← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 05816-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/03/2021
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo because the CCSS corrected the notification error of the response to the information request after being notified of the amparo's initial ruling; without costs for the majority.La Sala declaró con lugar el amparo porque la CCSS subsanó el error de notificación de la respuesta a la solicitud de información después de notificado el auto de curso del amparo; sin condenatoria en costas para la mayoría.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo filed by the Cabécar Indigenous Association of Tayni against the CCSS for failing to respond to an information request on health services in the territory. The request, sent via email, sought clarifications and data on cross-cultural training, translators, indigenous care protocols, ATAPs, community assistants and construction of Ebais. The CCSS replied to the request on August 13, 2020, but erroneously notified the response to wrong email addresses, not the one indicated by the petitioner. Having corrected the error after notification of the amparo's initial ruling, the Chamber granted the amparo under article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, without costs according to the majority, though with dissenting opinions ordering damages and costs.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Indígena Cabécar de Tayni contra la CCSS por no haber respondido una solicitud de información sobre servicios de salud en el territorio. La solicitud, enviada por correo electrónico, pedía aclaraciones y datos sobre capacitación transcultural, traductores, protocolos de atención indígena, ATAPs, asistentes comunitarios y construcción de Ebais. La CCSS contestó la gestión el 13 de agosto de 2020, pero por error notificó la respuesta a correos electrónicos incorrectos, no al indicado por el recurrente. Al subsanar el error tras la notificación del auto de curso del amparo, la Sala declaró con lugar el recurso, al amparo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin condenatoria en costas según la mayoría, aunque con votos salvados que ordenaban la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
Key excerptExtracto clave
IV.- ON THE MERITS. In the case under study the petitioner claims that the respondent authority has not provided the information requested on July 30, 2020, by means of a communication dated July 23, 2020. From the report rendered by the representative of the respondent management it was established that on July 30, 2020, the petitioner sent to the Huetar Atlántica Regional Management of the CCSS, via email to the address: [email protected], a communication dated July 23, 2020, requesting to clarify the answers given in memo No. RIPSSHA-27107-2020 of June 2, 2020, and to provide the following information: (...) In this case, since it appears that the correction of the error and the sending of the reply to the petitioner at the means indicated for that purpose, i.e., the electronic mail address [email protected], occurred after notification of the initial ruling to the Director of the Integrated Health Service Delivery Network of the CCSS, which took place at 09:39 hours on March 9, 2021, it is appropriate to grant the remedy in accordance with the conditions set out in the operative part of this judgment.CONSIDERANDO: IV.- SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio el recurrente acusa que la autoridad recurrida no le ha facilitado la información que solicitó el 30 de julio de 2020, mediante oficio fechado 23 de julio del 2020. Del informe rendido por el representante de la dirección recurrida se tuvo por acreditado que el 30 de julio de 2020, la parte recurrente remitió a la Dirección Regional Huetar Atlántica de la CCSS, vía correo a la dirección: [email protected], un oficio fechado 23 de julio del 2020 donde solicitó aclarar las respuestas dadas en el oficio No. RIPSSHA-27107-2020 de 2 de junio de 2020, así como brindar la siguiente información: (...) En la especie, como se desprende que fue con posterioridad a la notificación del auto de curso al Director de la Dirección de Red Integrada de Prestaciones de Servicios de Salud de la CCSS, lo que ocurrió a las 09:39 horas del 09 de marzo de 2021, que se enmendó el error y se remitió el oficio de respuesta al recurrente al medio señalado al efecto, sea la dirección de correo electrónico [email protected], lo procedente es declarar con lugar el recurso de conformidad con las condiciones que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"En la especie, como se desprende que fue con posterioridad a la notificación del auto de curso al Director de la Dirección de Red Integrada de Prestaciones de Servicios de Salud de la CCSS, lo que ocurrió a las 09:39 horas del 09 de marzo de 2021, que se enmendó el error y se remitió el oficio de respuesta al recurrente al medio señalado al efecto, sea la dirección de correo electrónico [email protected], lo procedente es declarar con lugar el recurso de conformidad con las condiciones que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia."
"In this case, since it appears that the correction of the error and the sending of the reply to the petitioner at the means indicated for that purpose, i.e., the electronic mail address [email protected], occurred after notification of the initial ruling to the Director of the Integrated Health Service Delivery Network of the CCSS, which took place at 09:39 hours on March 9, 2021, it is appropriate to grant the remedy in accordance with the conditions set out in the operative part of this judgment."
Considerando IV
"En la especie, como se desprende que fue con posterioridad a la notificación del auto de curso al Director de la Dirección de Red Integrada de Prestaciones de Servicios de Salud de la CCSS, lo que ocurrió a las 09:39 horas del 09 de marzo de 2021, que se enmendó el error y se remitió el oficio de respuesta al recurrente al medio señalado al efecto, sea la dirección de correo electrónico [email protected], lo procedente es declarar con lugar el recurso de conformidad con las condiciones que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia."
Considerando IV
"Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal."
"Although there is an explicit text in the law that requires the operative part of the judgment to state that the remedy is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine states that the grant is ordered 'solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.' It is underlined that the Law says 'if applicable', which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation or weighing by the Court."
Considerando V
"Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal."
Considerando V
"La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas."
"Judge Hernández López partially dissents and orders the condemnation to damages, losses and costs in accordance with articles 50 and 51 of the Constitutional Jurisdiction Law. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the condemnation to damages, losses and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation to damages and losses, but not to costs."
Por Tanto
"La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas."
Por Tanto
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: 09:15 on March 19, 2021 Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Res. No. 2021005816 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the nineteenth of March two thousand twenty-one.
Amparo action processed under expediente number 21-004257-0007-CO, filed by SEDIEL MORALES RUIZ, identity card 0701470133, on behalf of the CABÉCAR INDIGENOUS ASSOCIATION OF TAYNI (ASOCIACIÓN INDÍGENA CABÉCAR DE TAYNI), legal identification number 3002614900, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, CCSS).
