in accordance with Article 45°. - Resolution and granting of the Environmental Viability (or License) of the Environmental Impact Assessment Regulation, Executive Decree No. 31849-MINAE-MAG-MOPT-MEIC-S, states: ‘The environmental commitment guidelines or directives that frame the granting of environmental viability (license) (viabilidad (licencia) ambiental), and that will be based on the entire EIA process, as well as a series of conditions and environmental control and monitoring instruments, which include the following elements: Development and implementation of the Environmental Control and Monitoring Instruments (ICOS), comprising 3 basic aspects, namely: Appointment of an Environmental Responsible Person, an Environmental Logbook, and the Environmental Guarantee, the amount of which will be set by this administrative act. The presentation of the Environmental Control and Monitoring Instruments (ICOS) must be carried out before initiating activities, works, or project.’ EIGHTH: That at the time of issuing this report, there are no persons appearing or opposed to the development of the described project. THEREFORE, THE COMISIÓN PLENARIA RESOLVES In Ordinary Session No. 074-2018 of this Secretariat, held on JULY 03, 2018, in Article No. 06 agrees: FIRST: According to the information provided by Mr. Esteban Piedra Garro, identity card: 1-0976-0372, as legal representative of the company 3-101-701795 S.A., legal ID 3-101-701795 (developer), and the environmental consultant Daniela Fernández Agüero, identity card: 1-1431-0586, SETENA registration CI-251-14, responsible for the presentation and preparation of the Environmental Impact Assessment (EIA) (Evaluación de Impacto Ambiental) presented before SETENA (Concordant Regulations Executive Decree No. 31849, Articles 3 subsection 23, 81, Decree 32712-MINAE Article 5, and Article 20 of Law 7554), whose information has the character of a Sworn Statement and is therefore considered current and true; otherwise, criminal consequences of the fact may arise as established by Article 9 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, amended by Article 2 of Executive Decree No. 32734 of August 9, 2005, the following is approved: a. The environmental measures, the recommendations of the Technical Studies, and the environmental impact matrices, presented together with the Environmental Assessment Document (D1), which were subjected to assessment by the environmental consultant and the project designer. b. The supplementary information attached to the file. c. The Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales). SECOND: Order Mr. Esteban Piedra Garro, identity card: 1-0976-0372, as legal representative of the company 3-101-701795 S.A., legal ID 3-101-701795, administrative file D1-18949-2016-SETENA: 1. To deposit into the accounts of the banking system indicated, the amount of the environmental guarantee for the sum of ¢ 2,302,500.00 colones. (two million, three hundred two thousand, five hundred colones) corresponding to 1% of the total declared investment amount of the project. The bank accounts are registered at Banco Nacional de Costa Rica in the name of MINAE, legal ID (legal ID No. 2-100-042014). (…) Note: The deposit or transfer must indicate in the reference: File number and developer name. Also, indicate the project name and file number, as well as provide this Secretariat with the respective deposit voucher; which must be for a minimum period of one year, in accordance with Article 21 of the Ley Orgánica del Ambiente. 2. Appoint an Environmental Responsible Person, with current registration in the SETENA Registry of Consultants, by sending a note signed by the owner with the acceptance of the assigned professional. Must provide the appointment letter, signed by the developer, and the acceptance letter signed by the consultant. Environmental reports must be submitted within a maximum period of 10 days after the end of the period they cover. 3. Present to the Legal Unit of this Secretariat a Book of Minutes, which will be enabled by said Department as an Environmental Logbook (Bitácora). The foregoing documentation must be submitted by the developer before the start of activities, as established in the Comisión Plenaria Agreement ACP-015-2014. THIRD: Based on the environmental characteristics of the PA and its interaction with the activities the project will carry out, it is recommended to establish the periodicity for submission of regency reports to SETENA for periods of EVERY SIX MONTHS during the construction phase and a final report closing said phase. Said reports will be verified by the Department of Environmental Audit and Follow-up (ASA) as appropriate in accordance with environmental and related regulations. FOURTH: Non-compliance with the requirements of this Secretariat, as well as any of the obligations contracted in the Sworn Statement of Environmental Commitments, the environmental impact matrices, and Form D1, may be sanctioned in accordance with the provisions of Article 99 of the Ley Orgánica de Ambiente, as well as other legislation in force. FIFTH: The interested party is informed that, in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Ley Orgánica del Ambiente, the environmental assessment (evaluación ambiental) procedure has been completed for the project with the following characteristics: Project Name: JSM UPALA Developer: 3-101-701795 S.A Legal ID: 3-101-701795 Representative: Esteban Piedra Garro, identity card: 1-0976-0372 Location: Province: Alajuela Canton: Upala District: Upala Cartographic sheet: Upala. Scale: 1:50000, IGN. CRTM05 Coordinates: Longitude 387775.4 and Latitude 1204963.3 Cadastral map: A-1535865-2011 Registration: 2-273467-000 Project description: The project consists of the construction and operation of the service station: ‘JSM Upala’ in the district of Upala, canton of Upala, province of Alajuela, on the property of cadastral map A-1535865-2011 with farm number 2-00273467-000. The total area of the farm is 3732 m2, which is subdivided as follows: green areas 194.50 m2, fuel tank zone 103.90 m2, fuel unloading zone 62.94 m2, commercial premises, offices and restrooms 134.85, parking 71.62 m2, solid waste device, 4.00 m2, concrete slab 2980.93, sidewalks 145.00, islands 34.26, construction area subtotal 3732, service area and canopy 625.41, perimeter wall 106.23.

The service station's main access is on the Canalete-Upala highway. The station has a frontage on the south and west streets, with an entry and exit zone with their respective setbacks and demarcation, a service zone of 4 dispenser lines with 10 m distance between them and 9.42 m in length each, surrounded by a common perimeter channel and foundation demarcation according to decree 30131-MINAE-S 16.6.5.1. A fuel storage zone with capacity for 3 tanks, with their respective monitoring wells; these are above ground level, aboveground tanks, and a joint extinguisher zone. The fuel unloading zone is annexed to the tank zone and both are located 12.37 m from the service zone. The fuel storage tank zone and the fuel unloading zone are surrounded by a perimeter channel for spill containment. The station also has an isolated machine room approximately 18.79 m from the service zone. Parking zone, totaling 71.62, has individual parking spaces per vehicle with dimensions of 2.50 m by 5.00 m with individual concrete stops. In addition, it has a disabled parking zone with dimensions of 3.30 m by 5.00 m. Ordinary wastewater management will be carried out via an improved tank. Therefore, ENVIRONMENTAL VIABILITY (License) is granted to the proposed activity, leaving the Environmental Management stage open. SIXTH: The developer is warned that the environmental viability only covers what is indicated in the project description and the design presented; any modification must be reported to SETENA so that it can carry out the environmental assessment (evaluación ambiental) of said modification, otherwise action will be taken in accordance with current regulations. SEVENTH: The developer is warned that according to Article 11 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—Scope of the EIA procedure before SETENA, compliance with the EIA procedure does not exempt the developer of an activity, work, or project from the procedure to be fulfilled before other Administration authorities, in accordance with current competencies and regulations, nor from fulfilling their obligations or responsibilities deriving from their management. EIGHTH: In the case of projects with earthworks (movimientos de tierra), COMPLY with the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones), Gazette 56 Scope 17, and amendment and Regulation for National Control of Subdivisions (Fraccionamiento) and Urbanizations No. 3391. NINTH: The Developer is warned that if the project requires the removal of trees, they must first have the respective permit (art. 27 of the Forestry Law [Ley Forestal]); additionally, they are warned that they must respect Protection Areas (art. 33 and 34 Forestry Law [Ley Forestal]), and must include in the project development good practices aimed at favoring the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest according to the management category. TENTH: The validity of this viability shall be for a period of FIVE YEARS for the start of the works, activities, or projects. In the event that works do not begin within the established time, the provisions of current legislation shall be applied. ELEVENTH: Against this resolution, the ordinary remedies of revocation before SETENA, and appeal before the Minister of Environment and Energy, may be filed within a period of three days from the day following notification, in accordance with articles 342 and following of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) and 87 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente). TWELFTH: In accordance with Resolution No. 1834-2016-SETENA, regarding the Signage of Projects with Environmental Viability, approved by the Plenary Commission on September 29, 2016, the developers of works, activities, or projects are ordered to comply with what is stated in said Resolution. It is visible in the publication on the SETENA website (…)”. (bolding is original and underlining was added).

The Court verifies that, on January 7, 2019, the Municipality of Upala granted construction permit No. 2679-2018 to the company 3-101-701795 S.A., for having met the requirements set forth for such purposes. Meanwhile, on May 4, 2020, Daniela Fernández Agüero accepted the appointment as environmental regent of the JSM Upala project. Additionally, she informed SETENA that she provided the minutes book to be enabled as the project's logbook. While on May 6, 2020, the project developer submitted official letter 3276-2020 to SETENA, through which they attached: “- Letter of appointment and acceptance of the environmental regency, naming Daniela Fernández Agüero as environmental regent. - Minutes book to be enabled as an environmental logbook. - Copy of the environmental guarantee receipt submitted on October 19, 2019, under consecutive number 8259-2019. Regarding environmental regency reports, the following have been submitted to date: a. Regency report dated May 6, 2020 b. Regency report dated February 24, 2021”.

Thus, in the sub lite it is verified that in May 2020, the environmental regency report for the JSM Upala project pertaining to the regency period between November 2019 and May 2020 was submitted to SETENA. Said report stated: “(…) Progress Description: The overall progress of the project as of the last visit date of May 5, 2020, is 90%, with progress as follows: Visit of May 5, 2020: Appointment of regent and ICOS carried out by involuntary error during the month of May 2020; regency is assumed and the first visit to the project is made on May 6. Project at a 90% progress level. Logbook for sealing delivered to SETENA not yet available, a temporary logbook is enabled on site to keep a record of visits and the data will be transferred to the sealed one once available. Progress: Personnel: Currently 2 people (between 8 and 10 were maintained) Machinery: None currently (a wagon, excavator, and backhoe were used, all rented daily and with RTV). Camp: there was none. Closed perimeter and project with SETENA signage. Services: Water, electricity, and garbage collection. Ministry of health permit. Debris: There is none now; it was transferred to the local landfill. There are 4 fuel dispensers and in the future there will be 1 for gas. There are observation and monitoring wells for the tanks, internal and external in triangulation as requested by the hydrocarbons directorate. Only painting and demarcation details are pending. ENVIRONMENTAL CONTROL CHECKLIST FOR THE PERIOD. Environmental commitments: Described by part below: -Equipment, safety, and personnel audit. During the construction process, personnel have safety vests, helmets, and protective glasses; currently no work is done on roofs, so safety harnesses are not implemented (sic). In addition, the zone was found duly delimited with mesh and with restricted access to anyone not involved in the construction. It was recommended that the machinery present at the site have all current permits and be in optimal condition to prevent leakage of pollutants into soil and/or water and to avoid workplace accidents. All this under the supervision of the engineer in charge, the master builder, the administration, and my person during regency visits. -Soil audit. The activities currently carried out in the project do not compromise the soils. Oil or similar leaks could only be due to the existing machinery in the project; however, strict control of its operation is maintained and it is periodically reviewed. -Air and noise audit. The construction materials (sand, cement, others) present in the project are under dust control and the required quantity is maintained according to the construction pace. There is currently no heavy machinery generating noise. -Water audit. 1 river is identified less than 100 m away; however, it is located with a large slope in between and not suffered (sic) risks under the project construction. During regency visits, no contaminating agents were found; black and soapy waters are adequately treated. -Waste disposal audit. Solid waste such as debris is reused for fill zones within the same construction. Traditional waste generated by operators is disposed of as common garbage collected by the municipal truck or taken to the municipal scrapyard. -Construction process audit. The construction does not imply a land-use change (cambio de uso del suelo), since this permit is originally held; no flora, fauna, surface water channels, springs (nacientes), or others that could show an environmental imbalance are identified. Observations on compliance with environmental commitments (report percentage of work progress) As part of the environmental monitoring required for each work during construction, the developer and the environmental regent (my person) ensure compliance with the environmental commitments acquired in the sworn statement (DJCC) for the project's environmental viability. Said commitment aims to avoid significant environmental impact throughout the process up to the current stage. Overall work progress: 90% (see more in progress description) Pending tasks and goals Maintain occupational safety and environmental control standards during operation. Conclusions The project was developed according to the recommended environmental measures and the commitments assumed in the sworn statement. Recommendations Follow the environmental measures already stipulated by SETENA and the environmental regent: Maintain vigilance over worker safety, use of safety equipment. Maintain adequate solid waste management during the operational stage (…)” (the underlining is original and the bolding was supplied). For its part, on February 24, 2021, the environmental regency report for the JSM Upala project was submitted to SETENA.

The Court observes that the environmental regent of the JSM Upala project, Daniela Fernández Agüero, informed SETENA that said project fulfills the environmental commitments assumed in the sworn statement, an environmental assessment instrument that was approved by that Secretariat.

In the sub lite, it is verified that the general secretariat of SETENA reported under oath—with the solemnities and responsibilities that this entails—that: “(…) as part of that monitoring carried out by the figure of the environmental regent, they are not obligated to verify whether the civil works are built according to the specifications under which the construction permits were granted, since clearly the oversight of the construction works does not fall on SETENA, nor are they part of the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental), but rather falls on the institutions that grant the construction permits, namely the Federated College of Engineers and Architects and the Municipality in question, in this case the Municipality of Upala. Finally, it will be the Directorate of Hydrocarbons that issues the permit for fuel dispensing, who for that purpose will determine if the works meet the requirements to extend said permit. Therefore, the appellant is not correct in indicating that an alleged lack of supervision by the regent could cause damage to the environment, since as explained, the regent's oversight refers to the implementation of environmental measures and not the construction itself. Measures that have been complied with according to the environmental regency (…) it is determined that the Environmental Control and Monitoring Instruments requested by this Secretariat through Resolution No. 1302-2018-SETENA have been complied with. Likewise, it is concluded that the studies presented by the developer during the Environmental Impact Assessment phase to demonstrate that the project indeed met the requirements to obtain environmental viability; reason for which it was granted through the aforementioned resolution, in order to obtain the construction permits from the competent entities”.

Similarly, it is accredited that the company 3-101-701795 S.A. is processing the fuel dispensing concession under administrative file No. ES-2-13-01-04 (formerly ES-N-03-11-16) of MINAE. Likewise, in the species, the fact that such application is currently being processed under file No. ES-2-13-01-04 is considered uncontested, as well as that such concession has not yet been granted.

Finally, it is not inferred from the case file that the protected party formulated any opposition during the environmental impact study phase, or that they filed any complaint before SETENA for the possible contamination of the Zapote River.

Now, in the sub iudice, the plaintiff claims that SETENA issued Resolution No. 1302-2018-SETENA at 7:05 a.m. on July 4, 2018, through which it granted environmental viability to the JSM Upala service station project and left the environmental management stage open, despite what was stated in the hydrogeological study of the Directorate of Water Research and Management (Dirección de Investigación y Gestión Hídrica) of SENARA carried out on November 22, 2016. In this regard, the Court warns that, in judgment No. 2019-019902 at 9:20 a.m. on October 11, 2019, this Court referred to the approval of permits for the development of the aforementioned project in the following sense:

“I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellants consider their fundamental rights harmed. They indicate that the respondent authorities approved the permits for the future construction project of a gas station, named ‘JSM Upala’, which would cause a potential risk of contamination of the Zapote River, in the event of a fuel spill into the tributary. Furthermore, they allege that they were not granted a public hearing to express their views prior to the granting of the authorizations issued to the project developer company.

II.- ON THE PERMITS GRANTED BY THE RESPONDENT AUTHORITIES. Regarding the grievances presented, it is necessary to indicate that this Court is not a controller of the legality of the Administration's actions or resolutions, so it does not have the competence to review whether the permits granted by the respondent public authorities for the construction of the gas station comply or not with current legal and regulatory regulations, as this would imply substituting the Administration in its functions and, moreover, ignoring the summary nature of the amparo appeal. Given the grievances expressed by the appellants, it is necessary to point out that it is not for this Court to determine the requirements provided for in ordinary law or the respective regulation that must be met by ‘JSM Upala’, nor to establish whether the service station could eventually contaminate the Zapote River. The arguments put forward by the plaintiffs constitute assumptions that may be presented—if the petitioners so choose—before the respondent authorities or in the competent jurisdictional venue, venues in which they may broadly discuss the merits of the matter and assert their claims. Thus, in this regard, the present appeal is inadmissible.

