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Res. 08599-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/04/2021
OutcomeResultado
The amparo appeal is granted due to violation of the right of access to information, without award of costs, damages, or losses per the majority vote.Se declara con lugar el recurso de amparo por violación del derecho de acceso a la información, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios según el voto de mayoría.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo appeal against the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) for failing to respond to a request filed on January 26, 2021. The petitioner had sought a complete copy of file EAE-01-2019-SETENA, concerning the environmental assessment of the Regulatory Plan for the Canton of Barva. The Chamber found that the request was not answered until April 13, 2021—over two months later and only after the amparo had been notified. It held that this violated the right of access to administrative information protected by Article 30 of the Political Constitution. The appeal was granted, but the majority did not award costs, damages, or losses, as the underlying claim had been satisfied during proceedings. Several justices issued separate opinions arguing that such awards were mandatory under Articles 50 and 51 of the Constitutional Jurisdiction Law.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) por la falta de respuesta a una solicitud presentada el 26 de enero de 2021. El recurrente había pedido copia completa del expediente EAE-01-2019-SETENA, relacionado con la evaluación de la variable ambiental del Plan Regulador del Cantón de Barva. La Sala verificó que la gestión no fue atendida sino hasta el 13 de abril de 2021, es decir, más de dos meses después y con ocasión de la notificación del amparo. Consideró que ello vulneró el derecho de acceso a la información administrativa tutelado en el artículo 30 de la Constitución Política. Declaró con lugar el recurso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, por mayoría, ya que la pretensión de fondo fue satisfecha durante la tramitación. Varios magistrados salvaron su voto en relación con la condenatoria económica, defendiendo su procedencia con base en los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Key excerptExtracto clave
After analyzing the report and the evidence provided by the parties, this Chamber finds a violation of the petitioner's fundamental rights for the following reasons. The petition shows that the petitioner came before this Chamber for infringement of the right to access to information, as guaranteed by Article 30 of the Political Constitution, alleging that on January 26, 2021, he requested from SETENA a complete and updated copy of file EAE-01-2019-SETENA, relating to the regulatory plan submitted by the Municipality of Barva, yet by the date of filing this appeal he had not received any response to his request. This Chamber has duly proven that the request was filed on the stated date. It is also proven that, through official letter No. SETENA-DTEAE-0054-2021 dated April 13, 2021, the Acting Head of SETENA's Strategic Environmental Assessment Department informed the petitioner that he must appear at the Archive Department to obtain copies of the referenced file. Moreover, that response was notified to the petitioner on the following day, April 14, 2021. That is, a decision was made on the petitioner's request and he was notified of that decision only upon notification of the amparo appeal—which occurred on April 13, 2021—and more than two months after it was filed. Therefore, the amparo must be granted.Después de haber analizado el informe y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala verifica la vulneración a los derechos fundamentales del recurrente por las razones que a continuación se expondrán. Del escrito de interposición, se desprende que el recurrente acude ante esta Sala por la infracción al derecho de acceso a la información, así garantizado por el artículo 30 de la Constitución Política, pues acusó que el 26 de enero de 2021 solicitó a la SETENA copia completa y actualizada del expediente EAE-01-2019-SETENA, en relación al plan regulador presentado por la Municipalidad de Barva, sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso, no había recibido respuesta alguna a esa pretensión. Ahora bien, esta Sala tuvo como debidamente demostrado la presentación de esa gestión en la fecha indicada. También se acreditó que mediante oficio No. SETENA-DTEAE-0054-2021, del 13 de abril de 2021, el Jefe en ejercicio del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA, le comunicó al recurrente que se debe apersonar al Departamento de Archivo para que proceda a sacar las copias del expediente en referencia. Además, se tiene que esa respuesta se le notificó al día siguiente: 14 de abril de 2021. Es decir, se resolvió sobre lo pretendido por el administrado y se le comunicó sobre lo dispuesto respecto a tal gestión, con ocasión de la notificación del recurso de amparo, -diligencia que se realizó el 13 de abril de 2021- y más de dos meses después de presentada. Por ende, procede la estimatoria del amparo.
