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Res. 07464-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 16/04/2021

Failure to address complaints about constructions and shacks on beaches violates right to a healthy environmentOmisión de atender denuncias sobre construcciones y ranchos en playas afecta el derecho a un ambiente sano

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber granted the amparo after verifying that the respondent entities had not definitively resolved the complaint about constructions and pollution on Higuito and Pilón beaches, nor adequately informed the petitioner, thus violating the right to a healthy environment.La Sala declaró con lugar el amparo al comprobar que las entidades recurridas no habían resuelto definitivamente la denuncia sobre construcciones y contaminación en las playas Higuito y Pilón, ni informado adecuadamente al recurrente, vulnerando así el derecho a un ambiente sano.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by the president of the Pavones Tourism Chamber Association against the Osa Conservation Area (SINAC), the Municipality of Golfito, and the Ministry of Health. The petitioner argued that these institutions failed to properly address a complaint filed in March 2020 regarding constructions and improvised shacks on Higuito and Pilón beaches, causing health issues and pollution, especially critical during the COVID-19 pandemic. The Chamber verified that, although the Ministry of Health and the Municipality took some actions, the situation had not been definitively resolved and the complainant was not fully informed. Notably, the Osa Conservation Area had not informed the petitioner about any measures taken. The Chamber considered that this omission violated the right to a healthy and ecologically balanced environment and the right to petition. Consequently, the amparo was granted and the respondent institutions were ordered to coordinate and take necessary steps to definitively resolve the complaint within three months. The State and the Municipality were condemned to pay costs, damages, and losses. Separate notes by Justices Rueda Leal and Salazar Alvarado addressed vicarious standing and jurisdictional competence, respectively.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por el presidente de la Asociación Cámara de Turismo de Pavones contra el Área de Conservación Osa (SINAC), la Municipalidad de Golfito y el Ministerio de Salud. La parte recurrente alegó que estas instituciones no atendieron adecuadamente una denuncia presentada en marzo de 2020 sobre la existencia de construcciones y ranchos improvisados en las playas Higuito y Pilón, lo que generaba problemas sanitarios y contaminación, especialmente crítica durante la pandemia de COVID-19. La Sala constató que, si bien el Ministerio de Salud y la Municipalidad realizaron algunas acciones, no se había resuelto definitivamente la situación ni se había informado de manera completa al denunciante sobre las gestiones. En particular, el Área de Conservación Osa no había informado al recurrente sobre las medidas adoptadas. La Sala consideró que la omisión vulneraba el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho de petición. En consecuencia, declaró con lugar el amparo y ordenó a las instituciones recurridas coordinar y disponer lo necesario para resolver en definitiva la denuncia en un plazo de tres meses. Se condenó al Estado y a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios. Los magistrados Rueda Leal y Salazar Alvarado añadieron notas separadas sobre legitimación vicaria y competencia respectivamente.

Key excerptExtracto clave

“Regarding the Osa Conservation Area, it was demonstrated that through official letter No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 of June 10, 2020, a report was issued on the interinstitutional inspection carried out on the 9th of that same month, which concluded that there were constructions in the public zone of the polygon certified as State Natural Heritage. Additionally, six constructions were georeferenced in the Public Zone of the polygon Certified State Natural Heritage (SINAC-MINAE administration), one construction outside the Public Zone within State Natural Heritage, and seven constructions in the Public Zone outside the State Natural Heritage. Therefore, according to the acting director of the Osa Conservation Area, it is necessary to demand from the ICT on behalf of the State and from the respondent municipality compliance with the legal and regulatory framework, since SINAC's competence would focus solely on the area classified as State Natural Heritage. In addition, she explains that, in view of the fact that the information gathered for the preparation of this report is unclear and may be outdated, it is essential to establish a characterization of the occupation with the objective that, once Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special, No. 9577, is no longer in force. Even though it was verified that an action plan was designed for these purposes to establish the route to follow, it was not adequately and reliably proven that the complainant was informed about this matter or that any measure was taken to solve the problem. Under this reasoning, the Chamber considers that the claimed grievance occurred.”“En lo que atañe al Área de Conservación Osa, se demostró que por oficio No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 de 10 de junio de 2020, se rindió un informe de la inspección interinstitucional que se realizó el 9 de ese mismo mes, la cual concluyó que existían construcciones en la zona pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado. Además, se georreferenciaron seis construcciones en la Zona Pública del polígono Certificado Patrimonio Natural del Estado (administración SINAC-MINAE), una construcción fuera de la Zona Pública en Patrimonio Natural del Estado y siete construcciones en Zona Pública, fuera del Patrimonio Natural del Estado. Por lo anterior, según afirma la Directora a.i. de esa Área de Conservación Osa, es necesario exigir al ICT en nombre del Estado y a la municipalidad recurrida el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, pues la competencia del SINAC se enfocaría únicamente al área clasificada como Patrimonio Natural del Estado. Aunado a lo anterior, explica, en vista de que la información que se levantó para la elaboración de ese informe es poco clara y podría estar desactualizada, es imprescindible establecer una caracterización de la ocupación con el objetivo de que una vez se no esté vigente la Ley de Protección de ocupantes de zonas clasificadas como Especiales, 9577. Si bien, se verificó que a esos efectos se dispuso un plan de acción que permita establecer la ruta a seguir, no consta idónea y fehacientemente que al denunciante se le haya informado nada sobre el particular, ni que haya dispuesto medida alguna para resolver el problema. Bajo esta inteligencia, aprecia la Sala se produjo el agravio reclamado.”

Pull quotesCitas destacadas

  • "La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas."

    "The objective obligation of the State in environmental protection matters does not necessarily entail a subjective right of individuals to demand through judicial bodies that a specific measure be taken, but it does entail that appropriate measures be adopted to safeguard that right in the face of openly negligent attitudes by public authorities."

    Considerando V

  • "La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas."

    Considerando V

  • "la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país."

    "The interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven State inertia, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in the exercise of their rights."

    Considerando V

  • "la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país."

    Considerando V

  • "tratándose de materia ambiental, como la que es objeto en este recurso, la Sala sí ha aceptado la legitimación vicaria, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 105 de la Ley de Biodiversidad, que reconoce una acción popular al señalar: 'Toda persona está legitimada en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad'."

    "In environmental matters, as is the subject of this appeal, the Chamber has indeed accepted vicarious standing, in accordance with the provisions of article 105 of the Biodiversity Law, which recognizes a popular action by stating: 'Every person has standing in administrative or judicial proceedings for the defense and protection of biodiversity.'"

    Nota del Magistrado Rueda Leal

  • "tratándose de materia ambiental, como la que es objeto en este recurso, la Sala sí ha aceptado la legitimación vicaria, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 105 de la Ley de Biodiversidad, que reconoce una acción popular al señalar: 'Toda persona está legitimada en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad'."

    Nota del Magistrado Rueda Leal

Full documentDocumento completo

Procedural marks

**Constitutional Chamber** **Resolution No. 07464 - 2021** **Resolution Date:** April 16, 2021 at 09:15 **Expediente:** 21-001802-0007-CO **Drafted by:** Ileana Sánchez Navarro **Reviewed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with separate note** **Relevance Indicators** Relevant judgment **Related Judgments** **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** CONSTRUCTION.

07464-21. ENVIRONMENT. VARIOUS INSTITUTIONS ARE ORDERED TO RESOLVE, WITHIN A THREE-MONTH PERIOD, THE COMPLAINTS FILED REGARDING IMPROVISED CONSTRUCTIONS AND RANCHOS ON HIGUITO AND PILÓN BEACHES IN OSA. VCG05/2021 **Other References:** JUDGMENT: 2545-08 **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** PETITION **Subtopics:** OMISSIVE.

07464-21. PETITION. THE PETITIONER FILED A COMPLAINT ABOUT THE EXISTENCE OF IMPROVISED CONSTRUCTIONS AND RANCHOS ON HIGUITO AND PILÓN BEACHES AND THE AGENCIES HAVE NOT ADDRESSED IT.

“(…) Despite the foregoing, although on the occasion of the notification of the order admitting the petition, the Golfito Health Governing Area ordered an inspection at Playa Pilón to verify if the previously existing conditions at that location had changed, which allowed verification that the denounced problem persisted at Playa Pilón, it was not demonstrated that the petitioner was informed thereof. Precisely because of the above, this Tribunal considers that the claimed omission occurred.

(…)

In addition to the above, although on the occasion of the notification of the order admitting the petition to the appealed local authorities, a report was provided and notified to the petitioner regarding the actions intended to be implemented on the occasion of his complaint, there is no record that the denounced problem has been addressed. As such, the Chamber considers that the claimed violation occurred.

With regard to the Osa Conservation Area, it was demonstrated that through official communication No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 of June 10, 2020, a report was issued on the inter-institutional inspection carried out on the 9th of that same month, which concluded that there were constructions in the public zone of the polygon certified as State Natural Heritage. Furthermore, six constructions were georeferenced in the Public Zone of the polygon certified as State Natural Heritage (SINAC-MINAE administration), one construction outside the Public Zone on State Natural Heritage, and seven constructions in the Public Zone, outside the State Natural Heritage. For the foregoing reason, according to the Acting Director of that Osa Conservation Area, it is necessary to demand that the ICT on behalf of the State and the respondent municipality comply with legal and regulatory provisions, since SINAC's competence would focus solely on the area classified as State Natural Heritage. In addition to the above, she explains that, given that the information gathered for the preparation of that report is unclear and could be outdated, it is essential to establish a characterization of the occupation so that, once Law 9577, the Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special, is no longer in effect, action can be taken. Although it was verified that for these purposes an action plan was established to determine the path to follow, there is no suitable and reliable record that the complainant was informed of anything on this matter, nor that any measure was taken to resolve the problem. Under this understanding, the Chamber considers that the claimed grievance occurred. (…)” VCG05/2021 **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 050- Environment **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION “(…) V.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of this right requires that resources be used rationally, and that the State is responsible for protecting the environment, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obliges the State to provide everything that is necessary, within the scope allowed by law, in order to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the social conditions conducive to enabling each person to enjoy their health, this right being understood as a situation of physical, psychological (or mental), and social well-being (see Judgment No. 1998-0180 of 4:24 p.m. on January 13, 1998). The State's objective obligation regarding environmental protection does not unavoidably entail a subjective right for individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that those suitable for the protection of that right be adopted, in the face of openly negligent attitudes by public authorities, or by natural or legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate the areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that harm the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo remedy, a specific type of benefit activity from the State in compliance with its duty to protect the life, health, or right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those persons' rights. From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inertia by the State, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in exercise of their rights. (…)” VCG05/2021 ...

**Content of Interest:** **Type of content:** Separate note **Branch of Law:** 6. LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 033- Active standing **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

VII.- NOTE BY JUSTICE RUEDA LEAL. I must warn that since judgment No. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been the following regarding amparo remedies when these have been filed on behalf of a legal entity:

“…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition to legal entities with special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that “Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.” On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Granier et al. v. Venezuela); however, in order for this to be protectable before the inter-American system, “the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are indeed being protected and not those of legal entities. Indeed, proof must be provided beyond the mere participation of the natural person in the activities inherent to the legal entity, so that said participation relates substantially to the rights alleged to have been violated.” (emphasis added) (AO. 22/16)”.

Now, although the remedy in question is filed on behalf of a legal entity, it is no less true that in the sub iudice, the failure to address an environmental complaint filed before the respondent authorities is alleged, through which the existence of improvised constructions and ranchos on Playas Higuito and Pilón was claimed. In view of the foregoing, it is pertinent to note that this Tribunal has validated vicarious standing in environmental matters, as seen in judgment No. 2018-018870 of 9:40 a.m. on November 13, 2018: “(…) regarding environmental matters, such as that which is the subject of this remedy, the Chamber has accepted vicarious standing, in accordance with the provisions of article 105 of the Biodiversity Law, which recognizes a popular action by stating: “Any person has standing in administrative or judicial proceedings, in defense and protection of biodiversity” (see judgments No. 2018-1185 and 2018-1794). Consequently, the petition is admitted and the merits of the claim will be examined.” By virtue of the foregoing, given that this is a case of vicarious standing, I consider it pertinent to hear the remedy filed on behalf of the protected legal entity.

VCG05/2021 ...

**Content of Interest:** **Type of content:** Separate note **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** CONSTRUCTION.

