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Res. 01334-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/01/2021
OutcomeResultado
The Chamber grants the amparo for violation of the right to petition, but without awarding costs or damages, as the claim was satisfied during the proceedings.La Sala declara con lugar el amparo por violación al derecho de petición, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, al haberse satisfecho la pretensión durante el proceso.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by Escazú residents against the Municipality of Escazú for failing to timely respond to an information request concerning an easement, a subdivision, a water source, and construction permits in the area. The Chamber finds that after being notified of the amparo, the Municipality issued a response and provided the available information, including details on Calle Dos Cercas, resolutions from the Water Directorate, and the absence of construction permits. Although the petitioners deemed the response incomplete, the Court considers that the purpose of the remedy was reasonably met. It advises that if the information remains insufficient, they must file new requests with the Municipality or, if the omission persists, a new amparo. The majority grants the amparo to record the violation, but without awarding costs or damages, applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. Several judges issue dissenting votes on the economic consequences, arguing that automatic compensation for damages and/or costs should have been awarded.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo presentado por vecinos de Escazú contra la Municipalidad de Escazú, por no haber respondido oportunamente una solicitud de información sobre una servidumbre, un fraccionamiento, una naciente de agua y permisos de construcción en la zona. La Sala constata que la Municipalidad, tras ser notificada del amparo, emitió una respuesta y entregó la información disponible, incluyendo detalles sobre la calle Dos Cercas, resoluciones de la Dirección de Agua y la inexistencia de permisos de construcción. Aunque los recurrentes consideraron la respuesta incompleta, el Tribunal estima que el objeto del recurso fue razonablemente satisfecho, pues se brindó respuesta. Se advierte que si la información se estima incompleta, deben presentar nuevas gestiones ante la Municipalidad o, de persistir la omisión, otro amparo. La mayoría declara con lugar el recurso para efectos de fijar la lesión, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, aplicando el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al haberse satisfecho la pretensión durante el proceso. Varios magistrados salvan el voto en cuanto a las consecuencias económicas, sosteniendo que procedía la condenatoria automática en daños y perjuicios y/o costas.
Key excerptExtracto clave
On the specific case. After analyzing the report and evidence submitted by the parties, this Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the petitioners, for the reasons that will be set forth below. It has been established that on November 20, 2020, the petitioners requested the Mayor of Escazú [...] information of their interest [...] It was upon notification of the amparo on January 7, 2021, that the Municipality of Escazú, through official letter No. DA-19-2021 of January 11, 2021, proceeded to respond and provide the information of interest to the petitioners [...]. In summary, this Court considers that the purpose of the remedy was reasonably satisfied, insofar as a response and information were provided to the petitioners. However, it is on record that on January 15, 2021, the petitioners submitted a subsequent filing alleging disagreement with the response and information provided, as it was deemed incomplete. Thus, it is necessary to warn the petitioners that if they believe the information is incomplete or requires clarification, they should file the appropriate requests directly with the Municipality of Escazú, and if a presumed omission persists, nothing prevents the petitioners—provided they meet the admissibility requirements—from filing another amparo for alleged violation of Articles 27 and 30 of the Constitution. Consequently, the appropriate course is to grant the amparo under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.Sobre el caso concreto. Después de haber analizado el informe y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala verifica la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas. Se ha tenido por demostrado que el 20 de noviembre de 2020, la parte recurrente le solicitó al Alcalde de Escazú [...] información de su interés [...] Fue con ocasión de la notificación del recurso de amparo -07 de enero de 2021- que la Municipalidad de Escazú procedió mediante el oficio No. DA-19-2021 de 11 de enero de 2021 a responder y a brindar la información de interés de la parte recurrente [...]. En síntesis, estima este Tribunal que razonablemente el objeto del recurso fue satisfecho, en el tanto se procedió a brindar respuesta e información a la parte recurrente. Ahora bien, consta en autos que el 15 de enero de 2021, la parte recurrente presentó una gestión posterior en el que se alegó la disconformidad con la respuesta e información dada, en el tanto, se estimó estaba incompleta. Así las cosas, se impone advertir a la parte recurrente que si estima si la información está incompleta, requiere de una aclaración, lo propio es que presente las gestiones frente a la propia Municipalidad de Escazú y, de continuar con una presunta omisión, nada obsta para que la parte recurrente -de cumplir con los requisitos de admisibilidad- presente otro proceso de amparo por la supuesta violación a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. En consecuencia, lo que procede es declarar con lugar el recurso al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Pull quotesCitas destacadas
"En síntesis, estima este Tribunal que razonablemente el objeto del recurso fue satisfecho, en el tanto se procedió a brindar respuesta e información a la parte recurrente."
