Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 05042-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/03/2021

Amparo – Sewer System Failures and Pollution in DesamparadosAmparo por deficiencias en alcantarillado y contaminación en Desamparados

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted; the Municipality of Desamparados and the Health Area are ordered to coordinate and implement, within fifteen days and six months, the measures needed to definitively resolve the reported sewer and contamination issues.Se declara con lugar el recurso de amparo y se ordena a la Municipalidad de Desamparados y al Área Rectora de Salud coordinar y ejecutar, en plazos de quince días y seis meses, las medidas necesarias para resolver definitivamente los problemas de alcantarillado y contaminación denunciados.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by a resident of Calle Mora, San Rafael Abajo de Desamparados, who claims that the municipality and the Ministry of Health have failed to address a sewer overflow problem causing flooding and pollution from untreated wastewater, as well as the irregular operation of a rooming house generating waste and foul odors. The Chamber finds that both entities took initial steps but that these were insufficient, ineffective, and delayed, and that there was a clear lack of follow-up and inter-institutional coordination. Based on Article 50 of the Constitution, which guarantees the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on municipal and sanitary obligations under the General Health Law, the amparo is granted. The respondents are ordered to coordinate and adopt, within fifteen days, the measures to resolve the complaints and to implement the definitive solution within a maximum of six months. The judgment includes separate notes from two justices who discuss the appropriateness of the amparo route in environmental matters when other jurisdictions exist, both concluding that the case falls within the exceptions that warrant the Chamber's intervention because public health and quality of life are directly at risk.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una vecina de Calle Mora, San Rafael Abajo de Desamparados, quien denuncia que la municipalidad y el Ministerio de Salud no han solucionado un problema de desbordamiento del alcantarillado que provoca inundaciones y contaminación por aguas servidas, así como el funcionamiento irregular de una cuartería que genera residuos y malos olores. La Sala constata que ambas entidades realizaron acciones iniciales pero fueron insuficientes, ineficaces y tardías, y que ha existido una clara falta de seguimiento y coordinación interinstitucional. Con base en el artículo 50 constitucional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en las obligaciones municipales y sanitarias previstas en la Ley General de Salud, se estima el recurso. Se ordena a los recurridos coordinar y adoptar, en quince días, las medidas para resolver las denuncias y ejecutar la solución definitiva en un plazo máximo de seis meses. La sentencia incluye notas separadas de dos magistrados que discuten la procedencia de la vía de amparo en materia ambiental cuando existen otras jurisdicciones, concluyendo ambos que el caso encaja en las excepciones que justifican la intervención de la Sala porque están en riesgo directo la salud y la calidad de vida.

Key excerptExtracto clave

VII.- CONCLUSION. In light of the foregoing, it is found that the Municipality of Desamparados and the Health Area of Desamparados, although they took some actions to address the complaint of the petitioner and the residents of Calle Mora, Barrio Los Ángeles, San Rafael Abajo de Desamparados, the fact is that those actions were insufficient and ineffective in resolving the reported problem, due to the lack of follow-up on the case within their areas of responsibility and a lack of inter-institutional coordination. Thus, it is established that the locality in question continues to suffer from a water drainage problem caused by the poor state of the sewer system, coupled with improper discharge of wastewater from certain dwellings. Additionally, the corresponding technical opinion has not been issued to determine whether there is an encroachment on the public road due to the building that was used as a rooming house, where, although there is no improper solid waste management at this moment because there are no tenants, the fact is that construction works are underway without any evidence of case follow-up to verify the proper management of waste generated by these works and the sanitary conditions of the property, as indicated by the relevant units of both respondent agencies. Consequently, more than two years have passed since the petitioner filed the respective complaints, without sufficient actions having been taken, due to the lack of institutional follow-up and coordination, to reverse the reported problem. Under this state of affairs, in this case, it is concluded that the petitioner's fundamental rights have been violated. Therefore, this amparo proceeding must be granted, as indeed ordered below in the operative part of this judgment. Therefore: The amparo is granted. It is ordered that Gilbert Jiménez Siles, Álvaro Fallas Segura and Asdrúbal Fonseca Pineda, respectively Municipal Mayor, President of the Municipal Council and Coordinator of Road Infrastructure, all of the Municipality of Desamparados, as well as Carolina Umaña Cisneros, acting Director a.i. of the Health Area of Desamparados, or whoever holds those positions, shall immediately coordinate and adopt the actions within their respective competencies so that, within a maximum of fifteen days from the notification of this judgment, the complaints filed are resolved and the actions to be taken for the definitive solution of any identified problem are identified, in which case such actions must be executed within a maximum of six months from the notification of this judgment.VII.- CONCLUSIÓN. En virtud de lo anterior, se tiene que la Municipalidad de Desamparados y el Área Rectora de Salud de Desamparados, si bien realizaron algunas acciones para atender la denuncia de la recurrente y de los vecinos de Calle Mora, Barrio Los Ángeles de San Rafael Abajo de Desamparados, lo cierto es que estas fueron insuficientes e ineficaces en la resolución de la problemática denunciada, esto por la falta de seguimiento del caso en el ámbito de sus competencias y de coordinación interinstitucional. Así, se acredita que en la localidad de cita se mantiene un problema de canalización de aguas por el mal estado del alcantarillado, acompañado del mal vertido de aguas residuales de ciertas viviendas. Además, no se ha emitido el criterio técnico correspondiente con el fin de determinar si hay invasión de vía con ocasión de la edificación del inmueble que funcionaba como guardería, en el cual, además, si bien no hay mal manejo de residuos sólidos porque a este momento no hay inquilinos, lo cierto es que se realizan obras sin que se acredite el seguimiento del caso para verificar el adecuado manejo de los residuos surgidos a partir de las mismas y de las condiciones sanitarias en las que se mantiene el inmueble, tal como lo indicaron las instancias correspondientes de ambas entidades accionadas. De tal forma, han transcurrido más de dos años desde que la recurrente interpuso sendas denuncias, sin que se hayan ejecutado actos suficientes, a partir de la falta de seguimiento y coordinación institucional, con el fin de revertir la problemática denunciada. Bajo tal estado de las cosas, en la especie, se concluye que se han lesionado los derechos fundamentales de la amparada. En consecuencia, corresponde estimar este proceso de amparo, como en efecto se dispone y de conformidad con lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Gilbert Jiménez Siles, Álvaro Fallas Segura y Asdrúbal Fonseca Pineda, por su orden, Alcalde Municipal, Presidente del Concejo Municipal y Coordinadora de Infraestructura Vial, todos de la Municipalidad de Desamparados, así como a Carolina Umaña Cisneros, en condición de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Desamparados, o a quienes ocupen tales cargos, que, de forma inmediata, coordinen y adopten las actuaciones que se encuentren en el ámbito de sus competencias para que, dentro de un plazo máximo de quince días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan las denuncias planteadas e identifiquen las acciones que deberán adoptarse para la solución definitiva de la problemática que llegare a identificarse, en cuyo caso, tales acciones deberán ejecutarse en el plazo máximo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras."

    "Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations."

    Considerando III

  • "La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras."

    Considerando III

  • "El artículo 50 de la Constitución Política establece que, todas las personas tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues la protección a este derecho es una de los factores que garantizan el ejercicio del derecho a la salud contenido en el artículo 21 constitucional."

    "Article 50 of the Political Constitution establishes that everyone has the right to a healthy and ecologically balanced environment, since the protection of this right is one of the factors that guarantee the exercise of the right to health contained in Article 21 of the Constitution."

    Considerando III

  • "El artículo 50 de la Constitución Política establece que, todas las personas tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues la protección a este derecho es una de los factores que garantizan el ejercicio del derecho a la salud contenido en el artículo 21 constitucional."

    Considerando III

  • "En el caso del bloque de constitucionalidad costarricense, encontramos tales derechos en el contenido del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."

    "In the case of the Costa Rican constitutional block, we find such rights in the content of Article 50 of the Political Constitution and Article 26 of the American Convention on Human Rights."

    Considerando IV

  • "En el caso del bloque de constitucionalidad costarricense, encontramos tales derechos en el contenido del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Date of Resolution: March 12, 2021, at 09:15 Type of matter: Amparo appeal Constitutional control: Granting judgment Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with separate note Related Judgments Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:

SEWER SYSTEM.

005042-21. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED TO ADDRESS, WITHIN SIX MONTHS, THE PROBLEM OF SEWER WATER CHANNELING ON CALLE MORA, BARRIO LOS ÁNGELES, SAN RAFAEL ABAJO, DESAMPARADOS.

LBH04/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Majority vote 005042-21. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED TO ADDRESS, WITHIN SIX MONTHS, THE PROBLEM OF SEWER WATER CHANNELING ON CALLE MORA, BARRIO LOS ÁNGELES, SAN RAFAEL ABAJO, DESAMPARADOS.

LBH04/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Majority vote 005042-21. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED TO ADDRESS, WITHIN SIX MONTHS, THE PROBLEM OF SEWER WATER CHANNELING ON CALLE MORA, BARRIO LOS ÁNGELES, SAN RAFAEL ABAJO, DESAMPARADOS.

LBH04/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Majority vote 005042-21. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED TO ADDRESS, WITHIN SIX MONTHS, THE PROBLEM OF SEWER WATER CHANNELING ON CALLE MORA, BARRIO LOS ÁNGELES, SAN RAFAEL ABAJO, DESAMPARADOS.

LBH04/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Majority vote 005042-21. THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED TO ADDRESS, WITHIN SIX MONTHS, THE PROBLEM OF SEWER WATER CHANNELING ON CALLE MORA, BARRIO LOS ÁNGELES, SAN RAFAEL ABAJO, DESAMPARADOS.

LBH04/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Separate note VIII.- SEPARATE NOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.

1. The historical context that prompted the broad intervention of the Sala in environmental matters at the time has undergone considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment (ambiente sano y equilibrado), as protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation – characterized by a very broad legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is mandated in the Fundamental Charter – is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed on the Sala a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we are faced with a “dense web” of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all regulated, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification – predominantly legislative and regulatory – brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction - primarily the contentious-administrative, but also the criminal. In these, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive means of standing (medios de legitimación) have been regulated, so that citizens can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.

