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Res. 05058-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/03/2021

Amparo for lack of hydrogeological studies on San Carlos highwayAmparo por falta de estudios hidrogeológicos en carretera a San Carlos

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The amparo is partially granted: MOPT ordered to resolve the information request within five days; State condemned to pay costs, damages, and losses for the administrative omission.Se declara parcialmente con lugar el amparo: se ordena al MOPT resolver en cinco días la solicitud de información y se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios por la omisión administrativa.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber heard an amparo filed by Enilda Vargas Montero on behalf of Óscar Jara e Hijos Limitada against the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), concerning the new San Carlos highway project (National Route 35). The petitioner argued that the construction would cross her property, which contains springs, a fluvial wetland, and biodiversity, without the necessary hydrogeological studies having been conducted or her request for information having been answered. The Chamber found that the project was in a preparatory phase, without environmental viability or construction works, but that MOPT had failed to respond to the petitioner's request. It also showed that the Ministry's environmental actions (inspections, studies) were undertaken in response to the complaint, not as proactive preventive measures. The amparo was partially granted: the Minister was ordered to resolve the information request within five days, and the State was ordered to pay costs, damages, and losses for the omission, given that the Administration did not act ex officio in compliance with the precautionary principle.La Sala Constitucional conoce un amparo presentado por Enilda Vargas Montero a favor de Óscar Jara e Hijos Limitada contra el MOPT, relacionado con el proyecto de la nueva carretera a San Carlos (Ruta Nacional 35). La recurrente alegó que la construcción atravesaría su finca, que alberga nacientes, un humedal fluvial y biodiversidad, sin que se hubieran realizado los estudios hidrogeológicos necesarios ni se le hubiera dado respuesta a su solicitud de información. La Sala constató que el proyecto se encontraba en fase preparatoria, sin viabilidad ambiental ni obras constructivas, pero que el MOPT había sido omiso en responder la gestión del recurrente. Asimismo, evidenció que las actuaciones ambientales del Ministerio (visitas, estudios) se realizaron en respuesta a la denuncia, no como medidas preventivas propias. Se declara parcialmente con lugar: se ordena al Ministro resolver la solicitud de información en cinco días y se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios por la omisión, al haberse acreditado que la Administración no actuó de oficio en cumplimiento del principio precautorio.

Key excerptExtracto clave

V.- REGARDING THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT'S ACTIONS IN COMPLIANCE WITH THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE: While it is true that it was demonstrated that the project 'Construction of the Bernardo Soto-Sifón Section of the new San Carlos Highway, Alajuela province' is currently in process for SETENA to grant environmental viability, the truth is that it catches this Chamber's attention that the Ministry's actions were generated at the petitioner's request. [...] That is, the respondent Ministry agreed to execute the road infrastructure project called 'Construction of the Bernardo Soto-Sifón Section of the new San Carlos Highway, Alajuela province', without first carrying out the hydrogeological studies of the route. As indicated in Article 50 of the Political Constitution, State institutions are called to comply with environmental protection legislation and are therefore obligated to take preventive measures. Omissions in the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, since as a result of administrative inertia in this matter, damage to the environment and natural resources may occur, sometimes with similar or greater consequences than those arising from administrative actions. VI.- REGARDING THE POSSIBLE VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION: Taking into account that the alleged violation of Article 50 of the Political Constitution was not proven, but that it was demonstrated that it is currently in process for SETENA to grant environmental viability to the project [...] the respondent and competent authorities are reminded of the importance of protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment in accordance with the precautionary principle or in dubio pro natura, through the implementation of environmental protection measures. Therefore: The amparo is partially granted. Rodolfo Méndez Mata, in his capacity as Minister of Public Works and Transport, is ordered [...] within FIVE DAYS [...] to resolve the complaint filed by the petitioner on March 19, 2020. [...] The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this ruling, which shall be liquidated in enforcement of judgment before the Administrative Court. In all other respects, the amparo is denied.V.- EN CUANTO A LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES EN APEGO AL PRINCIPIO PRECAUTORIO: Si bien es cierto se logró demostrar que el proyecto 'Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela' actualmente se encuentran en proceso para que, la SETENA otorgue la viabilidad ambiental al proyecto, lo cierto es que llama la atención a este Tribunal que las actuaciones del Ministerio recurrido se han generado a solicitud del recurrente. [...] Es decir, el Ministerio recurrido acordó la ejecución del proyecto de infraestructura vial denominado 'Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela', sin realizar de previo los estudios hidrogeológicos de la vía. Tal y como lo indica el artículo 50 de la Constitución Política, las instituciones del Estado son las llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, para ello está en la obligación de tomar medidas preventivas. Las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto como consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias que de las derivadas de las actuaciones de la Administración. VI.- EN CUANTO A LA POSIBLE VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA: Ahora bien, tomando en cuenta que no se logró acreditar la supuesta vulneración del artículo 50 de la Constitución Política, pero que sí se demostró que actualmente se encuentran en proceso para que, la SETENA otorgue la viabilidad ambiental al proyecto [...] se les recuerda a las autoridades recurridas y competentes en la materia la importancia de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de conformidad con el principio precautorio o de indubio pro natura, lo anterior mediante la implementación de medidas de protección ambiental. Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Rodolfo Méndez Mata en su calidad de Ministro de Obras Públicas y Transportes [...] que en el plazo de CINCO DÍAS [...] se resuelva la denuncia presentada por el recurrente en fecha 19 de marzo del 2020. [...] Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto como consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias que de las derivadas de las actuaciones de la Administración."

    "Omissions in the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, since as a result of administrative inertia in this matter, damage to the environment and natural resources may occur, sometimes with similar or greater consequences than those arising from administrative actions."

    Considerando V

  • "Las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto como consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias que de las derivadas de las actuaciones de la Administración."

    Considerando V

  • "Se les recuerda a las autoridades recurridas y competentes en la materia la importancia de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de conformidad con el principio precautorio o de indubio pro natura."

    "The respondent and competent authorities are reminded of the importance of protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment in accordance with the precautionary principle or in dubio pro natura."

    Considerando VI

  • "Se les recuerda a las autoridades recurridas y competentes en la materia la importancia de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de conformidad con el principio precautorio o de indubio pro natura."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Date of Resolution: 12 March 2021 at 09:15 Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2021005058 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twelfth of March, two thousand twenty-one.

Recurso de amparo filed by ENILDA VARGAS MONTERO, identity card 0202690691, on behalf of OSCAR JARA E HIJOS LIMITADA, legal identification 3102049333, against the MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT).

Resultando:

1.- By brief filed in the Secretariat of this Sala at 12:25 hours on 26 January 2021, the petitioner files a recurso de amparo against the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. She states that the respondent authorities are processing a highway project, or national route known as Carretera a San Carlos, which, according to verbal communications to the representatives of the company, would cross through the property owned by it, located in Naranjo de Alajuela. On 19 March 2020, she submitted a petition addressed to the minister of Obras Públicas y Transportes, in which information was requested about the highway, as well as the hydrogeological studies of the road, specifically of the section that will cross through its property, that is, the stretch between Sifón de San Ramón and San Miguel de Naranjo (see copy provided as evidence). She even described the ecosystem existing on the farm and denounced how the route they intend to build could generate irreversible environmental damage. The foregoing, since within the referenced property there have always been a great number of springs (nacientes), sites that remain flooded by the riverine wetland (humedal fluvial), and a great variety of birds and much biodiversity of mammals as well. By official letter No. DM 2020-1241 of 24 March of last year, the head of the Office of the minister of MOPT forwarded her petition to the executive director of CONAVI (see copy provided as evidence). She clarifies that at the time the minister was approached, the existence of the wetland was believed, but there was no certainty; however, subsequently the existence of the riverine-type wetland was unequivocally established by the competent authority, that is, the Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) in official letter No. SINACACC- OG-l0002020 of 5 November 2020 of the previous year (see copy provided as evidence). The foregoing, combined with the provisions of the Ley Orgánica del Ambiente in its article 41 and subsection 3 of numeral ll of the Ley de la Biodiversidad, is linked by connection with constitutional norm 50, thus making it clear that, even if said wetland had not been declared or registered as such, there is always a public environmental interest in protecting it, which should be kept in mind before the construction of the new route. She complains that, as of the date of filing the recurso, the petition filed almost a year ago had not been resolved, despite the threat that the progress in the construction of the route means for the riverine ecosystems and the biodiversity that would be affected. She invokes in support of the petition of interest Advisory Opinion No. OC 23-17 which provided, in paragraph 213: "(…) The State's actions must be governed by the principles of publicity and transparency in public management, which makes it possible for persons under its jurisdiction to exercise democratic control of state actions in such a way that they can question, investigate, and consider whether public functions are being adequately fulfilled (…).” She considers that the foregoing violates the fundamental rights of the amparo-protected company. She requests that the recurso be granted, with the legal consequences.

2.- By resolution at 18:20 hours on 27 January 2021, this amparo was processed and a report was requested from the minister and the executive director of the Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), both of the MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (see electronic record).

3.- Edwin Herrera Arias reports under oath in his capacity as Executive Director of the Consejo de Seguridad Vial (see electronic record) that the Consejo de Seguridad Vial, in the exercise of its competent powers, is not linked to the execution, management, or financing of the project called nueva ruta a San Carlos. Regarding the powers entrusted by law to the Consejo de Seguridad Vial, the Ley de Administración Vial No 6324 in its article 4° grants instrumental legal personality to the Consejo de Seguridad Vial to fulfill its objectives and exercise the defense of its interests. In this regard, the cited numeral provides in what is relevant: (…) The Consejo de Seguridad Vial is created as a dependency of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, which shall have independence in its administrative functioning and its own legal personality. (…) Likewise, when it corresponds to functions deriving from law, the cited body of laws establishes the specific powers that constitute the administrative conduct to which the Consejo de Seguridad Vial is subject. (…) Article 9.- The Council shall have the following powers: a) To review analyses of matters referring to transit, to identify road safety problems and make recommendations it deems pertinent. b) To review and approve guidelines, priorities, and projects for road safety promotion programs; c) To administer the Fondo de Seguridad Vial and allocate the necessary sums for the road safety programs and projects required by the Direcciones Generales de Ingeniería de Tránsito, de Transporte Público, and de la Policía de Tránsito; and ch) To review, process, and resolve any other matter submitted to it by the Ministro de Obras Públicas y Transportes. (…). Upon reviewing the documentation of the judicial expediente through which the filed recurso is processed, it can be determined that the facts on which the petitioner bases the filing of the recurso de amparo are due to a lack of response on the part of the Public Administration, in response to a request for information presented before the office of the Señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, which was referred by means of correspondence transfer to the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). The construction and maintenance of national highways or routes is a function entrusted primarily to the Consejo Nacional de Vialidad, known by its acronym as CONAVI, and not to the Consejo de Seguridad Vial or COSEVI, in addition to the fact that the inquiry was expressly directed to said institution. The legal framework related to the substantive activity of the Consejo Nacional de Vialidad is based on Law No 7798 published in supplement No. 20 of La Gaceta No. 103 of 29 May 1998, through which the Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad was made public knowledge and that, in accordance with what is provided therein, CONAVI is an organ of maximum deconcentration, attached to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, with instrumental and budgetary legal personality to administer its fund; and which is responsible for the conservation and construction of the highways, cross-city streets, and bridges of the national road network, as specific competencies. From the foregoing, it is not possible to verify an action (active or omissive) on the part of the Consejo de Seguridad Vial capable of violating the fundamental rights of the petitioner through the exercise of ordinary administrative conduct, nor through omissive conduct, contrasted with the right of petition exercised by the administered party, given that the alleged violation of fundamental rights claimed by the amparo-protected party is due mostly to the imminent danger alleged from the construction of a highway or national route that would cross the private property where a riverine wetland (humedal fluvial) is located, and, in this case, the construction of highways is not a power of the Consejo de Seguridad Vial. He considers that there has been a material error in the transfer of the summons to render a report, and therefore respectfully requests that an audience be granted to the Consejo Nacional de Vialidad, as is legally proper. He requests that the recurso be declared without merit.

4.- Rodolfo Méndez Mata reports under oath in his capacity as Ministro de Obras Públicas y Transportes (see electronic record) that the facts alleged are linked to a highway on the Red Vial Nacional, it should be noted that the petitioner herself confirmed in her brief that this Office, through official letter N° DM-2020-1241 of 24 March 2020, forwarded to the competent body in the matter, that is, the Consejo Nacional de Vialidad, the inquiry raised on 19 March 2020. It is also necessary to point out that through official letter N° SPS-PEMIST-2021-26 dated 29 January 2021, signed by Engineer Pablo José Morales Herrera, an official of the Secretaría de Planificación Sectorial Proceso Planificación Estratégica Multimodal de Infraestructura y Servicios de Transporte, it was indicated that the Route identified by the petitioner may be affected by the construction of the carretera a San Carlos, which forms part of the Ruta Nacional 35 Project. As this Honorable Sala is aware, the competence legally granted to the Consejo Nacional de Vialidad establishes its scope of action within the framework of that road network. Law No. 7798 created said Council as an organ with maximum deconcentration, attached to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, with instrumental and budgetary legal personality to administer the Fondo Vial, granting it the competence related to the conservation and construction of the highways, cross-city streets, and bridges of the Red vial Nacional. Thus, it is determined that by reason of the competencies assigned to the Consejo Nacional de Vialidad regarding the administration, programming, and control of the national road network, precisely, Law No. 7798 “Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad”, in its ordinals 3 and 4 provides, as pertinent: “(…) ARTICLE 3.- The Consejo Nacional de Vialidad is created, an organ with maximum deconcentration, attached to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. The Council shall have instrumental and budgetary legal personality to administer the Fondo de la red vial nacional, as well as to enter into the contracts and loans necessary for the exercise of its functions, in accordance with this law. This Council shall be administered by the Consejo de Administración, integrated in accordance with the following article 5. ARTICLE 4.- The objectives of the Consejo Nacional de Vialidad shall be the following: a) To plan, program, administer, finance, execute, and control the conservation and construction of the national road network, in accordance with the programs prepared by the Dirección de Planificación of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. b) To administer its assets. c) To execute, through contracts, the works, supplies, and services required for the conservation and construction process of the totality of the national road network. d) To supervise the correct execution of the works, including quality control. e) To promote research, development, and technology transfer in the field of road construction and conservation. f) To enter into contracts or provide the services necessary for the fulfillment of its objectives and functions. In this vein, it will be the responsibility of that Council to provide the details of the actions taken in this regard, for which reason, through official letter N° DAJ-2021-517 dated 01 February 2021, the Legal Directorate of this Ministry forwarded it to the Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, who will refer with greater precision to the indicated allegations. By virtue of the foregoing, there is no action within the competencies held by this Ministerio de Obras Públicas y Transportes that harms the fundamental rights of the petitioner Vargas Montero, and therefore I request that the Recurso de Amparo filed be declared without merit and that this Institution be released from all responsibility related to it.

5.- By resolution at 14:47 hours on 03 February 2021, the Instructing Magistrate expanded the proceeding and requested a report from the Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad (see electronic record).