"In summary, this Court considers that the purpose of the remedy was reasonably satisfied, insofar as a response and information were provided to the petitioners."
Considerando, apartado sobre el caso concreto
"En síntesis, estima este Tribunal que razonablemente el objeto del recurso fue satisfecho, en el tanto se procedió a brindar respuesta e información a la parte recurrente."
Considerando, apartado sobre el caso concreto
"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate."
Artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional
"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
Artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional
"La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes ... Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales."
"The constitutional jurisdiction of this Court in amparo and habeas corpus matters—the jurisdiction of freedom as it is called—is special because its purpose is not that of a traditional judge resolving a dispute between two parties... Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to individuals in the exercise of their fundamental rights."
Voto Salvado de la Magistrada Hernández López
"La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes ... Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales."
Voto Salvado de la Magistrada Hernández López
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Res. No. 2021001334 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on January twenty-second, two thousand twenty-one.
Amparo remedy processed in expediente number 21-00241-0007-CO, filed by ÉRICK DIEGO MARÍN CORRALES, identity card 0109980600 and MAILYN PATRICIA CUBILLO VARGAS, identity card 0111970001, against the MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ.
Resultando
By a document received at the Secretariat of the Sala on January 6, 2021, the petitioners file an amparo remedy against the Municipalidad de Escazú and state that by official letter sent on November 20, 2020, they requested from the Mayor of Escazú, through the email address: [email protected], information of their interest, specifically: "information is requested on when (sic) the easement (servidumbre) was declared a public street (sic), by the Concejo Municipal in which (sic) corresponding record and when (sic) it was published in the official gazette (sic). Which connects with Paso Hondo street and Dos Cercas, where the subdivision (fraccionamiento) of the property where the Juan Pablo Arias spring (naciente) is located is being carried out according to reference CA-834-2019, as recorded in the approved plans of said property. Since this street was declared public (sic), it has not been intervened by the municipality, therefore it lacks asphalt, secondary poles for public electricity services (sic), sewer system or curb and gutter, this located in the quadrant between Noé Marín street and Paso Hondo street. 2- Copy of the expediente for the preliminary project to be developed on the property belonging to the company Implementos Deportivos CFS S.A., the property located in the quadrant of Noé Marín street and Paso Hondo street. 3- Copy of the resolutions adopted regarding the Juan Pablo II water spring (naciente de agua). 4. Copy of the municipal permits granted on said land." They add that their request was ratified by the Concejo through municipal agreement No. 320-2020 of December 3, 2020, record No. 39 of ordinary session No. 31. However, as of the filing date of this remedy, the respondent has still not provided a response or supplied what was required. For the reasons stated, they come to the Sala in protection of their fundamental rights and request that the remedy be granted.
Arnoldo Barahona Cortés, in his capacity as Mayor of Escazú, reports under oath that "it is brought to the attention of your Authority that this Local Government was working on the response for the petitioners. Thus, in a responsible manner and for the purpose of investigating the background and being as comprehensive in the response as had been required, official letters AL-2096-2020 of November 23, 2020, and AJ-816-2020 of December 11, 2020, were issued, requesting the corresponding technical areas to respond to the concerns raised by the signatories of the petition. The cited official letters are attached as evidence of the foregoing. From the municipal official letters indicated in the previous paragraph, official letters GA-834-2019 of December 14, 2020, from the Gestión Ambiental subprocess, PT-004-2021 of January 7 of the current year from the Planificación Territorial subprocess, CC-020-2021 of January 7, 2021, from the Control Constructivo subprocess, and PCU-002-2021 of the 8th of the current month and year, from the Planificación y Control Urbano Process, were issued. These documents (except for PCU-002-2021, as it constitutes an internal transfer of information) were made available to the petitioners, as indicated in official letter DA-19-2021 and as explained previously. Conclusion: As a corollary of the foregoing and given that the information requested, which is the subject of this remedy, was delivered in the terms indicated, it is requested that this amparo remedy be declared without merit, with no special order as to costs." He requests that the remedy be declared without merit.
