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Res. 24023-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/12/2020
OutcomeResultado
The amparo is granted against the Municipality of Pococí for denial of administrative justice by failing to address the noise complaint for over two years; it is denied against the Ministry of Health, which did conduct sonic measurements and addressed previous complaints.Se declara con lugar el amparo contra la Municipalidad de Pococí por denegación de justicia administrativa al no atender la queja por ruido por más de dos años; se declara sin lugar contra el Ministerio de Salud, que sí realizó mediciones sónicas y atendió las denuncias previas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a resident of Toro Amarillo Uno, Pococí, against the Ministry of Health and the Municipality of Pococí, for sonic contamination from the "Don Gelato" ice cream factory. The petitioner alleges that motor noise affects her health and that of her minor children, preventing them from studying and sleeping, and that her complaints have not been effectively addressed. The Chamber verifies that the Ministry of Health did conduct inspections and sonic measurements, concluding that the factory does not exceed legal limits, and therefore dismisses the appeal against that entity. However, regarding the Municipality of Pococí, it is shown that it did not address the complaint filed since 2018, acting only after notification of the amparo, which constitutes a denial of administrative justice. The appeal is granted against the municipality, ordering it to resolve the complaint within ten days. A separate opinion by Magistrate Hernández López argues that, in general, the Chamber should refrain from hearing environmental claims that belong to the administrative jurisdiction, except in cases like this one, where sonic pollution poses a risk to health.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una vecina de Toro Amarillo Uno, Pococí, contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Pococí, por la contaminación sónica generada por la fábrica "Don Gelato". La recurrente alega que los ruidos de los motores afectan su salud y la de sus hijos menores, impidiéndoles estudiar y dormir, y que sus denuncias no han sido atendidas eficazmente. La Sala verifica que el Ministerio de Salud sí realizó inspecciones y mediciones sónicas, concluyendo que la fábrica no sobrepasa los límites legales, por lo que declara sin lugar el recurso respecto a esa entidad. En cambio, respecto a la Municipalidad de Pococí, se demuestra que no atendió la queja presentada desde 2018, actuando solo tras la notificación del amparo, lo que constituye una denegación de justicia administrativa. Se declara con lugar el recurso contra la municipalidad, ordenándole resolver la denuncia en diez días. Se incluye una nota separada donde la Magistrada Hernández López argumenta que, en general, la Sala debería abstenerse de conocer reclamos ambientales que corresponden a la jurisdicción contenciosa, salvo excepciones como el presente caso, donde la contaminación sónica pone en riesgo la salud.
Key excerptExtracto clave
VI.- On the specific case. As can be seen from the filing, the petitioner's complaint concerns the alleged sonic contamination produced by an "Artisanal Popsicle and Ice Cream Factory" called "Don Gelato," resulting from the motors used. According to the evidence provided and the reports issued by the respondent authorities, the Chamber verified that in 2017 and 2018, the petitioner filed two complaints with the Ministry of Health regarding noise from the Artisanal Popsicle and Ice Cream Factory. In turn, it is verified that as a result of those complaints, the corresponding inspections were carried out at the Artisanal Popsicle and Ice Cream Factory, where sonic measurements were taken, and through official letter HC-ARS-P-7431-2017 of August 30, 2017, and MS-DRRSHC-ARSP-3279-2019 of June 27, 2020, the petitioner was notified of the results of her actions, with the last one stating "(...) does not exceed what is established in national legislation," which was notified to the claimant. Thus, the respondent authority acted in accordance with its powers and timely addressed the petitioner's complaint, so it is not verified that the respondent authority violated any fundamental right in that regard. VII.- Regarding the Municipality of Pococí, it is shown that on June 15, 2018, the petitioner filed a complaint with the Municipal Engineering Department about the noise generated by the ice cream factory motors, located adjacent to her home, as well as about the construction carried out; however, there is no evidence that the respondent authority took any action to address the complaint, and the respondent authority does not justify such delay in preparing and resolving the matter. Note that it was only after notification of this appeal, i.e., November 13, 2020, that the respondent authority conducted an inspection, in which it was verified that the factory's construction area exceeds what was authorized by the Municipality of Pococí, and for that reason, notifications M-P 160 and M-P 161 were made to the representative of the denounced company to initiate an administrative proceeding for irregular construction. Thus, it is evident that the processing of the complaint filed more than two years ago was abandoned, since it was only on the occasion of this appeal that the respondent authority carried out the corresponding actions to investigate and thus safeguard the health of the petitioner and her neighbors. That delay, both in gathering the investigation it deems relevant and in definitively resolving the petitioner's request, has resulted in a denial of administrative justice. Finally, there is also no evidence that the respondent authority communicated a resolution to the petitioner, thereby violating her right to prompt and complete justice.VI.- Sobre el caso concreto. Tal como se observa del escrito de interposición, la denuncia que hace la recurrente está referida a la supuesta contaminación sónica que produce una “Fábrica de Bolis y Helados Artesanales”, llamada “Don Gelato”, consecuencia de los motores utilizados. De acuerdo a la prueba aportada y a los informes rendidos por las autoridades recurridas, la Sala constató que en el año 2017 y en el 2018, la recurrente presentó dos denuncias ante el Ministerio de Salud, por el ruido proveniente de la Fábrica de Bolis y Helado Artesanal. A su vez, se constata, que como consecuencia a dichas quejas, se llevaron a cabo las inspecciones correspondientes en la Fábrica de Bolis y Helados Artesanales, donde se realizaron mediciones sónicas y mediante oficio HC-ARS-P-7431-2017, del 30 de agosto de 2017, y el MS-DRRSHC-ARSP-3279-2019, del 27 de junio de 2020, se le comunicó a la recurrente el resultado de sus gestiones, siendo que en la última ocasión, se le indicó “ (….) no se sobrepasa lo establecido en la legislación Nacional”, lo cual le fue notificado a la accionante. De manera, que la autoridad recurrida actuó conforme a sus competencias y atendió en tiempo y forma la queja presentada por la recurrente, por lo que no se verifica que la autoridad recurrida haya lesionado algún derecho fundamental, en ese sentido. VII.