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Res. 01197-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/01/2021
OutcomeResultado
The Chamber denies the appeal after finding that the Municipality of Naranjo addressed the complaints and provided responses within its powers, without violating fundamental rights.La Sala declara sin lugar el recurso al constatar que la Municipalidad de Naranjo atendió las denuncias y brindó respuestas dentro del ámbito de sus competencias, sin lesionar derechos fundamentales.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denies the amparo appeal filed by a property owner against the Municipality of Naranjo for allegedly failing to address her complaints about a greenhouse built on a neighboring property that caused water runoff damage. The petitioner claimed the municipality had not properly responded or resolved the environmental issue. The Chamber finds that since the initial complaint in 2017, the municipality conducted inspections, shut down the illegal works, notified the owner, ordered demolition of unpermitted construction, and eventually granted a construction license after legal requirements were met. Regarding the queries raised in 2020, the municipality responded by explaining the permit's basis and clarifying that property damage claims should be pursued through the appropriate judicial channels, where an agrarian proceeding was already underway. The court concludes there was no violation of fundamental rights, as the municipal authority acted within its powers and provided timely responses, directing the petitioner to ordinary courts for damages.La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo interpuesto por una propietaria contra la Municipalidad de Naranjo, por la presunta omisión en atender sus denuncias sobre la construcción de un invernadero en la propiedad vecina que causaba daños por escorrentía de aguas. La recurrente alegaba que la municipalidad no había respondido adecuadamente a sus gestiones ni solucionado el problema ambiental. La Sala constata que, desde la denuncia inicial en 2017, la municipalidad realizó inspecciones, clausuró las obras ilegales, notificó al propietario, ordenó el derribo de lo construido sin permisos y finalmente otorgó una licencia de construcción tras cumplirse los requisitos legales. En cuanto a las consultas planteadas por la recurrente en 2020, la municipalidad respondió explicando las razones del permiso y señalando que los daños a la propiedad debían ventilarse ante las instancias judiciales correspondientes, donde ya existía un proceso agrario en trámite. El tribunal concluye que no hubo lesión a derechos fundamentales, pues la autoridad municipal actuó dentro de sus competencias y brindó respuestas oportunas, remitiendo a la recurrente a la vía ordinaria para reclamar los perjuicios.
Key excerptExtracto clave
Thus, any injury to the fundamental rights of the petitioner is ruled out. It is determined that, contrary to what she asserted, the respondent authority has indeed taken the necessary actions within the scope of its powers to address the complaints and concerns raised by her. Note that the complaint about the problems she describes dates back to 2017, and from that date onwards there are records of on-site inspections of the reported location, closure of works, notifications to the owner of the neighboring property to process the corresponding permits, and even the demolition of works that lacked municipal permits was ordered. Furthermore, note that each and every one of the requests submitted by the petitioner has been responded to, and in the latest one – that of September 8, 2020 – which the petitioner considers was answered incompletely and evasively, the reasons for issuing building permit No. 203-2019 are explained to her in response to her questions, and she is also made aware that if there are damages to her property caused by the construction on the neighboring property, that is something she must raise through the appropriate legal channels since the Construction Law identifies the persons responsible for such situations, clarifying that the role of the municipal entity in processing such permits is to ensure compliance with legal requirements, circumstances that were verified at the time the contested permit was issued. Finally, the petitioner herself states in her initial filing that, due to the problem set forth here, she filed an ordinary agrarian proceeding before the Agrarian Court of San Ramón, which is pending. That is, the dispute is already being heard by a judicial authority, and it is before the office handling the matter that she must, if she deems it appropriate, file such motions as she considers relevant so that what is legally proper may be resolved. Therefore, the appropriate course is to deny the appeal.Así las cosas, se descarta la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. Se determina que contrario a lo manifestado por la tutelada, la autoridad accionada sí ha realizado las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para atender las denuncias e inquietudes planteadas por ésta. Nótese que la denuncia sobre la problemática que expone la amparada data del año 2017 y a partir de esa fecha se registran inspecciones in situ del lugar denunciado, clausura de obras, notificaciones al dueño de la propiedad vecina para que tramite los permisos correspondientes e incluso se ordenó el derribo de las obras que no contaban con el permiso municipal. Por otra parte, véase que a cada una de las gestiones presentadas por la recurrente se le ha brindado respuesta, siendo que en la última de ellas -sea la del 8 de setiembre de 2020-, la cual estima la recurrente se le contesta de manera incompleta y de forma evasiva, se le explican -ante sus cuestionamientos- los motivos por los cuales se emitió el permiso de construcción No. 203-2019 y también se le hace ver que de existir daños a su propiedad por la construcción de la obras en la propiedad vecina, ello es algo que debe plantear ante las vías legales correspondientes pues la Ley de Construcciones individualiza a los responsables de ese tipo de situaciones, aclarándole que el papel del ente municipal en la tramitación de ese tipo de permisos, es velar por el cumplimiento de los requisitos de ley, circunstancias que se verificaron al momento de emitir el permiso que se objeta. Finalmente, se tiene que la misma accionante refiere en su escrito de interposición, que con motivo de la problemática aquí expuesta interpuso un proceso ordinario agrario ante el Juzgado Agrario de San Ramón, el cual se encuentra en trámite. Es decir, el conflicto se encuentra siendo conocido por una autoridad jurisdiccional y es ante el Despacho tramitador del asunto, que debe si a bien lo tiene interponer las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"Se determina que contrario a lo manifestado por la tutelada, la autoridad accionada sí ha realizado las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para atender las denuncias e inquietudes planteadas por ésta."
