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Res. 05027-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/03/2021
OutcomeResultado
The writ of amparo is dismissed, as the denial of potable water availability was based on justified technical grounds and not on arbitrary action. The property did not meet the requirements and the dwelling was built after the prior rulings.Se declara sin lugar el recurso de amparo, al constatarse que la denegatoria de disponibilidad de agua potable se basó en razones técnicas justificadas y no en una actuación arbitraria. La propiedad no cumplía los requisitos y la vivienda fue construida con posterioridad a las sentencias previas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews a writ of amparo filed by an individual against the Balsa de Atenas Rural Aqueduct Association (ASADA) and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), after his request for potable water service availability for a dwelling in Andrómeda III, Balsa de Atenas was denied. The petitioner argued that the respondent authorities had failed to comply with prior rulings ordering a permanent solution to the water shortage in the area and the supply via tanker trucks. The Chamber finds that the denial was based on technical grounds: the sector lacks both water and hydraulic capacity. Additionally, the petitioner's property was not part of the original census of families covered by the prior rulings, as the dwelling was built subsequently. The Chamber reiterates its case law on the fundamental right to water but clarifies that its exercise is subject to compliance with legal requirements and technical feasibility. The Chamber concludes there was no arbitrary action by the authorities and dismisses the amparo. It notes that claims regarding non-compliance with prior rulings must be raised in the respective case files and that the legality analysis of the requirements falls under ordinary jurisdiction.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo interpuesto por un particular contra la ASADA de Balsa de Atenas y el AyA, luego de que se le denegara la solicitud de disponibilidad de agua potable para una vivienda en la comunidad de Andrómeda III, Balsa de Atenas. El recurrente alegaba que las autoridades recurridas no habían cumplido con sentencias previas que ordenaban una solución definitiva al desabastecimiento de agua en la zona y el suministro mediante camiones cisterna. La Sala constata que la denegatoria se fundamentó en razones técnicas: el sector carece de capacidad hídrica e hidráulica. Además, se determina que la propiedad del recurrente no formaba parte del censo original de familias beneficiadas con los fallos anteriores, ya que la vivienda fue construida con posterioridad. Se reitera la jurisprudencia sobre el derecho fundamental al agua, pero se aclara que su ejercicio está sujeto al cumplimiento de requisitos legales y a la factibilidad técnica. La Sala concluye que no hubo actuación arbitraria de las autoridades y declara sin lugar el recurso. Advierte que los reclamos sobre el incumplimiento de sentencias previas deben plantearse en los respectivos expedientes y que el análisis de legalidad sobre el cumplimiento de requisitos corresponde a la vía ordinaria.
Key excerptExtracto clave
IV.- ON THE MERITS. In the case at hand, the petitioner complains that by official letter 021-2020 of July 9, 2020, the respondent ASADA denied him potable water service availability for a dwelling with the following argument: “Regarding the request for water service availability for your property in Andrómeda 3, cadastral map A2006437-2017, this ASADA denies said request because in that sector we do not have the water or hydraulic capacity to provide the availability.” After analyzing the report and the response letter, as well as the evidence provided by the parties, this Chamber dismisses the violation of the fundamental rights of the protected party for the reasons set forth below. First, it was reasonably clear that the lack of potable water service provision for the property with cadastral map No. A2006437-2017 is not a capricious, arbitrary, or unfounded action by the respondent ASADA, but rather is justified by the non-compliance with the technical requirements for such purposes, given that where the property is located there is no “water or hydraulic capacity to grant availability.” Secondly, in the technical report for the Balsa de Atenas ASADA No. GSD-UEN-GAR-2020-003929, Ms. Yendri Murilo Burgos of the UEN Rural Aqueduct Management of AyA emphasized that the petitioner's property is not located within the Andrómeda Project, as he stated in his petition. Furthermore, she maintained that the water availability requested by the petitioner was for a plot where a dwelling was recently built. In this regard, the report literally stated: “The Metropolitan ORAC in April 2020 conducted a census to gather information on families that are supplied by tanker truck, as well as to verify the type of use and storage given to the received water, and Mr. [Name 001] does not appear among the censused families. This is because his water availability request was submitted for a plot where a dwelling is recently being built that did not exist when the Constitutional Chamber issued its rulings. Therefore, his request lies outside the group of families that initially and currently receive potable water by tanker truck.”IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite el recurrente acusa que mediante oficio 021-2020 del 09 de julio de 2020 la Asada recurrida le denegó la disponibilidad de agua potable para una vivienda bajo el siguiente argumento: “Con respecto a la solicitud de disponibilidad de agua para su propiedad en Andrómeda 3, plano catastro A2006437-2017, esa Asada le deniega dicha solicitud ya que en ese sector no contamos con capacidad hídrica ni hidráulica para poder darle la disponibilidad”. Después de haber analizado el informe rendido y el oficio de respuesta, así como las pruebas aportadas por las partes, esta Sala descarta la vulneración a los derechos fundamentales del amparado por las razones que se dirán a continuación. En primer lugar, con mediana claridad se constató que la falta de dotación del servicio de agua potable en la propiedad con plano catastro No. A2006437-2017 no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento por parte de la Asada recurrida, sino que está justificada en que no se cumplen los requisitos técnicos para tales efectos, toda vez que donde se encuentra la propiedad no hay “capacidad hídrica ni hidráulica para poder darle la disponibilidad”. En según término, en el informe técnico para la ASADA de Balsa de Atenas No.GSD-UEN-GAR-2020-003929, la señora Yendri Murilo Burgos de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del AyA, subrayó que la propiedad del recurrente no se ubica dentro del Proyecto Andrómeda, tal y como lo afirma en el escrito de interposición. Además, sostuvo que la disponibilidad de recurso hídrico que demanda el accionante fue presentada para un terreno donde recientemente se construyó una vivienda. Al respecto, en el informe de cita textualmente se consignó lo siguiente: “La ORAC Metropolitana en el mes de abril del 2020 realizó un censo con el fin de recabar información sobre las familias que se abastecen por medio del camión cisterna, así como para corroborar el tipo de uso y almacenamiento que se le da al agua recibida, y el señor [Nombre 001] no aparece dentro de las familias censadas. Esto se debe a que su solicitud de disponibilidad fue presentada para un terreno donde recientemente se construye una vivienda que no existía cuando se emitieron los votos de la Sala Constitucional. tanto, su petición se encuentra fuera del grupo de familias que al inicio y a la fecha reciben agua potable por medio de cisterna”.
