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Res. 00719-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/01/2021
OutcomeResultado
The amparo petition was denied, as the questions posed to INDER were considered requests for a legal opinion, not protected by the right to petition.Se declara sin lugar el recurso de amparo, por considerarse que las consultas planteadas al INDER constituyen solicitudes de criterio jurídico, no amparadas por el derecho de petición.
SummaryResumen
The Constitutional Court dismissed a writ of amparo filed by a farmer association against the Institute for Rural Development (INDER). The claimant had submitted a petition on October 26, 2020, seeking answers to questions about lesividad judicial processes and PSA contracts in the Osa settlement. INDER provided and notified detailed responses before the amparo was resolved. The Court found that the questions did not constitute simple requests for information but rather queries for legal opinions and criteria, which are not protected by constitutional rights to petition. Applying consistent precedent, the Court denied the amparo on substantive grounds of inadmissibility, without analyzing the content of INDER's responses.La Sala Constitucional rechazó por el fondo un recurso de amparo interpuesto por una asociación campesina contra el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). La parte recurrente solicitó que el INDER respondiera una serie de preguntas y solicitudes contenidas en una gestión del 26 de octubre de 2020, relacionadas con procesos judiciales de lesividad y contratos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en el Asentamiento Campesino Osa. El INDER emitió respuestas detalladas y las notificó electrónicamente antes de la resolución del amparo. La Sala determinó que las preguntas formuladas no constituían simples solicitudes de información, sino consultas sobre criterios y opiniones jurídicas, las cuales no están amparadas por los artículos 27 y 41 de la Constitución. Con base en jurisprudencia reiterada, declaró sin lugar el recurso por improcedencia del fondo, sin entrar a examinar el contenido de las respuestas brindadas.
Key excerptExtracto clave
Now, in the sub lite, the Court notes that what the claimant sought in the petition of October 26, 2020, was not a simple request or a request for information, but rather the issuance of a legal opinion by the respondent authority. For instance, it repeatedly demands the 'legal basis' for the respondent's actions. In this regard, it is appropriate to cite the provision in ruling No. 2019-6340: 'II.- REGARDING REQUESTS FOR THE ISSUANCE OF A LEGAL CRITERION OR OPINION. (...) The right to petition, established in Article 27 of the Constitution, refers to the power of every citizen to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of interest. This guarantee is complemented by the right to a prompt response, although this does not mean that the individual must receive a response favorable to his interests. In other words, it is the right to ask and not the right to obtain what is asked —even though the public official must decide in strict compliance with the law— since the freedom of petition is based on another principle; that is, that the Administration cannot curtail the right of the governed to address public bodies. However, it should not be thought that any request or petition made to the various Public Administrations is protected by Articles 27 and 41 of the Constitution. (...) In ruling No. 2014-019938, the Court declared: ‘From the reading of the brief, it is verified that the claimant did not request pure and simple information held by the respondent institution, but rather consulted the respondent Authority as to whether it was mandatory for secondary schools under its jurisdiction to form the Advisory Committee. Consequently, the lack of response by the respondent to this consultation does not violate the protection of Articles 27 and 41 of the Political Constitution.’ (...) Such considerations are applicable to the case at hand, since this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in said ruling, nor grounds to assess the situation differently.'Ahora bien, en el sub lite, la Sala advierte que lo solicitado por la parte recurrente en la gestión del 26 de octubre de 2020, no se trata de una petición simple o una solicitud de información, sino que lo pretende el recurrente es la emisión de un criterio jurídico por parte de la autoridad recurrida. Así, por ejemplo, requiere reiteradamente el “fundamento jurídico” de las actuaciones de la parte accionada. Al respecto, resulta oportuno traer a colación lo dispuesto en la sentencia n.° 2019-6340 de las 09:40 horas de 5 de abril de 2019: “II.- SOBRE LAS SOLICITUDES ATINENTES A LA EMISIÓN DE UN CRITERIO U OPINIÓN JURÍDICA. En cuanto al tema en concreto expuesto en el sub lite, esta Sala en la Sentencia n.° 2016-04257 de las 14:30 horas del 26 de marzo de 2016 consideró: “(…) El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide —aún cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley—, pues la libertad de petición se funda en otro principio; esto es, que la Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. Así las cosas, la vía de petición permite plantear a la Administración lo que no se puede obtener por vía de recurso ante ella, siempre y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia reglada. II.