- En cuanto a la Municipalidad de Pococí, se demuestra, que el 15 de junio de 2018, la recurrente presentó una queja ante el Departamento de Ingeniería Municipal por el ruido que provocaban los motores de la fábrica de helados, que se ubica contiguo a su vivienda, así como por la construcción realizada; sin embargo, no consta que la autoridad recurrida haya realizado algún acto para atender la denuncia, y la autoridad recurrida no justifica tal tardanza para elaborar y resolver lo correspondiente. Nótese, que no fue sino hasta la notificación de la interposición del presente recurso, a saber, el 13 de noviembre de 2020, que la autoridad recurrida llevó a cabo una inspección, en la que se verificó, que el área de construcción de la fábrica excede lo autorizado por la Municipalidad de Pococí, por tal motivo, se hicieron las notificaciones M-P 160 y M-P 161, al representante de la empresa denunciada, para iniciar un procedimiento administrativo por construcción irregular. De manera, que consta un abandono en la tramitación de la denuncia interpuesta desde hace más de dos años, ya que fue con ocasión de la interposición del presente recurso, que la autoridad recurrida realizó los actos correspondientes para investigar y así velar por la salud de la recurrente y sus vecinos. Esa demora, tanto en recabar la investigación que estima de mérito, como en resolver en definitiva la gestión de la recurrente ha implicado una denegación de justicia administrativa. Finalmente, tampoco consta que le haya comunicado a la amparada una resolución al respecto, por lo que, ha lesionado el derecho a una justicia pronta y cumplida de la recurrente.
Pull quotesCitas destacadas
"Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección..."
"This Chamber has recognized that both the right to health and the right to an environment free from contamination – without which the former could not be effective – are fundamental rights, so the State is obliged to provide for their protection..."
Considerando V
"Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección..."
Considerando V
"Las molestias por ruidos afectan la calidad de vida y la salud de las personas, ya que pueden traer consigo consecuencias fisiológicas y psíquicas, sobre todo ante la persistencia de una grave contaminación acústica."
"Noise nuisances affect people's quality of life and health, as they can bring physiological and psychological consequences, especially in the face of persistent severe acoustic pollution."
Considerando V
"Las molestias por ruidos afectan la calidad de vida y la salud de las personas, ya que pueden traer consigo consecuencias fisiológicas y psíquicas, sobre todo ante la persistencia de una grave contaminación acústica."
Considerando V
"Esa demora, tanto en recabar la investigación que estima de mérito, como en resolver en definitiva la gestión de la recurrente ha implicado una denegación de justicia administrativa."
"That delay, both in gathering the investigation it deems relevant and in definitively resolving the petitioner's request, has resulted in a denial of administrative justice."
Considerando VII
"Esa demora, tanto en recabar la investigación que estima de mérito, como en resolver en definitiva la gestión de la recurrente ha implicado una denegación de justicia administrativa."
Considerando VII
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Case File: 20-020734-0007-CO Type of Matter: Amparo remedy Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with separate note Judgment with protected data, in accordance with current regulations *200207340007CO* Case File: 20-020734-0007-CO Res. No. 2020024023 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and ten minutes on the fifteenth of December, two thousand twenty.
Amparo remedy processed in case file No. 20-020734- 0007-CO, filed by FANNY FALLAS JIMÉNEZ, identity card number 0700970833, against the MINISTRY OF HEALTH AND THE MUNICIPALITY OF POCOCÍ. Whereas: 1.- By a document received in the Secretariat of the Chamber at 9:25 a.m. on November 11, 2020, the petitioner files an amparo remedy against the Ministry of Health and the Municipality of Pococí. She states that she is a resident of Guápiles, La Casona Urbanization. She relates that she is the mother of three minors and has lived in the town of Toro Amarillo Uno for years. She points out that the place where she lives is an urbanized zone; however, some time ago they began building an ice cream and boli factory, which initially was a small construction, but now it is a large building. She mentions that her home is located near that factory. She accuses that the noises caused by the machines and motors are unbearable and prevent her children from studying and sleeping, since they run day and night. She adds that both she and her children have serious health problems and need to be in an environment of peace and tranquility, which they have not had for years, due to the excessive noise they must endure daily. She details that the house where she lives is simple and does not have the conditions to filter the noise from the motors of that factory. Therefore, she maintains that in 2017 and 2018, she filed complaints before the Pococí Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of the Ministry of Health. She indicates that said authority conducted visits and warned the factory owners to confine the noises generated by the motors in their activity. However, she alleges that the problem still persists due to a lack of follow-up. Likewise, she refers that in 2018, she reported this situation to the Municipality of Pococí; however, her petition has not yet been addressed, despite the fact that this municipality is responsible for authorizing the license (patente) for a factory in a residential area. She emphasizes that the omission of the respondent authorities in addressing and providing a definitive solution to the reported problem violates her fundamental rights.