"It is determined that, contrary to what she asserted, the respondent authority has indeed taken the necessary actions within the scope of its powers to address the complaints and concerns raised by her."
Considerando IV
"Se determina que contrario a lo manifestado por la tutelada, la autoridad accionada sí ha realizado las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para atender las denuncias e inquietudes planteadas por ésta."
Considerando IV
"la contestación brindada a la amparada el 8 de setiembre de 2020 resulta válida para esta Sala, pues de la lectura de la gestión presentada por la amparada -sea del 28 de agosto de 2020-, se desprenden una serie de cuestionamientos sobre el otorgamiento del permiso de construcción del vecino en cuestión y los daños ocasionados a su propiedad por dicha infraestructura y sobre tales supuestos es que se le contesta."
"the response given to the petitioner on September 8, 2020, is deemed valid by this Chamber, since from the reading of the submission filed by the petitioner – that of August 28, 2020 – a series of questions arise regarding the granting of the building permit to the neighbor in question and the damages caused to her property by said infrastructure, and the response addresses those very points."
Considerando IV
"la contestación brindada a la amparada el 8 de setiembre de 2020 resulta válida para esta Sala, pues de la lectura de la gestión presentada por la amparada -sea del 28 de agosto de 2020-, se desprenden una serie de cuestionamientos sobre el otorgamiento del permiso de construcción del vecino en cuestión y los daños ocasionados a su propiedad por dicha infraestructura y sobre tales supuestos es que se le contesta."
Considerando IV
"el conflicto se encuentra siendo conocido por una autoridad jurisdiccional y es ante el Despacho tramitador del asunto, que debe si a bien lo tiene interponer las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda."
"the dispute is already being heard by a judicial authority, and it is before the office handling the matter that she must, if she deems it appropriate, file such motions as she considers relevant so that what is legally proper may be resolved."
Considerando IV
"el conflicto se encuentra siendo conocido por una autoridad jurisdiccional y es ante el Despacho tramitador del asunto, que debe si a bien lo tiene interponer las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-second of January two thousand twenty-one.
Amparo recourse processed in case file No. 20-021306-0007-CO, filed by OLGA MARTHA DEL CARMEN MORA ARIAS, identity card 0203640606, against the MUNICIPALITY OF NARANJO.
Whereas:
Drafted by Magistrate Hernández López; and,
Considering:
Before analyzing the merits of the matter —for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure— it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in this case, an exception is raised because it concerns a complaint filed by the petitioner before the Municipality of Naranjo, regarding an environmental situation —waters flowing from a greenhouse construction, which allegedly affect her property— which, as alleged, has not been addressed. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
II.Object of the recourse: The petitioner states that her property is being affected by water flowing from the greenhouse built on the neighboring land, which is at a higher level than hers. She explains that the greenhouse built on the neighboring property was done without municipal permits and despite the numerous complaints and reports she filed with the Municipality of Naranjo, even requesting inspections to demonstrate the impact on her property, she has only received evasions. She alleges that approximately 7 months ago, she learned that the respondent granted the owner of the illegal greenhouse a permit to change its plastic covering. She adds that she sent a note on August 28, 2020, addressed to the engineer who granted the permit, asking him about the granting of the permit in question. She maintains that, in response to said request, the respondent, through official letter No. DPU -MN-267-2020 of September 8, 2020, provided incomplete and merely evasive answers. She considers that the lack of response to her specific inquiries, as well as the lack of action by the respondent, violates her fundamental rights, given that the reported problem has not been solved.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:
Given that, as you describe in your letter, there is litigation in the Agrarian Court of San Ramón, the Municipality of Naranjo will address the respective inquiries through formal communications issued by the competent judicial body that will resolve the matter. In accordance with your request for information, it will be provided to the requests that are judicially requested.” (see documentation).