By a subsequent communication received through Online Case Management, the petitioners stated that the Municipalidad de Escazú had partially fulfilled what was sought. They affirm that regarding point No. 1, they requested details about the unnamed easement (servidumbre) located in Paso Hondo and Dos Cercas; however, the mayor referred to a street and substantiated it based on the Plan Regulador. Nevertheless, they point out that the easement (servidumbre) alluded to is not regulated. On the other hand, regarding point No. 3, a copy of the resolutions adopted in relation to the registered Juan Pablo Arias water spring (naciente) under reference CA-834-2019 was requested, in which it was determined that expediente No. 6507, the documentation on the concession that the Municipalidad de Escazú signed with the ICAA, and resolution No. GA-834-2019 were not included. They state that in point No. 4 they requested a copy of the permits granted to the property in question; however, the Municipalidad focused only on construction permits.
In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considerando:
Object of the remedy. The petitioners claim a violation of their fundamental rights, alleging that on November 20, 2020, they made a request for information to the Municipalidad de Escazú. However, as of the filing date of the remedy, they have not received a response.
Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent party has omitted to refer to them as provided in the initial order:
Regarding the specific case. After analyzing the report and the evidence provided by the parties, this Sala verifies the violation of the fundamental rights of the petitioners, for the reasons that will be set forth below. It has been proven that on November 20, 2020, the petitioners requested from the Mayor of Escazú, through the email address: [email protected], information of their interest, specifically: "information is requested on when (sic) the easement (servidumbre) was declared a public street (sic), by the Concejo Municipal in which (sic) corresponding record and when (sic) it was published in the official gazette (sic). Which connects with Paso Hondo street and Dos Cercas, where the subdivision (fraccionamiento) of the property where the Juan Pablo Arias spring (naciente) is located is being carried out according to reference CA-834-2019, as recorded in the approved plans of said property. Since this street was declared public (sic), it has not been intervened by the municipality, therefore it lacks asphalt, secondary poles for public electricity services (sic), sewer system or curb and gutter, this located in the quadrant between Noé Marín street and Paso Hondo street. 2- Copy of the expediente for the preliminary project to be developed on the property belonging to the company Implementos Deportivos CFS S.A., the property located in the quadrant of Noé Marín street and Paso Hondo street. 3- Copy of the resolutions adopted regarding the Juan Pablo II water spring (naciente de agua). 4. Copy of the municipal permits granted on said land". It should be noted that the email address [email protected] is an official means of the Municipalidad de Escazú for receiving requests from citizens, since, despite being warned in the initial resolution, no contrary information was reported. Therefore, the request made through an electronic means is valid to be heard on its merits. Now, it is evident that it was on the occasion of the notification of the amparo remedy —January 7, 2021— that the Municipalidad de Escazú proceeded, through official letter No. DA-19-2021 of January 11, 2021, to respond and provide the information of interest to the petitioners (in this regard, see proven fact d). It was on January 12, 2021, that the Municipalidad de Escazú proceeded to notify various email accounts of the interested party —see proven fact e—. In summary, this Tribunal considers that the object of the remedy was reasonably satisfied, insofar as a response and information were provided to the petitioners. Now, the record shows that on January 15, 2021, the petitioners submitted a subsequent communication alleging disagreement with the response and information provided, as it was deemed incomplete. Thus, it is necessary to warn the petitioners that if they believe the information is incomplete, requires clarification, it is appropriate to file the corresponding requests before the Municipalidad de Escazú itself, and, if a presumed omission continues, nothing prevents the petitioners —provided they meet the admissibility requirements— from filing another amparo proceeding for the alleged violation of articles 27 and 30 of the Constitución Política. Consequently, the appropriate course is to grant the remedy under the terms of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
ON THE ORDER AS TO COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Sala considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable"), the granting of the remedy should be without a special order as to costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the judgment to indicate that the remedy is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same final paragraph states that the granting is ordered "solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable". It is emphasized that the Law states "if they are applicable", which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Tribunal. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impairment of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which dictates that: "any resolution that upholds the remedy shall abstractly order the compensation for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence", which does not foresee the possibility of assessing whether or not the compensation and costs are applicable. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, as applicable, International or Community Law, and, furthermore, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional —cf. Article 14—. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, the majority's criterion is to resolve this remedy without an order as to costs, damages, and prejudices.