2.- By resolution of 1:20 p.m. on November 12, 2020, the present remedy was admitted and a hearing was granted to the director of the Pococí Health Governing Area of the Ministry of Health and the mayor of Pococí.
3.- On November 13, 2020, Magistrate Rueda Leal submitted a motion for recusal.
4.- By resolution of 2:01 p.m. on November 19, 2020, the Presidency of this Chamber considered that there are admissible reasons to recuse Magistrate Rueda Leal from hearing this amparo, and therefore accepted the motion for recusal presented by him.
5.- Under oath, Manuel Hernández Rivera, in his capacity as Mayor of the Municipality of Pococí, reports that regarding the operation of the ice cream factory establishment, official letter PA-257-2020 from the Licensing Unit (Unidad de Patentes) is provided, which states that the factory "Don Gelato" is in order regarding the commercial license (licencia comercial) and operating permit (permiso de funcionamiento) from the Ministry of Health. He adds that regarding the construction matter, it was determined that the factory originally had a construction license (licencia para construir); however, as a result of an inspection conducted today by inspectors Francisco Vargas Sequiera and Carlos Torres Madrigal, it was possible to establish that currently the construction exceeds what was authorized by the Municipality of Pococí at the time. For this reason, notifications M-P 160 and M-P 161 were made to initiate an administrative procedure for irregular construction. 6.- Under oath, Karen Mayorga Quirós, in her capacity as Director of the Pococí Health Governing Area, reports that the industry has a current Sanitary Permit (Permiso Sanitario) No. 69434, whose type of activity is "Fabrica de Bolis y Helados Artesanales" (Factory of Bolis and Artisanal Ice Creams), ISIC 1104, Risk Type B. She indicates that from the analysis and review of the file, the complaint conditionally filed under consecutive number 031-17 by the petitioner is recorded. She comments that in response to it, the health authorities issued at the time Sanitary Order (Orden Sanitaria) No. HC-ARSP-4439-17, in terms of "confining noises generated by the motors of your activity". She indicates that official letter HC-ARS-P-7225-2017 is forwarded by the health authority, where it attests to what was done for its compliance. She narrates that the pertinent sonic measurements were conducted, and through official letter MS-DRRSHC-ARSP-3729-2019, the authorities concluded "that it does not exceed what is established in national legislation." She assures that the foregoing was notified to the petitioner through official letter MS-DRRSHC-ARSP-3310-2019. She asserts that to date, according to the review of the archive file, no disagreement or complaint filed by the petitioner appears, other than the filing of this remedy. Finally, she indicates that as the health governing body, a sonic measurement will be scheduled to determine with certainty what has been reported, and thus have better factual and legal elements in a reasonable and proportional manner to determine the appropriate resolution of the reported controversy. She adds that in order to better resolve and provide to the Chamber, a sonic measurement will be scheduled to determine with certainty what has been reported, and thus have better factual and legal elements in a reasonable and proportional manner to determine the appropriate resolution of the controversy reported here. She requests the remedy be dismissed.
7.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and, Considering: I.- Object of the remedy. The petitioner, mother of three minors, residents of the town of Toro Amarillo Uno, alleges that the place where she lives is an urbanized zone; however, some time ago they began building an ice cream and boli factory, which initially was a small construction, but now it is a large building. She indicates that the noises caused by the machines and motors are unbearable and prevent her children from studying, sleeping, and generally enjoying a healthy environment. She accuses that despite having turned to the Ministry of Health and the Municipality of Pococí, her petition has been ineffective.