VIII.- NOTE BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if intervention by the Public Administration has already occurred, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the alleged contamination is claimed, produced by improvised constructions and ranchos on Playas Higuito and Pilón, which was reported to the Municipality of Golfito and the Ministry of Health, without the problem being definitively resolved, causing harm to a healthy and ecologically balanced environment.

VCG05/2021 ...

**Text of the resolution**  Res. No. 2021007464 **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine fifteen on April sixteenth, two thousand twenty-one.

Amparo remedy filed by JOSEPH DOUGLAS ROBERTSON JR., passport 487373244, on behalf of the ASOCIACIÓN CÁMARA DE TURISMO DE PAVONES, legal identification 3002754000, against the OSA CONSERVATION AREA (SINAC-ACOSA), THE MUNICIPALITY OF GOLFITO, AND THE MINISTRY OF HEALTH.

**WHEREAS:** 1.- By means of a brief filed at 1:16 p.m. on January 29, 2021, the petitioner filed an amparo remedy against the Osa Conservation Area, the Municipality of Golfito, and the Ministry of Health, since, according to his statement, he is the President of the Asociación Cámara de Turismo de Pavones and, complying with the firm agreement of the Board of Directors of the entity he represents, he seeks amparo against the Director of the SINAC-ACOSA Wildlife Refuge, the Mayor, and the President of the Council, both of Golfito, because these authorities have done nothing regarding the situation brought to their attention by the Golfito Health Governing Area, as follows: Field inspection reports Nos. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, MS-DRRSBRU-URS-IT-0140-2020, and MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 evidenced the invasion of the maritime-terrestrial zone of Playa Pilón, a place where they found structures located in the inalienable space under municipal administration, in the public zone, and on state natural heritage, for which reason the respondent authorities were asked, in official communications addressed to them, to generate a plan to address this problem, with an action schedule and the respective budget, as well as to keep the Ministry of Health authorities informed about the actions issued. The petitioner expresses his concern about the way this situation affects the beaches, the neighbors, and the tourists; he alleges that the Ministry of Health has also not processed anything related to the complaint filed by that Tourism Chamber, nor has it ensured the right to health; on the contrary, the repeated emergency declarations demonstrate that we are in a second wave of the Covid-19 pandemic and the contamination problem has increased. This was made known in a communication addressed to the Ministry of Health authorities, to the email addresses [email protected] and [email protected] on December 11, 2020. The petitioner expresses his disagreement because since August 19, 2020, when the Ministry of Health summoned the other authorities to address the problem raised within a reasonable time; more than five months have passed and they have not acted. He considers the principle of prompt response and his right to a prompt and complete response violated. Furthermore, he reproaches that there is negligence on the part of the respondent authorities in addressing the public health problem and responding to the Ministry of Health's requirements. He requests that the respondents be ordered to immediately address the public health problems expressed by the Ministry of Health and that they be ordered to pay costs, damages, and losses.

2.- By resolution issued at 10:20 a.m. on February 1, 2021, the remedy was transferred and a report was requested from the Director of the Wildlife Refuge of the Osa Conservation Area (Sinac- Acosa), the Mayor and the President of the Council, both of Golfito, the Minister of Health, and the Director of the Golfito Health Governing Area, regarding those facts.

3.- Daniel Salas Peraza reports under oath, in his capacity as Minister of Health, and indicates that he addresses this legal report based on Official Communication No. MS-DRRSBRU-1921-2021 of February 4, 2021, issued by Dr. Christian Valverde, in his capacity as Regional Director of the Brunca Health Governance Office, who, in summary, states the following:

“(…) 1. In March 2020, this Ministry received an unsigned note reporting improvised constructions and ranchos at Playa Higuito and Playa Pilón where some families reside. This complaint was also sent to the Customer Service Directorate. The note indicates it is on behalf of the Board of Directors of the Tourism Chamber Association and the email is sent by Mr. Joseph Robertson.

2. Through official communication MS-DRRSBRU-ARSGO 0295-2020, Dr. Fernando Mata informs Mr. Robertson that he has received the note and that the complaint was forwarded to the Municipality of Golfito for them to address the case within their competencies. (folio 11) 3. On June 9, 2020, an inter-institutional operation was carried out, with the participation of officials from the Municipality of Golfito, SINAC, and the Ministry of Health. On-site, the Instrument for Verification of Complaints regarding Wastewater in Urbanizations or Residential Areas was applied. (Folio 13 and 14).

4. Through official communication SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, Ms. Ana Cecilia Medina Gutiérrez issues an inspection report for Puerto Pilón, which concludes that there are constructions in the public zone of the polygon certified as State Natural Heritage; furthermore, six constructions were georeferenced in the Public Zone of the polygon Certified State Natural Heritage (SINAC-MINAE administration), one construction outside the Public Zone on State Natural Heritage, and seven constructions in the Public Zone, outside the State Natural Heritage (administration of the Municipality of Golfito). (folio 15 to 18) 5. Ms. Jovita Morera and Eng. Marvin Salamanca, officials from the Health Governance Unit, issue report MS-DRRSBRU-URS-IT-140-2020 of June 11, 2020, which states that the hamlet located at Playa Pilón fails to comply with provisions regarding wastewater management and that they use wells for human consumption water supply, but that these wells do not respect the legal setback and that it is the responsibility of the Municipality of Golfito to issue the corresponding administrative acts (folio 20 and 21) 6. Technical report MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 of June 22, 2020, signed by Eng. Hellen Rodríguez, official of the Golfito Health Governing Area, which states that during the visit made on June 9, 2020, to Playa Pilón, it is evident that the reported situation persists, there are a total of thirteen structures that lack a wastewater treatment system and, given that the structures are located within State Natural Heritage, it is the responsibility of the Municipality of Golfito and SINAC to issue the necessary administrative acts to resolve the contamination that is occurring (Folio 22 to 24).

7. Report MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020 of June 22, 2020, signed by Eng. Hellen Rodríguez, official of the Golfito Health Governing Area, which states that during the visit made on June 9, 2020, to Playa Higuito, the reported situation does not persist and there are no people camping at the location. (Folio 25 and 26).

8. Through official communication MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 of August 18, 2020, Dr. Fernando Mata requests Ms. Laura Rivera Quintanilla, Director of the Golfito Wildlife Refuge SINAC-ACOSA, a plan to address the problem which establishes a schedule and respective budget. (Folio 28).

9. Through official communication MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 of August 18, 2020, Dr. Fernando Mata requests Mr. Freiner Lara Blanco, Mayor of the Municipality of Golfito, a plan to address the problem which establishes a schedule and respective budget. (Folio 29).

10. Through official communication MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, Dr. Fernando Mata informs Mr. Joseph Robertson of the actions taken to date. (Folio 31).

11. Through official communication MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1218-2020, of November 13, 2020, Dr. Fernando Mata requests Ms. Laura Rivera, Director of the Golfito Wildlife Refuge SINAC-ACOSA, a report on the actions taken, understanding that there is a public health problem and an environmental impact. (Folio 33).

12. Through official communication MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1219-2020, of November 13, 2020, Dr. Fernando Mata requests Mr. Freiner Lara Blanco, Mayor of the Municipality of Golfito, a report on the actions taken, understanding that there is a public health problem and an environmental impact. (Folio 34).

13. Through official communication MS-DRRSBRU-ARSG-0043-2021, of January 20, 2021, addressed to Mr. Freiner Lara Blanco, Mayor of the Municipality of Golfito, and Ms. Laura Rivera, Director of the Golfito Wildlife Refuge SINAC-ACOSA, Dr. Fernando Mata, in follow-up to official communications MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 and MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, asks them to inform him of the steps taken. (Folio 40 and 41).

14. Through official communication MS-DRRSBRU-ARSG-0044-2021, of January 20, 2021, Dr. Fernando Mata informs the undersigned about the actions carried out.

15. By means of official communication SINAC-ACOSA-D-033-2021, dated January 21, 2021, Ms. Laura Rivera Quintanilla forwards to Dr. Fernando Mata the report SINACACOSA-RNFSG-AD-086-2020, to which I referred in point four of this communication. (Folio 49 to 53) 16. Through official communication AM-MG-O-0024-2021 of January 25, 2021, Mr. Freiner Lara Blanco, Mayor of the Municipality of Golfito, informs Dr. Fernando Mata that the official communication MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 was referred to the Valuations Department and the Maritime-Terrestrial Zone Department, attaches reports MG-OV-INT-043-20200 and MS-OV-IT-026-2019, and concludes his communication indicating that they are awaiting the opinion of the Environmental Commission. (Folio 54-114).

17. On January 26, 2021, Dr. Fernando Mata sends an email to Ms. Laura Rivera Quintanilla, requesting that she provide the information previously requested in order to respond to the complainant and the superior authorities. (Folio 115).

18. Through official communication MS-DRRSBRU-ARSGO-0056-2021 of January 28, 2021, Dr. Fernando Mata informs the complainant of the actions taken in response to his complaint. (Folio 117) 19. Through official communication MS-DRRSBRU-1503-2021, and in response to official communication MS-DGS-0046-2021, the undersigned informs the complainant of the actions taken (…)” In accordance with the foregoing, the Ministry, through the authorities of the Golfito Health Governing Area and the Brunca Regional Health Governance Office, has provided attention and follow-up to the case at hand and a response has been sent to the protected party, keeping him informed about the actions taken by this Ministry in accordance with its competencies. This is recorded in notifications made to the protected party here, according to the case file for the matter at hand, which the Golfito Health Governing Area will forward to this Chamber. It is not superfluous to indicate that matters related to the ownership, development, use, and exploitation of maritime-terrestrial zones constitute municipal competence, in this case, that of the Municipality of Golfito.

4.- Freiner Lara Blanco reports under oath, in his capacity as Mayor of Golfito, and indicates that, through an agreement transcribed by official communication SMG-T-0479-08-2020 of August 27, 2020, the Council reviewed official communication MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 of August 18, 2020, in which it was agreed to refer the complaint to the administration so that the relevant actions could be taken and a report rendered to that body. Through Official Communication No. MG-OV-INT-043-2020 of October 1, 2020, it is stated:

“The attached report as an annex shows that the problem has existed since 2007, given that in that sector the inspection staff prepared an inventory of the constructions in the same sector. The Legal Advisory, Service Platform, Inspections, and Mayor's Office departments have been verbally consulted, and no documentation of the case is known, to determine if there is evidence of relocation of the occupants of the zone at that time or eviction records. The colleague, Ms. Victoria Blanco Moraga, located a copy of a file containing some information on procedures carried out in 2009 regarding the same problem, with no record of any project execution.

A series of sketches of zones proposed for the relocation of the persons classified as fishers, who live in the area, are observed in the file.

Regarding these, we must indicate that the zone is currently occupied (administrative files are unknown, their current status, and if they were previously occupants of the sector in conflict) … therefore it is not recommended as a solution to the problem …

1.1. Recent Proposal Although the Regulation is clear on how to proceed with illegal occupations, the institution should not ignore the social problem existing in this specific sector. A solution to both problems could be found if the necessary resources are available.

This department at one time worked on a proposal to provide an option to relocate these illegal occupants. The proposal that was developed consists of enabling a sector in the Restricted Zone of the Maritime-Terrestrial Zone that is currently zoned in the Costal Regulatory Plan Sector A Puerto Pilón as a Zone of Community Facilities and Zone of Tourist Accommodation. This zone is located 500 linear meters from the place currently occupied. A general image of the place is shown.

The reason for proposing this zone is that work was being done on the development of the Comprehensive Regulatory Plan of Pavones (PRI), jointly with the ICT, and in the sector demarcated in green as a proposed zone for relocation, a proposal has been made to implement secondary and tertiary roadways, given that this zone currently lacks real access.

The PRC proposes a roadway that originates from deeded land. The necessary expropriations have not currently been made, and there are constructions on the layout of these roads.

Image 3 shows the roadway proposed in the PRI in green. This enters through the restricted zone. The tertiary streets seen in front of landmarks 514, 515, 516 are those that would provide access to the defined public zone of the Ría de la quebrada Pavón, the same place where the local cemetery is located, access to which has been requested on other occasions, and it is these roads that would provide the option to subdivide the sector if a zoning change is made.

Image 4 shows an example of a subdivision layout. The described zone would be changed to Residential Zone use in the PRC. It is necessary to emphasize that this is only a proposal that was considered for the PRI process; it is not for immediate implementation, since for that the implementation process of said Regulatory Plan would need to be concluded, which is estimated to take 2 or 3 years. Furthermore, the solution would be to provide an option to local residents so that, if they so wish, they can apply for one of the proposed lots through the figure of the concession, being unable to develop the land until the concession is duly registered in the National Registry (sic).

