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Res. 08520-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 28/04/2021
OutcomeResultado
The Chamber rejected claims based on conflicts between statutes of equal rank, admitted the remaining constitutional claims, and consolidated the action with case No. 21-005756-0007-CO.La Sala rechazó los alegatos basados en conflictos entre leyes de igual rango, admitió los restantes reclamos constitucionales y acumuló la acción al expediente n.° 21-005756-0007-CO.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber conducted a preliminary review of an action challenging Law No. 9892, which created Isla San Lucas National Park. The claimant questioned, among other matters, the assignment of park administration to a governing board rather than SINAC, the prioritization of sustainable tourism over conservation, the alleged absence of supporting technical studies, and authorization of a trust mechanism. The Chamber summarily rejected only those arguments based on alleged conflicts between the challenged law and other statutes of equal rank. It reasoned that resolving statutory conflicts is a matter for the ordinary courts and does not constitute constitutional review. The remaining claims, including those invoking Article 50 of the Constitution and environmental principles, were declared admissible without any determination of their merits. Because an earlier constitutional action challenging the same provisions was already pending, the Chamber ordered this proceeding consolidated with case No. 21-005756-0007-CO and treated as an expansion of that action, thereby preventing potentially conflicting decisions.La Sala Constitucional examinó preliminarmente una acción contra la Ley n.° 9892, que creó el Parque Nacional Isla San Lucas. El accionante cuestionó, entre otros aspectos, que la administración se atribuyera a una junta directiva en vez del SINAC, que el desarrollo turístico sostenible recibiera prioridad frente a la conservación, que el nuevo modelo careciera de estudios técnicos y que se autorizara un fideicomiso. La Sala rechazó de plano únicamente los argumentos sustentados en supuestas contradicciones entre la ley impugnada y otras normas de igual rango, pues resolver antinomias legales corresponde a la jurisdicción ordinaria y no constituye control de constitucionalidad. Consideró admisibles los demás reclamos, incluidos los relacionados con el artículo 50 constitucional y los principios ambientales invocados, sin pronunciarse todavía sobre su fondo. Como ya se tramitaba una acción anterior contra las mismas disposiciones, ordenó acumular este expediente al n.° 21-005756-0007-CO y tenerlo como ampliación, con el propósito de evitar resoluciones contradictorias.
Key excerptExtracto clave
II.- Based on the foregoing, it must first be stated that it is not for this Court to determine whether a statutory provision conflicts with another provision of the same rank, because this does not constitute a constitutional matter but rather an issue of ordinary legality. In such a case, the ordinary courts have jurisdiction to determine the provision applicable to a specific case; resolving an alleged conflict between statutes is one of the ordinary functions of the courts of legality, not of the constitutional jurisdiction, as the Constitutional Jurisdiction Law clearly establishes. The action is therefore inadmissible only insofar as it alleges violations of Articles 32, 33, 34, 35, 36, and 37 of the Organic Environmental Law, Article 59 of the Biodiversity Law, Article 12 of Law No. 6084 creating the National Parks Service, and the Budgetary Oversight Strengthening Law. In all other respects, this proceeding is admissible. III.- Article 84 of the Constitutional Jurisdiction Law provides that if, after an action has been filed and before publication of the corresponding notice, other constitutional actions are brought against the same law, decree, provision, agreement, or decision, those actions shall be consolidated with the first and treated as an expansion thereof. Actions filed in that capacity by parties to suspended proceedings shall likewise be consolidated if submitted within fifteen days after the first publication of the notice. The record establishes that this proceeding was filed on April 8, 2021. Given the evident connection between the challenged subject matter here and that questioned in case No. 21-005756-0007-CO, pending before this Chamber since March 23, 2021, and to prevent conflicting decisions that could affect the rights and interests of the parties involved, this case is hereby consolidated with that proceeding and the corresponding claims are expanded. The action is summarily rejected only insofar as the claimant alleges violations of Articles 32, 33, 34, 35, 36, and 37 of the Organic Environmental Law, Article 59 of the Biodiversity Law, Article 12 of Law No. 6084 creating the National Parks Service, and the Budgetary Oversight Strengthening Law. In all other respects, this proceeding is admissible. This action shall be consolidated with the action pending before this Chamber under case No. 21-005756-0007-CO and treated as an expansion thereof.II.