IV.ON THE MERITS.- After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses the violation of the fundamental rights of the petitioner. From the report rendered by the representatives of the respondent authority —which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction— and the body of evidence, it is accredited that on June 7, 2017, the amparo petitioner filed a complaint with the respondent municipal entity regarding the construction of a greenhouse for agricultural use adjacent to her property. Regarding said complaint, it is established that on August 16, 2017, the respondent authority notified the petitioner of official letter DPU-MN-281-2017, in which she was informed that, due to her complaint, an inspection of the site was carried out, the works were closed, and the property owner was notified to carry out the procedures to obtain the corresponding permit from the municipal entity.
On June 12, 2018, the Legal Office of the respondent Municipality requested the Urban Planning Department to conduct a new site inspection and determine the real status of the situation. On August 6, 2018, that technical Department responded to the Legal Office and the Vice Mayor's Office, stating that they had to proceed in accordance with articles 90 and following of the Construction Law, that is, the demolition of the works that did not have the permit and construction license. In that sense, by resolution No. One of 1:30 p.m. on January 15, 2019, the Mayor's Office of the Municipality ordered a 30-day ultimatum to Mr. Henry Paniagua Rodríguez to demolish the greenhouse construction himself; otherwise, the demolition would be carried out ex officio. Likewise, it was demonstrated that on March 19, 2019, the Urban Planning Department communicated the following to the Legal Office of the municipal entity: “(…) Upon reviewing the Municipal database and documentary archives, we have not found any recent application for obtaining a Construction or remodeling Permit, in the name of Mr.
Henry Alberto Paniagua Vásquez with identity card 2-465-725”. On July 19, 2019, the respondent authority conducted a new inspection of the greenhouse construction on the property adjacent to the petitioner's, and through report MN-DA-INSPECTORES-0354-2019, the findings were recorded, and the property owner was notified of report No. 0046-A, granting him a deadline to present the necessary documentation for the operation of the greenhouse. Equally, on March 4, 2020, the petitioner requested the following from the Urban Planning Department of the respondent Municipality: “(…) issue me a document indicating the year of construction of the greenhouse located on property 329437-000 which belongs to Mr. Henry Paniagua Vásquez, a case that is recorded in case file number 105429.”; which being the case, on March 10, 2020, through official letter DPU-MN-066-2020, the respondent authority provided a response to the petitioner in the following terms: “(…) Mr.
Henry Paniagua Vásquez is processing the application to obtain the Construction License for the property identified as property 2-329437-000 and with cadastral map A-324536-1996. Construction License N° 203-2019 was granted (copy attached). We hope this information is useful for whatever it may correspond.”. Subsequently, on August 28, 2020, the petitioner sent a note addressed to the municipal engineer who granted the permit, asking him: “(…)
This being the case, the violation of the fundamental rights of the amparo petitioner is dismissed. It is determined that contrary to what was stated by the petitioner, the respondent authority has indeed carried out the necessary actions within the scope of its competences to address the complaints and concerns raised by her. Note that the complaint regarding the problem described by the amparo petitioner dates back to the year 2017 and from that date onwards, on-site inspections of the reported place, closure of works, notifications to the neighboring property owner to process the corresponding permits, and even the demolition was ordered for works that lacked the municipal permit. Furthermore, note that each of the filings presented by the petitioner has been responded to, and in the last one —that of September 8, 2020—, which the petitioner considers was answered incompletely and evasively, the reasons for issuing construction permit No. 203-2019 are explained to her —in response to her questions— and she is also made aware that if there are damages to her property due to the construction of works on the neighboring property, this is something that must be raised through the corresponding legal channels because the Construction Law identifies those responsible for such situations, clarifying that the role of the municipal entity in processing such permits is to ensure compliance with legal requirements, circumstances that were verified when issuing the permit being challenged.
With the foregoing clear, the response provided to the amparo petitioner on September 8, 2020, is valid for this Chamber, since from reading the filing presented by the amparo petitioner —that of August 28, 2020—, a series of questions emerge regarding the granting of the neighbor's construction permit in question and the damages caused to her property by said infrastructure, and it is on such assumptions that she is answered. In that sense, the petitioner must be informed that if she is dissatisfied with the response provided or considers that the information supplied does not fully meet her claims, this is something she should, if she deems it appropriate, raise before the same respondent Municipality and not before this constitutional court, as these are matters of mere legality that fall outside the competence of this Chamber.
