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Res. 03491-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/02/2021
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber summarily dismisses the amparo action, finding that claims regarding judgment execution and judicial delay are not subject to amparo at this stage, as the judicial process has not concluded with res judicata effect.La Sala Constitucional rechaza de plano el recurso de amparo por considerar que los reclamos sobre ejecución de sentencia y mora judicial no son materia amparable en esta vía, al no haberse agotado el proceso judicial con autoridad de cosa juzgada.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber declares inadmissible the amparo action filed against the Judiciary and the cooperative Coopetrec, for alleged failure to enforce a civil judgment ordering the delivery of a deed and plan for a lot, and the consequent violation of property rights and access to potable water. The Court reiterates its standard that claims regarding judicial sentence compliance and judicial delay must be brought before the court that issued the ruling, not through amparo, unless the proceedings have concluded with res judicata effect. It finds that disagreements with the execution court's decisions are not subject to amparo under Article 30(b) of the Constitutional Jurisdiction Law. The majority rejects the appeal outright, while Justices Hernández López and Garro Vargas dissent, arguing that the amparo should be admitted to examine the merits of the judicial delay, with Justice Garro providing a detailed critique of the majority's postponement doctrine.La Sala Constitucional declara inadmisible el recurso de amparo interpuesto contra el Poder Judicial y la cooperativa Coopetrec, por alegada falta de ejecución de una sentencia civil que ordenaba la entrega de escritura y plano de un lote, y la consecuente lesión al derecho de propiedad y acceso al agua potable. El Tribunal reitera su criterio de que las reclamaciones sobre cumplimiento de sentencias judiciales y mora judicial deben plantearse ante el juzgado que dictó la resolución, y no por vía de amparo, salvo que el proceso haya finalizado con autoridad de cosa juzgada. Estima que las disconformidades con las decisiones del juez ejecutor no son materia amparable conforme al artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La mayoría rechaza el recurso de plano, mientras que los magistrados Hernández López y Garro Vargas salvan el voto por considerar que el amparo sí debería ser admitido para analizar el fondo de la mora judicial, y la magistrada Garro desarrolla una crítica detallada al criterio mayoritario sobre aplazamiento del conocimiento de la mora.
Key excerptExtracto clave
II.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, it is noted that the claim refers to the execution or compliance with the jurisdictional rulings of other Courts of Justice of the Republic, -Article 153 of the Political Constitution-, which is not subject to review by this Chamber, especially considering that any jurisdictional body has the power to enforce its own rulings and ensure compliance with its orders. Consequently, the appellant may resort to the jurisdictional body that issued the ruling so that it, in exercise of its powers, may order what is legally appropriate to enforce the decision, as it indicates it is doing. Furthermore, given that the alleged lack of potable water on the lot in question is related to the claims that were heard in civil proceedings and the apparent non-compliance with the judgment, this Chamber refrains from making any pronouncement, as these must be discussed within that judicial process. In addition, the appellant's disagreements with the judicial office's decisions concern rulings made by a jurisdictional body within the proceedings under its purview; therefore, it is improper for this Chamber to rule on the matter, since, in accordance with Article 30(b) of the Constitutional Jurisdiction Law, such acts are not subject to constitutional review through amparo, nor is an exception legally provided for in this regard.II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, se advierte que lo reclamado está referido a la ejecución o el cumplimiento de los pronunciamientos jurisdiccionales de otros Tribunales de Justicia de la República, -artículo 153 de la Constitución Política-, lo cual no corresponde ser conocido por esta Sala, máxime si se considera que a cualquier órgano jurisdiccional le asiste la facultad de ejecutar sus pronunciamientos y hacer cumplir sus órdenes. Podrá, entonces, la parte recurrente acudir ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución para que este, en ejercicio de las potestades que le asisten, disponga lo que en derecho corresponda para hacer cumplir lo resuelto, como así indica estarlo haciendo. Además, visto que la acusada falta de agua potable en el lote aludido se relaciona con los reclamos que fueron conocidos en la vía civil y el aparente incumplimiento de la sentencia, esta Sala omite pronunciamiento alguno, en tanto deben ser discutidos dentro de ese proceso judicial. Aunado a lo anterior, las disconformidades que tenga el recurrente con lo resuelto por el despacho judicial, versan sobre las decisiones tomadas por un órgano jurisdiccional dentro del proceso que le compete; por ello, es improcedente que esta Sala se pronuncie al respecto, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por vía de amparo y, además, legalmente no está prevista una situación de excepción al respecto.
Pull quotesCitas destacadas
"lo reclamado está referido a la ejecución o el cumplimiento de los pronunciamientos jurisdiccionales de otros Tribunales de Justicia de la República, -artículo 153 de la Constitución Política-, lo cual no corresponde ser conocido por esta Sala"
"the claim refers to the execution or compliance with the jurisdictional rulings of other Courts of Justice of the Republic, -Article 153 of the Political Constitution-, which is not subject to review by this Chamber"
Considerando II
"lo reclamado está referido a la ejecución o el cumplimiento de los pronunciamientos jurisdiccionales de otros Tribunales de Justicia de la República, -artículo 153 de la Constitución Política-, lo cual no corresponde ser conocido por esta Sala"
Considerando II
"las disconformidades que tenga el recurrente con lo resuelto por el despacho judicial, versan sobre las decisiones tomadas por un órgano jurisdiccional dentro del proceso que le compete; por ello, es improcedente que esta Sala se pronuncie al respecto, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por vía de amparo"
"the appellant's disagreements with the judicial office's decisions concern rulings made by a jurisdictional body within the proceedings under its purview; therefore, it is improper for this Chamber to rule on the matter, since, in accordance with Article 30(b) of the Constitutional Jurisdiction Law, such acts are not subject to constitutional review through amparo"
Considerando II
"las disconformidades que tenga el recurrente con lo resuelto por el despacho judicial, versan sobre las decisiones tomadas por un órgano jurisdiccional dentro del proceso que le compete; por ello, es improcedente que esta Sala se pronuncie al respecto, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por vía de amparo"
Considerando II
"esta Sala admitirá los procesos de amparo interpuestos por violación del numeral 41 de la Constitución Política u 8, párrafo 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, única y exclusivamente, cuando el proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia procedente"
"this Chamber will admit amparo actions filed for violation of Article 41 of the Political Constitution or Article 8(1) of the American Convention on Human Rights, solely and exclusively, when the jurisdictional process has concluded by virtue of a final judgment with res judicata authority issued by the competent last instance"
Considerando II, citando precedente
"esta Sala admitirá los procesos de amparo interpuestos por violación del numeral 41 de la Constitución Política u 8, párrafo 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, única y exclusivamente, cuando el proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia procedente"
Considerando II, citando precedente
"el recurso de amparo se convierte en un simple mecanismo resarcitorio, lo que claramente trastoca su finalidad y, por tanto, infringe la Constitución"
"the amparo action becomes a mere compensatory mechanism, which clearly distorts its purpose and, therefore, infringes the Constitution"
Considerando V, voto salvado Magistrada Garro
"el recurso de amparo se convierte en un simple mecanismo resarcitorio, lo que claramente trastoca su finalidad y, por tanto, infringe la Constitución"
Considerando V, voto salvado Magistrada Garro
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Case File: 21-002456-0007-CO Type of Matter: Amparo Action Judgment with protected data, in accordance with current regulations *210024560007CO* CASE FILE No. 21-002456-0007-CO PROCEEDING: AMPARO ACTION RESOLUTION No. 2021003491 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the nineteenth of February two thousand twenty-one.