Pull quotesCitas destacadas
"Esta Sala descarta la vulneración a los derechos fundamentales del amparado... la falta de dotación del servicio de agua potable... no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento... sino que está justificada en que no se cumplen los requisitos técnicos... no hay 'capacidad hídrica ni hidráulica para poder darle la disponibilidad'."
"This Chamber dismisses the violation of the fundamental rights of the protected party... the lack of potable water service... is not a capricious, arbitrary, or unfounded action... but rather is justified by the non-compliance with technical requirements... there is no 'water or hydraulic capacity to grant availability'."
Considerando IV
"Esta Sala descarta la vulneración a los derechos fundamentales del amparado... la falta de dotación del servicio de agua potable... no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento... sino que está justificada en que no se cumplen los requisitos técnicos... no hay 'capacidad hídrica ni hidráulica para poder darle la disponibilidad'."
Considerando IV
"Su petición se encuentra fuera del grupo de familias que al inicio y a la fecha reciben agua potable por medio de cisterna."
"His request lies outside the group of families that initially and currently receive potable water by tanker truck."
Considerando IV
"Su petición se encuentra fuera del grupo de familias que al inicio y a la fecha reciben agua potable por medio de cisterna."
Considerando IV
"Este Tribunal resulta incompetente, por ser un tema de mera legalidad, analizar por el fondo su caso y determinar si el sitio donde se ubica el inmueble... cumple o no con lo dispuesto por las autoridades recurridas."
"This Court lacks jurisdiction, as it is a matter of mere legality, to analyze the merits of his case and determine whether the site where the property is located complies... with the requirements set by the respondent authorities."
Considerando IV
"Este Tribunal resulta incompetente, por ser un tema de mera legalidad, analizar por el fondo su caso y determinar si el sitio donde se ubica el inmueble... cumple o no con lo dispuesto por las autoridades recurridas."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL **Ruling No. 05027 – 2021** **Date of Ruling:** March 12, 2021 at 09:15 **Case File:** 20-016873-0007-CO **Drafted by:** Anamari Garro Vargas **Type of Matter:** Amparo action **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations *200168730007CO* Res. No. 2021005027 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen hours on the twelfth of March of two thousand twenty-one.
Amparo action processed in case file number 20-016873-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUEDUCTO RURAL DE BALSA DE ATENAS AND THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA).
WHEREAS:
1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 4:00 p.m. on October 16, 2020, the petitioner files an amparo action against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUEDUCTO RURAL DE BALSA DE ATENAS AND THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS and states that the community of Las Parcelas, Andrómeda Balsa de Atenas is supplied with drinking water through tanker trucks, as a result of rulings issued by this Chamber, specifically, No. 2019-03334 at 10:40 a.m. on February 26, 2019, issued in case file No. 18-018403-0007-CO and No. 2019-004056 at 09:30 a.m. on March 8, 2019, issued in case file No. 18-019353-0007-CO. He indicates that he recently requested from the respondent Asada the availability of drinking water for a dwelling; however, he claims that through official letter 021-2020 of July 9, 2020, the request was denied with the following argument: "With respect to the request for water availability for your property in Andrómeda 3, cadastral map A2006437-2017, this Asada denies said request since in that sector we do not have the water resource capacity (capacidad hídrica) or the hydraulic capacity (capacidad hidráulica) to be able to give you the availability." He explains that in the cited rulings, this Constitutional Court granted the respondent authorities a period of 18 months to definitively resolve the drinking water supply problem in the community of Andrómeda de Balsa de Atenas. Likewise, it was ordered that while the problem was being comprehensively resolved, both authorities, in coordination with each other, had to guarantee the supply of water to that community through tanker trucks or another technically adequate method, if necessary. He claims that the granted 18-month period has already elapsed and the definitive solution has not been provided. Furthermore, he alleges that water is distributed only three of the seven days of the week, by means of a tanker truck. He adds that the community of Las Parcelas Andrómeda Balsa de Atenas has paved public roads, availability and electrical service, its lots have cadastral maps, a land-use permit approved by the municipality to build, municipal garbage collection service, surveillance cameras. However, he claims that it does not have a pipeline network for drinking water supply due to the fault of the respondent authorities. He points out that for 8 years the residents of that community have been seeking a definitive solution to the drinking water supply problem, which he reiterates, has not been provided. He requests that the action be granted.
2.- Manuel Antonio Salas Pereira, in his capacity as General Manager of AyA, reports under oath, insofar as relevant, that the Asada of Balsa de Atenas is the authorized operator closest to Andrómeda III and is the one whose role it is to issue a determination on requests for service availabilities. However, as Article 21 of the same current Regulation for the Provision of AyA Services correctly points out, the conditions for issuing said certification—which must respond either positively or negatively—are based solely on the verification of compliance with requirements, as well as on the basis of technical criteria. The technical criteria refer to whether there are minimum water resource and hydraulic conditions present in the systems administered by the closest operating entity. Likewise, it is its role to verify compliance with the urban planning and construction standards that govern real estate activity. According to technical report for the ASADA de Balsa de Atenas No. GSD-UEN-GAR-2020-003929 prepared by Yendri Murrillo Burgos of the UEN Gestión de Acueductos Rurales of AyA, the petitioner's property is not located within the Andrómeda Project. Specifically, the following was indicated: "The ORAC Metropolitana in the month of April 2020 conducted a census with the purpose of gathering information about the families that are supplied by the tanker truck, as well as to verify the type of use and storage given to the received water, and Mr. [Name 001] does not appear among the censused families. This is because his request for availability was submitted for a piece of land where a dwelling was recently built that did not exist when the votes of the Constitutional Chamber were issued. Therefore, his petition falls outside the group of families that initially and to date are receiving drinking water by tanker truck." He reiterates that the petitioner is incorrect in his assertion that his property is located within the Andrómeda project. He adds that in report No. 2020-003929, Ms. Yendri Murrillo Burgos of the UEN Gestión de Acueductos Rurales of AyA detailed: "This settlement was formed as a settlement (asentamiento) of the INDER, with the objective that agricultural and livestock activities could be developed on the farms. Originally the water required for the development of the activities of the beneficiaries of those lands was provided through a concession from a nearby surface water source (fuente superficial), whose water was not suitable for human consumption. Despite this situation, over the years, the use of the lands began to change and dwellings began to be developed even with the absence of a drinking water supply system. Construction continued, since service availabilities were submitted through the Sociedad de Usuarios (SUA) that exploited the concessioned source, and the Municipality accepted these documents, despite the fact that it is general knowledge that these societies are not authorized entities to provide a drinking water service. Likewise, due to the lack of municipal control, new dwellings were developed, and continue to be developed, without any type of construction permit, causing a crisis in the community due to the lack of an