6.- Sylvia Andrea Soto Rojas reports under oath, in her capacity as Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) (see electronic record) that the project “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela”, known as Punta Sur, national route No. 35, is a project to be developed by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, which has carried out the following actions: - Request before the Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) for the environmental viability (viabilidad ambiental) of the project (the project does not yet have environmental viability); - Compilation of information requested by SETENA, through Official Letter SETENA-DT-DEA-1421-2020 dated 20 October 2020; - Request for information before the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía, related to the existence of springs (nacientes) in the sectors through which the project would eventually pass. At present, there are merely preparatory acts that from no point of view can be considered as real threats to the detriment of the environment; therefore, the precautionary principle does not apply, much less is it violated, as the petitioner incorrectly alleges. The project indicated by the petitioner is the object of study and analysis by SETENA, and this has meant that said Secretaría, in order to guarantee environmental protection, requires from my represented entity additional studies that allow the viability of the project of interest to be elucidated. That is, at present, there are merely preparatory acts that from no point of view can be considered as real threats to the detriment of the environment; therefore, the precautionary principle does not apply, much less is it violated, as the petitioner incorrectly alleges. In the face of doubt and precisely in observance of the precautionary principle (pro natura principle), SETENA, prior to granting the environmental viability requested by MOPT, through Official Letter SETENA-DT-DEA-1421-2020 dated 20 October 2020, requests information from Engineer Rodolfo Méndez Mata, Minister of that Portfolio, expressly stating: “prior to resolving, expediente D1-0471-2020, “Diseño constructivo del tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva carretera a San Carlos…”.” In the second paragraph of the second page of said Official Letter, SETENA indicates: “Radius of protection. According to the Geospatial Review of the project, it is indicated that “Within a 200m influence area of the project layout, the following wells and springs (nacientes) are located: (…) therefore: 4. You must present the site design, verifying that the protection radii are being respected. If necessary, certification from the Dirección de Aguas must be presented indicating whether the spring (naciente) is captured by a public aqueduct or is for private use and its respective protection radius, in order to determine if there is any legal impediment. 5. In the event that the Dirección de Agua issues any additional recommendation, include it in the Plan de Pronóstico Ambiental as appropriate.” But in order to compile the relevant information, prior to SETENA’s request, the consulting firm contracted by the Ministry, to proceed with the process through which environmental viability is required before that Secretaría, proceeded with the request for a criterion before the Unidad Hidrológica Tárcoles - Pacífico Central of the Dirección de Aguas, regarding water use concessions (surface and underground), within the defined layout for the new highway. Subsequently, a request for inspection made by Mr. Oscar Jara Vargas is presented, in the community of San Juan de Naranjo de Alajuela, so that this same instance also determines the existence of bodies of water at the same site where, at the request of DEHC, the aforementioned inspection had been carried out. Based on the inspection required by Mr. Jara Vargas, Engineer Ignacio Campos Rodríguez, an official of the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Aguas, issues Official Letter DA-UHTPCOSR-0285-2020 dated 13 July 2020, indicating, as pertinent, the following: “On Wednesday 17 June 2020, the undersigned made a visit [sic] to the site, for which the company of Mr. Oscar Jara Vargas, complainant, and Mr./Ms. Licda. Emily Flores and Cecilio Chacón, both officials of the Oficina de Grecia of the Área de Conservación Central (ACC) of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), was counted upon. Being at the site, a tour was made of various properties where Mr. Óscar Jara pointed out to the undersigned several bodies of water that he wishes to be determined by the Dirección de Agua [sic] of MINAE, due to the foregoing it was possible to determine the existence of various unnamed springs (nacientes) and, additionally, the channel of two unnamed streams. In order to determine the permanent or intermittent character of unnamed springs (nacientes) No. 1, No. 2, No. 3, and No. 4 and of unnamed streams No. 1 and No. 2, a new visit to the site must be carried out during the dry season for the zone, for which a new technical report will be prepared.” (Underlining is not from the original). Note that the official letter, although it indicates that springs (nacientes) exist, it is not conclusive as it conditions their classification as permanent or intermittent on the inspections to be carried out during the dry season, for which it indicates (underlined part of the official letter), that it would prepare A NEW REPORT. Now then, before the inquiry made to the Dirección de Aguas by the consultant contracted by the Ministry, official José Ricardo Hidalgo Sánchez, in official letter DA-UHTPCOSJ-1387-2020, mentions: “Based on the information in the table above, it is possible to clearly establish the real location of the wells and springs (nacientes) in question. Additionally, it is important to mention regarding the points of expediente 5388A, the visit was guided by Mr. Oscar Jara, where it is identified that both sites were found to be dry during the inspection, carried out on 29 May of this year, when winter had already arrived. However, for this purpose, there is the determination of the bodies of water in official letter DA-UHTPCOSR-0285, prepared by Ignacio Campos, where they are identified as springs (nacientes). Regarding the artisanal well (B), it was identified inside Mr. Jara's property (Expediente 5388ª), it is almost entirely sealed with concrete and according to what was consulted, it is not used.” The clarification by the Dirección de Aguas is fundamental and pertinent, for the purpose of determining the existence and nature of the possible springs (nacientes) existing at the site, and to avoid direct impacts not only with the progress of the project but also with the protection that said springs (nacientes) (once classified as permanent or intermittent) would come to require. For the reasons noted above, the Señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, through official letter DM-2020-4421 dated 19 November 2020, requested Engineer José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Aguas, to proceed with the necessary clarifications regarding the springs (nacientes) and streams. Despite the reminder subsequently sent to them, to date the ministry has not received the pertinent response, which, it is needless to say, is essential for the purpose of providing the response required by SETENA. Now then; with regard to the existence of a riverine-type wetland, determined by SINAC through official letter SINAC-ACC-OG-10002020 dated 05 November, provided by the petitioner and which, according to the petitioner's criteria, will suffer damages from the project, it is necessary to indicate that, in that same vein, through Report SINAC-ACC-RH-031-2020 dated 01 July 2020, Licda. Fulvia Wohl Jiménez, official of the Programa Recurso Hídrico of the Área de Conservación Central of SINAC, in view of the need to characterize and delimit the ecosystem for the execution of the project in question, issued extremely important and forceful considerations, where the existence of a riverine system is indeed clarified, but it also determines (as the law states) the tasks that can be developed within them. Thus, in the “Conclusions” section of the referenced Report, the following is expressly stated: “Conclusions: From the information gathered in the study area and according to the wetland classification system, the site is characterized as a riverine system, this includes all aquatic environments contained in permanent or temporary drainage channels that keep water in motion, classifying the study area as a permanent river. In this case, what is stipulated in the Ley Forestal 7575, articles No. 33 and 34 on the regulations determined for the protection areas of bodies of water must be considered. It is important to emphasize that article 34 authorizes the felling of trees for projects declared by the Poder Ejecutivo as of national convenience. Finally, to mention that, despite being a project classified as of national convenience, the organization responsible for the construction of the road stretch must take the necessary measures to ensure that the extraction of trees does not affect the ecological flow of the river or cause vulnerability to it, regarding issues of contamination by earthworks (movimientos de tierra) or deposits of hazardous materials, in addition, it must protect the fauna present in the body of water.” That is, the official and competent authority in wetland protection (SINAC), conclusively agrees that the site effectively represents a riverine system that, under national legislation, can be intervened when the project is declared by the Poder Ejecutivo as of Conveniencia Nacional. Logically, the petitioner resorts to unacceptable strategies, highlighting the word “wetland”, seeking to cause an impact with its mere mention, but ignoring that there are situations in which, due to the wetland classification, it is possible to execute certain activities because the law so permits. The intention to obstruct the good progress of a project that, to date, has been developed in accordance with the pertinent legislation, is clear; what is lamentable about this type of conduct, which is also repeated, is the lack of empathy that exists not only with the country but also with the other users, as they seem to ignore the consequences of hindering a project that will only generate benefits for the area and, as indicated, for the entire country. Sensible, coherent, well-founded intentions, aimed at protecting the environment, are more than understandable, they are necessary, but as stated, when there are factual and legal reasons that demonstrate the existence of conducts and actions aimed at violating the constitutional principles oriented to protecting the environment. My represented entity is fully clear that the scope of the precautionary principle implies that the burden of proof is transferred to the denounced party, and for this reason, attached to this document, we provide our evidentiary elements; but this type of conduct should not be tolerated any longer, which only manages to significantly affect the State, but worse still, the users. In this case, it has been repeatedly indicated that, currently, given SETENA's requirements to evaluate and better decide on the granting of environmental viability, the Ministry is compiling what was requested from the Dirección de Aguas, from which, by its own competencies, it is expected to obtain a specific determination on the nature of the identified bodies of water and their respective classification (intermittent or permanent). In this context, it must be categorically and forcefully affirmed that the petitioner is not telling the truth when arguing transgressions of constitutional norms 50 and 89 (among other cited regulations), since from no point of view can the compilation of information be or should be seen as a THREAT to the environment. Even less can the existence of damage be alleged (the petitioner does not provide proof of the existence of damages) if it is considered that, at the site under examination, NO ACTIVITIES HAVE BEEN CARRIED OUT, BECAUSE THERE IS NOT YET environmental viability for the project. Consequently, accepting radical conducts like those presented by the petitioner would be absurd, which, moreover, generate harm to the country, if the request for additional studies by the competent organs to shield their administrative acts and protect the environment is considered a threat, especially considering that the law empowers, in this case, SETENA to investigate and request the data it considers necessary to determine the environmental viability of the project. IT IS A TRUE CONTRADICTION THAT THE PETITIONER INCURS IN, by requesting as a precautionary measure any procedure linked to the project, when the collection of information and the presentation of studies is precisely aimed at avoiding possible damages to the springs (nacientes) that may exist at the site. It is deemed pertinent at this point to recall that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) is an instrument of environmental policy, the objective of which is to prevent, mitigate, and restore damages to the environment as well as the regulation of works or activities to avoid or reduce their negative effects on the environment. Likewise, the Environmental Impact Assessment consists of a technical-scientific analysis with an administrative character, the function of which is to quantitatively determine the direct and indirect effects of a development project on the environment and that the objective of the Environmental Impact Assessment is to justify this impact within what is permitted by law and supported by nature, and to mitigate or compensate for those effects that exceed that limit. The environmental impact produced by the construction of a project is evaluated a priori in order to establish necessary corrective measures to eliminate or mitigate negative impacts, propose alternatives to the proposed action, a control and supervision program, and an environmental recovery plan. Therefore, in Costa Rica, this analysis must be presented before SETENA as it is the institution that regulates environmental viability permits in accordance with the Ley Orgánica del Ambiente 7554, since 1997. Precisely, the Environmental Viability license that is granted represents the condition of harmonization or acceptable balance, from the point of view of environmental load, between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographic space where it is to be implemented, and for this reason the approval conditions under which SETENA's final resolution is issued are binding and mandatory for the project developer, a resolution that is based both on the interdisciplinary analysis carried out by the professional specialists of said entity, and on the mitigation, elimination, compensation, and recovery plans that the environmental impact study proposes, as well as other measures that during the execution of the works SETENA or the environmental regent identify and determine as necessary to guarantee harmony or balance between development and environmental protection. She requests that the recurso be declared without merit.

7.- By resolution at 11:34 hours on 22 February 2021, the Instructing Magistrate expanded the proceeding to the Ministro de Obras Públicas y Transportes (see electronic record).

8.- Rodolfo Méndez Mata reports under oath in his capacity as Ministro de Obras Públicas y Transportes (see electronic record) that in accordance with the provisions of Law N° 9329 published in the Official Gazette La Gaceta 223 of 17 November 2015 “Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, new competencies were entrusted to this Ministerio de Obras Públicas y Transportes, both regarding intervention on the cantonal road network and on the national road network, by virtue of the foregoing, the project Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón, de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela", known as Punta Sur, Ruta Nacional No. 35, is a project to be developed by this Ministerio de Obras Públicas y Transportes, as was established through official letter N° DM-2020-2681, of 09 July 2020, through which said project was transferred from the Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, to MOPT, leaving certain functions to said Council such as: For the case of CONAVI, the following tasks are defined:  Management of the Vigilance contract (6 control posts), for the Sifón-Abundancia stretch.

This process will continue until a construction contractor is on the worksite. - Management of the operation and maintenance together with the inspection of the Sifón-Abundancia section, this includes the granting of entry and circulation permits for the section. Until the MOPT contracts the execution of the work. - Contracting of the firm in charge of the Environmental Oversight (Regencia Ambiental) of the Sifón- Abundancia project, a company that will be in charge, among other tasks, of preparing the D1 for SETENA, to request the environmental feasibility (viabilidad ambiental) for the intervention of the small Wetland (Humedal) under the new design (Contracting of Guayacán, the current firm that conducts the Environmental Oversight (Regencia Ambiental)). - Conclusion of the closure of Sifón-Abundancia and any pending matter related to Constructora Sánchez-Carvajal until its conclusion”.

Likewise, this Ministry of Public Works and Transport has taken on the following tasks: - Manage the contracting of the design, supervision, and construction of the Sucre-Alto Sucre-Abundancia section. - Contract a consulting firm to conduct the study to choose the best contracting model and develop the technical, economic, financial, and environmental feasibility and pre-design of National Route No. 35, highway to San Carlos (Bernardo Soto-Florencia) and the environmental and social requirements for the entire corridor in accordance with IDB policies. - Manage the contracting of other complementary studies to meet the requirements. - Manage the Construction of Bernardo Soto-Abundancia.

By virtue of the foregoing, it is necessary to point out to this Honorable Constitutional Chamber the actions that the Ministry of Public Works and Transport has undertaken regarding the project in question, which are detailed as follows: - Request before the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) for the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of the project (the project does not yet have environmental feasibility). - Collection of information requested by SETENA, through Official Letter SETENA-DTDEA-1421-2020 dated October 20, 2020. - Request for information from the Water Directorate (Dirección de Aguas) of the Ministry of Environment and Energy, concerning the existence of springs (nacientes) in the sectors through which the project might eventually pass.

It is important to point out that the MOPT has not transgressed any environmental standard whatsoever; consequently, no damage has been generated or will be generated, because in the first instance, no type of works have been executed in the area, since SETENA has not yet granted the environmental feasibility (viabilidad ambiental). However, even if that feasibility were granted, the impacts that would be generated, upon being evaluated, would entail the implementation of the pertinent environmental protection measures.

It is necessary to point out that the Ministry of Public Works and Transport, complying with environmental regulations, in all road infrastructure projects in which it assumes the role of developer, manages them under all the guidelines, requirements, and authorizations emanating from the competent entities, which, because they are contained in environmental legislation, are mandatory. Therefore, in the present case, it refers to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), which is considered a preparatory act incapable of producing legal effects on its own.

Said instrument, as mentioned above, is granted by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), supported by a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) that the developers of a specific project present before that instance, in order to obtain the aforementioned endorsement. Evidently, and given the responsibility that said competence represents, SETENA must shield its acts and support its resolutions from a technical/legal point of view, so that its actions will not constitute final acts granting the aforementioned feasibility (viabilidad), until the necessary information for the endorsement has been obtained.

Currently, we are in the presence of merely preparatory acts that from no point of view can be considered real threats to the detriment of the environment; therefore, the precautionary principle does not apply, and even less is it violated, as the petitioner Vargas Montero erroneously alleges, who vehemently states the apparent existence of springs (nacientes) and a riverine-type wetland (humedal tipo fluvial), which, as indicated in her filing brief, are threatened by the development of the project “Construction of the Bernardo Soto- Sifón Section of the new Highway to San Carlos, province of Alajuela,” known as Punta Sur, national route No. 35, consequently violating constitutional articles 50 and 89. Such allegations, as demonstrated, lack validity, since the aforementioned project does not even have the environmental feasibility (viabilidad ambiental) from SETENA, and even if it had said endorsement, one would be in the presence of a merely preparatory act, incapable of producing legal effects on its own.

But even more surprisingly, it now appears that even the power granted to SETENA by law, which is clearly interpreted by the Office of the Attorney General of the Republic, to collect or request information from potential developers of road infrastructure projects (works of public interest with impacts at the national level), must be considered in this case as an evident threat that violates environmental protection.

The foregoing constitutes the real and current situation of the project in question. Faced with the doubt and precisely in observance of the precautionary principle (pro natura principle), SETENA, prior to granting the environmental feasibility (viabilidad ambiental) requested by the MOPT, through Official Letter SETENA-DT-DEA-1421-2020 dated October 20, 2020, requests information from Engineer Rodolfo Méndez Mata, Minister of that Portfolio, “prior to resolving, file D1- 0471-2020, “Constructive design of the Bernardo Soto- Sifón section of the new highway to San Carlos…” In the second paragraph of the second page of said Official Letter, SETENA states: “Protection radius According to the Geospatial Review of the project, it is indicated that “In an area of influence of 200m of the project layout, the following wells and springs (pozos y nacientes) are located: (…) therefore: 4. Must present the site design, verifying that the protection radii are being respected. If necessary, certification from the Water Directorate (Dirección de Aguas) must be presented indicating if the spring (naciente) is captured by a public aqueduct or is for private use and its respective protection radius, in order to determine if there is any legal impediment. 5. In case the Water Directorate (Dirección de Agua) issues any additional recommendation, include it in the Environmental Forecast Plan as appropriate.

But in order to collect the pertinent information, prior to SETENA’s request, the consulting company contracted by the Ministry, to proceed with the process through which the environmental feasibility (viabilidad ambiental) is requested before that Secretariat, proceeded with the request for criteria before the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate (Dirección de Aguas), regarding water use concessions (surface and underground), within the defined layout for the new highway. Next, an inspection request is presented made by Mr. Oscar Jara Vargas, in the community of San Juan de Naranjo de Alajuela, so that said instance may also determine the existence of water bodies (cuerpos de agua) at the same site where, at the request of DEHC, the cited inspection had been carried out.