Amparo action filed by [Name 001], identity card [Value 001] on behalf of [Name 002], against the JUDICIAL POWER AND THE COOPERATIVA RECREATIVA DE LOS EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL R.L (COOPETREC).
Whereas:
Magistrate Rueda Leal writes; and,
Considering:
The petitioner accuses lack of enforcement of a judicial judgment issued in favor of the protected party, in relation to the segregation and delivery of a plan and deed for a lot that the respondent cooperative sold her. He indicates that in such judgment no timeframe was granted, an omission that has been exploited by the defendant. He affirms that this non-compliance has led to the protected person not having potable water on her lot. He reproaches that more than two years have passed, a time in which supposedly Coopetrec has tried to manage with the Municipality of Garabito for the project to be accepted and the lot to be able to be segregated. He warns that the conflicts Coopetrec may have to comply with what was ordered do not justify the violation of the protected party's right of property, and it also cannot obstruct the ASADA from supplying water to the protected party's lot. He reproaches that the judges have violated the principle of prompt and complete justice, since instead of enforcing what was warned, they have delayed the enforcement of the judgment by granting more time to comply with it.
In the sub lite, it is noted that the claim is related to the enforcement or compliance with the jurisdictional pronouncements of other Courts of Justice of the Republic, -Article 153 of the Political Constitution-, which is not appropriate to be heard by this Chamber, especially considering that any jurisdictional body has the power to enforce its pronouncements and enforce its orders. The petitioner may, then, appear before the jurisdictional body that issued the resolution so that it, in exercise of the powers vested in it, orders what is legally appropriate to enforce what was resolved, as it indicates it is doing.
Furthermore, given that the accused lack of potable water on the said lot is related to the claims that were heard in the civil venue and the apparent non-compliance with the judgment, this Chamber omits any pronouncement, as they must be discussed within that judicial process.
In addition to the foregoing, the disagreements that the petitioner may have with what was resolved by the judicial office concern decisions made by a jurisdictional body within the process under its purview; therefore, it is groundless for this Chamber to rule on this matter, given that, in accordance with the provisions of Article 30, subsection b) of the Law of Constitutional Jurisdiction, such acts are not subject to constitutionality review through amparo and, moreover, no exception situation is legally provided for in this regard.
On the other hand, regarding the judicial delay by the respondent judicial office, this Chamber has repeatedly stated that such an issue is groundless to be heard in this venue:
"II.- Regarding the alleged judicial delay: new criterion under a better consideration, concerning the infringement of Articles 41 of the Constitution and 8, paragraph 1, of the American Convention on Human Rights. Under a better consideration, this Constitutional Court reconsiders the jurisprudential line based on which matters alleging violations of Article 41 of the Political Constitution in the jurisdictional venue, that is, for infringement of the fundamental right to prompt and complete justice or, in the terms of Article 8, paragraph 1, of the American Convention on Human Rights, the right to a process within a reasonable time, that is, without undue delays or unjustified retardations. All the above based on the following considerations: Litigants have used the practice of filing as many amparo actions in a jurisdictional process as times they believe the right to prompt justice has been infringed.
This has resulted in multiple amparos against alleged jurisdictional inertia being able to be filed in a single jurisdictional process, whether for an alleged delay in the transfer of the lawsuit, for an alleged delay in resolving any incident, ordinary appeal —whether against a procedural ruling, decree, or judgment— or even any petition raised in the judgment enforcement process. In this way, the right to prompt justice or a process without undue delays has been fractured, being able to be invoked at any procedural stage, without it having been definitively concluded by a resolution with res judicata authority issued by the last judicial instance in the respective matter. The foregoing has transformed the Constitutional Chamber into one more instance of the ordinary jurisdiction processes to manage the prompt dispatch or swift resolution of matters. This practice has subjected the Constitutional Chamber to an enormous caseload and to having to assess, whatever the procedural stage, whether or not an unjustified delay in the administration of justice has occurred, which is complicated if one considers that the Judicial Power faces high caseloads, particularly in certain matters.
In Comparative Constitutional Procedural Law, the experience of the Constitutional Courts of the world in charge of the jurisdiction of liberty and, even, of the Regional Courts responsible for the protection of Human Rights, the infringement of the right to a process within a reasonable time may be heard and resolved when the respective jurisdictional process has definitively concluded, since only in this way is it possible to assess whether or not there were undue delays or unjustified retardations attributable to the Judicial Power and the State in a broad sense. This has been so, because the entire procedural path must be assessed, so it is necessary to analyze the endo-procedural conduct of the parties, the complexity of the claim deduced or matter heard, the type of process, and the conduct of the jurisdictional authorities during the substantiation of the process. Even, it must be weighed whether or not protective measures were decreed during the development of the process to avert the danger in delay (periculum in mora), as has been the practice of the European Court of Human Rights.
All this exercise can only be done by a Constitutional Court after the process is definitively concluded and not before. Additionally, most of the sector-specific procedural legislations have currently incorporated mechanisms to accelerate them, such as 'prompt dispatch'. Likewise, the Judicial Power has implemented complaint mechanisms for litigants before the Judicial Inspection and the Services Comptroller. For the above reasons, based on Article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction, which empowers the Constitutional Chamber to resolve 'exclusively (…) on its competence', as of judgment No. 2011-12644 of 15:03 hours on September 21, 2011, this Court shall admit amparo proceedings filed for violation of numeral 41 of the Political Constitution or 8, paragraph 1, of the American Convention on Human Rights, solely and exclusively, when the jurisdictional process has concluded by virtue of a judgment with res judicata authority issued by the last competent instance.
This rule may be assessed, in each specific case, so that the Constitutional Chamber may hear and resolve an amparo on this matter, even if the process has not reached the indicated state, when it deems that there is a gross infringement that must be addressed, all in full accordance with the aforementioned Article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction" (judgment No. 2016-7514 of 9:05 hours on June 1, 2016).
As this precedent is applicable to the sub lite, if the petitioner persists in his disagreement, he must appear before the corresponding legality venue, in order to present there the actions he deems pertinent so that what is legally appropriate is resolved. Even, pursuant to Article 5 of the Organic Law of the Judicial Power, reformed by Law No. 9342 of February 3, 2016, he may urge, before the judge in charge of the process, prompt dispatch so that the corresponding action is taken or the resolution of interest is issued. Consequently, the action is declared inadmissible.