Dissenting Vote of Magistrate Hernández López on the economic consequences arising from granting this remedy: I agree with the majority of the Sala regarding the decision concerning the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Sala's intervention; however, I dissent from their decision regarding the issue of the economic consequences of said declaration.
The constitutional jurisdiction entrusted to this Tribunal in matters of amparo and habeas corpus —the jurisdiction of liberty as it is called— is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, facing each other in a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to individuals in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, exercise concrete exercises of authority capable of violating them.
This protective vocation of constitutional jurisdiction is realized in a procedural design that is also peculiar, swift, and free, where the respondent public authority is simply required to render "a report" on its actions in the denounced case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). Thus, it is not technically a litigation, and accordingly, the Sala Constitucional is granted broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus proceeding, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify the event. Such procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties facing each other such that what one gains the other loses, requires us to depart from the solutions that have been provided for such situations in procedural systems such as civil, contentious, or labor law.
As is relevant now, the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates, in its Articles 46 et seq., three specific aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, entrusted to the Sala: a) the first aspect concerns the declaration that must be made about the existence or non-existence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers the Tribunal has to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (Article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus proceedings, so that —upon the verification of an injury by the Sala— there is a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the infringing authorities, which are not only for the purposes of effective judicial protection for the claimant, but also have a deterrent purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave rise to the granting of the remedy, a matter regulated in Article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
In this last aspect, the Law, in its Article 51, orders the Sala that "any resolution that upholds the remedy shall abstractly order the compensation for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the remedy…". This is the general system that regulates the matters of the compensatory sphere, for the cases that the majority identifies as the "natural or normal form of termination of the proceedings, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…"; in such cases, among which is the one now being decided, the Sala has verified the grievance, and hence the need for an order as to costs, damages, and prejudices, which is supported by the aforementioned concept of effective protection of individuals' rights and the notion that the Administration must be held responsible for the damages and expenses caused by its unconstitutional actions. This conclusion is not changed in any way by the fact that, upon hearing and resolving the amparo, "the effects of the challenged act have ceased" (Article 50), as such a case forms an integral part of the general system of automatic award of costs, damages, and prejudices, on the understanding that the proceedings have terminated normally and the violation has been verified.
Within this simple and clear general framework —devoid of deficiencies or gaps— the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as an exception case, applicable only in cases where the Sala has not heard, nor has it ruled on the merits of the claim, that is —as the majority states— in those situations of "abnormal termination of the proceedings". But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with utmost precision by the legislator; first, the factual prerequisites for the application of this norm are clearly described, so that the Sala must verify: 1) that the amparo is in progress; 2) that an administrative or judicial resolution exists (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that such resolution unquestionably orders the revocation, stoppage, or suspension of the challenged action. These are extremely limited concepts, the scope of application of which must also be interpreted restrictively, not only in light of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively but because the consequences of applying such an exception indisputably generate a reduction in the fundamental right of individuals to achieve effective judicial protection against the damages suffered as a result of the injury to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Tribunal has confirmed all the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic award of costs, damages, and prejudices, and exercise —as judges— our legal discretion to decide whether the payment of such items is ordered or not.