Based on the inspection requested by Mr. Jara Vargas, Engineer Ignacio Campos Rodríguez, an official of the UH-Tárcoles-Central Pacific of the Water Directorate (Dirección de Aguas), issues Official Letter No. DA-UHTPCOSR-0285-2020 dated July 13 of the current year, stating the following accordingly: “On Wednesday, June 17, 2020, a visit was made by the undersigned to the site, for which we were accompanied by Mr. Oscar Jara Vargas, the complainant, and Ms. Emily Flores and Mr. Cecilio Chacón, both officials of the Grecia Office of the Central Conservation Area (ACC) of the National System of Conservation Areas (SINAC). Being at the site, a tour was conducted through several properties where Mr. Óscar Jara pointed out to the undersigned several water bodies (cuerpos de agua) that he wishes to have certified by the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE. Due to the above, it was possible to determine the existence of several unnamed springs (nacientes) and, in addition, the channel of two unnamed streams (quebradas). To be able to determine the permanent or intermittent character of the unnamed springs No. 1, No. 2, No. 3, and No. 4 and of the unnamed streams No. 1 and No. 2, a new visit to the site must be conducted during the dry season (época de estiaje) of the area, for which a new technical report will be prepared.” (The underlining is not from the original) Note that the official letter, although it indicates that springs (nacientes) exist, it is not conclusive as it conditions their classification as permanent or intermittent on the inspections to be conducted during the dry season (época de estiaje), for which it indicates (underlined part of the letter), that it would prepare A NEW REPORT (absolute uncertainty for the interested parties, as the existence and characteristics of said springs are not determined with certainty).

But the situation is aggravated if it is taken into consideration that, before the query made to the Water Directorate (Dirección de Aguas) by the consultant contracted by the Ministry, the official José Ricardo Hidalgo Sánchez, departmental colleague of Eng. Campos Rodríguez, far from clarifying the doubts raised, increases them, as inconsistencies are evident between the information obtained from the database and that obtained from the field survey, specifically regarding the actual location of the sources.

Additionally, and to further highlight the inconsistencies in the official letters issued by the Water Directorate (Dirección de Aguas), which generates a state of defenselessness for the parties involved, the official letter issued in June mentions the criterion that was stated in July. Let us see: As indicated, official letter No. DA-UHTPCOSJ-1387-2020, issued in June, includes arguments that allude to considerations recorded in the official letter issued by that same dependency, but in July; that is, it seems that on the date of issuance of the official letter signed by technician José Ricardo Hidalgo Sánchez, (June 10), the one issued on July 13 had already been formulated; the situation would not be inconvenient if both official letters were categorical and forceful regarding what was consulted, but since they present ambiguity, this Office considers that such a situation generates uncertainty.

As stated, an Official Letter issued in June includes information from an official document signed in July, but furthermore, it is cited as a relevant reference that must be taken into consideration. The clarification by the Water Directorate (Dirección de Aguas) is fundamental and pertinent, not only for the purpose of determining the existence and nature of the possible springs (nacientes) existing at the site but also because it is inconceivable that officials belonging to the same dependency of the same public institution issue such contradictory considerations that directly affect not only the project's progress but also the protection said springs require.

For the reasons stated above, in my capacity as Minister of Public Works and Transport, through official letter No. DM-2020-4421 dated November 19, 2020, I requested Engineer José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Water Directorate (Dirección de Aguas), to proceed with the clarifications to the inconsistencies detected in the reports issued.

Now then; regarding the existence of a riverine-type wetland (humedal tipo fluvial), determined by SINAC through official letter SINAC-ACC-OG-10002020 dated November 5, provided by the petitioner and which, in their opinion, will suffer damage with the project, it is necessary to indicate that, in that same sense, through Report No. SINAC-ACC-RH-031-2020 dated July 1, 2020, Ms. Fulvia Wohl Jiménez, an official of the Water Resource Program of the Central Conservation Area of SINAC, faced with the need to characterize and delimit the ecosystem for the execution of the project in question, issued extremely important and forceful considerations, where the existence of a fluvial system is effectively clarified, but also determines (so says the law) the tasks that can be developed in them.

Thus, in the “Conclusions” section of the referred Report, the following is stated, verbatim: “Conclusions: From the information gathered in the area under study and according to the wetland classification system, the site is characterized as a fluvial system, this includes all aquatic environments contained in permanent or temporary drainages that keep water in motion, classifying the study area as a permanent river. In this case, the provisions of Forest Law (Ley Forestal) 7575, articles No. 33 and 34 regarding the regulations determined for the protection areas of water bodies (cuerpos de agua) must be considered. It is important to emphasize that article 34 authorizes the cutting of trees for projects declared by the Executive Branch as being of national convenience. Finally, mention that, despite being a project classified as of national convenience, the organization responsible for the construction of the road section must take the necessary measures to ensure that the extraction of trees does not affect the ecological flow of the river or cause vulnerability in it, regarding contamination issues from earthworks (movimientos de tierra) or deposits of hazardous materials, in addition, it must protect the fauna present in the water body.” That is, the official and competent authority for wetland protection (SINAC), conclusively agrees that the site effectively represents a fluvial system that, under national legislation, can be intervened when the project is declared by the Executive Branch as being of National Convenience. In this case, it has been repeatedly indicated that, currently, before SETENA’s requirements to assess the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental), the Ministry is compiling what was requested before the Water Directorate (Dirección de Aguas) which, due to the inconsistencies it has incurred, has the obligation to proceed with the pertinent clarifications and amendments, especially since said clarifications were requested by the Head of the MOPT.

Under this context, it must be categorically and forcefully stated that the petitioner is false when arguing transgressions of constitutional norms 50 and 89 (among other cited regulations), since from no point of view can the collection of information be visualized as a THREAT to the environment. Even less can the existence of damage be alleged (the petitioner provides no evidence of the existence of damage) if it is considered that, AT THE SITE IN QUESTION, NO ACTIVITIES HAVE BEEN CARRIED OUT, SINCE THE PROJECT DOES NOT YET HAVE environmental feasibility (viabilidad ambiental).

Such being the case, it is important to conclude the following: 1) That in effect, the Ministry of Public Works and Transport has within its planning the execution of the road infrastructure project called “Construction of the Bernardo Soto- Sifón Section of the new Highway to San Carlos, province of Alajuela,” known as Punta Sur, national route No. 35. Previously this project was under the responsibility of the National Roadway Council (CONAVI). 2) That the referred project is in a preparatory phase of compiling information and inputs required by SETENA, so that said body can assess the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental). Therefore, THIS PROJECT HAS NOT BEEN GRANTED ENVIRONMENTAL FEASIBILITY (VIABILIDAD AMBIENTAL). 3) Consequently, and given that this project does not yet have environmental feasibility (viabilidad ambiental) and there is also no contract for its execution (not even a tender), NO CONSTRUCTION WORK THAT HAS GENERATED ENVIRONMENTAL DAMAGE HAS BEEN CARRIED OUT ON IT. 4) That it is neither possible nor viable to consider that the collection of information constitutes a THREAT to the environment or the probability of incurring possible POTENTIAL DAMAGES, when the Administration's intention (SETENA, MOPT, CONAVI) is for said information to be used to implement measures (in case the feasibility is granted) aimed at PROTECTING THE ENVIRONMENT. It requests that the appeal be declared without merit.

9.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Written by Judge Sánchez Navarro; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY: Before analyzing the merits of the allegation, it must be clarified that, based on ruling No. 2008-02545 from 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration. In the present matter, an exception case is raised, as we are facing a complaint that could imply an impact on article 50 of the Political Constitution and which to date has not been resolved. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- PURPOSE OF THE APPEAL: The petitioner alleges that on March 19, 2020, she submitted a request addressed to the minister of Public Works and Transport, in which information was requested about the highway to San Carlos project, as well as the hydrogeological studies of the route. She even described the existing ecosystem on the property and denounced how the route intended to be built could generate irreversible damage to the environment. The foregoing, since within the aforementioned property there has always been a large number of springs (nacientes), sites that remain flooded by the riverine wetland (humedal fluvial) and a great variety of birds and much biodiversity of mammals as well. By official letter No. DM 2020-1241 dated March 24, 2020, the head of the Office of the Minister of MOPT forwarded her request to the executive director of CONAVI. She claims that, on the date of filing the appeal, the request made almost a year ago had not been resolved, despite the threat that the progress in the construction of the route represents for the fluvial ecosystems and biodiversity that would be affected.

III.- PROVEN FACTS: Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial order:

  • a)That the Ministry of Public Works and Transport has within its planning the execution of the road infrastructure project called “Construction of the Bernardo Soto- Sifón Section of the new Highway to San Carlos, province of Alajuela,” known as Punta Sur, national route No. 35 - project previously assigned to the National Roadway Council (CONAVI)- (see electronic record).
  • b)That the road infrastructure project called “Construction of the Bernardo Soto- Sifón Section of the new Highway to San Carlos, province of Alajuela” is in a preparatory phase of compiling information and inputs required by SETENA, so that said body can assess the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental) - that is, THIS PROJECT HAS NOT BEEN GRANTED ENVIRONMENTAL FEASIBILITY (VIABILIDAD AMBIENTAL)- (see electronic record).
  • c)That on the date of rendering the reports, in the project “Construction of the Bernardo Soto- Sifón Section of the new Highway to San Carlos, province of Alajuela,” NO CONSTRUCTION WORK THAT HAS GENERATED ENVIRONMENTAL DAMAGE HAS BEEN CARRIED OUT ON IT (see electronic record).
  • d)That obtaining the license or environmental feasibility (viabilidad ambiental) is associated with the implementation of a series of elimination, mitigation, compensation, and recovery measures that the project developer must implement and comply with to guarantee harmony between development and environmental protection (see electronic record).
  • e)That on March 19, 2020, the petitioner presented before the Ministry of Public Works and Transport a request related to the Project for the new route to San Carlos located between Sifón de San Ramón and San Miguel de Naranjo - he specifically requested a copy of the hydrogeological studies of the area as well as the criteria on what will be done or built in the area where his property is located as well as mitigation works for the impact on the water resource (recurso hídrico) and indicated as a means for notifications the email: [email protected] (see electronic record).
  • f)That on March 19, 2020, the petitioner requested the Ministry of Environment and Energy “to inform me how many springs (nacientes) exist located and if the same are permanent or not and if possible, an opinion from you would be timely to clarify if we are in the presence of a possible wetland (humedal) or not” (see electronic record).
  • g)That on June 17, 2020, officials from the Conservation Area (SINAC) accompanied by the petitioner made an on-site visit - in that visit, the petitioner indicated the water bodies (cuerpos de agua) he wished to be certified by the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE- (see electronic record).
  • h)That by official letter No. DA-UHTCOSR-028-0285-2020 dated July 13, 2020, the Water Directorate (Dirección de Agua) of the Ministry of Environment and Energy informed the petitioner that after the on-site visit conducted, the following was concluded: “To be able to determine the permanent or intermittent character of the unnamed springs (nacientes) No. 1, No. 2, No. 3, and No. 4 and of the unnamed streams (quebradas) No. 1 and No. 2, a new visit to the site must be conducted during the dry season (época de estiaje) of the area, for which a new technical report will be prepared. Regarding what was requested concerning whether or not a wetland (humedal) exists at the site, I am allowed to inform you that according to the competency matrix of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the authority over wetlands lies with the National System of Conservation Areas. Therefore, official letter DA-UHTPCORS-0286-2020 was issued forwarding the concern raised to the Grecia Office of the Central Conservation Area (ACC) of the National System of Conservation Areas (SINAC), as the competent entity in wetland matters, so that it may pronounce within the framework of its competencies” (see electronic record).
  • i)That on September 28, 2020, the Minister of Public Works and Transport presented before SETENA the Environmental Evaluation document D1-0471-2020-SETENA - a document related to the project “Constructive design of the Bernardo Soto - Sifón section of the new highway to San Carlos, Alajuela province (Punta Sur)”- (see electronic record).
  • j)That by official letter SETENA-DT-DEA-1421-2020 dated October 20, 2020, SETENA granted the Minister of Public Works and Transport a period of ninety days to present the following documentation: “1. Please provide the document on security paper, also correct the decree number, it should read 31849 and not 3149 as presented: 2. Please present the Sworn Declaration on the use of materials obtained from earthworks (movimiento de tierras), according to article 4; 3. On page 743, a note is indicated that does not exist, or as read in the document, Error! Bookmark not defined. Please state the reference; 4. Must present the site design verifying that the protection radii are being respected. If necessary, the certification of the Water Directorate (Dirección de Aguas) must be presented indicating if the spring (naciente) is captured by a public aqueduct or is for private use and its respective protection radius, in order to determine if there is any legal impediment: 5. In case the Water Directorate (Dirección de Agua) issues any additional recommendation, include it in the Environmental Forecast Plan as appropriate; 6. In all cases where environmental measures or the responsible party have been proposed in terms of the contractor, the same must be proposed in terms of the environmentally responsible developer, since legally the developer is the responsible party for the AOP to be carried out; therefore, reformulate all those that do not meet this premise: 7. Likewise, must reformulate all indicators that were proposed qualitatively and not quantitatively, so that compliance percentages can be determined and the same must be: measurable, quantifiable, verifiable; 8. In cases where Execution of the Technical Study recommendations versus a Non-compliance of the same is indicated, it must be changed and the recommendation must be respected as part of the project’s environmental commitments; 9. The measures must specify the lead time with which the start of works will be communicated and propose a compliance indicator in this regard, for each of the measures; 10. In case a concrete and/or asphalt plant needs to be installed, as proposed when providing Annex 13.8 Concrete Plant Management Plan, the location of the same must be indicated in the corresponding design; 11. Therefore, measures must be proposed in case the eviction or relocation of people applies; 12. If applicable, present the resettlement plan in general terms, and indicate it in the P-PGA” (see electronic record).
  • k)That according to the Geospatial Review performed for the project, it is indicated that in an area of influence of 200m of the project layout, the following wells and springs (pozos y nacientes) were located:
SiteTypeXY
N1Spring (Naciente)4439151117250
N2Spring (Naciente)4439581117273
N3Spring (Naciente)4440401117351
N4Spring (Naciente)4440861117302
P1Well (Pozo)439726.411112045.6
  • l)That on October 23, 2020, the petitioner sent an email to the mailbox [email protected] requesting that they indicate if a wetland (humedal) existed on her property in the area of the springs (nacientes) and its description - the foregoing in accordance with official letter DA-UHTPCORS-0286-2020 sent by MINAE- (see electronic record).
  • m)That by official letter SINAC-ACC-OG-1000-2020 dated November 5, 2020, the a.i. Head of the Grecia Office of SINAC informed the petitioner “For this specific case, the fluvial system is composed of springs (nacientes) and two streams (quebradas), about which it is currently unknown whether they are permanent or intermittent, which is why it is necessary for them to be assessed by the Water Directorate (Dirección de Agua) during the dry season (época de estiaje). Regarding the request for the criterion of the Water Directorate (Dirección de Agua), by inspection carried out on May 29, 2020, by the official José Ricardo Hidalgo Sánchez, I am allowed to inform you that this office is unaware of that inspection, therefore, I suggest you direct your request to the Water Directorate (Dirección de Agua)” (see electronic record).
  • n)That on November 19, 2020, the Minister of Public Works and Transport requested the Director of the Water Directorate (Dirección de Agua) of the Ministry of Environment and Energy, MINAE, the following: “1) That it be clarified, and proceed with a unification of criteria by virtue of the differences found in official letters DA-UHTPCOSJ-1387-2020 and DA-UHTPCOSR-0285-2020, since in the certification of the water bodies (cuerpos de agua) in official letter DA-UHTPCOSR-0285-2020 made by Mr. Ignacio Campos, several points are identified as springs (nacientes), which do not match what was observed by Mr. José Ricardo Hidalgo Sánchez. Additionally, a sector is considered as a surface water body (unnamed stream (quebrada) No. 2), this being a natural drainage of rainwater from the public road located northeast of the site and having its discharge point in the area indicated as the starting point of the stream. The foregoing, with the objective of attending to SETENA’s request, which asks to indicate whether or not water bodies (cuerpos de agua) exist at the site and to indicate if the spring (naciente) is captured by a public aqueduct or is for private use and its respective protection radius, in order to determine if there is any legal impediment. 2) That the criterion for the consideration of the 50-meter protection radius for intermittent springs (nacientes) be eliminated. This because, to establish the setback for springs (nacientes), it is established in subsection a) of article 33 of Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, and this corresponds to a radius of 100 meters measured horizontally and 200 m setback for springs (nacientes) captured for public supply; this article does not refer to setbacks for intermittent springs (nacientes). This is supported in accordance with the field inspection carried out by Mr. José Ricardo Hidalgo Sánchez, which states in the first paragraph, third page: “…it is important to mention regarding the points of file 5388A, the visit was guided by Mr. Oscar Jara, where it is identified that both sites were dry during the inspection, carried out on May 29 of this year, when winter had already started…”. 3) That the Directorate (Dirección) determine a condition of water outcropping over the indicated points, and considering the works to be carried out indicated in this text, we appeal to your good offices in order to request your guidance with the instrument to be used, whether by means of a watercourse works permit or similar instrument, or corresponding procedures to be carried out for the optimal and lawful development of the actions to be undertaken by the project.