Pull quotesCitas destacadas
"El derecho de acceso a la información administrativa es un mecanismo de control en manos de los administrados, puesto que, le permite a éstos, ejercer un control óptimo de la legalidad y de la oportunidad, conveniencia o mérito y, en general, de la eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por los diversos entes públicos."
"The right of access to administrative information is a control mechanism in the hands of the governed, since it allows them to exercise optimal control over the legality, timeliness, convenience, or merit and, generally, over the effectiveness and efficiency of the administrative function carried out by the various public entities."
Considerando III
"El derecho de acceso a la información administrativa es un mecanismo de control en manos de los administrados, puesto que, le permite a éstos, ejercer un control óptimo de la legalidad y de la oportunidad, conveniencia o mérito y, en general, de la eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por los diversos entes públicos."
Considerando III
"[...] el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”."
"[...] the essential content of the right to amparo is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Every decision granting the appeal shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the enforcement of the judgment.”"
Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas
"[...] el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”."
Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas
"En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado."
"In my opinion, such exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such award is always appropriate, even when the respondent issues an administrative or judicial decision that revokes, stops, or suspends the challenged act, unless it is shown unequivocally and clearly that no compensable injury was caused in the specific case."
Voto salvado del Magistrado Salazar Alvarado
"En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado."
Voto salvado del Magistrado Salazar Alvarado
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: 08:15, April 30, 2021 Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with protected data, in accordance with current regulations *210053900007CO* Res. No. 2021008599 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the thirtieth of April, two thousand twenty-one.
Amparo appeal filed by [Name 001], of legal age, married, identity card No. [Value 001], against the General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat.
Whereas:
1.- Through a document received at the Secretariat of the Chamber at 16:09 hours on March 17, 2021, the appellant files an amparo appeal against the General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) and states that by means of official letter JON-2601-2021, dated January 26, 2021, received by the respondent authority that same day, he requested the following: "I am writing to you in relation to the Land-Use Plan (Plan de Ordenamiento Territorial) of Barva, expediente EAE-01-2019-SETENA. 1- I request a complete copy of the expediente updated to this day. Furthermore, I request that my appearance and participation in the process of evaluating the studies, reports, and environmental viability of the regulatory plan (plan regulador) of the canton of Brava (sic) be taken into consideration" (document provided as evidence). However, up to the moment of filing this appeal, he has not yet obtained a response to his petition, nor what was requested, thereby violating his fundamental rights.
2.- By means of a resolution at 13:37 hours on March 18, 2021, the Presidency of the Chamber admitted this amparo and requested a report from the National Environmental Technical Secretary on the facts alleged by the appellant.
3.- Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as General Secretary of SETENA, reports under oath (document submitted at 10:54 hours on April 15, 2021) that, regarding what was alleged by the appellant, it is reported that on April 14, 2021, the Department of Strategic Environmental Assessment (Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica), by means of official letter No. SETENA-DTEAE-0054-2021, notified the response to Mr. [Name 001] at the following address: [...], indicated by the appellant. The mentioned official letter is attached to this report as evidence for a better resolution, as is the email by which it was notified to the appellant. Now, regarding what was required by the petitioner, it must be considered that the appellant can appear to review the expediente at any time he deems necessary, since all the information is contained therein and is publicly accessible. Additionally, he was informed that, if he needs certifications of this matter, it is necessary that he provide the photocopies of the documents he wishes to be certified, as well as the legal stamps to be attached to said photocopies. It must be considered that in the case at hand, the process of Evaluation of the Environmental Variable (Evaluación de la Variable Ambiental) of a Regulatory Plan requires a longer period for resolution, as in-depth technical analyses are involved; consequently, with the issuance of the response, this Administration has complied with what was required by the petitioner. The final result of the Evaluation and of the objections or petitions will be communicated in due course upon the issuance of the final substantive resolution. Currently, we are awaiting the interested Municipality to present information for a better resolution, required at the time, so it is premature to issue the final resolution. In light of the foregoing considerations, this Secretariat requests that the response to the appellant be considered satisfied. It requests that the appeal be dismissed.