Conclusions and Recommendations.

It has been evidenced in the previous points that the Municipality's technical team has carried out the necessary processes (survey and inspection) requested for a process whose line is unknown, but which, however, serves for the Administration to take the necessary actions. The eviction processing procedure and how to intervene is unknown, so I suggest requesting a legal advisory opinion on how to proceed in these cases.

I also consider it necessary to verify if there are social welfare projects in which, after carrying out a socioeconomic assessment of each family nucleus, another housing option can be given to the occupants, work that must be carried out by the Municipality's social worker or social promoter.

It can also be observed in the file provided by the person in charge of the Service Platform that the matter was brought to the attention of the Joint Institute for Social Assistance in 2009. Advice can be sought from this and other institutions and even learn about projects that can provide housing options to the affected persons.

From the Appraisal Report MG-OV-IT-026-2019 dated August 6, 2019, signed by official Eng. Bryan Tenorio Sánchez in his capacity as Surveyor for the Valuations Office regarding the Survey of Constructions in the Public Zone, Pavones, the following is concluded: “…all constructions (except those occupied by Mr. Luis Concepción Caballera, which due to their proximity to the landmark line are intended to be surveyed with specialized equipment), are in the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone. Some of these already confirmed in Official Communication No. MGPS-20175-2007, prepared by the inspection colleagues, with the occupants and even improvements to the land changing on some occasions.

The survey will be carried out on August 7, 2019, jointly with the inspectors. Additionally, a second on-site visit will be made for cases in which the occupants of the constructions were not found.

Other constructions located in the Restricted Zone of the maritime-terrestrial zone in the same sector were analyzed. However, they are dealt with in another report due to the direct relationship with concession applications open at the municipality.

Subsequently, through Official Communication No. AM-MG-O-0024-2021 dated January 25, 2021, reference is made to the actions carried out in response to Official Communication No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 dated August 18, 2020, in which the proposals issued through Official Communication No. MG-OV-INT-043-2020 dated October 1, 2020, signed by Eng. Bryan Tenorio Sánchez in his capacity as Surveyor of the Valuation Office and the official María del Carmen Vargas Arrieta in her capacity as Acting Manager, are attached.

from the Maritime-Terrestrial Zone Department, both of the Municipality of Golfito" Thus, it is proven that the Municipal Administration has been taking actions regarding the case of encroachments (invasiones) on public land within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), which is why it is not true that no response has been given to the petitioner, much less that no actions have been taken regarding the complaint filed by the petitioner.

5.- Gustavo Mayorga Mayorga provides a sworn report, in his capacity as President of the Golfito Municipal Council (Concejo de Golfito), and reiterates the claims made by the Mayor (Alcalde) of that canton.

6.- Fernando Mata Castro provides a sworn report, in his capacity as Director of the Golfito Governing Health Area (Área Rectora de Salud de Golfito), and indicates that in March 2020, via email, an unsigned note was received, complaining about buildings (construcciones) and improvised shacks (ranchos improvisados) at Playa Higuito and Playa Pilón, where some families reside. This complaint was forwarded, in the same manner, also to the Customer Service Department (Dirección de Atención al Cliente). The note indicates it is on behalf of the Board of Directors (Junta Directiva) of the Chamber of Tourism Association (Asociación Cámara de Turismo) and the email was sent by Joseph Robertson. By Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSGO 0295-2020 dated April 23, 2020, a response was provided to the petitioner, acknowledging receipt of the note, and informing that it was forwarded to the Municipality of Golfito for them to address the case within their competencies. On June 9, 2020, a multi-institutional on-site verification operation was carried out, in which officials from the Municipality of Golfito, SINAC, and the Ministry of Health (Ministerio de Salud) participated. The Ministry applied the Verification Instrument for Wastewater Complaints in Residential or Housing Developments (Instrumento de Verificación a Denuncias por Aguas Residuales en Urbanizaciones o Residenciales). Through Official Letter No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 dated June 10, 2020, an on-site verification report was submitted, which concludes that six constructions were georeferenced in the Public Zone (Zona Pública) of the certified polygon of Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), administered by SINAC-MINAE; one construction outside the Public Zone in Natural Heritage of the State; and seven constructions were georeferenced in the Public Zone, outside the Natural Heritage of the State, under the administration of the Municipality of Golfito. Additionally, the report states that in the case of Playa Higuito in Pavones, the individuals who at some point occupied the site under a precarious condition (condición precaria) had already withdrawn from the place. Ms. Jovita Morera and Engineer Marvin Salamanca, officials of the Health Governance Unit (Unidad de Rectoría de la Salud) of the Brunca Regional Directorate (Dirección Regional Brunca) of the Ministry of Health, issued Report MS-DRRSBRUURS-IT-140-2020 dated June 11, 2020, in which they state that the settlement (caserío) located at Playa Pilón fails to comply with the provisions regarding wastewater management and that they use wells for their human consumption water supply, but that these wells did not respect the legally required setback (retiro de ley) and that it was the responsibility of the Municipality of Golfito to issue the corresponding administrative acts. Technical Report No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 dated June 22, 2020, from the Golfito Governing Health Area, indicates that the June 9, 2020 visit to Playa Pilón showed that the reported situation persisted, as there were a total of thirteen structures lacking a wastewater treatment system, and since the structures are located within the Natural Heritage of the State, it is the responsibility of the Municipality of Golfito and SINAC to issue the necessary administrative acts to resolve the pollution that is occurring. Report MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020 dated June 22, 2020, states that in the visit carried out on June 9 to Playa Higuito, the reported situation no longer persisted, since there were no people camping at the site. Through Official Letters Nos. MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 and MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, both dated August 18, 2020, the respondents were ordered to develop a plan to address the problem, establishing an action timeline and the respective budget, and also to keep this office informed about the actions issued. Through Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0712-2020 dated August 18, 2020, a second update on the actions taken to date was provided to the petitioner. In the absence of a response, through Official Letters Nos. MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1218-2020 and MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1219-2020, both dated November 13, 2020, a report was requested from the Mayor of Golfito on the actions taken, on the understanding that a public health problem and an environmental impact exist. Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSG-0043-2021 dated January 20, 2021, addressed to the Mayor of Golfito and the Director of the Golfito National Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Golfito) SINAC-ACOSA, in follow-up to the aforementioned Official Letters MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 and MSDRRSBRU- ARSGO-0711-2020, a report on the actions taken was requested for the third time. Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSG-0044-2021 dated January 20, 2021, the Regional Director of Health Governance of Brunca was informed about the actions taken. In response to the request, through Official Letter No. SINAC-ACOSA-D-033-2021 dated January 21, 2021, Report SINAC-ACOSARNFSG-AD-086-2020 was forwarded. In response to the request, through the respondent Mayor's Official Letter No. AM-MG-O-0024-2021 dated January 25, 2021, it was reported that Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO- 0711-2020 had been sent to the Valuations Department (Departamento de Valoraciones) and the Maritime-Terrestrial Zone Department, attaching reports MG-OV-INT-043-2020 and MS-OV-IT-026-2019, and that they were awaiting the opinion (dictamen) of the Environmental Commission. On January 26, 2021, an email was sent to the M.Sc. Director of the Conservation Area (Área de Conservación) requesting that the information previously requested be provided, in order to respond to the complainant and to senior authorities. Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0056-2021 dated January 28, 2021, a third update on the actions taken in response to the note was provided to the petitioner. Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-1503-2021 dated January 27, 2021, and in response to Official Letter No. MS-DGS-0046- 2021, the Regional Director of Health Governance of Brunca informed the petitioner. Having been notified of this appeal (recurso) on February 3, 2021, the Health Regulation Technician of the Governing Health Area was ordered to carry out a verification at Playa Pilón. Through Technical Report MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0058-2021, a report of this visit was submitted, which concludes that a settlement of people was observed on the beach, featuring permanent structures for living and the performance of subsistence activities (fishing and related activities). Furthermore, the conditions detected persist. This office has been diligent in addressing the case and the matters raised, for which reason the amparo appeal (recurso de amparo), as far as this entity is concerned, must be dismissed, and this is hereby requested.

7.- Laura Rivera Quintanilla provides a sworn report, in her capacity as Acting Director (Directora a.i.) of the Osa Conservation Area (Área de Conservación Osa) of the National System of Conservation Areas (SINAC), and indicates that it is not true that no action has been taken to address the claimed problem. From report SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, the following is gathered:

"…Six constructions were georeferenced in the Public Zone of the certified polygon of Natural Heritage of the State, administered by SINAC-MINAE.

One construction outside the Public Zone, within the PNE.

Seven constructions were georeferenced in the ZP, outside the PNE, under the administration of the Municipality of Golfito…" In the cases mentioned in Official Letter No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, all constructions except one are located in the Public Zone; therefore, it is not possible to process or grant a use permit (permiso de uso). Regarding the construction mentioned to be in the restricted area, it would be necessary to determine if it is under a concession (concesión) and, if so, in whose name, because the report is not very clear, to ascertain if it might have any use permit application. It can be certified that no use permit has been granted in this sector belonging to Pavones. Likewise, in accordance with Law 6043, it is the ICT that is responsible for the general supervision and monitoring of the maritime-terrestrial zone. The municipalities are responsible for directly ensuring compliance with the provisions of that law, as established in Article 3. SINAC's competency would focus solely on the area classified as natural heritage of the state. As indicated in Official Letter No. SINACACOSA-PNE-AD-019-2021, the information gathered for the preparation of Report No. SINACACOSA-RNFSG-AD-086-2020 is unclear and could be outdated; therefore, it is essential to establish a characterization of the occupation, with the objective that once Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special No. 9577, which was published in the Official Gazette La Gaceta No. 132, Supplement (Alcance) No. 133, dated July 20, 2018, with a validity of 36 months, is no longer in effect. Also, the present actions are aligned and oriented to be efficient in the use of the resources available to ACOSA, since, as indicated by Official Letter SINAC-ACOSA-D-059-2021, there is a budget cut in the items for per diem (viáticos) by 50% and fuel by 62.5%. The Osa Conservation Area (ACOSA) will address the problem as follows:

"Objectives of the first stage action plan:

To prepare a georeferenced survey of occupation within polygon B3.

To prepare a technical-legal analysis of the information to establish the route to follow.

Stage 1.

As indicated by the report by Ms. Ginette Jiménez Soto, Official Letter SINAC-ACOSAPNE-AD-019-2021, the information gathered for the preparation of report SINAC-ACOSARNFSGAD-086-2020 is unclear and could be outdated, so a new information survey will be carried out. In this survey, the following information will be collected:

1. GPS points of both corners of the construction or occupation close to the public zone.

2. Perimeter measurements of the construction and the property.

3. Construction materials.

4. Estimated value of the construction.

5. Data of the occupants.

6. Type and duration of occupation.

7. Whether they have land-use permits (permisos de uso de suelo) from the municipality.

8. Whether they have a concession from the municipality.

9. Whether they processed a use permit with SINAC-ACOSA.

This stage will be carried out on February 13 and 14, 2021. Responsible for the survey: Mr. Joel García Medina.

Stage 2.

In this stage, the information will be tabulated and the corresponding report will be prepared, through which a technical legal analysis will be requested from the PNE and Legal departments. Based on the results, the steps to follow by ACOSA will be established. This report will be delivered by the end of the current month.

Stage 3 Preparation of the technical-legal analysis. The objective is to indicate the status of the occupation. This report must be completed by the first half of March.

Stage 4 Preparation of the Operational Action Plan. The objective of this plan is to evict the illegal occupation from the PNE. The plan will be submitted by the end of March." 8.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Magistrate Sánchez Navarro writes; and,

WHEREAS:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner complains that one year after he reported to the respondent agencies and the local entity the existence of buildings and improvised shacks at Playas Higuito and Pilón, and the resulting sanitary problems this entails, the matter has not been addressed. He claims that this omission violates his fundamental rights.

II.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the case, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber (Sala) has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve an administrative procedure by final act – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, a scenario of exception is raised, as we are faced with a complaint related to the environment, which has allegedly not been addressed or resolved within a reasonable timeframe. Considering the fundamental rights invoked, this Chamber assesses the possible delays in the resolution of complaints of this type. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo appeal.