3. In this context, it is neither legally appropriate nor functionally appropriate for the Sala Constitucional to displace, or – worse yet – substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that – they indeed – have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes ill suits the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are well-known examples in which the Sala has produced a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and affectation of legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects I have evaluated, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence enforcement judges that allow adequate follow-up of the same - generally complex - which sometimes involves the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up over months and even years.

5. From that perspective, the decision by this Court to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of environmental matters, but rather the opposite, its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance from its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. Rather, it is an exercise of readjustment of the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of setting its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Sala does not intend to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although any claim for violation of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. Therefore, it is a matter of ensuring that the Sala becomes a protagonist alongside others, so that – among all and each in their own space – the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but a substantial gain is achieved in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Sala should refrain from hearing the claims presented to it for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, in order to leave their knowledge in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Sala and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this statement being considered a closed and definitive list, I can point out that the Sala should reserve the knowledge of situations such as, for example, claims for environmental violations that also put the health of people, or access to or quality of water, at direct risk; cases of gross and direct violations of the environment in which a glaring absence of protection by state authorities is evident, provided also that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also believe that amparo should not be "ordinaried" to address, even in these cited cases, topics that exceed the capacity to be adequately attended to within it.

8. In this specific case, in accordance with the facts presented, the denounced situation could affect health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), since a complaint regarding inadequate water discharge and poor waste management from a tenement building (cuartería) has not been resolved. Consequently, it is clear that we are facing the mentioned exceptions, and for that reason, I have considered it necessary for the Sala to exercise its competence, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected persons.

LBH04/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Separate note IX.- SEPARATE NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the people affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as happens in this case, in which it is alleged that the respondent authorities have not resolved a complaint regarding inadequate water discharge and poor waste management from a tenement building (cuartería), which causes a danger to the health of the appellant, and also a threat to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent standard of quality of life.

LBH04/21 ... See more *210003060007CO* Res. No. 2021005042 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours, fifteen minutes of March twelfth, two thousand twenty-one.

Amparo appeal processed under expediente number 21-000306-0007-CO, filed by MARIANELA SALAS QUIRÓS, identity card number 0111990081, against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS AND THE MINISTRY OF HEALTH.

Considering:

1.- By a writing submitted via Online Filing and incorporated into the electronic expediente at 11:57 a.m. on January 7, 2021, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Desamparados. She states that since October 21, 2019, she filed an environmental complaint before the Municipality of Desamparados, related to the problem, which she classifies as urgent, of channeling sewer waters that overflow when it rains, causing floods and damage. She explains that the problem occurs both on her property, which has registration No. 222750-000, and on that of her neighbors in Barrio Los Ángeles, San Rafael Abajo, Desamparados. She asserts that the floods occur every time it rains, due to the poor channeling of water and illegal constructions that deposit sewage and soapy water into the sewer. She details that she has a minor daughter and her family is directly affected by the denounced problem, which causes bad odors and plagues of cockroaches, flies, and rodents. She emphasizes that the described situation, besides affecting physical and mental health, has also caused the devaluation of the property. In addition to the above, and according to evidence provided to the expediente, the indicated complaint also denounced pollution problems from the irregular operation of a tenement building (cuartería), as well as invasion of public roads by the property owner, who built the structure outside the municipal boundary. She claims that as of the day she comes to the Sala, the respondent authority has not provided any solution. She considers that the described facts and omissions injure her fundamental rights. She requests that the appeal be granted.

2.- By a resolution at 12:27 p.m. on January 8, 2021, this amparo appeal was admitted and a report was requested from the Mayor, the President of the Municipal Council, and the Head of the Department of Public Works and Technical Unit for Road Management, all of the Municipality of Desamparados.

3.- Gilbert Jiménez Siles, Álvaro Fallas Segura, and Asdrúbal Fonseca Pineda, in that order, Municipal Mayor, President of the Municipal Council, and Coordinator of Road Infrastructure, all of the Municipality of Desamparados, render their report under oath. They state that on the occasion of this amparo appeal, a report was requested from the Municipal Road Infrastructure and Public Works Process. Said department, through official communication DT-IV-034-2021, reported the following: “(…) the correspondence transfer from the Municipal Mayoralty No. 1042-2019 was forwarded, to which is attached the note signed by the neighbors of Calle Mora, in Barrio Los Ángeles in the District of San Rafael Abajo, and it indicates as a contact Mrs. Mariela Salas, email [email protected]. Through memorandum No. DT-IV-300-19 of October 29, the case is transferred to Eng. Manuel Gutiérrez J. and Mr. Shenesser Mata M., to carry out the respective inspection and report. Through emails, sent by Mr. Mats, on Monday, November 4 and 8, 2019, they tried to locate Mrs. Salas Quirós, in which the address of the site is requested since there are no records under the name of Calle Mora; and to which they received no response. On November 11, 2019, Eng. Gutiérrez informed Mrs. Roxana Soto Muñoz, Assistant to the Mayoralty, of these facts since correspondence transfer No. 1042-2019 had a deadline of 5 days. However, it is known to this administrative process that the Urban and Rural Oversight Process proceeded to attend to the note sent by the neighbors of Calle Mora, which is indicated in the amparo appeal, and the appellant was informed in this regard (…)”. They indicate that based on what was said in the aforementioned official communication, the Mayoralty proceeded to verify what happened regarding the protected party's request, and for that purpose, they present the following table with the administrative acts from which, according to their criteria, they accredit the administrative action regarding the complaint of the protected party and the neighbors where she resides.

They indicate that in her request, the protected party indicated the email address [email protected] as the means of notification, and an email was sent to her through which she was notified of the actions carried out. They note that what is claimed in this process differs in some points from what was stated in the complaint. They maintain that based on the table of administrative acts, it is verified that the municipal corporation promptly attended to the complaint. This, in addition, is recorded in official communication DT-FU-1872-19 signed by official Eng. Pablo Brenes, and said document was notified to the protected party and the neighbors of Calle Mora on November 26, 2019. They reiterate that the protected party's request was duly attended to by the Municipality. They request that the appeal be declared without merit.

4.- By resolution at 10:34 a.m. on February 16, 2021, the appeal in this process was expanded, and a report was requested from the Director of the Governing Health Area of Desamparados.

5.- Carolina Umaña Cisneros, in her capacity as Acting Director of the Governing Health Area of Desamparados, renders her report under oath. She states that on November 22, 2019, official communication DT-FU-1870-19 was received, through which the complaint from the neighbors of Calle Mora, Barrio Los Ángeles, San Rafael Abajo, Desamparados was forwarded. In the document, the problem due to the room rental activity was described, in which, apparently, there was food and garbage thrown onto public roads. Likewise, incidence No. 5207550 was forwarded, referring to a note sent by the appellant here, describing the problem with wastewater (aguas servidas) causing floods. The consecutive complaint No. CS-ARS-D-DE-0714-2019 was assigned to the aforementioned requests. She indicates that on June 3, 2020, an inspection visit was carried out at the denounced site, following which acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0764-2020 was issued, in which it was indicated that the property owner stated that the property was for sale and that he was in the process of evicting the tenants. However, an assessment of the sanitary conditions of the building was established, and the stormwater system (sistema pluvial) and wastewater (aguas servidas) system were observed to be in poor condition. Subsequently, on January 18, 2021, a follow-up visit was made and acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0063-2021 was issued, in which it was indicated that the property was transferred to another owner and half of the building was remodeled, eliminating access to the second floor. Additionally, it was noted that there were no tenants or any occupancy, and there was material for finishing work. Subsequently, on February 19, 2021, a follow-up visit was made and acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0281-2021 was issued, in which it was recorded that the remodeling of the tenement building (cuartería) was continuing, so it lacked gutters (canoas) and downspouts (bajantes). Additionally, it was mentioned that the neighbors explained the problem occurring with the stormwater system (sistema pluvial), so the locality's system was reviewed, which apparently has inadequate configuration and discharges residual water, without bad odors and vector proliferation being perceived. Possible contamination from wastewater (aguas servidas) on the public road, coming from about twenty houses, was determined, but accurate results could not be obtained because there were few spaces to pour dye. She explains that given these circumstances, technical inspection report MS-DRRSCS-ARS-ERS-IT-0187-2021 was issued, which concluded that property No. 260371 is under remodeling and lacks a stormwater system (sistema pluvial) and the wastewater connection is unknown, and it is the responsibility of the Municipality of Desamparados, according to current regulations, to supervise the works endorsed in the construction permit, as well as illegal constructions. Furthermore, the locality's stormwater system (sistema pluvial) is in poor condition and is located below the street, which does not allow for simple inspection. She affirms that during the inspections, poor waste management on public roads, bad odors, or proliferation of vectors such as cockroaches and flies were not observed. She reiterates that the stormwater system (sistema pluvial) is the competence of the Municipality of Desamparados. She points out that, given the circumstances, it was decided to coordinate with the Municipality of Desamparados a visit to access the stormwater system (sistema pluvial) and perform multiple dye tests in the homes on Calle Mora and in the northern sector of Barrio Los Ángeles. She assures that through official communication MS-DRRSCS-ARS-D-0158-2021, the accompaniment to carry out the aforementioned actions was requested from the Coordinator of the Inspection Unit of the Municipality of Desamparados. In addition to the above, she explains that a factory operating without a sanitary operating permit was identified. Based on the foregoing, she argues that the Health Area has not been negligent in attending to the neighbors' complaint, and on the contrary, actions have been taken that have allowed evidence of the sanitary problem occurring in the locality where the appellant lives. She requests that the appeal be declared without merit.

6.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafter: Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant alleges that in the community where she lives, there are problems with the channeling of sewer waters, which causes the waters to overflow, causing floods, as well as pollution problems from the irregular operation of a tenement building (cuartería). However, the Municipality of Desamparados and the Governing Health Area of Desamparados have not carried out actions to reverse the cited problems, despite having filed the corresponding complaints.

II.- PROVEN FACTS. Deemed important for the decision on this matter, the following facts are considered duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

  • 1)The protected party is a neighbor of Calle Mora, Barrio Los Ángeles, San Rafael Abajo, Desamparados (uncontroverted fact).