Although numeral 30, subsection b) of the Law of Constitutional Jurisdiction expressly indicates that judicial actions and resolutions do not constitute matters subject to amparo, the jurisprudence of the Constitutional Chamber has admitted the amparo action in cases of omission, where "(…) an unjustified and unreasonable delay is accused in the processing of matters submitted to the care of a judge, due to a possible violation of the fundamental right of citizens to prompt and complete justice (numeral 42 of the Political Constitution)" (see, among others, judgment No. 4126-97). However, it has not admitted the amparo action due to other gross and unjustified omissions by judges when they violate other fundamental rights, such as: the principle of equality of arms, the right to due process, or the right of defense. In these latter cases, it has acted in accordance with the intention of the legislator (ratio legis).
I consider it appropriate to dissent in this case because I understand that the Chamber must grant the amparo and analyze the claim on its merits. I make my own the reasoning expressed by Magistrate Cruz Castro for these cases, and which I transcribe: "The majority of the members of this Court, as of judgment No. 2011-012644 of 15:03 hrs. on September 21, 2011, decided to change the position that was traditionally maintained regarding those matters in which the violation of the right to prompt and complete justice, recognized by Article 41 of the Political Constitution, as well as by paragraph 1 of the American Convention on Human Rights, is accused. As a general rule - with some nuance in matters of alimony, outlined in resolution number 2013 – 002637 of 14:30 hrs. on February 26, 2013 – this Court admits amparo proceedings filed for said cause, solely and exclusively, when the jurisdictional process has concluded by virtue of a judgment with res judicata authority issued by the last competent instance.
The undersigned Magistrate dissents from that position. The amparo action was designed and established by the legislator as a swift mechanism for the protection of the rights and freedoms enshrined by our Constitution and the instruments of International Human Rights Law. In this regard, our Law of Constitutional Jurisdiction, in its numeral 31, established that – in the case of alleged threats or violations to fundamental rights in the exercise of the administrative function – to access the procedural remedy of amparo, it is not necessary to file the reconsideration appeal or any other challenge, that is, the prior exhaustion of the administrative route as an admissibility requirement was eliminated. Since this Chamber issued judgment No. 2008-02545 of 08:55 hrs. on February 22, 2008, when a person believes that any entity or body of the Public Administration has harmed their right to a prompt and completed administrative procedure, they can find full protection before the contentious-administrative jurisdiction, through the so-called amparo of legality, in which, in accordance with the position of this Chamber, the principles that inspire the amparo action in the constitutional venue govern.
Now, with the new criterion adopted by the majority of this Chamber, the situation of those who consider the right established by ordinal 41 of our Political Constitution harmed, but this time with respect to an authority exercising jurisdictional function, is diametrically opposed to that described.
Persons who believe there is an undue delay in the processing of a judicial proceeding, under this set of circumstances, find themselves in a clear situation of disadvantage and lack of protection, given that they are indeed obligated to exhaust all instances within the proceeding before being able to bring an action before this Constitutional Chamber. It must not be lost sight of that Article 25 of the American Convention on Human Rights provides that: “(…) 1. Everyone has the right to simple and prompt recourse, or to any other effective recourse, before a competent court or tribunal for protection against acts that violate his fundamental rights recognized by the constitution or laws of the state concerned or by this Convention, even though such violation may have been committed by persons acting in the exercise of their official functions. 2. The States Parties undertake: a) to ensure that the competent authority provided for by the legal system of the state shall decide upon the rights of every person who interposes such recourse; b) to develop the possibilities of judicial remedy; and c) to ensure that the competent authorities shall enforce the remedy when granted (…)” (emphasis not in original).
We consider that with the new criterion of the majority of this Chamber, amparo is distorted as a summary procedural mechanism for the protection of fundamental freedoms, reducing its effectiveness in addressing a problem that, by its very nature, requires expeditious intervention with the clear purpose of avoiding greater consequences in the legal sphere of the protected persons; and likewise, the obligation that the Pact of San José imposes on the States Parties to offer simple and swift judicial recourse for the safeguarding of the fundamental rights of the human person is breached.” In conclusion, I order that the processing be continued and that the amparo (writ for the protection of constitutional rights) presented be processed.
In the present judgment, the Chamber defers the cognizance of judicial delay (mora judicial) until the moment when “the jurisdictional proceeding has concluded by virtue of a judgment with the authority of res judicata (cosa juzgada) issued by the final applicable instance” (the highlighting is from the original). That is to say, this body does not deny that judicial delay is a subject matter of the amparo appeal, but rather determines when it is appropriate to hear it, which entails limiting its own competence.
I agree with the majority that forcing the Chamber to assess – at any stage of the jurisdictional proceeding and without any restriction – whether judicial delay has occurred has counterproductive effects for the proper functioning of this body. It could even be added that it also harms its users, since a collapsed body is an inefficient body and runs the risk of itself falling into delay. Moreover, in view of the pivotal function exercised by this Chamber, the negative effects that this situation provokes are projected onto the justice system as a whole: it subtracts energy, time, and resources that are necessary to adequately address other matters that are heard in this venue and that have great incidence on all levels of national life. For this reason, I share the eagerness of the majority to reduce the number of matters relating to this subject.
However, I believe that the admissibility criterion that was adopted for the first time in judgment 2011-12644 – and is reiterated in this judgment – is unconstitutional and in practice has harmful consequences or, at least, calls its very effectiveness into question. That is to say, such an admissibility criterion, in my opinion, merits objections of both a theoretical and practical nature, which I will break down below.
Objections of a Theoretical Nature A. Violation of the Principle of Constitutional Reservation: Article 48 of the Constitution states that the purpose of the amparo appeal is to “maintain or re-establish the enjoyment” of rights. That is, in the design of this remedy, its purpose is an aspect of constitutional reservation. Nevertheless, with this admissibility criterion introduced by the Chamber, the amparo appeal becomes a simple compensatory mechanism, which clearly disrupts its purpose and, therefore, infringes the Constitution. Naturally, what is stated by that provision does not exclude that an amparo judgment upholding the claim may have reparatory effects, as provided by Article 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC) which states:
“Article 51.- …Any resolution that upholds the appeal shall condemn in abstracto the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment”.
But in Costa Rica, one cannot speak of an amparo appeal with exclusively compensatory effects.
This last point is confirmed even when, pursuant to Article 52 LJC, the Chamber declares an amparo appeal with merit only for compensatory effects. Said article states:
“Article 52.- If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”.
In such a case, it does so because, on the occasion of the filing of the amparo and the respective notification of the resolution that processes it, the respondent authority acted in such a way that it restored the enjoyment of the violated right. Thus, not even in that scenario does the appeal have exclusively compensatory effects, since there is a sort of iuris et de iure presumption that the enjoyment of the right is restored to the amparo petitioner as a direct effect – although without the mediation of an order from the Chamber – of that set of mentioned acts: the filing of the appellant’s written submission, its admission for processing, and the corresponding notification to the respondent of the resolution that processes the amparo. Incidentally, it is an iuris et de iure presumption not so much because it does not admit proof to the contrary, but because such proof is per se irrelevant.
In the dissenting vote of Magistrate Calzada and Magistrate Armijo to the judgment in which, for the first time, the Chamber adopted the cited criterion, there is a reference to this denaturing of the Costa Rican amparo appeal.