adequate drinking water supply system. Faced with such a situation and because the closest operator is the ASADA de Balsa de Atenas, the community residents demanded that this association expand its coverage area to that sector, but the technical deficiencies of said aqueduct made it impossible to meet the request. Ultimately, the residents decided to file an amparo action where the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the ASADA de Balsa de Atenas were condemned to provide a permanent solution to this situation, and while this solution was being provided, drinking water had to be delivered to the existing dwellings by means of tanker trucks. In this way, while the technical solution for the permanent supply for the existing inhabitants in Andrómeda III was being developed, a distribution of drinking water by tanker trucks was established, which complete the entire route of the community three days a week and distribute the water house to house. Although currently the community of Andrómeda III does not have a drinking water supply system, AyA and the ASADA de Balsa de Atenas have carried out a series of actions to complete the technical study that determines the aqueduct works, sources, and lands necessary for its construction, a project that would subsequently be financed by INDER. However, completing this type of project is not always something that can be achieved in a short term, because there are many elements at play, among others, the matter of the lands. It has been necessary to make some changes with the objective of resolving drawbacks, and on the part of AyA, adjustments to the technical study presented by the ASADA have been requested, which must be submitted for its review and approval. This demonstrates that it is not true that AyA and the ASADA de Balsa de Atenas have not addressed the requirement to carry out this project. The efforts carried out both by the community and by the Asada of Balsa de Atenas for the past 8 years, which we presume have to do with the presentation of various projects, have not managed to meet the technical requirements since it has been necessary to present corrections or amplifications of information requested by the Unidad de estudios básicos y diseño of AyA. Therefore, because the projects presented have not complied with what is necessary to complete the technical feasibility, work is being done on a project that corrects all the deficiencies presented. Moreover, it is worth clarifying that the fact that the community does not have drinking water availability is not the fault of AyA, since considering the explanation given in this statement, it is not our responsibility that disordered growth occurred, without a coordinated territorial planning having been carried out between the families and the local government. Despite this, it is not true that all requests received have not been addressed, both from the organized community, and recent requests for service availability and water supply by tanker truck. Finally, for the processing of the request for service availability submitted by Mr. Barrantes, there is no evidence that the channel with the Asada was exhausted according to the stipulations of the Asadas Regulation in force at that time, which indicates that due process must be followed and a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) with subsidiary appeal must be filed before the Asada (articles 38 to 41). Only once this channel is exhausted does it proceed for the AyA, in its representation through the ORAC Metropolitana, to resolve the case on appeal." He explains that for service availability certifications, the main requirements are that water must exist (whether surface or underground), and furthermore that there is infrastructure that does not cause environmental damage, and that does not affect the subscribers of the system. Without these elements, it is not possible to grant the service availability. He adds that granting the certificate of water capacity (capacidad hídrica)—which is characterized by attesting for the interested party the existence of water resources (water) without counting on the necessary infrastructure known as hydraulic capacity—as well as the service availability certification which necessarily requires 3 fundamental elements, namely water, infrastructure, and that it does not affect the other users in accordance with Articles 5, 7, 42, 43, 44, 45, and 46 of the Asadas Regulation, do not constitute an obligation for the Aqueduct to grant the new service to the applicant, if they have not previously complied with the requirements. He emphasizes that for an ASADA to be able to grant the service availability certification, whether for a single-family dwelling or for other developments, it must have: 1- water, 2- infrastructure, and 3- no environmental damage in the area where the availability is required and that it does not harm the service already provided to system users. All of the foregoing is based on a technical study approved by AyA that supports it, being in this sense that in the case before us today, its represented entity has not granted a service availability in favor of the petitioner. He highlights that, having analyzed the evidence provided by the petitioner, it is determined that the provisions of Article 52 of the Regulation for the Provision of AyA Services are not met, which refers to the requirements for requesting a new service, specifically, given that a dwelling house already exists. He quotes: "In the case of properties with existing buildings, where the construction permit is not provided, the equivalent document from the competent entity that endorses the legality of the structure on the property must be presented." From the foregoing, he considers that the interested party did not comply with the current regulations, specifically with the necessary requirements for the service availability certification, as well as the request for a new service before the ASADA de Balsa de Atenas. Legal requirements that have not been met for the requested procedure. He requests that the action be dismissed.
3.- María Teresa González Porras, in her capacity as President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Balsa de Atenas, responds to the hearing, insofar as relevant, that the petitioner began building a dwelling without any type of permit. She adds the following: "The construction of an aqueduct sector requires technical studies to determine which properties are where the necessary tanks must be located, as well as all the infrastructure for correct supply; likewise, negotiations must begin with the landowners, of whom, to this day, many owners did not want to sell or donate a sector of their property to locate the infrastructure, further lengthening the process. It is also necessary to establish easements (servidumbres), carefully review access points, carry out multiple field visits, clear lands, among many other tasks more to complete the entire procedure. Without counting on the budgetary issue, since this Asada is very small and has to depend on financing from AyA and INDER to be able to carry out the development as such. Added to the above, in recent months with the health problem Covid-19, many processes have been delayed, we have a new reality, and even so the Board of Directors has continued working to be able to resolve all the necessary requirements." She concludes that this Asada, jointly with AyA, has worked so that the residents of Andrómeda III have access to drinking water in their homes. However, the residents who live in said place are growing without any control from the Administration, especially from the municipality, and, therefore, they could not keep up with any project if this continues to be allowed. She requests that the action be dismissed.
4.- In a written submission presented at 07:30 a.m. on October 28, 2020, the petitioner provides evidence for a better resolution and states that the lot for which he requested water availability is a segregation (segregación) of a property his family has owned in this community since 1990. He reiterates his allegations regarding the non-compliance with Judgments Nos. 2019-03334 at 10:40 a.m. on February 26, 2019 and 2019-004056 at 09:30 a.m. on March 8, 2019.
5.- In a written submission presented at 11:30 a.m. on November 3, 2020, the petitioner reiterates his allegations and provides evidence for a better resolution. He requests compliance with the provisions of Judgments Nos. 2019-03334 at 10:40 a.m. on February 26, 2019 and 2019-004056 at 09:30 a.m. on March 8, 2019.
