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Res. 03888-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/02/2021
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo only against the Ministry of Health for the delay in resolving the reported pollution, and ordered the complaint resolved within three months and the problem solved within a maximum of four months. The amparo against the Municipality was dismissed.La Sala declaró con lugar el amparo únicamente contra el Ministerio de Salud por la dilación en resolver la contaminación denunciada, y ordenó resolver la denuncia en tres meses y solucionar el problema en un máximo de cuatro meses. Contra la Municipalidad se declaró sin lugar.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by the representatives of Romero Pio S.A., owner of a property in Esquipulas de Palmares, Alajuela. They alleged that the Municipality of Palmares channeled rainwater, sewage, and wastewater onto their property, causing environmental pollution and vector proliferation. They also complained that the Ministry of Health had not adequately addressed their complaints filed since 2011. The Chamber dismissed the amparo against the Municipality, finding no evidence that it had artificially channeled the water; rather, a public-domain stream runs through the property. Regarding the Ministry of Health, the Chamber partially granted the amparo, finding that despite actions taken, the reported pollution had not been definitively resolved. It ordered the Director of the Palmares Health Area to resolve the complaint within three months and to definitively solve the pollution problem within no more than four months, issuing the corresponding sanitary orders. Judge Salazar Alvarado dissented, considering that the amparo should have been dismissed because the case required a full legality review before the administrative litigation jurisdiction, since the Ministry of Health had already intervened through administrative acts.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por los representantes de Romero Pio S.A., propietaria de un inmueble en Esquipulas de Palmares, Alajuela. Alegaron que la Municipalidad de Palmares canalizó aguas pluviales, servidas y negras hacia su propiedad, causando contaminación ambiental y proliferación de vectores. También reclamaron que el Ministerio de Salud no había atendido adecuadamente sus denuncias presentadas desde 2011. La Sala declaró sin lugar el amparo contra la Municipalidad, al no demostrarse que hubiera canalizado artificialmente las aguas, pues se constató que en el inmueble discurre una quebrada de dominio público. En cuanto al Ministerio de Salud, la Sala declaró con lugar el recurso, al verificar que, pese a las gestiones realizadas, no se había resuelto de manera definitiva la contaminación denunciada. Ordenó a la Directora del Área de Salud de Palmares resolver la denuncia en un plazo de tres meses y solucionar definitivamente el problema de contaminación en un plazo no mayor de cuatro meses, emitiendo las órdenes sanitarias correspondientes. El Magistrado Salazar Alvarado salvó el voto, considerando que el amparo debió rechazarse porque el asunto requería un análisis de legalidad ordinaria ante la jurisdicción contencioso-administrativa, dado que el Ministerio de Salud ya había intervenido mediante actos administrativos.
Key excerptExtracto clave
VI.- ON THE INVOLVEMENT OF THE MINISTRY OF HEALTH. (...) Despite the certainty of the described problem, the Palmares Health Area reported that, in order to determine the origin of the water, it still needs to conduct dye tests on the wastewater treatment systems and then on the sewage of more than 80 homes. In this order of ideas, although the respondent ministry describes the various efforts it has made to manage the problem, the fact remains that, as of the filing date of this appeal, there is still no definitive solution to the situation reported by the appellants on the property located in the canton of Palmares, district of Esquipulas, which, as has been shown, still persists. In view of the foregoing, the appropriate course is to grant the appeal with respect to this authority, in accordance with the considerations set forth in the operative part of the judgment. THEREFORE: The appeal is granted only against the Palmares Health Area for the alleged delay in definitively resolving the pollution problem reported by the appellant. Melania Rodríguez Quirós, in her capacity as Director of the Palmares Health Area, or whoever holds that position, is ordered to issue the orders and carry out the respective actions within the scope of her authority so that, within THREE MONTHS from the notification of this judgment, the complaint regarding the environmental pollution problem presented by the plaintiffs on the protected property (...) is resolved and notified. Once the origin and those responsible for the detected pollution are determined, she must immediately issue the corresponding sanitary orders and ensure their effective compliance, in order to definitively solve the pollution in question, within a period not exceeding FOUR MONTHS.VI.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD. (...) Pese a la certeza de la problemática descrita, el Área de Salud de Palmares informó que, para poder determinar el origen de las aguas, todavía requieren realizar pruebas de coloración a los sistemas de tratamiento de aguas negras y luego a las aguas servidas a más de 80 viviendas. En ese orden de ideas, si bien el ministerio accionado describe las diferentes gestiones que ha realizado sobre el manejo del problema, lo cierto del caso es que, actualmente, impera el hecho que, a la fecha de interposición de este recurso, no existe todavía una solución con certeza de la situación denunciada por los recurrentes en la propiedad ubicada en el cantón de Palmares, distrito de Esquipulas, el cual conforme quedó demostrado, todavía persiste. En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a esta autoridad, de conformidad con las consideraciones indicadas en la parte dispositiva de la sentencia. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso únicamente contra el Área de Salud de Palmares por la acusada dilación en resolver de manera definitiva el problema de contaminación denunciado por la parte recurrente. Se ordena a Melania Rodríguez Quirós, en su condición de Directora del Área de Salud de Palmares, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que emita las órdenes y lleve a cabo las actuaciones respectivas en el ámbito de sus competencias para que, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, sea resuelta y notificado lo relativo a la denuncia planteada en relación con el problema de contaminación ambiental que presentan los accionantes en la propiedad amparada (...). Una vez que determine el origen y los responsables de la contaminación ya detectada, deberá emitir de inmediato las órdenes sanitarias correspondientes y procurar su efectivo cumplimiento, a fin de solucionar de forma definitiva la contaminación en cuestión, en un plazo no mayor a CUATRO MESES.
Pull quotesCitas destacadas
"Pese a la certeza de la problemática descrita, el Área de Salud de Palmares informó que, para poder determinar el origen de las aguas, todavía requieren realizar pruebas de coloración a los sistemas de tratamiento de aguas negras y luego a las aguas servidas a más de 80 viviendas. En ese orden de ideas, si bien el ministerio accionado describe las diferentes gestiones que ha realizado sobre el manejo del problema, lo cierto del caso es que, actualmente, impera el hecho que, a la fecha de interposición de este recurso, no existe todavía una solución con certeza de la situación denunciada por los recurrentes."
"Despite the certainty of the described problem, the Palmares Health Area reported that, in order to determine the origin of the water, it still needs to conduct dye tests on the wastewater treatment systems and then on the sewage of more than 80 homes. In this order of ideas, although the respondent ministry describes the various efforts it has made to manage the problem, the fact remains that, as of the filing date of this appeal, there is still no definitive solution to the situation reported by the appellants."
Considerando VI
"Pese a la certeza de la problemática descrita, el Área de Salud de Palmares informó que, para poder determinar el origen de las aguas, todavía requieren realizar pruebas de coloración a los sistemas de tratamiento de aguas negras y luego a las aguas servidas a más de 80 viviendas. En ese orden de ideas, si bien el ministerio accionado describe las diferentes gestiones que ha realizado sobre el manejo del problema, lo cierto del caso es que, actualmente, impera el hecho que, a la fecha de interposición de este recurso, no existe todavía una solución con certeza de la situación denunciada por los recurrentes."