- Sin embargo, no debe pensarse que cualquier solicitud o petición que se formule ante las distintas Administraciones Públicas, se encuentra amparada por los artículos 27 y 41 de la Carta Fundamental. En este sentido, en tratándose de consultas, en sentencia número 2014-019938 de las 9:05 horas del 5 de diciembre de 2014, la Sala declaró lo siguiente: “De la lectura del oficio CC-JARU-166-11-2014, que obra en autos, se constata que el recurrente no solicitó información pura y simple en poder de la institución accionada, sino que consultó a la Autoridad accionada si era obligatorio para las instituciones educativas de secundaria que se encontraban bajo su jurisdicción, conformar el Comité Asesor de la Dirección. Por consiguiente, la falta de respuesta de la parte accionada a esta consulta no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41 de la Constitución Política. Ello es así, por cuanto lo requerido por el petente no puede encuadrarse ni en los supuestos de peticiones puras y simples de información —artículo 27—, ni tampoco persigue mover a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia —artículo 41— (véase en este sentido, la sentencia N° 2014-017155 de las 09:05 horas del 16 de octubre de 2014).” A lo que puede añadirse lo dispuesto en el pronunciamiento citado en la resolución transcrita, a saber: “El recurrente señala que el dieciocho de setiembre de dos mil catorce, remitió —por medio del sistema de fax— una solicitud al Ministro de Trabajo y Seguridad Social… no ha obtenido respuesta… lo que estima lesiona sus derechos fundamentales… Una vez analizadas… se infiere que lo pretendido por él es que el Ministro recurrido le solucione algunas dudas en torno al pago del ejercicio profesional liberal en días feriados… lo que requiere el recurrente es que se le brinde una asesoría sobre un supuesto en particular, la falta de respuesta de la parte accionada a este respecto no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41, de la Constitución Política.” Tales consideraciones resultan aplicables al caso de estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada.”
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"El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés... Sin embargo, no debe pensarse que cualquier solicitud o petición que se formule ante las distintas Administraciones Públicas, se encuentra amparada por los artículos 27 y 41 de la Carta Fundamental."
"The right to petition, established in Article 27 of the Constitution, refers to the power of every citizen to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of interest... However, it should not be thought that any request or petition made to the various Public Administrations is protected by Articles 27 and 41 of the Constitution."
Considerando III
"El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés... Sin embargo, no debe pensarse que cualquier solicitud o petición que se formule ante las distintas Administraciones Públicas, se encuentra amparada por los artículos 27 y 41 de la Carta Fundamental."
Considerando III
"En la especie, este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en tales sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Por tanto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso."
"In the present case, this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in such rulings, nor grounds to assess the situation differently. Therefore, it is appropriate to dismiss the petition."
Considerando III
"En la especie, este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en tales sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Por tanto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso."
Considerando III
Full documentDocumento completo
WHEREAS:
1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 12:12 p.m. on December 9, 2020, the petitioner files an amparo action. They indicate that the Board of Directors of [Name 004] sent the brief dated October 25, 2020, to INDER. They note that this brief was sent via email on October 26, 2020, to the account [...]. They state that, on October 27, 2020, the General Secretariat of INDER acknowledged receipt of the request filed and indicated that, due to the claims outlined, it required one month to provide a comprehensive response. They allege that the indicated period has elapsed abundantly. They complain that, as of the date of filing this action, they have not received any response from the respondent authority. They request that the action be granted. They request that INDER specifically answer the questions and requests contained in points 5 and 6 of the request filed.
2.- By resolution of this Chamber at 11:21 a.m. on December 17, 2020, the amparo action was processed, and a report was requested from the President of the Board of Directors of Rural Development (INDER), regarding the facts alleged by the petitioner.
3.- By brief incorporated into the digital case file at 2:49 p.m. on December 23, 2020, Guillermo Goyenaga Calvo, in his capacity as legal representative of the Instituto de Desarrollo Rural, reports under oath. He states that, on October 26, 2020, the petitioner filed a request via email. He details that, on December 15, 2020, the secretary of the INDER Board of Directors answered the request filed and notified the requested information to the email address [...]. He requests that the action be dismissed.