6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Judge Garro Vargas; and,
CONSIDERING:
I.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner states that he requested from the respondent Asada the availability of drinking water for a dwelling; however, he claims that through official letter 021-2020 of July 9, 2020, the request was denied with the following argument: "With respect to the request for water availability for your property in Andrómeda 3, cadastral map A2006437-2017, this Asada denies said request since in that sector we do not have the water resource capacity (capacidad hídrica) or the hydraulic capacity (capacidad hidráulica) to be able to give you the availability." On the other hand, he claims that the respondent authorities have not complied with what was ordered by this Chamber in Judgments Nos. 2019-03334 at 10:40 a.m. on February 26, 2019 and 2019-004056 at 09:30 a.m. on March 8, 2019. He expressly requests that he be granted the drinking water service.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
III.- ON THE RIGHT TO WATER. The Chamber's jurisprudence is reiterated in recognizing the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility to access, under equal conditions, drinking water services, given that it is essential for life and human health. Indeed, as part of the Law of the Constitution, the Chamber recognizes a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international human rights instruments applicable in Costa Rica; it appears explicitly in Article 14 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and in Article 24 of the Convention on the Rights of the Child; moreover, it is stated in the second principle of the International Conference on Population and Development in Cairo, while in the Inter-American system, the first clause of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights -Protocol of San Salvador-, provides that "Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services." Similarly, the then UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights reiterated that having water is a human right that, besides being essential to lead a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights. From this normative reference, a series of fundamental rights are derived, linked to the State's obligation to provide basic public services, which imply, on the one hand, that individuals cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of drinking water, the ownership of an enforceable right for any individual for the State to supply the public service of drinking water, immediately and wherever they may be, cannot be sustained. Rather, in the manner provided in the same Protocol of San Salvador, this class of rights obliges States to adopt measures for their provision and supply, without this being interpreted as meaning that this fundamental right to public services lacks concrete enforceability; on the contrary, when the State reasonably must provide them, the holders of the right can demand it, and public administrations or, where applicable, private individuals who provide them in their place, cannot hide behind alleged resource shortages, which has been the secular public excuse to justify non-compliance with their duties – see, among others, judgments numbers 2002-10776, at 2:41 p.m. on November 14, 2002, and 2008-10326 at 4:51 p.m. on July 19, 2008. Thus, this character as a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the administration can validly establish general requirements of necessary compliance by each applicant to assess their particular requirement, thereby recognizing the possibility of limiting the granting of new water connections with the purpose of ensuring the continuity of the provision of the public service of drinking water supply to the current users and domiciles that receive said service – see judgments numbers 2007-17475, at 11:05 a.m. on November 30, 2007, and 2008-11390, at 11:29 a.m. on July 22, 2008.
In this sense, in judgment No. 2006-1898 at 9:53 a.m. on February 17, 2006 – reiterated, among others, by judgment No. 2007-13310 at 10:57 a.m. on September 14, 2007 – the Chamber established that:
"The petitioner alleges (…) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with drinking water service, alleging that it is a precarious settlement (precario) and that its inhabitants do not have a segregation (plano de segregación) plan that establishes that they are the owners of the properties. In this regard, it is accredited in the record, based on the report rendered under oath by the respondent authority, that there is an impossibility to install domiciliary drinking water services in the community inhabited by the petitioner for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the lack of submission of applications complying with legal requirements by the interested parties (...). This Chamber, in judgment No. 2004-12185 at 1:31 p.m. on October 29, 2004, in a case similar to the present one, noted that it was not possible to oblige the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to evade the provisions of its Customer Service Provision Regulation or the General Drinking Water Law. Hence, insofar as the protected party does not meet the conditions and requirements demanded therein, although the drinking water service must be available to every person because it is an essential service, it cannot be provided to them on a regular basis. Given the existence of those two objective reasons for which it is not possible to supply a regular drinking water service to the petitioner: his failure to comply with requirements for the connection of a new service, beginning with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason whatsoever to understand that the denial of the regular service provision by the respondent Institute is due to the fact that the protected party and his neighbors do not have property titles for the properties they possess. To the foregoing, it should be added that based on Article 33 of the referred Regulation, the lack of a property title does not appear to be an obstacle to requesting the connection of a new drinking water service, as long as the requirements indicated in that rule are met. In any case, it is also accredited that although the regular drinking water service has not been supplied, the petitioner and other neighbors have a public standpost that the Institute installed so that they can supply themselves for their basic needs. Hence, this Court considers that it has been the petitioner's own omission and that of the residents of the locality, who do not demonstrate having submitted the applications for the installation of a new drinking water service in the community where they live, which has prevented their situation from being assessed for the purpose of determining if, fulfilling, above all, the requirements of Article 33 of the Customer Service Provision Regulation, the infrastructure limitations can be overcome in their case and they can be provided with a regular drinking water service." It is understood then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding Administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the Administration to provide the drinking water service, a situation that determines that the Administration has no obligation to provide the drinking water service in the event that there are technical reasons that advise against it or make it impossible, and it must adequately inform the petitioner of the reasons why their request cannot be addressed.
Likewise, regarding the legal requirements for the permit to be granted, this Chamber, in resolution No. 2014009134 at 2:05 p.m. on June 19, 2014, indicated:
"II.- On the merits. Reiterated jurisprudence of this Chamber has indicated that the supply of drinking water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every public service provider – whether a public or private entity – is obliged to provide the service continuously, efficiently, under equal conditions, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 at eleven twenty-five hours on September twenty-six, two thousand one, and judgment 2004-08161 at ten fifty-three hours on July twenty-three, two thousand four). In this sense, it is clearly concluded that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for providing the public service of drinking water, is also obliged to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now, despite everything that has just been established, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, faced with legal impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulation) or faced with formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no drinking water distribution network and the construction of infrastructure is necessary. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a case of denial of access to the drinking water service, but rather of the impossibility of providing it or of the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, provided that the lack of provision of the drinking water service is not a whimsical, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that AyA has not arbitrarily rejected the request filed by the petitioner, but due to the failure to comply with all of the technical-legal requirements that exist in the Customer Service Provision Regulation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for approving new services. The foregoing is because the property in question is a landlocked parcel (fundo enclavado) without frontage on a public road, which benefits from a private right-of-way easement (servidumbre de paso) that has not been constituted in favor of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. And in the resolution that rejected her application, the petitioner is clearly informed of the power that assists her to initiate the procedures for the construction of the branch line (pipeline), which will allow her dwelling to be supplied with drinking water and the constitution of a right-of-way easement in favor of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, all with the technical advice of the institution, a situation that will allow the fulfillment of the technical-legal requirements to be corrected for approving the installation of the new service on her property. This being the case, this Constitutional Court considers that the denounced decision is not arbitrary, nor lacking in reasoning, therefore it does not constitute a violation of the fundamental rights of the petitioners, so it is appropriate to dismiss this action." IV.- ON THE MERITS. In the sub lite, the petitioner claims that through official letter 021-2020 of July 9, 2020, the respondent Asada denied the availability of drinking water for a dwelling under the following argument: "With respect to the request for water availability for your property in Andrómeda 3, cadastral map A2006437-2017, this Asada denies said request since in that sector we do not have the water resource capacity (capacidad hídrica) or the hydraulic capacity (capacidad hidráulica) to be able to give you the availability." After having analyzed the rendered report and the response letter, as well as the evidence provided by the parties, this Chamber dismisses the violation of the protected party's fundamental rights for the reasons that will be stated below. In the first place, it was established with reasonable clarity that the lack of provision of the drinking water service on the property with cadastral map No.