Considerando VI
"La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad."
"The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican legal system is safeguarded not only by Article 50 of the Constitution, but also by a series of laws and executive decrees (regulations) in force. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional control from legality control."
Voto Salvado del Magistrado Salazar Alvarado
"La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad."
Voto Salvado del Magistrado Salazar Alvarado
"Se ordena a Melania Rodríguez Quirós, en su condición de Directora del Área de Salud de Palmares, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que emita las órdenes y lleve a cabo las actuaciones respectivas en el ámbito de sus competencias para que, en el plazo de TRES MESES, sea resuelta y notificado lo relativo a la denuncia planteada. Una vez que determine el origen y los responsables de la contaminación ya detectada, deberá emitir de inmediato las órdenes sanitarias correspondientes y procurar su efectivo cumplimiento, a fin de solucionar de forma definitiva la contaminación en cuestión, en un plazo no mayor a CUATRO MESES."
"Melania Rodríguez Quirós, in her capacity as Director of the Palmares Health Area, or whoever holds that position, is ordered to issue the orders and carry out the respective actions within the scope of her authority so that, within THREE MONTHS, the complaint filed is resolved and notified. Once the origin and those responsible for the detected pollution are determined, she must immediately issue the corresponding sanitary orders and ensure their effective compliance, in order to definitively solve the pollution in question, within a period not exceeding FOUR MONTHS."
Por Tanto
"Se ordena a Melania Rodríguez Quirós, en su condición de Directora del Área de Salud de Palmares, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que emita las órdenes y lleve a cabo las actuaciones respectivas en el ámbito de sus competencias para que, en el plazo de TRES MESES, sea resuelta y notificado lo relativo a la denuncia planteada. Una vez que determine el origen y los responsables de la contaminación ya detectada, deberá emitir de inmediato las órdenes sanitarias correspondientes y procurar su efectivo cumplimiento, a fin de solucionar de forma definitiva la contaminación en cuestión, en un plazo no mayor a CUATRO MESES."
Por Tanto
Full documentDocumento completo
**Constitutional Chamber** **Resolution No. 03888 - 2021** **Date of Resolution:** February 26, 2021, at 09:30 **Case File:** 20-023335-0007-CO **Drafted by:** Anamari Garro Vargas **Type of Matter:** Amparo Action **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with Dissenting Vote** **Judgment with Separate Note** **Relevance Indicators** **Relevant Judgment** **Content of Interest:** **Type of Content:** Majority Vote **Branch of Law:** 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEE **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** POLLUTION.
**Content of Interest:** **Type of Content:** Separate Note **Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 050- Environment **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
**VII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO.** The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican Legal System is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Decreto Ejecutivo N° 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this sense, it is the opinion of the undersigned that this Chamber, through an amparo action, should only hear a matter where a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed through the legality review process. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard in the legality review process— administrative or jurisdictional—where, with much greater scope, the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be kept in mind that the amparo action is a summary, informal, simple, and fast process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its review falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out concerning an environmental matter that requires, for its proper assessment, a full evidentiary hearing, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with contrasting or reviewing technical or legal criteria developed under the current laws or regulations, or with the production of new and additional elements of conviction necessary for the contrasting or review of the criteria already appearing in the administrative case file. The contrary would imply transforming the amparo action into an ordinary full evidentiary hearing process, which would denature it and render nugatory the purposes for which it was designed, thereby losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened in various ways, or has issued administrative acts regarding an environmental matter, its review and supervision correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls within the jurisdiction of the legality review process. Consequently, this remedy should have been rejected outright regarding this point, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality review process. However, since it was not done so, it is appropriate to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the alleged administrative actions and conducts are adjusted or not, in substance, to the provisions of the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
**Text of the Resolution** **Exp: 20-023335-0007-CO** **Res. No. 2021003888** **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-sixth of February, two thousand twenty-one.
An amparo action processed in case file number 20-023335-0007-CO, filed by FLORENCIA SANCHO VÁSQUEZ, JOSÉ ÁNGEL SANCHO VÁSQUEZ, VERA MARÍA SANCHO VÁSQUEZ, identity card 0204660263, on behalf of ROMERO PIO S.A., legal identification number 3101602731, against the MUNICIPALITY OF PALMARES and the MINISTRY OF HEALTH, PALMARES.
**WHEREAS:** **1.-** By a brief received at the Secretariat of the Chamber at 15:13 on December 18, 2020, the petitioners file an amparo action against the MUNICIPALITY OF PALMARES and the MINISTRY OF HEALTH, PALMARES. They state that the protected company owns the property with real estate folio registration No. 2-132052-000, cadastral map No. A-1409099-2010, located on Calle Progreso in the district of Esquipulas, Canton of Palmares, province of Alajuela. They indicate that, many years ago, the property in question was crossed by a small ditch (zanja); however, nowadays, the ditch is immense because the respondent municipality has channeled waters from different locations. They allege that such an act was carried out without their consent, technical studies, or control. They warn that the waters do not flow naturally but have been channeled through the construction of sewers artificially directed to their represented company's property. As an example, they cite the channeling of waters from the Fabio Araya residential development to their property. They reiterate that the respondent municipality, without any hydrological study or control, directed the final runoff of rainwater (aguas pluviales), wastewater (aguas residuales), graywater (aguas servidas), and even blackwater (aguas negras) onto the protected property, which severely affects it. They emphasize that the water burden has eroded the soils and caused significant environmental contamination (contaminación ambiental). They point out that the sewers are no longer sufficient, causing the property to flood. Regarding rainwater from single-family homes, they warn that it flows without adequate infrastructure suitable for its proper drainage. To this, they add the continuous growth of constructions without any control over the final disposal of their waters. They emphasize that the respondent's actions cause the proliferation of mosquitoes, foul odors, and other environmental consequences that produce diseases, which in turn endangers the vulnerable population. They recount that the respondent Ministry of Health, through notes submitted on March 14, 2011, November 28, 2011, July 9, 2020, and August 13, 2020, has knowledge of the complaint. However, they claim that as of the day they file the amparo action, it has done nothing (see the referral of the complaint on folio 57 of the brief presenting this remedy). On the other hand, they emphasize that while there is a legal obligation to tolerate waters, it is no less true that the waters artificially channeled by the respondent municipality are contaminated and place the health and life of the locality's inhabitants at risk.
**2.-** Katherine Ramírez González, in her capacity as Mayor, and Miguel Ángel Rojas Rojas, in his capacity as President of the Municipal Council, both of the Municipality of Palmares, testify under oath that it is not true that this municipality has channeled rainwater to the protected property. They point out that the property in question is not crossed by a ditch; on the contrary, as stated by the Urban Development Engineer of the Municipality of Palmares, the nature of the waters that cross the property, and which have caused the erosion of the property, corresponds to a Quebrada (stream), that is, a public domain watercourse, and the Dirección de Aguas of MINAE has certified this through report da-uhtpcosr-0238-2019, an intermittent stream (quebrada de carácter intermitente) declared since 2001. They reiterate that the unnamed intermittent stream (quebrada sin nombre intermitente) runs open-air on the property, and not a ditch made and caused by the Municipality of Palmares. They note that through official letter IMN-DA-2254-2001 from the Ministerio de Ambiente y Energía of the Instituto Meteorológico Nacional, Departamento de Aguas, said Quebrada is a tributary of the Quebrada Mora, belongs to the State, and its administration corresponds to the Departamento de Aguas of MINAE.