4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Judge Delgado Faith;
CONSIDERING:
I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner, in his capacity as president with the powers of president of the [...]), states that on October 26, 2020, he filed a request before the Instituto de Desarrollo; however, he complains that the requested information has not been provided to him. He requests that INDER specifically answer the questions and requests contained in points 5 and 6 of the request filed.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:
At 9:11 a.m. on October 26, 2020, the president of the protected association sent an email to the account [...], in which he stated: "(…) Please be so kind as to receive by this means, this brief sent by [Name 004] for its respective processing and response. Please formally request acknowledgment of receipt by this same email (…)". Attached to this email was a request addressed to the INDER Board of Directors, stating: "(…) 5- From the foregoing, a series of unflattering concerns have been raised against us, pointing to [Name 004] as the cause of [Name 011]'s rejection of the contracts, if the above is added, also what INDER officials in Rincón have irresponsibly stated, whenever they have the opportunity, they mention judicial processes as the cause that prevents INDER from 'helping' the parcel holders in the contracts. As a veiled attack against our organization is hidden here, we request this Board of Directors to clarify and provide us with specific information on what are those processes or legal claims and petitions that are preventing, according to what is stated above, INDER from processing the approval requests for PSA contracts before [Name 011]? Who is the entity or natural or legal person that is filing such processes and who is the entity or person sued? Is it INDER or is it a natural or legal person filing the claims? We do not omit to inform and clarify that although members of [Name 004] have filed claims against this Institution before the courts (a right contained in Article 41 of the Constitution), these claims are for OMISSIVE CONDUCT, and no claim is made related to land rights, titling or indemnification for the same, or conflicts with the national heritage. We reiterate it is for OMISSIVE CONDUCT. Please be so kind as to answer these questions and attach the case file numbers, names of the defendants, and the causes or petitions of the same. What we are requesting is public information. 6- Regarding the content and resolution of judgment No. 0119-2020-1 at 12:00 p.m. on September 30, 2020, which declared the absolute nullity of agreement VI of session 002-99 of January 6, 1999, where INDER seeks to annul the adjudications in the first instance of three families or better said victims of this institution (members of [Name 004]) out of a total of 33 'beneficiary' families of the Osa rural settlement, please be so kind as to answer the following questions in a specific and exact manner. a)- Does INDER seek to reverse said agreement VI session 002-99 by annulling it by means of an ordinary judgment? In summary, answer to [Name 004] out of respect for the 33 affected families, what is the reason and legal basis for this Board of Directors to make the decision to initiate such judicial processes? b)- Since INDER has to date filed three judicial nullity (lesividad) processes against three families from the total list of 33 beneficiaries and recipients contained in agreement VI session 002-99, answer whether INDER will file nullity (lesividad) processes for the remaining 30 families in said agreement? If so, please clearly indicate the reasons; if not, explain the reasons and legal basis. c)- Please answer other questions: Is this Board of Directors informing or will it officially and timely inform the remaining 30 recipients about the proceedings INDER is undertaking before the courts? Will it explain to the currently affected, victims, and injured of the Los Planes sector the true legal reasons why this institution will proceed with these unfortunate ordinary processes? If these processes are going to be carried out, out of respect for the rights and interests of the sector's recipients, indicate when and by what means they will be used to notify the victims? In the event that INDER is not officially informing the recipients about these processes, given the tremendous legal and economic impact due to the pandemic declaration, explain the reasons and legal basis? (under the protection of Article 30 of the Political Constitution) d)- Will INDER proceed to revoke in court the other Board of Directors' agreements that declared other parcel holders as recipients between 1980 and 1999? If the answer is negative, indicate the reason and legal basis. This is based on Article 33 of the Political Constitution. e)- Will INDER proceed in court, in defense of the national heritage, a crusade that INDER is undertaking 'in defense of the environment', to revoke the deeds that this institution granted within the Osa Rural Settlement, real folio [Value 003] between 1980 and 1998? If the answer is negative, explain the reasons and legal basis (…)". (See documentary evidence).
In the request of October 26, 2020, the email [...] was indicated as the means for receiving notifications. (See documentary evidence).
At 10:20 a.m. on October 27, 2020, the electronic account [...] sent an email to the petitioner, stating: "(…) Good morning, acknowledgment of receipt is made; on the other hand, to respectfully indicate that the request for information sent to this office is of a complex and broad nature, therefore, it cannot be resolved in only 10 days, in accordance with the provisions of Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, therefore a longer period of time will be required to fully attend to what is required, even more so that in the examination of the recitals cited in the official letter forwarded to this office, we are facing queries related to judicial processes, for which it must be assessed whether they are still under the knowledge or resolution of the Judicial Authority. Added to the above, it is observed that the subject discussed corresponds to periods from a long time ago, which obliges the institution to carry out a deeper analysis in order to issue the legally corresponding response and considering that it would lead the institution to not being able to respond within the period of the aforementioned law, for which reason we hereby proceed to indicate that we would respond within a period of one month. (…) ". (See documentary evidence).