Regarding the Municipality of Desamparados 2) On October 21, 2019, the protected party, along with several neighbors from the community, filed a complaint before the Municipality of Desamparados, alleging problems with water channeling, resulting in floods, damage to pipes and sewers, damage to the roadway, and damage to their properties. Additionally, a problem caused by the operation of a tenement building (cuartería) was reported, with residents of said building throwing food and garbage onto public roads (evidence provided).

  • 3)Through official communication No. 1042-2019, the Municipal Mayor of Desamparados forwarded the request to the Department of Road Infrastructure and Public Works, to the Department of Urban and Rural Oversight, and to the Department of Environmental Sanitation Management, all of the Municipality of Desamparados (report and evidence provided).
  • 4)Through official communication DT-FU-1870-19 of November 19, 2019, the Municipality of Desamparados requested the Governing Health Area of Desamparados to carry out the corresponding intervention (report and evidence provided).
  • 5)Through official communication DT-FU-1871-19 of November 8, 2019, the Department of the Urban and Rural Oversight Process of the Municipality of Desamparados requested the intervention of the Cadastre and Topography Process, in order to verify the possible invasion of public roads by the tenement building (cuartería) (report and evidence provided).
  • 6)Through official communication DT-FU-1872-19 of November 8, 2019, the Department of the Urban and Rural Oversight Process of the Municipality of Desamparados informed the Mayor about the forwarding of the protected party's complaint, indicating: “(…) No new constructions were detected in recent years; aerial images were reviewed from the year 2006 on the Google Earth tool, for that reason a possible demolition by the Municipality of Desamparados is not founded since it is the same construction since the period 2006 (sic) or earlier. With the point regarding possible invasions (sic) of public roads, a topographic survey is requested from the Topography and Cadastre Process for the verification of possible invasions (sic) of public roads from property No. 219452 to property No. 219232. In this same sector, incidence #5207550 was entered, with correspondence transfer No. 1032-19, indicating that the stormwater (Pluvial) sewer system is insufficient, it is forwarded to the Road Infrastructure and Public Works Process (…)” (report and evidence provided).
  • 7)Through emails sent on November 4 and 8, 2019, the Department of Road Infrastructure and Public Works requested that the protected party provide the address of Calle Mora in order to carry out an inspection (report and evidence provided).
  • 8)Through an email on November 26, 2019, sent to the address [email protected], indicated by the protected party for receiving notifications, the Mayor sent the petitioner official communication DT-FU-1872-19 of November 8, 2019 (report and evidence).

Regarding the Governing Health Area of Desamparados 9) On November 22, 2019, it received official communication DT-FU-1872-19 of November 8, 2019, issued by the Department of the Urban and Rural Oversight Process of the Municipality of Desamparados (reports and evidence provided).

  • 10)On November 22, 2019, incidence No. 5207550 was received, referring to a note sent by the appellant here, describing the problem with wastewater (aguas servidas) causing floods (reports and evidence provided).
  • 11)The requests are processed under consecutive complaint No. CS-ARS-D-DE-0714-2019 (reports rendered).
  • 12)On June 3, 2020, an inspection was carried out, following which acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0764-2020 was issued, in which it was indicated: “Attended by Mr. Minor Zúñiga Suárez, he indicates that the property is for sale, he is not being paid rent, he will wait for the companies to cut off the services because he cannot pay the services. Inspect the entire property for physical sanitary conditions, stormwater system (sistema pluvial) in poor condition, property in poor condition, wastewater (servidas) system in poor condition” (reports and evidence provided).
  • 13)On January 18, 2021, a follow-up visit was made and acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0063-2021 was issued, in which it was indicated: “The property was transferred to another person, half of the property was remodeled. Access to the second floor of the old part was eliminated, there are no longer tenants or any occupancy. First part already has tenants and is built, there is still material for finishing work” (reports and evidence provided).
  • 14)On February 19, 2021, a follow-up visit was made and acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0281-2021 was issued, in which it was recorded that the remodeling of the tenement building (cuartería) was continuing, so it lacked gutters (canoas) and downspouts (bajantes). Additionally, it was mentioned that the neighbors explained the problem occurring with the stormwater system (sistema pluvial), so the locality's system was reviewed, which apparently has inadequate configuration and discharges residual water, without bad odors and vector proliferation being perceived. Possible contamination from wastewater (aguas servidas) on the public road, coming from about twenty houses, was determined, but accurate results could not be obtained because there were few spaces to pour dye (reports and evidence provided).
  • 15)Technical inspection report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0187-2021 of February 19, 2021 was issued, which indicated the following conclusions: a) poor waste management on public roads was not observed, b) there is discharge of wastewater (aguas residuales) on public roads, coming from some homes in the locality, and c) the condition of the stormwater system (sistema pluvial) is a municipal competence. Based on these conclusions, it was recommended to coordinate actions with the Municipality of Desamparados in order to attend to and follow up on the complaint, including coordinating access to the stormwater system (sistema pluvial) and scheduling multiple dye tests on Calle Mora and in the northern sector of Barrio Los Ángeles (reports and evidence provided).
  • 16)Through official communication MS-DRRSCS-ARS-D-0158-2021 of February 19, 2021, the accompaniment to carry out the aforementioned actions was requested from the Coordinator of the Inspection Unit of the Municipality of Desamparados (reports and evidence provided).

III.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND BALANCED ENVIRONMENT. Article 50 of the Political Constitution establishes that all persons have the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado), as the protection of this right is one of the factors guaranteeing the exercise of the right to health contained in Article 21 of the Constitution. Likewise, Article 89 of the Magna Carta enshrines the duty of the State to maintain and protect natural riches. In that sense, this Court, through judgment No.

3705-93 of 3:00 p.m. on July 30, 1993, stated that:

"(…) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that although man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of "injury," already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (…)" Thus, coupled with the right to a healthy environment and the duty of each person to make rational use of natural resources, there is the duty of the State to ensure their protection and conservation, as well as the correlative authority to impose the corresponding sanctions for the breach of those duties. This is how Article 50 of the Fundamental Charter establishes the following:

"(…) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the harm caused.

The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions (…)" From the cited text, it is clearly evident that the State, through the bodies designated for that purpose, is responsible for guaranteeing all people a healthy and balanced environment, through the mechanisms that the law places at its disposal, in order to avoid irreversible damage to the environment and public health. In addition, it must promote the necessary measures so that each person enjoys their right to health (see, among others, Judgment No. 2009-006462 of 12:26 p.m. on April 24, 2009, and Judgment 2018-001089 of 9:30 a.m. on January 26, 2018).

IV.- IN REFERENCE TO THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND ITS PROTECTION THROUGH THE FUNCTION OF THE MUNICIPALITIES. Prior to the substantive analysis of the facts claimed in this amparo proceeding, it is pertinent to indicate that, within the framework of the Social and Democratic Rule of Law, the Economic, Social, and Cultural Rights have the fundamental objective of guaranteeing economic well-being and the development of human beings and peoples. From this, a subjective and an objective content of such rights can be pointed out. Thus, regarding the subjective sense, prestational rights demand the general activity of the State for the satisfaction of individual or collective needs. For its part, the objective sense configures such rights as vital minimums that the State must safeguard in favor of persons. The satisfaction of those needs presupposes the creation of necessary conditions and the commitment to progressively achieve their enjoyment. In the case of the Costa Rican constitutional block, we find such rights in the content of Article 50 of the Political Constitution and Article 26 of the American Convention on Human Rights. In the development, protection, and full enjoyment of the aforementioned rights, the function of the Municipalities and their bodies –including the district municipal councils– is relevant, which, based on constitutional Article 169, are obliged to effectively provide the public services entrusted to them. Thus, applicable in the specific case, such obligations entail the effective maintenance of public roads –streets, sidewalks, and sewage systems–, through which other rights are exercised and enjoyed, such as freedom of movement, health, and the right to a healthy environment. Regarding the latter, what this Court has indicated in its jurisprudence is relevant. Thus, in Judgment No. 2007-017552 of 12:22 p.m. on November 30, 2007, it stated:

"(…) The cited Article 50 also outlines the Social Rule of Law, so we can conclude that the Political Constitution emphasizes that environmental protection is an adequate mechanism to protect and improve the quality of life for all, which makes necessary the intervention of the Public Powers over factors that can alter its balance and hinder a person's development and unfolding in a healthy environment. The impact that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the State's activity finds its first reason for being, in that by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals, but also have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor of the same and, secondly, because the State's activity is directed towards the satisfaction of the interests of the community. In constitutional jurisprudence, the concept of 'environment' has not been limited to the primary elements of nature, be it the soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape; from which the environmental framework is formed without which basic demands -such as food, energy, housing, sanitation, and recreation- would be impossible. It is important to highlight that this term has been understood in a more integral way, establishing a 'macro-environmental' concept, by also encompassing aspects referring to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others: 'Therefore, Environmental Law should not be associated only with nature, as this is only part of the environment. The policy of nature protection also spills over onto other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave important concepts out and thus achieve a unification of the legal set we call Environmental Law (…)" " That said, this Chamber, as guarantor of Fundamental Rights, stands as a controller of the fulfillment of the obligations derived from the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, which constrain the State to recognize the indicated rights and, furthermore, to arrange to use the materially and juridically legitimate means to guarantee them.

V.- ON THE FUNCTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH. Pursuant to the provisions of Article 2 of the General Health Law, the Executive Branch, through the Ministry of Health, is responsible for the definition of the national health policy, the regulation, planning, and coordination of all public and private activities related to health, as well as the execution of those activities that fall under its purview according to the law. In that sense, the General Health Law itself provides in its Article 314 that, within its powers, it corresponds to the Ministry of Health to order and take the special measures authorized by law to prevent risk or harm to the health of persons or their spread or aggravation and to inhibit the continuation or recidivism in the infringement by individuals. Within the measures authorized to fulfill the purposes of the law in question, its regulations, and the complementary resolutions that health authorities issue within their competencies, officials dependent on the Ministry, duly identified, may carry out inspections or visits to perform sanitary operations, collect samples, or gather records or evidence, in buildings, dwellings, and industrial or commercial establishments, and in any place where infractions of the aforementioned laws, regulations, and resolutions could be perpetrated. Specifically, and in relation to the matter raised, the sanitary authorities can decree the closure, total or partial, temporary or definitive, of an establishment, building, dwelling, installation, or similar, inhibiting its operation through the placement of seals. This measure applies to any establishment operating without the corresponding sanitary authorization; to establishments that, needing a manager or technically responsible professional, are operating without one; to medical care, educational, commercial, industrial, recreation, entertainment, or other establishments whose state or condition involves danger to the health of the population, its personnel, or the individuals who frequent them; and to dwellings inhabited without basic sanitation conditions. All of the foregoing, without prejudice to the powers and obligations that special laws grant and impose on other public bodies or entities within their respective fields of action, as well as the duty to sanction those who infringe upon sanitary regulations.