Finally, it is established that the petitioner herself refers in her filing brief that, due to the problem described herein, she filed an ordinary agrarian proceeding before the Agrarian Court of San Ramón, which is pending. That is, the conflict is being heard by a jurisdictional authority, and it is before the Court handling the matter that she must, if she deems it appropriate, file the pleadings she considers pertinent for a legal resolution. Based on the foregoing, the appropriate action is to declare the recourse without merit.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial N° 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
THEREFORE:
The recourse is declared without merit.
Fernando Castillo V. President Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Mauricio Chacón J.
*NHTQZW0MHOI61* CASE FILE N° 20-021306-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, González Lahmann neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:56:50.
*200213060007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de enero de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 20-021306-0007-CO, interpuesto por OLGA MARTHA DEL CARMEN MORA ARIAS, cédula de identidad 0203640606, contra la MUNICIPALIDAD DE NARANJO.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hernández López; y,
Considerando:
De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta por el accionante, ante la Municipalidad de Naranjo, por una situación ambiental -aguas que discurren por construcción de invernadero, que presuntamente afectan su propiedad-, la cual, según se acusa, no ha sido atendida. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Objeto del recurso: Manifiesta la recurrente que su inmueble se está viendo afectado por las aguas que discurren del invernadero que se construyó en el terreno vecino, el cual tiene un nivel superior al suyo. Expone que el invernadero construido en la propiedad vecina se hizo sin permisos municipales y a pesar de las numerosas quejas y denuncias que interpuso ante la Municipalidad de Naranjo, solicitando inclusive, inspecciones para demostrar la afectación a su propiedad, solo ha recibido evasivas. Alega que hace aproximadamente 7 meses, se enteró que la recurrida, le otorgó al propietario del invernadero ilegal, un permiso para el cambio de plástico del mismo. Agrega que remitió una nota el 28 de agosto de 2020 dirigida al ingeniero que concedió el permiso, consultándole sobre el otorgamiento del permiso en cuestión. Sostiene que, en atención a dicha solicitud, la recurrida, por medio del oficio No. DPU -MN-267-2020 de 08 de setiembre de 2020, le brindó respuestas incompletas y solamente evasivas. Considera que la falta de respuesta a sus consultas puntuales, así como la falta de actuación de la recurrida, lesiona sus derechos fundamentales, dado que el problema denunciado no ha sido solucionado.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
La Ley de Construcciones establece claramente la responsabilidad del proyecto recae sobre el profesional responsable y del propietario de la obra. Dado que, como lo describe en su carta, existe un litigio en el juzgado Agrario de San Ramón, la Municipalidad de Naranjo, atenderá las consultas respectivas mediante las comunicaciones formales emitidas por el órgano judicial competente que resolverá. Conforme a su solicitud de información, se le dará a las solicitudes que judicialmente se soliciten.” (ver documentación).
IV.SOBRE EL FONDO.- Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la tutelada. Del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que el 7 de junio de 2017 la amparada interpuso ante la entidad municipal recurrida, denuncia por la construcción de un invernadero de uso agrícola en la colindancia de su finca. Sobre tal denuncia, se tiene que el 16 de agosto de 2017 la autoridad accionada comunicó a la amparada el oficio DPU-MN-281-2017, en el cual se le indicó que, en razón de su denuncia, se efectuó inspección del lugar, se clausuraron la obras y se le notificó al propietario del inmueble para que realizara los trámites para la obtención del permiso correspondiente ante el ente municipal.
El 12 de junio de 2018 la Oficina Legal de la Municipalidad accionada, solicitó al Departamento de Planificación Urbana, realizar una nueva inspección del sitio y determinar el estado real de la situación. El 6 de agosto de 2018 ese Departamento técnico contestó a la Oficina Legal y a la Vice alcaldía, que debía proceder conforme a los artículos 90 y siguientes de la Ley de Construcciones, es decir, la demolición de las obras que no contaban con el permiso y licencia de construcción. En ese sentido, por resolución No. Uno de las 13:30 horas del 15 de enero de 2019, la Alcaldía de Municipalidad, dispuso dar ultimátum de 30 días al señor Henry Paniagua Rodríguez para que por sí mismo derribara la construcción del invernadero, caso contrario se procedería de forma oficiosa a realizar el derribo. De igual forma, quedó demostrado que el 19 de marzo de 2019 el Departamento de Planificación Urbana comunicó a la Oficina Legal del ente municipal, lo siguiente: “(…) Al revisar la base de datos Municipal y los archivos documentales, no hemos encontrado ningún trámite reciente para la obtención de Permiso de Construcción o remodelación, a nombre del señor Henry Alberto Paniagua Vásquez con cédula de identidad 2-465-725”.