Regarding the alleged drainage of blackwater, they maintain that it is also not true. They clarify that the Municipality of Palmares has no interference or jurisdiction over the disposal of blackwater or graywater from private properties, as it is the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health to ensure that the canton's residents dispose of said waters correctly. Regarding rainwater, they highlight that by law (Reglamento a la Ley de Construcciones), rainwater can be disposed of into natural watercourses, as is the case of the stream crossing the neighbor's property. In addition, it is the Ministry of Health's responsibility to monitor that these waters are disposed of correctly, and if not, to issue the corresponding sanitary order so that the situation is resolved. They state that the Municipality of Palmares has not channeled water drainage towards the petitioner's property; on the contrary, they are the product of the activity and natural course of rainwater during the winter season and the stream's own waters. Likewise, if any neighbor or adjacent landowner of the petitioner disposes of blackwater or graywater into the stream and the petitioner's property, that is a private law matter that must be resolved through the civil process with the third parties, or through the Ministry of Health and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
They state that it is not part of the municipality's legal powers to build sanitary sewer systems, as this legal provision corresponds to the Ministry of Health and AyA. The sewer systems that exist and are maintained by the Municipality of Palmares are storm drainage systems (sistemas de alcantarillado pluvial), which the Ley de Construcciones and its respective regulation authorize to drain into natural watercourses, as is the case of the petitioner, who, moreover, pursuant to the Ley Forestal, Article 33, must leave "b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams (quebradas), or brooks (arroyos), if the land is flat, and of fifty horizontal meters, if the land is hilly." They argue that the respondent local government cannot pipe the stream, as the petitioners intend, given that the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía even ordered the municipality to “refrain from diverting the course of the unnamed stream and may not make it pass through the piping parallel to the course previously placed to one side of the stream, because it does not have the permits to do so.” They state that authorization is necessary for works on public domain watercourses, which must be granted by the Dirección de Aguas of MINAE; therefore, as the object of this remedy is a public domain stream flowing through a private property, the Municipality of Palmares cannot request a permit of that nature on land that is not its property or public domain, as it would violate the constitutional right of inviolability of private property; consequently, by real right, it must be the petitioner who requests said permit and invests its own funds in the work to be carried out on its property. They conclude that the Ministry of Health cannot issue a sanitary order to this municipality to pipe a public watercourse, thereby infringing the Ley de Aguas and Ley Forestal, even less so if it lacks the permit from the Dirección de Aguas of MINAE. They request that the action be declared without merit.
**3.-** Melania Rodríguez Quirós, in her capacity as Director of the Health Area of Palmares, testifies under oath that this office received complaint D-P-133-2020, filed by Ms. Florencia Sancho Vásquez and Mr. José Ángel Sancho Vásquez, representatives of Romero Pío S.A., reporting the following: “Prompt action by the Ministry of Health in Calle Chanceros, Calle El Progreso, La Paz Residential Development, because many of the houses located in the aforementioned places are discharging soapy waters, graywater, and even fecal matter directly into the storm drain, which flows open-air onto our property, generating a large quantity of mosquitoes and foul odors... Added to this, they are affecting our property with said action.” She indicates that by a letter dated August 13, 2020, the complainants requested a response regarding the filed complaint. She states that by official letter MS-RRCO-ARS-P-435-2020 of August 3, 2020, Mr. Roger Araya Barboza, an official of the Regulatory Process of the Health Area of Palmares, indicated: “Follow-up inspection to complaint 133-2020… regarding findings: 1. .. the inspection was carried out by conducting a tour along Calle Los Chanceros, Calle El Progreso, and La Paz Residential Development which has houses built on Calle Josecito, adjacent to the west side of the farm of Sonia Pacheco. 2- Upon arriving at the farm PROPERTY OF ROMERO PIO S.A., it is observed that it is planted with coffee. We verified that on site there is a manhole built on a public road where the waters converge to the unnamed Quebrada; however, the cartographic viewer indicates a tributary of the Quebrada Mora. 3.- As demonstrated by the attached photographs, this stream was sewered at one time, for approximately one hundred meters with a double pipe, but today the sewer system collapsed, and the pipes are uncovered, and the waters continue running along the natural course. 4.- During the tour carried out, we were able to observe that due to the topography of the terrain, there are approximately 80 homes located along the road called Los Chanceros, plus the houses of the El Progreso residential development and those forming the La Paz residential development, Calle San Josecito, plus some that are not visible because they are built behind the main houses or within easements (servidumbres), etc. 5.- At the time of the inspection, it was verified that there is no direct harm to Public Health, but an impact on the environment is observed. CONCLUSION 1.- The presence of water was verified in the sewer located at the entrance in front of the unnamed stream that crosses the ROMERO property. 2. To ultimately determine the origin of these waters, a house-to-house field visit must be carried out, and coloration tests must be performed on the blackwater treatment systems and then on the graywater, and act according to the results, notifying sanitary orders to improve or build the treatment systems in accordance with current sanitary legislation. RECOMMENDATIONS TO THE HEALTH AREA. Due to the foregoing, I present a sanitary inspection schedule starting the first week of September with no expiration date due to setbacks that may arise at the administrative level due to the COVID-19 emergency. It is proposed to perform two dye tests per day, starting with La Paz Residential Development, which is located in the Esquipulas sector. According to information provided by the Engineering Department of the Municipality of Palmares, it consists of 25 lots, of which 17 are built, so four houses per week are scheduled, i.e., two per day, because when fluorescein is used, the sewers are dyed, and one must wait for the color to disappear.
September 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 two houses | 15 | 16 | 17 | 18 two houses |
| 21 two houses | 22 | 23 | 24 | 25 two houses |
| 28 two houses | 29 | 30 |
October 2020
| Monday 5 October two homes |
|---|
| Friday 9 October |
| Monday 12 and Friday 16 |
| Then houses on Calle Josecito will be scheduled for the month of November 2020 unless a better opinion is formed.” |
She comments that on August 28, 2020, Ms. Florencia Sancho was notified of official letter MS-DRSSCO-DARS-P-0812-2020, which indicated the actions to be taken by the health authorities in addressing complaint D-P-133-2020. She adds that, despite having an established schedule for the follow-up of complaint D-P-133-2020, the official in charge presented a significant health breakdown, which generated an uncertain panorama regarding the fulfillment of his work responsibilities, and he is currently on medical leave. She highlights that another official has been designated to continue with the complaint case, with inspection visit dates set for January 13 and 20, 2021, to continue the follow-up. Furthermore, the matter is highly complex due to the number of houses built, and to determine the origin of the waters, coloration tests must be performed on the blackwater treatment systems and then on the graywater. She emphasizes that the inspection schedule must be carried out gradually because when fluorescein is used, the sewers are dyed, and one must wait for the color to disappear. Likewise, the case is complex due to the quantity of homes to inspect, which exceeds 80. She requests that the action be declared without merit.