In this case, the foregoing exercise forces the conclusion of the inapplicability of Article 52 of the LJC, since, on one hand, the Tribunal has ruled on the merits of the matter, has recognized with its declaration an injury to fundamental rights, and determined who its author was; in no way does the foregoing resemble an "abnormal termination of the proceedings". On the other hand, the requirements of the recently cited Article 52 are not met either, since there is no formally issued "administrative or judicial resolution" in which the act causing the violation of constitutional rights is expressly revoked, stopped, or suspended; For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and order —as a consequence of having verified the violation— the award of damages, prejudices, and costs caused, as the economic consequences of the proceedings.
But even if we were to set aside the automatic award of damages, prejudices, and costs, disregarding the foregoing reasoning, the fact is that the proven facts of this case have led the Sala to declare the existence of an impairment in the exercise of the fundamental rights of the protected party, which, being a harmful action, carries with it a presumption that economic damages and prejudices have arisen —the specific determination of which is not for the Sala to make—, and no merit is seen in the expediente to convince us to exempt the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided in the law.
Partial Dissenting Vote of Magistrate Salazar Alvarado, only in relation to the non-imposition of costs, damages, and prejudices against the respondent party.
While I agree with the rest of the Sala in granting the remedy, I dissent from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from the award of costs, damages, and prejudices arising from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:
"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable." On the other hand, in Article 51, ibid., it is established that:
"...any resolution that upholds the remedy shall abstractly order the compensation for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence." This latter norm establishes the general system that regulates matters related to compensation and payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the proceedings, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…".
In the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the situations in which the Sala has verified the grievance; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and prejudices arises. However, in the undersigned's view, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Tribunal verifies an injury to a fundamental right and therefore grants the remedy, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a situation contemplated in the referenced Article 52—, by virtue of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the infringer for the compensation of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the remedy. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of its fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the remedy, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction.
Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to examine the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself, once it learned of the amparo proceedings, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs and damages against the violator, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of individuals and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages it causes through its unconstitutional actions.
Thus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms set forth in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the propriety of an award of costs and damages, because such a case forms an integral part of the general system of mandatory award on those points contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.
Furthermore, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution in the enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.” The legislature established and precisely defined the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that granted leave to proceed with the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that provides, in an unequivocal manner, for the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the provision in question contemplates an exception to the general system of mandatory award of costs and damages, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it is only appropriate in the scenarios strictly contemplated in the provision, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against damages suffered from the injury to their constitutional rights.
In my opinion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs and damages in the face of a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, ceases, or suspends the challenged action, unless it is established in an unequivocal and clear manner that in the specific case no injury capable of being compensated was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of such items. Since in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages derived from the challenged actions—the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction—the granting of this appeal must necessarily entail the award of costs and damages, and I so declare.
SEPARATE OPINION OF JUDGE GARRO VARGAS. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate.” My interpretation of that provision is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, justly refers only to these: to costs.
Certainly, under the terms of Article 48 of the Political Constitution (Constitución Política, CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not of a compensatory but rather a restitutive nature; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution granting the appeal shall award in the abstract compensation for the damages caused and the payment of the costs of the appeal, and their liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages may have arisen. For that reason, an award in the abstract for these is appropriate. If it were not done so, if such an award were not made, in the event that damages had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the award in the abstract having been issued, no damages were caused, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, as it corresponds only to that judge to deem proven the actual existence and the magnitude thereof.
With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of an amparo proceeding. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order an award of damages, but not an award of costs.
Documentation provided to the case file. This Chamber must warn the appellant that if any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or means produced by new technologies, have been provided, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all such material will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulations on the Electronic Case File before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
In accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the appeal is granted, without a special award of costs or damages. Judge Hernández López partially dissents and orders an award of damages and costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Judge Salazar Alvarado partially dissents and also orders an award of damages and costs against the respondent party. Judge Garro Vargas partially dissents and orders an award of damages, but not an award of costs. Notify.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Mauricio Chacón J.