VI.- ON THE SPECIFIC CASE. In the specific case, the appellant alleges an impairment of the right to a healthy and ecologically balanced environment on the occasion of two problems: a) channeling of sewage waters on Calle Mora, Barrio Los Ángeles, San Rafael Debajo de Desamparados, causing the waters to overflow and cause flooding, and b) contamination problems arising from the irregular operation of a rooming house (cuartería), and that the authorities of the Municipality of Desamparados and the Ministry of Health have not performed the corresponding acts to reverse the aforementioned problem.

Regarding such claims, based on the relation of proven facts, it is established that the cited problem has been denounced by the protected party and other community neighbors since the year 2019. Thus, it is on record that on October 21, 2019, they filed a complaint before the Municipality of Desamparados, alleging problems with water channeling, from which they have suffered flooding, damage to pipes and sewage systems, damage to the roadway, and damage to their properties. Furthermore, the problem caused by the operation of a rooming house (cuartería) was denounced, with residents there throwing food and garbage onto the public road. In the same vein, the Área Rectora de Salud de Desamparados (ARS Desamparados) was made aware of the mentioned problem through a complaint filed by the neighbors on November 22, 2019, and through official letter DT-FU-1872-19 of November 8, 2019, issued by the Department of the Urban and Rural Inspection Process of the Municipality of Desamparados. It is verified that both agencies executed some actions aimed at addressing the cited case, but they have not been effective in resolving the situations denounced by the appellant and the neighbors of Calle Mora, whether due to the ineffectiveness of the acts, delay in attention, or lack of coordination. Regarding the executed actions, the following should be noted:

a.- Regarding the problem of channeling sewage waters on Calle Mora. It is established that the Municipality of Desamparados performed the following acts: a) through official letter No. 1042-2019, the Municipal Mayor of Desamparados forwarded the matter to the Department of Road Infrastructure and Public Works, the Department of Urban and Rural Inspection, and the Department of Environmental Sanitation Management; b) through official letter DT-FU-1871-19 of November 8, 2019, the Department of the Urban and Rural Inspection Process forwarded correspondence to the Department of the Road Infrastructure and Public Works Process for them to perform the corresponding intervention; c) through emails sent on November 4 and 8, 2019, the Department of Road Infrastructure and Public Works requested the protected party to provide the address of Calle Mora, in order to carry out an inspection; and d) through official letter DT-FU-1872-19 of November 8, 2019, it forwarded the matter to the Área Rectora de Salud de Desamparados. Thus, it is known that the Department of Urban and Rural Inspection of the Municipality of Desamparados requested the Road Infrastructure and Public Works Process of that same entity to carry out an inspection to review the state of the sewage system, actions that would allow the execution of the pertinent works; however, the instances of the municipal corporation were remiss in performing the acts in compliance with what was indicated by the Topography and Cadastre Process, as the report of the municipal authorities attempts to evade their responsibility based on the allegation that the protected party did not present the address information for Calle Mora, a piece of information that she had provided from the initial complaint and that appears in the various documents provided. Added to the above, it is established that on February 19, 2021, through official letter MS-DRRSCS-ARS-D-0158-2021, the Área Rectora de Salud de Desamparados requested the Coordinator of the Inspection Unit of the Municipality of Desamparados for accompaniment to carry out an inspection of the stormwater system and perform multiple dye tests, without it having been reported within this amparo proceeding that the corresponding actions had been executed.

For its part, the Área Rectora de Salud de Desamparados became aware of the denounced problem on November 22, 2019, following the referral made by the municipality through official letter DT-FU-1872-19 of November 8, 2019, and through the complaint or report presented by the appellant and other neighbors of Calle Mora. However, nearly seven months passed before that entity executed any act in response to the complaint. It was on June 3, 2020, that it carried out an inspection, resulting in report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0764-2020, indicating that the stormwater and wastewater system was observed to be in poor condition; however, after said act, no new follow-up acts were executed, nor was the evaluation of the stormwater and wastewater system carried out. It was on the occasion of this amparo petition that a follow-up visit was made on February 19, 2021, and report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0281-2021 was issued, recording that the neighbors explained the problem occurring with the stormwater system, so the locality's system was reviewed, which apparently has an inadequate configuration and discharges residual water. Possible contamination by wastewater on the public road, originating from around twenty houses, was determined, but certain results could not be obtained because there were few spaces to pour dye. Subsequently, technical inspection report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0187-2021 of February 19, 2021, was issued, indicating, among other things, that there is a discharge of wastewater onto the public road, originating from some dwellings in the locality, and that the state of the stormwater system is municipal responsibility. Based on such reasons, it was recommended to coordinate with the Municipality of Desamparados the acts to address and follow up on the complaint, including coordinating to access the stormwater system and schedule multiple dye tests on Calle Mora and in the northern sector of Barrio Los Ángeles. However, within this proceeding, there is no evidence that the corresponding coordination actions permitting the adequate intervention of the stormwater and water channeling system have been executed.

b.- On the irregular operation of the rooming house (cuartería). In response to this part of the complaint, it is established that the Municipality of Desamparados, through the Department of the Urban and Rural Inspection Process, issued official letter DT-FU-1871-19 of November 8, 2019, requesting the intervention of the Cadastre and Topography Process, to verify the possible encroachment on the public road by the rooming house (cuartería). Furthermore, through official letter DT-FU-1872-19 of November 8, 2019, the Department of the Urban and Rural Inspection Process of the Municipality of Desamparados informed the Mayor about the referral of the protected party's complaint, stating: "(…) No new constructions were detected in recent years; the aerial images were reviewed since 2006 using the Google Earth tool, for that reason a possible demolition by the Municipality of Desamparados is not justified, since it is the same construction since the 2006 period (sic) or more. Regarding the point concerning possible encroachments (sic) on the public road, the Topography and Cadastre Process is requested to perform a topographic survey to verify possible encroachments (sic) on public roads from property No. 219452 to property No. 219232. In this same sector, report #5207550 was entered, with the referral of correspondence No. 1032-19, indicating that the storm sewer (sic) is insufficient, it is referred to the Road Infrastructure and Public Works Process (…)". From the above, it is established that the need to perform a topographic survey was repeatedly indicated, to determine if there was encroachment on the road by the property where the rooming house (cuartería) operated. However, there is no evidence that the corresponding follow-up was given, from which it should have been verified if indeed there was encroachment on the road and thereby determine the need to take some measure or intervention. As happened with the issue of the state of the stormwater system, the authorities of the Municipality of Desamparados attempt to justify such omission by alleging that the appellant did not comply with the request to indicate the community's address; however, such allegation is contradictory to the report issued by the Urban and Rural Inspection Process, which indicates that the location was found from the information initially presented in the appellant's complaint and through the use of technological tools, such as Google Earth. Thus, no justification is found for the authorities of the Municipality of Desamparados not having executed the necessary follow-up acts to adequately address the denounced problem and execute measures for a definitive solution.

Regarding the Área de Salud de Desamparados, as indicated, on June 3, 2020, it carried out an inspection, resulting in report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0764-2020, which indicated that the property owner stated it was for sale and that he was in the process of evicting the tenants. Additionally, the need to assess the sanitary conditions of the building was established. However, after that inspection, no new acts were executed, nor was the corresponding action ordered to carry out the assessment of the property's sanitary conditions, maintaining the factors that affect the right to a healthy and ecologically balanced environment, especially since structural faults affecting the community environment were detailed, such as it not having a water channeling system. It was on the occasion of this amparo petition that a follow-up visit was carried out on January 18, 2021, and report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0063-2021 was issued, indicating that the property was transferred to another owner and half of the building was remodeled, with access to the second floor being eliminated. Furthermore, it was noted that there were no tenants nor any occupation and that there was material for finishing works. However, no act was ordered to address the recommendation to carry out the assessment of the building's sanitary conditions and the lack of a water channeling system. Likewise, on February 19, 2021, a follow-up visit was made, and report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0281-2021 was issued, recording that the remodeling of the rooming house (cuartería) was continuing, so it lacked gutters and downspouts. Subsequently, in the aforementioned technical inspection report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0187-2021 of February 19, 2021, it was ordered to follow up on the complaint. Additionally, it was ruled out that there was poor solid waste management, which is due to the fact that at this time there are no tenants in the rooming house (cuartería), but it was not verified that adequate management of the waste arising from the works being executed on the property was taking place. Thus, the actions of the Área Rectora de Salud have not been sufficient nor necessary to adequately address the problem denounced by the appellant, contravening her fundamental rights regime.

VII.- CONCLUSION. By virtue of the foregoing, it is held that the Municipality of Desamparados and the Área Rectora de Salud de Desamparados, although they carried out some actions to address the complaint of the appellant and the neighbors of Calle Mora, Barrio Los Ángeles, San Rafael Abajo de Desamparados, the truth is that these were insufficient and ineffective in resolving the denounced problem, due to the lack of follow-up on the case within the scope of their competencies and of inter-institutional coordination. Thus, it is accredited that in the cited locality, a water channeling problem persists due to the poor state of the sewage system, accompanied by the improper discharge of wastewater from certain dwellings. Furthermore, the corresponding technical opinion has not been issued to determine if there is encroachment on the road occasioned by the building of the property that operated as a rooming house (cuartería), in which, moreover, although there is no poor solid waste management because there are no tenants at this time, the truth is that works are being carried out without proof of follow-up on the case to verify the adequate management of the waste arising from them and the sanitary conditions in which the property is maintained, as indicated by the corresponding instances of both defendant entities. Thus, more than two years have passed since the appellant filed the respective complaints, without sufficient acts having been executed, due to the lack of follow-up and institutional coordination, to reverse the denounced problem.