II.- Prior clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, since Judgment No. 2008-02545, of 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the reasonably set deadlines to resolve requests made by individuals, in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. Precisely, in this specific case, a supposed exception is raised, as it involves a complaint filed for a sonic pollution (contaminación sónica) matter that affects the health of the petitioner and the community, against a commercial premises. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
III.- Proven Facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed as duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order: A.- The petitioner and her minor children are residents of the town of Toro Amarillo Uno, an urbanized zone (uncontested fact). Regarding the Municipality of Pococí: On March 6, 2014, Commercial License (Patente Comercial) Number 10110 was granted to the company named "Don Gelato", for the use of "fábrica de bolis y helados artesanales" (factory of bolis and artisanal ice creams) (see official letters PA-257-2020 and DPCC-0049-2014). On June 15, 2018, the petitioner filed a complaint before the Municipal Engineering Department for the noise caused by the motors of the ice cream factory, located next to her dwelling, as well as the construction undertaken (see copy of the complaint). No action is recorded on the part of the Municipality regarding the complaint indicated by the petitioner (see official letter PA-257-2020). On November 13, 2020, the resolution admitting this amparo remedy was notified to the Mayor of Pococí (see notification record). On November 17, 2020, through an inspection, it was possible to establish that the construction of the factory exceeds what was authorized by the Municipality of Pococí, for this reason, notifications M-P 160, and M-P 161 were made to initiate an administrative procedure for irregular construction (see report from the respondent authority and copy of notifications M-P 160 and M-P 161). Regarding the Ministry of Health: The industry has a current Sanitary Permit (Permiso Sanitario) No. 69434, whose type of activity is "Fabrica de Bolis y Helados Artesanales" (Factory of Bolis and Artisanal Ice Creams), ISIC 1104, Risk Type B (see report from the respondent authority). On January 30, 2017, the petitioner filed a complaint against the neighboring factory to her dwelling for sonic and environmental contamination (see copy of the complaint). On June 2, 2017, a field visit was conducted at the reported site (see evidence provided). On August 16, 2017, the Pococí health governing area (área rectora de salud) issued sanitary order (orden sanitaria) No. HC-ARSP-4439-17 and granted a period of 30 business days to the representative of the ice cream factory to confine the noises generated by the motors of the activity (see copy of the sanitary order provided by the petitioner). On August 25, 2017, the inspector went to the reported site to follow up on sanitary order No. HC-ARSP-4439-17 and corroborated its compliance (see copy of the official letter). Through official letter HC-ARS-P-7431-2017, dated August 30, 2017, the director of the governing area notified the petitioner of the result of her complaint (see copy of the official letter provided by the amparo petitioner). On April 19, 2018, the petitioner filed a complaint, indicating her discomfort with the factory noise (see evidence provided by the petitioner). On June 14, 2019, an inspection was carried out at the Fábrica de Bolis y Helados Artesanales (Factory of Bolis and Artisanal Ice Creams), sonic measurements were taken, and through official letter MS-DRRSHC-ARSP-3279-2019, the authorities concluded "that it does not exceed what is established in national legislation" (see report from the respondent authority and evidence provided). Through official letter MS-DRRSHC-3310-2019, dated June 27, 2020, the petitioner was notified of the decision regarding the complaint filed (see report from the respondent authority and copy of the official letter). On the occasion of the facts reported in this remedy, an inspection will be carried out (see report from the respondent authority).
IV.- Unproven Facts. The following facts of relevance for this resolution are not deemed demonstrated: 1. That the respondent Municipality has addressed the complaint filed by the petitioner in the year 2018. 2. That after the year 2019, the petitioner filed a complaint before the respondent health authorities.
V.- Regarding sonic pollution (contaminación sónica), and its relationship with the right to health, the right to enjoy a pollution-free environment, and the right to privacy (right to tranquility). This Chamber has recognized that both the right to health and to a pollution-free environment—without which the former could not be realized—are fundamental rights, so it is the State's obligation to provide for their protection, either through general policies to achieve that end, or through specific acts by the Administration. There are several types of pollution, one of which refers to sonic pollution (contaminación sónica) produced by noise. Noise is considered one of the forms of environmental aggression that increases discomforts in an increasingly polluted society. Nuisances from noise affect people's quality of life and health, as they can bring physiological and psychological consequences, especially in the face of persistent severe acoustic pollution. From this point of confluence between the environment and health, it can therefore be said that environmental deterioration due to excessive noise affects people's well-being and can cause damage to their health, which fully justifies, despite the evident difficulties the topic presents, the regulation of this polluting agent. Thus then, the performance of certain activities that eventually generate sonic pollution (contaminación sónica) is limited out of respect for privacy, the right to a healthy environment, and the right to health. Among the state entities called to ensure these rights are the Police, the Municipality, and the Ministry of Health, primarily the latter, which has the authority to determine the existence of sonic pollution (contaminación sónica). The police are responsible for safeguarding public order, the Municipality has the duty to verify operating permits, and the Ministry of Health is responsible for the inspection and sonic measurement—among other necessary procedures—in order to properly determine whether the health problem of pollution effectively exists, as well as to establish the eventual measures that are technically appropriate for its solution.
VI.- Regarding the specific case. As observed from the filing document, the complaint made by the petitioner refers to the alleged sonic pollution (contaminación sónica) produced by a "Fábrica de Bolis y Helados Artesanales" (Factory of Bolis and Artisanal Ice Creams), named "Don Gelato", resulting from the motors used. According to the evidence provided and the reports rendered by the respondent authorities, the Chamber verified that in 2017 and 2018, the petitioner filed two complaints before the Ministry of Health, regarding the noise coming from the Artisanal Ice Cream and Boli Factory. In turn, it is verified that as a result of those complaints, the corresponding inspections were carried out at the Artisanal Ice Cream and Boli Factory, where sonic measurements were taken, and through official letters HC-ARS-P-7431-2017, dated August 30, 2017, and MS-DRRSHC-ARSP-3279-2019, dated June 27, 2020, the petitioner was notified of the result of her petitions, being that on the last occasion, she was advised "(...) it does not exceed what is established in national legislation," which was notified to the claimant. Therefore, the respondent authority acted according to its competencies and addressed the complaint filed by the petitioner in a timely manner, so it is not verified that the respondent authority has violated any fundamental right in that regard.