- A partir de lo anterior, resulta preciso indicar de previo, que no corresponde a este Tribunal determinar si una norma de rango legal contraviene o no una norma de la misma jerarquía, toda vez que ello no constituye un asunto de constitucionalidad, sino un tema de legalidad ordinaria, en cuyo caso es competencia de la jurisdicción común definir la norma aplicable a un caso concreto; nótese que definir una presunta antinomia entre normas de rango legal, es una de las funciones ordinarias de la jurisdicción de legalidad y no de la jurisdicción constitucional, tal como bien se define en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. De ahí que la acción sea inadmisible únicamente en cuanto se alegan vulnerados los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, el numeral 59 de la Ley de Biodiversidad, el 12 de la Ley n.° 6084 de Creación del Servicio de Parques Nacionales y la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario. En lo demás, este proceso resulta admisible. III.- El artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que, si después de planteada la acción y antes de la publicación del aviso respectivo se presentaren otras acciones de inconstitucionalidad contra la misma ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, esas acciones se acumularán a la primera y se tendrán como ampliación. También se acumularán las acciones que con ese carácter interpongan las partes de los juicios suspendidos, si fueren presentadas dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del aviso. Según se acredita en autos, este proceso fue interpuesto el 8 de abril de 2021. Por lo expuesto y ante la evidente conexidad que existe entre el objeto de impugnación en este asunto y lo cuestionado en el expediente número 21-005756-0007-CO que se tramita ante esta Sala desde el 23 de marzo de 2021, y a fin de evitar resoluciones contradictorias que pudieren afectar los derechos e intereses de las partes involucradas, se dispone, en este acto, acumular este expediente al citado y ampliar los extremos correspondientes. Se rechaza de plano la acción únicamente en cuanto el accionante alega vulnerados los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, el numeral 59 de la Ley de Biodiversidad, el 12 de la Ley n.° 6084 de Creación del Servicio de Parques Nacionales y la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario. En lo demás, este proceso resulta admisible. Acumúlese esta acción a la que bajo expediente número 21-005756-0007-CO se tramita ante esta Sala y téngase como ampliación de la misma.
Pull quotesCitas destacadas
"El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada."
"Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law authorizes the Chamber to reject summarily or on the merits, at any time and even upon filing, any application brought before it that is manifestly improper, when it considers that sufficient grounds exist to reject it, or when it merely repeats or reproduces an earlier identical or similar application that was rejected."
Resultando 8
"El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada."
Resultando 8
"En el sub examine, el accionante estima que la Ley n.° 9892 de Creación del Parque Nacional Isla San Lucas lesiona el principio de no regresión en materia ambiental, pues a pesar de tratarse de un parque nacional, la ley impugnada en el ordinal 8 atribuye su administración a una Junta Directiva y no al SINAC como corresponde, así como también modificó el objetivo esencial de un parque nacional, sobreponiendo la visitación a la conservación, al haberle dado en los artículos 2 y 4 alta prioridad al desarrollo turístico sostenible, fin que se aparta del modelo de manejo de parque nacional y que, por ello lesiona el principio de no regresión en materia ambiental y el artículo 50 constitucional, al reducir su nivel de protección anterior, así como el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ambiente y el 12 de la Ley n.° 6084 de Creación del Servicio de Parques Nacionales."
"In the matter under review, the claimant contends that Law No. 9892 creating Isla San Lucas National Park violates the principle of environmental non-regression because, despite the area's status as a national park, Article 8 assigns its administration to a governing board rather than SINAC, and because the law altered the essential purpose of a national park by placing visitation above conservation through the high priority assigned to sustainable tourism in Articles 2 and 4. The claimant argues that this departs from the national-park management model, reduces the previous level of protection, and therefore violates environmental non-regression, Article 50 of the Constitution, Article 35 of the Organic Environmental Law, and Article 12 of Law No. 6084 creating the National Parks Service."
Considerando I
"En el sub examine, el accionante estima que la Ley n.° 9892 de Creación del Parque Nacional Isla San Lucas lesiona el principio de no regresión en materia ambiental, pues a pesar de tratarse de un parque nacional, la ley impugnada en el ordinal 8 atribuye su administración a una Junta Directiva y no al SINAC como corresponde, así como también modificó el objetivo esencial de un parque nacional, sobreponiendo la visitación a la conservación, al haberle dado en los artículos 2 y 4 alta prioridad al desarrollo turístico sostenible, fin que se aparta del modelo de manejo de parque nacional y que, por ello lesiona el principio de no regresión en materia ambiental y el artículo 50 constitucional, al reducir su nivel de protección anterior, así como el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ambiente y el 12 de la Ley n.° 6084 de Creación del Servicio de Parques Nacionales."