Under this state of affairs, in the present case, it is concluded that the fundamental rights of the protected party have been violated. Consequently, it is appropriate to grant this amparo proceeding, as is indeed ordered and in accordance with the provisions in the operative part of this judgment.

VIII.- NOTE BY JUSTICE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.

1. The historical context that once motivated the extensive intervention of the Chamber in environmental matters has undergone considerable change, which obliges this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of persons to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation –characterized by extremely broad legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter– is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed upon the Chamber a protagonistic role, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we find ourselves facing a "dense network" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of encompassing legal regulation regarding activities whose impact on the environment was poorly or not at all ordered, thus the creation of state bodies with powers of vigilance and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon is that this growing juridification –predominantly legislative and regulatory– brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction –primarily the administrative litigation courts, but also the criminal courts. In them, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive means of standing have been established, so that the administered can enforce what is established in that broad legal order related to the environmental matter.

3. In that context, it is neither legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or -worse yet- substitute, the ordinary justice bodies in the realization of their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally inappropriate because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking an overlap of its competencies with those of other jurisdictional bodies that –they indeed– have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its proceedings is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and juridically complex facts and acts. Regarding both issues, there are well-known examples in which the Chamber has delivered a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have enforcement judges for its judgments that allow adequate follow-up of them –generally complex–, which sometimes involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and monitoring for months and even years.

5. From that perspective, the decision of this Court to take a step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental matter, but on the contrary, as its adequate protection in the instance best suited to the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the decline of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise in rearranging the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each one can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of determining its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber does not propose abandoning the task of protecting the rights of persons in environmental matters to other jurisdictions. It is known that while any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution demands nothing more than the application of constitutional law. Thus, it is about ensuring that the Chamber becomes a protagonist, along with others, so that –among all, and each in their own space– the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection but gains substantially in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Chamber should abstain from hearing claims presented for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, leaving their handling in the hands of administrative justice and the administrative litigation jurisdiction. The foregoing is stated in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this enumeration considered a closed and definitive list, I can note that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infractions that also directly endanger people's health, or access to or quality of water; cases of gross and direct violations to the environment in which a palpable absence of protection by state authorities is verified, provided always that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I believe that the amparo should also not be "ordinary-fied" to address, even in these cited cases, topics that exceed the capacity to be adequately handled within it.

In the specific case, in accordance with the facts presented, the situation denounced could affect health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), since they have not resolved a complaint regarding an inadequate water discharge and poor management of waste from a rooming house (cuartería). Consequently, it is clear that we are facing the exceptions mentioned and for that reason I have deemed it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the protected persons.

IX.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the opinion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which it is alleged that the respondent authorities have not resolved a complaint regarding an inadequate water discharge and poor management of waste from a rooming house (cuartería), which causes a danger to the health of the appellant party, and also a threat to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.

X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is granted. Gilbert Jiménez Siles, Álvaro Fallas Segura and Asdrúbal Fonseca Pineda are ordered, in their respective capacities, Municipal Mayor, President of the Municipal Council and Road Infrastructure Coordinator, all of the Municipalidad de Desamparados, as well as Carolina Umaña Cisneros, in her capacity as Acting Director of the Área Rectora de Salud de Desamparados, or whoever holds such positions, to immediately coordinate and adopt the actions within the scope of their competencies so that, within a maximum period of fifteen days, counted from the notification of this judgment, the complaints filed are resolved and the actions that must be adopted for the definitive solution of the problem that may be identified are identified, in which case, such actions must be executed within a maximum period of six months counted from the notification of this judgment. This entails that, if necessary, the pertinent coordination with other institutions with competence in the matter shall be carried out. Additionally, they must send the appellant reports on the acts performed. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipalidad de Desamparados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence of the contentious-administrative jurisdiction. Judge Hernández López makes a note. Judge Salazar Alvarado makes a note. Notify.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *8I4W43ISVJSG61* 1 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Marcadores

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

ALCANTARILLADO.

005042-21. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, SE ATIENDA EL PROBLEMA DE CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS DEL ALCANTARILLADO EN CALLE MORA, BARRIO LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL DEBAJO DE DESAMPARADOS.

LBH04/21 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría 005042-21. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, SE ATIENDA EL PROBLEMA DE CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS DEL ALCANTARILLADO EN CALLE MORA, BARRIO LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL DEBAJO DE DESAMPARADOS.

LBH04/21 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría 005042-21. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, SE ATIENDA EL PROBLEMA DE CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS DEL ALCANTARILLADO EN CALLE MORA, BARRIO LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL DEBAJO DE DESAMPARADOS.

LBH04/21 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría 005042-21. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, SE ATIENDA EL PROBLEMA DE CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS DEL ALCANTARILLADO EN CALLE MORA, BARRIO LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL DEBAJO DE DESAMPARADOS.

LBH04/21 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría 005042-21. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, SE ATIENDA EL PROBLEMA DE CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS DEL ALCANTARILLADO EN CALLE MORA, BARRIO LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL DEBAJO DE DESAMPARADOS.

LBH04/21 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada VIII.- NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA.

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos expuestos, la situación denunciada podría afectar la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), pues no han resuelto una denuncia por un inadecuado desfogue de aguas y un mal manejo de residuos provenientes de una cuartería. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionadas y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.

LBH04/21 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada IX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que las autoridades recurridas no han resuelto una denuncia por un inadecuado desfogue de aguas y un mal manejo de residuos provenientes de una cuartería, lo que provoca un peligro para la salud de la parte recurrente, y también, una amenaza al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

LBH04/21 ... Ver más *210003060007CO* Res. Nº 2021005042 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-000306-0007-CO, interpuesto por MARIANELA SALAS QUIRÓS, cédula de identidad 0111990081, contra MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS Y MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

1.- Por escrito presentado por Gestión en Línea y que fue incorporado en el expediente electrónico a las 11:57 horas de 7 de enero de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Desamparados. Manifiesta que desde el 21 de octubre de 2019, interpuso ante la Municipalidad de Desamparados una denuncia ambiental, relacionada con el problema, que cataloga como urgente, de canalización de las aguas del alcantarillado que se desbordan cuando llueve, causando inundaciones y daños. Expone que la problemática ocurre tanto en su propiedad, la cual cuenta con matrícula No. 222750-000, como en la de sus vecinos de barrio Los Ángeles en San Rafael Abajo de Desamparados. Asegura que las inundaciones se dan cada vez que llueve, debido a la poca canalización de las aguas y las construcciones ilegales que depositan las aguas negras y jabonosos en la alcantarilla. Detalla que tiene una hija menor de edad y su familia se ve directamente afectada por la problemática denunciada que provoca malos olores, plagas de cucarachas, moscas y roedores. Subraya que la situación expuesta, además de afectar la salud física y mental, también ha ocasionado la devaluación de la propiedad. Aunado a lo anterior y según prueba aportada al expediente, en la denuncia señalada, además se denunció problemas de contaminación por el funcionamiento irregular de una cuartería, así como invasión de la vía pública por parte del dueño del inmueble, quien edificó la estructura por fuera del límite municipal. Reclama que al día en que acude a la Sala, la autoridad recurrida no le ha brindado solución alguna. Considera que los hechos y omisiones descritas, lesionan sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 12:27 horas de 8 de enero de 2021, se le dio curso a este recurso de amparo y se le solicitó informe al Alcalde, al Presidente del Concejo Municipal y al Jefe del Departamento de Obras Públicas y Unidad Técnica de Gestión Vial, todos de la Municipalidad de Desamparados.

3.- Rinde informe, bajo juramento, Gilbert Jiménez Siles, Álvaro Fallas Segura y Asdrúbal Fonseca Pineda, por su orden, Alcalde Municipal, Presidente del Concejo Municipal y Coordinadora de Infraestructura Vial, todos de la Municipalidad de Desamparados. Manifiestan que con ocasión de este recurso de amparo, se solicitó un informe al Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas de la municipalidad. Dicho departamento, por oficio DT-IV-034-2021, informó lo siguiente: “(…) se remitió el traslado de correspondencia de la Alcaldía Municipal No. 1042-2019, en la cual adjunta la nota suscrita por los vecinos de Calle Mora, en Barrio Los Ángeles en el Distrito San Rafael Abajo y en ella se indica como contacto a la señora Mariela Salas, correo electrónico [email protected]. Mediante el memorando No. DT-IV-300-19 de 29 de octubre se traslada el caso al Ing. Manuel Gutiérrez J. y al Sr. Shenesser Mata M., para realizar la inspección y el informe respectivo. Mediante correos electrónicos, remitidos por el Dr. Mats, el lunes 04 y 08 de noviembre del 2019, trataron de localizar a la Sra. Salas Quirós, en los cuales se le solicita la dirección del sitio ya que con el nombre de Calle Mora no se tienen registros; y de los cuales no obtuvieron respuesta. Con fecha de 11 de noviembre del 2019 el Ing. Gutiérrez le informa a la Sra. Roxana Soto Muñoz, Asistente de la Alcaldía, de estos hechos ya que el traslado de correspondencia No. 1042-2019, tenía un plazo de 5 días. Sin embargo, es de conocimiento de este proceso administrativo que el Proceso de Fiscalización Urbana y rural procedió a atender la nota enviada por los vecinos de Calle Mora, que se señala en el recurso de amparo y fue informada al respecto la señora recurrente (…)”. Indican que a partir de lo dicho en el oficio supra citado, la Alcaldía procedió a verificar lo acontecido ante la gestión de la amparada, siendo que al efecto presentan el siguiente cuadro con los actos administrativos a partir de los cuales, según sus criterios, acreditan el quehacer administrativo ante la denuncia de la amparada y de los vecinos donde habita.

Indican que en su gestión, la amparada señaló como medio de notificación la dirección de correo electrónico [email protected], siendo que se le remitió correo por medio del cual se le notificó sobre las acciones efectuadas. Acotan que lo reclamado en este proceso, en algunos puntos difiere de lo expuesto en la denuncia. Sostienen que a partir del cuadro de actos administrativos, se constata que la corporación municipal atendió oportunamente la denuncia. Esto, además, consta en oficio DT-FU-1872-19 suscrito por el funcionario Ing. Pablo Brenes, siendo que dicho documento fue notificado a la amparada y a los vecinos de Calle Mora en fecha 26 de noviembre de 2019. Reiteran que la gestión de la amparada fue debidamente atendida por la Municipalidad. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

4.- Por resolución de las 10:34 horas de 16 de febrero de 2021, se amplió el recurso de este proceso y se le solicitó informe al Director del Área Rectora de Salud Desamparados.