III.- ON INFRINGEMENTS TO THE PRINCIPLE OF CITIZEN PARTICIPATION IN PERMIT GRANTING PROCEDURES. The appellants question that their right to citizen participation was disrespected when the permits were granted without prior hearing to the community. However, it is necessary to indicate that this Court, based on a better weighting, considered in Judgment No. 6773-2014 at 11:41 a.m. on May 16, 2014, that the natural venue to monitor compliance with the principle of citizen participation is the ordinary justice system and not the constitutional jurisdiction. In said resolution, the following was considered:

‘IV.- UNDER A BETTER WEIGHTING. LEGALITY DISCUSSION. By amending Article 9 of the Political Constitution, the reforming constituent body wished to give positivity to the Participation Principle and thus bring the administered closer to the state decision-making process, as part of what the doctrine calls ‘correction mechanisms’ of representative democracy. Thus, the reforming Constituent left the means, scope, and opportunity of citizen participation to infra-constitutional legislation, except in exceptional cases. In that sense, the natural venue to monitor its compliance is the ordinary justice system and not the constitutional jurisdiction. For that reason, the issues raised in the specific case are alien and distant to the competence of this Court, namely, the alternative mechanism ordered by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental)—as a result of the violence and intimidating situation generated at the hearings of November 9, 2013, and January 25, 2014—in order to guarantee the comment phase for interested parties and the developer's replies in the environmental assessment procedure for the project of a new Container Terminal in Moín, on behalf of APM Terminals Moín S.A. In the specific case, precisely Article 22 of the Organic Environmental Law does not define whether that participation is by voice, in writing, or in what manner the participation requirement is satisfied, which requires analysis in a process that allows for breadth of evidence and adversarial proceedings that, from our point of view, does not fit within the amparo as a fast, simple, summary, and special process for the protection of fundamental human rights. It corresponds, then, to the legality control and not to this Constitutional Court to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) by the National Environmental Technical Secretariat comply or not with the infra-constitutional legal system. For the reasons indicated, we consider that the issue raised is far from the specific competencies that the Constitutional Court is called upon to protect, without this meaning that it does not deserve analysis in the ordinary jurisdiction or that of mere administrative contentious legality, in accordance with Article 49 of the Constitution. (…)’ Based on the foregoing, it is not for this Court to define—as the appellants intend—what the mechanism should have been so that, in the specific case, citizen participation was optimally guaranteed, especially since what is sought is to review the legality of the administrative actions. In this way and in accordance with the cited precedent, it is not for this Constitutional Court to determine whether the administrative conduct deployed (active or omissive) by the respondent authorities in the specific case complies or not with the infra-constitutional legal system, all of which must be questioned by the appellants in the ordinary legality venues. Consequently, the appeal is inadmissible and is so declared.” The transcribed precedent is applicable to the sub lite, given that no reasons are found to vary the expressed criterion, nor reasons to assess the raised situation differently. In this way, as indicated in the aforementioned judgment, it is not for this constitutional jurisdiction to review, in accordance with the infra-constitutional regulations governing the matter, whether the JSM Upala service station project effectively met all the requirements demanded by SETENA for the granting of the environmental viability in question. Similarly, let the plaintiff be warned that it is not the competence of this Court to verify that, in effect, said project has met the requirements provided for in the infra-constitutional regulations to obtain the respective construction permit from the local government of Upala. In addition, in the species it is observed that it is accused that the aforementioned environmental viability was granted despite the fact that, on November 22, 2016, the Directorate of Water Research and Management of SENARA issued a general opinion regarding the JSM Upala service station, in which it was concluded that said project possessed an extreme final specific vulnerability, which implies a high risk of contamination of the aquifers found at the site. However, on this topic, it is verified that in reality the environmental viability granted by SETENA for the JSM Upala service station was provided in consideration of what was stated in official letter SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, in which it was established that the risk classification for the project is medium and that ‘Given that hydrocarbons are classified as of medium toxicity and low threat, the development of the project in a medium recharge zone is permitted’. Ergo, if the amparo party so wishes, they may go to the respondent authorities, or to the competent jurisdictional venue, venues in which they may broadly discuss the merits of the matter, as well as assert their claims.

On the other hand, the appellant alleges that, in January 2019, the Municipality of Upala granted the construction permit, a moment from which the work concerning the JSM Upala service station project began; however, it was not until May 4, 2020, that the appointment of the environmental regent was made. Likewise, they accuse that, in the first regency report, given on May 5, 2020, the environmental regent merely indicated that she took on the work at 90% progress, which implies that she did not carry out any environmental oversight work during the development of the construction of the work, thus limiting herself to issuing a report without identifying whether the required environmental standards were fully met or not, which could have implications for the Zapote River, which could be subject to contamination. Therefore, they ask that SETENA's responsibility be determined for not adequately following up on Resolution No. 1302-2018-SETENA.

In view of the foregoing, it is deemed appropriate to bring up what was indicated by this Court in judgment No. 2020-022798 at 10:05 a.m. on November 27, 2020:

“III. On the specific case. The appellant files an amparo appeal and accuses that the concession granted to the company Agregados Filadelfia S.A. is improper, therefore requesting that it be declared that the concession for sand extraction is harmful to the environment and health. Specifically, they refer as grievances that the resolution granting the concession authorizes the use of machinery to carry out material extraction, which is not permitted in other sand extraction projects in the same area, and that the project is located within the Zapandí Riparian Wetland, administered by SINAC, without proof that a criterion was requested from the Coordination Office of the National Wetlands Program.

For their part, the respondent authorities relate the process that led to the granting of the questioned concession, emphasizing that no opposition from the appellant—nor from any third party—is recorded in the environmental impact study phase nor after the publication of the respective edicts in the Official Gazette La Gaceta. They maintain that, indeed, the area where the project is located is within the Zapandí Riparian Wetland, which does not have a management plan or category, and mining activity is permitted in the area. In greater abundance, they refer to the approval granted by the Tempisque Conservation Area (proven facts c and f). Additionally, they explain that in said area there are zones where artisanal mining activity is permitted, sectors where mechanized mining activity is permitted, and sectors where mining activity is not permitted at all; and that the questioned concession is located within the zone that permits mechanized extraction. They note that a detailed exploitation project was elaborated, which specifies the type of machinery allowed, and that the concessionaire is obligated to respect those terms.

In reiterated jurisprudence, this Constitutional Court has had the opportunity to rule on the precautionary principle in environmental matters, as well as in relation to the State's obligation to ensure that all projects, whether public or private, are developed under strict standards that prevent any damage to the environment. In this way, the State, through the institutions created for such purposes, must exercise prior and subsequent control over the manner in which works, constructions, projects, or activities of companies and businesses are executed, to assure all administered that no type of environmental damage is caused by said activities. Now, for the reasons stated, certain activities, such as mining, require, prior to being carried out, environmental impact studies and analyses, for which technical investigations are conducted by professionals in each area to determine whether the intended activity could or could not cause any harm of that type, all based on the different laws that regulate environmental matters, such as water, forestry, mining, among others. Subsequently, once these viability or feasibility permits are obtained, the administrative authorities must pay attention and timely address complaints filed by those persons who consider themselves affected by any of the mentioned activities, be it a concession, or private and commercial works, in order to initiate investigations that allow establishing the veracity of the raised complaints, for which, again, technical criteria must be available in this regard. That is to say, for this Court to be able to corroborate an injury to environmental rights, in general or in particular, we would have to be facing a scenario where the affected person has filed a complaint, and during its processing, it has been determined that damage is indeed being caused to the environment, and even so, the respondent administrative authorities have not taken any type of measure in this regard, thus harming the constitutional right enshrined in Article 50 of the Magna Carta. On the other hand, to verify violations of the rights of petition and response or of prompt and complete justice, there would undoubtedly have to be a complaint, grievance, or petition that has been unattended or analyzed in disproportionate timeframes by the bodies in charge of its processing.

In the case under study, we are not facing any of these scenarios. It is recorded in the case file that the concession questioned by the appellant, prior to its approval, underwent an entire complex administrative procedure, dating back years and in which, it is reported under oath, an environmental impact study was carried out, finally obtaining environmental viability and other required authorizations to proceed, without any opposition from the appellant or anyone else being recorded.

IV.In this context, the Court considers that the amparo is inadmissible. In the first place, it is not for a Constitutional Court to determine under what terms and under what conditions a concession should be granted in a specific location, and consequently, to annul the act that grants it. Similarly, if the appellant considers that the application was not proper, they should have opposed the project at the opportune moments provided for within the administrative procedure that handled that petition. Certainly, this Court intervenes in cases where an injury to the right to a healthy and balanced environment is alleged; however, determining whether or not there should have been coordination with a specific agency or whether or not the use of machinery should be authorized and under what terms, constitutes a technical matter that exceeds the competence of this Court. From the analysis of the case and the reports rendered under oath, no arbitrary act is appreciated on the part of the respondent authorities in the processing of the concession granting, and it is inferred from them that the process complied with all stages, requirements, and formalities established for this purpose. Therefore, if the promoting party does not agree with the concession in dispute, this is a legality conflict that must be resolved before the respondent authorities themselves, or in the competent ordinary jurisdictional venue, venues in which they may broadly discuss the merits of the matter and assert their claims in that sense. Ergo, the amparo must be declared without merit.”

Mutatis mutandis, this precedent is applicable to the sub lite. In this way, for this Court to be able to verify an infringement of environmental rights, it is necessary that the allegedly aggrieved person has filed a complaint, as a result of which it has been verified that damage to the environment is occurring and that, despite this, the respondent authorities have not taken any measure to resolve or correct the situation. Now, in the species, it is not extracted from the case file that the amparo party has formulated any opposition during the environmental impact study phase of the JSM Upala service station project, or that they have filed any complaint before SETENA for the possible contamination of the Zapote River.

Therefore, the aforementioned premise is not satisfied.

In any event, on this topic, as noted in preceding lines, the Chamber observes that in May 2020 the environmental oversight report for the JSM Upala project was submitted to SETENA, covering the oversight period from November 2019 to May 2020, in which it was recorded: “(…) Description of progress: The overall progress of the project as of the last visit date of 05 May 2020 is 90%, progressing as follows: Visit of 05 May 2020: Appointment of the overseer and ICOS carried out due to an involuntary error during the month of May 2020, oversight is assumed and the first visit to the project is carried out on 06 May. Project at a 90% progress level. Logbook for sealing delivered to SETENA not yet available, a temporary logbook is set up on site to keep a record of the visits and the data will be transferred to the sealed one once it is available. Progress: Personnel: Currently 2 people (between 8 and 10 were maintained) Machinery: None at present (a wagon, excavator, and backhoe were on site, all rented on a daily basis and with RTV. Camp: none. Perimeter closed and project with SETENA signage. Services: Water, electricity, and garbage collection. Ministry of Health permit. Debris: No longer present, it was transported to the local landfill. There are 4 fuel servers and in the future there will be 1 for gas. There are observation and monitoring wells for the tanks, internal and external, in triangulation as requested by the Directorate of Hydrocarbons. Only painting and demarcation details pending. ENVIRONMENTAL CHECKLIST FOR THE PERIOD. Environmental commitments: Described by part below: -Audit of equipment, safety, and personnel. During the construction process, the personnel have safety vests, helmets, and protective glasses; currently no roof work is being carried out, so safety harnesses are not implemented (sic). In addition, the area was found to be properly delimited with mesh and with restricted access to anyone not involved in the construction. It was recommended that the machinery present at the site have all current permits and be in optimal condition to avoid leaks of contaminating products into soils and/or waters and to prevent workplace accidents. All of this under the supervision of the engineer in charge, the master builder, the administration, and myself during the oversight visits. -Audit of the soil. The activities currently carried out on the project do not compromise the soils. Leaks of oils or similar substances could only come from the machinery present at the project; however, strict control of its operation is maintained and it is periodically reviewed. -Audit of air and noise. The construction materials (sand, cement, others) present at the project are under dust control and the quantity required according to the pace of construction is maintained. There is currently no heavy machinery generating noise. -Audit of water. 1 river is identified at less than 100 m; however, it is located with a steep slope in between and not suffered (sic) risks from the project construction. During the oversight visits, no contaminating agents were found; black and soapy waters are adequately treated. -Audit of waste disposal. Solid waste such as debris is reused for fill areas within the same construction. Traditional waste generated by the operators is disposed of as regular garbage collected by the municipal truck or taken to the municipal scrapyard. -Audit of the construction process. The construction does not imply a land-use change (cambio de uso del suelo), since this permit was originally held; no flora, fauna, surface watercourses, springs (nacientes), or other features that could show an environmental imbalance are identified. Observations on compliance with environmental commitments (report percentage of progress of the work) As part of the environmental monitoring required for each work during construction, the developer and the environmental overseer (myself) ensure compliance with the environmental commitments assumed in the sworn statement (DJCC) for the environmental viability of the project. Said commitment seeks to avoid significant impact on the environment throughout the entire process up to the current stage. Overall progress of works: 90% (see more in description of progress) Pending tasks and goals Maintain occupational safety and environmental control standards during operation. Conclusions The project was developed according to the recommended environmental measures and the commitments assumed in the sworn statement. Recommendations Follow the environmental measures already stipulated by SETENA and by the environmental overseer: Maintain vigilance over worker safety, use of safety equipment. Maintain adequate solid waste management during the operational stage (…)” (the underlining is from the original and the boldface has been supplied).

For its part, in the report rendered under oath by the General Secretariat of SETENA, it was stated that: “(…) as part of that monitoring carried out by the figure of the environmental overseer, he is not obliged to verify whether the civil works are built according to the specifications under which the construction permits were granted, given that clearly the oversight of the construction works does not fall upon SETENA, nor does it form part of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), but rather falls upon the institutions that grant the construction permits, namely the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos and the Municipality in question, in this case the Municipality of Upala. Ultimately, it will be the Directorate of Hydrocarbons that issues the permit for the sale of fuels, which for that purpose will determine if the works meet the requirements to grant said permit. Therefore, the appellant is incorrect in stating that a supposed lack of supervision by the overseer could cause environmental damage, given that, as explained, the overseer’s oversight refers to the implementation of the environmental measures and not to the construction itself. Measures that have been complied with according to the environmental oversight (…) it is determined that the Environmental Control and Monitoring Instruments requested by this Secretariat through Resolution No. 1302-2018-SETENA have been complied with. Likewise, it is concluded that the studies presented by the developer during the Environmental Impact Assessment phase to demonstrate that the project did meet the requirements to obtain environmental viability; which is why it was granted through the aforementioned resolution, in order to obtain the construction permits from the competent entities” (the boldface has been added).

Thus, in the sub examine, the Court observes that at its core, what the plaintiff has raised is a disagreement with the follow-up given by SETENA to the provisions of Resolution No. 1302-2018-SETENA of 7:05 a.m. on July 4, 2018, as well as with the actions of the environmental overseer of the JSM Upala service station project. On this particular matter, let the appellant note that such a discussion exceeds the scope of jurisdiction of this Court, given that it involves technical questions that would require an extensive evidentiary phase, which is incompatible with the summary nature of the amparo remedy. Consequently, any disagreements that the protected party may have with SETENA’s follow-up to said resolution and with the actions of the aforementioned environmental overseer may be presented, should she deem it appropriate, before the competent administrative or jurisdictional instances, venues in which the matter may be discussed broadly and her claims pursued.

Finally, the protected party alleges that the company 3-101-701795 S.A. is processing, under administrative file No. ES-2-13-01-04 (formerly ES-N-03-11-16) of MINAE, the concession for the sale of fuel; however, to date it has not been granted, and therefore she requests that its granting be halted. On this topic, let the appellant note that, as recorded in preceding lines, it is not for this Constitutional Court to determine, in accordance with the infra-constitutional regulations governing the matter, whether or not the necessary requirements for granting a fuel sale concession in favor of the aforementioned company are met. Therefore, should the protected party deem it appropriate, she may raise her disagreements regarding this topic through the ordinary legality channel.

By virtue of the foregoing, the appropriate course is to dismiss the appeal.

V.- SEPARATE REASONS OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this regard, it is the undersigned’s criterion that this Chamber, by means of amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed through the legality channel. Therefore, the mere breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly to be heard through the legality channel – administrative or jurisdictional – where, with much greater scope, the alleged breaches or omissions may be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo remedy is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a proceeding, with the issuance of administrative acts, its cognizance is foreign to the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its proper assessment, a full evidentiary process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of the legal or regulatory norms in force, or with the production of new and additional evidentiary elements necessary for the contrasting or review of the criteria already contained in the administrative file of the case. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary full evidentiary process, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, thus causing it to lose its status as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various ways, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the jurisdiction of the legality channel. Consequently, this appeal should have been rejected outright as far as this point is concerned, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved through the legality channel. However, as this was not done, the appropriate course is to dismiss it, without making any pronouncement regarding the merits of the matter raised, since it is for the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the alleged administrative actions and conduct conform or not, in substance, to the provisions of the legal system, with respect to the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if any document has been provided in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado provides separate reasons, regarding the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Fernando Castillo V.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Alejandro Delgado F.