WHEREAS:
1.- By a document received at the Secretariat of the Chamber at 12:09 on March 2, 2021, the petitioner files an amparo action against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CCSS) and states that on July 30, 2020, a communication dated July 23 of last year was sent via electronic mail to the email address: [email protected], addressed to the respondent authority. Said communication requested clarification of the responses given in official letter No. RIPSSHA-27107-2020 of June 2, 2020, as well as providing the following information: "Point 1. Training in transcultural topics. 1. When was the staff of Valle de la Estrella trained in transcultural topics? 2. What were the topics addressed? 3. Provide me with copies of the lessons or documents containing the topics and teaching methods. I respectfully request that these documents come with the endorsement demonstrating that they are official documents of the Costa Rican Social Security Fund (sic). 4. Provide me with a copy of the workshop "Come closer and get to know my culture" ("Acércate y conoce mi cultura"), with the respective agreement from the corresponding authority of the Fund stating that it was officially approved. 5. Provide me with copies of the documents showing that the possibility of training staff virtually has been evaluated. 6. Indicate to me what has been decided regarding the planning of virtual training. Provide me with copies of the official documents containing these resolutions. Point 2. Translators. (...) I request that you indicate to me if you will carry out those steps and when you will do them, informing me of any procedure you undertake in this regard. Or, if you consider that you should not do it, indicate to me the reasons why you should not do them (...) Point 3. Protocol for indigenous care. (...) I ask that you indicate to me if you will carry out those steps and when you will do them, informing me of any procedure you undertake in this regard. Or, if you consider that you should not do them, indicate to me the reasons why you will not do them. Point 4. ATAPs. 1. Indicate to me the names of the persons appointed for Tayní. 2. Explain to me why at one time there were 3 ATAs working in the territory and now there are only – according to your report – two. 3. Indicate to me why an administrative process has not been initiated to determine if what I informed you is true, namely that the only indigenous primary healthcare technical assistant (asistente técnico de atención primaria, ATAP) "working" in Tayní, Rito Fernández Jackson, carries out activities that endanger health and cause conflict in the community, such as the illegal sale of alcoholic beverages; furthermore, his activity as an ATAP is almost nonexistent and lacks sufficient oversight. 4. Provide me with copies of the reports presented by ATAP Rito Fernández Jackson in the last six months regarding the work carried out in the territory. Point 5. Community Indigenous Assistant (Asistente Indígena Comunitario). (...) 1. Indicate to me if this assistant has an office and desk solely for her use. 2. Tell me what work equipment this assistant has. (...) I ask that you indicate to me if you will carry out those steps and when you will do them, informing me of any procedure you undertake in this regard. Or, if you consider that you should not do them, indicate to me the reasons why you will not do them. Point 6. Gavilán Ebais. 1. I reiterate my original request: inform me about the progress on the construction of that Ebais. (...) Indicate to me what has been done and what remains to be done. 2. Provide me with a schedule of activities from today until the moment construction begins. Point 7. Alto Cohen EBAIS. (...) I ask that you indicate to me if you will carry out those steps and when you will do them, informing me of any procedure you undertake in this regard. Or, if you consider that you should not do them, indicate to me the reasons why you will not do them" (communication provided as evidence). He complains that as of the date this action was filed, the communication of interest had not been answered, nor had he been given access to the requested information. He considers that this violates his fundamental rights.
2.- Wilman Rojas Molina, in his capacity as Director of the Dirección de Red Integrada de Prestaciones de Servicios de Salud of the CCSS, reports under oath that through official letter No. RIPSSHA-29183-2021 of March 9, 2021, the petitioner, President of the Integral Development Association of the Cabécar Tayní Indigenous Reserve (Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar Tayní), was informed "that his request OF JULY 23, 2020" was answered and sent by electronic mail on Thursday, August 13, 2020, at 2:16 p.m. to the following recipients of the Integral Development Association of the Cabécar Tayni Indigenous Reserve, La Estrella de Limón: [email protected]; [email protected]. For that purpose, he forwarded the mentioned official letter to the email [email protected]". He details that due to an involuntary error by the acting medical assistant official of that Network Directorate, who handled the matter, the petitioner was notified at the emails [email protected] and [email protected], which currently have no connection to the Indigenous Development Association represented by the promoter. Therefore, he highlights that in the same official letter RIPSSHA-29183-2021 of March 9, 2021, the involuntary error was corrected, and a response was provided to the interested party at his email address indicated for that purpose, namely [email protected]. He requests that the action be dismissed.
3.- The legal requirements have been observed in the proceedings undertaken.
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
WHEREAS:
I.- IN ADVANCE. Given that Wilman Rojas Molina, in his capacity as Director of the Dirección de Red Integrada de Prestaciones de Servicios de Salud of the CCSS, omitted to expressly state in the report rendered under oath whether the electronic mail [email protected] is established as an official means of communication with the directorate, this fact is taken as true, and the constitutionality of this matter shall be analyzed in accordance with the provisions of Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional).
II.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner claims that on July 30, 2020, he sent a communication dated July 23, 2020, via electronic mail to the email address [email protected], addressed to the Huetar Atlántica Regional Directorate of the CCSS, where he requested clarification of the responses given in official letter No. RIPSSHA-27107-2020 of June 2, 2020, as well as to provide information of interest to him. However, he alleges that as of the date this action was filed, the communication of interest had not been answered, nor had he been given access to the requested information. He requests the Chamber's intervention.
III.- PROVEN FACTS. The following facts are considered duly proven for the purpose of deciding this matter, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:
IV.- ON THE MERITS. In the case under study, the petitioner alleges that the respondent authority has not provided him with the information he requested on July 30, 2020, through a communication dated July 23, 2020. From the report rendered by the representative of the respondent directorate, it was accredited that on July 30, 2020, the petitioner sent to the Huetar Atlántica Regional Directorate of the CCSS, via email to the address: [email protected], a communication dated July 23, 2020, where he requested clarification of the responses given in official letter No. RIPSSHA-27107-2020 of June 2, 2020, as well as providing the following information: "Point 1. Training in transcultural topics. 1. When was the staff of Valle de la Estrella trained in transcultural topics? 2. What were the topics addressed? 3. Provide me with copies of the lessons or documents containing the topics and teaching methods. I respectfully request that these documents come with the endorsement demonstrating that they are official documents of the Costa Rican Social Security Fund (sic). 4. Provide me with a copy of the workshop "Come closer and get to know my culture" ("Acércate y conoce mi cultura"), with the respective agreement from the corresponding authority of the Fund stating that it was officially approved. 5. Provide me with copies of the documents showing that the possibility of training staff virtually has been evaluated. 6. Indicate to me what has been decided regarding the planning of virtual training. Provide me with copies of the official documents containing these resolutions. Point 2. Translators. (...) I request that you indicate to me if you will carry out those steps and when you will do them, informing me of any procedure you undertake in this regard. Or, if you consider that you should not do it, indicate to me the reasons why you should not do them (...) Point 3. Protocol for indigenous care. (...) I ask that you indicate to me if you will carry out those steps and when you will do them, informing me of any procedure you undertake in this regard. Or, if you consider that you should not do them, indicate to me the reasons why you will not do them. Point 4. ATAPs. 1. Indicate to me the names of the persons appointed for Tayní. 2. Explain to me why at one time there were 3 ATAs working in the territory and now there are only – according to your report – two. 3. Indicate to me why an administrative process has not been initiated to determine if what I informed you is true, namely that the only indigenous ATAP "working" in Tayní, Rito Fernández Jackson, carries out activities that endanger health and cause conflict in the community, such as the illegal sale of alcoholic beverages; furthermore, his activity as an ATAP is almost nonexistent and lacks sufficient oversight. 4. Provide me with copies of the reports presented by ATAP Rito Fernández Jackson in the last six months regarding the work carried out in the territory. Point 5. Community Indigenous Assistant. (...) 1. Indicate to me if this assistant has an office and desk solely for her use. 2. Tell me what work equipment this assistant has. (...) I ask that you indicate to me if you will carry out those steps and when you will do them, informing me of any procedure you undertake in this regard. Or, if you consider that you should not do them, indicate to me the reasons why you will not do them. Point 6. Gavilán Ebais. 1. I reiterate my original request: inform me about the progress on the construction of that Ebais. (...) Indicate to me what has been done and what remains to be done. 2. Provide me with a schedule of activities from today until the moment construction begins. Point 7. Alto Cohen EBAIS. (...) I ask that you indicate to me if you will carry out those steps and when you will do them, informing me of any procedure you undertake in this regard. Or, if you consider that you should not do them, indicate to me the reasons why you will not do them. As a means for receiving notifications, he indicated the email address [email protected].