VII.- As for the Municipality of Pococí, it is demonstrated that on June 15, 2018, the petitioner filed a complaint before the Municipal Engineering Department for the noise caused by the motors of the ice cream factory, located next to her dwelling, as well as for the construction undertaken; however, it is not recorded that the respondent authority carried out any act to address the complaint, and the respondent authority does not justify such delay in preparing and resolving the matter. Note that it was not until the notification of the filing of this remedy, namely, on November 13, 2020, that the respondent authority carried out an inspection, in which it was verified that the construction area of the factory exceeds what was authorized by the Municipality of Pococí. For this reason, notifications M-P 160 and M-P 161 were made to the representative of the reported company to initiate an administrative procedure for irregular construction. Therefore, an abandonment in the processing of the complaint filed more than two years ago is evident, since it was on the occasion of the filing of this remedy that the respondent authority performed the corresponding acts to investigate and thus ensure the health of the petitioner and her neighbors. This delay, both in gathering the investigation it deems meritorious and in definitively resolving the petitioner's petition, has implied a denial of administrative justice. Finally, it is also not recorded that it has communicated a resolution on the matter to the amparo petitioner, for which reason it has violated the petitioner's right to prompt and complete justice.
VIII.- Conclusion. From the foregoing, it is demonstrated that regarding the Ministry of Health, there are prior complaints filed by the petitioner, which, in due course, were addressed and the result communicated to the complainant. Likewise, it is demonstrated that subsequent to that, there is no complaint—due to noise or otherwise—filed by the petitioner, so regarding this aspect, the remedy is dismissed. On the other hand, in relation to the Municipality of Pococí, it was verified that due to the filing of this remedy, they scheduled a visit to the site reported by the petitioner since 2018, and that to date, it is also not recorded that the resolution regarding her complaint has been communicated to her. For the reasons stated, regarding this aspect, the remedy is granted.
IX.- Let the Ministry of Health take note of the urgency to carry out the sonic measurement indicated in the report rendered, in order to act in accordance with the law based on the results of said measurement, in protection of the fundamental rights of the petitioner and the community.
X.- Note by Magistrate Salazar Alvarado. I consider that in environmental matters, if there has already been intervention by the Public Administration, their knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the pollution source are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where sonic pollution (contaminación sónica) from a commercial premises is alleged, affecting the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life for the petitioner and other neighbors.
XI.- Documentation Provided to the Case File. The parties are warned that, if any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, has been provided, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore: The remedy is granted, solely against the Municipality of Pococí. Manuel Hernández Rivera, in his capacity as Municipal Mayor of Pococí, or whoever holds that position, is ordered, within a period of TEN DAYS from the notification of this judgment, to take the measures and issue the precise instructions so that the complaint made by the petitioner is definitively resolved and the decision is communicated to her. The foregoing, under the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo remedy, and fails to comply with or fails to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Municipality of Pococí is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Let the respondent authority take note of what is set forth in considering IX. Magistrate Hernández López and Magistrate Salazar Alvarado add notes. Notify.- Nancy Hernández L. Acting Presiding Judge Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.
Anamari Garro V. Alicia Salas T.
Ana María Picado B. Marta Esquivel R.
Case File 20-020734-0007-CO.
SEPARATE NOTE BY MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.
1. The historical context that at one time motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a very extensive legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed on the Chamber a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.
2. Today, we find ourselves facing a "dense framework" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was poorly or not at all regulated, thus the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive means of standing have been broadly regulated, so that individuals can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.
3. In this context, it is neither legally appropriate nor functionally correct for the Constitutional Chamber to displace, or—even worse—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect because the design of its processes is poorly suited to the complexity present in numerous environmental conflicts composed of technically and legally complex series of facts and acts. There are known examples on both issues in which the Chamber has delivered a half-hearted or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have judgment enforcement judges that allow adequate follow-up to judgments—generally complex—which sometimes involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.
5. From this perspective, the decision by this Court to take a step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental subject matter, but rather the opposite, of its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as this instance's declination of its task of protecting the constitutional rights imposed on it by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, remains reserved in this area for specific cases. Rather, it is an exercise of realigning the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise of establishing its own jurisdiction, as established by Article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber does not plan to abandon to other jurisdictions the work of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional scope, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is therefore about ensuring that the Chamber becomes a protagonist together with others, so that—among all and each in its own space—the entire variety of situations presented in protecting the right to a healthy and balanced environment within a society where there are also other equally pressing needs can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose a shred of protection, but substantial gains are made in scope, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, as it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, to leave their knowledge in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is generally affirmed, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber should reserve knowledge of situations such as, for example, claims for environmental infringements that also put people's health, or access to or quality of water, at direct risk; cases of gross and direct violations to the environment and in which a glaring absence of protection by state authorities is verified, provided that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural mechanism, since I believe that the amparo should not be "turned into ordinary proceedings" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately addressed within it.
8. In the specific case, according to the proven facts, the petitioner's claim could eventually impact her health and that of her family.
Consequently, it is clear that we are faced with the exceptions mentioned, and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, in order to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the protected persons.
Nancy Hernández López Magistrate Observations of the SALA CONSTITUCIONAL voted by ballot It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:00:34.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *200207340007CO* Res. Nº 2020024023 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y diez minutos del quince de diciembre del dos mil veinte.
Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 20-020734- 0007-CO, interpuesto por FANNY FALLAS JIMÉNEZ, cédula de identidad 0700970833 , contra el MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ. Resultando: 1.- Por escrito recibido mediante en la Secretaria de la Sala a las 9:25 horas del 11 de noviembre de 2020, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Pococí. Manifiesta, que es vecina de Guápiles, Urbanización La Casona. Refiere que es madre de tres menores de edad y desde hace años vive en la localidad de Toro Amarillo Uno. Señala que el lugar donde vive es una zona urbanizada; sin embargo, hace un tiempo empezaron a construir una fábrica de helados y bolis, la cual inicialmente era una construcción pequeña, pero ahora es una gran edificación. Menciona que su casa de habitación se encuentra cerca de esa fábrica. Acusa que los ruidos que ocasionan las máquinas y motores son insoportables y le impide a sus hijos estudiar y dormir, toda vez que pasan encendidos día y noche. Añade que tanto ella como sus hijos presentan serios problemas de salud y requieren estar en un ambiente de paz y tranquilidad, el cual no tienen desde hace años, debido al ruido excesivo que deben soportar diariamente. Detalla que la casa donde habita es sencilla y no tiene las condiciones para filtrar el ruido de los motores de esa fábrica. Por lo anterior, sostiene que en el 2017 y 2018, interpuso denuncias ante el Área Rectora de Salud de Pococí del Ministerio de Salud. Indica que esa autoridad realizó visitas y previno a los dueños de la fábrica confinar los ruidos que generan los motores en su actividad. No obstante, alega que el problema todavía persiste ante la falta de seguimiento. Asimismo, refiere que en el 2018, denunció esa situación ante la Municipalidad de Pococí; empero, aún no ha sido atendida su gestión, pese a que ese municipio es el responsable de autorizar la patente a una fábrica en un lugar residencial. Enfatiza que la omisión de las autoridades recurridas en atender y dar solución definitiva al problema denunciado, lesiona sus derechos fundamentales. 2.- Mediante resolución de las 13:20 horas del 12 de noviembre de 2020, se dio curso al presente recurso y se otorgó audiencia al director del Área Rectora de Salud de Pococí del Ministerio de Salud y al alcalde de Pococí. 3.- En fecha 13 de noviembre de 2020, el Magistrado Rueda Leal presentó solicitud de inhibitoria.
4.- Por resolución de las 14:01 horas del 19 de noviembre de 2020, la Presidencia de esta Sala consideró que existen razones atendibles para tener por separado al Magistrado Rueda Leal del conocimiento de este amparo, por lo que aceptó la solicitud de inhibitoria presentada por este.
5.- Informan bajo juramento, Manuel Hernández Rivera en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Pococí, que en relación al funcionamiento del establecimiento de fábrica de helados, se aporta oficio: PA-257-2020 de la Unidad de Patentes donde se informa que la fábrica “Don Gelato”, se encuentra en orden en cuanto a la licencia comercial y permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. Agrega, que sobre la materia constructiva, se determinó que la fábrica originalmente tenía una licencia para construir, sin embargo, producto de una inspección realizada, el día de hoy, por los inspectores Francisco Vargas Sequiera y Carlos Torres Madrigal, se pudo establecer que en la actualidad lo construido excede lo autorizado por la Municipalidad de Pococí en su momento, por tal motivo, se hicieron las notificaciones M-P 160 y M-P 161 para iniciar un procedimiento administrativo por construcción irregular. 6.- Informa bajo juramento Karen Mayorga Quirós, en su condición de Directora de Área Rectora de Salud de Pococí, que la industria cuenta con el Permiso Sanitario vigente N° 69434, cuyo tipo de actividad es por “Fabrica de Bolis y Helados Artesanales”, CIIU 1104, tipo de Riesgo B. Indica, que del análisis y revisión del expediente consta la denuncia interpuesta en forma condicional mediante consecutivo 031-17, por la recurrente. Comenta, que en atención de la misma, por parte de las autoridades sanitarias, se giró en su momento la Orden Sanitaria N° HC-ARSP-4439-17, en términos de “confinar ruidos que generan los motores de su actividad”. Indica, que se remite el oficio HC-ARS-P-7225-2017, por la autoridad sanitaria donde da fe de lo realizado para su cumplimiento. Narra, que se realizaron las mediciones sónicas pertinentes y mediante el oficio MS-DRRSHC-ARSP-3729-2019, se concluyó por las autoridades “que no sobrepasa lo establecido en la legislación Nacional” . Asegura, que lo anterior se notificó a la recurrente mediante el oficio MS-DRRSHC-ARSP-3310-2019. Asegura, que a la fecha, según lo revisado del expediente del archivo, no aparece disconformidad o denuncia alguna interpuesta por la recurrente, sino hasta la interposición del presente recurso. Por último, indica, que como ente rector de la salud, se estará programando una medición sónica para determinar a ciencia cierta lo denunciado y así contar con mejores elementos de hecho y derecho en forma razonable y proporcional para determinar lo procedente en la resolución de la controversia denunciada. Añade, que en aras de mejor resolver y proveer a la Sala, sé estará programando una medición sónica para determinar a ciencia cierta lo denunciado y así contar con mejores elementos de hecho y derecho en forma razonable y proporcional para determinar lo procedente en la resolución de la controversia aquí denunciada. Solicita se declare sin lugar el recurso. 7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. Alega la recurrente, madre de tres menores de edad, vecinos de la localidad de Toro Amarillo Uno, que el lugar donde vive es una zona urbanizada; sin embargo, hace un tiempo empezaron a construir una fábrica de helados y bolis, la cual inicialmente era una construcción pequeña, pero ahora es una gran edificación. Indica, que los ruidos que ocasionan las máquinas y motores son insoportables y le impide a sus hijos estudiar, dormir y en general disfrutar de un ambiente sano. Acusa, que a pesar de haber acudido al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Pococí, su gestión ha sido ineficaz.