“This situation [the one produced by the application of such criterion] finds an additional aggravating factor when considering the proper legal nature of the amparo action, a guarantee provided for use when the existence of a constitutional violation is believed to exist, and not for the affected person to have to wait to exercise it until a judicial proceeding is resolved with the character of res judicata, even despite the existence or risk of violation; assessing the situation in this manner would be equivalent to varying the nature and emptying the content of the amparo as defined in the Law of Constitutional Jurisdiction itself, giving it a connotation of a ‘terminal procedural remedy’ of an eminently reparatory nature, and not of re-establishing the constitutional situation” (dissenting vote to judgment 2011-12644 which appears in Considerando II of the same).
Nevertheless, inexplicably, the dissenting Magistrates only see in the Chamber’s position a violation of the LJC and not, also and above all, of the Constitution.
B. Breach of Respect for the Hierarchy of Normative Sources: In the present judgment, after explaining the factual reasons that show the need to limit its own competence to hear matters relating to judicial delay, the Chamber turns to Comparative Law and places it as the foundation for this admissibility criterion. In this way, this body seems to obviate the requirement of respecting the hierarchy of normative sources. As is known, before Comparative Law, one must turn to the Constitution. The latter clearly and unequivocally determines the essential characteristics of the amparo appeal in our country. And, as has been seen, regarding its purpose, it opts for an amparo appeal that is not a mechanism with exclusively compensatory effects.
C. Violation of the Chamber's Own Normative Limits. According to Article 7 LJC, the Chamber may resolve on its own competence; “It corresponds exclusively to the Constitutional Chamber to resolve on its own competence, as well as to hear the incidental questions that arise before it and the related preliminary questions”.
Therefore, it may establish admissibility criteria for matters brought to its attention. But the validity of the criterion itself will depend on the power being exercised within the limits imposed by the normative framework governing this body. Therefore, when, by judicial route, the appeal is confined to having exclusively compensatory effects, given the aforementioned violation of Article 48 of the Constitution, the exercise of the power granted in Article 7 LJC loses legitimacy and conformity with the Constitution. That is to say, the violation of the LJC and the Constitution occurs concomitantly and connectedly.
Objections of a Practical Nature It is true that the admissibility criterion indicated by the Chamber prevents abuse in the exercise of the right to amparo, when judicial delay is alleged therein. Thus, in principle, there will be no possibility of filing such an appeal at each procedural stage, claiming delays of any kind. If filed, the amparo will be rejected outright as premature. However, I believe that deferring the cognizance of judicial delay to the moment when there is a judgment with the authority of res judicata, issued by the final competent instance, entails postponing the work.
Without a doubt, this criterion reduces the number of files processed: now only one may be processed per dispute (litis); but that one will probably be invested with greater complexity. This latter point has an incidence on the theoretical plane.
As is well known, it is a matter of determining the violation of the reasonable period – and not the legal one. Indeed, from its very beginnings, the Chamber adopted the reasonable period as the parameter for calibrating undue delays (judgment 5154-1993). Although it could perhaps be discussed whether the delay in some phases of the proceeding or the omission in the issuance or execution of some procedural acts should be measured with reference to the legal period.
The most relevant point is that the violation of the reasonable period must always be assessed in light of various criteria. As will be recalled, three classic criteria are usually used: a) the complexity of the matter; b) the procedural activity of the interested party; and c) the conduct of the judicial authorities. It is worth noting that such criteria have been repeatedly adopted by the Chamber and the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) (For the first time, in IACHR, Genie Lacayo vs. Nicaragua, Merits, reparations and costs, 29-I-1997, Series C 30, para. 77. Much later, Judge García Ramírez added a fourth criterion: the incidence of the matter on the current legal situation of the person. Cf. IACHR, López Álvarez vs. Honduras, Merits, reparations and costs, 1-II-2006, Series C 141, reasoned vote of Judge García Ramírez, para. 29). Long before, the three criteria had been used by the European Court of Human Rights (e.g., Case of Eckle vs. Germany. Judgment of July 15, 1982).
Therefore, for the resolution of those amparos, a detailed examination will be necessary that will fall upon the procedural history (iter procesal) in its entirety. Those amparos that will come in due time, whose number and level of complexity cannot yet be precisely calculated, will hardly be processed expeditiously. Thus, deferring the cognizance of such matters means that the amparo appeal runs, in practice, the risk of being denatured because, by being stripped of its character as a summary proceeding, it loses its specificity and reason for being. Furthermore, this lamentably sidesteps a basic premise of all sound procedural policy, which is that the nature of the allegedly infringed right and the character of the alleged injury must be consistent with the type of procedural remedy through which the matter will be elucidated.
I have said that "in principle, there will be no possibility of filing such an appeal at each procedural stage, claiming delays of any kind," because the present judgment states:
“This rule may be evaluated, in each specific case, so that the Constitutional Chamber may hear and resolve an amparo on this matter, even if the proceeding has not reached the indicated state, when it deems that there is a gross infringement that must be addressed, all in full conformity with the aforementioned Article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction”.
From a strictly theoretical point of view, this reservation is quite reasonable and, it could be said, required: it seems there is no reason for the Chamber to totally abstain from hearing such matters because, pursuant to Article 48 of the Constitution, the right to prompt justice, set forth in Article 41 of the Constitution, is part of the subject matter that the amparo appeal is called upon to protect.
From a practical point of view, the fact that the Chamber does not declare itself absolutely incompetent to hear these amparos could have the beneficial consequence of becoming a spur, an incentive, for the judge to speed up the proceeding. But this reservation also entails opening a loophole, thanks to which nothing prevents the very filing of appeals alleging judicial delay. Moreover, there will always be appellants who believe that the injury they allege is gross.
Finally, it is unquestionable that the introduction of this new criterion does not per se prevent the alleged situation of unjustified delay, if it is real, from becoming entrenched.
Proposal on Possible Admissibility Criteria With this vote, I am not advocating for a return to the prior situation, when every amparo appeal in which judicial delay was alleged was admitted for processing. I only wish to emphasize the need for the admissibility criteria to be fully in conformity with the normative plexus that governs this jurisdiction and, at the same time, to have proven effectiveness. For this reason, the Chamber must develop admissibility criteria that, in addition to being duly substantiated, are clearly reflected in its jurisprudence. Along these lines, I will make a proposal. I hope that, at least, it may contribute in some way to the discussion on the subject.
This proposal is made in the context of the present judgment, which refers to judicial delay, but I believe that it should be framed within the necessary analysis that it would be appropriate to be raised more forcefully within the Chamber, concerning the admissibility criteria for the amparo appeal in general.
First of all, it is entirely pertinent to warn that Article 48 of the Constitution, when establishing the right to the amparo appeal, expressly indicates certain aspects. These, for that very reason, are of constitutional reservation. Neither the legislator nor the Chamber may modify them. Such aspects are:
The standing and active legal capacity (legitimación activa) – “every person” –.