**4.-** In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Garro Vargas; and, **WHEREAS:** **I.- OBJECT OF THE ACTION.** The petitioners state that the protected company owns the property with real estate folio registration No. 2-132052-000, cadastral map No. A-1409099-2010, located on Calle Progreso in the district of Esquipulas, Canton of Palmares, province of Alajuela. They indicate that the property in question was crossed by a small ditch; however, nowadays, the ditch is immense because the respondent municipality has channeled waters from different locations without their consent, technical studies, or control. They warn that the waters do not flow naturally but have been channeled through the construction of sewers artificially directed to their represented company's property. They reiterate that the respondent municipality, without any hydrological study, directed the final runoff of rainwater, wastewater, graywater, and even blackwater onto the protected property, causing significant environmental contamination. They point out that the sewers are no longer sufficient, causing the property to flood. They recount that the respondent Ministry of Health has knowledge of the complaint through notes submitted on March 14, 2011, November 28, 2011, July 9, 2020, and August 13, 2020. However, they claim that as of the day they file the amparo action, it has done nothing about it. They request the Chamber's intervention.
**II.- PROVEN FACTS.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial ruling:
**III.- UNPROVEN FACT.** The following fact of relevance to this resolution is not deemed demonstrated:
Sole. That the Municipality of Palmares has channeled rainwater, blackwater, soapy water, and graywater towards the protected property.
**IV.- REGARDING THE PARTICIPATION OF THE MUNICIPALITY OF PALMARES.** In the case at hand, the petitioners accuse the Municipality of Palmares of having channeled rainwater, wastewater, soapy water, blackwater, and graywater towards the property of Romero Pio S.A. In this regard, the Mayor and the President of the Municipal Council, both of the Municipality of Palmares, testified under the solemnity of oath that it is false that this municipality has channeled rainwater to the mentioned property. On this point, they emphasized that the property in question is not crossed by a ditch, but is crossed by an unnamed Quebrada, that is, a public domain watercourse, and not a ditch caused by the municipality, as the petitioners seek to portray. Regarding the drainage of blackwater or graywater, they affirmed that this local government has no interference in this matter, since it is the responsibility of the Ministry of Health and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to ensure that the canton's residents correctly dispose of said waters. Finally, regarding rainwater, they were emphatic in stating that the Municipality of Palmares has also not channeled the drainage of said waters towards the protected property, as it has been the product of the stream's activity and the natural course of rainwater during the winter season. Under this logic, as none of the grievances alleged against the respondent municipality were demonstrated, the Chamber considers it appropriate to declare the action without merit, with respect to this authority.
**V.-** On the other hand, in the petition brief, the claimants demand that the Municipality of Palmares has not complied with the agreement reached in ordinary session No. 287, Cap VI, Art 9, held on November 3, 2015, where the Municipal Council agreed to carry out the works to sewer the private property belonging to Romero Pio S.A.
On this matter, the Chamber notes that if the appellants consider that the respondent local government has failed to comply with what was ordered by the Concejo Municipal in the referenced agreement, this fundamentally constitutes a complaint that is not appropriate to air before this Jurisdiction, since the investigation and subsequent reprimand—if applicable—of a public authority that has not fulfilled the functions assigned to it by law itself is a matter for other judicial (criminal) or administrative instances; therefore, they must raise their disagreement before the Municipalidad de Palmares itself, or else report the fact as a breach of duties.
VI.- ON THE PARTICIPATION OF THE MINISTERIO DE SALUD. The petitioners claim that on repeated occasions they have reported the contamination by wastewater on their represented party’s property to the Ministerio de Salud; however, it has done nothing about it. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies that the appellants are correct in their allegation. From the list of proven facts, it is established as accredited that the claimants are representatives of Romero Pio S.A., domiciled in the province of Alajuela, cantón of Palmares, district of Esquipulas. On March 14, 2011, the appellant Florencia Sancho Vásquez and Mr. Randall Francisco Sancho Vásquez filed a communication before the Palmares branch of the Ministerio de Salud, in which they reported the construction of a channel with a culvert (alcantarilla) in the area that transports dirty and black water to a ditch (zanja) located on the protected property. Subsequently, on July 9, 2020, the appellants Florencia Sancho Vásquez and José Ángel Sancho Vásquez again filed a communication before the Área de Salud de Palmares expressly requesting the "swift action by the Ministerio de Salud on Calle Chanceros, Calle El Progreso, Urbanización La Paz, because many of the houses located in the aforementioned places are discharging soapy water, wastewater (aguas servidas), and even fecal matter directly into the stormwater culvert (alcantarilla de aguas pluviales), which reaches our property in the open air, generating large numbers of mosquitoes and bad odors... In addition to this, they are affecting our property with said action." For the purpose of receiving notifications, they indicated the email addresses [email protected] and [email protected]. Likewise, it is inferred that the respondent ministry assigned the matter file No. 133-2020.
Now then, it is on record that in response to what was stated, through official communication MS-RRCO-ARS-P-435-2020 of August 3, 2020, Mr. Roger Araya Barboza, an official of the Regulatory Process of the Área Rectora de Salud de Palmares, indicated the following in summary: "Follow-up inspection of complaint 133-2020… regarding findings: 1. .. the inspection was carried out by walking along Calle los Chanceros, Calle El Progreso, and Urbanización La Paz; there are houses built on Calle Josecito adjacent to the western side of the Sonia Pacheco farm. 2- Upon reaching the farm PROPIEDAD ROMERO PIO S.A., it is observed that it is planted with coffee; we verified that on-site there is a manhole (caja de registro) built on the public road where waters converge to the Quebrada [unnamed ravine], which has no name; however, the cartographic viewer indicates a tributary of Quebrada Mora. 3.- As shown by the attached photographs, this ravine (quebrada) was culverted at the time, along approximately one hundred meters with a double culvert, but today the culvert collapsed and the culverts are uncovered, and the waters continue flowing along the natural course. 4.- During the walk carried out, we were able to observe that, due to the topography of the terrain, there are approximately 80 dwellings located along the street called los Chanceros plus the houses of the urbanization El Progreso and those forming the urbanization La Paz, Calle San Josecito, plus some that are not visible because they are built behind the main houses or on easements (servidumbres), etc. 5.- At the time of the inspection, it was possible to verify that there is no direct harm to Public Health, but an impact on the environment is observed. CONCLUSION 1.- It was possible to verify the presence of water in the culvert located at the entrance opposite the unnamed ravine that crosses the ROMERO property. 2. That in order to determine the origin of these waters, a house-by-house field visit must be conducted, and dye tests (pruebas de coloración) must be performed on the black water treatment systems and then on the wastewater, and act according to the results, notifying sanitary orders so that treatment systems are improved or built in accordance with current health legislation. RECOMMENDATIONS TO THE ÁREA RECTORA DE SALUD DE SALUD. Given the above, I present a schedule of sanitary inspections starting the first week of September and with no expiration date due to the setbacks that may arise at the administrative level due to the COVID-19 emergency; it is proposed to conduct two dye tests per day starting with Urbanización La Paz, which is located in the Esquipulas sector, which, according to information provided by the Engineering Department of the Municipalidad de Palmares, consists of 25 lots, of which 17 are built; therefore, four houses per week are scheduled, that is, two daily, because when fluorescein is used, the culverts become stained and one must wait for the color to disappear." It is recorded that on August 13, 2020, the petitioners requested the health area to inform them of the actions taken in response to the petition filed on July 9, 2020, and via official communication MS-DRSSCO-DARS-P-0812-2020 of August 25, 2020, sent to the address [email protected] on August 28, 2020, the Director of the Área de Salud de Palmares notified the complainants of the following: "You are informed of the follow-up provided to your complaint D-P-133-2020, which was received by this organizational unit regarding alleged water disposal problems on Calle Chancero, Calle el Progreso, Urbanización la Paz. According to technical report MS-RRCO-ARS-P-435-2020, which is attached, it is indicated that due to the actions necessary to address the matter, an action schedule is proposed for the month of September." Finally, and despite the scenario described, the representative of the Ministerio de Salud emphasized in her report that the official in charge of the sanitary inspections scheduled for the months of September and October 2020 in the Esquipulas sector suffered a significant health breakdown, such that as of the date the report was rendered, he remained incapacitated and, for that reason, on an undetermined date, another official was appointed to continue addressing complaint D-P-133-2020.