4.- The legal requirements have been observed in the procedures followed.
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considering:
I.- Purpose of the appeal. The appellant alleges a lack of response to the petition received on January 26, 2021, through which he requested from SETENA a complete and updated copy of expediente EAE-01-2019-SETENA, in relation to the regulatory plan submitted by the Municipality of Barva.
II.- Proven facts. Of importance for the decision on this matter, the following facts are considered duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:
III.- On the right of access to public information. Regarding the right protected by Article 30 of the Constitution, this Chamber, in judgment No. 2009-001298, at 12:20 hours on January 30, 2009, stated that "The right of access to administrative information is a control mechanism in the hands of the administered, since it allows them to exercise optimal control over legality and opportunity, convenience or merit, and, in general, over the efficacy and efficiency of the administrative function carried out by the various public entities. Efficient and effective public administrations are those that submit to public control and scrutiny, but citizen control cannot exist without adequate information. In this way, a logical link can be established between access to administrative information, knowledge and handling thereof, effective or timely citizen control, and efficient public administrations. The right of access to administrative information has a deep foundation in a series of principles and values inherent to the Social and Democratic Rule of Law (Estado Social y Democrático de Derecho), on which, at the same time, it acts. Thus, effective and direct citizen participation in the management and handling of public affairs is inconceivable without a significant body of information about administrative competencies and services; likewise, the democratic principle is strengthened when the various social, economic, and political forces and groups participate actively and informatively in the formation and execution of public will. Finally, the right of access to administrative information is an indispensable tool, like many others, for the full force of the principles of administrative transparency and publicity." IV.- On the specific case. After having analyzed the report and the evidence provided by the parties, this Chamber verifies the violation of the appellant's fundamental rights for the reasons that will be set forth below. From the filing document, it is clear that the appellant comes before this Chamber for the infringement of the right of access to information, as guaranteed by Article 30 of the Political Constitution, since he claimed that on January 26, 2021, he requested from SETENA a complete and updated copy of expediente EAE-01-2019-SETENA, in relation to the regulatory plan submitted by the Municipality of Barva; however, as of the date of filing this appeal, he had not received any response to that request. Now, this Chamber considered the presentation of that petition on the indicated date to be duly proven. It was also accredited that by means of official letter No. SETENA-DTEAE-0054-2021, dated April 13, 2021, the Acting Head of the Department of Strategic Environmental Assessment of SETENA informed the appellant that he must appear at the Archive Department to proceed to make copies of the expediente in reference. Furthermore, it is held that this response was notified to him the following day: April 14, 2021. That is, it was resolved what was sought by the administered party, and he was informed of what was ordered regarding that petition, on the occasion of the notification of the amparo appeal—a proceeding carried out on April 13, 2021—and more than two months after it was filed. Therefore, the granting of the amparo is appropriate.
VI.- Conclusion. By virtue of the foregoing, the amparo against the respondent is considered appropriate for non-observance of the principle protected in Article 30 of the Constitution, without issuing any specific order, since the substantive claim has already been satisfied, in the terms deemed appropriate, in accordance with the provisions of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).
VII.- On the award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Under a better weighing, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable"), the granting must be without a special award of costs (costas), damages and losses (daños y perjuicios), based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the judgment to indicate that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered "solely for purposes of indemnification and costs, if applicable." It is underlined that the Law indicates "if applicable," which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly referred to an impact on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubts in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: "every resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of assessing whether indemnification and costs apply or not is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, where appropriate, International or Community Law, and, additionally, in their order, the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction—cf. Article 14. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if deemed appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.