In response to said request, it can be inferred that on August 13, 2020, the respondent authority attended to and responded to the communication initiated by the applicant. However, due to an involuntary error, said response was sent to the email addresses [email protected] and [email protected]. In this regard, in the attached report, the respondent representative emphasized that they noticed their error and, therefore, through official letter RIPSSHA-29183-2021 of March 9, 2021, a response was provided to the promoter under the following terms: "By means of this letter, I certify that your request was answered by electronic mail of August 13, 2020, at 14:16 to the following electronic recipients of the Integral Development Association of the Cabécar Tayni Indigenous Reserve, La Estrella de Limón: [email protected]; [email protected]. For that purpose, I forward the mentioned official letter to the email [email protected]". Said official letter was sent at 16:02 on March 9, 2021. Specifically, the interested party was notified of the following: "Point 1. Training in Transcultural Topics: The Health Area of Valle La Estrella routinely addresses multiple administrative and operational matters in sessions scheduled with department heads or with unit staff. In these spaces, should a topic involving the indigenous population be addressed (service delivery, construction, health fairs), the cultural and cosmogonic topic of basic knowledge by the staff at the time of the work session is involved. Service delivery is not suspended for the exclusive development of cultural topics concerning the local population. Regarding transcultural topics, a process of identifying the needs of the indigenous population is carried out with the providers of the Health Areas of Matina, Talamanca, Valle La Estrella, and Siquirres, as well as with the representatives of each indigenous territory and people, in order to determine the felt and perceived needs. For this, the following activities are carried out: 1. Workshop/conversation with indigenous peoples, establishing the ADIs as representatives of the indigenous territories, according to ILO Convention 169. The methodology achieved the established objectives, with broad participation that allowed identifying the needs of indigenous peoples and what they perceive as weaknesses in health services. 2. Workshop with service providers from the 04 Health Areas COD indigenous population, to determine the expressed needs, which was held on October 18, 2019, and was attended by 28 officials. Initially, a survey was conducted, aimed at observing the perception of the attending providers regarding some of the topics to be addressed in the workshop. An internal debate was generated on the needs they were identifying; they prepared a presentation of the findings, and a plenary session was held with the other providers sharing experiences. Questions prepared: • What limitations do you, as a provider, have in providing adequate health services to the indigenous population? • Do you believe that the institution's current health programs and approaches for care groups (children, youth, older adults, pregnant women, social work, pharmaceutical care, etc.) are adapted to the reality of indigenous peoples? • Do you consider that social actors (Integral Development Associations of Indigenous Territories, Neighborhood Councils, Women's Groups) have participation in health services? • What strategies would you implement to achieve access and equity in health services for the indigenous population, at both the first and second levels of care? Therefore, with the needs identified and priorities defined, a development of strategies based on "Good treatment and cultural sensitization" is established, so the planning of the coexistence event "Come closer and get to know my culture" ("Acércate y conoce mi cultura") will be developed for the year 202 (sic), with the objective of sensitizing health service providers of the RIPSSHA about the culture of the indigenous person that makes up their Network, and so that this knowledge allows them to provide warm and quality care. Currently, said effort is pending and in a logistical process, which, due to the Covid-19 Pandemic situation, the methodology for said activity has had to be redesigned, which will sensitize health providers in the culture of our populations in indigenous territories to subsequently replicate this information with health personnel in health establishments with indigenous territories. Point 2. Translators: It is important to mention that the Community Indigenous Assistant, by profile, is trained to be a support and act as a translator in the territory. At the local level, there has been an initiative to carry out the selection and hiring process of personnel native to the indigenous territory in order to favor the hiring of personnel who know the area, the culture, worldview, and language management as desirable elements. They are not indispensable requirements. The institution does not have the profile of an indigenous translator; efforts have been made for indigenous people to work at Hospital Tony Facio to provide support as translators. At the time, this initiative did not bear fruit due to a lack of applicants. At this current moment, where there is a greater supply, it could be attempted again. Point 3. Protocol for Indigenous Care: At the local level, prioritized care for users from geographically distant areas is promoted, regardless of ethnic group. At the regional level, the Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica, given the Covid-19 pandemic situation, prepares and delivers the: GUIDELINES "STRATEGY FOR ADDRESSING THE COVID-19 EMERGENCY IN INDIGENOUS TERRITORIES OF THE RIPSSHA" to the Health Areas of Talamanca, Valle La Estrella, Siquirres, and Matina, in which the following objectives are stated: a. Guarantee the application of the "Guideline for Covid-19 Care in Indigenous Territories issued by the Ministry of Health" with an approach centered on the indigenous person and with cultural relevance. b. Ensure respect for the rights of indigenous peoples to participate in decision-making that involves them and strengthen community participation through the application of national and international agreements. c. Reduce cultural resistance on the part of health service personnel by designing a directive that socializes the cultural knowledge of the indigenous population of the Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica (RIPSSHA). The aforementioned, this Network Directorate will follow up on compliance with this Guideline to the Health Areas on a quarterly basis. Point 4. ATAPS: It is important to highlight the procedure involved in training this personnel. In this case, we have personnel trained for ordinary tasks; there is no personnel trained for substitutions in this profile. Regarding only having 2 ATAPS in the territory, it is due to the fact that the administrative execution of dismissal was carried out for the official who held that position, and who served in the position of primary care technical assistant, a position that was assigned to the Equipo Básico de Atención Integral en Salud Gavilán. Said administrative action responds to repeated non-compliance with duties by this person. From this, it follows that, due to administrative aspects, the position was immediately placed in a frozen condition by the Gerencia Médica because, at the local level, given that there are no persons trained as ATAP, the same cannot be used for hiring personnel. It is important to mention that, by virtue of the foregoing, and given that the institutional training processes for this personnel are not being carried out, and faced with the need for field supervision, authorization has been requested from the Gerencia Médica to reactivate said position and make use of it in functions required at the local level, subject to justification for modifying the profile. In relation to acting upon complaints of apparent inappropriate behavior by Mr. Rito Fernández Jackson, who serves in this programmatic unit as ATAP at the Gavilán EBAIS, I must state that, as of the present date, the Medical Directorate of the Health Area of Valle La Estrella has no complaints to address regarding this person. Point 5. Community Indigenous Assistant: We have a person selected and appointed to the post. Headquarters at Gavilán EBAIS, shares physical space with ATAPS until the construction of facilities is realized. Point 6 and 7. GAVILAN AND ALTO COHEN EBAIS: There is only one EBAIS in Indigenous territory, which is the Gavilán EBAIS. It offers its services at Periodic Visit Posts (Puestos de Visita Periódica). In Alto Cohen, the initiative that existed to build a PVP in the Alto Cohen community was completely halted. This initiative was driven by an NGO; however, due to conditions of overland access to the community, as well as the declaration of national emergency, the process was stopped completely. GAVILAN EBAIS The project for the construction and equipping of the Gavilán Type 1 EBAIS has followed a trajectory with many obstacles and unforeseen events that have prevented the process from flowing satisfactorily over the past four years. Below is an excerpt of the events that have in one way or another hindered the effectiveness and progress of the project since 2017: 1. Change of land because the available land was not suitable for a surface wastewater treatment system. 