Despite the certainty of the problem described, the Área de Salud de Palmares reported that, in order to determine the origin of the waters, they still need to conduct dye tests (pruebas de coloración) on the black water treatment systems and then on the wastewater of more than 80 dwellings. In this vein, although the respondent ministry describes the various steps it has taken to manage the problem, the truth of the matter is that, currently, the prevailing fact is that, as of the date of filing this remedy, there is still no definitive solution to the situation reported by the appellants on the property located in the cantón of Palmares, district of Esquipulas, which, as was demonstrated, still persists. By reason of the foregoing, the appropriate course is to grant the remedy with respect to this authority, in accordance with the considerations indicated in the operative part of the judgment.
VII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this sense, it is the undersigned’s criterion that this Chamber, through the amparo proceeding, should only hear a matter alleging a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or seriousness, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed through the legality channel. Therefore, the mere breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard through the legality channel—administrative or jurisdictional—where, with much greater breadth, the alleged breaches or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo remedy is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and processes a proceeding, with the issuance of administrative acts, its review falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its correct assessment, a full evidentiary proceeding, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the comparison or review of technical or legal criteria elaborated under the protection of current legal or regulatory norms, or with the taking of new and additional evidentiary elements necessary for the comparison or review of the criteria already contained in the administrative case file. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary plenary proceeding, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, causing it to lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its review and oversight corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls within the competence of the legality channel. Consequently, this remedy should have been summarily rejected insofar as this aspect is concerned, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved through the legality channel. However, since this was not done, the proper course is to deny it, without making any pronouncement regarding the merits of the question raised, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct challenged do or do not, in substance, conform to the provisions of the legal system, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The remedy is granted solely against the Área de Salud de Palmares for the alleged delay in definitively resolving the contamination problem reported by the appellant party. Melania Rodríguez Quirós, in her capacity as Director of the Área de Salud de Palmares, or whoever may hold that position in her stead, is ordered to issue the orders and carry out the respective actions within the scope of her powers so that, within the period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the matter related to the complaint filed regarding the environmental contamination problem that the claimants present on the protected property located in the province of Alajuela, cantón of Palmares, district of Esquipulas, due to the presence of water in the culvert located at the entrance opposite the unnamed ravine that crosses the ROMERO 2 property, is resolved and notified. Once the origin and those responsible for the contamination already detected are determined, she must immediately issue the corresponding sanitary orders and ensure their effective compliance, in order to definitively resolve the contamination in question, within a period not exceeding FOUR MONTHS. The foregoing, under the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the contentious-administrative judgment. As regards the Municipalidad de Palmares, the remedy is denied. Judge Salazar Alvarado issues a dissenting vote and denies the amparo regarding the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
CONTAMINACION.
03888-21. AMBIENTE. SE ORDENA AL MINISTERIO DE SALUD, QUE RESUELTA UNA DENUNCIA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PLANTEADA POR UNOS CIUDADANOS Y, EN EL PLAZO DE CUATRO MESES, DEBE SOLUCIONAR DE MANERA DEFINITIVA EL PROBLEMA. VCG04/2021 Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas:
NO APLICA.
VII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
VCG04/2021 ... Ver más Res. Nº 2021003888 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiseis de febrero de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-023335-0007-CO, interpuesto por FLORENCIA SANCHO VÁSQUEZ, JOSÉ ÁNGEL SANCHO VÁSQUEZ, VERA MARÍA SANCHO VÁSQUEZ, cédula de identidad 0204660263, a favor de ROMERO PIO S.A., cédula jurídica 3101602731, contra la MUNICIPALIDAD DE PALMARES Y EL MINISTERIO DE SALUD, PALMARES.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:13 horas del 18 de diciembre de 2020, los recurrentes interponen recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE PALMARES Y EL MINISTERIO DE SALUD, PALMARES. Manifiestan que la sociedad amparada es dueña de la finca con matrícula de folio real No. 2-132052-000, plano catastrado No. A-1409099-2010, ubicada en calle Progreso del distrito de Esquipulas del Cantón de Palmares, provincia de Alajuela. Indican que, hace muchos años, la propiedad en cuestión era atravesada por una pequeña zanja; sin embargo, hoy en día, la zanja es inmensa, debido a que la municipalidad recurrida ha canalizado las aguas de diferentes lugares. Alegan que tal acto se dio sin su consentimiento ni estudios técnicos ni control. Advierten que las aguas no discurren de manera natural, sino que han sido canalizadas a través de la construcción de alcantarillas dirigidas de forma artificial a la propiedad de su representada. A manera de ejemplo citan la canalización de las aguas de la urbanización Fabio Araya hacia su propiedad. Reiteran que el municipio recurrido, sin algún estudio hidrológico ni control, dispuso la correntía final de las aguas pluviales, residuales, servidas y hasta aguas negras sobre el inmueble amparado, lo que lo afecta gravemente. Subrayan que el soporte de las aguas ha erosionado los suelos y causado gran contaminación ambiental. Destacan que la alcantarillas ya no dan abasto, provocando que se inunde la propiedad. En cuanto a las aguas pluviales provenientes de viviendas unifamiliares, advierten que discurren sin una adecuada infraestructura apta para su debido desfogue. A lo anterior, suman el continuo crecimiento de construcciones sin control alguno de la disposición final de sus aguas. Enfatizan que la actuación de la recurrida provoca la proliferación de sancudos, malos olores y demás consecuencias ambientales que producen enfermedades, lo que a su vez pone en riesgo la población vulnerable. Narran que el Ministerio de Salud recurrido, a través de las notas presentadas desde el 14 de marzo de 2011, 28 de noviembre de 2011, 9 de julio de 2020 y 13 de agosto de 2020, tiene conocimiento de la denuncia. No obstante, reclaman que al día que acuden en amparo no ha hecho nada (véase el traslado de la denuncia a folio 57 del memorial de presentación de este recurso). Por otra parte, recalcan que si bien existe una obligación legal de soportar las aguas, no menos cierto es que las aguas canalizadas artificialmente por el municipio recurrido están contaminadas y colocan en riesgo la salud y vida los habitantes de localidad.