The protected object – the rights that, through this procedural mechanism, can be guaranteed –: “The other rights [other than personal integrity and liberty, which are guaranteed through the recurso de hábeas corpus] enshrined in this Constitution, as well as those of a fundamental nature established in international human rights instruments applicable to the Republic, the character of the appeal – not merely compensatory”.
The body that hears the appeal – this Chamber.
But the Constitution says nothing about passive legal capacity (legitimación pasiva), the challengeable object, nor the nature of the appeal – whether it is subsidiary, residual, or direct. This means that regarding these latter aspects, there is a broad margin that should be taken advantage of by prudent judicial action.
Therefore, the Chamber could hear judicial delay based on the level of the respondent authority – for example, only when it is a higher body of the Judicial Branch or, at least, when the channel is exhausted; on the nature of the omission – for example, only acts proper to the advanced stage of the proceeding, resolutions that put an end to it, etc.; or even on the amount in controversy or the right at stake – for example, only non-economic family matters or those that, being economic, directly affect the exercise of personal rights. Moreover, although standing is of constitutional reservation, on the basis of the challengeable object, the admission of delay could be circumscribed to matters in which the Chamber, considering the vulnerability of the appellant, considers it obligatory to intervene – for example, if they are a minor and their rights of all kinds may be affected. Furthermore, always or in some exhaustively listed cases, it could be admitted with a subsidiary character: after ordinary means have been used: prompt dispatch, appeals, complaint, etc. Such criteria can function concomitantly or exclusively.
All of the foregoing the Chamber may indicate, thanks to the power to determine its own competence granted in Article 7 LJC but, especially, because Article 48 of the Constitution so permits.
For the rest, there are other factors that would contribute to the reduction of amparo appeals regarding judicial delay: the effective work of the Judicial Inspection; improvements in the procedural codes and practices of other areas of law; and the prudent but firm use of the power to condemn in costs for frivolous amparos, provided for in Article 51 LJC.
Regarding the Specific Case.
My position is that it is necessary to define the admissibility criteria, based on the scope and limits of the constitutional reservation in this matter, and then apply them to this case to determine whether or not it is appropriate to process the present amparo.
This Chamber must warn the appellant party that, if any document has been provided, whether on paper, as well as objects or evidence supported by means of any additional device, or by means of electronic, computer, magnetic, optical, telematic support or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receipt of the notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions established in the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Plenary Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is rejected outright. Magistrate Castillo Víquez sets a note. Magistrate Hernández López issues a dissenting vote and orders that the amparo be processed. Magistrate Garro Vargas issues a dissenting vote in accordance with Considerando V of this judgment.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.
*AHINFFJAO43Q61*
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *210024560007CO* PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2021003491 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] a favor de [Nombre 002], contra el PODER JUDICIAL Y LA COOPERATIVA RECREATIVA DE LOS EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL R.L (COOPETREC).
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
El recurrente acusa falta ejecución de una sentencia judicial dictada a favor de la amparada, en relación con la segregación y entrega de un plano y escritura de un lote que le vendió la cooperativa recurrida. Indica que en tal sentencia no se concedió plazo alguno, omisión que ha sido aprovechada por la demandada. Afirma que este incumplimiento ha conllevado A que la tutelada no goce de agua potable en su lote. Recrimina que han transcurrido más de dos años, tiempo en el que supuestamente Coopetrec ha tratado de gestionar ante la Municipalidad de Garabito para que se reciba el proyecto y se pueda segregar el lote. Advierte que los conflictos que tenga Coopetrec para cumplir con lo ordenado no justifican la vulneración al derecho de propiedad de la amparada, y tampoco puede obstaculizar que la ASADA dote de agua al lote de la tutelada. Recrimina que los juzgadores han vulnerado el principio de justicia pronta y cumplida, pues en lugar de hacer cumplir con lo prevenido, han dilatado la ejecución de la sentencia al conceder más tiempo para cumplirla.
II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, se advierte que lo reclamado está referido a la ejecución o el cumplimiento de los pronunciamientos jurisdiccionales de otros Tribunales de Justicia de la República, -artículo 153 de la Constitución Política-, lo cual no corresponde ser conocido por esta Sala, máxime si se considera que a cualquier órgano jurisdiccional le asiste la facultad de ejecutar sus pronunciamientos y hacer cumplir sus órdenes. Podrá, entonces, la parte recurrente acudir ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución para que este, en ejercicio de las potestades que le asisten, disponga lo que en derecho corresponda para hacer cumplir lo resuelto, como así indica estarlo haciendo. Además, visto que la acusada falta de agua potable en el lote aludido se relaciona con los reclamos que fueron conocidos en la vía civil y el aparente incumplimiento de la sentencia, esta Sala omite pronunciamiento alguno, en tanto deben ser discutidos dentro de ese proceso judicial.
Aunado a lo anterior, las disconformidades que tenga el recurrente con lo resuelto por el despacho judicial, versan sobre las decisiones tomadas por un órgano jurisdiccional dentro del proceso que le compete; por ello, es improcedente que esta Sala se pronuncie al respecto, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por vía de amparo y, además, legalmente no está prevista una situación de excepción al respecto. Por otro lado, en cuanto a la mora judicial por parte del despacho judicial recurrido, reiteradamente, esta Sala ha dicho que tal extremo es improcedente de conocerse en esta vía: “II.- Sobre la alegada morosidad judicial: nuevo criterio bajo una mejor ponderación, en cuanto a la infracción de los artículos 41 constitucional y 8, párrafo 1°, de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Bajo una mejor ponderación, este Tribunal Constitucional reconsidera la línea jurisprudencial con fundamento en la cual los asuntos en que se aducen violaciones del artículo 41 de la Constitución Política en la sede jurisdiccional, esto es, por infracción del derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida o, en los términos del artículo 8°, párrafo 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a un proceso en un plazo razonable, sea sin dilaciones indebidas o retardos injustificados. Todo lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones: Los justiciables han empleado la práctica de plantear tantos recursos de amparo en un proceso jurisdiccional, como veces estimen que se ha infringido el derecho a una justicia pronta. Esto ha producido que en un solo proceso jurisdiccional se puedan presentar múltiples amparos contra la supuesta inercia jurisdiccional, sea por un presunto retardo en el traslado de la demanda, por una supuesta dilación en resolver cualquier incidencia, recurso ordinario —sea contra una providencia, auto o sentencia— o, incluso, cualquier gestión planteada en el proceso de ejecución de sentencia.
De esta forma, el derecho a una justicia pronta o a un proceso sin dilaciones indebidas se ha fracturado, pudiendo ser invocado en cualquier estadio procesal, sin que haya concluido de manera definitiva mediante una resolución con autoridad de cosa juzgada vertida por la última instancia judicial en la materia respectiva. Lo anterior ha transformado a la Sala Constitucional en una instancia más de los procesos de la jurisdicción ordinaria para gestionar el pronto despacho o resolución célere de los asuntos. Esta práctica ha sometido a la Sala Constitucional a un ingente circulante y a tener que valorar, cualquiera que sea la etapa procesal, si se ha producido o no un retardo injustificado en la administración de justicia, lo que se complica si se considera que el Poder Judicial enfrenta elevados circulantes, en particular, en ciertas materias. En el Derecho Procesal Constitucional Comparado, la experiencia de los Tribunales Constitucionales del mundo encargados de la jurisdicción de la libertad e, incluso, de la Cortes Regionales que tienen a su cargo la tutela de los Derechos Humanos, la infracción del derecho a un proceso en un plazo razonable, procede ser conocida y resuelta cuando el respectivo proceso jurisdiccional ha concluido definitivamente, pues sólo así es posible valorar si hubo o no dilaciones indebidas o retardos injustificados atribuibles al Poder Judicial y al Estado en sentido amplio.