Considerando I
"Refiere que, además, se lesiona el principio de objetivación de la tutela ambiental y los artículos 11 y 50 constitucionales, pues tales modificaciones se realizaron sin los estudios técnicos previos que se requiere para estos casos, lo que, además, vulnera los artículos 32, 33, 34 36 y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y el numeral 59 de la Ley de Biodiversidad."
"The claimant further asserts a violation of the principle requiring environmental protection to be grounded in objective evidence, as well as Articles 11 and 50 of the Constitution, because the modifications were made without the prior technical studies required in such cases; this also allegedly violates Articles 32, 33, 34, 36, and 37 of the Organic Environmental Law and Article 59 of the Biodiversity Law."
Considerando I
"Refiere que, además, se lesiona el principio de objetivación de la tutela ambiental y los artículos 11 y 50 constitucionales, pues tales modificaciones se realizaron sin los estudios técnicos previos que se requiere para estos casos, lo que, además, vulnera los artículos 32, 33, 34 36 y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y el numeral 59 de la Ley de Biodiversidad."
Considerando I
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EV Template Generation: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4ACCIN009.dpj Decision No. 2021008520 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen a.m. on April twenty-eighth, two thousand twenty-one.
Action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) filed by Nombre01, of legal age, divorced, a resident of Sabanilla de Montes de Oca, holder of identity card CED01, against Law No. 9892 Creating Isla San Lucas National Park.
Findings of Fact:
Owing to the requirements of both the purposes for which it was created and the technical planning instrument, namely, the management plan (plan de manejo), the Reglamento de la Ley de Biodiversidad defines the latter as the planning instrument that guides the management of a protected wildlife area (área silvestre protegida) toward achieving its long-term conservation objectives. It is based on medium-term strategic lines of action and management objectives for the natural and cultural elements within the area, as well as on the relationship between those elements and their socio-environmental surroundings. It serves as the basis for developing other planning and regulatory instruments for protected wildlife areas. Therefore, by establishing objectives entirely different from those set forth in the Ley Orgánica del Ambiente and by defining the need for a master plan (plan maestro), rather than a management plan, for managing the protected wildlife area, this Ley n.° 9892 contravenes the general principle of objective environmental protection (principio general de objetivación de la tutela ambiental), also known as the principle of adherence to science and technology (principio de vinculación a la ciencia y a la técnica), or the principle of reasonableness (principio de razonabilidad) in relation to environmental law, which has been recognized and extensively developed in constitutional case law.
It further states that this Chamber has likewise insisted that the existence of technical and scientific studies conducted before a decision is made constitutes an essential aspect of the legislative procedure, such that any deficiency or omission relating to such studies creates a defect in the lawmaking procedure. This therefore involves applying the constitutional principle of reasonableness to environmental law, requiring that the acts and rules issued in this field be duly supported by serious technical and scientific studies, even if no other legislation expressly so requires. These principles are entirely disregarded by Ley n.° 9892, which establishes a series of zones for the national park area, as well as an entirely different administrative model created without the technical basis necessary to justify it. Likewise, Article 59 of the Ley de Biodiversidad provides that the procedure established in the Ley Orgánica del Ambiente shall be followed when recommending that the category of existing protected wildlife areas be upgraded.
However, one of the substantive requirements established in Article 36 of the Ley Orgánica del Ambiente for the creation of protected areas was not met: justification through technical studies. This has constitutional significance because, without such studies, constitutional provisions, principles, and rights are violated, including Article 11 of the Constitution and Article 50 of the same text, which recognizes every person’s right to an ecologically balanced environment. The Legislative Branch may not assume the authority to expand and, through a law of the Republic, alter the technical management rules governing protected wildlife areas without the supporting technical studies required by Article 36 of the Ley Orgánica del Ambiente. With respect to the principle of non-regression (principio de no regresión), the Procuraduría General de la República issued a legal opinion that was not favorable and even warned the Asamblea Legislativa of the constitutional conflicts in the bill as it then stood with respect to its provisions.