2. Technical studies for acceptance of the land by the institution. 3. Definition of the waste treatment plant according to the land. 4. Situation of potable water where it is expected that commitments will be made by the Water Supply and Sewerage authority (Acueductos y Alcantarillados). (responsible AYA) The previous points regarding the CCSS are already resolved, so the bidding process is projected during the 2020 period. Pending the official letter from Management (Gerencia) indicating the commitment to have the resources for next year and bid it this year. For 2021, the following is projected: • First semester of 2021: Obtaining the environmental feasibility (viabilidad ambiental). • Second semester of 2021: Execution of the project, which has a period of 06 months. The beneficiary population of the project to be built at the Gavilán EBAIS Headquarters is approximately 4500 inhabitants, of which 3895 are indigenous population. Square meters of construction for the Gavilán EBAIS: 332m2, and it has a budget for the project of 550 million colones. The project is included in the CCSS Project Portfolio. This will contribute to improvements in conditions for internal users in terms of infrastructure, where adequate spaces are contemplated for external user care. For the external user, better conditions and equipment will favor more comprehensive care. Coupled with this, work teams would have a longer stay at the headquarters than at the periodic visit posts, due to the fact that the current infrastructure does not provide adequate or suitable conditions for providing warm care to our users. ALTO COHEN EBAIS Regarding the Alto Cohen EBAIS, it is not included in the institution's Project Portfolio. Point 8. Ambulance: Local steps were taken to acquire additional vehicles; however, given the conditions presented by the vehicle fleet of this Programmatic Unit 24 months ago, the need to replace them with vehicles offering optimal conditions for carrying out operational activities inherent to health service delivery and considering local road surface conditions was determined. All institutional vehicles remain at La Fortuna Clinic in Valle La Estrella, and in case of need, the respective coordination is carried out to dispatch an institutional vehicle, services by the Red Cross (Cruz Roja), or contracting through third parties. Point 9. Hiring of indigenous health personnel: On this aspect, it is important to indicate that our institution has made efforts for our indigenous territories, in providing optimal quality care where care is centered on the person; it is for this reason that it is decided in September of this year to change the modality of the Gavilán EBAIS position from social service physician to a position of physician in general medicine.
For this reason, the Indigenous ADI is informed to facilitate a roster of candidates in said discipline; the other two social service positions are maintained, for the time being. It is decided to change the VENUE of the afternoon shift to the first shift, due to the pandemic, during which care will be provided to periodically visited posts (puestos de visita periódica, PVP) and in the emergency service. Currently, it is indicated that there are no candidates available to opt for this position. Therefore, we proceed to act in accordance with what is ordinarily established at the institution. The Board of Directors some months ago approved the Manual for the Hiring of Indigenous Personnel in Indigenous Territories, a manual that was shared with the Indigenous ADIs and to which they made important contributions prior to its approval. It is important that at an upcoming meeting you meet with Dr. Gonzalo Mena and assess the correct application of said manual for the hiring of human resources in indigenous territory. Regarding the matter of the two Indigenous nurses from Tayni, this matter will be reviewed with the relevant officials in charge of this process.” In the case at hand, as it is evident that it was after the notification of the order to proceed to the Director of the Dirección de Red Integrada de Prestaciones de Servicios de Salud of the CCSS, which occurred at 09:39 hours on March 9, 2021, that the error was corrected and the response letter was sent to the appellant at the means indicated for this purpose, which is the email address [email protected], it is appropriate to grant the appeal in accordance with the conditions set forth in the operative part of this judgment.
V.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of this Chamber considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law requiring that the operative part of the ruling state that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that this same paragraph, in fine, states that the granting is made “solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” It is underlined that the Law states “if applicable,” meaning that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this one, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an impairment of the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “every resolution granting the appeal shall condemn in abstracto to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its settlement shall be reserved for the execution of sentence,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, where appropriate, International or Community Law, and furthermore, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they so wish, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.
VI.- DISSENTING VOTE OF JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ, ON THE ECONOMIC CONSEQUENCES DERIVED FROM GRANTING THIS APPEAL.
I agree with the majority of the Chamber in the decision taken regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I dissent from their decision regarding the issue of the economic consequences of said declaration.
The constitutional jurisdiction entrusted to this Court in matters of amparo and habeas corpus—the jurisdiction of liberty, as it is called—is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, facing off over a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to persons in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of whoever, de facto or de jure, carries out concrete exercises of authority capable of violating them.
This protective vocation of the constitutional jurisdiction is realized in a procedural design that is also peculiar, expeditious, and free of charge, where the respondent public authority is merely required to submit “a report” on the actions taken in the reported case (articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). So, technically, it is not a litigation, and accordingly, the Sala Constitucional is vested with broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus proceeding, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what occurred, and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify what happened. Such a procedural framework for the jurisdiction of liberty, where there are not two antagonistic parties facing off such that what one gains the other loses, requires us to move away from the solutions that for these latter matters have been provided in procedural systems such as civil, contentious, or labor law.
Regarding what is now of interest, the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates in its articles 46 and following, three special aspects of the exercise of the jurisdictional function in the protection of fundamental rights, entrusted to the Chamber: a) the first aspect concerns the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (articles 46 and 47 LJC); b) the second, carefully regulates the powers that the Court enjoys to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus proceedings, so that—upon the Chamber’s verification of an injury—there is a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, an effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the infringing authorities, which are not only for the purposes of effective judicial protection of the plaintiff but also have a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
In this last aspect, the Law, in its article 51, orders the Chamber that “every resolution granting the appeal shall condemn in abstracto to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal…”. This is the general system that regulates the issues of the compensatory field, for the cases that the majority identifies as the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”; in such cases, among which the one now being decided is counted, the Chamber has verified the grievance, hence the need for an award of costs, damages, and losses, which is supported by the aforementioned concept of effective protection of the rights of persons and the notion that the Administration must be held responsible for the damages and expenses it causes with its unconstitutional actions. This conclusion is not changed in any way by the fact that when the amparo is heard and resolved, “the effects of the challenged act have ceased” (article 50), since such a case forms an integral part of the general system of automatic award of costs, damages, and losses, it being understood that the proceeding has ended normally and the violation has been verified.