2.- Informan bajo juramento Katherine Ramírez González, en su condición de Alcaldesa, y Miguel Ángel Rojas Rojas, en su condición de Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Palmares, que no es cierto que ese municipio haya canalizado las aguas pluviales a la propiedad amparada. Señalan que la propiedad en cuestión no la atraviesa una zanja, por el contrario, como lo indicó el Ingeniero de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Palmares, la naturaleza de las aguas que atraviesan la propiedad, y que le ha provocado la erosión de su propiedad, responde a una Quebrada, es decir, un cauce de dominio público, y así lo ha certificado la Dirección de Aguas del MINAE mediante el informe da-uhtpcosr-0238-2019, quebrada de carácter intermitente declarada desde el año 2001. Reiteran que en la propiedad discurre a cielo abierto la quebrada sin nombre intermitente, más no una zanja hecha y provocada por la Municipalidad de Palmares. Apuntan que mediante oficio IMN-DA-2254-2001 del Ministerio de Ambiente y Energía del Instituto Meteorológico Nacional, Departamento de Aguas, dicha Quebrada es afluente de la Quebrada Mora, pertenece al Estado y al Departamento de Aguas del MINAE a quien le corresponde su administración.
Respecto al desfogue de aguas negras aludido, sostienen que tampoco es cierto. Aclaran que la Municipalidad de Palmares no tiene injerencia ni competencia sobre las disposición de las aguas negras o servidas de las propiedades privadas, pues le corresponde a Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como al Ministerio de Salud, velar porque los vecinos del cantón dispongan de forma correcta dichas aguas. En cuanto a las pluviales, resaltan que por ley (Reglamento a la Ley de Construcciones), el agua pluvial se puede disponer a cursos de agua naturales, como es el caso de la quebrada que atraviesa la propiedad de la vecina. Aunado a ello, es al Ministerio de Salud quien le compete vigilar que dichas aguas sean dispuestas correctamente, y en caso contrario, emitir la orden sanitaria correspondiente, para que dicha situación sea solventada. Enuncian que la Municipalidad de Palmares no ha canalizado el desfogue de aguas hacia la propiedad de la recurrente, por el contrario, son producto de la actividad y curso natural de las aguas de lluvia en época de invierno y las propias de la quebrada. Así mismo, si algún vecino o colindante de la recurrente dispone de las aguas negras o servidas hacia la quebrada y la propiedad de la recurrente, ese es un tema de derecho privado que deben de solventar en la vía civil con los terceros, o a través del Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Manifiestan que no es parte de las competencias legales del municipio construir sistemas de alcantarillado sanitario, ya que le compete al Ministerio de Salud y al AyA dicha disposición legal. Los sistemas de alcantarillado que existen y da mantenimiento la Municipalidad de Palmares son sistemas de alcantarillado pluvial, los cuales, la Ley de Construcciones y su respectivo reglamento facultan para que desfoguen en cursos de aguas naturales, como lo es el caso de la recurrente, quien, además, por Ley Forestal, artículo 33, y dejar " b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado". Argumentan que el gobierno local recurrido no puede entubar la quebrada, tal y como lo pretenden los recurrentes, siendo que incluso la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía ordenó al municipio “abstenerse de desviar el cauce de la quebrada sin nombre y no podrá hacerla pasar por el entubamiento paralelo al cauce ya previamente colocado a un lado de la quebrada, esto debido a que no cuenta con los permisos para hacerlo”. Dicen que es necesario contar con autorización para obras en cauce de dominio público, mismo que lo debe otorgar la Dirección de Aguas del MINAE, por ende, al ser el objeto del presente recurso una quebrada de dominio público que discurre por una propiedad privada, la Municipalidad de Palmares no puede solicitar un permiso de esa naturaleza en terrenos que no son de su propiedad o de dominio público, ya que sería violentar el derecho constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada, por lo que, por derecho real debe ser la parte recurrente quien solicite dicho permiso e invierta fondos propios en la labores a realizar en su propiedad. Concluyen que el Ministerio de Salud tampoco girar una orden sanitaria a esa municipalidad para entubar un cauce público, infringiendo con ello la Ley de Aguas y Ley Forestal, menos si no se cuenta con el permiso de la Dirección de Aguas del MINAE. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
3.- Informa bajo juramento Melania Rodríguez Quirós, en su condición de Directora del Área de Salud de Palmares, que esa dirección recibió la denuncia D-P-133-2020, presentada por la señora Florencia Sancho Vásquez y José Ángel Sancho Vásquez, representantes de Romero Pío S.A. denunciando lo siguiente: “Rápida la actuación por parte del Ministerio de Salud en la Calle Chanceros, Calle El Progreso, Urbanización La Paz, debido a que muchas de las casas ubicadas en los lugares antes mencionados están tirando las aguas jabonosas, aguas servidas y hasta la materia fecal de manera directa a la alcantarilla de aguas pluviales el cual llega a cielo abierto a nuestra propiedad lo que genera gran cantidad de zancudos y malos olores... Aunado a esto nos están afectando nuestra propiedad con dicha actuación”. Señala que mediante escrito del 13 de agosto de 2020 los denunciantes solicitaron respuesta con relación a la denuncia interpuesta. Manifiestan que por oficio MS-RRCO-ARS-P-435-2020 del 03 de agosto de 2020, el señor Roger Araya Barboza, funcionario del Proceso de Regulación del Área Rectora de Salud de Palmares, indicó: “Inspección de seguimiento a la denuncia 133-2020… sobre lo encontrado: 1. .. la inspección se realizó haciendo un recorrido por la calle los Chanceros, calle El progreso y Urbanización La Paz tiene casas construidas Calle Josecito Colindante por el costado oeste de la finca de Sonia Pacheco. 2- Al llegar a la finca PROPIEDAD ROMERO PIO S.A. se observa que está sembrado de café comprobamos que en sitio existe una caja de registro construida en vía pública donde convergen las aguas a la Quebrada no tiene nombre, sin embargo el visor cartográfico indica afluente de Quebrada Mora. 3.- Como lo demuestra con las fotografías que se anexan esta quebrada fue alcantarillada en su momento, a lo largo de unos cien metros aproximadamente a doble alcantarilla, pero hoy día el alcantarillado colapso y las alcantarillas se encuentran destapadas y las aguas continúa escurriendo por el curso natural 4.- En el recorrido realizado logramos observar que por la topografía del terreno son aproximadamente 80 viviendas que se ubican al margen de la calle llamada los Chanceros más las casas de la urbanización el progreso y las que forma la urbanización la Paz, calle San Josecito más algunas que no se observan porque están construida detrás de las casas principales o en servidumbres etc. 5.- Al momento de la inspección se logra comprobar que no existe un daño directo a la Salud Publica, pero si se observa, la afectación al medio ambiente. CONCLUSIÓN 1.- Que se logra comprobar la presencia de agua en la alcantarilla ubicada a la entrada frente a la quebrada sin nombre y que atraviesa la propiedad ROMERO 2. Que para poder terminar el origen de estas aguas se debe de realizar una visita de campo casa por casa, y realizar pruebas de coloración a los sistemas de tratamiento de aguas negras y luego a las aguas servidas y actuar de acuerdo con los resultados, notificando ordenes sanitaria para que se mejor o construyas los sistemas de tratamiento de acuerdo con la legislación sanitaria vigente. RECOMENDACIONES AL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SALUD. Debido a lo anterior presento un cronograma de inspecciones sanitaria iniciando la primera semana de setiembre y sin fecha de vencimiento debido al contratiempo que se puedan presenten a nivel administrativo por la emergencia del COVID-19 se proponen realizar dos tinciones al día iniciando por la Urbanización La Paz la cual se ubica en el sector de Esquipulas que de acuerdo con información suministrada por el Departamento de Ingeniería de la municipalidad de Palmares consta de 25 lotes de los cuales hay 17 construidos por lo que se programan cuatro casas a la semana o sea dos diarias esto debido a que cuando se utiliza fluroseina las alcantarillas se tiñen y hay que espera a que color desaparezca.