It emphasizes the ruling of this Sala Constitucional in judgment 2010-013099, which resolved the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) processed under expediente 08-004317-0007-CO against decreto ejecutivo n.° 34282-TUR-MINAE-C. Finally, it argues that the challenged provision violates the Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario, n.° 9524, because Article 13 of the Ley de Creación del Parque Nacional San Lucas grants the Parque Nacional’s Board of Directors the authority to use a trust (fideicomiso) as an instrument for the administration, management, development, and maintenance of Parque Nacional Isla San Lucas in fulfillment of the purposes specified by law. This contravenes the Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario, n.° 9524, which provides that the budgets of instrumental legal entities attached to the Central Administration must be included in the National Budget Bill beginning in the 2021 period and consequently approved by the Asamblea Legislativa, in order to strengthen the ministries’ political oversight of their decentralized bodies (órganos desconcentrados).
The Contraloría General de la República has found that the execution of a decentralized body’s resources through mechanisms such as foundations or trusts violates the Executive Branch’s power of direction, which Ley n.° 9524 sought to strengthen, and circumvents the controls to which the public budget is subject. It therefore recommended that the legislature refrain from creating such mechanisms or enact the corresponding legislative amendments so that those resources are likewise incorporated into the Budget of the Republic. It requests that the transcribed provisions of norma n.° 9892, entitled Creación del Parque Nacional Isla San Lucas, be declared unconstitutional in their entirety because they are contrary to Articles 50 and 176 of the Constitution; the Convenio para la Protección de las Bellezas Escénicas de los países de América, Ley n.° 3763; the constitutional principle of reasonableness and, consequently, its governing principles, including prevention (preventivo), precaution (precautorio), in dubio pro natura (indubio pro natura), polluter pays (contaminador-pagador), full remediation (reparación integral), progressivity (progresividad), and non-regression; Article 59 of the Ley de Biodiversidad; Articles 32,33,34,35,36,37 of the Ley Orgánica del Ambiente; and the Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario, n.° 9524.
Justice Castillo Víquez delivers the opinion; and,
Whereas:
I.Regarding the subject matter of the challenge. In the case at hand, the petitioner considers that Ley n.° 9892 de Creación del Parque Nacional Isla San Lucas violates the principle of non-regression in environmental matters (principio de no regresión en materia ambiental), because, despite its status as a national park, Article 8 of the challenged law assigns its administration to a Board of Directors rather than to SINAC, as required, and also modified the essential purpose of a national park by placing visitation above conservation, having accorded high priority in Articles 2 and 4 to sustainable tourism development, a purpose that departs from the national-park management model and therefore violates the principle of non-regression in environmental matters and Article 50 of the Constitution by reducing its previous level of protection, as well as Article 35 of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 12 of Ley n.° 6084 de Creación del Servicio de Parques Nacionales.
He further asserts that the principle of objective environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) and Articles 11 and 50 of the Constitution are also violated because those amendments were made without the prior technical studies required in such cases, which also violates Articles 32, 33, 34, 36 and 37 of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 59 of the Ley de Biodiversidad. He further states that Article 13 of the challenged law provides for the creation of a trust (fideicomiso) as an instrument for administering the national park, contrary to the provisions of the Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario, because it could circumvent the controls to which the public budget is subject.
II.Based on the foregoing, it must first be stated that it is not for this Court to determine whether a statutory provision contravenes another provision of equal rank, since that does not constitute a constitutional matter but rather a question of ordinary legality, in which case the ordinary courts have jurisdiction to determine the provision applicable to a specific case. It should be noted that resolving an alleged conflict between statutory provisions is among the ordinary functions of the courts of legality, not the constitutional jurisdiction, as is clearly established in the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Accordingly, the action is inadmissible solely insofar as it alleges violations of Articles 32, 33, 34, 35, 36 and 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, Article 59 of the Ley de Biodiversidad, Article 12 of Ley n.° 6084 de Creación del Servicio de Parques Nacionales, and the Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario. In all other respects, this proceeding is admissible.
III.Article 84 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that if, after an action has been filed and before publication of the corresponding notice, other actions of unconstitutionality are filed against the same law, decree, provision, agreement, or decision, those actions shall be consolidated with the first and treated as an expansion thereof. Actions filed in that capacity by the parties to the stayed proceedings shall also be consolidated if filed within fifteen days after the first publication of the notice. As established in the record, this proceeding was filed on 8 de abril de 2021. In view of the foregoing and the evident connection between the subject matter challenged in this case and the matters challenged in expediente número 21-005756-0007-CO, which has been pending before this Chamber since 23 de marzo de 2021, and to avoid contradictory decisions that could affect the rights and interests of the parties involved, it is hereby ordered that this case be consolidated with the aforementioned case and that the corresponding claims be expanded.