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 

Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2021009620 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-005699-0007-CO, interpuesto por YAMILETH AUXILIADORA MARTÍNEZ MOREIRA, cédula de identidad 0800650405, contra la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), la MUNICIPALIDAD DE UPALA y el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 13:04 horas del 22 de marzo de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo. Refiere que, el 14 de diciembre de 2016, el representante legal de la sociedad 3-101-701795 S.A. inició gestiones dentro del expediente DI-18949-2016 de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, para solicitar la evaluación ambiental del proyecto JSM Upala, a fin de construir una estación de servicio en Upala. Señala que, a folio 252 del expediente mencionado, se encuentra el estudio hidrogeológico de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, que se realizó en plano catastro 2-1535865-2011 ubicado en el distrito de Upala, donde se pretendía construir la estación de servicio y en este se dictaminó que “(...) La vulnerabilidad intrínseca del acuífero analizado se tiene como de medio (0,45) y al considerar un factor de 1,7 (debido al tiempo de tránsito en la vertical de 0,82 días) la vulnerabilidad específica final es EXTREMA (0,76). Se debe advertir que una vulnerabilidad específica extrema, significa un peligro alto de contaminación de los acuíferos encontrados en el lugar. De conformidad con la matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y el procedimiento técnico para análisis de trámites de hidrocarburos del SENARA, en casos de vulnerabilidad extrema no se recomienda el desarrollo de este tipo de proyectos (...)”. Acusa que, no obstante, en el folio 393 del expediente n.° DI-18949-2016 de SETENA se encuentra la resolución n.° 1302-2018-SETENA de las 7:05 horas del 04 de julio del 2018, que otorga la viabilidad (licencia) ambiental al proyecto JSM Upala y dejó abierta la etapa de gestión ambiental. Acota que en esa resolución se ordenó al representante legal de la sociedad 3-101-701795 S.A. lo siguiente: “(...) El depósito o transferencia deberá señalar en el concepto: Número de expediente y nombre del desarrollador. También indicar el nombre del proyecto y el número de expediente, así como aportar a esta Secretaría el comprobante del depósito respectivo, el cual debe ser por un período mínimo de un año, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica al Ambiente. 2. Nombrar un Responsable Ambiental con su inscripción vigente en el Registro de Consultores de la SETENA, mediante el envío de una nota firmada por el propietario con la aceptación del profesional asignado, Deberá aportar la carta de nombramiento, firmado por el desarrollador y la carta de aceptación firmada por el consultor. Los informes ambientales deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del período que cubren. 3. Presentar ante la Unidad Legal de esta Secretaría, un libro de Actas, el cual será habilitado por dicho Dpto. Como Bitácora. La anterior documentación deberá ser presentada por el desarrollador antes el inicio de actividades, según se establece en el Acuerdo de Comisión Plenaria ACP-015-2014 (...)”. Explica que luego de la finalización del proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), la SETENA otorgó la resolución de viabilidad ambiental del proyecto y solicitó una serie de lineamientos y directrices ambientales e instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS), los cuales son de suma importancia, porque permiten tener la certeza que en el lapso de construcción de una obra se respetan los parámetros ambientales establecidos para no lesionar el ambiente. Indica que dentro de esos lineamientos están llevar una bitácora ambiental oficializada por SETENA, nombrar un regente ambiental, elaborar y aportar los informes ambientales correspondientes con la periodicidad que establece SETANA, entre otros. Subraya que el regente ambiental es la persona física o jurídica inscrita en la SETENA, contratado por el desarrollador con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por el proyecto, quien tiene entre otras funciones, velar por el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por el desarrollador en la EIA, informar y recomendar los ajustes a los instrumentos de evaluación ambiental, supervisar su ejecución y cumplimiento, informar inmediatamente a la SETENA sobre los incumplimientos o irregularidades a los compromisos ambientales, aportar los informes ambientales de acuerdo con los plazos establecidos en la viabilidad ambiental, así como aquellos adicionales que se requieran, mantener comunicación con la SETENA, cuando sea requerido, acompañar a los funcionarios durante las inspecciones, velar por el cumplimiento de las recomendaciones técnicas SETENA, dejar constancia en la bitácora ambiental del estado del proyecto y su avance en cada inspección, el cumplimiento de los compromisos ambientales, según lo verificado en el sitio, y cualquier otra información ambiental relevante, otras actividades por desarrollar, tiempo de implementación y tiempo reporte y cierre de la bitácora. Apunta que, el 7 de enero del 2019, la Municipalidad de Upala otorgó a la sociedad 3-101-701795 S.A. el permiso de construcción 2679-2018 y a partir de ese momento el proyecto de la estación de servicio JSM Upala comenzó a erigir la obra. Acusa que fue hasta el 4 de mayo del 2020 que el proyecto en mención nombró al regente ambiental, quien es el encargado de fiscalizar la obra en términos ambientales durante la construcción, y ese mismo día se presentó el libro de actas habilitado como bitácora. Reclama que, en el primer informe de regencia dado el 5 de mayo del 2020, el regente ambiental se limitó a indicar que toma la obra con un 90% de avance, es decir, nunca realizó labor de fiscalización ambiental durante el desarrollo de la construcción de la obra, limitándose a emitir un informe sin identificar si se cumplió a cabalidad con los estándares ambientales requeridos, poniendo en riesgo el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asevera que, actualmente, la estación de servicio JSM Upala está construida; empero, su preocupación se enfoca en que el río Zapote tiene un importante papel social en la vida cotidiana de los pobladores de Upala, y puede llegar a contaminarse por algún derrame, mal manejo del combustible o indebida construcción de los aparatos que almacenan ese líquido, ya que como durante la construcción de la estación de servicio no hubo nombramiento de regente ambiental y nadie vigiló en términos ambientales la construcción de la obra, motivo por el cual puede que la tierra absorba los químicos u otras sustancias contaminantes y esto tengan incidencia en las aguas subterráneas, contaminando los pozos vecinales, socavando la calidad de vida de los habitantes de Upala y de sus vecinos cercanos, violentando sus derechos fundamentales. Comenta que, en la actualidad, la sociedad 3-101-701795 S.A. proyecto JSM Upala tramita bajo el expediente administrativo n.° ES-2-13-01-04 (antes ES-N-03-11-16) del MINAE, la concesión de expendio de combustible; sin embargo, a la fecha no ha sido otorgada. Aclara que, según el expediente mencionado, Esteban Piedra Garro inició el trámite de esa estación de servicio; sin embargo, se registra como el actual representante legal con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma a German Ricardo Solano Moncada. Comenta que la Secretaría Técnica Nacional, al no dar seguimiento del cumplimiento de la resolución 1302-2018-SETENA, dentro del expediente DI-18949-2016, en la que se otorga la viabilidad ambiental al proyecto JSM Upala, y en la que se obligó al representante de ese proyecto a nombrar a un regente ambiental, contraría por un lado el derecho a la salud y por otro el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los vecinos de Upala, pues esa figura es la encargada de fiscalizar que en el período de construcción de una obra de tal magnitud no se ponga en peligro el ambiente ni a los habitantes de la localidad. Considera fundamental que este Tribunal lo estime así, pues de lo contrario se estaría dando a SETENA, institución a la que se le ha encomendado armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, la autorización para lesionar “legítimamente” el ambiente y el derecho a la Salud de los habitantes del Cantón de Upala y sus alrededores. Solicita que se declare con lugar el recurso. Pide que se paralice cualquier acción tendiente al otorgamiento de la concesión de expendio de combustible tramitada en el expediente ES-2-13-01-04 del MINAE.

2.- Mediante resolución de la Sala de las 13:27 horas del 23 de marzo de 2021, se dio curso al proceso y se requirió informe a la secretaria general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el director de Investigación de Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento; así como el alcalde, el presidente del Concejo y el jefe del Departamento de Gestión Ambiental, todos de la Municipalidad de Upala, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 8:42 horas del 7 de abril de 2021, informa Roberto Ramírez Chavarría, en su condición de director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, que adjunta una copia certificada del expediente SENARA 245-2017 relacionado con el trámite realizado para la estación de servicio Upala.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 12:11 horas de 13 de abril de 2021, informa bajo juramento Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de secretaria general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Indica que, efectivamente, el 14 de diciembre de 2016, la sociedad 3101701795 S.A., cédula jurídica 3-101-701795 ingresó ante SETENA el trámite del proyecto JSM Upala, al cual se le asignó el expediente D1-18949-2016-SETENA, en el que se otorgó la viabilidad (licencia) ambiental, mediante resolución n.° 1302-2018-SETENA del 04 julio dl 2018, la cual fue notificada el 20 de julio del 2018. Aclara que dentro del expediente administrativo se encuentra el oficio n.° DIGH-345-16 del 23 de noviembre de 2016, emitido por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, Dictamen General, SENARA, estación de servicio Upala, Alajuela, donde en el apartado “Por lo tanto” se indica: “No obstante, la vulnerabilidad intrínseca del acuífero analizado se tiene como de media (0.45) y al considerar un factor de 1.7 (debido al tiempo de tránsito en la vertical de 0.82 días) la vulnerabilidad específica final es EXTREMA (0.76). Se debe advertir que una vulnerabilidad específica extrema, significa un peligro alto de contaminación de los acuíferos encontrados en el lugar.” De conformidad con la matriz de criterios de uso del suelo según vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y el procedimiento técnico para análisis de trámites de hidrocarburos del SENARA, en casos de vulnerabilidad extrema no se recomienda el desarrollo de este tipo de proyectos”. Indica que, no obstante, el desarrollador en fecha 13 de febrero de 2018, aportó nuevo criterio del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Riego y Avenamiento, emitido bajo el oficio SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, el cual en su por tanto establece: “Una vez revisado el estudio hidrogeológico … del proyecto presentado para Estación de Servicio Upala, se considera que la información presentada satisface los requisitos solicitados por el SENARA. La clasificación de riesgo para el proyecto es media, según evaluación por parte de SENARA. La Matriz Genérica para Protección de Acuíferos indica las siguientes regulaciones: a- Regulación por amenaza de sustancias: 1. Se permiten actividades de baja y mediana toxicidad. 2. Se permiten actividades de alta toxicidad, pero de baja movilidad o baja persistencia, según los valores establecidos en la guía de esta matriz. 3. Las actividades deben contar con la infraestructura y las medidas de control necesarias para evitar el riesgo de contaminación de suelos y aguas (manejo de excretas, aguas servidas y efluentes, manejo y almacenamiento de productos, trampas de grasas y aceites). b- Regulación en función de la recarga: 1. En zonas de media recarga, solo se permiten actividades de baja amenaza por toxicidad Dado que los hidrocarburos se clasifican como de mediana toxicidad y baja amenaza, se permite el desarrollo del proyecto en una zona de media recarga”. Niega que SETENA hubiera extendido la viabilidad (licencia) ambiental al proyecto de marras, bajo el criterio emitido bajo el oficio n.° DIGH-345-16, toda vez que lo hizo considerando el oficio SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, el cual claramente estableció por parte de SENARA que era factible la ejecución del proyecto tramitado en el expediente D1-18949-2016-SETENA. Sostiene que tal análisis se encuentra en el considerando cuarto de la resolución n.° 1302-2018-SETENA, que otorgó la viabilidad ambiental. Menciona que, mediante resolución n.° 1302-2018-SETENA, en su por tanto segundo y tercero, se solicitaron los siguientes instrumentos de control y seguimiento ambiental: a. Garantía ambiental por la suma ¢ 2 302 500,00 colones. (dos millones trescientos dos mil quinientos colones). b. Nombrar un Responsable Ambiental. c. Presentar ante la Unidad Legal de esta Secretaría, un libro de Actas, el cual será habilitado por dicho Dpto. como Bitácora. d. establecer la periodicidad de presentación de informes regenciales ante la SETENA para periodos de cada seis meses durante la fase constructiva y un informe final de cierre de dicha fase. Afirma que, en cumplimiento de lo ordenado por SETENA, el desarrollador aportó tales documentos mediante consecutivo 3276-2020 el 6 de mayo de 2020, en el que se adjuntó lo siguiente: carta de nombramiento y aceptación de la regencia ambiental, donde se nombró a Daniela Fernández Agüero como regente ambiental, libro de actas para ser habilitado como bitácora ambiental, copia del comprobante de garantía ambiental presentado el 19 de octubre de 2019 mediante consecutivo 8259-2019. Refiere, en cuanto a los informes de regencia ambiental, que a la fecha se han presentado dos, sean, el 6 de mayo de 2020 y el 24 de febrero de 2021. Señala que, de los informes de regencia aportado, se tiene que la regente Daniela Fernández Agüero (quien además fue quien elaboró el Formulario de Evaluación Ambiental D1), con registro en SETENA CI-251-2014, ha informado que el proyecto cumple con los compromisos ambientales asumidos en la declaración jurada, instrumento de evaluación ambiental que fue aprobado mediante resolución n.° 1302-2018-SETENA. Destaca que la función del regente se refiere al cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por el desarrollador y que la propia regente indica su fiel cumplimiento. Detalla que, que como parte del monitoreo que realiza el regente ambiental, este no tiene la obligación de verificar si las obras a nivel civil se construyen según las especificaciones bajo las cuales fueron otorgados los permisos constructivos, dado que claramente la fiscalización de las obras constructivas no recaen sobre la SETENA, ni forman parte de la evaluación de impacto ambiental, sino que recae en las instituciones que otorgan los permisos constructivos, a saber el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Municipalidad en cuestión, en este caso la Municipalidad de Upala. Señala que será la Dirección de Hidrocarburos quien emite el permiso para el expendio de combustibles, para lo cual determinará si las obras cumplen los requerimientos para extender ese permiso. Refuta que ante una supuesta falta de supervisión del regente el proyecto puede ocasionar daños al ambiente, dado que la fiscalización del regente se refiere a la implementación de las medidas ambientales y no de la construcción en sí; medidas que se han cumplido según la regencia ambiental. Sostiene que la SETENA en el proceso de evaluación de impacto ambiental analizó el alcance del proyecto y basó la decisión de otorgar la viabilidad ambiental en cumplimiento de lo establecido en el decreto ejecutivo n.° 31849-MINAE y demás normativa relacionada. Refiere que, para lo anterior, el desarrollador aportó los siguientes estudios técnicos: “Estudio de Ingeniería básica del terreno del AP - De acuerdo con el estudio geotécnico el terreno en general presenta condiciones de cimentación aptas, considerando las capacidades de soporte admisibles y siguiendo las recomendaciones presentadas. - No se determinó la presencia del nivel freático en los sondeos realizados; se recomienda instalar un piezómetro para controlar y verificar dicha situación en caso de ser necesario. Estudio hidrológico - Del estudio hidrológico se concluye, no se considera necesario implementar obras hidráulicas de amortiguamiento, y además es admisible que el proyecto vierta sus aguas pluviales al alcantarillado pluvial en calle pública que a la vez desfoga en el rio Zapote. - Se descarta toda posibilidad de inundación considerando que: a) el Río Zapote fluye a 175 metros del lindero de la propiedad, y b) actualmente entre el AP y el Río Zapote existe infraestructura civil (Ruta Nacional N°6 y varios conjuntos residenciales) como evidencia de que no existe potencialidad de inundación. Estudio de Geología básica del terreno del AP - El profesional concluye que la condición de geaptitud del terreno del AP es favorable para llevar a cabo la construcción del proyecto bajo las condiciones de cimentación asumidas en el estudio de suelos. - Se calcula un tiempo de transito de contaminantes para la zona no saturada en 54.87 días. Por otro lado, para la zona satura la distancia horizontal que recorrerá el agua será de 9.29 m para completar la degradación completa de las bacterias. - El índice de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación calculado para el acuífero inferior utilizando el método G.O.D. lo clasifica con vulnerabilidad MEDIA a la contaminación. Estudio biológico rápido El profesional indica que no es requerido un estudio biológico de mayor profundidad, debido a que en el sitio donde se desarrollara el proyecto por sus condiciones biofísicas, no lo requiere, además que el terreno se encuentra totalmente alterado por el cambio de uso de suelo a través de los años. Oficio SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018: “Una vez revisado el estudio hidrogeológico … del proyecto presentado para Estación de Servicio Upala, se considera que la información presentada satisface los requisitos solicitados por el SENARA. La clasificación de riesgo para el proyecto es media, según evaluación por parte de SENARA. La Matriz Genérica para Protección de Acuíferos indica las siguientes regulaciones: a- Regulación por amenaza de sustancias: 1. Se permiten actividades de baja y mediana toxicidad. 2. Se permiten actividades de alta toxicidad, pero de baja movilidad o baja persistencia, según los valores establecidos en la guía de esta matriz. 3. Las actividades deben contar con la infraestructura y las medidas de control necesarias para evitar el riesgo de contaminación de suelos y aguas (manejo de excretas, aguas servidas y efluentes, manejo y almacenamiento de productos, trampas de grasas y aceites). b- Regulación en función de la recarga: 1. En zonas de media recarga, solo se permiten actividades de baja amenaza por toxicidad Dado que los hidrocarburos se clasifican como de mediana toxicidad y baja amenaza, se permite el desarrollo del proyecto en una zona de media recarga”. Sostiene que SETENA ha considerado y analizado desde sus competencias los requisitos para el desarrollo de este tipo de proyectos. Expone que la recurrente no hizo mención de cuáles serían los incumplimientos por parte del desarrollador en materia de EIA, sino que indicó supuestos ante situaciones que no comprueba y que no pueden entonces contradecir el criterio de los profesionales que durante el proceso de evaluación de impacto ambiental han presentado los estudios técnicos que demuestran de la viabilidad del proyecto. Relata que, dentro del expediente administrativo D1-18949-2016-SETENA, consta el nombramiento de la regencia ambiental, quien ha indicado mediante 2 informes de regencia que el desarrollador cumple con los compromisos ambientales asumidos dentro del expediente administrativo. Considera que se ha cumplido con los instrumentos de control y seguimiento ambiental solicitados por SETENA mediante la resolución n.° 1302-2018-SETENA. Concluye que los estudios presentados por el desarrollador durante la fase de evaluación de impacto ambiental para demostrar que el proyecto sí cumplía con los requisitos para obtener la viabilidad ambiental; motivo por el cual fue otorgada, mediante la resolución supra citada, con el fin de obtener los permisos de construcción por parte de los entes competentes. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 17:16 horas de 13 de abril de 2021, informa bajo juramento Luis Diego Mora Jiménez, en su condición de gestor ambiental de la Municipalidad de Upala. Indica que el gobierno local de Upala está incorporado al Administrador de Proyectos de Construcción APC del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por lo que para la construcción se solicitan los requisitos indicados en la página web https://infoapc.cfia.or.cr/uploads/3/7/7/6/37760233/mejoraregulatoriaupala.pdf. Sostiene que el proyecto JSM Upala cumplió la totalidad de requisitos exigidos por la corporación municipal, por lo que se otorgó el permiso de construcción n.° 2679-2018. Agrega que SETENA brindó la viabilidad ambiental a tal proyecto. Aduce que no existía motivo alguno para rechazar la solicitud de marras. Solicita que se declare sin lugar el recurso. Pide que se libre de toda responsabilidad a la Municipalidad de Upala.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 8:51 horas de 13 de abril de 2021, informa bajo juramento Adilia Reyes Calero, en su condición de presidenta del Concejo Municipal de Upala en los mismos términos que en el escrito incorporado al expediente digital a las 17:16 horas del 13 de abril de 2021, mediante el cual el gestor ambiental de la Municipalidad de Upala rindió su informe.