5.- Rinde informe, bajo juramento, Carolina Umaña Cisneros, en condición de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Desamparados. Manifiesta que el 22 de noviembre de 2019, se recibió oficio DT-FU-1870-19 en el que se trasladó la denuncia de los vecinos de Calle Mora, Barrio Los Ángeles de San Rafael Abajo de Desamparados. En el documento se expuso la problemática por la actividad de alquiler de cuartos, en los cuales, aparentemente, había lanzamiento de comida y basura a vía pública. Asimismo, se trasladó la incidencia No. 5207550 referente a una nota enviada por la acá recurrente, exponiendo la problemática con aguas servidas que provocan inundaciones. A las gestiones de cita, se les asignó el consecutivo de denuncia No. CS-ARS-D-DE-0714-2019. Indica que el 3 de junio de 2020 se realizó una visita de inspección en el sitio denunciado, a partir de lo cual se emitió el acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0764-2020, en el que se indicó que el propietario del inmueble manifestó que este se encontraba en venta y que estaba en proceso de desalojar a los inquilinos. No obstante, se estableció efectuar la valoración de las condiciones sanitarias de la edificación y se observó el sistema pluvial y de aguas servidas en mal estado. Posteriormente, el 18 de enero de 2021 se realizó visita de seguimiento y se emitió acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0063-2021, en la que se indicó que la finca se trasladó a otro propietario y se remodeló la mitad de la edificación, siendo que se eliminó el acceso a la segunda planta. Además, se señaló que no había inquilinos ni ocupación alguna y que había material para realizar acabados. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021 se realizó visita de seguimiento y se emitió acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0281-2021, en la que se hizo constar que se continuaba con la remodelación de la cuartería, por lo que no contaba con canoas y bajantes. Además, se mencionó que los vecinos explicaron el problema que se presenta con el sistema pluvial, por lo que se revisó el sistema de la localidad, el cual, aparentemente, presenta inadecuada configuración y vertido agua residual, sin que se percibieran malos olores y proliferación de vectores. Se determinó posible contaminación por aguas servidas en la vía pública, proveniente de alrededor de veinte casas, pero no se pudo obtener resultados certeros porque hay pocos espacios para verter colorante. Expone que ante tales circunstancias, se emitió informe técnico MS-DRRSCS-ARS-ERS-IT-0187-2021, en el que se concluyó que la propiedad finca No. 260371 se encuentra en remodelación y ante la falta de sistema pluvial y desconocimiento de la conexión de aguas residuales, siendo que corresponde a la Municipalidad de Desamparados, según la normativa vigente, supervisar las obras avaladas en el permiso de construcción, así como de construcciones ilegales. Además, que el sistema pluvial de la localidad se encuentra en mal estado y se halla por debajo de la calle, lo que no permite revisión de forma sencilla. Afirma que durante las inspecciones no se observó un mal manejo de residuos en vía pública ni malos olores ni proliferación de vectores tales como cucarachas y moscas. Reitera que el sistema pluvial es competencia de la Municipalidad de Desamparados. Señala que así las cosas, se dispuso coordinar con la Municipalidad de Desamparados una vista para acceder al sistema pluvial y realiza coloraciones múltiples en las viviendas de Calle Mora y en el sector norte de Barrio Los Ángeles. Asegura que mediante oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0158-2021, se solicitó al Coordinador de la Unidad de Inspección de la Municipalidad de Desamparados el acompañamiento para realizar las acciones supra citadas. Aunado a lo anterior, expone que se identificó una fábrica que funciona sin permiso sanitario de funcionamiento. A partir de lo anterior, argumenta que el Área de Salud no ha sido omisa en la atención de la denuncia de los vecinos y por el contrario, se han ejecutado actos que han permitido evidenciar el problema sanitario que se presenta en la localidad en la que vive la recurrente. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que en la comunidad en la que vive hay problemas de canalización de las aguas del alcantarillado lo que causa que las aguas se desborden causando inundaciones, así como problemas de contaminación a partir del funcionamiento irregular de una cuartería. No obstante, la Municipalidad de Desamparados y el Área Rectora de Salud de Desamparados no han ejecutado actos con el fin de revertir los problemas de cita, a pesar que han presentado las denuncias correspondientes.

II.- HECHO PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

  • 1)La amparada es vecina de Calle Mora de barrio Los Ángeles, San Rafael Abajo de Desamparados (hecho no controvertido).

En cuanto al a Municipalidad de Desamparados 2) El 21 de octubre de 2019 la amparada interpuso, junto con varios vecinos de la comunidad, una denuncia ante la Municipalidad de Desamparados, alegando problemas con la canalización de aguas, a partir de lo cual han sufrido inundaciones, daños en tuberías y alcantarillado, daños en la calzada y daños en sus propiedades. Además, se denunció un problema ocasionado por el funcionamiento de una cuartería, siendo que los residentes en esta tiran comida y basura a la vía pública (prueba aportada).

  • 3)Mediante oficio No. 1042-2019, el Alcalde Municipal de Desamparados trasladó la gestión al Departamento de Infraestructura Vial y Obras Pública, al Departamento de Fiscalización Urbana y Rural y al Departamento de Gestión de Saneamiento Ambiental, todos de la Municipalidad de Desamparados (informe y prueba aportada).
  • 4)Mediante oficio DT-FU-1870-19 de 19 de noviembre de 2019, la Municipalidad de Desamparados solicitó al Área Rectora de Salud de Desamparados que efectuara la intervención correspondiente (informe y prueba aportada).
  • 5)Por oficio DT-FU-1871-19 de 8 de noviembre de 2019, el Departamento del Proceso de Fiscalización Urbana y Rural de la Municipalidad de Desamparados solicitó al Proceso de Catastro y Topografía su intervención, con el fin de que se verificara la posible invasión de la vía pública por parte de la cuartería (informe y prueba aportada).
  • 6)Mediante oficio DT-FU-1872-19 de 8 de noviembre de 2019, el Departamento del Proceso de Fiscalización Urbana y Rural de la Municipalidad de Desamparados informó al Alcalde sobre el traslado de la denuncia de la amparada, indicando: “(…) No se detectó construcciones nuevas, en los últimos años, se revisó las imágenes áreas (sic) desde el año 2006 en la herramienta Google Earth, por esa razón no se fundamenta una posible demolición por parte de la Municipalidad de Desamparados ya que es la misma construcción desde hace el period 2006 (sic) o más. Con el punto referente a las posibles invaciones (sic) a la vía pública, se le solicita al Proceso de Topografía y Catastro, un levantamiento topográfico para la verificación de posibles invaciones (sic) vía públicas desde la finca No. 219452 hasta la fina No. 219232. En este mismo sector ingreso (sic) la incidencia #5207550, con el traslado de correspondencia No. 1032-19, indica que es insuficiente el calcatrarillado (sic) Pluvial, se traslada a Proceso Infraestructura Vial y Obras Públicas (…)” (informe y prueba aportada).
  • 7)Mediante correos emitidos los días 4 y 8 de noviembre de 2019, el Departamento de Infraestructura Vial y Obras Públicas solicitó a la amparada que aportara la dirección de Calle Mora, con el fin de efectuar una inspección (informe y prueba aportada).
  • 8)Mediante correo electrónico de 26 de noviembre de 2019, remitido a la dirección [email protected], señalada por la amparada para recepción de notificaciones, el Alcalde remitió al petente el oficio DT-FU-1872-19 de 8 de noviembre de 2019 (informe y prueba).

En cuanto al Área Rectora de Salud de Desamparados 9) El 22 de noviembre de 2019, recibió el oficio DT-FU-1872-19 de 8 de noviembre de 2019 emitido por el Departamento del Proceso de Fiscalización Urbana y Rural de la Municipalidad de Desamparados (informes y pruebas aportadas).

  • 10)El 22 de noviembre de 2019, se recibió la incidencia No. 5207550 referente a una nota enviada por la acá recurrente, exponiendo la problemática con aguas servidas que provocan inundaciones (informes y pruebas aportadas).
  • 11)Las gestiones se tramitan con el consecutivo de denuncia No. CS-ARS-D-DE-0714-2019 (informes rendidos).
  • 12)El 3 de junio de 2020, se efectuó una inspección, a partir de la cual se emitió el acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0764-2020, en la que se indicó: “ Atiende el señor Minor Zúñiga Suárez, indica que la propiedad está en venta, no le están pagando los alquileres, él va a esperar que los servicios los corte (sic) las compañías por que (sic) no puede pagar los servicios. Revisar todas la propiedad por condiciones físico sanitarias, sistema pluvial en mal estado, propiedad en condiciones de mal estado, sistema de servidas en mal estado” (informes y pruebas aportadas).
  • 13)El 18 de enero de 2021 se realizó visita de seguimiento y se emitió acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0063-2021, en la que se indicó: “ La propiedad se trasladó a otra persona, se remodeló la mitad de la propiedad. Se eliminó el acceso a la segunda planta de la vieja, ya no hay inquilinos ni ocupación alguna. Primera parte ya tiene inquilinos y construida, aún hay material para acabados” (informes y pruebas aportadas).
  • 14)El 19 de febrero de 2021 se realizó visita de seguimiento y se emitió acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0281-2021, en la que se hizo constar que se continuaba con la remodelación de la cuartería, por lo que no contaba con canoas y bajantes. Además, se mencionó que los vecinos explicaron el problema que se presenta con el sistema pluvial, por lo que se revisó el sistema de la localidad, el cual, aparentemente, presenta inadecuada configuración y vertido agua residual, sin que se percibieran malos olores y proliferación de vectores. Se determinó posible contaminación por aguas servidas en la vía pública, proveniente de alrededor de veinte casas, pero no se pudo obtener resultados certeros porque hay pocos espacios para verter colorante (informes y pruebas aportadas).
  • 15)Se emitió informe técnico de inspección MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0187-2021 de 19 de febrero de 2021 en el que se indicaron las siguientes conclusiones: a) no se observó mal manejo de residuos en vía pública, b) hay vertido de aguas residuales en vía pública, proveniente de algunas viviendas de la localidad y c) el estado del sistema pluvial es competencia municipal. A partir de dichas conclusiones, se recomendó coordinar con la Municipalidad de Desamparados los actos con el fin de atender y dar seguimiento de la denuncia, dentro de estos coordinar para acceder al sistema pluvial y programar coloraciones múltiples en Calle Mora y en el sector norte de Barrio Los Ángeles (informes y pruebas aportadas).
  • 16)Mediante oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0158-2021 de 19 de febrero de 2021, se solicitó al Coordinador de la Unidad de Inspección de la Municipalidad de Desamparados el acompañamiento para realizar las acciones supra citadas (informes y pruebas aportadas).