El 19 de julio de 2019 la autoridad accionada realizó una nueva inspección de la construcción del invernadero en la propiedad colindante a la amparada, siendo que mediante informe MN-DA-INSPECTORES-0354-2019 se consignaron los hallazgos encontrados y se notificó al propietario del inmueble el acta No. 0046-A, concediéndole plazo para presentar la documentación necesaria para el funcionamiento del invernadero. Igualmente, el 4 de marzo de 2020 la amparada solicitó al Departamento de Planificación Urbana de la Municipalidad accionada, lo siguiente: “(…) me emita un documento que indique el año de construcción del invernadero ubicado en la finca 329437-000 la cual pertenece al Sr. Henry Paniagua Vásquez, caso que consta en el expediente número 105429.”; siendo que, el 10 de marzo de 2020 mediante oficio DPU-MN-066-2020 la autoridad recurrida, brinda respuesta a la tutelada en los siguientes términos: “(…) El señor Henry Paniagua Vásquez, realiza trámite para obtener la Licencia de Construcción en la propiedad con finca 2-329437-000 y con plano de catastro A-324536-1996.
Otorgándose la Licencia de Construcción N° 203-2019 (se adjunta copia). Esperamos que esta información sea de utilidad para lo que corresponda.”. Posteriormente, el 28 de agosto de 2020 la recurrente remitió nota dirigida al ingeniero municipal que concedió el permiso, consultándole: “(…)
Así las cosas, se descarta la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. Se determina que contrario a lo manifestado por la tutelada, la autoridad accionada sí ha realizado las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para atender las denuncias e inquietudes planteadas por ésta. Nótese que la denuncia sobre la problemática que expone la amparada data del año 2017 y a partir de esa fecha se registran inspecciones in situ del lugar denunciado, clausura de obras, notificaciones al dueño de la propiedad vecina para que tramite los permisos correspondientes e incluso se ordenó el derribo de las obras que no contaban con el permiso municipal. Por otra parte, véase que a cada una de las gestiones presentadas por la recurrente se le ha brindado respuesta, siendo que en la última de ellas -sea la del 8 de setiembre de 2020-, la cual estima la recurrente se le contesta de manera incompleta y de forma evasiva, se le explican -ante sus cuestionamientos- los motivos por los cuales se emitió el permiso de construcción No. 203-2019 y también se le hace ver que de existir daños a su propiedad por la construcción de la obras en la propiedad vecina, ello es algo que debe plantear ante las vías legales correspondientes pues la Ley de Construcciones individualiza a los responsables de ese tipo de situaciones, aclarándole que el papel del ente municipal en la tramitación de ese tipo de permisos, es velar por el cumplimiento de los requisitos de ley, circunstancias que se verificaron al momento de emitir el permiso que se objeta.
Teniendo claro lo anterior, la contestación brindada a la amparada el 8 de setiembre de 2020 resulta válida para esta Sala, pues de la lectura de la gestión presentada por la amparada -sea del 28 de agosto de 2020-, se desprenden una serie de cuestionamientos sobre el otorgamiento del permiso de construcción del vecino en cuestión y los daños ocasionados a su propiedad por dicha infraestructura y sobre tales supuestos es que se le contesta. En ese sentido, debe indicársele a la accionante que de encontrarse inconforme con la respuesta brindada o bien, considera que la información suministrada no cumple a cabalidad con sus pretensiones, ello es algo que deberá si a bien lo tiene, plantearlo ante la misma Municipalidad accionada y no ante esta sede constitucional, por tratarse de aspectos de mera legalidad que escapan de la competencia de esta Sala.
Finalmente, se tiene que la misma accionante refiere en su escrito de interposición, que con motivo de la problemática aquí expuesta interpuso un proceso ordinario agrario ante el Juzgado Agrario de San Ramón, el cual se encuentra en trámite. Es decir, el conflicto se encuentra siendo conocido por una autoridad jurisdiccional y es ante el Despacho tramitador del asunto, que debe si a bien lo tiene interponer las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Mauricio Chacón J.
*NHTQZW0MHOI61*
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