It is important to note that the project to be developed contemplates the issuance of a National Convenience Decree (Decreto de Conveniencia Nacional) because it proposes other works such as the construction of bridges, for which the felling of trees in Environmentally Fragile Areas (Áreas Ambientalmente Frágiles, AAF) is required. 4) Finally, it is requested that the analysis of the area in question consider the hydraulic works to be carried out, which are based on the principle of generating the least impact on the existing social and environmental surroundings, considering each of the physical, biological, and social components that make up the project area and its surroundings" (see electronic record).

IV.- ON THE SPECIFIC CASE: From the reports rendered by the respondent authorities, which are given under the solemnity of oath with the legal consequences that this entails, it is clear that the Ministry of Public Works and Transport has within its planning the execution of the road infrastructure project called "Construction of the Bernardo Soto-Sifón Section of the new Highway to San Carlos, province of Alajuela", known as Punta Sur, national route No. 35 -a project previously assigned to the National Road Council (Consejo Nacional Vialidad)-. It was accredited that the road infrastructure project called "Construction of the Bernardo Soto-Sifón Section of the new Highway to San Carlos, province of Alajuela" is in a preparatory phase of gathering information and inputs required by SETENA, so that said body can weigh the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) -that is, said project HAS NOT BEEN GRANTED ENVIRONMENTAL VIABILITY-. It was demonstrated that as of the date of rendering the reports, NO CONSTRUCTION WORK THAT HAS GENERATED ENVIRONMENTAL DAMAGE HAS BEEN CARRIED OUT on the project "Construction of the Bernardo Soto-Sifón Section of the new Highway to San Carlos, province of Alajuela". It was proven that obtaining the license or environmental viability is associated with the implementation of a series of elimination, mitigation, compensation, and recovery measures that the project developer must implement and comply with to guarantee harmony between development and environmental protection. It was demonstrated that on March 19, 2020, the petitioner filed a request with the Ministry of Public Works and Transport related to the Project for the new route to San Carlos located between Sifón de San Ramón and San Miguel de Naranjo -he specifically requested a copy of the hydrogeological studies of the area as well as the criteria on what will be done or built in the area where his farm is located, as well as mitigation works for the impact on water resources, and indicated the email address: [email protected] as the means for notifications-. It was verified that on March 19, 2020, the petitioner requested the Ministry of Environment and Energy "to tell me how many springs (nacientes) exist located there and whether they are permanent or not, and if possible, a criterion from you would be opportune clarifying whether we are in the presence of a possible wetland or not". It was confirmed that on June 17, 2020, officials from the Conservation Area (SINAC) accompanied by the petitioner conducted an in situ visit -during that visit, the petitioner pointed out the bodies of water he wished to be assessed by the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE-. It became evident that through official letter No. DA-UHTCOSR-028-0285-2020 dated July 13, 2020, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy informed the petitioner that after the in situ visit, the following was concluded: "In order to determine the permanent or intermittent nature of the unnamed springs No. 1, No. 2, No. 3, and No. 4, and of the unnamed streams No. 1 and No. 2, a new visit must be made to the site during the dry season (estiaje) of the zone, for which a new technical report will be prepared. Regarding your request concerning whether or not there is a wetland on the site, I inform you that according to the competency matrix of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the authority over wetlands lies with the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). Therefore, official letter DA-UHTPCORS-0286-2020 was prepared, transferring the concern raised to the Grecia Office of the Central Conservation Area (ACC) of the National System of Conservation Areas (SINAC), as the competent entity in wetland matters, so that it may rule within the framework of its competencies". It was accredited that on September 28, 2020, the Minister of Public Works and Transport submitted to SETENA the Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) document D1-0471-2020-SETENA -a document related to the project "Construction design of the Bernardo Soto -Sifón section of the new highway to San Carlos, province of Alajuela (Punta Sur)"-. It was verified that through official letter SETENA-DT-DEA-1421-2020 dated October 20, 2020, SETENA granted the Minister of Public Works and Transport a period of ninety days to submit the following documentation: "1. Please provide the document on security paper, also correct the decree number; it should read 31849 and not 3149 as presented: 2. Please submit the Sworn Declaration on the use of materials obtained from earthworks (movimientos de tierra), according to article 4; 3. On folio 743 a note is indicated that does not exist, or as it reads in the document, Error! Bookmark not defined. Please state the reference; 4. You must present the site design verifying that the protection radii are being respected. If necessary, the certification from the Water Directorate must be presented indicating whether the spring is captured by a public aqueduct or is for private use and its respective protection radius, in order to determine if there is any legal impediment: 5. In the event that the Water Directorate issues any additional recommendation, include it in the Environmental Forecast Plan (Plan de Pronostico Ambiental) as appropriate; 6. In all cases where environmental measures or the responsible party have been proposed in terms of the contractor, they must be proposed in terms of the developer as the environmentally responsible party, since legally the developer is responsible for the AOP to be carried out; therefore, reformulate all those that do not comply with this premise: 7. Likewise, you must reformulate all the indicators that were proposed qualitatively rather than quantitatively, so that compliance percentages can be determined, and they must be: measurable, quantifiable, verifiable; 8. In cases where Execution of the recommendations of the Technical Study versus a Non-compliance with the same is indicated, it must be changed and the recommendation respected as part of the project's environmental commitments; 9. The measures must specify the advance notice with which the start of work will be communicated and propose a compliance indicator in this regard, for each of the measures; 10. If it is necessary to install a concrete and/or asphalt plant, as proposed when providing Annex 13.8 Concrete Plant Management Plan, the location of the same must be indicated in the corresponding design; 11. Therefore, measures must be proposed in case the eviction or mobilization of people applies; 12. If applicable, present the general resettlement plan, and indicate it in the P-PGA". On the other hand, it was accredited that according to the Geospatial Review carried out for the project, it is indicated that within a 200m area of influence of the project's route, the following wells and springs were located:

| Pozo ASADA Abangares | 1123500 | 478900 | | Naciente Cerro La Tigra | 1126100 | 482050 | | Naciente Bar El Cruce | 1128500 | 480750 | | Naciente Tributario Q. Seca | 1127350 | 487550 | | Pozo ASADA San Isidro | 1131200 | 490850 | | Naciente Tributario Río Jesús | 1109200 | 497850 | | Pozo ASADA Bolaños | 1107600 | 499150 | | Naciente Río La Vieja | 1103300 | 499250 | | Naciente Tributario Río La Vieja | 1104600 | 498350 | | Naciente Tributario Quebrada Gata | 1111750 | 519100 | Subsequently, on October 23, 2020, it was checked that the petitioner sent an email to the mailbox [email protected] requesting to be informed if a wetland existed on his farm in the area of the springs and its description -the foregoing in accordance with official letter DA-UHTPCORS-0286-2020 sent by MINAE-. It was confirmed that through official letter SINAC-ACC-OG-1000-2020 dated November 5, 2020, the Acting Head of the Grecia Office of SINAC informed the petitioner "For this specific case, the fluvial system is composed of springs and two streams, the permanent or intermittent nature of which is currently unknown, which is why it is necessary for them to be assessed by the Water Directorate during the dry season (estiaje). Regarding the request for the criterion of the Water Directorate, for an inspection carried out on May 29, 2020, by official José Ricardo Hidalgo Sánchez, I inform you that this office is unaware of said inspection, therefore, I suggest you direct your request to the Water Directorate". Finally, it was accredited that on November 19, 2020, the Minister of Public Works and Transport requested the Director of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, MINAE, the following: "1) To clarify, and proceed with a unification of criteria by virtue of the differences found in official letters DA-UHTPCOSJ-1387-2020 and DA-UHTPCOSR-0285-2020, since in the assessment of the bodies of water in official letter DA-UHTPCOSR-0285-2020 prepared by Mr. Ignacio Campos, several points are identified as springs, which do not match what was observed by Mr. José Ricardo Hidalgo Sánchez. Additionally, a sector is considered a surface water body (unnamed stream No. 2), being this a natural drainage of rainwater from the public road located northeast of the site and having its discharge point in the area indicated as the starting point of the stream. The foregoing, with the objective of addressing SETENA's request, which asks to indicate whether or not there are bodies of water on the site and to indicate if the spring is captured by a public aqueduct or is for private use and its respective protection radius, in order to determine if there is any legal impediment. 2) To eliminate the criterion for considering a protection radius of 50 meters for intermittent springs. This is because the retreat (retiro) for springs is established in subsection a) of article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, and this corresponds to a radius of 100 meters measured horizontally and 200 meters retreat for springs captured for public supply; this article does not refer to retreats for intermittent springs. This is supported in accordance with the field inspection carried out by Mr. José Ricardo Hidalgo Sánchez, who states in the first paragraph, third page: '...it is important to mention regarding the points of file 5388A, the visit was guided by Mr. Oscar Jara, where it is identified that both sites were dry during the inspection, carried out on May 29 of this year, when winter had already begun...'. 3) That the Directorate determine a water upwelling condition on the indicated points, and taking into account the works to be carried out as indicated in this text, we appeal to your good offices in order to request your guidance with the instrument to be used, whether through a works in a watercourse permit or similar instrument, or corresponding steps to be taken for the optimal and lawful development of the actions to be specified by the project. It is important to note that the project to be developed contemplates the issuance of a National Convenience Decree because it proposes other works such as the construction of bridges, for which the felling of trees in Environmentally Fragile Areas (AAF) is required. 4) Finally, it is requested that the analysis of the area in question consider the hydraulic works to be carried out, which are based on the principle of generating the least impact on the existing social and environmental surroundings, considering each of the physical, biological, and social components that make up the project area and its surroundings." In conclusion, the following can be stated:

1.- That the protected party filed, on March 19, 2020, a petition addressed to the Minister of Public Works and Transport, requesting information about the highway to San Carlos project, as well as the hydrogeological studies of the route; 2.- That in the project "Construction of the Bernardo Soto-Sifón Section of the new Highway to San Carlos, province of Alajuela" NO CONSTRUCTION WORK HAS BEEN CARRIED OUT that endangers the water resource; 3.- That to date, there is no formal response from the authorities of the Ministry of Public Works and Transport to the petition filed by the protected party on March 19, 2020; 4.- That there are four springs, of which two require a site visit during the dry season (estiaje) of the zone to determine if they are permanent or intermittent; 5.- That SINAC must issue a report indicating whether or not a wetland exists on the site; the foregoing was requested through official letter DA-UHTPCORS-0286-2020 to the Grecia Office of the Central Conservation Area; 6.- That the Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) application D1-0471-2020-SETENA is being processed before SETENA for the project "Construction design of the Bernardo Soto -Sifón section of the new highway to San Carlos, province of Alajuela (Punta Sur)"; 7.- That SETENA granted the MOPT a period of ninety days to comply with a series of requirements; for what is relevant, it warned "4. You must present the site design verifying that the protection radii are being respected. If necessary, the certification from the Water Directorate must be presented indicating whether the spring is captured by a public aqueduct or is for private use and its respective protection radius, in order to determine if there is any legal impediment"; 8.- That there are differences in the assessments of the bodies of water found in official letters DA-UHTPCOSJ-1387-2020 and DA-UHTPCOSR-0285-2020, for which a unification of criteria was requested from the Water Director of the Ministry of Environment and Energy; Given this panorama, the appeal is partially admissible for the reasons stated below. REGARDING THE LACK OF RESPONSE TO THE PETITION FILED BY THE PETITIONER ON MARCH 19, 2020: This Court acknowledges that the information requested by the petitioner is in the process of being collected, because as indicated supra, SETENA has not yet granted environmental viability to the project and that the Ministry of Public Works and Transport, in order to clarify the reported situation, even requested the Director of the Water Directorate to clarify the matter of the springs and streams; however, it cannot be considered valid that almost a year later, the protected party has not been given any response -a response that could very well have been informative-. Given this panorama, the appeal is admissible with respect to this point.

V.- REGARDING THE ACTIONS OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT IN ACCORDANCE WITH THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE: Although it is true that it was demonstrated that the project "Construction of the Bernardo Soto-Sifón Section of the new Highway to San Carlos, province of Alajuela" is currently in the process for SETENA to grant environmental viability to the project, it is nonetheless striking to this Court that the actions of the respondent Ministry have been generated at the request of the petitioner. For example, the visit that SINAC indicated must be carried out during the dry season (estiaje) of the zone, to determine the permanent or intermittent nature of the springs located in the place where the project is intended to be developed, was generated in response to the protected party's request filed on March 19, 2020. The same happened with the request made by the Minister of Public Works and Transport on November 19, 2020, to the Director of the Water Directorate of MINAE, to define the issue of the bodies of water in the area where the work is intended to be developed. That is, the respondent Ministry agreed to the execution of the road infrastructure project called "Construction of the Bernardo Soto-Sifón Section of the new Highway to San Carlos, province of Alajuela", without first carrying out the hydrogeological studies of the route. As indicated in Article 50 of the Political Constitution, State institutions are called upon to comply with environmental protection legislation; for this purpose, they are obligated to take preventive measures. Omissions in the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, since as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can occur, sometimes with similar or greater consequences than those arising from the Administration's actions. Now, taking into account that it was on the occasion of the complaint filed by the petitioner that the Minister of Public Works and Transport took the pertinent measures to define the nature of the identified bodies of water and their respective classification (intermittent or permanent), the amparo is admissible with respect to this point, but only for indemnification purposes.

VI.- REGARDING THE POSSIBLE VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION: Now, taking into account that the alleged violation of Article 50 of the Political Constitution could not be accredited, but that it was demonstrated that the project "Construction of the Bernardo Soto-Sifón Section of the new Highway to San Carlos, province of Alajuela" is currently in the process for SETENA to grant environmental viability -a process that entails a series of consultations and analyses to determine the possible impact on the springs that may exist on the site- the respondent and competent authorities in the matter are reminded of the importance of safeguarding the right to a healthy and ecologically balanced environment in accordance with the precautionary principle (principio precautorio) or in dubio pro natura, through the implementation of environmental protection measures. Now, taking into account that currently, before SETENA's requirements for the possible granting of environmental viability to the project, the Ministry of Public Works is compiling what was requested from the Water Directorate, which must develop a specific assessment on the nature of the identified bodies of water and their respective classification (intermittent or permanent), the communication of this judgment is ordered to both the Water Directorate of MINAE and SETENA for the appropriate purposes.

VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) Procedures, to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, by way of amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed in the legality venue. Therefore, the simple breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard in the legality venue –administrative or jurisdictional– where, with much greater scope, the breaches or omissions alleged can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its competencies, and processes a procedure, issuing administrative acts, its knowledge falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Consequently, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its correct assessment, a full cognizance process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms or with the evacuation of new and greater elements of conviction necessary for contrasting or reviewing the criteria already contained in the administrative file of the case. The opposite would imply transforming the amparo into an ordinary process of full cognizance, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its knowledge and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the jurisdiction of the legality venue. Consequently, this appeal should have been rejected outright as far as this point is concerned, since its object is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality venue. However, as this was not done, the appropriate action is to declare it without merit, without making any pronouncement with respect to the merits of the question raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conducts accused are adjusted or not, in substance, to the provisions of the legal framework of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted. Rodolfo Méndez Mata, in his capacity as Minister of Public Works and Transport, or whoever holds the position in his stead, is ordered to, within a period of FIVE DAYS, counted from the notification of this judgment, arrange what is necessary so that, within the indicated period, the complaint filed by the petitioner on March 19, 2020, is resolved. The respondent is warned that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided that the offense is not more severely penalized. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the sentence in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Notify. Tome nota the respondent authorities of Considerando VI of this judgment. THE CONTENT OF THIS JUDGMENT SHALL BE COMMUNICATED TO THE WATER DIRECTORATE OF MINAE AND TO SETENA. Magistrate Salazar Alvarado issues a partial dissenting vote and dismisses the appeal, regarding the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ileana Sánchez N.

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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2021005058 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo presentado por ENILDA VARGAS MONTERO, cédula de identidad 0202690691, a favor de OSCAR JARA E HIJOS LIMITADA, cédula jurídica 3102049333, contra el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT).