By official letter INDER-PE-AJ-924-2020 of December 10, 2020, the Legal Directorate of INDER stated: "(…) Response: INDER is NOT denying the 'approvals' of the PSA contracts. The INDER Department of Legal Affairs has already indicated: 1. That the 'approval' of payment and authorization of the PSA contracts corresponds directly to [Name 011]. 2. That INDER cannot issue any authorization for the payment of environmental services, because in reality what corresponds to INDER is the issuance of a certification indicating that the person was registered in the census (recalling that the censuses of those years were NEVER validated in the field). 3. That the existence of a specific plat is NOT full proof of dominion over a property, and has not generated a title deed. In this sense, Article 301 of the Civil Code indicates: 'The survey of a piece of land, whether contested or not, is not sufficient by itself to prove possession of the same land.' Therefore, by presenting a plat, the administered parties DO NOT demonstrate any act of dominion or possession. 4. That the automatic inclusion of the Osa Rural Settlement within the Public Domain of the State and its consequent affectation by articles 13, 15 and 15 of the Ley Forestal 7575 of February 1996, makes it impossible for INDER to grant title deeds or any other permits within these lands, so the petitioner's claim is inadmissible. 5. That State institutions must comply with environmental legislation and applicable regulations. (…) Response to point a): The INDER Department of Legal Affairs has already indicated: that the claims filed, called ORDINARY PROCEEDINGS OF COGNIZANCE FOR NULLITY OF AN ADMINISTRATIVE ACT, were born as a legal strategy both at the procedural judicial level and as one more element among many others professionally planned in defense of the entity's interests to avoid eventual convictions for omission against the institution in those cases called 'Osa Cases' that historically had some Board of Directors' Agreement (AJD) declaring rights of the then IDA. That is, the nullity (lesividad) process claims are born as a defense strategy for the 'Osa Cases' claims against the Institution. At all times, it has been emphasized that IT IS THE RESPONSIBILITY OF EACH OF THE MANAGING ATTORNEYS TO ASSESS AND DEFINE WHICH NULLITY (LESIVIDAD) PROCESSES MUST BE FILED in those cases that contain mention, evidence, as a strategy or claims, some Board of Directors' Agreement (AJD) declaring rights of the then IDA. Why as a defense? Well, because it has been the very plaintiff parties in those 'Osa Cases' who have forced the study of these cases and parcels, where the existence is discovered of various Board of Directors' Agreements (not only the mentioned AJD of 1999, as at present 5 Board of Directors' Agreements from the years 1980, 1996, 1997, and 1999 have been compiled) that granted rights and/or titled within the Public Domain of the State (PNE) all with an important list of beneficiary and/or recipient persons, among those some plaintiffs from the existing judicial cases related to the original 'Osa cases' where we are the sued party. But the AJD of 1999 in particular, in fact, via official letter OJ-129-2002 of September 12, 2002, the PGR informed the INDER Board of Directors that as of the date of the aforementioned IDA (today INDER) Board of Directors' Agreement, Article VI of session 002-99 held on January 6, 1999, the listed properties already formed part of the PNE since 1978, having entered automatically by belonging to an autonomous institution and being comprised within the limits of the Golfo Dulce Forest Reserve (...) not to mention their forest cover (cobertura boscosa) (Article 13 of the Ley Forestal). Consequently, from its incorporation into the PNE, it becomes a public domain asset, and as such, it becomes inalienable and imprescriptible, so the Instituto de Desarrollo Agrario was legally prevented from alienating it (numeral 14 of the Ley Forestal), and as such, the annulment of said agreement is appropriate. In addition to the existence of legal opinions from the PGR and the CGR on the titling of PNE in the Osa Settlement, NEGATIVE and materialized consequences already exist from the administrative omission of NOT annulling those Board of Directors' Agreements; the clearest examples are (...) Response to point b): In good theory, those remaining nullity (lesividad) processes should be filed, since, in order for the SINAC, MINAE, and INDER to materialize the orders issued from report No. DFOE-ED-7-2007 of March 15, 2007, of the Division of Operative and Evaluative Oversight, Area of Economic Services for Development of the CGR, called 'Report on the compliance and validity of the functions assigned to the Instituto de Desarrollo Agrario', which indicated -in what is of interest-: (...) INDER Legal Affairs, via circular No. 001-2019 of 3-21-2019 of the Director of INDER Legal Affairs ordered -in what is of interest-: (...) However, although there is a group of colleagues who consider it NOT necessary to file the nullity (lesividad) processes (considerations and reasons that they must justify in writing -for the cases where they already know of the existence of an AJD-), the truth is that there is also another group of colleagues who consider that, regardless of the varied existence of ordinary judicial processes (in the cases of the Osa Settlement, whether the processes filed by Attorney Roldán or Attorney [Name 016] Zeledón), regardless of the theory of the case of the claim or its petitions, regarding the Osa Settlement, the Administration has created administrative acts emanating from the