III.- PROVEN FACTS. The following facts, relevant to the decision of this amparo appeal, are deemed proven: 1) On March 26, 2020, the petitioner reported to the Ministry of Health the existence of buildings and improvised shacks at Playas Higuito and Pilón (copy attached to the report). 2) Via email dated April 14, 2020, the petitioner reiterated his complaint before the Minister of Health (copy attached to the report). 3) Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0294-2020 dated April 23, 2020, from the Golfito Governing Health Area, this complaint was forwarded to the Municipality of Golfito (report rendered under oath). 4) Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0295-2020 dated April 23, 2020, from that Health Area, the petitioner was informed that his complaint had been forwarded to the respondent local entity (report rendered under oath). 5) On June 9, 2020, a multi-institutional operation was carried out at the reported locations, in which officials from the Municipality of Golfito, SINAC, and the Ministry of Health participated, and the Verification Instrument for Wastewater Complaints in Residential or Housing Developments was applied (report rendered under oath). 6) Through Official Letter No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 dated June 10, 2020, from the Osa Conservation Area, a report of this inspection was submitted, which concluded that constructions existed in the public zone of the certified polygon of Natural Heritage of the State. Additionally, six constructions were georeferenced in the Public Zone of the Certified polygon of Natural Heritage of the State (SINAC-MINAE administration), one construction outside the Public Zone in Natural Heritage of the State, and seven constructions in the Public Zone, outside the Natural Heritage of the State (report rendered under oath and copy attached to the report). 7) Report No. MS-DRRSBRU-URS-IT-140-2020 dated June 11, 2020, from the respondent Governing Health Area, concluded that the settlement located at Playa Pilón fails to comply with the provisions regarding wastewater management and that they use wells for their human consumption water supply, which fail to respect the legally required setback, and that it is the responsibility of the Municipality of Golfito to issue the corresponding administrative acts (report rendered under oath and copy attached to the report). 8) Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 dated June 22, 2020, from the Golfito Governing Health Area, a technical report was submitted on the visit conducted on June 9 to Playa Pilón, which evidenced that the reported situation persisted, since there were a total of thirteen structures that lacked a wastewater treatment system and, given that the structures are located within the Natural Heritage of the State, it is the responsibility of the Municipality of Golfito and SINAC to issue the necessary administrative acts to resolve the pollution occurring (report rendered under oath and copy attached to the report). 9) Through Report No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020 dated June 22, 2020, from that Governing Health Area, it was reported that in the visit conducted on June 9 to Playa Higuito, there were no people camping at the site (report rendered under oath). 10) Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 dated August 18, 2020, the Director of the Golfito National Wildlife Refuge SINAC-ACOSA was requested to prepare a plan to address the problem, establishing an action timeline and respective budget (report rendered under oath and copy attached to the report). 11) Through Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 dated August 18, 2020, the Mayor of Golfito was requested to prepare a plan to address the problem, establishing an action timeline and respective budget (report rendered under oath and copy attached to the report). 12) Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0712-2020 dated August 18, 2020, from the respondent Governing Health Area, the petitioner was informed of the actions taken up to that point (copy attached to the report). 13) By agreement taken by the Golfito Municipal Council (Concejo de Golfito) in ordinary session No. 12-ORD 32-2020 of August 19, 2021, the Official Letter from that Golfito Health Area, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, was acknowledged, and it was resolved to "forward it to the administration, and a report on the actions to be taken shall be submitted to this Council" (copy attached to the report). 14) Through Official Letter from the Valuations Office (Oficina de Valoraciones) and the Maritime-Terrestrial Zone Department, both of the respondent Municipality, No. MG-OV-INT-043-2020 dated October 1, 2020, a report was submitted to the Mayor of Golfito regarding the reported facts (copy attached to the report). 14) Through Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1218-2020 dated November 13, 2020, a report was requested from the Director of the Golfito National Wildlife Refuge SINAC-ACOSA on the actions taken, on the understanding that a public health problem and an environmental impact existed (report rendered under oath and copy attached to the report). 15) Through Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1219-2020 dated November 13, 2020, a report was requested from the respondent Mayor on the actions taken (report rendered under oath and copy attached to the report). 16) On December 11, 2020, the petitioner reiterated his complaint before the Minister of Health (copy attached to the report). 17) Through Official Letter No. MS-DGS-0046-2021 dated January 8, 2021, from the General Directorate of Health (Dirección General de Salud), this petition from the petitioner was forwarded to the Governance Office of the Brunca Regional Directorate for its consideration (copy attached to the report). 18) Through Official Letter MS-DRRSBRU-ARSG-0043-2021 dated January 20, 2021, a report was requested from the Mayor of Golfito and the Director of the Golfito National Wildlife Refuge SINAC-ACOSA on the actions taken (report rendered under oath and copy attached to the report). 19) Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSG-0044-2021 dated January 20, 2021, from the respondent Governing Health Area, a report was submitted to the Minister of Health on the actions taken (report rendered under oath and copy attached to the report). 20) Through Official Letter No. SINAC-ACOSA-D-033-2021 dated January 21, 2021, the requested report was submitted (report rendered under oath and copy attached to the report). 21) Through Official Letter No. AM-MG-O-0024-2021 dated January 25, 2021, from the Mayor of Golfito, it was reported that Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 had been sent to the Valuations Department and the Maritime-Terrestrial Zone Department (report rendered under oath and copy attached to the report). 22) On January 26, 2021, the Director of the National Wildlife Refuge of the Osa Conservation Area was again requested to provide the information that had been previously requested in order to respond to the complainant and senior authorities (report rendered under oath). 23) Through Official Letter No. AM-MG-0027-2021 dated January 26, 2021, from the Mayor's Office (Alcaldía), a report was submitted to the Golfito Municipal Council regarding the facts reported by the petitioner (copy attached to the report). 24) Through Official Letter MS-DRRSBRU-1503-2021 dated January 27, 2021, the complainant was informed of the actions taken (report rendered under oath and copy attached to the report). 25) Through Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0056-2021 dated January 28, 2021, the complainant was informed of the actions taken in response to his complaint (report rendered under oath). 26) On February 3, 2021, the Golfito Governing Health Area ordered an inspection to be carried out at Playa Pilón to verify if the conditions previously existing at that location had changed (report rendered under oath). 27) Technical Report No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0058-2021 dated February 3, 2021, from the respondent Governing Health Area, concluded that the conditions detected at Playa Pilón persisted (report rendered under oath). 28) Through Official Letter No. AM-MG-O-0050-2021 dated February 8, 2021, from the Mayor's Office of Golfito, a report was provided to the petitioner on the actions intended to be implemented on the occasion of his complaint (copy attached to the report). 29) On February 3, 2021, the order to proceed (auto de curso) was notified to the respondent Municipality and Health Area (notification records visible in the Event History of the Electronic Docket). 30) On February 8, 2021, the official letter was notified to the petitioner via email at [email protected] (copy attached to the report).

IV.- FACTS NOT PROVEN. The following relevant fact is deemed not proven: Sole.- That the Osa Conservation Area has provided any response to the petitioner, nor that it has ordered any measure to address the complaint.

V.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On numerous occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of this right requires that resources be used rationally, and that the State is responsible for protecting the environment, according to the precautionary principle (principio precautorio) that governs environmental matters. This principle obliges the State to arrange everything necessary, within the scope permitted by law, to prevent the occurrence of irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the appropriate social conditions so that every person can enjoy their health, understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being (see Judgment No. 1998-0180 of 16:24 hours on January 13, 1998). The State's objective obligation regarding environmental protection does not inescapably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but rather that those measures that are suitable for the protection of that right be adopted, in the face of openly negligent attitudes by public authorities, or by natural and legal persons. Thus, the State acquires the obligation to regulate those areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that harm the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo appeal, a specific type of benefit activity on the part of the State in compliance with its duty to protect the life, health, or environmental rights for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger to these people's rights. From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of the proven inertia of the State, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in the exercise of their rights.

VI.- SPECIFIC CASE. In the present case, the petitioner complains that one year after he reported to the respondent agencies and the local entity the existence of buildings and improvised shacks at Playas Higuito and Pilón, and the resulting sanitary problems this entails, the matter has not been addressed. He claims that this omission violates his fundamental rights.

With respect to the Ministry of Health, the proceedings allow verification that, on March 26, 2020, the petitioner reported to the Ministry of Health the existence of buildings and improvised shacks at Playas Higuito and Pilón and that on April 14 of that same year, the petitioner reiterated this complaint before the Minister of Health. It was also demonstrated that through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0295-2020 dated April 23, 2020, from that Health Area, the petitioner was notified that his complaint had been forwarded to the Municipality of Golfito. Furthermore, it was verified that on June 9, 2020, a multi-institutional operation was conducted at the reported sites, in which officials from the Municipality of Golfito, SINAC, and the Ministry of Health participated, and which applied the Verification Instrument for Wastewater Complaints in Residential or Housing Developments. Report No. MS-DRRSBRU-URS-IT-140-2020 dated June 11, 2020, from the respondent Governing Health Area, reveals that the settlement located at Playa Pilón presents problems regarding wastewater management and that they use wells for their human consumption water supply, which fail to respect the legally required setback. Likewise, it was verified that through Official Letters Nos. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 and MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020, both dated June 22, 2020, from the Golfito Governing Health Area, a technical report was submitted on the inspections conducted at the reported sites, according to which, at Playa Pilón the reported situation persisted, since there were thirteen structures that lacked a wastewater treatment system, while at Playa Higuito, there were no people camping at the site. In addition to the foregoing, it is recorded that the petitioner has been informed at various times about the intervention that the Governing Health Area ordered, namely that the Municipality of Golfito and the Osa Conservation Area prepare a plan to address the problem, with its respective timeline and budget, as well as that reports have been repeatedly requested from those authorities on the actions taken. Despite the foregoing, while on the occasion of the notification of the order to proceed, the Golfito Governing Health Area ordered an inspection to be carried out at Playa Pilón to verify if the conditions previously existing at that location had changed, which allows verification that the reported problem persisted at Playa Pilón, it was not demonstrated that the petitioner was informed of this. Precisely for this reason, this Court considers that the claimed omission occurred.

Regarding the respondent local entity, the proceedings prove that, by the agreement taken by the Golfito Municipal Council in ordinary session No. 12-ORD 32-2020 of August 19, 2021, the Official Letter from the Golfito Health Area, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, was acknowledged and it was resolved to "forward it to the administration, and a report on the actions to be taken shall be submitted to this Council". It was also verified that through Official Letter No. MG-OV-INT-043-2020 dated October 1, 2020, from the Valuations Office and the Maritime-Terrestrial Zone Department of the respondent Municipality, a report was submitted to the Mayor of Golfito regarding the reported facts. Furthermore, it is confirmed that through Official Letter No. AM-MG-0027-2021 dated January 26, 2021, from the Mayor's Office, a report was submitted to the Golfito Municipal Council regarding the facts reported by the petitioner. In addition to the foregoing, although on the occasion of the notification of the order to proceed to the respondent local authorities, a report was provided and notified to the petitioner on the actions intended to be implemented on the occasion of his complaint, there is no record that the reported problem has been addressed. Thus, the Chamber considers that the claimed violation occurred.

With regard to the Osa Conservation Area, it was demonstrated that through Official Letter No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 dated June 10, 2020, a report of the multi-institutional inspection carried out on the 9th of that same month was submitted, which concluded that constructions existed in the public zone of the certified polygon of Natural Heritage of the State. Additionally, six constructions were georeferenced in the Public Zone of the Certified polygon of Natural Heritage of the State (SINAC-MINAE administration), one construction outside the Public Zone in Natural Heritage of the State, and seven constructions in the Public Zone, outside the Natural Heritage of the State. Therefore, according to the statement by the Acting Director of that Osa Conservation Area, it is necessary to demand from the ICT on behalf of the State, and from the respondent municipality, compliance with the legal and regulatory framework, since SINAC's competency would focus solely on the area classified as Natural Heritage of the State. In addition to the foregoing, she explains that, given the information gathered for the preparation of this report is unclear and could be outdated, it is essential to establish a characterization of the occupation with the objective of acting once Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special, 9577, is no longer in effect. While it was verified that an action plan was established for these purposes to define the route to follow, there is no suitable and reliable record that the complainant was informed of anything on this matter, nor that any measure was ordered to resolve the problem. Under this reasoning, the Chamber considers that the claimed grievance occurred.

VII.- NOTE BY MAGISTRATE RUEDA LEAL.