A2006437-2017 is not a capricious, arbitrary, or unfounded action by the respondent Asada, but rather it is justified by the fact that the technical requirements for such purposes are not met, given that where the property is located there is neither “water capacity nor hydraulic capacity to be able to grant availability.” In the second place, in the technical report for the ASADA of Balsa de Atenas No. GSD-UEN-GAR-2020-003929, Ms. Yendri Murilo Burgos of the UEN Gestión de Acueductos Rurales of AyA, emphasized that the petitioner's property is not located within the Andrómeda Project, as stated in the filing brief. Furthermore, she maintained that the availability of water resources (recurso hídrico) requested by the claimant was submitted for a lot where a dwelling was recently constructed. In this regard, the aforementioned report textually recorded the following: “The ORAC Metropolitana in April 2020 conducted a census to gather information on the families supplied by tanker truck, as well as to verify the type of use and storage given to the water received, and Mr. [Name 001] does not appear among the censused families. This is because his availability request was submitted for a lot where a dwelling is recently being built that did not exist when the rulings of this Constitutional Chamber (Sala Constitucional) were issued. Therefore, his petition falls outside the group of families that initially and to date receive potable water by tanker truck” (emphasis not in original). Regarding this section, it is necessary to bring up what was resolved by this Chamber in judgment No. 2020-19848 of 09:30 hours on October 18, 2020, where, in what is relevant, the following was stated: “Under oath, the President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Balsa de Atenas indicates that the persons for whom the petitioner requested tanker truck service did not live in the locality of Andrómeda III. She assures that, in the response given to the petitioner, it is noted that on March 16, 2020, said dwelling was under construction, so the persons who currently inhabit that dwelling did not previously reside there. As can be verified from the report rendered by the ASADA, as well as from the evidence brought to the case file, the persons on whose behalf the petitioner requested the provision of potable water via tanker trucks are not clients of the respondent ASADA, nor are they within the situation protected in Rulings Nos. 2019-003334 of 10:40 hours on February 26, 2019, 2019-004056 of 09:30 hours on March 8, 2019, and 2019-004066 of 09:30 hours on March 8, 2019, issued by this Chamber, since these do not apply to them. In addition to this, there is also no record that these persons have requested the ASADA to be considered as subscribers. Likewise, the dwelling where the petitioner's relatives live was built after the aforementioned judgments. Furthermore, there is no certainty regarding the corresponding construction permits for the referenced property. In such manner, this Court finds no merit to order the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Balsa de Atenas to deploy tanker trucks to supply water to the claimant's relatives. Consequently, the appeal (recurso) must be declared without merit, as indicated in the operative part of this judgment.” From the foregoing, this Chamber concludes that in this specific case it is not appropriate to order the issuance of the water resource availability certificate (constancia de disponibilidad de recurso hídrico), since it was not reliably verified that the petitioner's property meets the technical, legal, and regulatory requirements for such action. Likewise, there is also no record that the protected party is within the situation covered by the resolutions issued by this Constitutional Chamber related to the water resource in Balsa de Atenas — e.g., resolution No. 2019-003334 of 10:40 hours on February 26, 2019 — insofar as it has been corroborated that the potable water availability he requests was submitted for a lot where a dwelling was recently built that did not exist prior to the rulings of this Constitutional Court.
Furthermore, it is necessary to clarify to the protected party that this Court lacks jurisdiction, as it is a matter of mere legality, to examine the merits of his case and determine whether or not the site where the property in question is located complies with the provisions of the respondent authorities. Therefore, such discussion must be raised, if he deems it appropriate, before the respondents themselves, or before the competent ordinary jurisdiction. Under this understanding, it is considered that there is no violation of fundamental rights and, therefore, the appropriate course is to dismiss the amparo appeal (recurso de amparo), as is hereby ordered.
V.- Finally, regarding the alleged non-compliance with judgments Nos. 2019-03334 of 10:40 hours on February 26, 2019, and 2019-004056 of 09:30 hours on March 8, 2019, it is necessary to indicate to the petitioner that this is an issue he must, if he deems it appropriate, allege in each of the case files (expedientes), for it is there where he will be able, in an ample manner, to assert his claims so that what is legally appropriate is resolved.
VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal (recurso) is declared without merit.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *JS12MTNTQJO61*
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *200168730007CO* Res. Nº 2021005027 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-016873-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUEDUCTO RURAL DE BALSA DE ATENAS Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA).