VIII.- Dissenting vote of Magistrate Hernández López, on the economic consequences derived from granting this appeal.
I concur with the majority of the Chamber in the decision taken regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I dissent from its decision regarding the matter of the economic consequences of said declaration.
The constitutional jurisdiction under the charge of this Court in matters of amparo and habeas corpus—the jurisdiction of liberty as it is called—is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, confronted by a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to persons in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, carry out concrete exercises of authority capable of violating them.
That protective vocation of constitutional jurisdiction is realized in a procedural design that is also peculiar, swift, and free, where the respondent public authority is imposed the simple rendering of "a report" on what was done in the reported case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). Thus, it is not technically a litigation, and in accordance with this, broad powers are given to the Constitutional Chamber to guide the course of the amparo or habeas corpus process, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify what occurred. Such procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties confronting each other such that what one gains the other loses, requires us to distance ourselves from the solutions that have been foreseen for these latter issues in procedural systems such as the civil, contentious, or labor systems.
In what is now of interest, the Law of Constitutional Jurisdiction regulates, in its Articles 46 and following, three specific aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, under the charge of the Chamber: a) the first aspect relates to the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers enjoyed by the Court to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective manner, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (Article 51 LJC) establishes rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus processes, in such a way that—upon the finding of an injury by the Chamber—there exists a restoration of the enjoyment of such rights and, additionally, an effective indemnification for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the authorities found to be violators, which are not only for the purposes of effective judicial protection for the petitioner but also have a deterrent purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave basis for the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the Law of Constitutional Jurisdiction.
On this last aspect, the Law, in its Article 51, orders the Chamber that "every resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal...". This is the general system that regulates the matters of the indemnity scope, for the cases that the majority identifies as "the natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights..."; in such cases, among which the one now being decided is included, the Chamber has found the grievance proven, and hence the need for an award of costs, damages, and losses, which is based on the aforementioned concept of effective protection of persons' rights and on the notion that the Administration must take responsibility for the damages and expenses it causes with its unconstitutional actions. This conclusion is not changed by the fact that, upon hearing and resolving the amparo, "the effects of the challenged act may have ceased" (Article 50), as such a case forms an integral part of the general system of automatic award of costs, damages, and losses, it being understood that the process has ended normally and the violation has been verified.
Within this simple and clear general framework—and lacking deficiencies or gaps—the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as a case of exception, applicable only in cases where the Chamber has not heard of, nor pronounced on, the merits of the claim, that is—as the majority says—in those situations of "abnormal termination of the process." But the conditions and scope for decreeing this form of conclusion are precisely delimited by the legislator; firstly, the factual prerequisites for the application of this norm are clearly described, so that the Chamber must verify: 1) that the amparo is in progress; 2) that there exists an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that said resolution unquestionably orders the revocation, stopping, or suspension of the challenged action. These are highly circumscribed concepts, whose scope of application must also be interpreted restrictively, not only in view of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but because the consequences of applying such an exception indisputably generate a diminution in the fundamental right of persons to achieve effective judicial protection against the damages received from the injury to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Court has confirmed all of the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic award of costs, damages, and losses, and exercise—as judges—our legal discretion to decide whether the payment of such items is ordered or not.
In this case, the foregoing exercise obliges us to conclude the inapplicability of Article 52 of the LJC, since, on the one hand, the Court has pronounced on the merits of the matter, has acknowledged with its declaration an injury to fundamental rights, and has determined who its author was; the foregoing in no way resembles an "abnormal termination of the process." On the other hand, neither are the requirements of the recently cited Article 52 verified, since there is no "administrative or judicial resolution" formally issued and in which, expressly, the act originating the violation of constitutional rights is revoked, stopped, or suspended; For all of the foregoing, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and order—as a consequence of having proven the violation—the award of damages, losses, and costs caused, as the economic consequences of the process.