Esto ha sido así, por cuanto, se debe valorar todo el iter procesal, de manera que hay que analizar la conducta endoprocesal de las partes, la complejidad de la pretensión deducida o cuestión conocida, el tipo de proceso y la conducta de las autoridades jurisdiccionales durante la sustanciación del proceso. Incluso, se debe ponderar si fueron o no decretadas medidas cautelares durante el desarrollo del proceso para conjurar el peligro en la mora (periculum in mora), como ha sido la práctica de la Corte Europea de Derechos Humanos. Todo ese ejercicio, lo puede hacer un Tribunal Constitucional, únicamente, después de concluido, definitivamente, el proceso y no antes. Adicionalmente, la mayoría de las legislaciones sectoriales de carácter procesal, actualmente, han incorporado mecanismos para acelerarlos, tales como el “pronto despacho”. Asimismo, el Poder Judicial ha implementado mecanismos de queja de los justiciables ante la Inspección Judicial y la Contraloría de Servicios.
Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que habilita a la Sala Constitucional para resolver “exclusivamente (…) sobre su competencia”, a partir de la sentencia No. 2011-12644 de las 15:03 horas de 21 de septiembre de 2011, este Tribunal admitirá los procesos de amparo interpuestos por violación del numeral 41 de la Constitución Política u 8, párrafo 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, única y exclusivamente, cuando el proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia procedente. Esta regla podrá ser valorada, en cada caso concreto, de manera, que la Sala Constitucional podría conocer y resolver un amparo sobre esta materia, aunque el proceso no haya llegado al estado indicado, cuando estime que existe una infracción grosera que debe ser atendida, todo de plena conformidad con el supracitado artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional” (sentencia N° 2016-7514 de las 9:05 horas del 1° de junio de 2016).
Como este precedente es aplicable al sub lite, de persistir en su disconformidad, deberá la parte recurrente acudir ante la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho proceda. Incluso, al tenor del artículo 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformado por Ley N° 9342 de 3 de febrero de 2016, podrá urgir, ante el juzgador encargado del proceso, el pronto despacho para que realice la actuación correspondiente o dicte la resolución que interese. En consecuencia, el recurso se declara inadmisible.
Pese a que el numeral 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señala expresamente que no constituyen materias amparables las actuaciones y resoluciones judiciales, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha admitido el recurso de amparo en casos de omisión, en los que "(…) se acuse injustificada e irrazonable dilatoria en el trámite de los asuntos sometidos al cuidado de un juzgador, por mediar una posible violación del derecho fundamental de los ciudadanos a una justicia pronta y cumplida (numeral 42 de la Constitución Política)" (véase, entre otras, las sentencia n.° 4126-97). Empero, no ha admitido el recurso de amparo a causa de otras omisiones groseras e injustificadas de los juzgadores cuando vulneran otros derechos fundamentales, tales como: el principio de igualdad de armas, el derecho al debido proceso o el derecho de defensa. En estos últimos casos, ha actuado apegada a la intención del legislador (ratio legis).
Considero apropiado salvar el voto en este caso por entender que la Sala debe dar curso al amparo y analizar el reclamo por el fondo. Hago míos los razonamientos expresados por el Magistrado Cruz Castro para estos casos, y que transcribo: “La mayoría de los integrantes de este Tribunal, a partir de la sentencia No. 2011-012644 de las 15:03 hrs. de 21 de setiembre de 2011, decidió cambiar la posición que tradicionalmente se mantuvo respecto de aquellos asuntos en los cuales se acusa la vulneración del derecho a una justicia pronta y cumplida, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Política, así como por el párrafo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como regla general - con algún matiz en materia de pensiones alimentarias, delineado en la resolución número 2013 – 002637 de las 14:30 hrs. de 26 de febrero de 2013– este Tribunal admite los procesos de amparo interpuestos por dicha causa, única y exclusivamente, cuando el proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia competente.
El suscrito Magistrado disiente de dicha posición. El recurso de amparo fue diseñado y establecido por el legislador como mecanismo célere para la protección de los derechos y libertades consagrados por nuestra Constitución y los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este sentido, nuestra Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su numeral 31 estableció que – en el caso de supuestas amenazas o violaciones a derechos fundamentales en ejercicio de la función administrativa –para acceder al remedio procesal del amparo, no es necesario formular el recurso de reposición ni ninguna otra impugnación, es decir, se eliminó el agotamiento previo de la vía administrativa como requisito de admisibilidad. Desde que esta Sala emitió la sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, cuando una persona estime que algún ente u órgano de la Administración Pública lesionó su derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, puede encontrar plena tutela ante la jurisdicción contencioso - administrativa, a través del denominado amparo de legalidad, en el cual, de conformidad con la posición de esta Cámara, rigen los principios que inspiran al recurso de amparo en sede constitucional.
Ahora bien, con el nuevo criterio adoptado por la mayoría de esta Sala, la situación de quienes consideren lesionado el derecho establecido por el ordinal 41 de nuestra Constitución Política, pero esta vez respecto de una autoridad que ejerce función jurisdiccional, es diametralmente opuesta a la descrita. Las personas que estimen la existencia de una dilación indebida en la sustanciación de un proceso judicial, bajo este orden de circunstancias, se encuentran en una clara situación de desventaja y desprotección, dado que ellos sí están obligados a agotar todas las instancias dentro del proceso, antes de poder accionar ante esta Sala Constitucional. No debe perderse de vista que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: “(…) 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2.
Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso (…)” (el énfasis no pertenece al original). Consideramos que con el nuevo criterio de la mayoría de esta Sala, se desvirtúa al amparo como instituto procesal sumarísimo para la protección de las libertades fundamentales, restándole efectividad para la atención de una problemática, que, por su propia naturaleza, requiere una intervención expedita con el claro propósito de evitar mayores consecuencias en la esfera jurídica de los tutelados y tuteladas; e igualmente, se incumple la obligación que el Pacto de San José impone a los Estados partes de ofrecer un recurso judicial sencillo y célere para la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona humana.” En conclusión, dispongo continuar con la tramitación y cursar el amparo presentado
En la presente sentencia, la Sala difiere el conocimiento de la mora judicial hasta el momento en el que “el proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia procedente” (el destacado es del original).Es decir, este órgano no niega que la mora judicial sea objeto del recurso de amparo, sino que determina cuándo corresponde conocerla, lo que supone limitar su propia competencia.