Within this simple and clear general framework—and lacking deficiencies or gaps as the majority asserts—the provision of article 52 of the Law fits perfectly as an exception case, applicable only in cases where the Chamber has not heard, nor has pronounced on, the merits of the claim, that is—as the majority states—in those situations of “abnormal termination of the proceeding.” But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with utmost precision by the legislator; first, the factual prerequisites for the application of this rule are clearly described, so that the Chamber must verify: 1) that the amparo is in progress; 2) that there is an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that in such resolution the revocation, stoppage, or suspension of the challenged action is unquestionably ordered. These are highly circumscribed concepts, whose scope of application must furthermore be interpreted restrictively, not only in light of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but because the consequences of applying such an exception indisputably generate a diminution in the fundamental right of persons to achieve effective judicial protection against the damages suffered due to the injury to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Court has confirmed all of the above, in the light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic award of costs, damages, and losses, and exercise—as judges—our legal discretion to decide whether the payment of such items is ordered or not.
In this case, the foregoing exercise obliges us to conclude the inapplicability of article 52 of the LJC, since, on the one hand, the Court has pronounced on the merits of the matter, has recognized with its declaration an injury to fundamental rights and determined who its author was; the above in no way resembles an “abnormal termination of the proceeding.” On the other hand, the requirements of the recently cited article 52 are also not met, since there is no “administrative or judicial resolution” formally issued in which the act causing the violation of constitutional rights is expressly revoked, stopped, or suspended. For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of articles 50 and 51 of the LJC and order—as a consequence of having verified the violation—the award of damages, losses, and costs caused, as the economic consequences of the proceeding.
But even if we were to set aside the automatic award of damages, losses, and costs, disregarding the foregoing reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impairment in the exercise of the protected person's fundamental rights, which, as a harmful action that it is, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses—whose concrete determination is not for the Chamber to make—and no merit whatsoever is observed in the expediente that would convince us to exonerate the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided in the law.
VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I concur with the rest of the Chamber in granting the appeal, I dissent from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in article 52, provides that:
“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” On the other hand, article 51 ibidem establishes that:
“...every resolution granting the appeal shall condemn in abstracto to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its settlement shall be reserved for the execution of sentence.” This latter norm establishes the general system that regulates matters related to compensation and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.
In the majority's criterion, the cited article 51 regulates the cases in which the Chamber has verified the grievance; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and losses. However, in the undersigned's judgment, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, as in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in the referred article 52—by imperative of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has verified the grievance and has proceeded to hear the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (article 52), always, in any of these scenarios, the pressing need arises for an award of costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of protection of the rights of persons and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes with its unconstitutional actions.
Thus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms provided in articles 50 and 52 of the cited law, does not vitiate the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of the necessary award of these items contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Moreover, it is clear that the aforementioned article 52 applies only in cases where the Chamber, even when it has not heard, nor has pronounced on, the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration of the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation which, as the majority of the Chamber states, implies an “abnormal termination of the proceeding.” The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution ordering the amparo to proceed; and 2) that there is an administrative or judicial resolution that orders, undoubtedly, the revocation, stoppage, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the rule, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.
In my judgment, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, such an award is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is proven in an indubitable and clear manner that in the specific case no compensable harm was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. Since in this case there is no element whatsoever to disprove the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—whose concrete determination is not the responsibility of this jurisdiction—the granting of this appeal must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and I so declare.
VIII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” My interpretation of this norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the violated right. The phrase “if applicable” refers to the costs. Indeed, article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.
Certainly, pursuant to article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to amparo is not of a compensatory nature but rather a restitutive one; however, article 51 of the LJC states: “Every resolution granting the appeal shall condemn in abstracto to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its settlement shall be reserved for the execution of sentence.” If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, the condemnation in abstracto for these is appropriate. If it were not done so, if such a condemnation were not made, in the event that damages had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate article 41 of the CP. If, despite the condemnation in abstracto having been issued, no damages and losses were caused, the judge in the ordinary jurisdiction shall so declare, since only that judge is responsible for having the real existence and magnitude of the same proven.
With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of an amparo appeal. It remains to be said that article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.
IX- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
In accordance with article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the appeal is granted without a special award of costs, damages, and losses. Judge Hernández López partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs in accordance with articles 50 and 51 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not the award of costs.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Hubert Fernández A.
Ileana Sánchez N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2021005816 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-004257-0007-CO, interpuesto por SEDIEL MORALES RUIZ, cédula de identidad 0701470133, a favor de la ASOCIACIÓN INDÍGENA CABÉCAR DE TAYNI, cédula jurídica 3002614900, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:09 horas del 02 de marzo de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) y manifiesta que el 30 de julio de 2020 se remitió una gestión de fecha 23 de julio del año pasado, vía correo electrónico, a la dirección electrónica: [email protected], dirigida a la autoridad recurrida. En dicha nota se le pidió aclarar las respuestas dadas en el oficio No. RIPSSHA-27107-2020 de 2 de junio de 2020, así como brindar la siguiente información: "Punto 1. Capacitación en temas transculturales. 1. ¿Cuándo fue capacitado en temas transculturales el personal del Valle de la Estrella? 2. ¿Cuáles fueron los temas tratados? 3. Entrégueme copia de las lecciones o documentos donde consten los temas y métodos de enseñanza. Respetuosamente le solicito que esos documentos vengan con el respaldo que demuestre que se trata de documentos oficiales de la Caja Costarricense del (sic) Seguro Social. 4. Entrégueme copia del taller “Acércate y conoce mi cultura”, con el acuerdo respectivo de la autoridad correspondiente de la Caja en el que conste que fue aprobado oficialmente. 5. Entrégueme copia de los documentos en los que consta que se ha valorado la posibilidad de capacitar al personal de forma virtual. 6. Indíqueme qué se ha resuelto sobre la planificación de la capacitación virtual. Entrégueme copias de los documentos oficiales donde conste esas resoluciones. Punto 2. Traductores. (...) Le solicito que me indique si realizará esas gestiones y cuándo las hará, informando cualquier trámite que haga al respecto. O, si considera que no debe hacerla, que me indique las razones por las que no debe realizarlas (...) Punto 3. Protocolo para atención de indígenas. (...) Le pido que me indique si realizará esas gestiones y cuándo las hará, informando cualquier trámite que haga al respecto. O, si considera que no debe hacerlas, que me indique las razones por las que no las hará. Punto 4. ATAP’s. 1. Indíqueme el nombre de las personas nombradas para Tayní. 2. Explíqueme por qué en un tiempo existieron 3 ATA’s trabajando en el territorio y ahora solo hay -según su informe- dos. 3. Indíqueme por qué no ha iniciado un proceso administrativo para determinar si es cierto lo que le informé, en el sentido de que el único ATAP indígena que “trabaja” en Tayní. Rito Fernández Jackson, realiza actividades que ponen en riesgo la salud y causan conflicto en la comunidad, como venta ilegal de bebidas alcohólicas, además su actividad como ATAP es casi nula y no tiene la suficiente fiscalización. 4. Entrégueme copias de los informes presentados por el ATAP Rito Fernández Jackson en los últimos seis meses, sobre las labores realizadas en el territorio. Punto 5. Asistente Indígena Comunitario. (...) 1. Indíqueme si esa asistente cuenta con oficina y escritorio solo para ella. 2. Mencióneme con qué equipo de trabajo cuenta esa asistente. (...) Le pido que me indique si realizará esas gestiones y cuándo las hará, informando cualquier trámite que haga al respecto. O, si considera que no debe hacerlas, que me indique las razones por las que no las hará. Punto 6. Ebais de Gavilán. 1. Le reitero mi petición original: infórmeme sobre los avances para la construcción de ese Ebais. (...) Indíqueme qué se ha hecho y qué falta por hacer. 2. Entrégueme un cronograma de actividades desde hoy hasta el momento en que se inicie la construcción. Punto 7. EBAIS Alto Cohen. (...) Le pido que me indique si realizará esas gestiones y cuándo las hará, informando cualquier trámite que haga al respecto. O, si considera que no debe hacerlas, que me indique las razones por las que no las hará” (gestión aportada como prueba). Reclama que a la fecha de interposición de este recurso, la gestión de interés no había sido contestada, ni se le había dado acceso a la información solicitada. Estima que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales.