But even if we were to set aside the automatic award of damages, losses, and costs, disregarding the foregoing reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impact on the exercise of the fundamental rights of the protected person, which, as a harmful action, carries with it a presumption of the arising of economic damages and losses—whose concrete determination is not for the Chamber—and no relevant merit is appreciated in the expediente that persuades for exempting the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided for in the law.
IX.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. While I concur with the rest of the Chamber in granting the appeal, I dissent from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:
"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable." Moreover, in Article 51 ibidem, it is established that:
"...every resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." This last norm establishes the general system that regulates matters related to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls "the natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…".
In the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the scenarios in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to some fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in the referenced Article 52—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the award against the violator for the indemnification of the damages and losses caused and for the payment of the costs of the appeal. This rule is no more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not incur again in the actions that gave basis for the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved person (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the violator, whose foundation lies in the principles of protection of persons' rights and in that the Administration must take responsibility for the damages and losses it causes with its unconstitutional actions.
Thus, the fact that at the time of hearing and granting the amparo, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary award on these points contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.
On the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even when it has not heard of, nor pronounced on, the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration agreed in their favor by the Administration regarding the enjoyment of those rights; a situation which, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an "abnormal termination of the process." The legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that unquestionably orders the revocation, stopping, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated there, the appeal shall be granted "solely for purposes of indemnification and costs, if applicable." As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it is only applicable in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.
In my view, this exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, said award is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is shown in an indubitable and clear manner that in the specific case no injury whatsoever capable of being indemnified was caused. Only and exclusively in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. Since in this case there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction—the granting of this appeal must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and I so declare.
X.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable." My interpretation of that norm is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if applicable" refers to the costs.
Furthermore, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.
Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not indemnification but restitution; however, Article 51 of the LJC states: “Any decision that upholds the remedy shall order, in the abstract, the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the proceeding, and shall reserve their liquidation for the execution of the judgment”.
If the right has been violated and the Chamber so finds, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, their order in the abstract is appropriate. If this were not done, if such an order were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—deriving from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an order in the abstract being issued, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary proceeding shall so declare, because only that judge is competent to take as proven the real existence and magnitude thereof.
Given the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when an amparo proceeding is pending. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may order the payment of costs, even when the right has been restored.
For the foregoing reasons, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not the order of costs.
XI.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE. The parties are advised that, if any paper document has been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period shall be destroyed, as provided in the "Electronic Case File Regulation for the Judiciary", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The remedy is granted, without special order as to costs, damages, or losses. Judge Hernández López issues a partially dissenting vote and orders the award of damages, losses, and costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Judge Salazar Alvarado issues a partially dissenting vote and orders the award of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas issues a partially dissenting vote and orders the award of damages and losses, but not the order of costs. Notify.