Board of Directors as the highest-ranking body of the Institution that contravene the legal order, whether because they declare rights or even title lands within the Public Domain of the State. Therefore, as long as the nullity of the act is not decreed, the provision maintains its effects, in accordance with the rules of the effectiveness of administrative acts, causing eventual convictions for omission of conduct. It is under this premise that the contentious-administrative nullity (lesividad) process gains relevance since, par excellence, it is the process where the Administration can challenge its own act, which is final and creator of some subjective right, when it is considered harmful to the public interest. It is clarified that currently the exact data on how many case files (of the so-called Osa cases) have the aforementioned particularity (have an AJD) is NOT available, as the information belongs to each attorney, but from the department's internal 'shared folder' it is extracted that it is approximately and at least 17 case files with an AJD (...) Response to point c) The majority of the Board of Directors' Agreements that have declared nullity (lesividad) have been timely reported to the administered parties, administrative remedies having been filed, which have also been answered. However, the Administration has NO legal obligation or reason to justify procedural administrative acts, such as those indicated, as they are the procedure for filing a claim by ordinary proceedings of cognizance for nullity of an administrative act (lesividad process), and the law does not require communication of that act, which is NOT a violation of the right of defense since it can be exercised during the judicial proceedings of the nullity (lesividad) process. (…) Response to points d) and e): As indicated above, in good theory, those remaining nullity (lesividad) processes should be filed in court, since ALL administrative acts vitiated by nullity, such as titling on PNE lands (not only in the Osa Settlement, but across the country), SHOULD be revoked, precisely so that SINAC, MINAE, and INDER can materialize orders issued by the CGR and the PGR on the obligation to recover PNE lands. However, despite the number of legal opinions from the PGR and the CGR, as well as contentious-administrative case law, as well as the aforementioned circular No. 001-2019 of 3-21-2019 from the Director of INDER Legal Affairs, there has been an evident refusal by some colleagues, arguing that the remaining nullities (lesividades) should NOT be carried out without the proper orders from the Senior Administration of INDER, so currently the decision depends both on each managing attorney and on the Senior Administration issuing the immediate orders it considers pertinent. We take this opportunity to indicate that the current legislation in force, in Articles 13 to 18 of the Ley Forestal, protects and safeguards the Public Domain of the State, so it would require a legislative decision by Law of the Republic for the condition of inalienability and imprescriptibility, which are characteristics of the Public Domain, to be eventually removed. However, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in ruling 1963-2012 of February 15, 2012, when the INDER bill was under discussion, in a legislative consultation, had already warned of a serious affectation to the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, by making it possible for the administered parties to dispose of assets that form part of the Public Domain of the State (…)". (See documentary evidence) By official letter INDER-JD-SJD-0367-2020 of December 14, 2020, addressed to the petitioner, the general secretary of the INDER Board of Directors stated: " (…) In response to your request for information filed before this office via official letter SN-036-2020, we proceed to forward official letter INDER-PE-AJ-924-2020, signed by Miss Karina Castro Leitón, attorney of Legal Affairs, Instituto de Desarrollo Rural, and Mr. Guillermo Goyenaga, director of Legal Affairs, Instituto de Desarrollo Rural, where the queries raised are addressed. Regarding points d) and e), it is necessary to indicate that this report, which has been issued by the Legal Affairs directorate, will be scheduled for a future ordinary session, for the knowledge of the Board of Directors, in order for an assessment to be carried out by the Senior Administration on the actions to be taken (…)". (See documentary evidence).
At 2:45 p.m. on December 15, 2020, the general secretary of the Board of Directors sent an email to the account [...], stating: "(…) Good afternoon, esteemed Mr. [Name 016], attached are official letters INDER-JD-SJD-0367-2020 and INDER-PE-AJ-924-2020, in response to the request for information filed via official letter SN-036-2020 (…)". The files "INDER-JD-SJD-0367-RESPUEST-1.df; 10-12-2020 INDER-PE-AJ-924-1.pdf; SN-036-2020.pdf" were attached to this email. (See documentary evidence).
The email [...] constitutes an official mechanism for filing requests before the respondent authority. (Uncontroverted fact).
On December 21, 2020, the respondent authority was notified of the processing of this action. (See notification records).
III.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner, in his capacity as president with the powers of president of the [...]), states that on October 26, 2020, he filed a request before the Instituto de Desarrollo; however, he complains that the requested information has not been provided to him. He requests that INDER specifically answer the questions and requests contained in points 5 and 6 of the request filed.