7.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 8:40 horas de 19 de abril de 2021, informa bajo juramento Aura Yamileth López Obregón, en su condición de alcaldesa de Upala, en el mismo sentido que en el escrito incorporado al expediente digital a las 17:16 horas del 13 de abril de 2021, mediante el cual el gestor ambiental de la Municipalidad de Upala rindió su informe.

8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que, el 14 de diciembre de 2016, el representante legal de la sociedad 3-101-701795 S.A. inició gestiones ante SETENA, dentro del expediente DI-18949-2016, para solicitar la evaluación ambiental del proyecto JSM Upala, a fin de construir una estación de servicio en esa localidad. Señala que SETENA dictó la resolución n.° 1302-2018-SETENA de las 7:05 horas del 4 de julio de 2018, mediante la cual otorgó la viabilidad ambiental al proyecto referido y dejó abierta la etapa de gestión ambiental, pese a lo consignado en el estudio hidrogeológico de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA efectuado el 22 de noviembre de 2016. Explica que, luego de la finalización del proceso de evaluación de impacto ambiental, SETENA otorgó la resolución de viabilidad ambiental del proyecto y solicitó una serie de lineamientos, directrices ambientales, así como instrumentos de control y seguimiento ambiental. Apunta que, el 7 de enero del 2019, la Municipalidad de Upala otorgó a la sociedad 3-101-701795 S.A. el permiso de construcción 2679-2018 y, a partir de ese momento, se comenzó a erigir la obra. Acusa que fue hasta el 4 de mayo del 2020 cuando se nombró al regente ambiental, quien es el encargado de fiscalizar la obra en términos ambientales durante la construcción. Reclama que, en el primer informe de regencia, dado el 5 de mayo del 2020, el regente ambiental se limitó a indicar que tomó la obra con un 90% de avance, lo que implica que no realizó alguna labor de fiscalización ambiental durante el desarrollo de la construcción de la obra, por lo que se limitó a emitir un informe sin identificar si se cumplió o no a cabalidad los estándares ambientales requeridos. Asevera que, actualmente, la estación de servicio JSM Upala está construida; empero, su preocupación se enfoca en que el río Zapote tiene un importante papel social en la vida cotidiana de los pobladores de Upala, y puede llegar a contaminarse por algún derrame, mal manejo del combustible o indebida construcción de los aparatos que almacenan ese líquido. Comenta que la sociedad 3-101-701795 S.A. tramita bajo el expediente administrativo n.° ES-2-13-01-04 (antes ES-N-03-11-16) del MINAE, la concesión de expendio de combustible; sin embargo, a la fecha no ha sido otorgada. Solicita que se paralice cualquier acción que pretenda el otorgamiento de la concesión de expendio de combustible y que se determine la responsabilidad de SETENA por no dar adecuado seguimiento a la resolución n.° 1302-2018-SETENA.

II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)El 14 de noviembre de 2016, la sociedad 3-101-701795 S.A. planteó una solicitud de concesión de expendio de combustible ante la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible del MINAE, el cual se tramitó bajo el expediente administrativo n.° ES-N-03-11-16. (Ver prueba documental).
b)El 22 de noviembre de 2016, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA emitió un dictamen general respecto a la estación de servicio JSM Upala, en el que se concluyó:

“Una vez revisado el estudio hidrogeológico y el anexo elaborado por los Sres. Raysie Miller Hernández y Eduardo Rojas Solano, del proyecto presentado “Estación de Servicio Upala”, se considera que la información presentada satisface con los requisitos solicitados por el SENARA.

No obstante, la vulnerabilidad intrínseca del acuífero analizado se tiene como de media (0.45) y al considerar un factor de 1.7 (debido al tiempo de tránsito en la vertical de 0.82 días) la vulnerabilidad específica final es EXTREMA (0.76). Se debe advertir que una vulnerabilidad específica extrema, significa un peligro alto de contaminación de los acuíferos encontrados en el lugar.

De conformidad con la matriz de criterios de uso del suelo según vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y el procedimiento técnico para análisis de trámites de hidrocarburos del SENARA, en casos de vulnerabilidad extrema no se recomienda el desarrollo de este tipo de proyecto.

Es importante mencionar, que en caso de que la institución competente otorgue los permisos respectivos, se deberá contemplar durante la instalación final de los tanques de almacenamiento y tuberías de conducción de hidrocarburos la aplicación de las medidas de contención, alerta temprana de fugas y demás tecnología avanzada, que contribuya en la disminución de las probabilidades de contaminación de las aguas ante un eventual derrame de hidrocarburos (…)”. (Ver prueba documental).

c)El 14 de diciembre de 2016, el representante de la sociedad 3-101-701795 S.A. ingresó a SETENA el proyecto JSM Upala, al que se le asignó el expediente administrativo D1-18949-2016-SETENA. (Ver prueba documental).
d)Mediante la resolución n.° 836-2017-SETENA de las 14:05 horas del 3 de mayo de 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental dispuso:

“(…) PRIMERO: De conformidad con la información aportada en el expediente, lo consignado en el Decreto 35882-MINAET, de acuerdo con la normativa vigente y los puntos anotados anteriormente, lo procedente es archivar el expediente administrativo número D1-18949-2016-SETENA.

SEGUNDO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente (…)”. (Ver prueba documental).

e)El 9 de mayo de 2017, el desarrollador del proyecto JSM Upala interpuso un recurso de revocatoria contra la resolución n.° 836-2017-SETENA de las 14:05 horas del 3 de mayo de 2017 dictada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En tal escrito, señaló que:

“Actualmente se realiza nuevo estudio hidrogeológico exhaustivo para el SENARA con el fin de obtener una reconsideración de su criterio. Dicha reconsideración se plantea a raíz del hecho que el estudio original fue elaborado en épocas de precipitación extrema (durante el huracán Otto) alterando las características específicas del medio y por lo tanto la recomendación de la institución a partir de esto (…)”. (Ver prueba documental).

f)Mediante la resolución n.° 1258-2017-SETENA de las 7:45 horas del 23 de junio de 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental declaró la suspensión del conocimiento del recurso de revocatoria formulado contra la resolución n.° 836-2017-SETENA de las 14:05 horas del 3 de mayo de 2017, hasta que no exista un nuevo criterio por parte del SENARA respecto a la reconsideración planteada en el expediente D1-18949-2016-SENARA. (Ver prueba documental).
g)El 13 de febrero de 2018, el desarrollador del proyecto JSM Upala aportó un nuevo criterio vertido por SENARA, mediante el oficio SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, el cual señala:

“Una vez revisado el estudio hidrogeológico (…) del proyecto presentado para “Estación de Servicio Upala”, se considera que la información presentada satisface los requisitos solicitados por el SENARA.

La clasificación de riesgo para el proyecto es media, según evaluación por parte de SENARA. La Matriz Genérica para Protección de Acuíferos indica las siguientes regulaciones:

a- Regulación por amenaza de sustancias:

1. Se permiten actividades de baja y mediana toxicidad.

2. Se permiten actividades de alta toxicidad, pero de baja movilidad o baja persistencia, según los valores establecidos en la guía de esta matriz.

3. Las actividades deben contar con la infraestructura y las medidas de control necesarias para evitar el riesgo de contaminación de suelos y aguas (manejo de excretas, aguas servidas y efluentes, manejo y almacenamiento de productos, trampas de grasas y aceites).

b- Regulación en función de la recarga:

1. En zonas de media recarga, solo se permiten actividades de baja amenaza por toxicidad.

Dado que los hidrocarburos se clasifican como de mediana toxicidad y baja amenaza, se permite el desarrollo del proyecto en una zona de media recarga”. (Ver prueba documental).

h)Mediante resolución n.° 1302-2018 de las 7:50 horas del 4 de julio de 2018, SETENA dispuso:

“Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría el informe técnico DEA-0566-2018-SETENA, referente al del proceso de evaluación ambiental del expediente No. D1-18949-2016-SETENA proyecto JSM Upala, presentado por el señor Esteban Piedra Garro, cédula de identidad: 1-0976-0372, en representación legal de 3-101-701795 S.A, cédula jurídica 3-101-701795 (…)

TERCERO: Que de conformidad con el criterio del Departamento de Evaluación Ambiental y de la documentación que consta en el expediente administrativo, se ha determinado lo siguiente:

1. La categorización general según el Impacto Ambiental Potencial (IAP) establece que el proyecto corresponde con la subcategoría B1: Moderado - Alto Impacto Ambiental Potencial. Respecto a los criterios de ponderación y clasificación para la Significancia Ambiental Final (SIAf), se estableció una calificación final de 123 puntos.

2. Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la construcción y operación de la estación de servicio: “JSM Upala” en el distrito de Upala, cantón de Upala, provincia de Alajuela, en la propiedad de plano catastrado A-1535865-2011 con número de finca 2-00273467-000.

El área total de la finca es de 3732 m2 la cual se subdivide a continuación: zonas verdes 194.50 m2, zona de tanques de combustible 103.90 m2, zona de descarga de combustible 62.94 m2 locales comerciales, oficinas y sanitarios 134.85, parqueos 71.62 m2, dispositivo desechos sólidos, 4.00 m2, losa de concreto 2980.93, aceras 145.00, islas 34.26, subtotal áreas de construcción 3732, zona de servicio y canopy 625.41, tapia perimetral 106.23.

El AP tiene su acceso principal en la carretera Canalete-Upala.

La estación cuenta con un frente a la calle sur y oeste, con zona de entrada y de salida con sus respectivos retiros y demarcación, zona de servicio de 4 líneas de dispensadores con 10 m de distancia entre si y 9.42 m de longitud cada uno, rodeados de un canal perimetral común y demarcación de basamentos según decreto 30131-MINAE-S 16.6.5.1.

Zona de almacenamiento de combustible con capacidad para 3 tanques, con sus respectivos pozos de monitoreo, estos se encuentran sobre el nivel de la superficie, tanques aéreos, y una zona de extintores conjunta. La zona de descarga de combustible se encuentra anexa a la zona de tanques y ambos se encuentran a 12.37m de la zona de servicio. La zona de tanques de almacenamiento de combustible y la zona de descarga de combustible se encuentran rodeadas de canal perimetral para contención de derrames.

La estación además cuenta con un cuarto de máquinas aislado aproximadamente a 18.79 m de la zona de servicio.

Zona de estacionamiento, de 71.62 en total, cuenta con estacionamientos individuales por vehículo con dimensiones de 2.50m por 5.00m con tope de concreto individual. Además, posee zona de estacionamiento para discapacitados con dimensiones de 3.30m por 5.00m.

El manejo de aguas residuales ordinarias se llevará a cabo mediante tanque mejorado.

3. De la inspección al AP:

Después de haber revisado la información contenida en el expediente administrativo D1-18949-2016-SETENA y aplicado el procedimiento de ubicación del proyecto por medio de coordenadas en el Sistema de Información Geográfica que maneja esta Secretaría, cumpliendo de esta manera con lo ordenado mediante Resolución Nº 1661-2011-SETENA, ubicando geográficamente el proyecto en (…).

Por tanto, se ha determinado por parte del Departamento de Evaluación Ambiental la no realización de la inspección de campo. Como elementos adicionales que sustentan el no realizar la visita de campo se tienen:

1. La congruencia del proyecto propuesto con el entorno.

2. Registro fotográfico aportado.

3. Las conclusiones de los estudios adjuntos al instrumento de evaluación, no determinan indicios particulares que deban ser profundizados y corroborados con la inspección de campo.

4. Revisión SIG.

4. De acuerdo con la información aportada en el expediente administrativo, el presupuesto preliminar de la obra incluyendo el valor del terreno es de ¢ 230 250 000,00 (doscientos treinta millones doscientos cincuenta mil colones).

5. Observaciones Generadas y Anexos:

Impactos y medidas ambientales 1. Se proponen las medidas ambientales para cada impacto identificado en la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.

Documentos técnicos complementarios 2. Se presenta el diseño de sitio con su respectiva tabla de áreas. En el diseño se contemplan pozos de monitoreo.

3. Se presenta la hoja cartográfica de conformidad con el DE-32712.

4. Estudio de Ingeniería básica del terreno del AP.

 De acuerdo con el estudio geotécnico el terreno en general presenta condiciones de cimentación aptas, considerando las capacidades de soporte admisibles y siguiendo las recomendaciones presentadas.

 No se determinó la presencia del nivel freático en los sondeos realizados; se recomienda instalar un piezómetro para controlar y verificar dicha situación en caso de ser necesario.

5. Estudio hidrológico.

- Del estudio hidrológico se concluye, no se considera necesario implementar obras hidráulicas de amortiguamiento, y además es admisible que el proyecto vierta sus aguas pluviales al alcantarillado pluvial en calle pública que a la vez desfoga en el rio Zapote.

- Se descarta toda posibilidad de inundación considerando que: a) el Río Zapote fluye a 175 metros del lindero de la propiedad, y b) actualmente entre el AP y el Río Zapote existe infraestructura civil (Ruta Nacional N°6 y varios conjuntos residenciales) como evidencia de que no existe potencialidad de inundación.

6. Sobre la certificación de riesgo antrópico, el profesional indica: SI EXISTE RIESGO ANTROPICO ya que se detectan localizados dentro del AP y en su lindero inmediato fuentes potenciales de riesgo tales como tanques de almacenamiento de gas o combustible de diverso tipo, líneas de transmisión eléctrica, almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas, poliductos, gasoductos sin embargo, esto riesgo puede verse minimizado aplicando medidas preventivas y construyendo la obra bajo lo establecido en la legislación vigente para este tipo de proyectos como el decreto 30131-MINAE.

7. Estudio de Geología básica del terreno del AP.

 El profesional concluye que la condición de geaptitud del terreno del AP es favorable para llevar a cabo la construcción del proyecto bajo las condiciones de cimentación asumidas en el estudio de suelos.

 Se calcula un tiempo de transito de contaminantes para la zona no saturada en 54.87 días. Por otro lado, para la zona satura la distancia horizontal que recorrerá el agua será de 9.29 m para completar la degradación completa de las bacterias.

 El índice de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación calculado para el acuífero inferior utilizando el método G.O.D. lo clasifica con vulnerabilidad MEDIA a la contaminación.

8. Reporte arqueológico.

 El profesional concluye: No se recomienda más estudios arqueológicos.

9. Estudio biológico rápido.

 El profesional indica que no es requerido un estudio biológico de mayor profundidad, debido a que en el sitio donde se desarrollara el proyecto por sus condiciones biofísicas, no lo requiere, además que el terreno se encuentra totalmente alterado por el cambio de uso de suelo a través de los años.

Monto de garantía ambiental 10. El Monto de inversión.

Costo total del proyecto: ¢ 230 250 000.00 (doscientos treinta millones doscientos cincuenta mil colones).

Monto de garantía ambiental: ¢ 2 302 500,00 colones. (dos millones trescientos dos mil quinientos colones).

Registro fotográfico 11. Se presenta registro fotográfico de la finca.

Otros documentos incorporados en el expediente 12. Plan de contingencia.

13. Pronunciamiento de la Comisión Nacional de Emergencias.

14. Estudio sociológico.

- Profesionales Responsables: (…)

CUARTO: Que en fecha 13 de febrero de 2018, el desarrollador del proyecto presenta el criterio del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Riego y Avenamiento, criterio emitido bajo el oficio SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, el que en su Por tanto indica:

“Una vez revisado el estudio hidrogeológico … del proyecto presentado para Estación de Servicio Upala, se considera que la información presentada satisface los requisitos solicitados por el SENARA.

La clasificación de riesgo para el proyecto es media, según evaluación por parte de SENARA. La Matriz Genérica para Protección de Acuíferos indica las siguientes regulaciones:

a- Regulación por amenaza de sustancias:

1. Se permiten actividades de baja y mediana toxicidad.

2. Se permiten actividades de alta toxicidad, pero de baja movilidad o baja persistencia, según los valores establecidos en la guía de esta matriz.

b- Regulación en función de la recarga:

1. En zonas de media recarga, solo se permiten actividades de baja amenaza por toxicidad Dado que los hidrocarburos se clasifican como de mediana toxicidad y baja amenaza, se permite el desarrollo del proyecto en una zona de media recarga.” La negrita es del original QUINTO: Que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que: “Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.” SEXTO: Que en el presente procedimiento administrativo, se presentó el instrumento de evaluación ambiental documento de Evaluación Ambiental inicial y la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, de acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA, parte II), los cuales fueron debidamente analizados por el Departamento de Evaluación Ambiental, se concluyó que cumplen con los términos de referencia y los requerimientos técnicos emitidos por esta Secretaría. En virtud de lo anterior, y de conformidad con las facultades de control y seguimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala: “La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen.” De lo anterior, se ha analizado y se ha determinado que los mismos cumplen, por lo que lo procedente en el presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental: Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y las matrices de impacto ambiental, presentados en el Documento D1 y otorgar la viabilidad ambiental.

SÉTIMO: Que de conformidad con el Artículo 45°. - Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o Licencia) Ambiental del reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-MAG-MOPT-MEIC-S, señala: “Los lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental, y que estarán basadas en todo el proceso de EIA, así como una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluyen los siguientes elementos: Desarrollo e implementación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS), que comprenden 3 aspectos básicos como son: Nombramiento de un Responsable Ambiental, una Bitácora Ambiental y la Garantía Ambiental, cuyo monto será fijado por este acto administrativo. La presentación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS) deberá realizarse antes de iniciar actividades, obras o proyecto.

OCTAVO: Que al momento de emitir el presente informe no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito.