III.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO. El artículo 50 de la Constitución Política establece que, todas las personas tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues la protección a este derecho es una de los factores que garantizan el ejercicio del derecho a la salud contenido en el artículo 21 constitucional. Igualmente, el artículo 89 de la Carta Magna, consagra el deber del Estado de mantener y proteger las riquezas naturales. En ese sentido, este Tribunal por medio de la sentencia No. 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, indicó que:

"(…)La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (…)" Así las cosas, aunado al derecho a un ambiente sano y al deber de cada persona de hacer un uso racional de los recursos naturales, se encuentra el deber del Estado de velar por su protección y conservación, así como la correlativa facultad de imponer las sanciones correspondientes por el incumplimiento de esos deberes. Es así como el artículo 50 de la Carta Fundamental, establece lo siguiente:

"(…) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes (…)" De lo citado, se desprende claramente, que el Estado, a través de los órganos designados al efecto, es el encargado de garantizar a todas las personas, un ambiente sano y equilibrado, esto a través de los mecanismos que la ley pone a su disposición, con el fin de evitar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud pública. Aunado a ello, debe promover las medidas necesarias, para que cada persona, disfrute de su derecho a la salud (ver, entre otras, Sentencia No. 2009-006462 de las 12:26 hrs. del 24 de abril del 2009 y Sentencia 2018-001089 de las 09:30 hrs. de 26 de enero de 2018).

IV.- EN REFERENCIA AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SU TUTELA POR MEDIO DE LA FUNCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES. De previo al análisis de fondo de los hechos reclamados en este proceso de amparo, corresponde indicar que, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser humano y los pueblos. A partir de esto, se puede señalar un contenido subjetivo y otro objetivo de tales derechos. Así, en cuanto al sentido subjetivo, los derechos prestacionales demandan la actividad general del Estado para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. Por su parte, el sentido objetivo configura a tales derechos como mínimos vitales que el Estado debe resguardar a favor de las personas. La satisfacción de esas necesidades supone la creación de condiciones necesarias y el compromiso de lograr progresivamente su goce. En el caso del bloque de constitucionalidad costarricense, encontramos tales derechos en el contenido del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el desarrollo, tutela y pleno disfrute de los derechos de cita, resulta de relevancia la función de las Municipalidades y sus órganos –incluyendo los concejos municipales de distrito-, las cuales, a partir del artículo 169 constitucional, se encuentran en la obligación de prestar en forma efectiva los servicios públicos que les han sido encomendados. Así, de aplicación en el caso concreto, tales obligaciones conllevan el efectivo mantenimiento de las vías públicas -caminos, acerás y alcantarillado-, por medio de las cuales se ejercitan y disfrutan otros derechos, tales como la libertad ambulatoria, la salud y el derecho a un ambiente sano. Respecto a este último, resulta de relevancia lo indicado por este Tribunal en su jurisprudencia. Así, en Sentencia N° 2007-017552 de las 12:22 horas de 30 de noviembre de 2007, indicó:

“(…) El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. En la jurisprudencia constitucional el concepto de ‘ambiente’, no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto ‘macro-ambiental’, al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros: ‘Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental (…)” Dicho lo anterior, se tiene que esta Sala, como garante de los Derechos Fundamentales, se erige como un controlador del cumplimiento de las obligaciones derivadas de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, los cuales constriñen al Estado a reconocer los derechos señalados y, además, a disponer a utilizar los medio materiales y jurídicamente legítimos para garantizarlos.

V.- SOBRE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. Conforme lo dispone el artículo 2°, de la Ley General de Salud al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, le corresponde la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. En ese sentido, la propia Ley General de Salud dispone en su artículo 314 que, dentro de sus atribuciones, le corresponde al Ministerio de Salud ordenar y tomar las medidas especiales que habilita la ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. Dentro de las medidas autorizadas para cumplir los fines de la ley de comentario, de sus reglamentos y de las resoluciones complementarias que las autoridades de salud dicten dentro de sus competencias, los funcionarios dependientes del Ministerio, debidamente identificados, puede realizar inspecciones o visitas para practicar operaciones sanitarias, recoger muestras o recolectar antecedentes o pruebas, en edificios, viviendas y establecimientos industriales, de comercio y en cualquier lugar en el que pudieran perpetrarse infracciones a las leyes y reglamentos y resoluciones aludidos. Específicamente y, en relación con el asunto planteado, las autoridades sanitarias pueden decretar el cierre, total o parcial, temporal o definitivo, de un establecimiento, edificio, vivienda, instalación o similares, inhibiendo su funcionamiento a través de la colocación de sellos. Esta medida procede respecto de todo establecimiento que funcione sin la autorización sanitaria correspondiente; de los establecimientos que debiendo tener regente o profesional responsable técnico, estén funcionando sin tenerlo; de los establecimientos de atención médica, de educación, comercio, industriales, de recreación, de diversión u otros cuyo estado o condición involucren peligro para la salud de la población, de su personal o de los individuos que los frecuenten y de la vivienda que se habite sin condiciones de saneamiento básico. Todo lo anterior, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que leyes especiales otorguen e impongan a otros órganos o entes públicos dentro de sus respectivos campos de acción, así como el deber de sancionar a los que infrinjan la normativa sanitaria.

VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso concreto, la recurrente alega la afectación al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado con ocasión a dos problemas: a) canalización de las aguas del alcantarillado en Calle Mora, Barrio Los Ángeles de San Rafael Debajo de Desamparados, lo que causa que las aguas se desborden causando inundaciones, y b) problemas de contaminación a partir del funcionamiento irregular de una cuartería, siendo que las autoridades de la Municipalidad de Desamparados y del Ministerio de Salud no han realizado los actos correspondientes con el fin de revertir el problema de cita.

Respecto a tales alegatos, a partir de la relación de hechos probados se tiene por acreditado que la problemática de cita ha sido denunciada por la amparada y demás vecinos de la comunidad, desde el año 2019. Así, consta que el 21 de octubre de 2019, interpusieron una denuncia ante la Municipalidad de Desamparados, alegando problemas con la canalización de aguas, a partir de lo cual han sufrido inundaciones, daños en tuberías y alcantarillado, daños en la calzada y daños en sus propiedades. Además, se denunció el problema ocasionado por el funcionamiento de una cuartería, siendo que los residentes en esta tiran comida y basura a la vía pública. En ese mismo sentido, el Área Rectora de Salud de Desamparados fue puesta en conocimiento de la problemática mencionada a partir de denuncia que presentaron los vecinos en fecha 22 de noviembre de 2019 y por medio de oficio DT-FU-1872-19 de 8 de noviembre de 2019 emitido por el Departamento del Proceso de Fiscalización Urbana y Rural de la Municipalidad de Desamparados. Se constata que ambas dependencias ejecutaron algunas acciones tendientes a la atención del caso de cita, pero no han sido efectivas para resolver las situaciones denunciadas por la recurrente y los vecinos de Calle Mora, ya sea por ineficacia de los actos, por la dilación en la atención y por la falta de coordinación. Sobre las actuaciones ejecutadas corresponde señalar lo siguiente:

a.- Respecto al problema de canalización de las aguas del alcantarillado en Calle Mora. Se tiene por acreditado que la Municipalidad de Desamparados efectuó los siguientes actos: a) mediante oficio No. 1042-2019, el Alcalde Municipal de Desamparados trasladó la gestión al Departamento de Infraestructura Vial y Obras Pública, al Departamento de Fiscalización Urbana y Rural y al Departamento de Gestión de Saneamiento Ambiental, b) por oficio DT-FU-1871-19 de 8 de noviembre de 2019, el Departamento de Proceso de Fiscalización Urbana y Rural trasladó correspondencia al Departamento de Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas para que hicieran la intervención correspondiente, c) mediante correos emitidos los días 4 y 8 de noviembre de 2019, el Departamento de Infraestructura Vial y Obras Públicas solicitó a la amparada que aportara la dirección de Calle Mora, con el fin de efectuar una inspección y d) mediante oficio DT-FU-1872-19 de 8 de noviembre de 2019 dio traslado al Área Rectora de Salud de Desamparados. Así, se tiene que el Departamento de Fiscalización Urbana y Rural de la Municipalidad de Desamparados solicitó al Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas de esa misma entidad que realizara una inspección con el fin de revisar el estado del alcantarillado, acciones que permitirían ejecutar las obras pertinentes; empero, las instancias de la corporación municipal fueron omisas en efectuar los actos en acatamiento de lo señalado por el Proceso de Topografía y Catastro, siendo que en el informe de las autoridades municipales intentan evadir su responsabilidad a partir del alegato que la amparada no presentó la información de la dirección de Calle Mora, dato que fue aportado por la misma desde la denuncia inicial y que consta en los diferentes documentos aportados. Aunado a lo anterior, se tiene que el 19 de febrero de 2021, mediante oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0158-2021, el Área Rectora de Salud de Desamparados solicitó al Coordinador de la Unidad de Inspección de la Municipalidad de Desamparados el acompañamiento para realizar una inspección del sistema pluvial y realizar pruebas de coloración múltiple, sin que se haya informado dentro de este proceso de amparo que se haya ejecutado lo correspondiente.