I should note that since judgment No. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been the following regarding amparo remedies when they have been filed on behalf of a legal entity (persona jurídica):

"...in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that while some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons (personas físicas), and therefore legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court held that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Granier et al. v. Venezuela); however, for this to be protectable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a mere link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are effectively being protected and not those of the legal entities. Indeed, it must be proven beyond the mere participation of the natural person in the activities proper to the legal entity, in such a way that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.' (emphasis added) (OC. 22/16)." Now, while the remedy at hand is filed on behalf of a legal entity, it is no less true that in the sub iudice, the complaint concerns the failure to address an environmental complaint (denuncia ambiental) filed before the respondent authorities, through which the existence of constructions and makeshift structures (ranchos improvisados) at Playas Higuito and Pilón was alleged. In view of the foregoing, it is appropriate to note that this Court has validated vicarious standing (legitimación vicaria) in environmental matters, as seen in judgment No. 2018-018870 of 9:40 a.m. on November 13, 2018: "(…) in environmental matters, such as those at issue in this remedy, this Chamber has indeed accepted vicarious standing, in accordance with the provisions of Article 105 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), which recognizes a popular action (acción popular) by stating: 'Every person has standing (está legitimada) in administrative or judicial venues, in defense and protection of biodiversity' (see judgments No. 2018-1185 and 2018-1794). Consequently, the petition is admitted, and we proceed to hear the merits of the claim." Pursuant to the foregoing, given that this is a case of vicarious standing, I consider it pertinent to hear the remedy filed on behalf of the protected legal entity.

VIII.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution falls to the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the alleged contamination produced by constructions and makeshift structures at Playas Higuito and Pilón is denounced, which was reported to the Municipality of Golfito (Municipalidad de Golfito) and the Ministry of Health (Ministerio de Salud), without the problem being definitively resolved, causing harm to a healthy and ecologically balanced environment.

IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary" ("Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The remedy is granted. It is ordered that Daniel Salas Peraza, Fernando Mata Castro, Freiner Lara Blanco, Gustavo Mayorga Mayorga, and Laura Rivera Quintanilla, respectively, in their capacities as Minister of Health and Director of the Health Governing Area of Golfito (Área Rectora de Salud de Golfito), Mayor and President of the Council, both of Golfito, and Acting Director of the Osa Conservation Area (Área de Conservación Osa), or whoever holds those positions, shall arrange and coordinate whatever is necessary so that within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, they definitively resolve the petitioner's complaint. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo remedy (recurso de amparo), and does not comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipality of Golfito are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative proceeding. Magistrates Rueda Leal and Salazar Alvarado, separately, append notes. Notify.- Fernando Castillo V.

President Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alejandro Delgado F.

Ileana Sánchez N.

Digitally Signed Document -- Verification code --  CASE FILE No. 21-001802-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) of the Judiciary. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

CONSTRUCCION.

07464-21. AMBIENTE. SE ORDENA A VARIAS INSTITUCIONES, RESOLVER, EN EL PLAZO DE TRES MESES, LAS DENUNCIAS PLANTEADAS POR CONSTRUCCIONES Y RANCHOS IMPROVISADOS EN PLAYAS HIGUITO Y PILÓN EN OSA. VCG05/2021 Otras Referencias: SENTENCIA: 2545-08 Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PETICIÓN Subtemas:

OMISA.

07464-21. PETICIÓN. EL RECURRENTE REALIZÓ UNA DENUNCIA SOBRE LA EXISTENCIA DE CONSTRUCCIONES Y RANCHOS IMPROVISADOS EN PLAYAS HIGUITO Y PILÓN Y LAS DEPENDENCIAS NO HAN ATENDIDO.

“(…) Pese a lo anterior, si bien con ocasión de la notificación del auto de curso, el Área Rectora de Salud de Golfito, ordenó la realización de una inspección en Playa Pilón, para verificar si habían variado las condiciones previamente existentes en ese lugar, la cual permite verificar que el problema denunciado persistía en Playa Pilón, no se demostró que el recurrente haya sido informado de ello. Precisamente, por lo anterior, estima este Tribunal que se produjo la omisión reclamada.

(…)

Aunado a lo anterior, si bien con ocasión de la notificación del auto de curso a las autoridades locales recurridas, se brindó y notificó un informe al recurrente de las acciones que se pretenden implementar con ocasión de su denuncia, no consta que el problema denunciado haya sido atendido. Así las cosas, estima la Sala que se produjo la infracción reclamada.

En lo que atañe al Área de Conservación Osa, se demostró que por oficio No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 de 10 de junio de 2020, se rindió un informe de la inspección interinstitucional que se realizó el 9 de ese mismo mes, la cual concluyó que existían construcciones en la zona pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado. Además, se georreferenciaron seis construcciones en la Zona Pública del polígono Certificado Patrimonio Natural del Estado (administración SINAC-MINAE), una construcción fuera de la Zona Pública en Patrimonio Natural del Estado y siete construcciones en Zona Pública, fuera del Patrimonio Natural del Estado. Por lo anterior, según afirma la Directora a.i. de esa Área de Conservación Osa, es necesario exigir al ICT en nombre del Estado y a la municipalidad recurrida el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, pues la competencia del SINAC se enfocaría únicamente al área clasificada como Patrimonio Natural del Estado. Aunado a lo anterior, explica, en vista de que la información que se levantó para la elaboración de ese informe es poco clara y podría estar desactualizada, es imprescindible establecer una caracterización de la ocupación con el objetivo de que una vez se no esté vigente la Ley de Protección de ocupantes de zonas clasificadas como Especiales, 9577. Si bien, se verificó que a esos efectos se dispuso un plan de acción que permita establecer la ruta a seguir, no consta idónea y fehacientemente que al denunciante se le haya informado nada sobre el particular, ni que haya dispuesto medida alguna para resolver el problema. Bajo esta inteligencia, aprecia la Sala se produjo el agravio reclamado. (…)” VCG05/2021 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) V.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase Sentencia No. 1998-0180 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998). La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país. (…)” VCG05/2021 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 033- Legitimación activa Subtemas:

NO APLICA.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Debo advertir que desde la sentencia n.° 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:

“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.

Ahora, si bien el recurso de marras está planteado a favor de una persona jurídica, no menos cierto es que en el sub iudice se acusa la falta de atención de una denuncia ambiental interpuesta ante las autoridades accionadas, mediante la cual se alegó la existencia de construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón. Visto lo anterior, conviene señalar que este Tribunal ha validado la legitimación vicaria en materia ambiental, tal como se aprecia en la sentencia n.° 2018-018870 de las 9:40 horas del 13 de noviembre de 2018: “(…) tratándose de materia ambiental, como la que es objeto en este recurso, la Sala sí ha aceptado la legitimación vicaria, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 105 de la Ley de Biodiversidad, que reconoce una acción popular al señalar: “Toda persona está legitimada en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad” (ver sentencias No. 2018-1185 y 2018-1794). Por consiguiente, se admite la gestión y se procede a conocer por el fondo lo reclamado”. En mérito de lo anterior, dado que se está frente a un supuesto de legitimación vicaria, considero pertinente conocer el recurso planteado a favor de la persona jurídica amparada.

VCG05/2021 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

CONSTRUCCION.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la presunta contaminación, producida por construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón, lo cual fue denunciado ante la Municipalidad de Golfito, y el Ministerio de Salud, sin que la problemática sea resuelta de forma definitiva, provocando afectación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VCG05/2021 ... Ver más  Res. Nº 2021007464 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciseis de abril de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo promovido por JOSEPH DOUGLAS ROBERTSON JR., pasaporte 487373244, a favor de la ASOCIACIÓN CÁMARA DE TURISMO DE PAVONES, cédula jurídica 3002754000, contra el ÁREA DE CONSERVACIÓN DE OSA (SINAC-ACOSA), LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO Y EL MINISTERIO DE SALUD.

RESULTANDO:

1.- Mediante memorial presentado a las 13:16 horas de 29 de enero de 2021, el recurrente promovió recurso de amparo, contra el Área de Conservación Osa, la Municipalidad de Golfito y el Ministerio de Salud, pues, según afirma, es el Presidente de la Asociación Cámara de Turismo de Pavones y, cumpliendo el acuerdo firme de la Junta Directiva de su representada, acude en amparo contra la Directora del refugio de Vida Silvestre SINAC- ACOSA, el Alcalde y el Presidente del Concejo, ambos de Golfito, debido a que esas autoridades no han hecho nada en relación con la situación que les pusiera en conocimiento el Área Rectora de Salud de Golfito, en el siguiente sentido: Los informes de inspección de campo Nos. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, MS-DRRSBRU-URS-IT-0140-2020 y MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 evidenciaron la invasión en la zona marítimo terrestre de Playa Pilón, lugar donde encontraron estructuras ubicadas en el espacio inalienable de administración municipal, en zona pública y patrimonio natural del Estado, por lo que se solicitó a las autoridades recurridas, en oficios a ellas dirigidos, generar un plan de abordaje de esa problemática, con un cronograma de acción y el presupuesto respectivo, así como mantener informadas a las autoridades del Ministerio de Salud sobre las acciones que se emitan. El recurrente manifiesta su preocupación por la forma en que esta situación afecta las playas, a los vecinos y a los turistas; alega que el Ministerio de Salud tampoco ha tramitado nada relacionado con la denuncia interpuesta por esa Cámara de Turismo, ni ha velado por el derecho a la salud; por el contrario, las reiteradas declaratorias de emergencia demuestran que estamos en una segunda ola de la pandemia de la Covid-19 y el problema de contaminación se ha incrementado. Así lo hicieron ver en un comunicado dirigido a las autoridades del Ministerio de Salud, a las direcciones de correo electrónico [email protected] y [email protected] el 11 de diciembre de 2020. El recurrente manifiesta su disconformidad porque desde el 19 de agosto de 2020, cuando el Ministerio de Salud emplazó a las otras autoridades para abordar dentro de un plazo razonable la problemática planteada; han transcurrido más de cinco meses y no han actuado. Considera violentando el principio de pronta respuesta y su derecho a una respuesta pronta y cumplida. Además, reprocha que hay negligencia de las autoridades recurridas en atender el problema de salud pública y responder los requerimientos del Ministerio de Salud. Solicita se ordene a los recurridos abordar de forma inmediata los problemas de salud pública expresados por el Ministerio de Salud y se les condene al pago de costas, daños y perjuicios.

2.- Por resolución de las 10:20 horas de 1 de febrero de 2021, se dio traslado al recurso y requirió un informe a la Directora del Refugio de Vida Silvestre del Área de Conservación de Osa (Sinac- Acosa), al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de Golfito, al Ministro de Salud y a la Directora del Área Rectora de Salud de Golfito, sobre esos hechos.

3.- Informa bajo juramento Daniel Salas Peraza, en condición de Ministro de Salud, e indica que atiende el presente informe de ley con sustento en el Oficio No. MS-DRRSBRU-1921-2021 de 4 de febrero del 2021, emitido por el Dr. Christian Valverde, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud Brunca, quien, en síntesis, afirma lo siguiente:

“(…) 1. En marzo del 2020, este Ministerio recibe nota sin firma en la cual se denuncia construcciones y ranchos improvisados en Playa Higuito y Playa Pilón en donde residen algunas familias. Esta denuncia fue remitida también a la Dirección de Atención al Cliente. La nota indica que es en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Cámara de Turismo y el correo lo remite el señor Joseph Robertson.

2. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO 0295-2020, el Dr. Fernando Mata le comunica al señor Robertson que ha recibido la nota, que la denuncia fue trasladada a la Municipalidad de Golfito para que atiendan el caso dentro de sus competencias. (folio 11) 3. En fecha 09 de junio 2020, se realiza un operativo interinstitucional, en el cual participan funcionarios de la Municipalidad de Golfito, SINAC y Ministerio de Salud, en sitio se aplicó el Instrumento de Verificación de a Denuncias por Aguas Residuales en Urbanizaciones o Residenciales. (Folio 13 y 14).