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16 de octubre de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUEDUCTO RURAL DE BALSA DE ATENAS Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS y manifiesta que la comunidad Las Parcelas, Andrómeda Balsa de Atenas es abastecida de agua potable mediante camiones de cisterna, producto de resoluciones emitidas por esta Sala, específicamente, la N° 2019-03334 de las 10:40 horas del 26 de febrero de 2019, dictada en el expediente N° 18-018403-0007-CO y la N° 2019-004056 de las 09:30 horas del 08 de marzo de 2019, dictada en el expediente N° 18-019353-0007-CO. Señala que recientemente, solicitó a la Asada recurrida la disponibilidad de agua potable para una vivienda; sin embargo, acusa que mediante el oficio 021-2020 del 09 de julio de 2020 se le denegó la solicitud con el siguiente argumento: "Con respecto a la solicitud de disponibilidad de agua para su propiedad en Andrómeda 3, plano catastro A2006437-2017, esa Asada le deniega dicha solicitud ya que en ese sector no contamos con capacidad hídrica ni hidráulica para poder darle la disponibilidad ". Expone que en las citadas resoluciones este Tribunal Constitucional concedió a las autoridades recurridas un plazo de 18 meses para que se solucionara, en forma definitiva, el problema de abastecimiento de agua en la comunidad Andrómeda de Balsa de Atenas. De igual manera, se ordenó que mientras se solucionaba integralmente el problema, ambas autoridades, de manera coordinada entre sí, debían garantizar el abastecimiento de agua a esa comunidad a través de camiones cisterna u otra forma técnicamente adecuada, si fuere necesario. Acusa que el plazo de 18 meses concedido ya se cumplió y la solución definitiva no se ha dado. Además, alega que el agua se reparte solamente tres de los siete días de la semana, mediante un camión cisterna. Añade que la comunidad Las Parcelas Andrómeda Balsa de Atenas, cuenta con calles públicas asfaltadas, disponibilidad y servicio eléctrico, sus lotes cuentan con planos catastrados, escritura de uso de suelo aprobado por la municipalidad para construir, servicio municipal de recolección de basura, cámaras de vigilancia. Sin embargo, acusa que no cuenta con red de cañería para el abastecimiento de agua potable por culpa de las autoridades recurridas. Señala que desde hace 8 años los vecinos de esa comunidad han venido gestionando una solución definitiva al problema de abastecimiento de agua potable, la cual reitera, no se ha dado. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Informa bajo juramento Manuel Antonio Salas Pereira, en su condición de Gerente General del AyA, en lo que interesa, que la Asada de Balsa de Atenas es el operador autorizado más cercano a Andrómeda III a quien corresponde emitir criterio ante solicitudes de disponibilidades de servicio. Sin embargo, como bien señala el artículo 21 del mismo Reglamento de Prestación de los Servicios del AyA vigente, las condiciones de emisión de dicha constancia -la cuál debe responder de manera positiva o negativa- se relacionan únicamente con base en la verificación del cumplimiento de requisitos, así como sobre la base del criterio técnico. El criterio técnico hace referencia a si existen condiciones mínimas hídricas e hidráulicas que presentan los sistemas que administra el ente operador más cercano. Asimismo, le corresponde verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y constructivas que rigen el quehacer inmobiliario. Según el informe técnico para la ASADA de Balsa de Atenas No.GSD-UEN-GAR-2020-003929 elaborado por Yendri Murrillo Burgos de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del AyA, la propiedad del recurrente no está ubicada dentro del Proyecto Andrómeda. En concreto se indicó lo siguiente: “ La ORAC Metropolitana en el mes de abril del 2020 realizó un censo con el fin de recabar información sobre las familias que se abastecen por medio del camión cisterna, así como para corroborar el tipo de uso y almacenamiento que se le da al agua recibida, y el señor [Nombre 001] no aparece dentro de las familias censadas. Esto se debe a que su solicitud de disponibilidad fue presentada para un terreno donde recientemente se construye una vivienda que no existía cuando se emitieron los votos de la Sala Constitucional. tanto, su petición se encuentra fuera del grupo de familias que al inicio y a la fecha reciben agua potable por medio de cisterna”. Reitera que no lleva razón el recurrente en cuanto a que su propiedad está ubicada dentro del proyecto Andrómeda. Añade que en el informe No. 2020-003929, la señora Yendri Murrillo Burgos de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del AyA, detalló: “Este caserío se conformó como un asentamiento del INDER, con el objetivo de que en las fincas pudieran desarrollarse actividades agropecuarias. Originalmente el agua requerida para el desarrollo de las actividades de los beneficiarios de esos terrenos se realizó mediante una concesión de una fuente superficial cercana, cuya agua no era apta para consumo humano. A pesar de esta situación, con el paso de los años, el uso de las tierras empezó a cambiar y se comenzaron a desarrollar viviendas aún con la ausencia de un sistema de abastecimiento de agua potable. construcción, pues se presentaban disponibilidades de servicio por medio de la Sociedad de Usuarios (SUA que explotaba la fuente concesionada y la Municipalidad aceptaba estos documentos, a pesar de que es de conocimiento general que estas sociedades no son entes autorizados para dar un servicio de agua potable. Asimismo, por la falta de control municipal se desarrollaron, y se continúan desarrollando, nuevas viviendas sin ningún tipo de permiso de construcción, provocando una crisis en la comunidad por la falta de un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable. Ante tal situación y debido a que el operador más cercano es la ASADA de Balsa de Atenas, los vecinos de la comunidad exigían a esta asociación ampliar su área de cobertura hasta ese sector, pero las carencias técnicas de dicho acueducto imposibilitaban atender la solicitud. En última instancia, los vecinos decidieron interponer un recurso de amparo donde se condenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la ASADA de Balsa de Atenas a dar solución permanente a esta situación y mientras esta solución se daba, se debía hacer llegar agua potable a las viviendas existentes por medio de camiones cisterna. De esta manera, mientras se desarrollaba la solución técnica para el abastecimiento permanente de los habitantes existentes en Andrómeda III, se estableció un reparto de agua potable por medio de camiones cisterna, los cuales hacen el recorrido total de la comunidad tres días a la semana y reparten el agua casa a casa. Si bien actualmente la comunidad de Andrómeda III no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable, el AyA y la ASADA de Balsa de Atenas han realizado una serie de acciones para concretar el estudio técnico que determina las obras de acueducto, fuentes y terrenos necesarias para su construcción, proyecto que sería financiado posteriormente por el INDER. Sin embargo, concretar este tipo de proyectos no siempre es algo que se logre hacer en un corto plazo, debido a que hay muchos elementos en juego, entre otros, la de los terrenos. Ha sido necesario realizar algunos cambios con el objetivo de resolver inconvenientes, y por parte de AyA se han solicitado ajustes al estudio técnico presentado por la ASADA que deben ser remitidos para su revisión y visto bueno. Esto demuestra que no es cierto que AyA y la ASADA de Balsa de Atenas no han atendido el requerimiento de llevar a cabo este proyecto. Las gestiones realizadas tanto por la comunidad como por la Asada de Balsa de Atenas desde hace 8 años, que presumimos tienen que ver con la presentación de varios proyectos, no han logrado cumplir con los requerimientos técnicos pues ha sido necesario presentar subsanaciones o ampliaciones de información solicitadas por la Unidad de estudios básicos y diseño del AyA. Por tanto, debido a que los proyectos presentados no han cumplido con lo necesario para completar la factibilidad técnica, es que se trabaja en un proyecto que corrija todas las deficiencias presentadas. Además, valga aclarar que el hecho de que la comunidad no cuenta con disponibilidad de agua potable no es culpa del AyA pues tomando en cuenta la explicación dada en este hecho, no es nuestra responsabilidad que se haya dado un crecimiento desordenado, sin que se haya llevado a cabo un planteamiento territorial coordinado entre las familias y el gobierno local. A pesar de ello, no es cierto que no se hayan atendido todas las solicitudes recibidas, tanto de la comunidad organizada, como de solicitudes recientes de disponibilidad de servicios y de suministro de agua por camión cisterna. Finalmente, para el trámite de solicitud de disponibilidad del servicio presentado por el señor Barrantes, no existe evidencia de que se hubiera agotado la vía con la Asada según lo estipulado en el Reglamento de Asadas vigente para ese momento, el cual indica que se debe acudir al debido proceso y presentar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante la Asada (artículos del 38 al 41). Solo una vez agotada esta vía procede que el AyA en su representación a través de la ORAC Metropolitana, resuelva el caso en alzada”.