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 12:25 horas del 26 de enero del 2021 la recurrente presenta recurso de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Manifiesta que las autoridades recurridas tramitan un proyecto de carretera, o ruta nacional conocido como Carretera a San Carlos, la cual, según comunicaciones verbales a los representantes de la sociedad, atravesaría el inmueble de su propiedad, ubicado en Naranjo de Alajuela. El 19 de marzo de 2020 aportó una gestión dirigida al ministro de Obras Públicas y Transportes, en la que se le pidió información sobre la carretera, así como los estudios hidrogeológicos de la vía, específicamente de la sección que atravesará su propiedad, sea el tramo entre Sifón de San Ramón y San Miguel de Naranjo (véase copia aportada como prueba). Incluso, le describió el ecosistema existente en la finca y denunció cómo la ruta que se pretende construir podría generar un daño irreversible al ambiente. Lo anterior, ya que dentro del inmueble referido desde siempre han existido una gran cantidad de nacientes, sitios que permanecen inundados por el humedal fluvial y gran variedad de aves y mucha biodiversidad de mamíferos también. Por oficio No. DM 2020-1241 de 24 de marzo del año pasado, el jefe del Despacho del ministro del MOPT trasladó su gestión al director ejecutivo del CONAVI (véase copia aportada como prueba). Aclara que al momento en que se acudió ante el ministro se creía en la existencia del humedal, pero no se tenía la certeza; no obstante, posteriormente la existencia del humeral tipo fluvial fue establecida de manera inequívoca por la autoridad competente, sea el Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) en el oficio No. SINACACC- OG-l0002020 de 5 de noviembre de 2020l año anterior (véase copia aportada como prueba). Lo anteriormente expuesto, unido a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 41 y el numeral ll inciso 3 de la Ley de la Biodiversidad se encuentra vinculado por conexidad con la norma 50 constitucional, con lo que queda claro, que, aunque no se hubiere declarado o inscrito dicho humedal como tal, siempre existe un interés público ambiental en protegerlo, lo que debería tenerse presente ante la construcción de la nueva ruta. Reclama que, a la fecha de la interposición del recurso, la gestión planteada hace casi un año, no había sido resuelta, pese a la amenaza que el avance en la construcción de la ruta significa para los ecosistemas fluviales y la biodiversidad que se verían afectados. Invoca como apoyo a la gestión de interés la opinión consultiva No. OC 23-17 que dispuso, en el párrafo 213: "(…) El actuar del Estado debe regirse por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales de .forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas (…).” Estima que lo anterior es violatorio de los derechos fundamentales de la sociedad amparada. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- Por resolución de las 18:20 horas del 27 de enero del 2021 se le dio curso al presente amparo y se le solicitó informe al ministro y al director ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), ambos del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (ver registro electrónico).

3.- Informa bajo juramento Edwin Herrera Arias en su calidad de Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial (ver registro electrónico) que el Consejo de Seguridad Vial en el ejercicio de las atribuciones de su competencia, no se encuentra vinculado con la ejecución, gestión o en el financiamiento del proyecto denominado nueva ruta a San Carlos. En cuanto a las atribuciones encomendadas por ley al Consejo de Seguridad Vial, la Ley de Administración Vial No 6324 en su artículo 4° otorga personería jurídica instrumental al Consejo de Seguridad Vial para cumplir sus objetivos ejercer la defensa de sus intereses, Al respecto el numeral citado dispone en lo que interesa: (…) Créase el Consejo de Seguridad Vial como dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes el cual tendrá independencia en su funcionamiento administrativo y personalidad jurídica propia. (…) Asimismo, cuando corresponda a funciones derivadas por ley, el citado cuerpo de leyes establece las atribuciones específicas que constituyen la conducta administrativa a la cual se encuentra supeditado el Consejo de Seguridad Vial. (…) Artículo 9º.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: a) Conocer los análisis de los asuntos referentes al tránsito, para identificar problemas de seguridad vial y hacer las recomendaciones que estime pertinentes. b) Conocer y aprobar orientaciones, prioridades y proyectos para programas de promoción de la seguridad vial; c) Administrar el Fondo de Seguridad Vial y asignar las sumas necesarias para los programas y proyectos de seguridad vial que requieran las Direcciones Generales de Ingeniería de Tránsito, de Transporte Público y de la Policía de Tránsito; y ch) Conocer, tramitar y resolver cualquier otro asunto que le someta el Ministro de Obras Públicas y Transportes. (…). Revisada la documentación del expediente judicial por medio del cual se tramita el recurso incoado, se logra determinar que los hechos sobre los cuales la amparante fundamenta la interposición del recurso de amparo, obedecen a una falta de respuesta por parte de la Administración Púbica, en atención a una solicitud de información presentada ante el despacho del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, la cual fue remitida mediante un traslado de correspondencia al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). La construcción y el mantenimiento de carreteras o rutas nacionales es una función encomendada prioritariamente al Consejo Nacional de Vialidad que por sus siglas se conoce como CONAVI, no así al Consejo de Seguridad Vial o COSEVI, además que la consulta se dirigió expresamente a dicha institución. El marco legal relacionado a la actividad sustantiva del Consejo Nacional de Vialidad, se fundamenta en la ley No 7798 publicada el alcance No 20 de La Gaceta No 103 del 29 de mayo de 1998, mediante el cual se hizo de conocimiento público la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad y que de conformidad con lo ahí dispuesto, el CONAVI es un órgano de desconcentración máxima, adscrito Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con personería jurídica instrumental y presupuestaria para administrar su fondo; y al cual le corresponde, la conservación y construcción de las carreteras, calle de travesía y puentes de la red vial nacional, como competencias específicas. De lo antes expuesto no es posible constatar una actuación (activa u omisiva ) por parte del Consejo de Seguridad Vial capaz de vulnerar los derechos fundamentales de la amparante mediante el ejercicio de la conducta administrativa ordinaria, tampoco así por una conducta omisiva, contrastada con el derecho de petición que ejerciera la administrada, toda vez que la presunta vulneración de derechos fundamentales que reclama la amparada, obedece más que todo al peligro inminente que se alega por la construcción de una carretera o ruta nacional que atravesaría la propiedad privada donde se ubica un humedal fluvial, siendo que, en este caso la construcción de carreteras no es una atribución del Consejo de Seguridad Vial. Estima que ha habido un error material en el traslado del emplazamiento para rendir informe, por lo que respetuosamente solicito se otorgue audiencia al Consejo Nacional de Vialidad, como en derecho corresponde. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Rodolfo Méndez Mata en su calidad de Ministro de Obras Públicas y Transportes (ver registro electrónico) que los hechos que se alegan están vinculados con una carretera sobre la Red Vial Nacional, debe notarse que la misma recurrente confirmó en su escrito, que este Despacho a través del oficio N° DM-2020-1241 del 24 de marzo del 2020, le trasladó al competente en la materia, sea el Consejo Nacional de Vialidad la consulta planteada en fecha 19 de marzo del 2020. Es menester señalar también que a través del oficio N° SPS-PEMIST-2021-26 de fecha 29 de enero del 2021, suscrito por el Ingeniero Pablo José Morales Herrera, funcionario de la Secretaría de Planificación Sectorial Proceso Planificación Estratégica Multimodal de Infraestructura y Servicios de Transporte, se indicó que la Ruta que señala la recurrente se puede ver afectada por la construcción de la carretera a San Carlos, forma parte del Proyecto de la Ruta Nacional 35. Como es del conocimiento de esa Honorable Sala, la competencia otorgada legalmente al Consejo Nacional de Vialidad establece su ámbito de actuación dentro del marco de esa red vial. La Ley No. 7798 creó dicho Consejo como un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con personería jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el Fondo Vial, otorgándole la competencia atinente a la conservación y construcción de las carreteras, calles de travesía y puentes de la Red vial Nacional. Así las cosas se tiene que en razón de las competencias asignadas al Consejo Nacional de Vialidad; en torno a la administración, programación y control de la red vial nacional; propiamente, la Ley No. 7798 “Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad”, en sus ordinales 3 y 4 se dispone, en lo conducente: “(…) ARTÍCULO 3.- Créase el Consejo Nacional de Vialidad, órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El Consejo tendrá personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el Fondo de la red vial nacional, así como para suscribir los contratos y empréstitos necesarios para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la presente ley. Este Consejo será administrado por el Consejo de Administración, integrado conforme al artículo 5 siguiente. ARTÍCULO 4.- Serán objetivos del Consejo Nacional de Vialidad los siguientes: a) Planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la red vial nacional, en concordancia con los programas que elabore la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. b) Administrar su patrimonio. c) Ejecutar, mediante contratos, las obras, los suministros y servicios requeridos para el proceso de conservación y construcción de la totalidad de la red vial nacional. d) Fiscalizar la ejecución correcta de los trabajos, incluyendo el control de la calidad. e) Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en el campo de la construcción y conservación vial. f) Celebrar contratos o prestar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. En ese orden de ideas, corresponderá a ese Consejo brindar el detalle de las acciones tomadas al respecto, por lo cual a través del oficio N° DAJ-2021-517 de fecha 01 de febrero del 2021, la Dirección Jurídica de este Ministerio le remitió al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, quien se referirá con mayor precisión a los alegatos señalados. En virtud de lo anterior, no existen sobre las competencias que ostenta este Ministerio de Obras Públicas y Transportes, actuación alguna que lesione los derechos fundamentales de la recurrente Vargas Montero por lo que solicito se declare sin lugar el Recurso de Amparo interpuesto y se releve a esta Institución de toda responsabilidad relacionada con el mismo.

5.- Por resolución de las 14:47 horas del 03 de febrero del 2021 la Magistrada Instructora amplió el curso y le solicitó informe al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (ver registro electrónico).

6.- Informa bajo juramento Sylvia Andrea Soto Rojas, en su calidad de Directora Ejecutiva a.i del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) (ver registro electrónico) que el proyecto “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela”, conocida como Punta Sur, ruta nacional No.35, es un proyecto a desarrollar por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quien ha realizado las siguientes acciones: - Solicitud ante la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) de la viabilidad ambiental del proyecto (el proyecto no cuenta con viabilidad ambiental aún); - Recopilación de información solicitada por la SETENA, a través del Oficio SETENA-DT-DEA-1421-2020 de fecha 20 de octubre del 2020; - Solicitud de información ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, vinculado con la existencia de nacientes en los sectores por donde eventualmente atravesaría el proyecto. En la actualidad se está en presencia de actos meramente preparatorios que desde ningún punto de vista pueden ser considerados como amenazas reales en perjuicio del medio ambiente; por tanto, no aplica y menos se violenta, el principio precautorio como de forma desacertada alega el recurrente. El proyecto señalado por el recurrente es objeto de estudio y análisis por parte de SETENA, y ello ha implicado que dicha Secretaría, en aras de garantizar la protección del medio ambiente, requiere de su representada estudios adicionales que permitan dilucidar la viabilidad del proyecto de interés. Es decir, en la actualidad se está en presencia de actos meramente preparatorios que desde ningún punto de vista pueden ser considerados como amenazas reales en perjuicio del medio ambiente; por tanto, no aplica y menos se violenta, el principio precautorio como de forma desacertada alega el recurrente. Ante la duda y precisamente en observancia del principio precautorio (principio pro natura), SETENA, de previo a otorgar la viabilidad ambiental solicitada por el MOPT, a través del Oficio SETENA-DT-DEA-1421-2020 de fecha 20 de octubre del 2020, requiere información al Ingeniero Rodolfo Méndez Mata, Ministro de esa Cartera, señalando expresamente: “de previo a resolver, expediente D1-0471-2020, “Diseño constructivo del tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva carretera a San Carlos…”. En el párrafo segundo de la segunda página de dicho Oficio, señala SETENA: “Radio de protección. Según consta en la Revisión Geoespacial del proyecto, se indica que “En un área de influencia de 200m del trazo del proyecto se ubican los siguientes pozos y nacientes: (…) por lo que: 4. Debe presentar el diseño del sitio, donde se verifique que se está respetando los radios de protección. De ser necesario se debe presentar certificación de la Dirección de Aguas donde se indique si la naciente está captada por un acueducto público o es de uso privado y su respectivo radio de protección, con el fin de determinar si existen algún impedimento legal. 5. En caso de que la Dirección de Agua emita alguna recomendación adicional, incluirla en el Plan de Pronóstico Ambiental según corresponda.” Pero en aras de recopilar la información atinente, con anterioridad a la solicitud de SETENA, la empresa consultora contratada por el Ministerio, para que procediera con la gestión mediante la cual se requiere la viabilidad ambiental ante esa Secretaría, procedió con la solicitud de criterio ante la Unidad Hidrológica Tárcoles - Pacífico Central de la Dirección de Aguas, respecto de las concesiones de aprovechamiento de agua (superficial y subterránea), dentro del trazado definido para la nueva carretera. Seguidamente, se presenta una solicitud de inspección realizada por el señor Oscar Jara Vargas, en la comunidad de San Juan de Naranjo de Alajuela, para que de igual forma esa instancia, determine la existencia de cuerpos de agua en el mismo sitio donde a solicitud de DEHC se había llevado a cabo la citada inspección. Con fundamento en la inspección requerida por el señor Jara Vargas, el Ingeniero Ignacio Campos Rodríguez, funcionario de la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Aguas, emite el Oficio DA-UHTPCOSR-0285-2020 de fecha 13 de julio del 2020, indicando en lo conducente lo siguiente: “El día miércoles 17 de junio del 2020, se realizó una visita por el suscrito una visita (sic) al sitio, para lo cual se contó con la compañía del señor Oscar Jara Vargas, denunciante y los señores la Licda. Emily Flores y Cecilio Chacón, ambos funcionarios de la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central (ACC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Estando en el sitio se realizó un recorrido por varias propiedades en donde el señor Óscar Jara señaló al suscrito varios cuerpos de agua que desea se dictaminen por parte de la Dirección de Agua (sic) del MINAE, debido a lo anterior se pudo determinar la existencia de varias nacientes sin nombre y, además, el cauce de dos quebradas sin nombre. Para poder determinar el carácter de permanente o intermitente de las nacientes sin nombre No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 y de las quebradas sin nombre No. 1 y No. 2, se deberá realizar una nueva visita al sitio en la época de estiaje de la zona, para lo cual se realizará un nuevo informe técnico”. (El subrayado no es del original) Nótese que el oficio, si bien señala que existen nacientes, el mismo no es concluyente pues condiciona su calificación de permanentes o intermitentes a las inspecciones que se realizarían en época de estiaje, para lo cual indica (parte del oficio subrayada), que realizaría UN NUEVO INFORME. Ahora bien, ante la consulta efectuada ante la Dirección de Aguas por el consultor contratado por el Ministerio, el funcionario José Ricardo Hidalgo Sánchez, en el oficio DA-UHTPCOSJ-1387-2020, menciona:“ Con base en la información del cuadro anterior, se logra establecer con claridad la ubicación real de los pozos y nacientes en cuestión. Además, es importante mencionar respecto de los puntos de expediente 5388A, la visita fue guiada por el señor Oscar Jara, donde se identifica que ambos sitios se encontraban secos durante la inspección, realizada el 29 de mayo del presente año, cuando ya había ingresado el invierno. No obstante, para dicho fin se cuenta con el dictamen de los cuerpos de agua en el oficio DA-UHTPCOSR-0285, realizado por Ignacio Campos donde se identifican como nacientes. En cuanto al pozo artesanal (B), se identificó en el interior de la propiedad del señor Jara (Expediente 5388ª), está casi sellado en su totalidad con concreto y de acuerdo a lo consultado no se utiliza”. La aclaración por parte de la Dirección de Aguas es fundamental y pertinente, a efectos de determinar la existencia y naturaleza de las posibles nacientes existentes en el sitio, y evitar afectaciones directas no sólo con el avance del proyecto sino con la protección que dichas nacientes (una vez clasificadas como permanentes o intermitentes) llegarán a requerir. Por las razones antes apuntadas, el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, a través del oficio DM-2020-4421 de fecha 19 de noviembre del 2020, solicitó al Ingeniero José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Aguas, procedan con las aclaraciones necesarias respecto de las nacientes y quebradas. Pese del recordatorio que posteriormente se les remitió, hasta la fecha no ha recibido el ministerio la respuesta pertinente, la cual no abunda indicar, resulta esencial a efectos de brindar la respuesta requerida por SETENA. Ahora bien; en lo que atañe a la existencia de un humedal tipo fluvial, determinado por el SINAC a través oficio SINAC-ACC-OG-10002020 de fecha 05 de noviembre, aportado por la parte recurrente y que según el criterio del recurrente, sufrirá daños con el proyecto, es preciso indicar que, en ese mismo sentido mediante el Informe SINAC-ACC-RH-031-2020 de fecha 01 de julio del 2020, la Licda. Fulvia Wohl Jiménez, funcionaria del Programa Recurso Hídrico del Área de Conservación Central del SINAC, ante la necesidad de caracterizar y delimitar el ecosistema para la ejecución del proyecto en cuestión, emitió consideraciones sumamente importantes y contundentes, donde se clarifica efectivamente la existencia de un sistema fluvial, pero también determina (así lo dice la ley) las labores que en éstos se pueden desarrollar. Así, en el aparte “Conclusiones” del referido Informe, se señala, a texto expreso, lo siguiente: “Conclusiones: De la información recabada en el área en estudio y según el sistema de clasificación de humedales, el sitio se caracteriza como un sistema fluvial, este incluye todos los ambientes acuáticos contenidos en los drenajes permanentes o temporales que mantienen el agua en movimiento, clasificando el área de estudio como un río permanente. En este caso se debe considerar lo estipulado en la Ley Forestal 7575, artículos No.33 y 34 sobre las regulaciones determinadas para las áreas de protección de cuerpos de agua. Importante recalcar que el artículo 34 faculta la corta de árboles a proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. Finalmente mencionar, que a pesar de ser un proyecto catalogado de conveniencia nacional, la organización responsable de la construcción el tramo vial debe tomar las medidas necesarias para asegurar que la extracción de árboles no afecte el caudal ecológico del río o provoque vulnerabilidad en el mismo, en cuanto a temas de contaminación por movimientos de tierra o depósitos de materiales peligrosos, además, debe resguardar la fauna presente en el cuerpo de agua.” Es decir, la autoridad oficial y competente en la protección de humedales (SINAC), de forma concluyente coincide que efectivamente el sitio representa un sistema fluvial que, amparado en la legislación nacional es posible intervenir cuando el proyecto sea declarado por el Poder Ejecutivo de Conveniencia Nacional. Lógicamente la parte recurrente acude a estrategias poco aceptables, al resaltar el vocablo “humedal”, procurando impactar con su sola mención, pero obviando que hay situaciones en los que por la clasificación de humedales es posible ejecutar ciertas actividades porque la ley así lo permite. Es clara la intención de obstaculizar la buena marcha de un proyecto que hasta el momento, se ha desarrollado apegado a la legislación pertinente; lo lamentable de este tipo de conductas que además, son reiteradas, es la falta de empatía que existe no sólo con el país sino también con los restantes usuarios, pues parece que obvian las consecuencias de entorpecer un proyecto que únicamente generará beneficios para la zona y como se indicó, para todo el país. Las intenciones sensatas, coherentes, bien fundadas, orientadas a proteger el ambiente, más que comprensibles son necesarias, pero como se expuso, cuando existen razones de hecho y de derecho que demuestran la existencia de conductas y acciones orientadas a vulnerar los principios constitucionales orientados a proteger el medio ambiente. Su representada tiene plena claridad que los alcances del principio precautorio implican que, la carga de la prueba se traslada a la parte denunciada y por tal razón, adjunto al presente documento se aportan nuestros elementos probatorios; pero tampoco se debe tolerar más, este tipo de conductas que lo único que logran es afectar significativamente al Estado, pero peor aún a los usuarios. En la especie, de forma reiterada se ha indicado que, en la actualidad, ante los requerimientos de SETENA para valorar y mejor resolver sobre el otorgamiento de la viabilidad ambiental, el Ministerio se encuentra recopilando lo solicitado ante la Dirección de Aguas, de la cual por sus competencias propias, se espera obtener un dictamen concreto sobre la naturaleza de los cuerpos de agua identificados y su respectiva clasificación (intermitentes o permanente). Bajo este contexto categórica y contundentemente se deber afirmar, que falta a la verdad la parte recurrente cuando argumenta transgresiones a las normas constitucionales 50 y 89 (entre otra normativa citada), pues desde ningún punto de vista la recopilación de información puede ni debe visualizarse como una AMENAZA, para el medio ambiente. Menos aún se puede alegar la existencia de un daño (la parte recurrente no aporta pruebas de la existencia de daños) si se tiene en consideración que, en el sitio en exánime, NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES, PUES NO SE CUENTA AÚN, con la viabilidad ambiental del proyecto. En consecuencia, se incurriría en absurdos aceptar conductas radicales como las que presenta la parte recurrente, que además, generan perjuicio al país, si se considera como amenaza la solicitud de estudios adicionales por parte de los órganos competentes para blindar sus actos administrativos y proteger el ambiente, máxime si se tiene en consideración que la ley faculta, en este caso, a la SETENA para que investigue y solicite los datos que consideren necesarios, para determinar la viabilidad ambiental del proyecto. ES UN VERDADERO CONTRASENTIDO EN EL QUE INCURRE LA PARTE RECURRENTE, al solicitar como medida cautelar cualquier gestión vinculada con el proyecto, cuando la recolección de información y la presentación de estudios tiene como fin precisamente, evitar posibles daños a las nacientes que puedan existir en el sitio. Se estima pertinente en este punto recordar que la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la política ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente. Asimismo, la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en un análisis técnico científico con carácter administrativo, cuya función es determinar cuantitativamente los efectos directos e indirectos de un proyecto de desarrollo sobre el medio ambiente y que el objetivo de la Evaluación de Impacto Ambiental es justificar este impacto dentro de lo permitido por la ley y soportado por la naturaleza, y mitigar o compensar aquellos efectos que superen ese límite. El impacto ambiental producido por la construcción de un proyecto se evalúa a priori con el fin de establecer medidas correctivas necesarias para eliminar o mitigar los impactos negativos, proponer alternativas a la acción propuesta, un programa de control y fiscalización y un plan de recuperación ambiental. Por lo anterior, en Costa Rica este análisis debe presentarse ante SETENA al ser la institución que regula los permisos de viabilidad ambiental de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente 7554, desde 1997. Precisamente, la licencia de Viabilidad Ambiental que se otorga representa la condición de armonización o equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar y por ello las condiciones de aprobación bajo los cuales se emita la resolución final de SETENA son vinculantes y de acatamiento obligatorio para el desarrollador del proyecto, resolución que se fundamenta tanto en el análisis interdisciplinario que realizan los especialistas profesionales de dicha entidad, como en los planes de mitigación, eliminación, compensación y recuperación que el estudio de impacto ambiental propone, así como de otras medidas que en la ejecución de las obras SETENA o el regente ambiental identifiquen y determinen como necesarias para garantizar la armonía o equilibrio entre desarrollo y protección ambiental. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