2.- Informa bajo juramento Wilman Rojas Molina, en su condición de Director de la Dirección de Red Integrada de Prestaciones de Servicios de Salud de la CCSS, que mediante oficio No. RIPSSHA-29183-2021 del 09 de marzo del 2021 se le indicó al recurrente, Presidente Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar Tayní “que su solicitud DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2020” fue respondida y enviada por correo electrónico el día jueves 13 de agosto de 2020 a las 14:16 a los siguientes destinatarios de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar Tayni La Estrella de Limón: [email protected]; [email protected]. Para tal efecto reenvío oficio mencionado al correo [email protected]”. Detalla que por un error involuntario de la funcionaria asistente médica de esa Dirección de Red, quien atendió el asunto, notificó al accionante a los correos [email protected] y [email protected], mismos que no tienen relación actualmente con la Asociación de Desarrollo indígena, que representa el promovente. Por lo anterior, resalta que en el mismo oficio RIPSSHA-29183-2021 09 de marzo del 2021 se subsanó el error involuntario y se brindó respuesta al interesado a su correo señalado al efecto, sea [email protected]. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
CONSIDERANDO:
I.- DE PREVIO. En vista de que Wilman Rojas Molina, en su condición de Director de la Dirección de Red Integrada de Prestaciones de Servicios de Salud de la CCSS, omitió indicar expresamente en el informe rendido bajo juramento, si el correo electrónico [email protected] se encuentra previsto como mecanismo oficial de comunicación con la dirección, se tiene por cierto este hecho y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente manifiesta que el 30 de julio de 2020 remitió una gestión fechada 23 de julio del 2020, vía correo electrónico, a la dirección electrónica: [email protected], dirigida a la Dirección Regional Huetar Atlántica de la CCSS, donde pidió aclarar las respuestas dadas en el oficio No. RIPSSHA-27107-2020 del 02 de junio de 2020, así como brindar información de su interés. No obstante, acusa que a la fecha de interposición de este recurso, la gestión de interés no había sido contestada, ni se le había dado acceso a la información requerida. Solicita la intervención de la Sala.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
IV.- SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio el recurrente acusa que la autoridad recurrida no le ha facilitado la información que solicitó el 30 de julio de 2020, mediante oficio fechado 23 de julio del 2020. Del informe rendido por el representante de la dirección recurrida se tuvo por acreditado que el 30 de julio de 2020, la parte recurrente remitió a la Dirección Regional Huetar Atlántica de la CCSS, vía correo a la dirección: [email protected], un oficio fechado 23 de julio del 2020 donde solicitó aclarar las respuestas dadas en el oficio No. RIPSSHA-27107-2020 de 2 de junio de 2020, así como brindar la siguiente información: "Punto 1. Capacitación en temas transculturales. 1. ¿Cuándo fue capacitado en temas transculturales el personal del Valle de la Estrella? 2. ¿Cuáles fueron los temas tratados? 3. Entrégueme copia de las lecciones o documentos donde consten los temas y métodos de enseñanza. Respetuosamente le solicito que esos documentos vengan con el respaldo que demuestre que se trata de documentos oficiales de la Caja Costarricense del (sic) Seguro Social. 4. Entrégueme copia del taller “Acércate y conoce mi cultura”, con el acuerdo respectivo de la autoridad correspondiente de la Caja en el que conste que fue aprobado oficialmente. 5. Entrégueme copia de los documentos en los que consta que se ha valorado la posibilidad de capacitar al personal de forma virtual. 6. Indíqueme qué se ha resuelto sobre la planificación de la capacitación virtual. Entrégueme copias de los documentos oficiales donde conste esas resoluciones. Punto 2. Traductores. (...) Le solicito que me indique si realizará esas gestiones y cuándo las hará, informando cualquier trámite que haga al respecto. O, si considera que no debe hacerla, que me indique las razones por las que no debe realizarlas (...) Punto 3. Protocolo para atención de indígenas. (...) Le pido que me indique si realizará esas gestiones y cuándo las hará, informando cualquier trámite que haga al respecto. O, si considera que no debe hacerlas, que me indique las razones por las que no las hará. Punto 4. ATAP’s. 1. Indíqueme el nombre de las personas nombradas para Tayní. 2. Explíqueme por qué en un tiempo existieron 3 ATA’s trabajando en el territorio y ahora solo hay -según su informe- dos. 3. Indíqueme por qué no ha iniciado un proceso administrativo para determinar si es cierto lo que le informé, en el sentido de que el único ATAP indígena que “trabaja” en Tayní. Rito Fernández Jackson, realiza actividades que ponen en riesgo la salud y causan conflicto en la comunidad, como venta ilegal de bebidas alcohólicas, además su actividad como ATAP es casi nula y no tiene la suficiente fiscalización. 4. Entrégueme copias de los informes presentados por el ATAP Rito Fernández Jackson en los últimos seis meses, sobre las labores realizadas en el territorio. Punto 5. Asistente Indígena Comunitario. (...) 1. Indíqueme si esa asistente cuenta con oficina y escritorio solo para ella. 2. Mencióneme con qué equipo de trabajo cuenta esa asistente. (...) Le pido que me indique si realizará esas gestiones y cuándo las hará, informando cualquier trámite que haga al respecto. O, si considera que no debe hacerlas, que me indique las razones por las que no las hará. Punto 6. Ebais de Gavilán. 1. Le reitero mi petición original: infórmeme sobre los avances para la construcción de ese Ebais. (...) Indíqueme qué se ha hecho y qué falta por hacer. 2. Entrégueme un cronograma de actividades desde hoy hasta el momento en que se inicie la construcción. Punto 7. EBAIS Alto Cohen. (...) Le pido que me indique si realizará esas gestiones y cuándo las hará, informando cualquier trámite que haga al respecto. O, si considera que no debe hacerlas, que me indique las razones por las que no las hará. Como medio para recibir notificaciones señaló la dirección de correo electrónico [email protected].