Now, it is inferred from the case record that, at 9:11 a.m. on October 26, 2020, the president of the protected association sent an email to the account [...] (an official mechanism for filing requests before the respondent authority), stating: "(…) Please be so kind as to receive by this means, this brief sent by [Name 004] for its respective processing and response. Please formally request acknowledgment of receipt by this same email (…)". Attached to this email was a request addressed to the INDER Board of Directors, stating: "(…) 5- From the foregoing, a series of unflattering concerns have been raised against us, pointing to [Name 004] as the cause of [Name 011]'s rejection of the contracts, if the above is added, also what INDER officials in Rincón have irresponsibly stated, whenever they have the opportunity, they mention judicial processes as the cause that prevents INDER from 'helping' the parcel holders in the contracts. As a veiled attack against our organization is hidden here, we request this Board of Directors to clarify and provide us with specific information on what are those processes or legal claims and petitions that are preventing, according to what is stated above, INDER from processing the approval requests for PSA contracts before [Name 011]? Who is the entity or natural or legal person that is filing such processes and who is the entity or person sued? Is it INDER or is it a natural or legal person filing the claims? We do not omit to inform and clarify that although members of [Name 004] have filed claims against this Institution before the courts (a right contained in Article 41 of the Constitution), these claims are for OMISSIVE CONDUCT, and no claim is made related to land rights, titling or indemnification for the same, or conflicts with the national heritage. We reiterate it is for OMISSIVE CONDUCT. Please be so kind as to answer these questions and attach the case file numbers, names of the defendants, and the causes or petitions of the same. What we are requesting is public information. 6- Regarding the content and resolution of judgment No. 0119-2020-1 at 12:00 p.m. on September 30, 2020, which declared the absolute nullity of agreement VI of session 002-99 of January 6, 1999, where INDER seeks to annul the adjudications in the first instance of three families or better said victims of this institution (members of [Name 004]) out of a total of 33 'beneficiary' families of the Osa rural settlement, please be so kind as to answer the following questions in a specific and exact manner. a)- Does INDER seek to reverse said agreement VI session 002-99 by annulling it by means of an ordinary judgment? In summary, answer to [Name 004] out of respect for the 33 affected families, what is the reason and legal basis for this Board of Directors to make the decision to initiate such judicial processes? b)- Since INDER has to date filed three judicial nullity (lesividad) processes against three families from the total list of 33 beneficiaries and recipients contained in agreement VI session 002-99, answer whether INDER will file nullity (lesividad) processes for the remaining 30 families in said agreement? If so, please clearly indicate the reasons; if not, explain the reasons and legal basis. c)- Please answer other questions: Is this Board of Directors informing or will it officially and timely inform the remaining 30 recipients about the proceedings INDER is undertaking before the courts? Will it explain to the currently affected, victims, and injured of the Los Planes sector the true legal reasons why this institution will proceed with these unfortunate ordinary processes? If these processes are going to be carried out, out of respect for the rights and interests of the sector's recipients, indicate when and by what means they will be used to notify the victims? In the event that INDER is not officially informing the recipients about these processes, given the tremendous legal and economic impact due to the pandemic declaration, explain the reasons and legal basis? (under the protection of Article 30 of the Political Constitution) d)- Will INDER proceed to revoke in court the other Board of Directors' agreements that declared other parcel holders as recipients between 1980 and 1999? If the answer is negative, indicate the reason and legal basis. This is based on Article 33 of the Political Constitution. e)- Will INDER proceed in court, in defense of the national heritage, a crusade that INDER is undertaking 'in defense of the environment', to revoke the deeds that this institution granted within the Osa Rural Settlement, real folio [Value 003] between 1980 and 1998? If the answer is negative, explain the reasons and legal basis (…)". In the request of October 26, 2020, the email [...] was indicated as the means for receiving notifications.
On the other hand, it is verified that, at 10:20 a.m. on October 27, 2020, the electronic account [...] sent an email to the petitioner, stating: " (…) Good morning, acknowledgment of receipt is made; on the other hand, to respectfully indicate that the request for information sent to this office is of a complex and broad nature, therefore, it cannot be resolved in only 10 days, in accordance with the provisions of Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, therefore a longer period of time will be required to fully attend to what is required, even more so that in the examination of the recitals cited in the official letter forwarded to this office, we are facing queries related to judicial processes, for which it must be assessed whether they are still under the knowledge or resolution of the Judicial Authority. Added to the above, it is observed that the subject discussed corresponds to periods from a long time ago, which obliges the institution to carry out a deeper analysis in order to issue the legally corresponding response and considering that it would lead the institution to not being able to respond within the period of the aforementioned law, for which reason we hereby proceed to indicate that we would respond within a period of one month. (…) ". Likewise, the Chamber accredits that by official letter INDER-PE-AJ-924-2020 of December 10, 2020, the Legal Directorate of INDER stated: "(…) Response: INDER is NOT denying the 'approvals' of the PSA contracts. The INDER Department of Legal Affairs has already indicated: 1. That the 'approval' of payment and authorization of the PSA contracts corresponds directly to [Name 011]. 2. That INDER cannot issue any authorization for the payment of environmental services, because in reality what corresponds to INDER is the issuance of a certification indicating that the person was registered in the census (recalling that the censuses of those years were NEVER validated in the field). 3. That the existence of a specific plat is NOT full proof of dominion over a property, and has not generated a title deed. In this sense, Article 301 of the Civil Code indicates: 'The survey of a piece of land, whether contested or not, is not sufficient by itself to prove possession of the same land.' Therefore, by presenting a plat, the administered parties DO NOT demonstrate any act of dominion or possession. 4. That the automatic inclusion of the Osa Rural Settlement within the Public Domain of the State and its consequent affectation by articles 13, 15 and 15 of the Ley Forestal 7575 of February 1996, makes it impossible for INDER to grant title deeds or any other permits within these lands, so the petitioner's claim is inadmissible. 5.