7.- Por resolución de las 11:34 horas del 22 de febrero del 2021 la Magistrada Instructora amplió el curso al Ministro de Obras Públicas y Transportes (ver registro electrónico).

8.- Informa bajo juramento Rodolfo Méndez Mata en su calidad de Ministro de Obras Públicas y Transportes (ver registro electrónico) que conforme a lo señalado en la Ley N° 9329 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 223 del 17 de noviembre del 2015 “Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, se le encomendaron nuevas competencias a este Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tanto en lo que atañe a la intervención sobre la red vial cantonal como a la red vial nacional, en virtud de lo anterior, el proyecto Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón, de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela”, conocido como Punta Sur, Ruta Nacional No. 35, es un proyecto a desarrollar por este Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tal y como se estableció a través del oficio N° DM-2020-2681, del 09 de julio del año 2020, mediante el cual dicho proyecto se trasladó del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, al MOPT, dejándole a dicho Consejo ciertas funciones como lo son: Para el caso de CONAVI, se definen las siguientes tareas:  Gestión del contrato de Vigilancia (6 puestos de control), para el tramo Sifón-Abundancia. Esta gestión se extenderá hasta el momento en que se cuente con un contratista de construcción en el sitio de obras.  Gestión de la operación y mantenimiento junto con la inspección del tramo Sifón-Abundancia, esto incluye el otorgamiento de permisos de ingreso y circulación por el tramo. Hasta que el MOPT contrate la ejecución de la obra.  Contratación de la firma a cargo de la Regencia Ambiental del proyecto Sifón- Abundancia, empresa que estará a cargo, entre otras tareas, de preparar el D1 para SETENA, para solicitar la viabilidad ambiental para la intervención del Humedal pequeño bajo el nuevo diseño (Contratación de Guayacán, actual firma que lleva la Regencia Ambiental).  Conclusión del cierre de Sifón-Abundancia y cualquier tema pendiente relacionado con la Constructora Sánchez-Carvajal hasta su conclusión”. Así mismo, este Ministerio de Obras Públicas y Trasportes, asumió las siguientes tareas:  Gestionar la contratación del diseño, supervisión y construcción del tramo Sucre-Alto Sucre-Abundancia.  Contratación de una firma consultora para realizar el estudio para escoger el mejor modelo de contratación y desarrollar la factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental y pre-diseño de la Ruta Nacional no. 35, carretera a San Carlos (Bernardo Soto-Florencia) y los requerimientos ambientales y sociales para todo el corredor de acuerdo con las políticas del BID.  Gestionar la contratación de otros estudios complementarios para cumplir con los requisitos  Gestionar la Construcción de Bernardo Soto- Abundancia. En virtud de lo anterior es menester señalar a esta Honorable Sala Constitucional, las acciones que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ha asumido en torno al proyecto en cuestión, las cuales se detallan de la siguiente manera:  Solicitud ante la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) de la viabilidad ambiental del proyecto (el proyecto no cuenta con viabilidad ambiental aun)  Recopilación de información solicitada por la SETENA, a través del Oficio SETENA-DTDEA-1421-2020 de fecha 20 de octubre del 2020.  Solicitud de información ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, vinculado con la existencia de nacientes en los sectores por donde eventualmente atravesaría el proyecto. Es importante señalar que el MOPT, no ha transgredido norma ambiental de ninguna naturaleza, en consecuencia, no se ha generado ni se generará daño, pues en primera instancia, no se han ejecutado ningún tipo de obras en la zona, ya que el SETENA aún no ha otorgado la viabilidad ambiental, pero, aún en caso de que esa viabilidad sea otorgada, los impactos que se generarían al ser evaluados, conllevarían la implementación de las medidas de protección ambiental pertinentes. Es menester señalar que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, atendiendo la normativa ambiental, en la totalidad de los proyectos de infraestructura vial en los cuales asume el rol de desarrollador, se gestionan al amparo de todos los lineamientos, requerimientos y autorizaciones emanadas de los entes competentes, los cuales por estar contenidos en legislación ambiental resultan de acatamiento obligatorio, por ende, es que en el caso de marras, se alude a la viabilidad ambiental que otorga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), considerada ésta como un acto preparatorio incapaz de generar efectos jurídicos por sí solo. Dicho instrumento como se mencionó líneas supra, lo otorga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), amparado a una evaluación previa de impacto ambiental que presentan los desarrolladores de determinado proyecto ante esa instancia, con el fin de obtener el referido aval. Evidentemente, y dada la responsabilidad que representa dicha competencia, la SETENA debe blindar sus actos y respaldar sus resoluciones desde el punto de vista técnico/jurídico, de manera que sus actuaciones no se constituirán en actos finales otorgando la aludida viabilidad, hasta tanto no se haya obtenido la información necesaria para el aval. Actualmente, se está en presencia de actos meramente preparatorios que desde ningún punto de vista pueden ser considerados como amenazas reales en perjuicio del medio ambiente; por tanto, no aplica y menos se violenta, el principio precautorio como de forma desacertada alega la recurrente Vargas Montero, quien manifiesta, con vehemencia la aparente existencia de nacientes y de un humedal tipo fluvial, que según indica en su escrito de interposición se ven amenazados con el desarrollo del proyecto “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela”, conocida como Punta Sur, ruta nacional No. 35, vulnerando consecuentemente, los numerales 50 y 89 constitucionales. Dichos alegatos tal y como se demuestra, carecen de validez, pues el proyecto aludido ni siquiera cuenta con la viabilidad ambiental por parte de SETENA y, aun contando con dicho aval, se estaría en presencia de un acto meramente preparatorio, incapaz de producir por sí solo, efectos jurídicos. Pero para mayor sorpresa aun, es que ahora resulta que hasta la facultad que le otorga la ley a SETENA, la cual es claramente interpretada por la Procuraduría General de la República, de recopilar o solicitar información a los posibles desarrolladores de proyectos de infraestructura vial (obra de interés público con impactos a nivel nacional), debe ser considerada en la especie, como una evidente amenaza que atenta contra la protección del ambiente. La descrita, constituye la situación real y actual del proyecto en cuestión. Ante la duda y precisamente en observancia del principio precautorio (principio pro natura), SETENA, de previo a otorgar la viabilidad ambiental solicitada por el MOPT, a través del Oficio SETENADT-DEA-1421-2020 de fecha 20 de octubre del 2020, requiere información al Ingeniero Rodolfo Méndez Mata, Ministro de esa Cartera, “de previo a resolver, expediente D1- 0471-2020, “Diseño constructivo del tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva carretera a San Carlos…” En el párrafo segundo de la segunda página de dicho Oficio, señala SETENA: “Radio de protección Según consta en la Revisión Geoespacial del proyecto, se indica que “En un área de influencia de 200m del trazo del proyecto se ubican los siguientes pozos y nacientes: (…) por lo que: 4. Debe presentar el diseño del sitio, donde se verifique que se está respetando los radios de protección. De ser necesario se debe presentar certificación de la Dirección de Aguas donde se indique si la naciente está captada por un acueducto público o es de uso privado y su respectivo radio de protección, con el fin de determinar si existen algún impedimento legal. 5. En caso de que la Dirección de Agua emita alguna recomendación adicional, incluirla en el Plan de Pronóstico Ambiental según corresponda. Pero en aras de recopilar la información atinente, con anterioridad a la solicitud de SETENA, la empresa consultora contratada por el Ministerio, para que procediera con la gestión mediante la cual se requiere la viabilidad ambiental ante esa Secretaría, procedió con la solicitud de criterio ante la Unidad Hidrológica Tárcoles- Pacífico Central de la Dirección de Aguas, respecto de las concesiones de aprovechamiento de agua (superficial y subterránea), dentro del trazado definido para la nieva carretera. Seguidamente, se presenta una solicitud de inspección realizada por el señor Oscar Jara Vargas, en la comunidad de San Juan de Naranjo de Alajuela, para que de igual forma esa instancia, determine la existencia de cuerpos de agua en el mismo sitio donde a solicitud de DEHC se había llevado a cabo la citada inspección. Con fundamento en la inspección requerida por el señor Jara Vargas, el Ingeniero Ignacio Campos Rodríguez, funcionario de la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Aguas, emite el Oficio N° DA-UHTPCOSR-0285-2020 de fecha 13 de julio del presente año, indicando en lo conducente lo siguiente: “El día miércoles 17 de junio del 2020, se realizó una visita por el suscrito una visita (sic) al sitio, para lo cual se contó con la compañía del señor Oscar Jara Vargas, denunciante y los señores la Licda. Emily Flores y Cecilio Chacón, ambos funcionarios de la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central (ACC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Estando en el sitio se realizó un recorrido por varias propiedades en donde el señor Óscar Jara señaló al suscrito varios cuerpos de agua que desea se dictaminen por parte de la Dirección de Agua (sic) del MINAE, debido a lo anterior se pudo determinar la existencia de varias nacientes sin nombre y, además, el cauce de dos quebradas sin nombre. Para poder determinar el carácter de permanente o intermitente de las nacientes sin nombre No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 y de las quebradas sin nombre No. 1 y No. 2, se deberá realizar una nueva visita al sitio en la época de estiaje de la zona, para lo cual se realizará un nuevo informe técnico”. (El subrayado no es del original) Nótese que el oficio, si bien señala que existen nacientes, el mismo no es concluyente pues condiciona su calificación de permanentes o intermitentes a las inspecciones que se realizarían en época de estiaje, para lo cual indica (parte del oficio subrayada), que realizaría UN NUEVO INFORME (absoluta incertidumbre para los interesados, pues no se determina a ciencia cierta la existencia y características de dichas nacientes). Pero la situación se agrava si se tiene en consideración que, ante la consulta efectuada ante la Dirección de Aguas por el consultor contratado por el Ministerio, el funcionario José Ricardo Hidalgo Sánchez, compañero de dependencia del Ing. Campos Rodríguez, lejos de aclarar las dudas suscitadas, las incrementa, pues se evidencian incongruencias entre la información obtenida de la base de datos, respecto de la que se obtuvo producto del levantamiento en campo, puntualmente en lo que se refiere a la ubicación real de las fuentes. Adicionalmente y para evidenciar aún más las inconsistencias en los oficios emitidos por la Dirección de Aguas, lo cual, genera un estado de indefensión de las partes involucradas, en el oficio emitido en el mes de junio se hace mención del criterio que se esgrimió en el mes de julio. Veamos: Como se indicó, el oficio N° DA-UHTPCOSJ-1387-2020, emitido en el mes de junio, incluye argumentaciones que hacen alusión a consideraciones consignadas en el oficio emitido por esa misma dependencia, pero en el mes de julio; es decir, pareciera que en la fecha de emisión del oficio suscrito por el técnico José Ricardo Hidalgo Sánchez, (10 de junio), ya se había formulado el que fue emitido el 13 de julio; la situación no generaría inconveniente si ambos oficios fueran categóricos y contundentes en lo que se consultó, pero siendo que presentar ambigüedad, estima este Despacho que tal situación genera incerteza. Como se expuso, en un Oficio emitido en el mes de junio se incluye información de un documento oficial suscrito en el mes de julio, pero además se le cita como referencia relevante que se debe tener en consideración. La aclaración por parte de la Dirección de Aguas es fundamental y pertinente, no sólo a efectos de determinar la existencia y naturaleza de las posibles nacientes existentes en el sitio, sino también porque no se concibe que funcionarios que pertenecen a una misma dependencia de una misma institución pública, emitan consideraciones tan contradictorias que incidan directamente no sólo con el avance del proyecto sino con la protección que dichas nacientes requieren. Por las razones antes apuntadas, en mi condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes, a través del oficio N° DM-2020-4421 de fecha 19 de noviembre del 2020, solicité al Ingeniero José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Aguas, procedan con las aclaraciones a las inconsistencias detectadas en los informes emitidos. Ahora bien; en lo que atañe a la existencia de un humedal tipo fluvial, determinado por el SINAC a través oficio SINAC-ACC-OG-10002020 de fecha 05 de noviembre, aportado por la parte recurrente y que según su criterio, sufrirá daños con el proyecto, es preciso indicar que, en ese mismo sentido mediante el Informe N° SINAC-ACC-RH-031-2020 de fecha 01 de julio del 2020, la Licda. Fulvia Wohl Jiménez, funcionaria del Programa Recurso Hídrico del Área de Conservación Central del SINAC, ante la necesidad de caracterizar y delimitar el ecosistema para la ejecución del proyecto en cuestión, emitió consideraciones sumamente importantes y contundentes, donde se clarifica efectivamente la existencia de un sistema fluvial, pero también determina (así lo dice la ley) las labores que en éstos se pueden desarrollar. Así, en el aparte “Conclusiones” del referido Informe, se señala, a texto expreso, lo siguiente: “Conclusiones: De la información recabada en el área en estudio y según el sistema de clasificación de humedales, el sitio se caracteriza como un sistema fluvial, este incluye todos los ambientes acuáticos contenidos en los drenajes permanentes o temporales que mantienen el agua en movimiento, clasificando el área de estudio como un río permanente. En este caso se debe considerar lo estipulado en la Ley Forestal 7575, artículos No.33 y 34 sobre las regulaciones determinadas para las áreas de protección de cuerpos de agua. Importante recalcar que el artículo 34 faculta la corta de árboles a proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. Finalmente mencionar, que a pesar de ser un proyecto catalogado de conveniencia nacional, la organización responsable de la construcción del tramo vial debe tomar las medidas necesarias para asegurar que la extracción de árboles no afecte el caudal ecológico del río o provoque vulnerabilidad en el mismo, en cuanto a temas de contaminación por movimientos de tierra o depósitos de materiales peligrosos, además, debe resguardar la fauna presente en el cuerpo de agua.” Es decir, la autoridad oficial y competente en la protección de humedales (SINAC), de forma concluyente coincide que efectivamente el sitio representa un sistema fluvial que, amparado en la legislación nacional es posible intervenir cuando el proyecto sea declarado por el Poder Ejecutivo de Conveniencia Nacional. En la especie, de forma reiterada se ha indicado que, en la actualidad, ante los requerimientos de SETENA para valorar el otorgamiento de la viabilidad ambiental, el Ministerio se encuentra recopilando lo solicitado ante la Dirección de Aguas que, por las inconsistencias en las cuales ha incurrido, tiene la obligación de proceder con las aclaraciones y enmiendas pertinentes, máxime que dichas aclaraciones fueron requeridas por el Jerarca del MOPT. Bajo este contexto categórica y contundentemente se deber afirmar, que falta a la verdad la parte recurrente cuando argumenta transgresiones a las normas constitucionales 50 y 89 (entre otra normativa citada), pues desde ningún punto de vista la recopilación de información puede ni debe visualizarse como una AMENAZA, para el medio ambiente. Menos aún se puede alegar la existencia de un daño (la parte recurrente no aporta pruebas de la existencia de daños) si se tiene en consideración que, en el sitio en exánime, NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES, PUES NO SE CUENTA AUN, con la viabilidad ambiental del proyecto. Así las cosas es importante concluir lo siguiente: 1) Que en efecto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene dentro de su planificación la ejecución del proyecto de infraestructura vial denominado “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela”, conocida como Punta Sur, ruta nacional No. 35. Con anterioridad este proyecto estuvo a cargo del Consejo Nacional Vialidad. 2) Que el referido proyecto se encuentra en una fase preparatoria de recopilación de información e insumos requeridos por la SETENA, a efectos que dicho órgano pondere el otorgamiento de la viabilidad ambiental. Por tanto, a dicho proyecto NO SE LE HA CONCEDIDO LA VIABLIDAD AMBIENTAL. 3) Que en consecuencia y siendo que dicho proyecto no cuenta aún con la viabilidad ambiental y tampoco existe contratación para su ejecución (ni siquiera licitación), NO SE HA DESARROLLADO EN ÉSTE NINGUNA OBRA CONSTRUCTIVA QUE HAYA GENERADO DAÑOS AMBIENTALES. 4) Que no es posible ni viable considerar, que la recolección de información constituye una AMENAZA para el ambiente o la probabilidad de incurrir en posibles DAÑOS POTENCIALES, cuando la intención de la Administración SETENA, MOPT, CONAVI) es que dicha información sea utilizada para implementar medidas (en caso que se otorgue la viabilidad) orientadas a PROTEGER EL AMBIENTE. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,