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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2021001334 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de enero de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-00241-0007-CO, interpuesto por ÉRICK DIEGO MARÍN CORRALES, cédula de identidad 0109980600 y MAILYN PATRICIA CUBILLO VARGAS, cédula de identidad 0111970001, contra la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ.
Resultando
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 06 de enero de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Escazú y manifiesta que por oficio con fecha de envío 20 de noviembre de 2020, le solicitaron al Alcalde de Escazú, a través del correo electrónico: [email protected], información de su interés, expresamente: “se solicita información de cuando (sic) fue declarada la servidumbre como calle publica (sic), por el Concejo Municipal en que (sic) acta rige del conste y cuando (sic) fue publicada en la gaceta (sic). La cual comunica con calle paso hondo y dos cercas, donde se lleva a cabo el fraccionamiento de la finca donde se encuentra la naciente Juan Pablo Arias según referencia CA-834-2019, lo que consta en los planos visados de dicha finca. Ya que en esta calle fue declarada publica (sic) no ha sido intervenida por la municipalidad por lo tanto no cuenta, asfalto, posteado secundarios de servicios de electricidad publica (sic), alcantarillado o bien cordón de caños esto ubicado en el cuadrante entre la calle Noé Marín y calle Paso Hondo. 2- Copia del expediente del ante proyecto a desarrollar en la propiedad que pertenece a la sociedad implementos deportivos CFS S.A la propiedad que se encuentra en el cuadrante calle Noé Marín y calle Paso Hondo. 3- Copia de las resoluciones tomadas en cuanto a la naciente de agua Juan Pablo II. 4. Copia de los permisos municipales que dieron en dicho terreno”. Añaden que su gestión fue ratificada por el Concejo mediante acuerdo municipal No. 320-2020 del 03 de diciembre de 2020, acta No. 39 de la sesión ordinaria No. 31. Sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso, el recurrido aún no les ha brindado respuesta ni suministrado lo requerido. Por lo expuesto, acuden a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicitan que se declare con lugar el recurso. Informa bajo juramento Arnoldo Barahona Cortés, en su condición de Alcalde de Escazú, que “se pone en conocimiento de su Autoridad que este Gobierno Local venía trabajando en la respuesta para los peticionarios. Así, de una manera responsable y para efectos de indagar en los antecedentes y ser tan amplio en la respuesta como había sido requerido, se emitieron los oficios AL-2096-2020 del 23 de noviembre de 2020 y AJ-816-2020 del 11 de diciembre de 2020, en que se solicitaba a las áreas técnicas correspondientes respuesta a las inquietudes planteadas por los firmantes de la petición. Se adjunta como evidencia de lo anterior los oficios citados. De los oficios municipales indicados en el párrafo anterior, se emiten los oficios GA-834- 2019 del 14 de diciembre de 2020 del subproceso de Gestión Ambiental, PT-004-2021 del 07 de enero del año en curso del subproceso de Planificación Territorial, CC-020-2021 del 07 de enero de 2021 del subproceso de Control Constructivo y PCU-002-2021 del 08 del mes y año en curso, del Proceso de Planificación y Control Urbano. Estos documentos (salvo el PCU-002-2021, al constituirse como un traslado interno de información) fueron puestos a disposición de los petentes, según se indica en el oficio DA-19-2021 y como se explicó anteriormente. Conclusión: Corolario de lo expuesto y siendo que la información solicitada objeto de este recurso fue entregada en los términos indicados, se solicita declarar sin lugar el presente recurso de amparo sin especial condenatoria en costas”. Solicita se declare sin lugar el recurso. Por gestión posterior recibida mediante Gestión en Línea, la parte recurrente estimó que la Municipalidad de Escazú había cumplido parcialmente con lo pretendido. Afirma que en cuanto al punto No. 1, pidieron detalles sobre la servidumbre sin nombre ubicada en Paso Hondo y Dos Cercas, sin embargo, el alcalde hizo referencia a una calle y sustenta la misma en el Plan Reguladora. No obstante, señalan que la servidumbre a la que se hace alusión, no está reglamentada. Por otro lado, en cuanto al punto No.3, se requirió copia de las resoluciones tomadas en relación a la naciente registrada de Juan Pablo Arias registrada bajo referencia CA-834-2019, en el que se determinó que no venía el expediente No. 6507, la documentación sobre la concesión que la Municipalidad de Escazú suscribió con el ICAA y la resolución No. GA-834-2019. Dice que en el punto No. 4 solicitaron copia de los permisos otorgados a la propiedad en cuestión, sin embargo, la Municipalidad únicamente se enfocó en los permisos de construcción. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