That, State institutions must comply with environmental legislation and applicable regulations. (…) Response to point a): The Legal Affairs Department of INDER has already indicated: that the lawsuits filed, denominated ORDINARY PROCEEDINGS FOR DECLARATION OF NULLITY OF AN ADMINISTRATIVE ACT (hereinafter LESIVITY PROCEEDINGS), arose as a legal strategy both at the judicial procedural level and as one (sic) element among many others professionally planned in the technical defense of the entity's interests to avoid potential condemnations for omission against the institution in those cases called “Osa Cases” that historically had some Board of Directors Agreement (Acuerdo de Junta Directiva, AJD) declaratory of rights of the then IDA. That is, the lawsuits for lesivity proceedings arise as a defense strategy due to the lawsuits of “Osa Cases” against the Institution. At all times it has been emphasized that, IT IS THE RESPONSIBILITY OF EACH OF THE DIRECTING ATTORNEYS TO ASSESS AND DEFINE WHICH LESIVITY PROCEEDINGS MUST BE FILED in those cases that contained mention, proof, as a strategy or claims, any Board of Directors Agreement (AJD) declaratory of rights of the then IDA. Why as a defense? Well, because it has been the same plaintiff parties of those “Osa Cases” who compelled the study of those cases and parcels, where the existence of various Board of Directors Agreements is discovered (not only the mentioned AJD of 199, since for the moment 5 Board of Directors Agreements from the years 1980, 1996, 1997 and 1999 have been compiled) that granted rights and/or titled land in State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, hereinafter PNE) all with an important list of beneficiary and/or awardee persons, -among those some plaintiffs of the existing judicial cases related to the original “Osa cases” where we are the defendant party-. But the AJD of 199 in particular, in fact, through official communication OJ-129-2002 of September 12, 2002, the PGR informed the Board of Directors of INDER, that by the date of the aforementioned Board of Directors Agreement of the IDA (today INDER), Article VI of session 002-99 held on January 6, 199, the listed properties already formed part of the PNE since 1978, having entered it automatically as they belonged to an autonomous institution and were within the limits of the Golfo Dulce Forest Reserve (…) not forgetting their forest cover (cobertura boscosa) (article 13 of the Ley Forestal). Consequently, from their incorporation into the PNE, they become a public domain asset, and to that extent, become inalienable and imprescriptible, for which reason the Instituto de Desarrollo Agrario was legally impeded from alienating it (numeral 14 of the Ley Forestal), and to that extent, the annulment of the cited agreement proceeds. In addition to the existence of legal criteria from the PGR and the CGR regarding the titling of PNE in the Osa Settlement, NEGATIVE AND MATERIALIZED consequences of the administrative omission of NOT annulling those Board of Directors Agreements ALREADY exist, the clearest examples are (…) Response to point b): In good theory, those remaining lesivity proceedings should be filed, since in order for SINAC, MINAE and INDER to achieve the materialization of the orders issued from report No. DFOE-ED-7-2007 of March 15, 2007, of the Division of Operational and Evaluative Oversight, Area of Economic Services for Development of the CGR, called “Report on the compliance and validity of the functions assigned to the Instituto de Desarrollo Agrario”, which indicated -in what is of interest-: (…) Legal Affairs of INDER, through circular No. 001-2019 of 21-3-2019 of the Director of Legal Affairs of INDER ordered -in what is of interest-: (…) However, although there is a group of colleagues who consider the NO need to file the lesivity proceedings (considerations and reasons that they must justify in writing -for the cases where they already know of the existence of an AJD-), the truth is that there also exists another group of colleagues who consider that regardless of the varied existence of ordinary judicial proceedings (in the cases of the Osa Settlement, be it the proceedings filed by Lic. Roldán or Lic. [Name 016] Zeledón), regardless of the case theory of the lawsuit or its claims, regarding the Osa Settlement, the Administration has created administrative acts emanating from the Board of Directors as the highest authority of the Institution that contravene the legal system, either because they declare rights or even title lands in State Natural Heritage. So that, while the nullity of the act is not decreed, the provision maintains its effects, in accordance with the rules of the effectiveness of administrative acts, causing potential condemnations for omission of conduct. It is under that premise that the contentious-administrative lesivity proceeding gains relevance since, par excellence, it is the proceeding where the Administration can challenge its own final act that creates some subjective right, when it is considered harmful to public interests. It is clarified that currently there is NO exact data on how many case files (of the so-called Osa cases) have the previous particularity (have an AJD), since the information is held by each attorney, but from the department's internal “shared folder” it is extracted that it concerns approximately and at least 17 case files with an AJD (…) Response to point c) The majority of the Board of Directors Agreements that have declared