Fernando Castillo V. President Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
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SCIJ of the Office of the Attorney General of the Republic
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *210053900007CO* Res. Nº 2021008599 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], mayor, casado, cédula de identidad No. [Valor 001], contra la Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:09 horas del 17 de marzo de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y expresa que por medio del oficio JON-2601-2021, de 26 de enero de 2021, recibido por la autoridad recurrida ese mismo día, le solicitó lo siguiente: "me dirijo a ustedes con relación al Plan de Ordenamiento Territorial de Barva, expediente EAE-01-2019-SETENA. 1- Solicito copia completa del expediente actualizado al día de hoy. Además, solicito se tome en consideración mi apersonamiento y participación en el proceso de evaluación de los estudios, informes y viabilidad ambiental del plan regulador del cantón de Brava (sic)" (documento que se aporta como prueba). Sin embargo, hasta el momento de la interposición de este recurso, aún no ha obtenido respuesta a su gestión, ni lo solicitado, lesionándose sus derechos fundamentales. 2.- Mediante resolución de las 13:37 horas del 18 de marzo de 2021, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Secretario Técnico Nacional Ambiental, sobre los hechos alegados por el recurrente. 3.- Informa bajo juramento Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de Secretaria General de la SETENA (escrito presentado a las 10:54 horas del 15 de abril de 2021), que, en cuanto a lo alegado por el recurrente, se informa que en fecha 14 de abril de 2021, el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, por medio del oficio No. SETENA-DTEAE-0054-2021 notificó la respuesta al señor [Nombre 001] a la siguiente dirección: [...], indicada por el recurrente. El oficio mencionado se adjunta al presente informe como prueba para mejor resolver, al igual que el correo mediante el cual se notificó al recurrente. Ahora bien, en relación a lo requerido por el accionante, debe tomarse en consideración que el recurrente puede apersonarse a revisar el expediente en el momento que lo estime necesario, ya que toda la información consta en el mismo y es de acceso público. Adicionalmente, se le indica que, si necesita certificaciones de ese asunto, es necesario que aporte las fotocopias de los documentos que desea que le sean certificados, así como los timbres de ley para ser adjuntados a dichas fotocopias. Debe tomarse en consideración que en el caso que nos ocupa, el proceso de Evaluación de la Variable Ambiental de un Plan Regulador, requiere de un plazo más amplio de resolución, en el tanto están inmersos análisis técnicos de fondo, de manera que, con la emisión de la respuesta, esa Administración ha cumplido con lo requerido por la accionante. El resultado final de la Evaluación y de las oposiciones o gestiones serán dadas a conocer en su oportunidad con la emisión de la resolución final de fondo. En la actualidad se está a la espera que la Municipalidad interesada presente información para mejor resolver, requerida en su oportunidad, por lo que resulta prematuro emitir la resolución final. En razón de las consideraciones anteriores, solicita esa Secretaría se tenga por cumplida la respuesta al recurrente. Pide declarar sin lugar el recurso. 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente alega falta de respuesta de la gestión recibida el 26 de enero de 2021, mediante la cual solicitó a la SETENA copia completa y actualizada del expediente EAE-01-2019-SETENA, en relación al plan regulador presentado por la Municipalidad de Barva. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: 1) Por medio del oficio JON-2601-2021, del 26 de enero de 2021, recibido por la autoridad recurrida ese mismo día, el recurrente [Nombre 001] requirió a la SETENA lo siguiente: "me dirijo a ustedes con relación al Plan de Ordenamiento Territorial de Barva, expediente EAE-01-2019-SETENA. 1- Solicito copia completa del expediente actualizado al día de hoy. Además, solicito se tome en consideración mi apersonamiento y participación en el proceso de evaluación de los estudios, informes y viabilidad ambiental del plan regulador del cantón de Barva" (documento aportado por el recurrente). 2) El 13 de abril de 2021, se notificó a la autoridad recurrida la resolución de las 13:37 horas del 18 de marzo de 2021, mediante la cual se le dio curso a este amparo (véase acta de notificación respectiva). 3) Mediante oficio No. SETENA-DTEAE-0054-2021, del 13 de abril de 2021, Oscar Umaña Fernández, Jefe en ejercicio del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA, le comunicó al recurrente lo siguiente: “ Asunto: Respuesta a su oficio consecutivo número 0903-2021. Referencia: Expediente EAE-001-2019-SETENA. Incorporación de la Variable Ambiental en el Plan Regulador del Cantón de Barva. Estimado señor: Con respecto su solicitud, fundamentada en su pregunta: 1. Solicito copia del expediente actualizado al día de hoy. R/ Se debe apersonar al Departamento de Archivo para que proceda a sacar las copias del expediente en referencia. El horario del archivo institucional es el siguiente: Lunes, martes y jueves de 7 a 11. viernes de 7 a 3. Miércoles cerrado. Tal como lo señala el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente “toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a ser escuchada por la SETENA, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de las actividades, obras o proyectos”. Sus observaciones serán incluidas en el expediente y valoradas en el informe final y se tiene como apersonado en el expediente EAE-001-2019-SETENA” (informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada). 