En atención a dicho requerimiento, se colige que el 13 de agosto de 2020 la autoridad recurrida atendió y respondió la gestión incoada por el gestionante. No obstante, por un error involuntario, dicha respuesta fue remitida a las direcciones de correo electrónico [email protected] y [email protected]. Sobre el particular, en el informe adjunto, el personero accionado subrayó que se percataron de su error y, por ende, mediante oficio RIPSSHA-29183-2021 del 09 de marzo del 2021 se brindó respuesta al promovente en las siguientes condiciones: “Por medio de la presente hago constar que su solicitud fue respondida por correo electrónico del 13 de agosto de 2020 a las 14:16 a los siguientes destinatarios electrónicos de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar Tayni La Estrella de Limón: [email protected]; [email protected]. Para tal efecto, reenvió oficio mencionado al correo [email protected]”. Dicho oficio fue remitido a las 16:02 horas del 09 de marzo de 2021. En concreto se le notificó al interesado lo siguiente: “Punto 1. Capacitación en Temas Transculturales: El Área de Salud de Valle La Estrella atiende de manera ordinaria múltiples temas de orden administrativo y operativo en sesiones programadas con jefaturas o bien con el personal de la unidad. En dichos espacios, en caso de abordarse un tema que involucra a población indígena (prestación de servicios, construcción, ferias de salud), se involucra el tema cultural y cosmogónico de conocimiento básico por el personal al momento del desarrollo de la sesión de trabajo. No se suspende prestación de servicios para desarrollo exclusivo de temas culturales de la población local. En cuanto a temas transculturales, se realiza un proceso de identificación de necesidades de la población indígena con los prestatarios de las Áreas de Salud de Matina, Talamanca, Valle La Estrella y Siquirres, así como con los representantes de cada territorio y pueblo indígena, para así determinar las necesidades sentidas y percibidas. Para lo anterior se realiza las siguientes actividades: 1. Taller conversatorio con los pueblos indígenas, estableciendo a las ADIS como representantes de los territorios indígenas, según el Convenio 169 de la OIT. La metodología logró la consecución de los objetivos planteados, con una amplia participación que permitió identificar las necesidades de pueblos indígenas y lo que perciben como debilidades de los servicios de salud. 2. Taller con los prestatarios de servicios de las 04 Áreas de Salud COD población indígena, para determinar las necesidades expresadas, el cual fue realizado el 18 de octubre de 2019, y participaron 28 funcionarios. Inicialmente se les realizó una encuesta la cual tenía como objetivo observar la percepción de los prestatarios presentes sobre algunos de los temas a tratarse en el taller. Se generó un debate a lo interno sobre las necesidades que iban identificando, elaboraron una presentación de los hallazgos y se realizó una plenaria con los demás prestatarios compartiendo experiencias. Preguntas elaboradas: • ¿Qué limitaciones tiene usted como prestatario para brindar un adecuado servicio de salud a población indígena? • ¿Creen que los programas y abordajes de salud actuales de la institución sobre los grupos de atención (niños, jóvenes, adultos mayores, embarazadas, trabajo social, atención farmacéutica, etc.), se adaptan a la realidad de los pueblos indígenas? • ¿Considera usted que los actores sociales (Asociaciones de Desarrollo Integral de los Territorios Indígenas, ¿Consejos de vecinos, Grupos de Mujeres) tienen una participación en los servicios de salud? • ¿Qué estrategias implementarían para lograr acceso y equidad en los servicios de salud para la población indígena, tanto primer como segundo nivel de atención? Por lo tanto, con las necesidades identificadas y definición de prioridades se establece un desarrollo de estrategias con base en "Buen trato y sensibilización cultural", por lo que se desarrollarla para el año 202 (sic), el planeamiento del convivio "Acércate y conoce mi cultura", cuyo objetivo es sensibilizar a los prestatarios de los servicios de salud de la RIPSSHA, sobre la cultura de la persona indígena que compone su Red, y que este conocimiento le permita dar una atención con calidez y calidad. Actualmente dicha gestión se encuentra pendiente y en proceso de logística, el cual debido a la situación de Pandemia Covid-19, se ha tenido que replantear la metodología de dicha actividad, en el cual sensibilizara a los prestatarios de salud en la cultura de nuestras poblaciones en territorios indígenas para posteriormente replicar esta información con el personal de salud en los establecimientos de salud con territorios indígenas. Punto 2. Traductores: Es importante mencionar que el Asistente Indígena Comunitario por su perfil, está capacitado para ser un apoyo y fungir como traductor en el territorio. A nivel local ha existido la iniciativa de realizar el proceso de selección y contratación de personal oriundo del territorio indígena a fin de favorecer la contratación de personal que conozca la zona, la cultura, cosmovisión y manejo de la lengua como elementos deseables. No son requisitos indispensables. En la institución no existe el perfil de traductor indígena, se han hecho esfuerzos para que en Hospital Tony Facio trabajen personas indígenas para den apoyo como traductores, en su momento esta iniciativa no dio frutos por falta de oferentes, en este momento actual donde hay mayor oferta se podría intentar de nuevo. Punto 3. Protocolo para atención Indígena: A nivel local se promueve la atención priorizada de usuarios de lejanía geográfica, indistinto de grupo étnico. A nivel regional, la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica ante la situación de pandemia Covid-19, elabora y entrega el: LINEAMIENTOZ "ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE DE LA EMERGENCIA COVID-19 EN TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA RIPSSHA" a las Áreas de Salud de Talamanca, Valle La Estrella. Siquirres y Matina, en el cual como objetivos se indican lo siguiente: a. Garantizar la aplicación del "Lineamiento para la Atención del COVID-19 en Territorios Indígenas emitido por Ministerio de Salud". con un enfoque centrado en la persona indígena y con pertinencia cultural. b. Velar por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones que los involucran y fortalecer la participación comunitaria mediante la aplicación de los acuerdos nacionales e internacionales. c. Disminuir las resistencias culturales por parte del personal de los servicios de salud mediante el diseño de una directriz que socialice el conocimiento cultural de la población indígena de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica (RIPSSHA). Lo anterior, esta Dirección de Red dará seguimiento al cumplimiento de este Lineamiento a las Áreas de Salud de manera trimestral. Punto 4. ATAPS: Es importante destacar el procedimiento que conlleva la formación de este personal. En este caso, se cuenta con el personal formado para labores ordinarias, no existe personal formado para sustituciones en para este perfil. Con respecto, a que solo hay 2ATAPS en el territorio, es debido a que se procedió a realizar la ejecución administrativa de despido al funcionario que se encontraba en dicha plaza, y quien fungía en el cargo de asistente técnico atención primaria, plaza que se encontraba destacada integrando al Equipo Básico de Atención Integral en Salud Gavilán. Dicha acción administrativa responde a incumplimiento de funciones de manera reiterada por parte de esta persona. De ello se desprende, que por aspectos administrativos la plaza inmediatamente aquí en la condición de