II.- Aclaración previa . Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia Nº 2008-02545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41, de la Constitución Política. Precisamente, en el caso concreto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia planteada, por un asunto de contaminación sónica que afecta la salud de la recurrente y la comunidad, contra un local comercial. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: A.- La recurrente y sus hijos/as, menores de edad, son vecinos de la localidad de Toro Amarillo Uno, zona urbanizada (hecho no controvertido). En cuanto a la Municipalidad de Pococí: El 6 de marzo de 2014, se otorgó a la empresa denominada “Don Gelato” la Patente Comercial Número 10110, para el uso de “fábrica de bolis y helados artesanales” (ver oficios PA-257-2020 y DPCC-0049-2014). El 15 de junio de 2018, la recurrente presentó una queja ante el Departamento de Ingeniería Municipal por el ruido que provocan los motores de la fábrica de helados, que se ubica contiguo a su vivienda, así como la construcción realizada (ver copia de la queja). No se registra acción alguna por parte de la Municipalidad respecto a la queja indicada por la recurrente (ver oficio PA-257-2020). El 13 de noviembre de 2020, se notificó al Alcalde de Pococí la resolución que dio curso al presente recurso de amparo (ver acta de notificación). El 17 de noviembre de 2020, mediante una inspección, se pudo establecer que la construcción de la fábrica excede lo autorizado por la Municipalidad de Pococí, por tal motivo, se hicieron las notificaciones M-P 160, y M-P 161, para iniciar un procedimiento administrativo por construcción irregular (ver informe de la autoridad recurrida y copia de las notificaciones M-P 160 y M-P 161). En cuanto al Ministerio de Salud. La industria cuenta con el Permiso Sanitario vigente N° 69434, cuyo tipo de actividad es por “Fabrica de Bolis y Helados Artesanales”, CIIU 1104, tipo de Riesgo B (ver informe de la autoridad recurrida). El 30 de enero de 2017, la recurrente presentó una denuncia en contra de la fábrica vecina a su vivienda por contaminación sónica y ambiental (ver copia de la queja). El 2 de junio de 2017, se realizó una visita de campo en el sitio denunciado (ver prueba aportada). El 16 de agosto de 2017, el área rectora de salud de Pococí giró la orden sanitaria N° HC-ARSP-4439-17 y le otorgó el plazo de 30 días hábiles al representante de la fábrica de helados para confinar los ruidos que generan los motores de la actividad (ver copia de la orden sanitaria aportada por la recurrente). El 25 de agosto de 2017, el inspector acudió al sitio denunciado para dar seguimiento a la orden sanitaria N° HC-ARSP-4439-17 y corroboró el cumplimiento de la misma (ver copia del oficio). Mediante oficio HC-ARS-P-7431-2017, del 30 de agosto de 2017, el director del área rectora le comunicó a la recurrente el resultado de su queja (ver copia del oficio aportado por la amparada). El 19 de abril de 2018, la recurrente presentó una denuncia, indicando su molestia con el ruido de la fábrica (ver prueba aportada por la recurrente). El 14 de junio de 2019, se llevó a cabo una inspección en la Fábrica de Bolis y Helados Artesanales, se realizaron mediciones sónicas y mediante oficio MS-DRRSHC-ARSP-3279-2019, se concluyó por las autoridades que “no se sobrepasa lo establecido en la legislación Nacional” (ver informe de la autoridad recurrida y prueba aportada). Mediante oficio MS-DRRSHC-3310-2019, del 27 de junio de 2020, se notificó a la recurrente lo resuelto en relación con la queja interpuesta (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio). Con ocasión de los hechos denunciados en el presente recurso, se procederá a realizar una inspección (ver informe de la autoridad recurrida). IV.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución: 1. Que la Municipalidad recurrida haya atendido la queja presentada por la recurrente en el año 2018. 2. Que el posterior al año 2019, la recurrente haya interpuesto una queja ante las autoridades sanitarias recurridas. V.- Sobre la contaminación sónica, y su relación con el derecho a la salud, el derecho a gozar de un ambiente libre de contaminación y el derecho a la intimidad (derecho a la tranquilidad). Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de la Administración. Existen varios tipos de contaminación, uno de ellos está referido a la contaminación sónica producida por el ruido. El ruido es considerado como una de la formas de agresión al ambiente que aumenta las incomodidades en una sociedad cada vez más contaminada. Las molestias por ruidos afectan la calidad de vida y la salud de las personas, ya que pueden traer consigo consecuencias fisiológicas y psíquicas, sobre todo ante la persistencia de una grave contaminación acústica. De este punto de confluencia entre el ambiente y la salud, puede entonces decirse que un deterioro ambiental por exceso de ruido afecta al bienestar de las personas y puede provocar daño a su salud, lo que justifica plenamente, a pesar de las evidentes dificultades que presenta el tema, la regulación de este agente contaminador. Así entonces, la realización de ciertas actividades que eventualmente generen contaminación sónica se encuentran limitadas por respeto de la intimidad, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. Entre las entidades estatales llamadas a velar por estos derechos están la Policía, la Municipalidad y el Ministerio de Salud, principalmente este último quien tiene la potestad de determinar la existencia de contaminación sónica. La policía tiene a su cargo el resguardo del orden público, la Municipalidad el deber de verificación los permisos para operar y el Ministerio de Salud le corresponde la inspección y medición sónica -entre otras diligencias necesarias-, a fin de poder determinar debidamente si efectivamente se presenta el problema sanitario de contaminación, así como que se establezcan las eventuales medidas que técnicamente procedan para su solución. VI.