Coincido con la mayoría en que obligar a la Sala a valorar –en cualquier etapa del proceso jurisdiccional y sin ninguna restricción– si se ha producido la mora judicial tiene efectos contraproducentes para el buen funcionamiento de este órgano. Incluso, podría agregarse que perjudica también a sus usuarios, pues un órgano colapsado es un órgano ineficiente y corre el riesgo de caer él mismo en mora. Además, en vista de la neurálgica función que ejerce esta Sala, los efectos negativos que esta situación provoca se proyectan al sistema de justicia en su totalidad: se resta energía, tiempo y recursos, que son necesarios para atender adecuadamente otros asuntos que se ventilan en esta sede y que tienen gran incidencia en todos los planos de la vida nacional. Por eso, comparto el afán de la mayoría por disminuir el número de asuntos relativos a esta materia.
Sin embargo, estimo que el criterio de admisibilidad que fue adoptado por primera vez en la sentencia 2011-12644 –y es reiterado en la presente sentencia–es inconstitucional y en la práctica tiene consecuencias nocivas o, al menos, ponen en entredicho su eficacia misma. Es decir, tal criterio de admisibilidad, a mi juicio, merece objeciones tanto de orden teórico como práctico, que a continuación desglosaré.
Objeciones de orden teórico A. Lesión al principio de reserva constitucional: El artículo 48 de la Constitución señala que la finalidad del recurso de amparo es “mantener o restablecer el goce” de los derechos. Es decir, en el diseño de este recurso, la finalidad del mismo es un aspecto de reserva constitucional. No obstante, con este criterio de admisibilidad introducido por la Sala, el recurso de amparo se convierte en un simple mecanismo resarcitorio, lo que claramente trastoca su finalidad y, por tanto, infringe la Constitución. Naturalmente, lo dicho por esa norma no excluye que una sentencia estimatoria de un amparo tenga efectos reparadores, tal como lo dispone el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) que dice:
“Artículo 51.- …Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Pero en Costa Rica no cabe hablar de un recurso de amparo con efectos exclusivamente indemnizatorios.
Esto último queda confirmado incluso cuando, a tenor del artículo 52 LJC,la Sala declara con lugar un recurso de amparo sólo con efectos indemnizatorios. Dicho artículo señala:
“Artículo 52.- Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
En tal caso lo hace porque, con ocasión de la interposición del amparo y la respectiva notificación de la resolución que le da curso, la autoridad recurrida actuó de tal modo que restituyó el goce del derecho conculcado. De manera que, ni siquiera en ese supuesto, el recurso tiene exclusivamente efectos indemnizatorios, pues hay una suerte de presunción iuris et de iurede que el goce del derecho es restituido al amparado como efecto directo –aunque sin mediación de una orden de la Sala– de ese conjunto de actos mencionados: la interposición de escrito del recurrente, su admisión a trámite y la correspondiente notificación al recurrido de la resolución que da curso al amparo. Dicho sea de paso, es una presunción iuris et de iure no tanto porque no admita prueba en contrario, sino porque ésta es per se irrelevante En el voto salvado de la Magistrada Calzada y el Magistrado Armijo a la sentencia en la que, por primera vez, la Sala adoptó el citado criterio, hay una referencia a esta desnaturalización del recurso de amparo costarricense.
“Esta situación [la que se produce con la aplicación de tal criterio] encuentra un agravante adicional al considerar la naturaleza jurídica propia de la acción de amparo, garantía prevista para ejercerse cuando se estime la existencia de una violación constitucional, y no para que la persona afectada deba esperarse a ejercerla hasta tener un proceso judicial resuelto con carácter de cosa juzgada, aún y a pesar de la existencia o riesgo de violación; valorar la situación de esta manera equivaldría a variar la naturaleza y vaciar de contenido al amparo según se define en la propia Ley de la Jurisdicción Constitucional, dándole una connotación de ʻremedio procesal terminal’ de carácter eminentemente reparador, y no de restablecimiento de la situación constitucional” (voto salvado de la sentencia 2011-12644 que aparece en el considerando II de la misma).
No obstante, inexplicablemente los Magistrados disidentes sólo ven en la postura de la Sala una violación de la LJC y no, además y sobre todo, de la Constitución. B. Rompimiento del respeto a la jerarquía de las fuentes normativas: En la presente sentencia, luego de explicar los motivos de hecho que muestran la necesidad de limitar la propia competencia para conocer de asuntos relativos a la mora judicial, la Sala acude al Derecho comparado y lo coloca como fundamento de este criterio de admisibilidad. De ese modo, este órgano parece obviar la exigencia de respetar la jerarquía de fuentes normativas. Como es sabido, antes que al Derecho comparado corresponde acudir a la Constitución. Ésta clara e inequívocamente determina las características esenciales del recurso de amparo en nuestro país. Y, como se ha visto, respecto de su finalidad, se decanta por un recurso de amparo que no sea un mecanismo con efectos exclusivamente resarcitorios.
C. Violación de los límites normativos propios de la Sala. Según el artículo 7 LJC, la Sala puede resolver sobre su propia competencia; “Le corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia, así como conocer de las cuestiones incidentales que surjan ante ella y de las prejudiciales conexas”.
Por tanto, puede establecer criterios de admisibilidad de los asuntos que se ponen en conocimiento suyo. Pero la validez del criterio mismo dependerá de que la potestad se ejerza dentro de los límites impuestos por el marco normativo que rige este órgano. Por eso cuando, por vía pretoriana, el recurso queda confinado a tener efectos exclusivamente indemnizatorios, al darse la mencionada violación del artículo 48 constitucional, el ejercicio de la potestad conferida en el artículo 7 LJC pierde legitimidad y conformidad con la Constitución. Es decir, se produce de forma concomitante y conexa la violación de la LJC y de la Constitución.
Objeciones de orden práctico Es cierto que el criterio de admisibilidad señalado por la Sala evita el abuso en el ejercicio del derecho al amparo, cuando en éste se aduce mora judicial. Así, en principio, no habrá posibilidad de interponer tal recurso en cada etapa procesal, reclamando dilaciones de cualquier tipo. De interponerse, el amparo se rechazará de plano por prematuro. Sin embargo, estimo que diferir el conocimiento de la mora judicial al momento en que exista sentencia con autoridad de cosa juzgada, emitida por la última instancia competente, supone posponer el trabajo. Sin duda, con este criterio se disminuye el número de expedientes que se tramitan: ahora sólo podrá tramitarse uno por cada litis; pero ése, probablemente, estará revestido de mayor complejidad. Esto último tiene una incidencia en el plano teórico. Como es bien sabido, se trata de determinar la violación del plazo razonable –y no del legal–.
En efecto, ya desde sus inicios la Sala adoptó el plazo razonable como parámetro para calibrar las dilaciones indebidas (sentencia 5154-1993). Aunque quizá podría discutirse si la dilación en algunas fases del proceso o la omisión en el dictado o ejecución de algunos actos procesales tendrían que ser medidos poniendo como referencia el plazo legal. Lo más relevante es que la violación del plazo razonable se debe hacer siempre a la luz de diversos criterios. Como se recordará, suelen utilizarse tres criterios ya clásicos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. Vale apuntar que tales criterios han sido reiteradamente adoptados por la Sala y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) (Por primera vez, en Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua, Fondo, reparaciones y costas, 29-I-1997, Serie C 30, pr. 77.