POR TANTO

LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En sesión Ordinaria Nº 074-2018 de esta Secretaría, realizada el 03 de JULIO del 2018, en el Artículo No. 06 acuerda:

PRIMERO: De acuerdo a la información aportada por el señor Esteban Piedra Garro, cédula de identidad: 1-0976-0372, en calidad de representante legal de la sociedad 3-101-701795 S.A., cédula jurídica 3-101-701795 (desarrolladora) y la consultora ambiental Daniela Fernández Agüero, cédula de identidad: 1-1431-0586, registro SETENA CI-251-14, responsables de la presentación y elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentada ante la SETENA (Normativa concordante Decreto Ejecutivo No. 31849 artículos 3 inciso 23, 81, Decreto 32712-MINAE artículo 5 y artículo 20 de la Ley 7554), cuya información tiene carácter de Declaración Jurada por lo que se considera actual y verdadera en caso contrario pueden derivarse consecuencias penales del hecho según lo establece el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC reformado por el artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° 32734 del 09 de agosto de 2005, se aprueba:

a. Las medidas ambientales, las recomendaciones de los Estudios Técnicos y las matrices de impacto ambiental, presentados junto al Documento de Evaluación Ambiental (D1), los cuales fueron sometidos a evaluación por el consultor ambiental y el proyectista.

b. La información complementaria adjuntada al expediente.

c. La Declaración Jurada de Compromisos Ambientales.

SEGUNDO: Ordenar al señor Esteban Piedra Garro, cédula de identidad: 1-0976-0372, en calidad de representante legal de la sociedad 3-101-701795 S.A., cédula jurídica 3-101-701795, expediente administrativo D1-18949-2016-SETENA:

1. Depositar en las cuentas del sistema bancario que se indica, el monto de garantía ambiental por la suma ¢ 2 302 500,00 colones. (dos millones trescientos dos mil quinientos colones) correspondiente al 1% del monto de inversión total declarado del proyecto.

Las cuentas bancarias están registradas en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre del MINAE, cédula jurídica (cédula jurídica No. 2-100-042014). (…)

Nota: El depósito o transferencia deberá señalar en el concepto: Número de expediente y nombre del desarrollador. También, indicar el nombre del proyecto y el número de expediente, así como aportar a esta Secretaría el comprobante del depósito respectivo; el cual debe ser por un periodo mínimo de un año, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente.

2. Nombrar un Responsable Ambiental, con su inscripción vigente en el Registro de Consultores de la SETENA, mediante el envío de una nota firmada por el propietario con la aceptación del profesional asignado. Deberá aportar la carta de nombramiento, firmado por el desarrollador y la carta de aceptación firmada por el consultor. Los informes ambientales deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren.

3. Presentar ante la Unidad Legal de esta Secretaría, un libro de Actas, el cual será habilitado por dicho Dpto. como Bitácora.

La anterior documentación deberá ser presentada por el desarrollador antes del inicio de actividades, según se establece en el Acuerdo de Comisión Plenaria ACP-015-2014.

TERCERO: Con base en las características ambientales del AP y su interacción con las actividades que realizará el proyecto, se recomienda establecer la periodicidad de presentación de informes regenciales ante la SETENA para periodos de CADA SEIS MESES durante la fase constructiva y un informe final de cierre de dicha fase, dichos informes serán verificados por el Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental (ASA) para lo que corresponda de acuerdo a la normativa ambiental y conexa.

CUARTO: El incumplimiento de los requerimientos de esta Secretaría, así como de cualquiera de las obligaciones contraídas en la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, las matrices de impacto ambiental y el Formulario D1, podrán ser sancionados de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de Ambiente, así como la demás legislación vigente.

QUINTO: Se le comunica al interesado que, de conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto que tiene las siguientes características:

Nombre Proyecto: JSM UPALA Desarrollador: 3-101-701795 S.A Cédula jurídica: 3-101-701795 Representante: Esteban Piedra Garro, cédula de identidad: 1-0976-0372 Ubicación: Provincia: Alajuela Cantón: Upala Distrito: Upala Hoja cartográfica: Upala. Escala: 1:50000, IGN.

Coordenadas CRTM05: Longitud 387775.4 y Latitud 1204963.3 Plano catastrado: A-1535865-2011 Matrícula: 2-273467-000 Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la construcción y operación de la estación de servicio: “JSM Upala” en el distrito de Upala, cantón de Upala, provincia de Alajuela, en la propiedad de plano catastrado A-1535865-2011 con número de finca 2-00273467-000.

El AP tiene su acceso principal en la carretera Canalete-Upala.

La estación además cuenta con un cuarto de máquinas aislado aproximadamente a 18.79 m de la zona de servicio.

El manejo de aguas residuales ordinarias se llevará a cabo mediante tanque mejorado.

Por lo que se le otorga la VIABILIDAD (Licencia) AMBIENTAL a la actividad planteada, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental.

SEXTO: Se le previene al desarrollador, que la viabilidad ambiental, sólo contempla lo indicado en la descripción del proyecto y el diseño presentado, que cualquier modificación, debe ser informada a la SETENA, para que realice la evaluación ambiental de dicha modificación, de lo contrario se procederá conforme a la normativa vigente.

SÉTIMO: Se le previene al desarrollador que de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—Alcance del trámite de EIA ante la SETENA, el cumplimiento del procedimiento de EIA no exime al desarrollador de una actividad, obra o proyecto, del trámite a cumplir ante otras autoridades de la Administración, de conformidad con las competencias y normativa vigentes, ni de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades que de su gestión deriven.

OCTAVO: En el caso de proyectos con Movimientos de tierra ACATAR, Reglamento de Construcciones. Gaceta 56 Alcance 17, y reforma y Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones N° 3391.

NOVENO: Se previene al Desarrollador, que si el proyecto requiere la eliminación de árboles se deberá contar de previo, con el respectivo permiso (art. 27 de la Ley Forestal), además se previene que debe respetar la Áreas de Protección (art. 33 y 34 Ley Forestal), debiendo incluir en el desarrollo del proyecto buenas prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque según sea la categoría que manejo.

DÉCIMO: La vigencia de esta viabilidad será por un período de CINCO AÑOS para el inicio de las obras, actividades o proyectos. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente.

DÉCIMO PRIMERO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente.

DÉCIMO SEGUNDO: De acuerdo con la Resolución Nº 1834-2016-SETENA, sobre Rotulación de Proyectos con Viabilidad Ambiental, aprobada por parte de la Comisión Plenaria, en fecha del 29 de setiembre del 2016, se les ordena a los desarrolladores de obras, actividades, o proyectos cumplir con lo manifestado en dicha Resolución. La misma se encuentra visible en la publicación de la página web de la SETENA (…)”. (el resaltado es del original). (Ver prueba documental).

i)El 7 de enero de 2019, la Municipalidad de Upala otorgó el permiso de construcción n.° 2679-2018 a la sociedad 3-101-701795 S.A., por haber cumplido los requisitos dispuestos para tales efectos. (Ver prueba documental e informes rendidos bajo fe de juramento por las autoridades recurridas).
j)El 4 de mayo de 2020, Daniela Fernández Agüero aceptó el nombramiento como regente ambiental del proyecto JSM Upala. Además, le indicó a SETENA que aportó el libro de actas para ser habilitado como bitácora de tal proyecto. (Ver prueba documental).
k)El 6 de mayo de 2020, el desarrollador del proyecto aportó el oficio 3276-2020 ante SETENA, mediante el cual adjuntó:

“-Carta de nombramiento y aceptación de la regencia ambiental, donde se nombró a Daniela Fernández Agüero como regente ambiental.

- Libro de actas para ser habilitado como bitácora ambiental.

- Copia del comprobante de garantía ambiental presentado el día 19 de octubre de 2019 mediante consecutivo 8259-2019.

En cuanto a los informes de regencia ambiental, se tiene que a la fecha se han presentado los siguientes:

a. Informe de regencia de fecha 06 de mayo de 2020 b. Informe de regencia de fecha 24 de febrero de 2021”. (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).

l)En mayo de 2020 se aportó ante SETENA el informe de regencia ambiental del proyecto JSM Upala atinente al período de regencia comprendido entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. En tal informe se consignó:

“(…) Descripción del avance:

El avance general del proyecto a la última fecha de visita 05 de mayo de 2020 es de un 90%, avance de la siguiente forma:

Visita 05 de mayo 2020:

Nombramiento de regente e ICOS realizado por error involuntario durante el mes de mayo 2020, se toma regencia y se realiza la primera visita al proyecto el 06 de mayo. Proyecto en nivel de avance de 90%.

Bitácora para sellar entregada a SETENA aun no disponible, se habilita una bitácora temporal en el sitio para llevar registro de las visitas y serán pasados los datos a la sellada en cuanto se cuente con ella.

Avance:

Personal: Actualmente 2 personas (se mantuvieron entre 8 y 10) Maquinaria: Ninguna actualmente (se tuvo una vagoneta, excavadora y “backhoe”, todos alquilados al día y con RTV.

Campamento: no hubo. Perímetro cerrado y proyecto con la rotulación de SETENA.

Servicios: Agua, electricidad y recolección de basura. Permiso de ministerio de salud.

Escombros: Ya no hay, se trasladaron al relleno de la localidad.

Se cuentan con 4 servidores de combustible y a futuro se tendrá 1 de gas.

Se cuenta con los pozos de observación y monitoreo de los tanques, los internos y los externos en triangulación según lo solicita la dirección de hidrocarburos.

Pendiente únicamente detalles de pintura y demarcación.

LISTA DE CONTROL AMBIENTAL DEL PERIODO.

Compromisos ambientales:

Se describen por parte a continuación:

-Auditoría al equipo, seguridad y personal.

Durante el proceso constructivo el personal cuenta con chaleco de seguridad, cascos y anteojos de protección, actualmente no se trabaja en techos por lo que no se implementas (sic) los arneses de seguridad. Además, la zona se encontró debidamente delimitada con malla y con paso restringido a cualquier ajeno a la construcción.

Se recomendó que la maquinaria presente en la obra contara con todos los permisos vigentes y en condiciones óptimas para evitar fuga de productos contaminantes en suelos y/o aguas y para evitar accidentes laborales.

Todo esto bajo la supervisión del ingeniero encargado, el maestro de obras, la administración y mi persona en las visitas de regencia.

-Auditoría al suelo.

Las actividades que se realizan actualmente en el proyecto no comprometen los suelos. Las fugas de aceites o similares solo podrían deberse a la maquinaria existente en el proyecto, sin embargo, se mantiene un estricto control de su funcionamiento y es revisada periódicamente.

-Auditoría al aire y ruido.

Los materiales de construcción (arena, cemento, otros) presentes en el proyecto se encuentran bajo control de polvo y se mantiene la cantidad requerida según el ritmo de construcción. Actualmente no se tiene maquinaria pesada que genere ruidos.

-Auditoría al agua.

Se identifica 1 río a menos de 100 m, sin embargo, se encuentra con una gran pendiente de por medio y no sufrido (sic) riesgos bajo la construcción del proyecto. Durante las visitas de regencia no se encontraron agentes contaminantes, las aguas negras y jabonosas se tratan adecuadamente.

-Auditoría al deseo de residuos.

Los desechos sólidos como escombros son reutilizados para zonas de relleno dentro de la misma construcción. Los residuos tradicionales generados por los operadores son dispuestos como basura común que recolecta el camión municipal o es llevado a chatarrera municipal.

-Auditoría al proceso constructivo.

La construcción no implica cambio en el uso del suelo, ya que se cuenta con este permiso originalmente, no se identifica flora, fauna, causes de agua superficiales, nacientes ni demás que puedan mostrar un desequilibrio ambiental.

Observaciones del cumplimiento de los compromisos ambientales (reportar grado de avance de la obra en porcentaje) Como parte del seguimiento ambiental requerido para cada obra durante la construcción el desarrollador y la regente ambiental (mi persona) velan por el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en la declaración jurada (DJCC) para la viabilidad ambiental del proyecto. Dicho compromiso procurando evitar el impacto significativo al medio ambiente en todo el proceso hasta la etapa actual. Avance de obras en general: 90% (ver más en descripción de avance) Tareas y metas pendientes Mantener las normas de seguridad ocupacional y de control ambiental durante la operación.

Conclusiones

El proyecto se desarrolló según las medidas ambientales recomendadas y los compromisos asumidos en la declaración jurada.

Recomendaciones Seguir las medidas ambientales ya estipuladas por la SETENA y por el regente ambiental: Mantener vigilancia de la seguridad de los trabajadores, uso de equipo de seguridad. Mantener un adecuado de los desechos sólidos durante la etapa operativa (…)” (el énfasis es del original). (Ver prueba documental).

m)El 24 de febrero de 2021 se aportó ante SETENA el informe de regencia ambiental del proyecto JSM Upala. (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).
n)La regente ambiental del proyecto JSM Upala, Daniela Fernández Agüero, informó a SETENA que tal proyecto cumple los compromisos ambientales asumidos en la declaración jurada, instrumento de evaluación ambiental que fue aprobado por esa Secretaría. (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).
o)La secretaría general de SETENA informó que:

“(…) como parte de ese monitoreo que realiza la figura del regente ambiental, éste no tiene la obligación de verificar si las obras a nivel civil se construyen según las especificaciones bajo las cuales fueron otorgados los permisos constructivos, dado que claramente la fiscalización de las obras constructivas no recaen sobre la SETENA, ni forman parte de la Evaluación de Impacto Ambiental, sino que recae en las instituciones que otorgan los permisos constructivos, a saber el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Municipalidad en cuestión, en este caso la Municipalidad de Upala. Finalmente será la Dirección de Hidrocarburos quien emita el permiso para el expendio de combustibles, quien para ello determinará si las obras cumplen con los requerimientos para extender dicho permiso.

Por lo que no lleva la razón la recurrente al indicar que ante una supuesta falta de supervisión del regente el proyecto puede ocasionar daños al ambiente, dado que como se explicó la fiscalización del regente se refiere a la implementación de las medidas ambientales y no de la construcción en sí. Medidas que se han cumplido según la regencia ambiental (…)

(…) se determina que se ha cumplido con los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental solicitados por esta Secretaría mediante la resolución No. 1302-2018-SETENA. De igual manera, se concluye que los estudios presentados por el desarrollador durante la fase de Evaluación de Impacto ambiental para demostrar que el proyecto sí cumplía con los requisitos para obtener la viabilidad ambiental; razón por la cual fue otorgada mediante la resolución supra citada, con el fin de obtener los permisos de construcción por parte de los entes competentes”. (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).

p)La sociedad 3-101-701795 S.A. tramita bajo el expediente administrativo n.° ES-2-13-01-04 (antes ES-N-03-11-16) del MINAE, la concesión de expendio de combustible. (Ver prueba documental).
q)La solicitud de concesión de expendio de combustible planteada por la sociedad 3-101-701795 S.A. ante la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible del MINAE, el cual se tramitó bajo el expediente administrativo n.° ES-N-03-11-16 actualmente se tramita bajo el expediente n.° ES-2-13-01-04 y todavía no se ha otorgado tal concesión. (Hecho incontrovertido).

III.- HECHO NO PROBADO. De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado el siguiente hecho:

a)Que la tutelada haya formulado alguna oposición en la fase de estudio de impacto ambiental del proyecto de la estación de servicio JSM Upala, o que haya interpuesto alguna denuncia ante SETENA por la posible contaminación del río Zapote.

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente alega que, el 14 de diciembre de 2016, el representante legal de la sociedad 3-101-701795 S.A. inició gestiones ante SETENA, dentro del expediente DI-18949-2016, para solicitar la evaluación ambiental del proyecto JSM Upala, a fin de construir una estación de servicio en esa localidad. Señala que SETENA dictó la resolución n.° 1302-2018-SETENA de las 7:05 horas del 4 de julio de 2018, mediante la cual otorgó la viabilidad ambiental al proyecto referido y dejó abierta la etapa de gestión ambiental, pese a lo consignado en el estudio hidrogeológico de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA efectuado el 22 de noviembre de 2016. Explica que, luego de la finalización del proceso de evaluación de impacto ambiental, SETENA otorgó la resolución de viabilidad ambiental del proyecto y solicitó una serie de lineamientos, directrices ambientales, así como instrumentos de control y seguimiento ambiental. Apunta que, el 7 de enero del 2019, la Municipalidad de Upala otorgó a la sociedad 3-101-701795 S.A. el permiso de construcción 2679-2018 y, a partir de ese momento, se comenzó a erigir la obra. Acusa que fue hasta el 4 de mayo del 2020 cuando se nombró al regente ambiental, quien es el encargado de fiscalizar la obra en términos ambientales durante la construcción. Reclama que, en el primer informe de regencia, dado el 5 de mayo del 2020, el regente ambiental se limitó a indicar que tomó la obra con un 90% de avance, lo que implica que no realizó alguna labor de fiscalización ambiental durante el desarrollo de la construcción de la obra, por lo que se limitó a emitir un informe sin identificar si se cumplió o no a cabalidad los estándares ambientales requeridos. Asevera que, actualmente, la estación de servicio JSM Upala está construida; empero, su preocupación se enfoca en que el río Zapote tiene un importante papel social en la vida cotidiana de los pobladores de Upala, y puede llegar a contaminarse por algún derrame, mal manejo del combustible o indebida construcción de los aparatos que almacenan ese líquido. Comenta que la sociedad 3-101-701795 S.A. tramita bajo el expediente administrativo n.° ES-2-13-01-04 (antes ES-N-03-11-16) del MINAE, la concesión de expendio de combustible; sin embargo, a la fecha no ha sido otorgada. Solicita que se paralice cualquier acción que pretenda el otorgamiento de la concesión de expendio de combustible y que se determine la responsabilidad de SETENA por no dar adecuado seguimiento a la resolución n.° 1302-2018-SETENA.