3.- Contesta audiencia María Teresa González Porras, en su condición de Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Balsa de Atenas, en lo que interesa, que el recurrente empezó a construir una vivienda sin ningún tipo de permiso. Añade lo siguiente: “ La construcción de un sector de acueducto, requiere estudios técnicos para determinar cuáles son las propiedades donde se deben ubicar los tanques necesarios, así como toda la infraestructura para el correcto abastecimiento, asimismo se debe empezar a negociar con los propietarios de los terrenos que hasta el día de hoy, hay muchos propietarios que no nos quisieron vender ni donar sector de su propiedad para ubicar la infraestructura, alargando aún más el trámite. También hay que constituir servidumbres, revisar con detenimiento los accesos, realizar múltiples visitas de campo, limpiar terrenos, entre muchas otras tareas más para completar todo el procedimiento. Sin contar con el tema presupuestario, ya que esta Asada es muy pequeña y tiene que depender del financiamiento del A y A y el lnder para poder realizar el desarrollo como tal. Añadido a lo anterior, en los últimos meses con el problema de salud. Covid 19, muchos procesos se han visto demorados, tenemos una nueva realidad, y aun así la Junta Directiva ha seguido trabajando para poder solventar todos los requisitos necesarios”. Concluye que esa Asada, en conjunto con el AyA, han trabajado para que los vecinos de Andrómeda III tengan acceso al agua potable en sus casas. No obstante, los vecinos de viven en dicho lugar crecen sin ningún control de la Administración, en especial de la municipalidad y, por ende, no podrían dar a abasto con ningún proyecto si eso se sigue permitiendo. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- En escrito presentando a las 07:30 horas del 28 de octubre de 2020 el recurrente aporta prueba mejor resolver y manifiesta que el lote para el cual solicitó la disponibilidad de agua es segregación de una propiedad que posee mi familia en esta comunidad desde el año 1990. Reitera sus alegatos respecto al incumplimiento de las sentencias Nos. 2019-03334 de las 10:40 horas del 26 de febrero de 2019 y la 2019-004056 de las 09:30 horas del 08 de marzo de 2019.
5.- En escrito presentado a las 11:30 horas del 03 de noviembre de 2020, el recurrente reitera sus alegatos y aporta prueba para mejor resolver. Solicita que se cumpla lo dispuesto en las sentencias Nos. 2019-03334 de las 10:40 horas del 26 de febrero de 2019 y la 2019-004056 de las 09:30 horas del 08 de marzo de 2019.
6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que solicitó a la Asada recurrida la disponibilidad de agua potable para una vivienda; sin embargo, acusa que mediante el oficio 021-2020 del 09 de julio de 2020 se le denegó la solicitud con el siguiente argumento: “Con respecto a la solicitud de disponibilidad de agua para su propiedad en Andrómeda 3, plano catastro A2006437-2017, esa Asada le deniega dicha solicitud ya que en ese sector no contamos con capacidad hídrica ni hidráulica para poder darle la disponibilidad”. Por otro lado, acusa que las autoridades recurridas no han dado cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en las sentencias Nos. 2019-03334 de las 10:40 horas del 26 de febrero de 2019 y la 2019-004056 de las 09:30 horas del 08 de marzo de 2019. Solicita expresamente que se le otorgue el servicio de agua potable.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.- SOBRE EL DERECHO AL AGUA. La jurisprudencia de la Sala es reiterada en reconocer el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. En efecto, como parte del Derecho de la Constitución, la Sala reconoce un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en Costa Rica; así figura explícitamente en el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; además, se enuncia en el segundo principio de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo, mientras que en el sistema interamericano, el primer inciso del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, dispone que «Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Del mismo modo, el entonces Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. De esta referencia normativa se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obliga a los Estados a adoptar medidas para su prestación y suministro, sin que ello pueda interpretarse en el sentido que ese derecho fundamental a los servicios públicos carezca de exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos –ver, entre otras, sentencias números 2002-10776, de las 14:41 horas del 14 de noviembre del 2002 y 2008-10326 de las 16:51 horas del 19 de julio del 2008. De tal forma, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento, por lo que se reconoce la posibilidad de limitar el otorgamiento de nuevas pajas de agua con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de suministro de agua potable a los actuales usuarios y domicilios que reciben dicho servicio –ver sentencias números 2007-17475, de las 11:05 horas del 30 de noviembre del 2007, y 2008-11390, de las 11:29 horas del 22 de julio de 2008.
En este sentido, en la sentencia No. 2006-1898 de las 9:53 horas del 17 de febrero del 2006 –reiterada, entre otras, por sentencia No. 2007-13310 de las 10:57 horas del 14 de setiembre del 2007 estableció la Sala que:
“El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma. En todo caso, se encuentra acreditado también que aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable”.
Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la Administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la Administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la Administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud.
Asimismo, en cuanto a los requisitos legales para que se otorgue el permiso, esta Sala en la resolución No. 2014009134 de las 14:05 horas de 19 de junio de 2014, indicó:
“II.- Sobre el fondo. Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha indicado que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos –sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). En este sentido, resulta claro concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, a pesar de todo lo que se acaba de establecer, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios. Lo anterior debido a que el inmueble en cuestión, es un fundo enclavado sin frente a vía pública, el cual se favorece de una servidumbre de paso privada que no se encuentra constituida a favor de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y en la resolución que rechazó su gestión, se le comunica claramente a la recurrente la facultad que le asiste para iniciar los trámites para la construcción del ramal (tubería), que permita abastecer de agua potable su vivienda y la constitución de servidumbre de paso a favor de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, todo con la asesoría técnica de la institución, situación misma que permitirá subsanar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales para aprobar la instalación del nuevo servicio en el inmueble de su propiedad. Así las cosas, estima este Tribunal Constitucional que la decisión denunciada no resulta arbitraria, ni carente de fundamentación, por lo que no constituye vulneración de los derechos fundamentales de los recurrentes, por lo que procede declarar sin lugar este recurso”.
IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite el recurrente acusa que mediante oficio 021-2020 del 09 de julio de 2020 la Asada recurrida le denegó la disponibilidad de agua potable para una vivienda bajo el siguiente argumento: “Con respecto a la solicitud de disponibilidad de agua para su propiedad en Andrómeda 3, plano catastro A2006437-2017, esa Asada le deniega dicha solicitud ya que en ese sector no contamos con capacidad hídrica ni hidráulica para poder darle la disponibilidad ”. Después de haber analizado el informe rendido y el oficio de respuesta, así como las pruebas aportadas por las partes, esta Sala descarta la vulneración a los derechos fundamentales del amparado por las razones que se dirán a continuación. En primer lugar, con mediana claridad se constató que la falta de dotación del servicio de agua potable en la propiedad con plano catastro No. A2006437-2017 no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento por parte de la Asada recurrida, sino que está justificada en que no se cumplen los requisitos técnicos para tales efectos, toda vez que donde se encuentra la propiedad no hay “capacidad hídrica ni hidráulica para poder darle la disponibilidad”.
En según término, en el informe técnico para la ASADA de Balsa de Atenas No.GSD-UEN-GAR-2020-003929, la señora Yendri Murilo Burgos de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del AyA, subrayó que la propiedad del recurrente no se ubica dentro del Proyecto Andrómeda, tal y como lo afirma en el escrito de interposición. Además, sostuvo que la disponibilidad de recurso hídrico que demanda el accionante fue presentada para un terreno donde recientemente se construyó una vivienda. Al respecto, en el informe de cita textualmente se consignó lo siguiente: “La ORAC Metropolitana en el mes de abril del 2020 realizó un censo con el fin de recabar información sobre las familias que se abastecen por medio del camión cisterna, así como para corroborar el tipo de uso y almacenamiento que se le da al agua recibida, y el señor [Nombre 001] no aparece dentro de las familias censadas. Esto se debe a que su solicitud de disponibilidad fue presentada para un terreno donde recientemente se construye una vivienda que no existía cuando se emitieron los votos de la Sala Constitucional. tanto, su petición se encuentra fuera del grupo de familias que al inicio y a la fecha reciben agua potable por medio de cisterna” (el resaltado no es del original). Sobre este apartado, es menester traer a colación lo resuelto por esta Sala en la sentencia No. 2020-19848 de las 09:30 horas del 18 de octubre de 2020, donde en lo que interesa se indicó lo siguiente: “Bajo juramento la Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Balsa de Atenas indica que, las personas para las cuales el recurrente solicitó el servicio de cisternas, no vivían en la localidad de Andrómeda III. Asegura que, en la respuesta que se le dio al recurrente, se señala que el 16 de marzo del 2020, estaba en construcción dicha vivienda, por lo que las personas que, actualmente habitan dicha vivienda, anteriormente no residían allí. Tal y como se logra comprobar del informe rendido por la ASADA, así como de la prueba traída a los autos, las personas a favor de las cuales, el recurrente solicitó la provisión de agua potable por medio de camiones cisterna, no son clientes de la ASADA recurrida, ni están dentro de la situación amparada en los votos Nos. 2019-003334 de las 10:40 horas del 26 de febrero de 2019, 2019-004056 de las 09:30 horas del 08 de marzo de 2019 y 2019-004066 de las 09:30 horas del 08 de marzo de 2019, emitidos por esta Sala, pues no les son aplicables. Aunado a ello, tampoco consta que estas personas hayan solicitado a la ASADA ser tenidos como abonados. Asimismo, la vivienda donde viven los familiares del recurrente fue construida con posterioridad a las supra citadas sentencias. Además, no se tiene certeza, sobre los correspondientes permisos de construcción del referido inmueble. De tal manera, que no encuentra este Tribunal mérito para ordenarle a la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Balsa de Atenas, que disponga de camiones cisternas para que abastezca de agua a los familiares del accionante. En consecuencia, el recurso debe ser declarado sin lugar, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia” .
De lo anterior, concluye esta Sala que para el caso en concreto no procede ordenar la entrega de la constancia de disponibilidad de recurso hídrico, ya que no se logró verificar fehacientemente que la propiedad del recurrente cumpla los requisitos técnicos, legales y reglamentarios para dicho proceder. Asimismo, tampoco consta que el tutelado se encuentre dentro de la situación amparada en las resoluciones emitidas por esta Sala Constitucional relacionadas con el recurso hídrico en Balsa de Atenas -v.gr. la resolución No. 2019-003334 de las 10:40 horas del 26 de febrero de 2019-, en el tanto se ha corroborado que la disponibilidad de agua potable que demanda fue presentada para un terreno donde recientemente se construyó una vivienda que no existía con anterioridad a los fallos de este Tribunal Constitucional.
Por lo demás, es menester aclararle a la parte amparada que este Tribunal resulta incompetente, por ser un tema de mera legalidad, analizar por el fondo su caso y determinar si el sitio donde se ubica el inmueble en cuestión cumple o no con lo dispuesto por las autoridades recurridas. De manera que dicha discusión, deberá ser planteada, si a bien lo tiene, ante las propias accionadas, o bien ante la vía jurisdiccional ordinaria que resulte competente. Bajo esa inteligencia, se estima que no se está frente a una infracción de derechos fundamentales y, por ello, lo pertinente es desestimar el recurso de amparo, como en efecto se dispone.
V.- Finalmente, respecto al supuesto incumplimiento de las sentencias Nos. 2019-03334 de las 10:40 horas del 26 de febrero de 2019 y 2019-004056 de las 09:30 horas del 08 de marzo de 2019, es menester indicarle al recurrente que ello se trata de un extremo que deberá, si a bien lo tiene, alegar en cada uno de los expedientes, pues es allí en donde podrá, en forma amplia, hacer valer sus reclamos para que se resuelva lo que en derecho corresponda.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *JS12MTNTQJO61*
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