Por su parte, el Área Rectora de Salud de Desamparados tuvo conocimiento de la problemática denunciada el 22 de noviembre de 2019 a partir del traslado que le hizo la municipalidad mediante oficio DT-FU-1872-19 de 8 de noviembre de 2019 y por la denuncia o incidencia presentada por la recurrente y demás vecinos de Calle Mora. No obstante, transcurrieron cerca de siete meses para que esa entidad ejecutara algún acto en atención de la denuncia. Fue el 3 de junio de 2020 que efectuó una inspección, a partir de la cual se emitió el acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0764-2020, indicando que se observó el sistema pluvial y de aguas servidas en mal estado; empero, posterior a dicho acto, no se ejecutaron nuevos actos seguimiento del caso ni se hizo la evaluación del sistema pluvial y de aguas servidas. Fue con ocasión de este recurso de amparo, que el 19 de febrero de 2021 se realizó visita de seguimiento y se emitió acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0281-2021, en la que se hizo constar que los vecinos explicaron el problema que se presenta con el sistema pluvial, por lo que se revisó el sistema de la localidad, el cual, aparentemente, presenta inadecuada configuración y vertido agua residual. Se determinó posible contaminación por aguas servidas en la vía pública, proveniente de alrededor de veinte casas, pero no se pudo obtener resultados certeros porque hay pocos espacios para verter colorante. Posteriormente se emitió informe técnico de inspección MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0187-2021 de 19 de febrero de 2021 en el que se indicó, entre otras cosas, que hay vertido de aguas residuales en vía pública, proveniente de algunas viviendas de la localidad y que el estado del sistema pluvial es responsabilidad municipal. A partir tales razones, se recomendó coordinar con la Municipalidad de Desamparados los actos con el fin de atender y dar seguimiento de la denuncia, dentro de estos coordinar para acceder al sistema pluvial y programar coloraciones múltiples en Calle Mora y en el sector norte de Barrio Los Ángeles. No obstante, dentro de este proceso, no consta que se haya ejecutado las acciones de coordinación correspondientes que permitan la intervención adecuada del sistema pluvial y de canalización de aguas.

b.- Sobre el funcionamiento irregular de la cuartería. En atención a este extremo de la denuncia, se tiene que la Municipalidad de Desamparados, mediante el Departamento del Proceso de Fiscalización Urbana y Rural emitió el oficio DT-FU-1871-19 de 8 de noviembre de 2019, solicitando al Proceso de Catastro y Topografía su intervención, con el fin de que se verificara la posible invasión de la vía pública por parte de la cuartería. Además, mediante oficio DT-FU-1872-19 de 8 de noviembre de 2019, el Departamento del Proceso de Fiscalización Urbana y Rural de la Municipalidad de Desamparados informó al Alcalde sobre el traslado de la denuncia de la amparada, indicando: “(…) No se detectó construcciones nuevas, en los últimos años, se revisó las imágenes áreas (sic) desde el año 2006 en la herramienta Google Earth, por esa razón no se fundamenta una posible demolición por parte de la Municipalidad de Desamparados ya que es la misma construcción desde hace el period 2006 (sic) o más. Con el punto referente a las posibles invaciones (sic) a la vía pública, se le solicita al Proceso de Topografía y Catastro, un levantamiento topográfico para la verificación de posibles invaciones (sic) vía públicas desde la finca No. 219452 hasta la fina No. 219232. En este mismo sector ingreso (sic) la incidencia #5207550, con el traslado de correspondencia No. 1032-19, indica que es insuficiente el calcatrarillado (sic) Pluvial, se traslada a Proceso Infraestructura Vial y Obras Públicas (…)”. A partir de lo anterior, se tiene que en reiteradas ocasiones se indicó la necesidad de realizar un levantamiento topográfico con el fin de determinar si había invasión de vía por parte del inmueble en el que funcionaba la cuartería. Sin embargo, no consta que se haya dado el seguimiento correspondiente, a partir del cual se debía verificar si en efecto había invasión de vía y con ello determinar la necesidad de tomar alguna medida o intervención. Al igual que sucedió con el tema del estado del sistema pluvial, las autoridades de la Municipalidad de Desamparados intentan justificar tal omisión alegando que la recurrente no cumplió con la solicitud de que indicara la dirección de la comunidad; empero, tal alegato resulta contradictorio al informe que rindió el Proceso de Fiscalización Urbana y Rural, a partir del cual se indica que se localizó el lugar a partir de la información presentada inicialmente en la denuncia de la recurrente y a partir del uso de herramientas tecnológicas, tal como Google Earth. De tal forma, no se encuentra justificación alguna para que las autoridades de la Municipalidad de Desamparados no hayan ejecutado los actos de seguimiento necesarios para atender adecuadamente la problemática denunciada y ejecutar las medidas para una solución definitiva.

En cuanto al Área de Salud de Desamparados, tal como se indicó, el 3 de junio de 2020 efectuó una inspección, a partir de la cual se emitió el acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0764-2020, en el que se indicó que el propietario del inmueble manifestó que este se encontraba en venta y que estaba en proceso de desalojar a los inquilinos. Además, se estableció la necesidad de efectuar la valoración de las condiciones sanitarias de la edificación. No obstante, posterior a esa inspección, no se ejecutaron nuevos actos ni se dispuso lo correspondiente para realizar la valoración de las condiciones sanitarias del inmueble, manteniendo los factores que afectan el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, máxime que se detallaron fallas en la estructura que afectan el entorno de la comunidad, tales que no cuenta con sistema de canalización de aguas. Fue con ocasión de este recurso de amparo, que el 18 de enero de 2021 se realizó una visita de seguimiento y se emitió acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0063-2021, en la que se indicó que la finca se trasladó a otro propietario y se remodeló la mitad de la edificación, siendo que se eliminó el acceso a la segunda planta. Además, se señaló que no había inquilinos ni ocupación alguna y que había material para realizar acabados. Sin embargo, no se dispuso acto alguno para atender la recomendación de ejecutar la valoración de las condiciones sanitarias de la edificación y de la falta de un sistema de canalización de aguas. Asimismo, el 19 de febrero de 2021 se realizó visita de seguimiento y se emitió acta MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0281-2021, en la que se hizo constar que se continuaba con la remodelación de la cuartería, por lo que no contaba con canoas y bajantes. Posteriormente, en el citado informe técnico de inspección MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0187-2021 de 19 de febrero de 2021, se dispuso dar seguimiento de la denuncia. Además, se descartó que hubiese mal manejo de residuos sólidos, lo que obedece que no a este momento no hay inquilinos en la cuartería, pero no se fiscalizó que se esté dando un adecuado manejo de los residuos surgidos a partir de la obras que se ejecutan en el inmueble. De tal forma, las actuaciones del Área Rectora de Salud no han sido suficientes ni las necesarias para atender adecuadamente la problemática denunciada por la recurrente, contraviniendo su régimen de derechos fundamentales.

VII.- CONCLUSIÓN. En virtud de lo anterior, se tiene que la Municipalidad de Desamparados y el Área Rectora de Salud de Desamparados, si bien realizaron algunas acciones para atender la denuncia de la recurrente y de los vecinos de Calle Mora, Barrio Los Ángeles de San Rafael Abajo de Desamparados, lo cierto es que estas fueron insuficientes e ineficaces en la resolución de la problemática denunciada, esto por la falta de seguimiento del caso en el ámbito de sus competencias y de coordinación interinstitucional. Así, se acredita que en la localidad de cita se mantiene un problema de canalización de aguas por el mal estado del alcantarillado, acompañado del mal vertido de aguas residuales de ciertas viviendas. Además, no se ha emitido el criterio técnico correspondiente con el fin de determinar si hay invasión de vía con ocasión de la edificación del inmueble que funcionaba como guardería, en el cual, además, si bien no hay mal manejo de residuos sólidos porque a este momento no hay inquilinos, lo cierto es que se realizan obras sin que se acredite el seguimiento del caso para verificar el adecuado manejo de los residuos surgidos a partir de las mismas y de las condiciones sanitarias en las que se mantiene el inmueble, tal como lo indicaron las instancias correspondientes de ambas entidades accionadas. De tal forma, han transcurrido más de dos años desde que la recurrente interpuso sendas denuncias, sin que se hayan ejecutado actos suficientes, a partir de la falta de seguimiento y coordinación institucional, con el fin de revertir la problemática denunciada.

Bajo tal estado de las cosas, en la especie, se concluye que se han lesionado los derechos fundamentales de la amparada. En consecuencia, corresponde estimar este proceso de amparo, como en efecto se dispone y de conformidad con lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia.

VIII.- NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA.

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos expuestos, la situación denunciada podría afectar la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), pues no han resuelto una denuncia por un inadecuado desfogue de aguas y un mal manejo de residuos provenientes de una cuartería. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionadas y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.

IX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que las autoridades recurridas no han resuelto una denuncia por un inadecuado desfogue de aguas y un mal manejo de residuos provenientes de una cuartería, lo que provoca un peligro para la salud de la parte recurrente, y también, una amenaza al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Gilbert Jiménez Siles, Álvaro Fallas Segura y Asdrúbal Fonseca Pineda, por su orden, Alcalde Municipal, Presidente del Concejo Municipal y Coordinadora de Infraestructura Vial, todos de la Municipalidad de Desamparados, así como a Carolina Umaña Cisneros, en condición de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Desamparados, o a quienes ocupen tales cargos, que, de forma inmediata, coordinen y adopten las actuaciones que se encuentren en el ámbito de sus competencias para que, dentro de un plazo máximo de quince días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan las denuncias planteadas e identifiquen las acciones que deberán adoptarse para la solución definitiva de la problemática que llegare a identificarse, en cuyo caso, tales acciones deberán ejecutarse en el plazo máximo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia. Esto conlleva que, en caso de ser necesario, se coordine lo pertinente con otras instituciones con competencia en la materia. Además, deberán remitir a la recurrente informes sobre los actos efectuados. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *8I4W43ISVJSG61* 1 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 50
    • Ley General de Salud Arts. 2, 314

    Spanish key termsTérminos clave en español

    News & Updates Noticias y Actualizaciones

    All articles → Todos los artículos →

    Weekly Dispatch Boletín Semanal

    Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

    ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

    One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

    Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
    Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

    Stay Informed Mantente Informado

    Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

    Email Updates Actualizaciones por Correo

    Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

    Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

    WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

    Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

    Join Channel Unirse al Canal
    Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
    🙏