De los autos se desprende que, el 14 de noviembre de 2016, la sociedad 3-101-701795 S.A. planteó una solicitud de concesión de expendio de combustible ante la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible del MINAE, el cual se tramitó bajo el expediente administrativo n.° ES-N-03-11-16. Mientras que, el 22 de noviembre de 2016, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA emitió un dictamen general respecto a la estación de servicio JSM Upala, en el que se concluyó: “Una vez revisado el estudio hidrogeológico y el anexo elaborado por los Sres. Raysie Miller Hernández y Eduardo Rojas Solano, del proyecto presentado “Estación de Servicio Upala”, se considera que la información presentada satisface con los requisitos solicitados por el SENARA. No obstante, la vulnerabilidad intrínseca del acuífero analizado se tiene como de media (0.45) y al considerar un factor de 1.7 (debido al tiempo de tránsito en la vertical de 0.82 días) la vulnerabilidad específica final es EXTREMA (0.76). Se debe advertir que una vulnerabilidad específica extrema, significa un peligro alto de contaminación de los acuíferos encontrados en el lugar. De conformidad con la matriz de criterios de uso del suelo según vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y el procedimiento técnico para análisis de trámites de hidrocarburos del SENARA, en casos de vulnerabilidad extrema no se recomienda el desarrollo de este tipo de proyecto. Es importante mencionar, que en caso de que la institución competente otorgue los permisos respectivos, se deberá contemplar durante la instalación final de los tanques de almacenamiento y tuberías de conducción de hidrocarburos la aplicación de las medidas de contención, alerta temprana de fugas y demás tecnología avanzada, que contribuya en la disminución de las probabilidades de contaminación de las aguas ante un eventual derrame de hidrocarburos (…)” (el énfasis fue agregado).

Asimismo, en la especie se verifica que, el 14 de diciembre de 2016, el representante de la sociedad 3-101-701795 S.A. ingresó a SETENA el proyecto JSM Upala, al que se le asignó el expediente administrativo D1-18949-2016-SETENA. Así, mediante la resolución n.° 836-2017-SETENA de las 14:05 horas del 3 de mayo de 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental dispuso: “(…) PRIMERO: De conformidad con la información aportada en el expediente, lo consignado en el Decreto 35882-MINAET, de acuerdo con la normativa vigente y los puntos anotados anteriormente, lo procedente es archivar el expediente administrativo número D1-18949-2016-SETENA. SEGUNDO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente (…)”. En consecuencia, el 9 de mayo de 2017, el desarrollador del proyecto JSM Upala interpuso un recurso de revocatoria contra la resolución n.° 836-2017-SETENA de las 14:05 horas del 3 de mayo de 2017 dictada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En tal escrito, señaló que: “Actualmente se realiza nuevo estudio hidrogeológico exhaustivo para el SENARA con el fin de obtener una reconsideración de su criterio. Dicha reconsideración se plantea a raíz del hecho que el estudio original fue elaborado en épocas de precipitación extrema (durante el huracán Otto) alterando las características específicas del medio y por lo tanto la recomendación de la institución a partir de esto (…)”. Producto de lo anterior, mediante la resolución n.° 1258-2017-SETENA de las 7:45 horas del 23 de junio de 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental declaró la suspensión del conocimiento del recurso de revocatoria formulado contra la resolución n.° 836-2017-SETENA de las 14:05 horas del 3 de mayo de 2017, hasta que no exista un nuevo criterio por parte del SENARA respecto a la reconsideración planteada en el expediente D1-18949-2016-SENARA.

Por su parte, el 13 de febrero de 2018, el desarrollador del proyecto JSM Upala aportó un nuevo criterio vertido por SENARA, mediante el oficio SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, el cual señala: “Una vez revisado el estudio hidrogeológico (…) del proyecto presentado para “Estación de Servicio Upala”, se considera que la información presentada satisface los requisitos solicitados por el SENARA. La clasificación de riesgo para el proyecto es media, según evaluación por parte de SENARA. La Matriz Genérica para Protección de Acuíferos indica las siguientes regulaciones: a- Regulación por amenaza de sustancias: 1. Se permiten actividades de baja y mediana toxicidad. 2. Se permiten actividades de alta toxicidad, pero de baja movilidad o baja persistencia, según los valores establecidos en la guía de esta matriz. 3. Las actividades deben contar con la infraestructura y las medidas de control necesarias para evitar el riesgo de contaminación de suelos y aguas (manejo de excretas, aguas servidas y efluentes, manejo y almacenamiento de productos, trampas de grasas y aceites). b- Regulación en función de la recarga: 1. En zonas de media recarga, solo se permiten actividades de baja amenaza por toxicidad. Dado que los hidrocarburos se clasifican como de mediana toxicidad y baja amenaza, se permite el desarrollo del proyecto en una zona de media recarga” (el destacado fue suplido).

La Sala tiene por demostrado que, mediante la resolución n.° 1302-2018 de las 7:50 horas del 4 de julio de 2018, SETENA dispuso: “Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría el informe técnico DEA-0566-2018-SETENA, referente al del proceso de evaluación ambiental del expediente No. D1-18949-2016-SETENA proyecto JSM Upala, presentado por el señor Esteban Piedra Garro, cédula de identidad: 1-0976-0372, en representación legal de 3-101-701795 S.A, cédula jurídica 3-101-701795 (…) TERCERO: Que de conformidad con el criterio del Departamento de Evaluación Ambiental y de la documentación que consta en el expediente administrativo, se ha determinado lo siguiente: 1. La categorización general según el Impacto Ambiental Potencial (IAP) establece que el proyecto corresponde con la subcategoría B1: Moderado - Alto Impacto Ambiental Potencial. Respecto a los criterios de ponderación y clasificación para la Significancia Ambiental Final (SIAf), se estableció una calificación final de 123 puntos. 2. Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la construcción y operación de la estación de servicio: “JSM Upala” en el distrito de Upala, cantón de Upala, provincia de Alajuela, en la propiedad de plano catastrado A-1535865-2011 con número de finca 2-00273467-000. El área total de la finca es de 3732 m2 la cual se subdivide a continuación: zonas verdes 194.50 m2, zona de tanques de combustible 103.90 m2, zona de descarga de combustible 62.94 m2 locales comerciales, oficinas y sanitarios 134.85, parqueos 71.62 m2, dispositivo desechos sólidos, 4.00 m2, losa de concreto 2980.93, aceras 145.00, islas 34.26, subtotal áreas de construcción 3732, zona de servicio y canopy 625.41, tapia perimetral 106.23. El AP tiene su acceso principal en la carretera Canalete-Upala. La estación cuenta con un frente a la calle sur y oeste, con zona de entrada y de salida con sus respectivos retiros y demarcación, zona de servicio de 4 líneas de dispensadores con 10 m de distancia entre si y 9.42 m de longitud cada uno, rodeados de un canal perimetral común y demarcación de basamentos según decreto 30131-MINAE-S 16.6.5.1. Zona de almacenamiento de combustible con capacidad para 3 tanques, con sus respectivos pozos de monitoreo, estos se encuentran sobre el nivel de la superficie, tanques aéreos, y una zona de extintores conjunta. La zona de descarga de combustible se encuentra anexa a la zona de tanques y ambos se encuentran a 12.37m de la zona de servicio. La zona de tanques de almacenamiento de combustible y la zona de descarga de combustible se encuentran rodeadas de canal perimetral para contención de derrames. La estación además cuenta con un cuarto de máquinas aislado aproximadamente a 18.79 m de la zona de servicio. Zona de estacionamiento, de 71.62 en total, cuenta con estacionamientos individuales por vehículo con dimensiones de 2.50m por 5.00m con tope de concreto individual. Además, posee zona de estacionamiento para discapacitados con dimensiones de 3.30m por 5.00m. El manejo de aguas residuales ordinarias se llevará a cabo mediante tanque mejorado. 3. De la inspección al AP: Después de haber revisado la información contenida en el expediente administrativo D1-18949-2016-SETENA y aplicado el procedimiento de ubicación del proyecto por medio de coordenadas en el Sistema de Información Geográfica que maneja esta Secretaría, cumpliendo de esta manera con lo ordenado mediante Resolución Nº 1661-2011-SETENA (…). Por tanto, se ha determinado por parte del Departamento de Evaluación Ambiental la no realización de la inspección de campo. Como elementos adicionales que sustentan el no realizar la visita de campo se tienen: 1. La congruencia del proyecto propuesto con el entorno. 2. Registro fotográfico aportado. 3. Las conclusiones de los estudios adjuntos al instrumento de evaluación, no determinan indicios particulares que deban ser profundizados y corroborados con la inspección de campo. 4. Revisión SIG. 4. De acuerdo con la información aportada en el expediente administrativo, el presupuesto preliminar de la obra incluyendo el valor del terreno es de ¢ 230 250 000,00 (doscientos treinta millones doscientos cincuenta mil colones). 5. Observaciones Generadas y Anexos: Impactos y medidas ambientales 1. Se proponen las medidas ambientales para cada impacto identificado en la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales. Documentos técnicos complementarios 2. Se presenta el diseño de sitio con su respectiva tabla de áreas. En el diseño se contemplan pozos de monitoreo. 3. Se presenta la hoja cartográfica de conformidad con el DE-32712. 4. Estudio de Ingeniería básica del terreno del AP.  De acuerdo con el estudio geotécnico el terreno en general presenta condiciones de cimentación aptas, considerando las capacidades de soporte admisibles y siguiendo las recomendaciones presentadas.  No se determinó la presencia del nivel freático en los sondeos realizados; se recomienda instalar un piezómetro para controlar y verificar dicha situación en caso de ser necesario. 5. Estudio hidrológico. - Del estudio hidrológico se concluye, no se considera necesario implementar obras hidráulicas de amortiguamiento, y además es admisible que el proyecto vierta sus aguas pluviales al alcantarillado pluvial en calle pública que a la vez desfoga en el rio Zapote. - Se descarta toda posibilidad de inundación considerando que: a) el Río Zapote fluye a 175 metros del lindero de la propiedad, y b) actualmente entre el AP y el Río Zapote existe infraestructura civil (Ruta Nacional N°6 y varios conjuntos residenciales) como evidencia de que no existe potencialidad de inundación. 6. Sobre la certificación de riesgo antrópico, el profesional indica: SI EXISTE RIESGO ANTROPICO ya que se detectan localizados dentro del AP y en su lindero inmediato fuentes potenciales de riesgo tales como tanques de almacenamiento de gas o combustible de diverso tipo, líneas de transmisión eléctrica, almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas, poliductos, gasoductos sin embargo, esto riesgo puede verse minimizado aplicando medidas preventivas y construyendo la obra bajo lo establecido en la legislación vigente para este tipo de proyectos como el decreto 30131-MINAE. 7. Estudio de Geología básica del terreno del AP.  El profesional concluye que la condición de geaptitud del terreno del AP es favorable para llevar a cabo la construcción del proyecto bajo las condiciones de cimentación asumidas en el estudio de suelos.  Se calcula un tiempo de transito de contaminantes para la zona no saturada en 54.87 días. Por otro lado, para la zona satura la distancia horizontal que recorrerá el agua será de 9.29 m para completar la degradación completa de las bacterias.  El índice de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación calculado para el acuífero inferior utilizando el método G.O.D. lo clasifica con vulnerabilidad MEDIA a la contaminación. 8. Reporte arqueológico.  El profesional concluye: No se recomienda más estudios arqueológicos. 9. Estudio biológico rápido.  El profesional indica que no es requerido un estudio biológico de mayor profundidad, debido a que en el sitio donde se desarrollara el proyecto por sus condiciones biofísicas, no lo requiere, además que el terreno se encuentra totalmente alterado por el cambio de uso de suelo a través de los años. Monto de garantía ambiental 10. El Monto de inversión. Costo total del proyecto: ¢ 230 250 000.00 (doscientos treinta millones doscientos cincuenta mil colones). Monto de garantía ambiental: ¢ 2 302 500,00 colones. (dos millones trescientos dos mil quinientos colones). Registro fotográfico 11. Se presenta registro fotográfico de la finca. Otros documentos incorporados en el expediente 12. Plan de contingencia. 13. Pronunciamiento de la Comisión Nacional de Emergencias. 14. Estudio sociológico. - Profesionales Responsables: (…) CUARTO: Que en fecha 13 de febrero de 2018, el desarrollador del proyecto presenta el criterio del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Riego y Avenamiento, criterio emitido bajo el oficio SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, el que en su Por tanto indica: “Una vez revisado el estudio hidrogeológico … del proyecto presentado para Estación de Servicio Upala, se considera que la información presentada satisface los requisitos solicitados por el SENARA. La clasificación de riesgo para el proyecto es media, según evaluación por parte de SENARA. La Matriz Genérica para Protección de Acuíferos indica las siguientes regulaciones: a- Regulación por amenaza de sustancias: 1. Se permiten actividades de baja y mediana toxicidad. 2. Se permiten actividades de alta toxicidad, pero de baja movilidad o baja persistencia, según los valores establecidos en la guía de esta matriz. 3. Las actividades deben contar con la infraestructura y las medidas de control necesarias para evitar el riesgo de contaminación de suelos y aguas (manejo de excretas, aguas servidas y efluentes, manejo y almacenamiento de productos, trampas de grasas y aceites). b- Regulación en función de la recarga: 1. En zonas de media recarga, solo se permiten actividades de baja amenaza por toxicidad Dado que los hidrocarburos se clasifican como de mediana toxicidad y baja amenaza, se permite el desarrollo del proyecto en una zona de media recarga.” La negrita es del original QUINTO: Que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que: “Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.” SEXTO: Que en el presente procedimiento administrativo, se presentó el instrumento de evaluación ambiental documento de Evaluación Ambiental inicial y la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, de acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA, parte II), los cuales fueron debidamente analizados por el Departamento de Evaluación Ambiental, se concluyó que cumplen con los términos de referencia y los requerimientos técnicos emitidos por esta Secretaría. En virtud de lo anterior, y de conformidad con las facultades de control y seguimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala: “La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen.” De lo anterior, se ha analizado y se ha determinado que los mismos cumplen, por lo que lo procedente en el presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental: Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y las matrices de impacto ambiental, presentados en el Documento D1 y otorgar la viabilidad ambiental. SÉTIMO: Que de conformidad con el Artículo 45°. - Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o Licencia) Ambiental del reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-MAG-MOPT-MEIC-S, señala: “Los lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental, y que estarán basadas en todo el proceso de EIA, así como una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluyen los siguientes elementos: Desarrollo e implementación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS), que comprenden 3 aspectos básicos como son: Nombramiento de un Responsable Ambiental, una Bitácora Ambiental y la Garantía Ambiental, cuyo monto será fijado por este acto administrativo. La presentación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS) deberá realizarse antes de iniciar actividades, obras o proyecto. OCTAVO: Que al momento de emitir el presente informe no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito. POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En sesión Ordinaria Nº 074-2018 de esta Secretaría, realizada el 03 de JULIO del 2018, en el Artículo No. 06 acuerda: PRIMERO: De acuerdo a la información aportada por el señor Esteban Piedra Garro, cédula de identidad: 1-0976-0372, en calidad de representante legal de la sociedad 3-101-701795 S.A., cédula jurídica 3-101-701795 (desarrolladora) y la consultora ambiental Daniela Fernández Agüero, cédula de identidad: 1-1431-0586, registro SETENA CI-251-14, responsables de la presentación y elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentada ante la SETENA (Normativa concordante Decreto Ejecutivo No. 31849 artículos 3 inciso 23, 81, Decreto 32712-MINAE artículo 5 y artículo 20 de la Ley 7554), cuya información tiene carácter de Declaración Jurada por lo que se considera actual y verdadera en caso contrario pueden derivarse consecuencias penales del hecho según lo establece el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC reformado por el artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° 32734 del 09 de agosto de 2005, se aprueba: a. Las medidas ambientales, las recomendaciones de los Estudios Técnicos y las matrices de impacto ambiental, presentados junto al Documento de Evaluación Ambiental (D1), los cuales fueron sometidos a evaluación por el consultor ambiental y el proyectista. b. La información complementaria adjuntada al expediente. c. La Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. SEGUNDO: Ordenar al señor Esteban Piedra Garro, cédula de identidad: 1-0976-0372, en calidad de representante legal de la sociedad 3-101-701795 S.A., cédula jurídica 3-101-701795, expediente administrativo D1-18949-2016-SETENA: 1. Depositar en las cuentas del sistema bancario que se indica, el monto de garantía ambiental por la suma ¢ 2 302 500,00 colones. (dos millones trescientos dos mil quinientos colones) correspondiente al 1% del monto de inversión total declarado del proyecto. Las cuentas bancarias están registradas en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre del MINAE, cédula jurídica (cédula jurídica No. 2-100-042014). (…)Nota: El depósito o transferencia deberá señalar en el concepto: Número de expediente y nombre del desarrollador. También, indicar el nombre del proyecto y el número de expediente, así como aportar a esta Secretaría el comprobante del depósito respectivo; el cual debe ser por un periodo mínimo de un año, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente. 2. Nombrar un Responsable Ambiental, con su inscripción vigente en el Registro de Consultores de la SETENA, mediante el envío de una nota firmada por el propietario con la aceptación del profesional asignado. Deberá aportar la carta de nombramiento, firmado por el desarrollador y la carta de aceptación firmada por el consultor. Los informes ambientales deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren. 3. Presentar ante la Unidad Legal de esta Secretaría, un libro de Actas, el cual será habilitado por dicho Dpto. como Bitácora. La anterior documentación deberá ser presentada por el desarrollador antes del inicio de actividades, según se establece en el Acuerdo de Comisión Plenaria ACP-015-2014. TERCERO: Con base en las características ambientales del AP y su interacción con las actividades que realizará el proyecto, se recomienda establecer la periodicidad de presentación de informes regenciales ante la SETENA para periodos de CADA SEIS MESES durante la fase constructiva y un informe final de cierre de dicha fase, dichos informes serán verificados por el Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental (ASA) para lo que corresponda de acuerdo a la normativa ambiental y conexa. CUARTO: El incumplimiento de los requerimientos de esta Secretaría, así como de cualquiera de las obligaciones contraídas en la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, las matrices de impacto ambiental y el Formulario D1, podrán ser sancionados de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de Ambiente, así como la demás legislación vigente. QUINTO: Se le comunica al interesado que, de conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto que tiene las siguientes características: Nombre Proyecto: JSM UPALA Desarrollador: 3-101-701795 S.A Cédula jurídica: 3-101-701795 Representante: Esteban Piedra Garro, cédula de identidad: 1-0976-0372 Ubicación: Provincia: Alajuela Cantón: Upala Distrito: Upala Hoja cartográfica: Upala. Escala: 1:50000, IGN. Coordenadas CRTM05: Longitud 387775.4 y Latitud 1204963.3 Plano catastrado: A-1535865-2011 Matrícula: 2-273467-000 Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la construcción y operación de la estación de servicio: “JSM Upala” en el distrito de Upala, cantón de Upala, provincia de Alajuela, en la propiedad de plano catastrado A-1535865-2011 con número de finca 2-00273467-000. El área total de la finca es de 3732 m2 la cual se subdivide a continuación: zonas verdes 194.50 m2, zona de tanques de combustible 103.90 m2, zona de descarga de combustible 62.94 m2 locales comerciales, oficinas y sanitarios 134.85, parqueos 71.62 m2, dispositivo desechos sólidos, 4.00 m2, losa de concreto 2980.93, aceras 145.00, islas 34.26, subtotal áreas de construcción 3732, zona de servicio y canopy 625.41, tapia perimetral 106.23. El AP tiene su acceso principal en la carretera Canalete-Upala. La estación cuenta con un frente a la calle sur y oeste, con zona de entrada y de salida con sus respectivos retiros y demarcación, zona de servicio de 4 líneas de dispensadores con 10 m de distancia entre si y 9.42 m de longitud cada uno, rodeados de un canal perimetral común y demarcación de basamentos según decreto 30131-MINAE-S 16.6.5.1. Zona de almacenamiento de combustible con capacidad para 3 tanques, con sus respectivos pozos de monitoreo, estos se encuentran sobre el nivel de la superficie, tanques aéreos, y una zona de extintores conjunta. La zona de descarga de combustible se encuentra anexa a la zona de tanques y ambos se encuentran a 12.37m de la zona de servicio. La zona de tanques de almacenamiento de combustible y la zona de descarga de combustible se encuentran rodeadas de canal perimetral para contención de derrames. La estación además cuenta con un cuarto de máquinas aislado aproximadamente a 18.79 m de la zona de servicio. Zona de estacionamiento, de 71.62 en total, cuenta con estacionamientos individuales por vehículo con dimensiones de 2.50m por 5.00m con tope de concreto individual. Además, posee zona de estacionamiento para discapacitados con dimensiones de 3.30m por 5.00m. El manejo de aguas residuales ordinarias se llevará a cabo mediante tanque mejorado. Por lo que se le otorga la VIABILIDAD (Licencia) AMBIENTAL a la actividad planteada, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental. SEXTO: Se le previene al desarrollador, que la viabilidad ambiental, sólo contempla lo indicado en la descripción del proyecto y el diseño presentado, que cualquier modificación, debe ser informada a la SETENA, para que realice la evaluación ambiental de dicha modificación, de lo contrario se procederá conforme a la normativa vigente. SÉTIMO: Se le previene al desarrollador que de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—Alcance del trámite de EIA ante la SETENA, el cumplimiento del procedimiento de EIA no exime al desarrollador de una actividad, obra o proyecto, del trámite a cumplir ante otras autoridades de la Administración, de conformidad con las competencias y normativa vigentes, ni de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades que de su gestión deriven. OCTAVO: En el caso de proyectos con Movimientos de tierra ACATAR, Reglamento de Construcciones. Gaceta 56 Alcance 17, y reforma y Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones N° 3391. NOVENO: Se previene al Desarrollador, que si el proyecto requiere la eliminación de árboles se deberá contar de previo, con el respectivo permiso (art. 27 de la Ley Forestal), además se previene que debe respetar la Áreas de Protección (art. 33 y 34 Ley Forestal), debiendo incluir en el desarrollo del proyecto buenas prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque según sea la categoría que manejo. DÉCIMO: La vigencia de esta viabilidad será por un período de CINCO AÑOS para el inicio de las obras, actividades o proyectos. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente. DÉCIMO PRIMERO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente. DÉCIMO SEGUNDO: De acuerdo con la Resolución Nº 1834-2016-SETENA, sobre Rotulación de Proyectos con Viabilidad Ambiental, aprobada por parte de la Comisión Plenaria, en fecha del 29 de setiembre del 2016, se les ordena a los desarrolladores de obras, actividades, o proyectos cumplir con lo manifestado en dicha Resolución. La misma se encuentra visible en la publicación de la página web de la SETENA (…)”. (la negrita es del original y el subrayado fue añadido).