Considerando:

I.- DE PREVIO: Antes de analizar el fondo del alegato, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones – aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública. En el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia que podría implicar una afectación del artículo 50 de la Constitución Política y que a la fecha no ha sido resuelta. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente alega que el amparado en fecha 19 de marzo de 2020 aportó una gestión dirigida al ministro de Obras Públicas y Transportes, en la que se le pidió información sobre el proyecto de la carretera a San Carlos, así como los estudios hidrogeológicos de la vía. Incluso, le describió el ecosistema existente en la finca y denunció cómo la ruta que se pretende construir podría generar un daño irreversible al ambiente. Lo anterior, ya que dentro del inmueble referido desde siempre han existido una gran cantidad de nacientes, sitios que permanecen inundados por el humedal fluvial y gran variedad de aves y mucha biodiversidad de mamíferos también. Por oficio No. DM 2020-1241 de 24 de marzo del 2020, el jefe del Despacho del ministro del MOPT trasladó su gestión al director ejecutivo del CONAVI. Reclama que, a la fecha de la interposición del recurso, la gestión planteada hace casi un año, no había sido resuelta, pese a la amenaza que el avance en la construcción de la ruta significa para los ecosistemas fluviales y la biodiversidad que se verían afectados.

III.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene dentro de su planificación la ejecución del proyecto de infraestructura vial denominado “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela”, conocida como Punta Sur, ruta nacional No. 35 -proyecto asignado con anterioridad al Consejo Nacional Vialidad- (ver registro electrónico).
  • b)Que el proyecto de infraestructura vial denominado “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela” se encuentra en una fase preparatoria de recopilación de información e insumos requeridos por la SETENA, a efectos que dicho órgano pondere el otorgamiento de la viabilidad ambiental -es decir que a dicho proyecto NO SE LE HA CONCEDIDO LA VIABLIDAD AMBIENTAL- (ver registro electrónico).
  • c)Que a la fecha de rendir los informes en el proyecto “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela” NO SE HA DESARROLLADO EN ÉSTE NINGUNA OBRA CONSTRUCTIVA QUE HAYA GENERADO DAÑOS AMBIENTALES (ver registro electrónico).
  • d)Que la obtención de la licencia o viabilidad ambiental está asociada a la implementación de una serie de medidas de eliminación, mitigación, compensación y recuperación que el desarrollador el proyecto deberá implementar y cumplir para garantizar la armonía entre desarrollo y protección del ambiente (ver registro electrónico).
  • e)Que en fecha 19 de marzo del 2020 el recurrente presentó ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes una solicitud relacionada con el Proyecto de la nueva ruta a San Carlos ubicado entre Sifón de San Ramón y San Miguel de Naranjo -solicitó puntualmente copia de los estudios hidrogeológicos de la zona así como los criterios sobre lo que se hará o construirá en la zona donde se ubica su finca así como obras de mitigación al impacto del recurso hídrico y señaló como medio para notificaciones el correo electrónico: [email protected] (ver registro electrónico).
  • f)Que en fecha 19 de marzo del 2020 el recurrente le solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía “que me exponga cuántas nacientes existen ubicadas y si las mismas son permanentes o no y si es posible, sería oportuno un criterio de parte de ustedes donde se me aclare, si estamos en presencia de un posible humedal o no” (ver registro electrónico).
  • g)Que en fecha 17 de junio del 2020 funcionarios del Área de Conservación (SINAC) en compañía del recurrente realizaron una visita in situ -en esa visita el recurrente señaló los cuerpos de agua que deseaba fueran dictaminados por parte de la Dirección de Aguas del MINAE- (ver registro electrónico).
  • h)Que mediante oficio N°DA-UHTCOSR-028-0285-2020 de fecha 13 de julio del 2020 la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía le informó al recurrente que después de la visita in situ realizada se concluía lo siguiente: “Para poder determinar el carácter de permanente o intermitente de las nacientes sin nombrar N°1, N°2, N°3 y N°4 y de las quebradas sin nombre N°1 y N°2 se deberá realizar una nueva visita al sitio en época de estiaje de la zona, para lo cual se realizará un nuevo informe técnico. En cuanto a lo solicitado con respecto a si existe o no un humedal en el sitio, me permito informarle que según la matriz de competencia del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la competencia de los humedales la tiene el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Por lo anterior se realizó el oficio DA-UHTPCORS-0286-2020 en donde se le hace traslado de la inquietud plateada a la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central (ACC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), como ente competente en la materia de humedales para que se pronuncie en el marco de sus competencias” (ver registro electrónico).
  • i)Que en fecha 28 de setiembre del 2020 el Ministro de Obras Públicas y Transportes presentó ante la SETENA el documento de Evaluación Ambiental D1-0471-2020-SETENA -documento relacionado con el proyecto “Diseño constructivo del tramo Bernardo Soto -Sifón de la nueva carretera a San Carlos, provincia Alajuela (Punta Sur)”- (ver registro electrónico).
  • j)Que mediante oficio SETENA-DT-DEA-1421-2020 de fecha 20 de octubre del 2020 la SETENA le otorgó al Ministro de Obras Públicas y Transportes el plazo de noventa días para que presentara la siguiente documentación: “1. Favor aportar el documento en papel de seguridad, también corregir el número de decreto debe leerse 31849 y no 3149 como se presenta: 2. Favor presentar la Declaración jurada sobre el uso de los materiales obtenidos del movimiento de tierras, según el artículo 4; 3. En el folio 743 se indica una nota que no existe, o como se lee en el documento, ¡Error! Marcador no definido. Favor exponer la referencia; 4. Debe presentar el diseño de sitio donde se verifique que se está respetando los radios de protección. De ser necesario se debe presentar la certificación de la Dirección de Aguas donde se indique si la naciente está captada por un acueducto público o es de uso privado y su respectivo radio de protección, con el fin de determinar si existen algún impedimento legal: 5. En caso de que la Dirección de Agua emita alguna recomendación adicional incluirla en el Plan de Pronostico Ambiental según corresponda; 6. En todos los casos donde las medidas ambientales o el responsable, hayan sido planteadas en términos del contratista, las mismas deben ser propuestas en términos del desarrollador responsable ambiental, ya que legalmente el desarrollador es el responsable del AOP a realizar, por lo tanto, replantear todas aquellas que no cumplan con esta premisa: 7. Asimismo, debe replantear todos los indicadores que fueron planteados de forma cualitativa y no cuantitativa, de manera que se pueda determinar porcentajes de cumplimiento y los mismos deben de ser: medibles, cuantificables, verificables; 8. En los casos donde se indique Ejecución de las recomendaciones del Estudio Técnico versus un Incumplimiento del mismo debe ser cambiado y respetarse la recomendación como parte de los compromisos ambientales del proyecto; 9. Las medidas deban puntualizar el tiempo de anticipación con que será comunicado el inicio de los trabajos y plantear un indicador de cumplimiento en este sentido, para cada una de las medidas; 10. En caso de que se requiera instalar planta de concreto y/o de asfalto, tal y como lo plantea al aportar el Anexo 13.8 Plan de Manejo de Plantas de Concreto, debe señalarse la ubicación de las mismas en el diseño correspondiente; 11. Por lo tanto, se deben proponer las medidas en caso de que aplique el desalojo o movilización de personas; 12. En caso de aplicar presentar el plan en términos generales de reasentamiento, e indicarse en el P-PGA” (ver registro electrónico).
  • k)Que según la Revisión Geoespacial realizada del proyecto, se indica que e un área de influencia de 200m del trazo del proyecto se ubicaron los siguientes pozos y nacientes:
  • l)Que en fecha 23 de octubre del 2020 el recurrente remitió un correo electrónico al buzón [email protected] solicitando que le indicaran si en su finca existía un humedal en la zona de las nacientes y la descripción del mismo -lo anterior de conformidad con el oficio DA-UHTPCORS-0286-2020 enviado por el MINAE- (ver registro electrónico).
  • m)Que mediante oficio SINAC-ACC-OG-1000-2020 de fecha 05 de noviembre del 2020 el Jefe a.i. de la Oficina de Grecia del SINAC le informó al recurrente “Para esto caso en concreto, el sistema fluvial está compuesto por nacientes y dos quebradas, que a la fecha se desconoce si son de carácter permanente o intermitente, tazón por la cual es necesario que sean valoradas por la Dirección de Agua en época de estiaje (seca). Con respecto a la solicitud del criterio de la Dirección de Agua, por inspección llevada a cabo el 29 de mayo del 2020, por parte del funcionario José Ricardo Hidalgo Sánchez, me permito indicarle que esta oficina desconoce de esa inspección, por lo cual, le sugiero que dirija su solicitud a la Dirección de Agua” (ver registro electrónico).
  • n)Que en fecha 19 de noviembre del 2020 el Ministro de Obras Públicas y Transportes le solicitó al Director Dirección de Agua Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE lo siguiente: “1) Se aclare, y se proceda con una unificación de criterios en virtud de las diferencias encontradas en los oficios DA-UHTPCOSJ-1387-2020 y DA-UHTPCOSR-0285-2020, ya que en el dictamen de los cuerpos de agua en el oficio DA-UHTPCOSR-0285-2020 realizado por el señor Ignacio Campos, se identifican varios puntos como nacientes, los cuales no concuerdan por lo observado por el señor José Ricardo Hidalgo Sánchez. Adicionalmente, se considera un sector como un cuerpo de agua superficial (quebrada sin nombre N°2), siendo este un drenaje natural de las aguas pluviales provenientes de la calle pública ubicada al noreste del sitio y cuanta con su punto de desfogue en el área donde se señala como punto inicial de la quebrada. Lo anterior, con el objetivo de atender la solicitud de SETENA, la cual solicita señalar si existe o no cuerpos de agua en el sitio e indicar si la naciente está captada por un acueducto público o es de uso privado y su respectivo radio de protección, con el fin de determinar si existe algún impedimento legal. 2) Se elimine el criterio para la consideración del radio de protección de 50 metros para nacientes intermitentes. Esto en virtud de que, para establecer el retiro de nacientes, se establece en el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Forestal No.7575, y este corresponde con un radio de 100 metros medidos de manera horizontal y 200 m de retiro para las nacientes captadas para abastecimiento público; este artículo no hace referencia a los retiros para nacientes de carácter intermitentes. Esto se sustenta de conformidad a la inspección de campo realizada por el señor José Ricardo Hidalgo Sánchez, el cual señala en el párrafo primero, tercera página: “…es importante mencionar respecto de los puntos del expediente 5388A, la visita fue guiada por el señor Oscar Jara, donde se identifica que ambos sitios se encontraban secos durante la inspección, realizada el 29 de mayo del presente año, cuando ya había ingresado el invierno…”. 3) Que la Dirección determine una condición de afloramiento de agua sobre los puntos señalados, y teniendo en cuenta las obras a realizar señaladas en este texto, se apela a sus buenos oficios a fin de requerir su guía con el instrumento a utilizar, sea por medio de permiso de obra en cauce o instrumento similar, o gestiones correspondientes a realizar para el desarrollo óptimo y a derecho de las acciones a concretar por el proyecto. Es importante indicar que el proyecto a desarrollar considera la generación de un Decreto de Conveniencia Nacional debido a que plantea otras obras tales como la construcción de puentes, para lo cual se requiere la corta de árboles en Áreas Ambientalmente Frágiles (AAF). 4) Por último, se solicita considerar en el análisis del área en cuestión, las obras hidráulicas a efectuar, las cuales parten del principio de generar la menor afectación al entorno social, y ambiental existente, considerando cada uno de los componentes físicos, biológicos, y sociales que componen el área del proyecto y sus alrededores” (ver registro electrónico).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene dentro de su planificación la ejecución del proyecto de infraestructura vial denominado “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela”, conocida como Punta Sur, ruta nacional No. 35 -proyecto asignado con anterioridad al Consejo Nacional Vialidad-. Se acreditó que el proyecto de infraestructura vial denominado “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela” se encuentra en una fase preparatoria de recopilación de información e insumos requeridos por la SETENA, a efectos que dicho órgano pondere el otorgamiento de la viabilidad ambiental -es decir que a dicho proyecto NO SE LE HA CONCEDIDO LA VIABLIDAD AMBIENTAL-. Se demostró que a la fecha de rendir los informes en el proyecto “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela” NO SE HA DESARROLLADO EN ÉSTE NINGUNA OBRA CONSTRUCTIVA QUE HAYA GENERADO DAÑOS AMBIENTALES. Se probó que la obtención de la licencia o viabilidad ambiental está asociada a la implementación de una serie de medidas de eliminación, mitigación, compensación y recuperación que el desarrollador el proyecto deberá implementar y cumplir para garantizar la armonía entre desarrollo y protección del ambiente. Quedó demostrado que en fecha 19 de marzo del 2020 el recurrente presentó ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes una solicitud relacionada con el Proyecto de la nueva ruta a San Carlos ubicado entre Sifón de San Ramón y San Miguel de Naranjo -solicitó puntualmente copia de los estudios hidrogeológicos de la zona así como los criterios sobre lo que se hará o construirá en la zona donde se ubica su finca así como obras de mitigación al impacto del recurso hídrico y señaló como medio para notificaciones el correo electrónico: [email protected]. Se constató que en fecha 19 de marzo del 2020 el recurrente le solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía “que me exponga cuántas nacientes existen ubicadas y si las mismas son permanentes o no y si es posible, sería oportuno un criterio de parte de ustedes donde se me aclare, si estamos en presencia de un posible humedal o no”. Se confirmó que en fecha 17 de junio del 2020 funcionarios del Área de Conservación (SINAC) en compañía del recurrente realizaron una visita in situ -en esa visita el recurrente señaló los cuerpos de agua que deseaba fueran dictaminados por parte de la Dirección de Aguas del MINAE-.Quedó en evidencia que mediante oficio N°DA-UHTCOSR-028-0285-2020 de fecha 13 de julio del 2020 la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía le informó al recurrente que después de la visita in situ realizada se concluía lo siguiente: “Para poder determinar el carácter de permanente o intermitente de las nacientes sin nombrar N°1, N°2, N°3 y N°4 y de las quebradas sin nombre N°1 y N°2 se deberá realizar una nueva visita al sitio en época de estiaje de la zona, para lo cual se realizará un nuevo informe técnico. En cuanto a lo solicitado con respecto a si existe o no un humedal en el sitio, me permito informarle que según la matriz de competencia del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la competencia de los humedales la tiene el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Por lo anterior se realizó el oficio DA-UHTPCORS-0286-2020 en donde se le hace traslado de la inquietud plateada a la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central (ACC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), como ente competente en la materia de humedales para que se pronuncie en el marco de sus competencias”. Se acreditó que en fecha 28 de setiembre del 2020 el Ministro de Obras Públicas y Transportes presentó ante la SETENA el documento de Evaluación Ambiental D1-0471-2020-SETENA -documento relacionado con el proyecto “Diseño constructivo del tramo Bernardo Soto -Sifón de la nueva carretera a San Carlos, provincia Alajuela (Punta Sur)”- . Se constató que mediante oficio SETENA-DT-DEA-1421-2020 de fecha 20 de octubre del 2020 la SETENA le otorgó al Ministro de Obras Públicas y Transportes el plazo de noventa días para que presentara la siguiente documentación: “1. Favor aportar el documento en papel de seguridad, también corregir el número de decreto debe leerse 31849 y no 3149 como se presenta: 2. Favor presentar la Declaración jurada sobre el uso de los materiales obtenidos del movimiento de tierras, según el artículo 4; 3. En el folio 743 se indica una nota que no existe, o como se lee en el documento, ¡Error! Marcador no definido. Favor exponer la referencia; 4. Debe presentar el diseño de sitio donde se verifique que se está respetando los radios de protección. De ser necesario se debe presentar la certificación de la Dirección de Aguas donde se indique si la naciente está captada por un acueducto público o es de uso privado y su respectivo radio de protección, con el fin de determinar si existen algún impedimento legal: 5. En caso de que la Dirección de Agua emita alguna recomendación adicional incluirla en el Plan de Pronostico Ambiental según corresponda; 6. En todos los casos donde las medidas ambientales o el responsable, hayan sido planteadas en términos del contratista, las mismas deben ser propuestas en términos del desarrollador responsable ambiental, ya que legalmente el desarrollador es el responsable del AOP a realizar, por lo tanto, replantear todas aquellas que no cumplan con esta premisa: 7. Asimismo, debe replantear todos los indicadores que fueron planteados de forma cualitativa y no cuantitativa, de manera que se pueda determinar porcentajes de cumplimiento y los mismos deben de ser: medibles, cuantificables, verificables; 8. En los casos donde se indique Ejecución de las recomendaciones del Estudio Técnico versus un Incumplimiento del mismo debe ser cambiado y respetarse la recomendación como parte de los compromisos ambientales del proyecto; 9. Las medidas deban puntualizar el tiempo de anticipación con que será comunicado el inicio de los trabajos y plantear un indicador de cumplimiento en este sentido, para cada una de las medidas; 10. En caso de que se requiera instalar planta de concreto y/o de asfalto, tal y como lo plantea al aportar el Anexo 13.8 Plan de Manejo de Plantas de Concreto, debe señalarse la ubicación de las mismas en el diseño correspondiente; 11. Por lo tanto, se deben proponer las medidas en caso de que aplique el desalojo o movilización de personas; 12. En caso de aplicar presentar el plan en términos generales de reasentamiento, e indicarse en el P-PGA” . De otra parte se acreditó que según la Revisión Geoespacial realizada del proyecto, se indica que e un área de influencia de 200m del trazo del proyecto se ubicaron los siguientes pozos y nacientes:

Posteriormente en fecha 23 de octubre del 2020 se cotejó que el recurrente remitió un correo electrónico al buzón [email protected] solicitando que le indicaran si en su finca existía un humedal en la zona de las nacientes y la descripción del mismo -lo anterior de conformidad con el oficio DA-UHTPCORS-0286-2020 enviado por el MINAE-. Quedó confirmado que mediante oficio SINAC-ACC-OG-1000-2020 de fecha 05 de noviembre del 2020 el Jefe a.i. de la Oficina de Grecia del SINAC le informó al recurrente “Para esto caso en concreto, el sistema fluvial está compuesto por nacientes y dos quebradas, que a la fecha se desconoce si son de carácter permanente o intermitente, tazón por la cual es necesario que sean valoradas por la Dirección de Agua en época de estiaje (seca). Con respecto a la solicitud del criterio de la Dirección de Agua, por inspección llevada a cabo el 29 de mayo del 2020, por parte del funcionario José Ricardo Hidalgo Sánchez, me permito indicarle que esta oficina desconoce de esa inspección, por lo cual, le sugiero que dirija su solicitud a la Dirección de Agua”. Finalmente se acreditó que en fecha 19 de noviembre del 2020 el Ministro de Obras Públicas y Transportes le solicitó al Director Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE lo siguiente: “1) Se aclare, y se proceda con una unificación de criterios en virtud de las diferencias encontradas en los oficios DA-UHTPCOSJ-1387-2020 y DA-UHTPCOSR-0285-2020, ya que en el dictamen de los cuerpos de agua en el oficio DA-UHTPCOSR-0285-2020 realizado por el señor Ignacio Campos, se identifican varios puntos como nacientes, los cuales no concuerdan por lo observado por el señor José Ricardo Hidalgo Sánchez. Adicionalmente, se considera un sector como un cuerpo de agua superficial (quebrada sin nombre N°2), siendo este un drenaje natural de las aguas pluviales provenientes de la calle pública ubicada al noreste del sitio y cuanta con su punto de desfogue en el área donde se señala como punto inicial de la quebrada. Lo anterior, con el objetivo de atender la solicitud de SETENA, la cual solicita señalar si existe o no cuerpos de agua en el sitio e indicar si la naciente está captada por un acueducto público o es de uso privado y su respectivo radio de protección, con el fin de determinar si existe algún impedimento legal. 2) Se elimine el criterio para la consideración del radio de protección de 50 metros para nacientes intermitentes. Esto en virtud de que, para establecer el retiro de nacientes, se establece en el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Forestal No.7575, y este corresponde con un radio de 100 metros medidos de manera horizontal y 200 m de retiro para las nacientes captadas para abastecimiento público; este artículo no hace referencia a los retiros para nacientes de carácter intermitentes. Esto se sustenta de conformidad a la inspección de campo realizada por el señor José Ricardo Hidalgo Sánchez, el cual señala en el párrafo primero, tercera página: “…es importante mencionar respecto de los puntos del expediente 5388A, la visita fue guiada por el señor Oscar Jara, donde se identifica que ambos sitios se encontraban secos durante la inspección, realizada el 29 de mayo del presente año, cuando ya había ingresado el invierno…”. 3) Que la Dirección determine una condición de afloramiento de agua sobre los puntos señalados, y teniendo en cuenta las obras a realizar señaladas en este texto, se apela a sus buenos oficios a fin de requerir su guía con el instrumento a utilizar, sea por medio de permiso de obra en cauce o instrumento similar, o gestiones correspondientes a realizar para el desarrollo óptimo y a derecho de las acciones a concretar por el proyecto. Es importante indicar que el proyecto a desarrollar considera la generación de un Decreto de Conveniencia Nacional debido a que plantea otras obras tales como la construcción de puentes, para lo cual se requiere la corta de árboles en Áreas Ambientalmente Frágiles (AAF). 4) Por último, se solicita considerar en el análisis del área en cuestión, las obras hidráulicas a efectuar, las cuales parten del principio de generar la menor afectación al entorno social, y ambiental existente, considerando cada uno de los componentes físicos, biológicos, y sociales que componen el área del proyecto y sus alrededores”. En conclusión se puede indicar lo siguiente:

1.- Que el amparado presentó en fecha 19 de marzo de 2020 una gestión dirigida al ministro de Obras Públicas y Transportes, en la que se le pidió información sobre el proyecto de la carretera a San Carlos, así como los estudios hidrogeológicos de la vía; 2.- Que en el proyecto “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela” NO SE HA DESARROLLADO NINGUNA OBRA CONSTRUCTIVA que pongan en riesgo el recurso hídrico; 3.- Que a la fecha no consta respuesta formal por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de la gestión incoada por el amparado en fecha 19 de marzo del 2020; 4.- Que existen cuatro nacientes de las cuales dos requieren una visita al sitio en época de estiaje de la zona para determinar si son de carácter permanente o intermitente; 5.- Que el SINAC debe emitir un informe indicando si existe o no un humedal en el sitio, lo anterior fue solicitado mediante oficio DA-UHTPCORS-0286-2020 a la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central; 6.- Que ante la SETENA se tramita la solicitud de Evaluación Ambiental D1-0471-2020-SETENA para el proyecto “Diseño constructivo del tramo Bernardo Soto -Sifón de la nueva carretera a San Carlos, provincia Alajuela (Punta Sur)”; 7.- Que la SETENA le otorgó al MOPT el plazo de noventa días para que cumpliera una serie de requisitos; para lo que interesa le previno “4. Debe presentar el diseño de sitio donde se verifique que se está respetando los radios de protección. De ser necesario se debe presentar la certificación de la Dirección de Aguas donde se indique si la naciente está captada por un acueducto público o es de uso privado y su respectivo radio de protección, con el fin de determinar si existen algún impedimento legal”; 8.- Que existen diferencias en los dictámenes de los cuerpos de agua encontradas en los oficios DA-UHTPCOSJ-1387-2020 y DA-UHTPCOSR-0285-2020 por lo que se requirió una unificación de criterios al Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía; Ante ese panorama el recurso deviene parcialmente procedente por las razones que se indican. EN CUANTO A LA FALTA DE RESPUESTA A LA GESTIÓN INCOADA POR EL RECURRENTE EN FECHA 19 DE MARZO DE 2020: Este Tribunal reconoce que la información requerida por el petente se encuentra en proceso de recolección, lo anterior porque tal y como se indicó supra la SETENA no ha otorgado al proyecto la viabilidad ambiental y que inclusive el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en aras de aclarar la situación denunciada le solicitó al Director de la Dirección de Aguas, que aclarar el tema de las nacientes y quebradas; sin embargo, no se puede tener por válido que casi un año después al amparado no se le haya brindado respuesta alguna -respuesta que bien pudo haber sido informativa-. Ante ese panorama el recurso deviene procedente en cuanto a este extremo.

V.- EN CUANTO A LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES EN APEGO AL PRINCIPIO PRECAUTORIO: Si bien es cierto se logró demostrar que el proyecto “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela actualmente se encuentran en proceso para que, la SETENA otorgue la viabilidad ambiental al proyecto, lo cierto es que llama la atención a este Tribunal que las actuaciones del Ministerio recurrido se han generado a solicitud del recurrente. Por ejemplo la visita que indicó el SINAC debe realizarse en época de estiaje de la zona, lo anterior para determinar el carácter de permanente o intermitente de las nacientes ubicadas en el lugar donde se pretende desarrollar el proyecto, se generó en respuesta a la solicitud del amparado presentada el 19 de marzo del 2020. Lo mismo sucedió con la solicitud realizada por el Ministro de Obras Públicas y Transportes en fecha 19 de noviembre del 2020 al Director de la Dirección de Aguas del MINAE, lo anterior para definir el tema de los cuerpos de agua en el área en la cual se pretende desarrollar la obra. Es decir, el Ministerio recurrido acordó la ejecución del proyecto de infraestructura vial denominado “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela”, sin realizar de previo los estudios hidrogeológicos de la vía. Tal y como lo indica el artículo 50 de la Constitución Política, las instituciones del Estado son las llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, para ello está en la obligación de tomar medidas preventivas. Las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto como consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias que de las derivadas de las actuaciones de la Administración. Ahora bien, tomando en cuenta que fue en ocasión a la denuncia planteada por el recurrente, que el Ministro de Obras Públicas y Transportes tomó las medidas pertinentes a fin de definir la naturaleza de los cuerpos de agua identificados y su respectiva clasificación (intermitentes o permanente), el amparo deviene procedente en cuanto a este extremo pero únicamente para efectos indemnizatorios.

VI.- EN CUANTO A LA POSIBLE VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA: Ahora bien, tomando en cuenta que no se logró acreditar la supuesta vulneración del artículo 50 de la Constitución Política, pero que sí se demostró que actualmente se encuentran en proceso para que, la SETENA otorgue la viabilidad ambiental al proyecto “Construcción del Tramo Bernardo Soto- Sifón de la nueva Carretera a San Carlos, provincia de Alajuela” -proceso que conlleva a una seria de consultas y análisis para determinar la posible afectación a las nacientes que puedan existir en el sitio- se les recuerda a las autoridades recurridas y competentes en la materia la importancia de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de conformidad con el principio precautorio o de indubio pro natura, lo anterior mediante la implementación de medidas de protección ambiental. Ahora bien tomando en cuenta que actualmente ante los requerimientos de SETENA para el posible otorgamiento de la viabilidad ambiental del proyecto, el Ministerio de Obras Públicas se encuentra recopilando lo solicitado ante la Dirección de Aguas, quienes deberán desarrollar un dictamen concreto sobre la naturaleza de los cuerpos de agua identificados y su respectiva clasificación (intermitentes o permanente), se ordena la comunicación de la presente sentencia tanto a la Dirección de Aguas del MINAE como a la SETENA para lo que corresponda.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Rodolfo Méndez Mata en su calidad de Ministro de Obras Públicas y Transportes o a quien en su lugar ocupe el cargo que en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, dispongan lo necesario para que, dentro del plazo indicado, se resuelva la denuncia presentada por el recurrente en fecha 19 de marzo del 2020. Se advierte al recurrido que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese. Tomen nota las autoridades recurridas del Considerando VI de esta sentencia. COMUNÍQUESE EL CONTENIDO DE ESTA SENTENCIA A LA DIRECCIÓN DE AGUAS DEL MINAE Y A LA SETENA. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto en forma parcial y declara sin lugar el recurso, en cuanto a la acusada violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ileana Sánchez N.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos
    • Water Law — Sources, Setbacks, and ConcessionsLey de Aguas — Fuentes, Retiros y Concesiones
    • Environmental Law 7554 — EIA, SETENA, and Public ParticipationLey Orgánica del Ambiente 7554 — EIA, SETENA y Participación Pública
    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano

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    • Constitución Política Art. 50
    • Ley Orgánica del Ambiente Ley 7554
    • Ley Forestal Art. 33-34
    • Ley de Biodiversidad Ley 7788

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