Muy posteriormente, el Juez García Ramírez adicionó un cuarto criterio: la incidencia del asunto en la situación jurídica actual de la persona. Cfr. Corte IDH, López Álvarez vs. Honduras, Fondo, reparaciones y costas, 1-II-2006, Serie C 141, voto razonado del Juez García Ramírez, pr. 29). Mucho antes, los tres criterios habían sido utilizados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (v. gr. Caso Eckle vs. Alemania. Sentencia de 15 de julio de 1982). Entonces, para la resolución de esos amparos, será necesario un detenido examen que recaerá sobre el iter procesal en su totalidad. Esos amparos que en su momento vendrán, cuyo número y nivel de complejidad todavía no es posible calcular con precisión, difícilmente podrán tramitarse de modo expedito. De manera que posponer el conocimiento de tales asuntos trae consigo que el recurso de amparo corra, en la práctica, el riesgo de desnaturalizarse pues, al ser despojado de su carácter de proceso sumario, pierde su especificidad y razón de ser.
Además, así lamentablemente se soslaya una premisa básica de toda sana política procesal, que consiste en que la naturaleza del derecho presuntamente infringido y el carácter de la lesión acusada deben ser acordes con el tipo de remedio procesal gracias al cual se va dilucidar el asunto.
He dicho que “ en principio, no habrá posibilidad de interponer tal recurso en cada etapa procesal, reclamando dilaciones de cualquier tipo”, porque dice la presente sentencia:
“Esta regla podrá ser valorada, en cada caso concreto, de manera, que la Sala Constitucional podría conocer y resolver un amparo sobre esta materia, aunque el proceso no haya llegado al estado indicado, cuando estime que existe una infracción grosera que debe ser atendida, todo de plena conformidad con el supracitado artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.
Desde el punto de vista estrictamente teórico, esta reserva es bastante razonable y, podría decirse, que exigida: parece que no hay motivo por el que la Sala se substraiga totalmente de conocer de estos asuntos pues, a tenor del artículo 48 constitucional, el derecho a la justicia pronta, señalado en el artículo 41 constitucional, es parte del objeto que el recurso de amparo está llamado a proteger. Desde el punto de vista práctico, el hecho de que la Sala no se declare absolutamente incompetente para conocer de estos amparos, podría tener la benéfica consecuencia de convertirse en un acicate, un incentivo, para que el juez acelere el proceso. Pero también esta reserva supone abrir un portillo, gracias al cual nada impide la interposición misma de los recursos en que se alegue mora judicial. Además, siempre habrá recurrentes que estimen que la lesión que acusan es grosera.
Finalmente, es indudable que la introducción de este nuevo criterio no evitaper seque la presunta situación de dilación injustificada, si es real, se consolide.
Propuesta sobre posibles criterios de admisibilidad Con el presente voto no abogo por volver a la situación anterior, cuando todo recurso de amparo en el que se alegaba mora judicial era admitido a trámite. Sólo deseo subrayar la necesidad de que los criterios de admisibilidad sean plenamente conformes con el plexo normativo que rige esta jurisdicción y, a la vez, tengan una probada eficacia. Por eso la Sala debe elaborar criterios de admisibilidad que, además de ser debidamente fundamentados, estén claramente reflejados en su jurisprudencia. En esa línea haré una propuesta. Espero que, al menos, pueda contribuir de algún modo a la discusión sobre el tema. Esta propuesta es hecha en el contexto de la presente sentencia, que se refiere a la mora judicial, pero considero que debe enmarcarse dentro del necesario análisis que convendría que se suscitara con más fuerza al interno de la Sala, relativo a los criterios de admisibilidad del recurso de amparo en general.
En primer término, es del todo pertinente advertir que el artículo 48 de la Constitución, cuando establece el derecho al recurso de amparo, señala expresamente algunos aspectos. Éstos, por eso mismo, son de reserva constitucional. Ni el legislador ni la Sala pueden modificarlos. Tales aspectos son: La titularidad y la legitimación activa –“toda persona”–. El objeto protegido –los derechos que, mediante este mecanismo procesal, pueden ser garantizados–: “Los otros derechos [distintos de la integridad y libertad personales, que son garantizados mediante el recurso de hábeas corpus] consagrados en esta Constitución, así comode los de carácter fundamental establecidosen los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República, el carácter del recurso –no simplemente resarcitorio”. El órgano que conoce del recurso –esta Sala–. Pero nada dice la Constitución de la legitimación pasiva, del objeto impugnable como tampoco de la naturaleza del recurso –si es subsidiario, residual o directo–.
Eso significa que sobre estos últimos aspectos hay un amplio margen que debe ser aprovechado por una prudente acción pretoriana. Entonces la Sala podría conocer de la mora judicial en razón del grado de la autoridad recurrida –por ejemplo, sólo cuando sea un órgano superior del Poder Judicial o, al menos, que agote la vía–; de la naturaleza de la omisión –por ejemplo, sólo actos propios de la etapa avanzada del proceso, resoluciones que pongan fin al mismo, etc.–; incluso de la cuantía del asunto o del derecho que está en juego –por ejemplo, sólo asuntos de familia no patrimoniales o que siéndolos afecten directamente el ejercicio de derechos personales–. Es más, aunque la titularidad sea de reserva constitucional, en razón del objeto impugnable se podría circunscribir la admisión de la mora a asuntos en los que la Sala, atendiendo a la vulnerabilidad del recurrente, considere obligado intervenir –por ejemplo, si es menor y sus derechos de toda clase pueden verse afectados–.Además, siempre o en algunos casos taxativamente señalados, podría admitirse con carácter subsidiario: luego de que se haya hecho uso de los medios ordinarios: pronto despacho, recursos, queja, etc. Tales criterios pueden funcionar de modo concomitante o excluyente.
Todo lo anterior la Sala lo puede indicar, gracias a la potestad de determinar su propia competencia otorgada en el artículo 7 LJC pero, especialmente, porque así se lo permite el artículo 48 de la Constitución.
Por lo demás, hay otros factores que contribuirían a la disminución de recursos de amparos relativos a la mora judicial: la eficaz labor de la Inspección Judicial; las mejoras en los códigos y prácticas procesales de otras materias; y la prudente pero firme utilización de la facultad de condenar en costas por amparos temerarios, prevista en el artículo 51 LJC.
Sobre el caso concreto.
Mi posición es que es preciso definir los criterios de admisibilidad, teniendo como base los alcances y límites de la reserva constitucional en esta materia, y luego aplicarse a este caso para determinar si procede o no cursar el presente amparo.
Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. La Magistrada Hernández López salva el voto y ordena cursar el amparo. La Magistrada Garro Vargas salva el voto de conformidad con el considerando V de esta sentencia.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.
*AHINFFJAO43Q61*
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