Therefore:
The action is summarily dismissed solely insofar as the petitioner alleges violations of Articles 32, 33, 34, 35, 36 and 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, Article 59 of the Ley de Biodiversidad, Article 12 of Ley n.° 6084 de Creación del Servicio de Parques Nacionales, and the Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario. In all other respects, this proceeding is admissible. This action shall be consolidated with the action pending before this Chamber under expediente número 21-005756-0007-CO and shall be treated as an expansion thereof.
Fernando Castillo V.
Presiding Justice Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
CASE FILE N° 21-006852-0007-CO Telephone numbers: Telf01/ ALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf02 / Telf03. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Intake of matters involving vulnerable groups: Dirección03, San José, Distrito Catedral, Dirección04, streets 19 and 21, Dirección05
EV Generación de Machote: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4ACCIN009.dpj SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno .
Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre01, mayor, divorciado, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, con cédula de identidad CED01, contra la Ley n.° 9892 de Creación del Parque Nacional Isla San Lucas.
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.Sobre el objeto de impugnación. En el sub examine, el accionante estima que la Ley n.° 9892 de Creación del Parque Nacional Isla San Lucas lesiona el principio de no regresión en materia ambiental, pues a pesar de tratarse de un parque nacional, la ley impugnada en el ordinal 8 atribuye su administración a una Junta Directiva y no al SINAC como corresponde, así como también modificó el objetivo esencial de un parque nacional, sobreponiendo la visitación a la conservación, al haberle dado en los artículos 2 y 4 alta prioridad al desarrollo turístico sostenible, fin que se aparta del modelo de manejo de parque nacional y que, por ello lesiona el principio de no regresión en materia ambiental y el artículo 50 constitucional, al reducir su nivel de protección anterior, así como el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ambiente y el 12 de la Ley n.° 6084 de Creación del Servicio de Parques Nacionales.
Refiere que, además, se lesiona el principio de objetivación de la tutela ambiental y los artículos 11 y 50 constitucionales, pues tales modificaciones se realizaron sin los estudios técnicos previos que se requiere para estos casos, lo que, además, vulnera los artículos 32, 33, 34 36 y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y el numeral 59 de la Ley de Biodiversidad. Señala que, además, el artículo 13 de la ley impugnada dispone la creación de un fideicomiso como instrumento de administración del parque nacional, lo que contraviene lo establecido en la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario, ya que podría evadir los controles a los cuales se encuentra sujeto el presupuesto público.
II.A partir de lo anterior, resulta preciso indicar de previo, que no corresponde a este Tribunal determinar si una norma de rango legal contraviene o no una norma de la misma jerarquía, toda vez que ello no constituye un asunto de constitucionalidad, sino un tema de legalidad ordinaria, en cuyo caso es competencia de la jurisdicción común definir la norma aplicable a un caso concreto; nótese que definir una presunta antinomia entre normas de rango legal, es una de las funciones ordinarias de la jurisdicción de legalidad y no de la jurisdicción constitucional, tal como bien se define en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. De ahí que la acción sea inadmisible únicamente en cuanto se alegan vulnerados los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, el numeral 59 de la Ley de Biodiversidad, el 12 de la Ley n.° 6084 de Creación del Servicio de Parques Nacionales y la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario. En lo demás, este proceso resulta admisible.
III.El artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que, si después de planteada la acción y antes de la publicación del aviso respectivo se presentaren otras acciones de inconstitucionalidad contra la misma ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, esas acciones se acumularán a la primera y se tendrán como ampliación. También se acumularán las acciones que con ese carácter interpongan las partes de los juicios suspendidos, si fueren presentadas dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del aviso. Según se acredita en autos, este proceso fue interpuesto el 8 de abril de 2021. Por lo expuesto y ante la evidente conexidad que existe entre el objeto de impugnación en este asunto y lo cuestionado en el expediente número 21-005756-0007-CO que se tramita ante esta Sala desde el 23 de marzo de 2021, y a fin de evitar resoluciones contradictorias que pudieren afectar los derechos e intereses de las partes involucradas, se dispone, en este acto, acumular este expediente al citado y ampliar los extremos correspondientes.
Por tanto:
Se rechaza de plano la acción únicamente en cuanto el accionante alega vulnerados los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, el numeral 59 de la Ley de Biodiversidad, el 12 de la Ley n.° 6084 de Creación del Servicio de Parques Nacionales y la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario. En lo demás, este proceso resulta admisible. Acumúlese esta acción a la que bajo expediente número 21-005756-0007-CO se tramita ante esta Sala y téngase como ampliación de la misma.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
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