4) El 14 de abril de 2021, se notificó al recurrente el oficio No. SETENA-DTEAE-0054-2021 a la siguiente dirección: [...], indicada por el interesado (informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada). III.- Sobre el derecho de acceso a la información pública. Acerca del derecho que tutela el artículo 30 Constitucional, esta Sala en la sentencia No. 2009-001298, de las 12:20 horas del 30 de enero de 2009, señaló que “El derecho de acceso a la información administrativa es un mecanismo de control en manos de los administrados, puesto que, le permite a éstos, ejercer un control óptimo de la legalidad y de la oportunidad, conveniencia o mérito y, en general, de la eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por los diversos entes públicos. Las administraciones públicas eficientes y eficaces son aquellas que se someten al control y escrutinio público, pero no puede existir un control ciudadano sin una adecuada información. De este modo, se puede establecer un encadenamiento lógico entre acceso a la información administrativa, conocimiento y manejo de ésta, control ciudadano efectivo u oportuno y administraciones públicas eficientes. El derecho de acceso a la información administrativa tiene un profundo asidero en una serie de principios y valores inherentes al Estado Social y Democrático de Derecho, los cuales, al propio tiempo, actúa. Así, la participación ciudadana efectiva y directa en la gestión y manejo de los asuntos públicos resulta inconcebible si no se cuenta con un bagaje importante de información acerca de las competencias y servicios administrativos, de la misma forma, el principio democrático se ve fortalecido cuando las diversas fuerzas y grupos sociales, económicos y políticos participan activa e informadamente en la formación y ejecución de la voluntad pública. Finalmente, el derecho de acceso a la información administrativa es una herramienta indispensable, como otras tantas, para la vigencia plena de los principios de transparencia y publicidad administrativas”. IV.- Sobre el caso concreto. Después de haber analizado el informe y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala verifica la vulneración a los derechos fundamentales del recurrente por las razones que a continuación se expondrán. Del escrito de interposición, se desprende que el recurrente acude ante esta Sala por la infracción al derecho de acceso a la información, así garantizado por el artículo 30 de la Constitución Política, pues acusó que el 26 de enero de 2021 solicitó a la SETENA copia completa y actualizada del expediente EAE-01-2019-SETENA, en relación al plan regulador presentado por la Municipalidad de Barva, sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso, no había recibido respuesta alguna a esa pretensión. Ahora bien, esta Sala tuvo como debidamente demostrado la presentación de esa gestión en la fecha indicada. También se acreditó que mediante oficio No. SETENA-DTEAE-0054-2021, del 13 de abril de 2021, el Jefe en ejercicio del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA, le comunicó al recurrente que se debe apersonar al Departamento de Archivo para que proceda a sacar las copias del expediente en referencia. Además, se tiene que esa respuesta se le notificó al día siguiente: 14 de abril de 2021. Es decir, se resolvió sobre lo pretendido por el administrado y se le comunicó sobre lo dispuesto respecto a tal gestión, con ocasión de la notificación del recurso de amparo, -diligencia que se realizó el 13 de abril de 2021- y más de dos meses después de presentada. Por ende, procede la estimatoria del amparo. VI.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se considera procedente el amparo contra la accionada por inobservancia al principio tutelado en el artículo 30 Constitucional, sin dictarse orden alguna en concreto, toda vez que la pretensión de fondo ya fue satisfecha, en los términos que se estima corresponde, de conformidad con lo que establece el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. VII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. VIII.- Voto salvado de la Magistrada Hernández López, sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria. La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho, o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos. Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral. En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional. En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que, al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación. Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso ”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no. En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso. Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley. IX.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: “ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso ”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro. X.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicia l", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
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