estar congelada por parte de Gerencia Médica ya que, a nivel local en vista de que no existe personas capacitadas como asistente técnico de atención primaria, no se puede utilizar la misma para contratación de personal. Es importante mencionar que, en virtud de lo anterior, y en vista de que los procesos de formación de este personal a nivel institucional no se están realizando, y ante la necesidad de contar con supervisión de campo, se ha solicitado ante la Gerencia Médica la autorización para reactivar dicha plaza y hacer uso de la misma en funciones que se requiere a nivel local, previa justificación para modificación del perfil. Con relación al actuar ante denuncias de aparente comportamiento en adecuado del señor Rito Fernández Jackson, quien funge en esta unidad programática como asistente técnico de atención primaria en el EBAIS Gavilán debo manifestar que, a la presente fecha, la Dirección Médica del Área de Salud Valle La Estrella, no cuenta con denuncias a atender sobre esta persona Punto 5. Asistente Indígena Comunitario: Se cuenta con una persona seleccionada y nombrada en el puesto. Sede en EBAIS Gavilán, comparte espacio físico con ATAPS en tanto se concrete la construcción de instalaciones. Punto 6 Y 7. EBAIS GAVILAN Y ALTO COHEN: Solo existe un EBAIS en territorio Indígena, se trata del EBAIS Gavilán. El mismo realiza su oferta de servicios en Puestos de Visita Periódica. En Alto Cohen se detuvo totalmente la iniciativa que existía para construir un PVP en la comunidad de Alto Cohen. Dicha iniciativa estaba impulsada por ONG, sin embargo ante situaciones de condiciones de acceso terrestre a la comunidad, así como la declaratoria de emergencia nacional, se detuvo el proceso totalmente. EBAIS DE GAVILAN El proyecto para la construcción y equipamiento del EBAIS Tipo 1 de Gavilán ha llevado una trayectoria con muchos obstáculos e imprevistos que han impedido que el proceso fluya de forma satisfactoria a lo largo de los últimos cuatro años. A continuación, se hace un extracto de los sucesos que han impedido de una manera u otra la efectividad y avance del proyecto desde el 201 7: 1. Cambio de terreno debido a que los terrenos con los que se contaba no eran aptos para un sistema de tratamiento superficial de aguas residuales 2. Estudios técnicos para aceptación de terreno por parte de la institución. 3. Definición planta de tratamiento de residuos debido al terreno. 4. Situación del agua potable en donde se espera se realicen los compromisos por parte de Acueductos y Alcantarillados. (responsables AYA) Los puntos anteriores referentes a la CCSS ya están subsanados por lo que se proyecta la licitación durante el periodo del 2020. Pendiente el oficio por parte de la Gerencia indicando el compromiso de tener los recursos para el próximo año y Licitarlo este año. Para el 2021 se proyecta lo siguiente: • I semestre del 2021: Obtención de la viabilidad ambiental. • II semestre del 2021: Ejecución del proyecto el cual tiene un plazo de 06 meses. La población beneficiaria del proyecto a construirse en la Sede EBAIS de Gavilán es de 4500 aproximadamente habitantes de ellos 3895 son de población indígena. Cantidad de metros cuadrados de construcción para el EBAIS de Gavilán: 332m2 y tiene una presupuestaria para el proyecto es de 550 millones de colones El proyecto se encuentra en el Portafolio de Proyectos de la CCSS. Esta contribuirá a mejoras a las condiciones de los usuarios internos en cuanto a infraestructura, en donde se contemplan espacios adecuados para la atención del usuario externo. Para el usuario externo, mejores condiciones y equipamiento la cual favorece a que la atención sea más integral. Aunado a que los equipos de trabajo tendrían más estancia en la sede que en los puestos de visita periódica, esto debido a que la actual infraestructura no presta las condiciones adecuadas o aptas para la atención con calidez a nuestros usuarios. EBAIS DE ALTO COHEN Con respecto al EBAIS de Alto Cohen, este no se encuentra en Portafolio de Proyectos de la institución. Punto 8. Ambulancia: Se realizó gestión local para adquirir vehículos adicionales, sin embargo, dadas las condiciones que presentaba la flotilla vehicular de esta Unidad Programática hace 24 meses atrás, se determinó la necesidad de sustituirles por vehículos que presentaran condiciones óptimas para el desarrollo de actividades operativas propias de la prestación de servicios de salud y en consideraciones a las condiciones de superficie de ruedo local. Todos los vehículos institucionales se mantienen el La Clínica La Fortuna del Valle La Estrella y en caso de su necesidad se realiza su respectiva coordinación para desplazar un vehicular institucional, servicios por parte de La Cruz Roja o Contratación por terceros. Punto 9. Contratación de personal de Salud indígena: Este aspecto es importante indicar que nuestra institución ha realizado esfuerzos por nuestros territorios indígenas, en brindar una calidad de atención optima donde la atención sea centrada en la persona, es por esa razón que se decide que septiembre del presente año se cambie la modalidad de la plaza del EBAIS de Gavilán de médico de servicio social a plaza de médico en medicina general. Por tal razón, se le comunica a la ADI Indígena el facilitar bolsa de oferentes en dicha disciplina, las otras dos plazas de servicio social se mantienen, por el momento, se decide cambiar la SEDE del horario vespertino al primer turno, debido a la pandemia el cual se brindará atención a puestos de visita periódica (PVP) y en el servicio de urgencias. Actualmente se indican no disponer de oferentes para optar por este cargo. Por tanto, se procede a actuar según lo establecido de manera ordinaria en la institución. La Junta Directiva hace algunos Meses aprobó el Manual de contratación de personal indígena en territorios indígenas, manual que fue compartido con las ADIS indígenas y que previo a la aprobación hicieron aportes importantes. es importante que en una reunión próxima se reúna con el Dr. Gonzalo Mena y valoren la correcta aplicación de dicho manual de contratación de recurso humano en territorio indígena. En cuanto a lo referido a los dos enfermeros Indígenas de Tayni, se revisará esta gestión con los encargados pertinentes a esta gestión”.
En la especie, como se desprende que fue con posterioridad a la notificación del auto de curso al Director de la Dirección de Red Integrada de Prestaciones de Servicios de Salud de la CCSS, lo que ocurrió a las 09:39 horas del 09 de marzo de 2021, que se enmendó el error y se remitió el oficio de respuesta al recurrente al medio señalado al efecto, sea la dirección de correo electrónico [email protected], lo procedente es declarar con lugar el recurso de conformidad con las condiciones que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.
V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO.
Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.
En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos especiales del ejercicio de la función jurisdiccional en la protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.
En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.
Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos como lo afirma la mayoría-la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.
En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.
Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.
VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
VIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
IX- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Hubert Fernández A.
Ileana Sánchez N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --
Document not found. Documento no encontrado.