4. Por oficio SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, la Licda. Ana Cecilia Medina Gutiérrez rinde un informe de inspección de Puerto Pilón, en el mismo se concluye que existe construcciones en la zona pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado; además se georreferenció seis construcciones en la Zona Pública del polígono Certificado Patrimonio Natural del Estado (administración SINAC-MINAE), una construcciones fuera de la Zona Pública en Patrimonio Natural del Estado y siete construcciones en Zona Pública, fuera del Patrimonio Natural del Estado (administración dela Municipalidad de Golfito). (folio 15 al 18) 5. La Licda. Jovita Morera y el Ing. Marvin Salamanca, funcionarios de la Unidad de Rectoría de la Salud, emiten el informe MS-DRRSBRU-URS-IT-140-2020 del 11 de junio del 2020, en el cual refieren que el caserío que se ubica en Playa Pilón incumple las disposiciones en cuanto al manejo de aguas residuales y que utilizan pozos para abastecerse de agua para el consumo humano, pero que éstos pozos no respetan el retiro de ley y que corresponde a la Municipalidad de Golfito girar los actos administrativos correspondientes (folio 20 y 21) 6. Informe técnico MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 del 22 de junio 2020, suscrito por la Ing. Hellen Rodríguez, funcionaria del ARS de Golfito en el cual refiere que en la visita realizada el 09 de junio del 2020 a Playa Pilón, se evidencia que la situación denuncia se mantiene, existe un total de trece estructuras que carecen de sistema de tratamiento de aguas residuales y que, siendo que las estructuras se encuentran dentro de Patrimonio Natural del Estado, corresponde a la Municipalidad de Golfito y SINAC emitir los actos administrativos necesarios a fin de solventar la contaminación que se está presentando (Folio 22 al 24).

7. Informe MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020 del 22 de junio 2020, suscrito por la Ing. Hellen Rodríguez, funcionaria del ARS de Golfito en el cual refiere que en la visita realizada el 09 de junio del 2020 a Playa Higuito, no se mantiene la situación denunciada y que no se mantiene personas acampando en el lugar. (Folio 25 y 26).

8. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 del 18 de agosto 2020, el Dr. Fernando Mata, solicita a la Máster Laura Rivera Quintanilla, Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA, plan de abordaje de la problemática en el cual establezca un cronograma y presupuesto respectivo. (Folio 28).

9. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 del 18 de agosto 2020, el Dr. Fernando Mata, solicita al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde de la Municipalidad de Golfito, plan de abordaje de la problemática en el cual establezca un cronograma y presupuesto respectivo. (Folio 29).

10. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, el Dr. Fernando Mata informa al señor Joseph Robertson lo actuado a la fecha. (Folio 31).

11. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1218-2020, del 13 de noviembre del 2020, el Dr. Fernando Mata solicita a la Máster Laura Rivera, Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA, informe sobre las acciones realizadas, en el entendido de que existe una problemática de salud pública y una afectación al ambiente. (Folio 33).

12. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1219-2020, del 13 de noviembre del 2020, el Dr. Fernando Mata solicita al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde la Municipalidad de Golfito, informe sobre las acciones realizadas, en el entendido de que existe una problemática de salud pública y una afectación al ambiente. (Folio 34).

13. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSG-0043-2021, del 20 de enero 2021, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde la Municipalidad de Golfito y la Máster Laura Rivera, Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA, el Dr. Fernando Mata, en seguimiento a los oficios MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 y MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, les solicita le informen sobre las gestiones realizadas. (Folio 40 y 41).

14. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSG-0044-2021, del 20 de enero 2021 el Dr. Fernando Mata informa al suscrito sobre las actuaciones realizadas.

15. Por medio de oficio SINAC-ACOSA-D-033-2021, de fecha 21 de enero 2021, la máster Laura Rivera Quintanilla, traslada al Dr. Fernando Mata el informe SINACACOSA-RNFSG-AD-086-2020, al que me referí en el punto cuatro de este oficio. (Folio 49 al 53) 16. Por oficio AM-MG-O-0024-2021 del 25 de enero 2021, el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde de la Municipalidad de Golfito, informa al Dr. Fernando Mata que el oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 fue remitido al Departamento de Valoraciones y al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, adjunta los informe MG-OV-INT-043-20200 y MS-OV-IT-026-2019 y concluye su oficio indicando que se encuentran a la espera del dictamen de la Comisión de Ambientales. (Folio 54-114).

17. El 26 de enero 2021 el Dr. Fernando Mata remite correo electrónico a la máster Laura Rivera Quintanilla, en el cual solicita le brinde la información que ha solicitado anteriormente a fin de dar respuesta al denunciante a las autoridades superiores. (Folio 115).

18. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0056-2021 del 28 de enero 2021, el Dr. Fernando Mata informa al denunciante las actuaciones realizadas en atención a su denuncia. (Folio 117) 19. Por oficio MS-DRRSBRU-1503-2021, y en atención al oficio MS-DGS-0046-2021, el suscrito informa al denunciante lo actuado (…)” De conformidad con lo expuesto, el Ministerio, a través de las autoridades del Área Rectora de Salud de Golfito y de la Dirección Regional de Rectoría de Salud Brunca, han brindado atención y seguimiento al caso de marras y se le ha enviado respuesta al amparado, manteniéndole informado sobre lo actuado por este Ministerio conforme a sus competencias, ello consta en notificaciones realizadas al aquí amparado, según el expediente del caso de marras, el cual el Área Rectora de Salud de Golfito hará llegar a esta Sala. No está de más indicar que lo relacionado con el dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de las zonas marítimo terrestre, constituye competencia municipal, en este caso de la Municipalidad de Golfito.

4.- Informa bajo juramento Freiner Lara Blanco, en condición de Alcalde de Golfito, e indica que indica que mediante acuerdo transcrito por oficio SMG-T-0479-08-2020 de 27 de agosto de 2020, el Consejo conoció el oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 de 18 de agosto de 2020, en el cual se acordó trasladar a la administración la denuncia a efecto que se tomaran las acciones del caso y se rindiera un informe a ese órgano. Por oficio No. MG-OV-INT-043-2020 de 1 de octubre de 2020, se indica:

“En el informe adjunto como anexo se evidencia que la problemática se da desde el 2007, ya que en ese sector el cuerpo de inspectores realizó un inventario de las construcciones en el mismo sector, se ha consultado de manera verbal a los departamentos de Asesoría Legal, Plataforma de Servicios, Inspecciones y Alcaldía y se conoce documentación alguna del caso, para saber si hay evidencia de reubicación a los ocupantes de la zona en aquel entonces o actas de desalojo, la compañera Licda. Victoria Blanco Moraga localizó copia de expediente en el cual consta alguna información de procedimientos llevados a cabo en el 2009 sobe la misma problemática, no constando ejecución alguna del proyecto.

En el expediente se observa una serie de croquis sobre zonas propuestas para la reubicación de las personas clasificadas como pescadores, que habitan en el lugar.

Sobre estas debemos indicar que la zona actualmente se encuentra ocupada (se desconocen expedientes administrativos, estado actual de los mismos y si anteriormente eran ocupantes del sector en conflicto) … por lo que no se recomienda como solución a la problemática …

1.1. Propuesta reciente Si bien la Norma es clara en cómo proceder con las ocupaciones ilegales, la institución no debe de obviar la problemática social que hay en este sector en específico, puede buscarse una solución a ambos problemas si se tienen los recursos necesarios.

Este departamento en su momento trabajó en una propuesta para dar opción de reubicar a estos ocupantes ilegales, la propuesta de esta realizado consiste en habilitar un sector en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre que actualmente se encuentra zonificado en el Plan Regular costero Sector A Puerto Pilón como Zona de Facilidades Comunales y Zona de Alojamiento Turístico, esta zona se encuentra a 500 metros lineales del lugar que actualmente se tiene ocupado, se muestra imagen general del lugar.

La razón de proponer esta zona que se estaba trabajando en el desarrollo del Plan Regular Integral de Pavones (PRI), en conjunto con el ICT y en el sector que se demarca en verde como zona propuesta par reubicación se ha hecho la propuesta de implementar vialidad secundaria y terciaria, dado que actualmente esta zona carece de acceso real.

El PRC propone una vialidad la cual viene desde terreno escriturado, actualmente no se han realizado las expropiaciones necesarias y existen construcciones sobre el trazado de estas.

En la imagen 3 se observa en verde la vialidad propuesta en el PRI, esta hace ingreso siempre por la zona restringida, las calles terciarias que se ven frente a los mojones 514 515, 516 son las que darían acceso a la zona pública definida la Ría de la quebrada Pavón, mismo lugar donde se encuentra el cementerio del lugar al cual se ha solicitado en otras ocasiones dar acceso y son estas vías la que se darían opción de lotificar el sector si se hace un cambio en la zonificación.

En la imagen 4 se observa un ejemplo de trazado de lotificación, la zona que se describe se cambiaria de uso a Zona Residencial al PRC. Es necesario hacer énfasis en que esto es solo una propuesta que se tomó en cuenta parara el proceso del PRI, no es de implementación inmediata ya que para eso se debería concluir con el proceso de implementación de dicho Plan Regulador, el cual se estima en 2 o 3 años. Además, la solución sería de dar una opción a los pobladores locales para que si así lo desean soliciten uno de los lotes propuestos mediante la figura de la concesión, no pudiendo desarrollar el terreno hasta que se obtengan la concesión debidamente inscrita en el Registro Nacional (sic).

Conclusiones y Recomendaciones.

Se ha evidenciado en los puntos anteriores que el equipo técnico de la Municipalidad ha realizado los procesos necesarios (levantamiento e inspección) solicitados para un proceso al cual se desconoce su línea, pero que, sin embargo, sirve para que la Administración tome las acciones necesarias, se desconoce el proceso de trámite de desalojo y como se debe intervenir, por lo que sugiero solicitar a la asesoría legal criterio de cómo proceder en estos casos.

También considero necesario que se verifique si existen proyectos de bien social en los cuales después de realizar la valoración de socioeconómica de cada núcleo familiar se pueda dar otra opción de vivienda a los ocupantes, labor que debe ser realizada por el trabajador social o promotora social de la Municipalidad.

Se puede observar también en el expediente facilitado por la encargada de la Plataforma de Servicios, que se puso en conocimiento en el 2009 al Instituto Mixto de Ayuda Social, puede buscarse asesoría con este y otras instituciones e incluso conocer proyectos que puedan dar opciones de vivienda a las personas afectadas.

Del Informe de Avalúo MG-OV-IT-026-2019 de fecha 06 de Agosto del 2019 suscrito por el funcionario Ing. Bryan Tenorio Sánchez en calidad de Topógrafo de la Oficina de Valoraciones referente al Levantamiento de Construcciones en Zona Pública, Pavones, se concluye lo siguiente: “…todas las construcciones (excepto las ocupadas por el señor Luis Concepción Caballera, que por la cercanía con la línea de mojones se pretende realizar un levantamiento con equipo especializado), se encuentran en la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre. Algunas de estas ya constatadas en el Oficio No. MGPS-20175-2007, elaborado por los compañeros inspecciones cambiando algunas ocasiones los ocupantes e incluso las mejoras en el terreno.

El levantamiento se realizará el día 07 de agosto del 2019 en conjunto con los inspectores adicionalmente se hará una segunda visita en el sitio para los casos en los que no se encontraron los ocupantes de las construcciones.

Se analizaron otras construcciones que se encuentran en la Zona Restringida de la zona marítimo terrestre en el mismo sector. Sin embargo, se tratan en otro informe por la relación directa con solicitudes de concesión abiertas en el municipio.

Posteriormente, mediante Oficio No. AM-MG-O-0024-2021 de fecha 25 de Enero del 2021, se refieren a las acciones realizadas en contestación del Oficio No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 de fecha 18 de Agosto del 2020, en el cual se adjuntan las propuestas emitidas mediante Oficio No. MG-OV-INT-043-2020 de fecha 01 de Octubre del 2020, firmado por el Ing. Bryan Tenorio Sánchez en calidad de Topógrafo de la Oficina de Valoración y la funcionaria María del Carmen Vargas Arrieta en calidad de Encargada a.i. de Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad de Golfito” Así las cosas, se acredita que la Administración Municipal ha estado tomando acciones con respecto al caso de las invasiones en zona pública de la zona marítimo terrestre, razón por la cual, no es cierto que no se haya dado respuesta al recurrente, ni mucho menos que no se hayan tomado acciones con respecto a la denuncia interpuesta por el recurrente.

5.- Informa bajo juramento Gustavo Mayorga Mayorga, en condición de Presidente del Concejo de Golfito, y reitera lo alegado por el Alcalde de ese cantón.