- Sobre el caso concreto. Tal como se observa del escrito de interposición, la denuncia que hace la recurrente está referida a la supuesta contaminación sónica que produce una “Fábrica de Bolis y Helados Artesanales”, llamada “Don Gelato”, consecuencia de los motores utilizados. De acuerdo a la prueba aportada y a los informes rendidos por las autoridades recurridas, la Sala constató que en el año 2017 y en el 2018, la recurrente presentó dos denuncias ante el Ministerio de Salud, por el ruido proveniente de la Fábrica de Bolis y Helado Artesanal. A su vez, se constata, que como consecuencia a dichas quejas, se llevaron a cabo las inspecciones correspondientes en la Fábrica de Bolis y Helados Artesanales, donde se realizaron mediciones sónicas y mediante oficio HC-ARS-P-7431-2017, del 30 de agosto de 2017, y el MS-DRRSHC-ARSP-3279-2019, del 27 de junio de 2020, se le comunicó a la recurrente el resultado de sus gestiones, siendo que en la última ocasión, se le indicó “ (….) no se sobrepasa lo establecido en la legislación Nacional”, lo cual le fue notificado a la accionante. De manera, que la autoridad recurrida actuó conforme a sus competencias y atendió en tiempo y forma la queja presentada por la recurrente, por lo que no se verifica que la autoridad recurrida haya lesionado algún derecho fundamental, en ese sentido. VII.- En cuanto a la Municipalidad de Pococí, se demuestra, que el 15 de junio de 2018, la recurrente presentó una queja ante el Departamento de Ingeniería Municipal por el ruido que provocaban los motores de la fábrica de helados, que se ubica contiguo a su vivienda, así como por la construcción realizada; sin embargo, no consta que la autoridad recurrida haya realizado algún acto para atender la denuncia, y la autoridad recurrida no justifica tal tardanza para elaborar y resolver lo correspondiente. Nótese, que no fue sino hasta la notificación de la interposición del presente recurso, a saber, el 13 de noviembre de 2020, que la autoridad recurrida llevó a cabo una inspección, en la que se verificó, que el área de construcción de la fábrica excede lo autorizado por la Municipalidad de Pococí, por tal motivo, se hicieron las notificaciones M-P 160 y M-P 161, al representante de la empresa denunciada, para iniciar un procedimiento administrativo por construcción irregular. De manera, que consta un abandono en la tramitación de la denuncia interpuesta desde hace más de dos años, ya que fue con ocasión de la interposición del presente recurso, que la autoridad recurrida realizó los actos correspondientes para investigar y así velar por la salud de la recurrente y sus vecinos. Esa demora, tanto en recabar la investigación que estima de mérito, como en resolver en definitiva la gestión de la recurrente ha implicado una denegación de justicia administrativa. Finalmente, tampoco consta que le haya comunicado a la amparada una resolución al respecto, por lo que, ha lesionado el derecho a una justicia pronta y cumplida de la recurrente. VIII.- Conclusión. De lo expuesto, se demuestra que en cuanto al Ministerio de Salud, existen denuncias previas, interpuestas por la recurrente, las cuales, en su momento, fueron atendidas y comunicado el resultado a la denunciante. Asimismo, se demuestra, que posterior a ello no existe queja alguna –en razón del ruido u otro- interpuesta por la recurrente, por lo que en cuanto este extremo se declara sin lugar el recurso. Por otra parte, en relación con la Municipalidad de Pococí, se verificó, que en razón a la interposición del presente recurso, programaron una visita al sitio denunciado por la recurrente desde el año 2018, siendo que a la fecha, tampoco consta que se le haya comunicado lo resuelto, en relación con su queja. Por lo expuesto, en cuanto este extremo se declara con lugar el recurso. IX.- Tome nota el Ministerio de Salud, de la urgencia de llevar a cabo la medición sónica indicada en el informe rendido, con el fin de actuar conforme a derecho según sean los resultados de dicha medición, en tutela de los derechos fundamentales de la recurrente y la comunidad. X.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa contaminación sónica proveniente de un local comercial, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a la parte recurrente y demás vecinos. XI.- Documentación Aportada al Expediente . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso, únicamente en contra de la Municipalidad de Pococí. Se ordena a Manuel Hernández Rivera en su condición de Alcalde Municipal de Pococí, o a quien ocupe ese cargo, que en el plazo de DIEZ DÍAS, a partir de la notificación de la presente sentencia, debe tomar las medidas y girar las instrucciones que sean precisas, para que se resuelva en forma definitiva la denuncia efectuada por la recurrente y le comunique lo resuelto. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Pococí al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Tome nota la autoridad recurrida de lo expuesto en el considerando IX. La Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado ponen notas. Notifíquese.- Nancy Hernández L. Presidente a.i. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Alicia Salas T.
Ana María Picado B. Marta Esquivel R.
NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su salud y la de la su familia. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.
Nancy Hernández López Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta
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