Setiembre 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 dos casas 15 16 17 18 dos casas 21 dos casas 22 23 24 25 dos casas 28 dos casas 29 30 Octubre 2020 Lunes 5 de octubre dos viviendas Viernes 9 de octubre Lunes 12 y viernes 16 Luego se programará las casas de calle Josecito en el mes de noviembre de 2020 salvo mejor criterio”.
Comenta que el 28 de agosto de 2020 se notificó a la señora Florencia Sancho el oficio MS-DRSSCO-DARS-P-0812-2020 en el cual se le indica de las acciones a realizar por parte de las autoridades de salud en la atención de la denuncia D-P-133-2020. Añade que, a pesar de tener una programación establecida para el seguimiento del caso de la denuncia D-P-133-2020, el funcionario que lo tuvo a cargo presentó un quebranto importante de su salud, lo cual generó un panorama incierto con torno al cumplimiento de sus responsabilidades laborales, siendo que actualmente se mantiene incapacitado. Destaca que se ha designado a otra funcionaria para continuar con el caso de la denuncia se han establecido como fechas de visitas de inspección para continuar con el seguimiento el 13 y 20 de enero de 2021. Además, el asunto es de alta complejidad debido a la cantidad de viviendas construidas y para poder determinar el origen de las aguas se debe realizar pruebas de coloración a los sistemas de tratamiento de aguas negras y luego a las aguas servidas. Resalta que la programación de la inspección se debe realizar paulatinamente esto debido a que cuando se utiliza fluoresceína las alcantarillas se tiñen y hay que esperar que el color desaparezca. Asimismo, el caso es complejo debido a la cantidad de viviendas a realizar inspección la cual sobrepasa a 80. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes manifiestan que la sociedad amparada es dueña de la finca con matrícula de folio real No. 2-132052-000, plano catastrado No. A-1409099-2010, ubicada en calle Progreso del distrito de Esquipulas del Cantón de Palmares, provincia de Alajuela. Señalan que la propiedad en cuestión era atravesada por una pequeña zanja; sin embargo, hoy en día, la zanja es inmensa debido a que la municipalidad recurrida ha canalizado las aguas de diferentes lugares sin su consentimiento, estudios técnicos ni control. Advierten que las aguas no discurren de manera natural, sino que han sido canalizadas a través de la construcción de alcantarillas dirigidas de forma artificial a la propiedad de su representada. Reiteran que el municipio recurrido, sin algún estudio hidrológico, dispuso la correntía final de las aguas pluviales, residuales, servidas y hasta aguas negras sobre el inmueble amparado, causando una gran contaminación ambiental. Destacan que la alcantarillas ya no dan abasto, provocando que se inunde la propiedad. Narran que el Ministerio de Salud recurrido tiene conocimiento de la denuncia a través de las notas presentadas desde el 14 de marzo de 2011, 28 de noviembre de 2011, 9 de julio de 2020 y 13 de agosto de 2020. No obstante, reclaman que al día que acuden en amparo no ha hecho nada al respecto. Solicitan la intervención de la Sala.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.- HECHO NO PROBADO. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:
Único. Que la Municipalidad de Palmares haya canalizado las aguas pluviales, negras, jabonosas y servidas hacía la propiedad amparada.
IV.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES. En el sub lite los recurrentes acusan que la Municipalidad de Palmares ha canalizado las aguas pluviales, residuales, jabonosas, negras y servidas hacia la propiedad de Romero Pio S.A. Al respecto, la Alcaldesa y el Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Palmares, informaron bajo la solemnidad del juramento, que es falso que ese municipio haya canalizado las aguas pluviales hacía la propiedad aludida. Sobre el particular, subrayaron que la propiedad en cuestión no la atraviesa una zanja, sino que es atravesada por una Quebrada sin nombre, es decir, que se trata de un cauce de dominio público y no de una zanja provocada por la municipalidad, tal y como quieren hacerlo ver los promoventes. Respecto al desfogue de aguas negras o servidas, afirmaron que ese gobierno local no tiene injerencia al respecto, ya que es competencia del Ministerio de Salud y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados velar porque los vecinos del cantón dispongan de forma correcta de dichas aguas. Finalmente, en cuanto a las aguas pluviales se refiere, fueron enfáticos en indicar que la Municipalidad de Palmares tampoco ha canalizado el desfogue de dichas aguas hacia la propiedad tutelada, por cuanto ha sido producto de la actividad de la quebrada y del curso natural de las aguas de lluvia en época de invierno. Bajo esta lógica, como no se logró demostrar ninguno de los agravios que se acusan contra la municipalidad recurrida, estima la Sala que procede declarar sin lugar el recurso, en cuanto a esta autoridad se refiere.
V.- Por otra parte, en el líbelo de interposición los accionantes demandan que la Municipalidad de Palmares no ha cumplido con el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 287 Cap VI, Art 9, celebrada el 03 de noviembre de 2015, donde el Concejo Municipal concertó realizar los trabajos para alcantarillar la propiedad privada perteneciente a la Romero Pio S.A. Sobre el particular, advierte la Sala que si los recurrentes consideran que el gobierno local recurrido ha omitido cumplir con lo dispuesto por el Concejo Municipal en el acuerdo referido, ello en el fondo constituye una queja que no compete ventilarse ante esta Jurisdicción, toda vez que la investigación y posterior amonestación -si fuera el caso- a una autoridad pública que no ha cumplido con las funciones que la propia ley le asigna, compete a otras instancias judiciales (la penal) o administrativas, por lo que deberán plantear su inconformidad ante la propia Municipalidad de Palmares, o bien, denunciar el hecho por incumplimiento de deberes.