6.- Informa bajo juramento Fernando Mata Castro, en condición de Director del Área Rectora de Salud de Golfito, e indica que en marzo de 2020, vía correo electrónico, se recibió una nota sin firma, en la cual se denuncian construcciones y ranchos improvisados en Playa Higuito y Playa Pilón, donde residen algunas familias. Esta denuncia fue remitida, de la misma forma, también a la Dirección de Atención al Cliente. La nota indica que es en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Cámara de Turismo y el correo lo remite Joseph Robertson. Con Oficio No. MS-DRRSBRU-ARSGO 0295-2020 de 23 de abril de 2020, le brindó respuesta al recurrente, dando acuse de recibido de la nota, e informando que fue trasladada a la Municipalidad de Golfito para que atendieran el caso dentro de sus competencias. El 9 de junio 2020, se realizó un operativo interinstitucional de verificación en el sitio, en el cual participaron funcionarios de la Municipalidad de Golfito, SINAC y Ministerio de Salud. El Ministerio aplicó el Instrumento de Verificación a Denuncias por Aguas Residuales en Urbanizaciones o Residenciales. Mediante el Oficio No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 de 10 de junio de 2020, se rindió un informe de la verificación en el sitio, el cual concluye que, se georreferenció seis construcciones en la Zona Pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado, administración SINAC-MINAE; una construcción fuera de la Zona Pública en Patrimonio Natural del Estado, y se georreferenció siete construcciones en Zona Pública, fuera del Patrimonio Natural del Estado, en administración de la Municipalidad de Golfito. Además, que el caso en Play Higuito de Pavones, las personas que en algún momento ocuparon en condición precaria en ese sitio, ya se habían retirado del lugar. La Licda. Jovita Morera y el Ing. Marvin Salamanca, funcionarios de la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional Brunca del Ministerio de Salud, emiten el Informe MS-DRRSBRUURS-IT-140-2020 de 11 de junio de 2020, en el cual refieren que el caserío que se ubica en Playa Pilón, incumple las disposiciones en cuanto al manejo de aguas residuales y que utilizan pozos para abastecerse de agua para el consumo humano, pero que esos pozos no respetaban el retiro de ley y que correspondía a la Municipalidad de Golfito girar los actos administrativos correspondientes. El Informe Técnico del Área Rectora de Salud de Golfito, No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 de 22 de junio 2020, señala que la visita de 9 de junio del 2020 a Playa Pilón, evidenció que la situación denuncia se mantenía, pues existía un total de trece estructuras que carecen de sistema de tratamiento de aguas residuales y que, siendo que las estructuras se encuentran dentro de Patrimonio Natural del Estado, corresponde a la Municipalidad de Golfito y SINAC, emitir los actos administrativos necesarios a fin de solventar la contaminación que se está presentando. El Informe MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020 de 22 de junio 2020, refiere que en la visita realizada el 9 de junio a Playa Higuito, no se mantiene la situación denunciada, puesto que no habían personas acampando en el lugar. Por Oficios Nos. MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 y MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, ambos de 18 de agosto 2020, se ordenó a los recurridos que realizaran un plan de abordaje de la problemática, el cual estableciera un cronograma de acción y el presupuesto respectivo, además que mantuviera informado sobre las acciones que se emitan. Por Oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0712-2020 de 18 de agosto 2020, informó por segunda vez, al recurrente, lo actuado a la fecha. Ante ausencia de respuesta, por Oficios Nos. MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1218-2020 y MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1219-2020, ambos de 13 de noviembre de 2020, se requirió y al Alcalde de Golfito, un informe sobre las acciones realizadas, en el entendido de que existe una problemática de salud pública y una afectación al ambiente. Mediante el Oficio No. MS-DRRSBRU-ARSG-0043-2021 de 20 de enero 2021, dirigido al Alcalde de Golfito y la Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA, en seguimiento a los Oficios MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 y MSDRRSBRU- ARSGO-0711-2020 antes citados, se solicitó un informe por tercera vez sobre las gestiones realizadas. Mediante el oficio No. MS-DRRSBRU-ARSG-0044-2021 de 20 de enero 2021, informó al Director Regional de Rectoría de La Salud Brunca, sobre las actuaciones realizadas. En respuesta a lo solicitado, por oficio No. SINAC-ACOSA-D-033-2021 de 21 de enero de 2021, se trasladó el Informe SINAC-ACOSARNFSG-AD-086-2020. En respuesta a lo solicitado, por Oficio del Alcalde recurrido, No. AM-MG-O-0024-2021 de 25 de enero 2021, se informó que el Oficio MS-DRRSBRU-ARSGO- 0711-2020 había remitido al Departamento de Valoraciones y al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, adjunta los informe MG-OV-INT-043-2020 y MS-OV-IT-026-2019 y que se estaba a la espera del dictamen de la Comisión de Ambientales. El 26 de enero 2021, remitió un correo electrónico a la máster Directora del Área de Conservación solicitando que brindara la información que se ha solicitado, a fin de dar respuesta al denunciante y a las autoridades superiores. Por Oficio No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0056-2021 de 28 de enero 2021, informó por tercera vez, al recurrente de las actuaciones realizadas en atención a su nota. Mediante Oficio No. MS-DRRSBRU-1503-2021 de 27 de enero de 2021, y en atención al Oficio No. MS-DGS-0046- 2021, el Director Regional de Rectoría de la Salud Brunca, informó al recurrente. Habiendo sido notificado de este recurso, el 3 de febrero de 2021, ordenó al Técnico de Regulación de La Salud del Área Rectora de Salud, que realizara una verificación en Playa Pilón. Por Informe TécnicoMS-DRRSBRU-ARSG-IT-0058-2021, se rindió un informe de esa visita, el cual concluye que se observó un asentamiento de personas en la playa, contando con estructuras permanentes para habitar y la realización de actividades de subsistencia (pesca y lo relacionado a la pesca). Además, que las condiciones detectadas se mantienen. Ha sido diligente en la atención del caso y las situaciones formuladas, debido a lo cual, el recurso de amparo, en lo que a esta entidad corresponde, debe ser desestimado y así se solicita.

7.- Informa bajo juramento Laura Rivera Quintanilla, en condición de Directora a.i. del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, e indica que no es cierto que no haya actuado para atender la problemática reclamada. Del informe SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, se colige lo siguiente:

“…Se georeferenció seis construcciones en la Zona Pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado, administración SINAC-MINAE.

Una construcción fuera de la Zona Pública, en PNE.

Se georeferenció siete construcciones en la ZP, fuera de PNE, en administración de la Municipalidad de Golfito…” En los casos mencionados en el oficio No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, todas las construcciones menos una se ubican en Zona Pública, por tanto, no es posible tramitar ni otorgar un permiso de uso. En lo que respecta a la construcción que se menciona está en el área restringida, sería necesario determinar si está concesionada y de ser así, a nombre de quién lo está, porque no hay mucha claridad en el informe, para conocer si tendría alguna solicitud de permiso de uso. Es posible certificar que no se ha otorgado ningún permiso de uso en este sector perteneciente a Pavones. Asimismo, de conformidad con la Ley 6043, es al ICT al que le corresponde la supervisión y vigilancia general de la zona marítimo terrestre. Compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esa ley según establece el artículo 3. La competencia del SINAC se enfocaría únicamente al área clasificada como patrimonio natural del estado. Tal y como se indica en el oficio No. SINACACOSA-PNE-AD-019-2021, la información que se levantó para la elaboración del informe No. SINACACOSA-RNFSG-AD-086-2020 es poco clara y podría estar desactualizada, por lo que es imprescindible establecer una caracterización de la ocupación con el objetivo de que una vez se no esté vigente la Ley de Protección de ocupantes de zonas clasificadas como Especiales No 9577, la cual fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 132 Alcance No 133 de 20 de julio de 2018, con una vigencia de 36 meses. También las presentes acciones están ajustadas y orientadas para ser eficientes en el uso del recurso con que cuenta el ACOSA, ya que como lo indica el oficio SINAC-ACOSA-D-059-2021 hay un recorte en las partidas de viáticos por 50% y combustible 62.5%. El Área de Conservación Osa (ACOSA), abordará la problemática de la siguiente manera:

"Objetivos del plan de acción primera etapa:

Elaborar un levantamiento de la ocupación georreferenciado dentro del polígono B3.

Elaborar un análisis técnico legal de la información, que permita establecer la ruta a seguir.

Etapa 1.

Tal y como lo indica el informe de la Licda. Ginette Jiménez Soto, oficio SINAC-ACOSAPNE-AD-019-2021, la información que se levantó para la elaboración del informe SINAC-ACOSARNFSGAD-086-2020, es poco clara y podría estar desactualizada por lo que se procederá a realizar un nuevo levantamiento de la información. En dicho levantamiento se procederá a recoger la siguiente información:

1. Puntos GPS, de ambas esquinas de la construcción u ocupación, cercanas a la zona pública.

2. Perímetros de la construcción y del predio.

3. Materiales de construcción.

4. Valor estimado de la construcción.

5. Datos de los ocupantes.

6. Tipo y tiempo de la ocupación.

7. Si cuentan con permisos de uso de suelo por parte de la municipalidad.

8. Si cuentan con concesión por parte de la municipalidad.

9. Si gestionaron permiso de uso de ante SINAC-ACOSA.

Esta etapa se realizará el realizará los días 13 y 14 de febrero de 2021. Responsable del levantamiento Lic. Joel García Medina.

Etapa 2.

Esta etapa se tabulará la información y se realizará el informe correspondiente por el cual se solicitará el análisis técnico legal a los departamentos de PNE y Legal. A partir de los resultados se establecerá los pasos a seguir por parte de ACOSA. Este informe se entregará a finales del presente mes.

Etapa 3 Elaboración del análisis técnico legal. El objetivo es indicar el estatus de la ocupación. Este informe deberá estar finalizado en la primera quincena del mes de marzo.

Etapa 4 Elaboración del Plan de acción Operativo. El objetivo de este es desalojar la ocupación ilegal del PNE. El plan estará presentado para finales de marzo".

8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reprocha que un año después de que denunció ante las dependencias y el ente local recurrido, la existencia de construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón, y los consecuentes problemas sanitarios que esto supone, esta no ha sido atendida. Afirma que esa omisión, vulnera sus derechos fundamentales.