El Tribunal comprueba que, el 7 de enero de 2019, la Municipalidad de Upala otorgó el permiso de construcción n.° 2679-2018 a la sociedad 3-101-701795 S.A., por haber cumplido los requisitos dispuestos para tales efectos. Mientras que, el 4 de mayo de 2020, Daniela Fernández Agüero aceptó el nombramiento como regente ambiental del proyecto JSM Upala. Además, le indicó a SETENA que aportó el libro de actas para ser habilitado como bitácora de tal proyecto. En tanto que, el 6 de mayo de 2020, el desarrollador del proyecto aportó el oficio 3276-2020 ante SETENA, mediante el cual adjuntó: “-Carta de nombramiento y aceptación de la regencia ambiental, donde se nombró a Daniela Fernández Agüero como regente ambiental. - Libro de actas para ser habilitado como bitácora ambiental. - Copia del comprobante de garantía ambiental presentado el día 19 de octubre de 2019 mediante consecutivo 8259-2019. En cuanto a los informes de regencia ambiental, se tiene que a la fecha se han presentado los siguientes: a. Informe de regencia de fecha 06 de mayo de 2020 b. Informe de regencia de fecha 24 de febrero de 2021”.

Así, en el sub lite se verifica que en mayo de 2020 se aportó ante SETENA el informe de regencia ambiental del proyecto JSM Upala atinente al período de regencia comprendido entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. En tal informe se consignó: “(…) Descripción del avance: El avance general del proyecto a la última fecha de visita 05 de mayo de 2020 es de un 90%, avance de la siguiente forma: Visita 05 de mayo 2020: Nombramiento de regente e ICOS realizado por error involuntario durante el mes de mayo 2020, se toma regencia y se realiza la primera visita al proyecto el 06 de mayo. Proyecto en nivel de avance de 90%. Bitácora para sellar entregada a SETENA aun no disponible, se habilita una bitácora temporal en el sitio para llevar registro de las visitas y serán pasados los datos a la sellada en cuanto se cuente con ella. Avance: Personal: Actualmente 2 personas (se mantuvieron entre 8 y 10) Maquinaria: Ninguna actualmente (se tuvo una vagoneta, excavadora y “backhoe”, todos alquilados al día y con RTV. Campamento: no hubo. Perímetro cerrado y proyecto con la rotulación de SETENA. Servicios: Agua, electricidad y recolección de basura. Permiso de ministerio de salud. Escombros: Ya no hay, se trasladaron al relleno de la localidad. Se cuentan con 4 servidores de combustible y a futuro se tendrá 1 de gas. Se cuenta con los pozos de observación y monitoreo de los tanques, los internos y los externos en triangulación según lo solicita la dirección de hidrocarburos. Pendiente únicamente detalles de pintura y demarcación. LISTA DE CONTROL AMBIENTAL DEL PERIODO. Compromisos ambientales: Se describen por parte a continuación: -Auditoría al equipo, seguridad y personal. Durante el proceso constructivo el personal cuenta con chaleco de seguridad, cascos y anteojos de protección, actualmente no se trabaja en techos por lo que no se implementas (sic) los arneses de seguridad. Además, la zona se encontró debidamente delimitada con malla y con paso restringido a cualquier ajeno a la construcción. Se recomendó que la maquinaria presente en la obra contara con todos los permisos vigentes y en condiciones óptimas para evitar fuga de productos contaminantes en suelos y/o aguas y para evitar accidentes laborales. Todo esto bajo la supervisión del ingeniero encargado, el maestro de obras, la administración y mi persona en las visitas de regencia. -Auditoría al suelo. Las actividades que se realizan actualmente en el proyecto no comprometen los suelos. Las fugas de aceites o similares solo podrían deberse a la maquinaria existente en el proyecto, sin embargo, se mantiene un estricto control de su funcionamiento y es revisada periódicamente. -Auditoría al aire y ruido. Los materiales de construcción (arena, cemento, otros) presentes en el proyecto se encuentran bajo control de polvo y se mantiene la cantidad requerida según el ritmo de construcción. Actualmente no se tiene maquinaria pesada que genere ruidos. -Auditoría al agua. Se identifica 1 río a menos de 100 m, sin embargo, se encuentra con una gran pendiente de por medio y no sufrido (sic) riesgos bajo la construcción del proyecto. Durante las visitas de regencia no se encontraron agentes contaminantes, las aguas negras y jabonosas se tratan adecuadamente. -Auditoría al deseo de residuos. Los desechos sólidos como escombros son reutilizados para zonas de relleno dentro de la misma construcción. Los residuos tradicionales generados por los operadores son dispuestos como basura común que recolecta el camión municipal o es llevado a chatarrera municipal. -Auditoría al proceso constructivo. La construcción no implica cambio en el uso del suelo, ya que se cuenta con este permiso originalmente, no se identifica flora, fauna, causes de agua superficiales, nacientes ni demás que puedan mostrar un desequilibrio ambiental. Observaciones del cumplimiento de los compromisos ambientales (reportar grado de avance de la obra en porcentaje) Como parte del seguimiento ambiental requerido para cada obra durante la construcción el desarrollador y la regente ambiental (mi persona) velan por el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en la declaración jurada (DJCC) para la viabilidad ambiental del proyecto. Dicho compromiso procurando evitar el impacto significativo al medio ambiente en todo el proceso hasta la etapa actual. Avance de obras en general: 90% (ver más en descripción de avance) Tareas y metas pendientes Mantener las normas de seguridad ocupacional y de control ambiental durante la operación. Conclusiones El proyecto se desarrolló según las medidas ambientales recomendadas y los compromisos asumidos en la declaración jurada. Recomendaciones Seguir las medidas ambientales ya estipuladas por la SETENA y por el regente ambiental: Mantener vigilancia de la seguridad de los trabajadores, uso de equipo de seguridad. Mantener un adecuado de los desechos sólidos durante la etapa operativa (…)” (el subrayado es del original y la negrita fue suplida). Por su parte, el 24 de febrero de 2021 se aportó ante SETENA el informe de regencia ambiental del proyecto JSM Upala.

La Sala observa que la regente ambiental del proyecto JSM Upala, Daniela Fernández Agüero, informó a SETENA que tal proyecto cumple los compromisos ambientales asumidos en la declaración jurada, instrumento de evaluación ambiental que fue aprobado por esa Secretaría.

En el sub lite se verifica que la secretaría general de SETENA informó bajo juramento ‑con las solemnidades y responsabilidades que ello conlleva‑ que: “(…) como parte de ese monitoreo que realiza la figura del regente ambiental, éste no tiene la obligación de verificar si las obras a nivel civil se construyen según las especificaciones bajo las cuales fueron otorgados los permisos constructivos, dado que claramente la fiscalización de las obras constructivas no recaen sobre la SETENA, ni forman parte de la Evaluación de Impacto Ambiental, sino que recae en las instituciones que otorgan los permisos constructivos, a saber el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Municipalidad en cuestión, en este caso la Municipalidad de Upala. Finalmente será la Dirección de Hidrocarburos quien emita el permiso para el expendio de combustibles, quien para ello determinará si las obras cumplen con los requerimientos para extender dicho permiso. Por lo que no lleva la razón la recurrente al indicar que ante una supuesta falta de supervisión del regente el proyecto puede ocasionar daños al ambiente, dado que como se explicó la fiscalización del regente se refiere a la implementación de las medidas ambientales y no de la construcción en sí. Medidas que se han cumplido según la regencia ambiental (…) se determina que se ha cumplido con los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental solicitados por esta Secretaría mediante la resolución No. 1302-2018-SETENA. De igual manera, se concluye que los estudios presentados por el desarrollador durante la fase de Evaluación de Impacto ambiental para demostrar que el proyecto sí cumplía con los requisitos para obtener la viabilidad ambiental; razón por la cual fue otorgada mediante la resolución supra citada, con el fin de obtener los permisos de construcción por parte de los entes competentes”.

De igual forma, se acredita que la sociedad 3-101-701795 S.A. tramita bajo el expediente administrativo n.° ES-2-13-01-04 (antes ES-N-03-11-16) del MINAE, la concesión de expendio de combustible. Asimismo, en la especie se tiene como incontrovertido el hecho de que tal solicitud actualmente se tramita bajo el expediente n.° ES-2-13-01-04, así como que todavía no se ha otorgado tal concesión.

Finalmente, de los autos no se colige que la tutelada haya formulado alguna oposición en la fase de estudio de impacto ambiental, o que haya interpuesto alguna denuncia ante SETENA por la posible contaminación del río Zapote.

Ahora, en el sub iudice la parte accionante reclama que SETENA dictó la resolución n.° 1302-2018-SETENA de las 7:05 horas del 4 de julio de 2018, mediante la cual otorgó la viabilidad ambiental al proyecto de estación de servicio JSM Upala y dejó abierta la etapa de gestión ambiental, pese a lo consignado en el estudio hidrogeológico de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA efectuado el 22 de noviembre de 2016. Al respecto, la Sala advierte que, en la sentencia n.° 2019-019902 de las 9:20 horas del 11 de octubre de 2019, este Tribunal se refirió a la aprobación de permisos para el desarrollo del aludido proyecto en el siguiente sentido:

“I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes estiman lesionados sus derechos fundamentales. Indican que las autoridades recurridas aprobaron los permisos del proyecto de la futura construcción de una gasolinera, que tiene el nombre de “JSM Upala”, lo que ocasionaría un potencial riesgo de contaminación del río Zapote, en caso de que ocurriera un derrame de combustible en el afluente. Además, alegan que no se les concedió, de previo al otorgamiento de las autorizaciones otorgadas a la empresa desarrolladora del proyecto, audiencia pública para que se manifestaran al respecto.

II.- SOBRE LOS PERMISOS OTORGADOS POR LAS AUTORIDADES RECURRIDAS. Respecto a los agravios expuestos, es preciso indicar que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete revisar si los permisos otorgados por las autoridades públicas accionadas para la construcción de la gasolinera se ajusta o no a la normativa legal y reglamentaria vigente, pues ello implicaría sustituir a la Administración en sus funciones y, además, obviar la naturaleza sumaria del recurso de amparo. Vistos los agravios expuestos por los recurrentes, es preciso señalar que, no corresponde a esta Sala determinar los requisitos previstos en la ley ordinaria o el reglamento respectivo que deben cumplirse por parte de “JSM Upala”, ni establecer si la estación de servicio podría, eventualmente, contaminar el río Zapote. Las manifestaciones argüidas por los accionantes, constituyen supuestos que podrán ser presentados -si a bien lo tienen los gestionantes- ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrán, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Así las cosas, en cuanto a este aspecto, el presente recurso es inadmisible.

III.- SOBRE LAS INFRACCIONES AL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTOS DE PERMISOS. Los recurrentes cuestionan que se les irrespetó el derecho de participación ciudadana al otorgar los permisos sin previa audiencia a la comunidad. No obstante, es preciso indicar que este Tribunal, a partir de una mejor ponderación, estimó en la sentencia No. 6773-2014 de las 11:41 hrs. de 16 de mayo de 2014, que la sede natural para vigilar el cumplimiento del principio de participación ciudadana es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. En la referida resolución, se consideró lo siguiente:

“IV.- BAJO UNA MEJOR PONDERACIÓN. DISCUSIÓN DE LEGALIDAD. Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. Por esa razón, son ajenas y lejanas a la competencia de este Tribunal, las cuestiones que se plantean en el caso concreto, a saber, el mecanismo alternativo ordenado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –a raíz de la violencia y la situación de intimidación generada en las audiencias de 9 de noviembre de 2013 y 25 de enero de 2014– a fin de garantizar la fase de comentarios de los interesados y réplicas del desarrollador en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto de una nueva Terminal de Contenedores en Moín, a nombre de APM Terminals Moín S.A. En el caso específico, precisamente el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, no define si esa participación es a viva voz, por escrito o de qué manera se satisface la exigencia de la participación, lo cual requiere ser analizado en un proceso que permita la amplitud de prueba y contradictorio que, desde nuestro punto de vista, no encuadra en el amparo como proceso rápido, sencillo, sumario y especial de protección de derechos humanos fundamentales. Le corresponde entonces, al control de legalidad y no a este Tribunal Constitucional, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas), por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se ajustan o no, al ordenamiento jurídico infra constitucional. Por las razones indicadas, estimamos que el tema planteado está lejos de las competencias específicas, que la Sala Constitucional está llamada a proteger, sin que ello signifique que no merezca análisis en la jurisdicción ordinaria o de mera legalidad contenciosa administrativa, conforme al artículo 49 constitucional. (…)” A partir de lo expuesto, no le corresponde a este Tribunal definir –como lo pretenden los recurrentes– cuál debió ser el mecanismo para que, en el caso concreto, se garantizara de forma óptima la participación ciudadana, máxime que se pretende revisar la legalidad de las actuaciones administrativas. De este modo y conforme el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal Constitucional determinar si las conductas administrativas desplegadas (activas u omisas) por las autoridades recurridas en el caso concreto se ajustan o no al ordenamiento jurídico infra constitucional, todo lo cual deberá ser cuestionado por los recurrentes en las vías ordinarias de legalidad. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”.