VI.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD. Los promoventes reclaman que en reiteradas ocasiones han denunciado ante el Ministerio de Salud la contaminación con aguas residuales en la propiedad de sus representada; empero, no ha hecho nada al respecto. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que llevan razón los recurrentes en su alegato. Del elenco de hechos probados se tiene por acreditado que los accionantes son representantes de la Romero Pio S.A. domiciliada en la provincia de Alajuela, cantón de Palmares, distrito de Esquipulas. El 14 de marzo del 2011 la recurrente Florencia Sancho Vásquez y el señor Randall Francisco Sancho Vásquez presentaron un oficio ante la sucursal de Palmares del Ministerio de Salud, en donde denunciaron la construcción de un canal con alcantarilla en la zona que transporta aguas sucias y negras hasta una zanja que se encuentra ubicada en la propiedad amparada. Posteriormente, sea el 09 de julio de 2020, los recurrentes Florencia Sancho Vásquez y José Ángel Sancho Vásquez nuevamente presentaron un oficio ante el Área de Salud de Palmares solicitando expresamente la “rápida la actuación por parte del Ministerio de Salud en la Calle Chanceros, Calle El Progreso, Urbanización La Paz, debido a que muchas de las casas ubicadas en los lugares antes mencionados están tirando las aguas jabonosas, aguas servidas y hasta la materia fecal de manera directa a la alcantarilla de aguas pluviales el cual llega a cielo abierto a nuestra propiedad lo que genera gran cantidad de zancudos y malos olores... Aunado a esto nos están afectando nuestra propiedad con dicha actuación”. A efecto de recibir notificaciones señalaron las direcciones de correo electrónica [email protected] y [email protected]. Igualmente, se colige que el ministerio accionado le asignó al trámite el No. 133-2020.
Ahora bien, consta que atendiendo lo plasmado, mediante oficio MS-RRCO-ARS-P-435-2020 del 03 de agosto de 2020, el señor Roger Araya Barboza, funcionario del Proceso de Regulación del Área Rectora de Salud de Palmares, indicó en lo medular lo siguiente: “Inspección de seguimiento a la denuncia 133-2020… sobre lo encontrado: 1. .. la inspección se realizó haciendo un recorrido por la calle los Chanceros, calle El progreso y Urbanización La Paz tiene casas construidas Calle Josecito Colindante por el costado oeste de la finca de Sonia Pacheco. 2- Al llegar a la finca PROPIEDAD ROMERO PIO S.A. se observa que está sembrado de café comprobamos que en sitio existe una caja de registro construida en vía pública donde convergen las aguas a la Quebrada no tiene nombre, sin embargo el visor cartográfico indica afluente de Quebrada Mora. 3.- Como lo demuestra con las fotografías que se anexan esta quebrada fue alcantarillada en su momento, a lo largo de unos cien metros aproximadamente a doble alcantarilla, pero hoy día el alcantarillado colapso y las alcantarillas se encuentran destapadas y las aguas continúa escurriendo por el curso natural 4.- En el recorrido realizado logramos observar que por la topografía del terreno son aproximadamente 80 viviendas que se ubican al margen de la calle llamada los Chanceros más las casas de la urbanización el progreso y las que forma la urbanización la Paz, calle San Josecito más algunas que no se observan porque están construida detrás de las casas principales o en servidumbres etc. 5.- Al momento de la inspección se logra comprobar que no existe un daño directo a la Salud Publica, pero si se observa, la afectación al medio ambiente. CONCLUSIÓN 1.- Que se logra comprobar la presencia de agua en la alcantarilla ubicada a la entrada frente a la quebrada sin nombre y que atraviesa la propiedad ROMERO 2. Que para poder terminar el origen de estas aguas se debe de realizar una visita de campo casa por casa, y realizar pruebas de coloración a los sistemas de tratamiento de aguas negras y luego a las aguas servidas y actuar de acuerdo con los resultados, notificando ordenes sanitaria para que se mejor o construyas los sistemas de tratamiento de acuerdo con la legislación sanitaria vigente. RECOMENDACIONES AL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SALUD. Debido a lo anterior presento un cronograma de inspecciones sanitaria iniciando la primera semana de setiembre y sin fecha de vencimiento debido al contratiempo que se puedan presenten a nivel administrativo por la emergencia del COVID-19 se proponen realizar dos tinciones al día iniciando por la Urbanización La Paz la cual se ubica en el sector de Esquipulas que de acuerdo con información suministrada por el Departamento de Ingeniería de la municipalidad de Palmares consta de 25 lotes de los cuales hay 17 construidos por lo que se programan cuatro casas a la semana o sea dos diarias esto debido a que cuando se utiliza fluroseina las alcantarillas se tiñen y hay que espera a que color desaparezca”. Se tiene que 13 de agosto de 2020 los promoventes solicitaron al área de salud que les indicaran las acciones tomadas en atención a la gestión interpuesta el 09 de julio de 2020, siendo que por oficio MS-DRSSCO-DARS-P-0812-2020 del 25 de agosto de 2020, remitido a la dirección [email protected] el 28 de agosto de 2020, la Directora del Área de Salud de Palmares les notificó a los denunciantes lo siguiente: “Se informa del seguimiento brindado a su denuncia D-P-133-2020, la cual fue recibida en esta unidad organizativa por supuestos problemas de disposición de aguas en Calle Chancero, Calle el Progreso, Urbanización la Paz. De acuerdo al informe técnico MS-RRCO-ARS-P-435-2020, el cual se adjunta, se indica que debido a las acciones necesarias para atender el asunto, se plantea un cronograma de atención durante el mes de setiembre”. Finalmente y pese al escenario descrito, la personera del Ministerio de Salud subrayó en su informe que el funcionario a cargo de las inspecciones sanitarias programadas para los meses de setiembre y octubre de 2020 en el sector de Esquipulas presentó un quebranto importante de su salud, de manera que a la fecha de rendido el informe se mantenía incapacitado y, por esa razón, en fecha indeterminada se designó a otra funcionaria para continuar con la atención de la denuncia D-P-133-2020.
Pese a la certeza de la problemática descrita, el Área de Salud de Palmares informó que, para poder determinar el origen de las aguas, todavía requieren realizar pruebas de coloración a los sistemas de tratamiento de aguas negras y luego a las aguas servidas a más de 80 viviendas. En ese orden de ideas, si bien el ministerio accionado describe las diferentes gestiones que ha realizado sobre el manejo del problema, lo cierto del caso es que, actualmente, impera el hecho que, a la fecha de interposición de este recurso, no existe todavía una solución con certeza de la situación denunciada por los recurrentes en la propiedad ubicada en el cantón de Palmares, distrito de Esquipulas, el cual conforme quedó demostrado, todavía persiste. En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a esta autoridad, de conformidad con las consideraciones indicadas en la parte dispositiva de la sentencia.
VII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso únicamente contra el Área de Salud de Palmares por la acusada dilación en resolver de manera definitiva el problema de contaminación denunciado por la parte recurrente. Se ordena a Melania Rodríguez Quirós, en su condición de Directora del Área de Salud de Palmares, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que emita las órdenes y lleve a cabo las actuaciones respectivas en el ámbito de sus competencias para que, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, sea resuelta y notificado lo relativo a la denuncia planteada en relación con el problema de contaminación ambiental que presentan los accionantes en la propiedad amparada ubicada en la provincia de Alajuela, cantón de Palmares, distrito de Esquipulas, debido a la presencia de agua en la alcantarilla ubicada a la entrada frente a la quebrada sin nombre que atraviesa la propiedad ROMERO 2. Una vez que determine el origen y los responsables de la contaminación ya detectada, deberá emitir de inmediato las órdenes sanitarias correspondientes y procurar su efectivo cumplimiento, a fin de solucionar de forma definitiva la contaminación en cuestión, en un plazo no mayor a CUATRO MESES. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la Municipalidad de Palmares, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto, declara sin lugar el amparo, en cuanto a la acusada violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
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