II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una denuncia, relacionada con el medio ambiente, la cual, presuntamente, no ha sido atendida, ni resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo a los derechos fundamentales que se invocan, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de las denuncias de este tipo. Clarificado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 26 de marzo de 2020, el recurrente denunció ante el Ministerio de Salud la existencia de construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón (copia adjunta al informe). 2) Mediante correo electrónico de 14 de abril de 2020, el recurrente reiteró su denuncia ante el Ministro de Salud (copia adjunta al informe). 3) Mediante oficio del Área Rectora de Salud de Golfito, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0294-2020 de 23 de abril de 2020, se trasladó dicha denuncia a la Municipalidad de Golfito (informe rendido bajo juramento). 4) Por oficio de esa Área de Salud, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0295-2020 de 23 de abril de 2020, se comunicó al recurrente que su denuncia había sido trasladada al ente local recurrido (informe rendido bajo juramento). 5) El 9 de junio 2020, se realizó un operativo interinstitucional en los lugares denunciados, en el cual participaron funcionarios de la Municipalidad de Golfito, SINAC y Ministerio de Salud, y aplicó el Instrumento de Verificación de a Denuncias por Aguas Residuales en Urbanizaciones o Residenciales (informe rendido bajo juramento). 6) Por oficio del Área de Conservación Osa, No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 de 10 de junio de 2020, se rindió un informe de esa inspección, el cual concluyó que existían construcciones en la zona pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado. Además, se georreferenciaron seis construcciones en la Zona Pública del polígono Certificado Patrimonio Natural del Estado (administración SINAC-MINAE), una construcción fuera de la Zona Pública en Patrimonio Natural del Estado y siete construcciones en Zona Pública, fuera del Patrimonio Natural del Estado (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 7) El informe del Área Rectora de Salud recurrida, No. MS-DRRSBRU-URS-IT-140-2020 de 11 de junio de 2020, concluyó que el caserío que se ubica en Playa Pilón incumple las disposiciones en cuanto al manejo de aguas residuales y que utilizan pozos para abastecerse de agua para el consumo humano, los cuales irrespetan el retiro de ley y que corresponde a la Municipalidad de Golfito girar los actos administrativos correspondientes (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 8) Por oficio del Área Rectora de Salud de Golfito, No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 de 22 de junio 2020, se brindó un informe técnico de la visita que se realizó el 9 de junio a Playa Pilón, el cual evidenciaba que la situación denuncia se mantenía, puesto que existían un total de trece estructuras que carecían de sistema de tratamiento de aguas residuales y que, en vista que las estructuras se encuentran dentro de Patrimonio Natural del Estado, corresponde a la Municipalidad de Golfito y SINAC emitir los actos administrativos necesarios a fin de solventar la contaminación que se está presentando (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 9) Por Informe de esa Área Rectora de Salud, No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020 de 22 de junio 2020, se informó que en la visita que se realizó el 9 de junio a Playa Higuito, no existían personas acampando en el lugar (informe rendido bajo juramento). 10) Por oficio No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 de 18 de agosto 2020, se solicitó a la Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA que elabora una plan de abordaje de la problemática en el cual establezca un cronograma y presupuesto respectivo (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 11) Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 de 18 de agosto 2020, se solicita al Alcalde de Golfito que realizara un plan de abordaje de la problemática en el cual establezca un cronograma y presupuesto respectivo (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 12) Por oficio del Área Rectora de Salud recurrida, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0712-2020 de 18 de agosto 2020, se informó al recurrente de lo actuado a ese momento (copia adjunta al informe). 13) Por acuerdo tomado por el Concejo de Golfito en la sesión ordinaria No. 12-ORD 32-2020 de 19 de agosto de 2021, se conoció el oficio de esa Área de Salud de Golfito, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, y dispuso “trasladarlo a la administración y de las acciones a tomar se rinda un informe a este Concejo” (copia adjunta al informe). 14) Mediante Oficio de la Oficina de Valoraciones y del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad recurrida, No. MG-OV-INT-043-2020 de 1 de octubre de 2020, se rindió un informe al Alcalde de Golfito, respecto de los hechos denunciados (copia adjunta al informe). 14) Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1218-2020 de 13 de noviembre de 2020, se requirió un informe a la Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA, sobre las acciones realizadas, en el entendido de que existía un problema de salud pública y una afectación al ambiente (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 15) Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1219-2020 de 13 de noviembre de 2020, se solicitó un informe al Alcalde recurrido, sobre las acciones realizadas (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 16) El 11 de diciembre de 2020, el recurrente reiteró su denuncia ante el Ministro de Salud (copia adjunta al informe). 17) Mediante el oficio de la Dirección General de Salud, No. MS-DGS-0046-2021 de 8 de enero de 2021, se trasladó esa gestión del recurrente a la Rectoría de la Dirección Regional Brunca, para lo de su cargo (copia adjunta al informe). 18) Por oficio MS-DRRSBRU-ARSG-0043-2021 de 20 de enero de 2021, se requirió un informe la Alcalde de Golfito y la Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA, sobre las gestiones realizadas (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 19) Por oficio del Área Rectora de Salud recurrida, No. MS-DRRSBRU-ARSG-0044-2021 de 20 de enero de 2021 se brindó un informe al Ministro de Salud sobre las actuaciones realizadas (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 20) Por oficio No. SINAC-ACOSA-D-033-2021 de 21 de enero de 2021, se rindió el informe solicitado (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 21) Por oficio del Alcalde de Golfito, No. AM-MG-O-0024-2021 de 25 de enero 2021, se informó que el oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 había sido remitido al Departamento de Valoraciones y al Departamento de Zona Marítimo Terrestre (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 22) El 26 de enero de 2021 se reiteró a la Directora del Refugio de Vida Silvestre del Área de Conservación de Osa que brindara la información que ha solicitado anteriormente a fin de dar respuesta al denunciante a las autoridades superiores (informe rendido bajo juramento). 23) Mediante el oficio de la Alcaldía, No. AM-MG-0027-2021 de 26 de enero de 2021, se rindió un informe al Concejo de Golfito respecto de los hechos denunciados por el recurrente (copia adjunta al informe). 24) Por oficio MS-DRRSBRU-1503-2021 de 27 de enero de 2021, se informó al denunciante de lo actuado (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 25) Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0056-2021 de 28 de enero de 2021, se informó al denunciante las actuaciones realizadas en atención a su denuncia (informe rendido bajo juramento). 26) El 3 de febrero de 2021, el Área Rectora de Salud de Golfito, ordenó que se realizara una inspección en Playa Pilón, para verificar si habían variado las condiciones previamente existentes en ese lugar (informe rendido bajo juramento). 27) El Informe Técnico del Área Rectora de Salud recurrida, No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0058-2021 de 3 de febrero de 2021, concluyó que las condiciones detectadas en Playa Pilón persistían (informe rendido bajo juramento). 28) Mediante el oficio de la Alcaldía de Golfito, No. AM-MG-O-0050-2021 de 8 de febrero del 2021, se brindó un informe al recurrente de las acciones que se pretenden implementación con ocasión de su denuncia (copia adjunta al informe). 29) El 3 de febrero de 2021, se notificó el auto de curso a la Municipalidad y al Área de Salud recurridas (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico). 30) El 8 de febrero de 2021, se notificó es oficio al recurrente, a través del correo electrónico [email protected] (copia adjunta al informe).

IV.- HECHOS NO PROBADOS. Se estima no demostrado, el siguiente de relevancia: Único.- Que el Área de Conservación Osa haya brindado respuesta alguna al recurrente, ni que haya dispuesto medida alguna para abordar la denuncia.

V.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase Sentencia No. 1998-0180 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998). La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país.

VI.- CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente reprocha que un año después de que denunció ante las dependencias y el ente local recurrido, la existencia de construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón, y los consecuentes problemas sanitarios que esto supone, esta no ha sido atendida. Afirma que esa omisión, vulnera sus derechos fundamentales.

En lo que respecta al Ministerio de Salud, los autos permiten constatar que, el 26 de marzo de 2020, el recurrente denunció ante el Ministerio de Salud la existencia de construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón y que el 14 de abril de ese mismo año, el recurrente reiteró esa denuncia ante el Ministro de Salud. También, se demostró que mediante el oficio de esa Área de Salud, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0295-2020 de 23 de abril de 2020, se comunicó al recurrente que su denuncia había sido trasladada a la Municipalidad de Golfito. Igualmente, se verificó que el 9 de junio 2020, se realizó un operativo interinstitucional en los sitios denunciados, en el cual participaron funcionarios de la Municipalidad de Golfito, SINAC y Ministerio de Salud, el cual aplicó el Instrumento de Verificación de a Denuncias por Aguas Residuales en Urbanizaciones o Residenciales. El informe del Área Rectora de Salud recurrida, No. MS-DRRSBRU-URS-IT-140-2020 de 11 de junio de 2020, arroja que el caserío que se ubica en Playa Pilón presenta problemas en cuanto al manejo de aguas residuales y que utilizan pozos para abastecerse de agua para el consumo humano, los cuales irrespetan el retiro de ley. Asimismo, se verificó que por oficios del Área Rectora de Salud de Golfito, Nos. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 y MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020, ambos de 22 de junio 2020, se brindó un informe técnico de las inspecciones que se realizaron en los sitios denunciados, según las cuales, en Playa Pilón la situación denunciada se mantenía, puesto que existían trece estructuras que carecían de sistema de tratamiento de aguas residuales, en tanto que en Playa Higuito, no existían personas acampando en el lugar. Aunado a lo anterior, consta que el recurrente ha sido informado en distintos momentos de la intervención que el Área Rectora de Salud ordenó a la Municipalidad de Golfito y al Área de Conservación Osa, la elaboración de un plan de abordaje del problema, con su respectivo cronograma y presupuesto, así como que se ha requerido reiteradamente un informe a esas autoridades de lo actuado. Pese a lo anterior, si bien con ocasión de la notificación del auto de curso, el Área Rectora de Salud de Golfito, ordenó la realización de una inspección en Playa Pilón, para verificar si habían variado las condiciones previamente existentes en ese lugar, la cual permite verificar que el problema denunciado persistía en Playa Pilón, no se demostró que el recurrente haya sido informado de ello. Precisamente, por lo anterior, estima este Tribunal que se produjo la omisión reclamada.

En cuanto al ente local recurrido, de los autos se acredita que, en el acuerdo tomado por el Concejo de Golfito en la sesión ordinaria No. 12-ORD 32-2020 de 19 de agosto de 2021, se conoció el oficio del Área de Salud de Golfito, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, y dispuso “trasladarlo a la administración y de las acciones a tomar se rinda un informe a este Concejo”. También, se verificó que por Oficio de la Oficina de Valoraciones y del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad recurrida, No. MG-OV-INT-043-2020 de 1 de octubre de 2020, se rindió un informe al Alcalde de Golfito, respecto de los hechos denunciados. Además, se constata que mediante el oficio de la Alcaldía, No. AM-MG-0027-2021 de 26 de enero de 2021, se rindió un informe al Concejo de Golfito respecto de los hechos denunciados por el recurrente. Aunado a lo anterior, si bien con ocasión de la notificación del auto de curso a las autoridades locales recurridas, se brindó y notificó un informe al recurrente de las acciones que se pretenden implementar con ocasión de su denuncia, no consta que el problema denunciado haya sido atendido. Así las cosas, estima la Sala que se produjo la infracción reclamada.

En lo que atañe al Área de Conservación Osa, se demostró que por oficio No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 de 10 de junio de 2020, se rindió un informe de la inspección interinstitucional que se realizó el 9 de ese mismo mes, la cual concluyó que existían construcciones en la zona pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado. Además, se georreferenciaron seis construcciones en la Zona Pública del polígono Certificado Patrimonio Natural del Estado (administración SINAC-MINAE), una construcción fuera de la Zona Pública en Patrimonio Natural del Estado y siete construcciones en Zona Pública, fuera del Patrimonio Natural del Estado. Por lo anterior, según afirma la Directora a.i. de esa Área de Conservación Osa, es necesario exigir al ICT en nombre del Estado y a la municipalidad recurrida el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, pues la competencia del SINAC se enfocaría únicamente al área clasificada como Patrimonio Natural del Estado. Aunado a lo anterior, explica, en vista de que la información que se levantó para la elaboración de ese informe es poco clara y podría estar desactualizada, es imprescindible establecer una caracterización de la ocupación con el objetivo de que una vez se no esté vigente la Ley de Protección de ocupantes de zonas clasificadas como Especiales, 9577. Si bien, se verificó que a esos efectos se dispuso un plan de acción que permita establecer la ruta a seguir, no consta idónea y fehacientemente que al denunciante se le haya informado nada sobre el particular, ni que haya dispuesto medida alguna para resolver el problema. Bajo esta inteligencia, aprecia la Sala se produjo el agravio reclamado.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Debo advertir que desde la sentencia n.° 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:

“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.

Ahora, si bien el recurso de marras está planteado a favor de una persona jurídica, no menos cierto es que en el sub iudice se acusa la falta de atención de una denuncia ambiental interpuesta ante las autoridades accionadas, mediante la cual se alegó la existencia de construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón. Visto lo anterior, conviene señalar que este Tribunal ha validado la legitimación vicaria en materia ambiental, tal como se aprecia en la sentencia n.° 2018-018870 de las 9:40 horas del 13 de noviembre de 2018: “(…) tratándose de materia ambiental, como la que es objeto en este recurso, la Sala sí ha aceptado la legitimación vicaria, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 105 de la Ley de Biodiversidad, que reconoce una acción popular al señalar: “Toda persona está legitimada en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad” (ver sentencias No. 2018-1185 y 2018-1794). Por consiguiente, se admite la gestión y se procede a conocer por el fondo lo reclamado”. En mérito de lo anterior, dado que se está frente a un supuesto de legitimación vicaria, considero pertinente conocer el recurso planteado a favor de la persona jurídica amparada.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la presunta contaminación, producida por construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón, lo cual fue denunciado ante la Municipalidad de Golfito, y el Ministerio de Salud, sin que la problemática sea resuelta de forma definitiva, provocando afectación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Daniel Salas Peraza, a Fernando Mata Castro, a Freiner Lara Blanco, a Gustavo Mayorga Mayorga y a Laura Rivera Quintanilla, respectivamente, en condición de Ministro de Salud y de Director del Área Rectora de Salud de Golfito, de Alcalde y de Presidente del Concejo, ambos de Golfito, y de Directora a.i. del Área de Conservación Osa, o a quienes ejerzan esos cargos, que dispongan y coordinen lo necesario a efecto que en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva en definitiva la denuncia del recurrente. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Golfito, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Rueda Leal y Salazar Alvarado, de forma separada, ponen nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alejandro Delgado F.

Ileana Sánchez N.

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    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

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    • Constitución Política Art. 50
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