Objeto del recurso. Los recurrentes reclaman la vulneración a sus derechos fundamentales, pues acusan que el 20 de noviembre de 2020 realizaron una solicitud de información ante la Municipalidad de Escazú. No obstante, a la fecha de interposición del recurso, no han obtenido respuesta. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Sobre el caso concreto. Después de haber analizado el informe y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala verifica la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas. Se ha tenido por demostrado que el 20 de noviembre de 2020, la parte recurrente le solicitó al Alcalde de Escazú, a través del correo electrónico: [email protected], información de su interés, expresamente: “se solicita información de cuando (sic) fue declarada la servidumbre como calle publica (sic), por el Concejo Municipal en que (sic) acta rige del conste y cuando (sic) fue publicada en la gaceta (sic). La cual comunica con calle paso hondo y dos cercas, donde se lleva a cabo el fraccionamiento de la finca donde se encuentra la naciente Juan Pablo Arias según referencia CA-834-2019, lo que consta en los planos visados de dicha finca. Ya que en esta calle fue declarada publica (sic) no ha sido intervenida por la municipalidad por lo tanto no cuenta, asfalto, posteado secundarios de servicios de electricidad publica (sic), alcantarillado o bien cordón de caños esto ubicado en el cuadrante entre la calle Noé Marín y calle Paso Hondo. 2- Copia del expediente del ante proyecto a desarrollar en la propiedad que pertenece a la sociedad implementos deportivos CFS S.A la propiedad que se encuentra en el cuadrante calle Noé Marín y calle Paso Hondo. 3- Copia de las resoluciones tomadas en cuanto a la naciente de agua Juan Pablo II. 4. Copia de los permisos municipales que dieron en dicho terreno”. Valga decir, que el correo electrónico [email protected] es un medio oficial de la Municipalidad de Escazú para recibir gestiones de los administrados, ya que, pese a que se previno en la resolución de curso, no se informó en contrario. Por lo anterior, la gestión gestionada a través de un medio electrónico resulta válida para ser conocido por el fondo. Ahora bien, se desprende que fue con ocasión de la notificación del recurso de amparo -07 de enero de 2021- que la Municipalidad de Escazú procedió mediante el oficio No. DA-19-2021 de 11 de enero de 2021 a responder y a brindar la información de interés de la parte recurrente (en ese sentido, consúltese el hecho probado d). Fue el 12 de enero de 2021, que la Municipalidad de Escazú procedió a notificar a diversas cuentas de correo electrónico de la parte interesada -véase el hecho probado e-. En síntesis, estima este Tribunal que razonablemente el objeto del recurso fue satisfecho, en el tanto se procedió a brindar respuesta e información a la parte recurrente. Ahora bien, consta en autos que el 15 de enero de 2021, la parte recurrente presentó una gestión posterior en el que se alegó la disconformidad con la respuesta e información dada, en el tanto, se estimó estaba incompleta. Así las cosas, se impone advertir a la parte recurrente que si estima si la información está incompleta, requiere de una aclaración, lo propio es que presente las gestiones frente a la propia Municipalidad de Escazú y, de continuar con una presunta omisión, nada obsta para que la parte recurrente -de cumplir con los requisitos de admisibilidad- presente otro proceso de amparo por la supuesta violación a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. En consecuencia, lo que procede es declarar con lugar el recurso al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” . Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes ”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. Voto Salvado de la Magistrada Hernández López sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso: Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.
En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.
En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.
Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.
En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.
Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.
Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.
Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Mauricio Chacón J.
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