El precedente transcrito resulta aplicable al sub lite, dado que no se encuentran motivos para variar el criterio vertido, ni razones para valorar de manera diferente la situación planteada. De este modo, tal como se indicó en la sentencia supra citada, no le corresponde a esta jurisdicción constitucional revisar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el proyecto de la estación de servicio JSM Upala cumplió, efectivamente, todos los requisitos exigidos por SETENA para el otorgamiento de la viabilidad ambiental de marras. De igual forma, advierta la parte accionante que no le compete a este Tribunal constatar que, en efecto, tal proyecto haya cumplido los requisitos previstos en la normativa infraconstitucional para obtener el permiso de construcción respectivo por parte del gobierno local de Upala. En adicción, en la especie se observa que se acusa que la viabilidad ambiental aludida se otorgó pese a que, el 22 de noviembre de 2016, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA emitió un dictamen general respecto a la estación de servicio JSM Upala, en el que se concluyó que tal proyecto poseía una vulnerabilidad específica final extrema, lo que implica un alto peligro de contaminación de los acuíferos encontrados del lugar. No obstante, sobre este tema se verifica que en realidad la viabilidad ambiental otorgada por SETENA a la estación de servicio JSM Upala se brindó en atención de lo consignado en el oficio SENARA-DIGH-UI-INF-0025-2018, en el que se dispuso que la clasificación de riesgo para el proyecto es media y que “Dado que los hidrocarburos se clasifican como de mediana toxicidad y baja amenaza, se permite el desarrollo del proyecto en una zona de media recarga”. Ergo, si a bien lo tiene la parte amparada, puede acudir ante las autoridades recurridas, o ante la vía jurisdiccional competente, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto, así como hacer valer sus pretensiones.

Por otra parte, la recurrente alega que, en enero de 2019, la Municipalidad de Upala otorgó el permiso de construcción, momento a partir del que se dio inicio a la obra concerniente al proyecto de la estación de servicio JSM Upala; empero, fue hasta el 4 de mayo de 2020 cuando se efectuó el nombramiento de la regente ambiental. Asimismo, acusa que, en el primer informe de regencia, dado el 5 de mayo del 2020, la regente ambiental se limitó a indicar que tomó la obra con un 90% de avance, lo que implica que no realizó alguna labor de fiscalización ambiental durante el desarrollo de la construcción de la obra, por lo que se limitó a emitir un informe sin identificar si se cumplió o no a cabalidad los estándares ambientales requeridos, lo que podría tener implicaciones en el río Zapote, el cual podría ser objeto de contaminación. Por lo anterior, pide que se determine la responsabilidad de SETENA por no dar adecuado seguimiento a la resolución n.° 1302-2018-SETENA.

Visto lo anterior, se estima oportuno traer a colación lo indicado por este Tribunal en la sentencia n.° 2020-022798 de las 10:05 horas del 27 de noviembre de 2020:

“III. Sobre el caso concreto. El recurrente acude en amparo y acusa que la concesión otorgada a la sociedad Agregados Filadelfia S.A. es improcedente, por lo que solicita que se declare que la concesión para extracción arenera es lesiva para el ambiente y la salud. Concretamente, refiere como agravios que la resolución que otorgó la concesión autoriza el uso de maquinaria para realizar la extracción de material, lo cual no se permite en otros proyectos de extracción arenera en la misma zona y, que el proyecto se encuentra dentro del Humedal Riberino Zapandí, administrado por el SINAC, sin que conste que se haya solicitado criterio a la Oficina de Coordinación del Programa Nacional de Humedales.

Por su parte, las autoridades recurridas relatan el proceso que llevó al otorgamiento de la concesión cuestionada, enfatizando que no consta ninguna oposición por parte del recurrente -ni de ningún tercero- en la fase de estudio de impacto ambiental ni tras la publicación de los edictos respectivos en el Diario Oficial La Gaceta. Sostienen que, efectivamente, el área donde se ubica el proyecto se encuentra dentro del Humedal Riberino Zapandí, el cual no posee un plan o categoría de manejo, y en la zona se permite el desarrollo de actividad minera. A mayor abundamiento, refieren el visto bueno otorgado por el Área de Conservación Tempisque (hecho probado c y f ). Además, explican que en dicha área existen zonas en donde se permite la actividad minera artesanal, sectores donde se permite la actividad minera mecanizada y sectores en donde no se permite –del todo- la actividad minera; y que la concesión cuestionado se encuentra dentro de la zona que permite extracción en forma mecanizada. Acotan que se elaboró un detallado proyecto de explotación, que especifica el tipo de maquinaria permitida, y que el concesionario está obligado a respetar dichos términos.

En reiterada jurisprudencia, esta Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el principio precautorio en materia ambiental, así como en relación con la obligación del Estado de asegurar que todos aquellos proyectos, de índole público o privado, se desarrollen bajo estrictos estándares que eviten cualquier daño al medio ambiente. De esta forma, el Estado, por medio de las instituciones creadas para tales efectos, deberá ejercer un control previo y posterior, en torno a la forma en la que se ejecutan los trabajos, las construcciones, los proyectos o las actividades de las empresas y comercios, para asegurar a todos los administrados, que no se ocasiona ningún tipo de daño ambiental con dichas actividades. Ahora bien, por las razones expuestas, ciertas actividades, como las mineras, requieren, de previo a llevarse a cabo, estudios y análisis de impacto ambiental, para lo cual se realizan investigaciones técnicas por parte de profesionales en cada área, para determinar si la actividad pretendida podría o no ocasionar algún perjuicio de ese tipo, todo con base en las diferentes legislaciones que regulan la materia ambiental, como de aguas, forestal, minera, entre otras. Posteriormente, una vez que se obtienen esos permisos de viabilidad o factibilidad, las autoridades administrativas deben prestar atención y atender oportunamente, las denuncias que se presenten por parte de aquellas personas que se consideran afectadas por alguna de las actividades mencionadas, ya sea una concesión, o trabajos privados y comerciales, con el fin de iniciar investigaciones que permitan establecer la veracidad de las quejas planteadas, para lo cual, nuevamente, deberá contarse con criterios técnicos al respecto. Es decir, para que esta Sala pueda corroborar una lesión a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que la persona afectada haya presentado una denuncia, y que, durante su trámite, se haya determinado que efectivamente se está ocasionando una daño al medio ambiente, y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna. Por otro lado, para verificar vulneraciones a los derechos de petición y respuesta o de justicia pronta y cumplida, se tendría que contar, indudablemente, con una denuncia, queja o gestión, que haya sido desatendida o analizada en plazos desproporcionales por parte de los órganos encargados de su trámite.

En el caso bajo estudio, no estamos frente a ninguno de esos escenarios. Consta en autos que la concesión cuestionada por la parte recurrente, previo a su aprobación, contó con todo un trámite administrativo complejo, que data de años y en el cual, se informa bajo fe de juramento, se llevó a cabo un estudio de impacto ambiental, obteniendo, finalmente la viabilidad ambiental y demás autorizaciones requerida para desarrollarse, sin que conste oposición alguna por parte del recurrente ni de nadie más.

IV.En este contexto, la Sala estima que el amparo es improcedente. En primer término, no le corresponde a un Tribunal Constitucional determinar en qué términos y bajo qué condiciones se debe otorgar una concesión en una ubicación concreta, y en consecuencia, anular el acto que la concede. De igual forma, si el recurrente considera que la solicitud no era procedente, debió oponerse al proyecto en los momentos oportunos previstos dentro del procedimiento administrativo que conoció dicha gestión. Ciertamente esta Sala interviene en casos en que se acusa una lesión al derecho a una ambiente sano y equilibrado; sin embargo, determinar si se debió coordinar o no con una dependencia específica o si se debe o no autorizar el uso de maquinaria y en qué términos, constituye una cuestión de índole técnica que excede la competencia de este Tribunal. Del análisis del caso y de los informes rendidos bajo fe de juramento no se aprecia ningún acto arbitrario por parte de las autoridades accionadas en el trámite del otorgamiento de la concesión, y se desprende de los mismos que el proceso cumplió con todas las etapas, requisitos y formalidades establecidos al efecto. Por ello, si la parte promovente no está de acuerdo con la concesión en disputa, ello es un conflicto de legalidad que deberá resolverse ante las propias autoridades accionadas, o bien, en la vía jurisdiccional ordinaria competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones en ese sentido. Ergo, el amparo debe ser declarado sin lugar”.

Mutatis mutandis, tal precedente resulta aplicable al sub lite. De este modo, para que este Tribunal pueda constatar una conculcación de los derechos ambientales, resulta menester que la persona presuntamente agraviada haya planteado una denuncia, producto de la cual se haya verificado que se está produciendo un daño al ambiente y que, a pesar de ello, las autoridades recurridas no hayan tomado medida alguna para resolver o corregir la situación. Ahora, en la especie, de los autos no se extrae que la amparada haya formulado alguna oposición en la fase de estudio de impacto ambiental del proyecto de estación de servicio JSM Upala, o que haya interpuesto alguna denuncia ante SETENA por la posible contaminación del río Zapote. Por lo que, no se cumple con el presupuesto antes indicado.

En todo caso, sobre este tema, tal como se señaló en líneas previas, la Sala observa que en mayo de 2020 se aportó ante SETENA el informe de regencia ambiental del proyecto JSM Upala atinente al período de regencia comprendido entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, en el que se consignó: “(…) Descripción del avance: El avance general del proyecto a la última fecha de visita 05 de mayo de 2020 es de un 90%, avance de la siguiente forma: Visita 05 de mayo 2020: Nombramiento de regente e ICOS realizado por error involuntario durante el mes de mayo 2020, se toma regencia y se realiza la primera visita al proyecto el 06 de mayo. Proyecto en nivel de avance de 90%. Bitácora para sellar entregada a SETENA aun no disponible, se habilita una bitácora temporal en el sitio para llevar registro de las visitas y serán pasados los datos a la sellada en cuanto se cuente con ella. Avance: Personal: Actualmente 2 personas (se mantuvieron entre 8 y 10) Maquinaria: Ninguna actualmente (se tuvo una vagoneta, excavadora y “backhoe”, todos alquilados al día y con RTV. Campamento: no hubo. Perímetro cerrado y proyecto con la rotulación de SETENA. Servicios: Agua, electricidad y recolección de basura. Permiso de ministerio de salud. Escombros: Ya no hay, se trasladaron al relleno de la localidad. Se cuentan con 4 servidores de combustible y a futuro se tendrá 1 de gas. Se cuenta con los pozos de observación y monitoreo de los tanques, los internos y los externos en triangulación según lo solicita la dirección de hidrocarburos. Pendiente únicamente detalles de pintura y demarcación. LISTA DE CONTROL AMBIENTAL DEL PERIODO. Compromisos ambientales: Se describen por parte a continuación: -Auditoría al equipo, seguridad y personal. Durante el proceso constructivo el personal cuenta con chaleco de seguridad, cascos y anteojos de protección, actualmente no se trabaja en techos por lo que no se implementas (sic) los arneses de seguridad. Además, la zona se encontró debidamente delimitada con malla y con paso restringido a cualquier ajeno a la construcción. Se recomendó que la maquinaria presente en la obra contara con todos los permisos vigentes y en condiciones óptimas para evitar fuga de productos contaminantes en suelos y/o aguas y para evitar accidentes laborales. Todo esto bajo la supervisión del ingeniero encargado, el maestro de obras, la administración y mi persona en las visitas de regencia. -Auditoría al suelo. Las actividades que se realizan actualmente en el proyecto no comprometen los suelos. Las fugas de aceites o similares solo podrían deberse a la maquinaria existente en el proyecto, sin embargo, se mantiene un estricto control de su funcionamiento y es revisada periódicamente. -Auditoría al aire y ruido. Los materiales de construcción (arena, cemento, otros) presentes en el proyecto se encuentran bajo control de polvo y se mantiene la cantidad requerida según el ritmo de construcción. Actualmente no se tiene maquinaria pesada que genere ruidos. -Auditoría al agua. Se identifica 1 río a menos de 100 m, sin embargo, se encuentra con una gran pendiente de por medio y no sufrido (sic) riesgos bajo la construcción del proyecto. Durante las visitas de regencia no se encontraron agentes contaminantes, las aguas negras y jabonosas se tratan adecuadamente. -Auditoría al deseo de residuos. Los desechos sólidos como escombros son reutilizados para zonas de relleno dentro de la misma construcción. Los residuos tradicionales generados por los operadores son dispuestos como basura común que recolecta el camión municipal o es llevado a chatarrera municipal. -Auditoría al proceso constructivo. La construcción no implica cambio en el uso del suelo, ya que se cuenta con este permiso originalmente, no se identifica flora, fauna, causes de agua superficiales, nacientes ni demás que puedan mostrar un desequilibrio ambiental. Observaciones del cumplimiento de los compromisos ambientales (reportar grado de avance de la obra en porcentaje) Como parte del seguimiento ambiental requerido para cada obra durante la construcción el desarrollador y la regente ambiental (mi persona) velan por el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en la declaración jurada (DJCC) para la viabilidad ambiental del proyecto. Dicho compromiso procurando evitar el impacto significativo al medio ambiente en todo el proceso hasta la etapa actual. Avance de obras en general: 90% (ver más en descripción de avance) Tareas y metas pendientes Mantener las normas de seguridad ocupacional y de control ambiental durante la operación. Conclusiones El proyecto se desarrolló según las medidas ambientales recomendadas y los compromisos asumidos en la declaración jurada. Recomendaciones Seguir las medidas ambientales ya estipuladas por la SETENA y por el regente ambiental: Mantener vigilancia de la seguridad de los trabajadores, uso de equipo de seguridad. Mantener un adecuado de los desechos sólidos durante la etapa operativa (…)” (el subrayado es del original y la negrita fue suplida).

Por su parte, en el informe rendido bajo juramento por la secretaría general de SETENA se indicó que: “(…) como parte de ese monitoreo que realiza la figura del regente ambiental, éste no tiene la obligación de verificar si las obras a nivel civil se construyen según las especificaciones bajo las cuales fueron otorgados los permisos constructivos, dado que claramente la fiscalización de las obras constructivas no recaen sobre la SETENA, ni forman parte de la Evaluación de Impacto Ambiental, sino que recae en las instituciones que otorgan los permisos constructivos, a saber el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Municipalidad en cuestión, en este caso la Municipalidad de Upala. Finalmente será la Dirección de Hidrocarburos quien emita el permiso para el expendio de combustibles, quien para ello determinará si las obras cumplen con los requerimientos para extender dicho permiso. Por lo que no lleva la razón la recurrente al indicar que ante una supuesta falta de supervisión del regente el proyecto puede ocasionar daños al ambiente, dado que como se explicó la fiscalización del regente se refiere a la implementación de las medidas ambientales y no de la construcción en sí. Medidas que se han cumplido según la regencia ambiental (…) se determina que se ha cumplido con los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental solicitados por esta Secretaría mediante la resolución No. 1302-2018-SETENA. De igual manera, se concluye que los estudios presentados por el desarrollador durante la fase de Evaluación de Impacto ambiental para demostrar que el proyecto sí cumplía con los requisitos para obtener la viabilidad ambiental; razón por la cual fue otorgada mediante la resolución supra citada, con el fin de obtener los permisos de construcción por parte de los entes competentes” (la negrita fue agregada).

De este modo, en el sub examine el Tribunal observa que en el fondo lo planteado por la accionante es una disconformidad con el seguimiento dado por SETENA a lo dispuesto en la resolución n.° 1302-2018-SETENA de las 7:05 horas del 4 de julio de 2018, así como con el accionar de la regente ambiental del proyecto de la estación de servicio JSM Upala. Sobre el particular, advierta la recurrente que tal discusión excede el ámbito de competencia de este Tribunal, dado que responde a cuestiones técnicas que harían necesaria una fase probatoria extensa, lo cual resulta incompatible con la naturaleza sumaria del amparo. En consecuencia, las disconformidades que tenga la tutelada con el seguimiento de SETENA a tal resolución y con el accionar de la mencionada regente ambiental, podrán ser expuestas, si a bien lo tiene, ante las instancias administrativas o jurisdiccionales competentes, sedes en las que podrá discutirse de manera amplia el asunto y hacer valer sus pretensiones.

Finalmente, la amparada acusa que la sociedad 3-101-701795 S.A. tramita bajo el expediente administrativo n.° ES-2-13-01-04 (antes ES-N-03-11-16) del MINAE, la concesión de expendio de combustible; sin embargo, a la fecha no ha sido brindada, por lo que solicita que se paralice su otorgamiento. Sobre este tema, advierta la parte recurrente que, tal como se consignó en líneas previas, no le corresponde a este Tribunal Constitucional determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si se cumplen o no los requisitos necesarios para que se otorgue una concesión de expendio de combustible a favor de la sociedad aludida. Por lo anterior, si a bien lo tiene la tutelada pueden plantear sus inconformidades en cuanto a tal tema en la vía de legalidad ordinaria.

En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

V.- RAZONES DISTINTAS DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado da razones distintas, en cuanto a la acusada violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Fernando Castillo V.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Alejandro Delgado F.

Ileana Sánchez N.

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