lesivity have been opportunely informed to the administered parties, with administrative appeals being filed, which have also been answered. However, the Administration has NO legal obligation nor reason to justify procedural administrative acts, such as those indicated, since they are the procedure for filing a lawsuit for ORDINARY PROCEEDING FOR DECLARATION OF NULLITY OF AN ADMINISTRATIVE ACT (LESIVITY PROCEEDING), and the law does not require the communication of that act, which is NOT a violation of the right of defense since it can be exercised in the judicial processing of the lesivity proceeding. (…) Response to point d) and e): As indicated above, in good theory, those remaining lesivity proceedings should indeed be filed in the judicial venue, since ALL those administrative acts vitiated by nullity SUCH AS the titling on PNE lands SHOULD BE revoked (not only in the Osa Settlement, but around the country), precisely in order for the SINAC, MINAE and INDER to manage to materialize orders issued by the CGR and the PGR regarding the obligation to recover PNE lands. However, despite the quantity of legal criteria from the PGR and the CGR, as well as contentious-administrative jurisprudence, as well as the aforementioned circular No. 001-2019 of 21-3-2019 of the Director of Legal Affairs of INDER, there has been an evident refusal by some colleagues, arguing that, the remaining lesivities should NOT be carried out without the proper orders of the Superior Administration of INDER, for which reason currently the decision depends both on each directing attorney and on the Superior Administration issuing the immediate orders it deems pertinent. We take the opportunity to indicate that current legislation, in articles 13 to 18 of the Ley Forestal, protects and safeguards the State Natural Heritage, because it would be a legislative decision by Law of the Republic to eventually release the condition of inalienability and imprescriptibility that are characteristics of the Natural Heritage. However, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in vote 1963-2012 of February 15, 2012, when the INDER Law project was under discussion, in legislative consultation, had already warned of a serious affectation to the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, by making it possible for administered parties to dispose of assets that form part of the State Natural Heritage (…).” In addition to the foregoing, it is gathered from the case records that, through official communication INDER-JD-SJD-0367-2020 of December 14, 2020 addressed to the appellant, the general secretary of the Board of Directors of INDER stated: “(…) In response to your request for information submitted to the office through official communication SN-036-2020, we proceed to transfer official communication INDER-PE-AJ-924-2020, signed by Miss Karina Castro Leitón attorney of Legal Affairs, Instituto de Desarrollo Rural and Mr. Guillermo Goyenaga, director of Legal Affairs, Instituto de Desarrollo Rural, in which the queries raised are addressed. Regarding points d) and e), it is necessary to indicate that this report, which has been issued by the directorate of Legal Affairs, will be scheduled for a future ordinary session, for the knowledge of the Board of Directors, so that an assessment can be carried out by the Superior Administration, on the actions to be taken (…) ”. Finally, it is accredited that, at 2:45 p.m. on December 15, 2020, the general secretary of the Board of Directors sent an email to the account [...] , in which he stated: “(…) Good afternoon esteemed Mr. [Name 016], attached are official communications INDER-JD-SJD-0367-2020 and INDER-PE-AJ-924-2020, in response to the request for information submitted through official communication SN-036-2020(…)”. To that email the following files were attached: “INDER-JD-SJD-0367-RESPUEST-1.df; 10-12-2020 INDER-PE-AJ-924-1.pdf; SN-036-2020.pdf”.
Now then, in the sub lite case, this Chamber warns that what was requested by the appellant party in the motion of October 26, 2020, is not a simple petition or a request for information, but rather what the appellant seeks is the issuance of a legal opinion by the respondent authority. Thus, for example, he repeatedly requires the “legal basis” of the actions of the sued party. In this regard, it is appropriate to bring up the provisions of judgment No. 2019-6340 of 9:40 a.m. on April 5, 2019:
“II.- REGARDING REQUESTS PERTAINING TO THE ISSUANCE OF A LEGAL CRITERION OR OPINION. Regarding the specific topic raised in the sub lite, this Chamber in Judgment No. 2016-04257 of 2:30 p.m. on March 26, 2016 considered: “(…) The right of petition, established in article 27 of the Constitution, refers to the power that every citizen possesses to address in writing any public official or official entity in order to expose a matter of their interest. This guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response, although the latter does not mean that the administered party must receive a favorable answer to their interests. In other words, it is the right to ask and not the right to obtain what is asked —even though the public official must resolve strictly subject to the law—, since the freedom of petition is based on another principle; that is, that the Administration cannot restrict the right of the governed to address public bodies. Thus, the avenue of petition allows the raising to the Administration of what cannot be obtained by way of appeal before it, as long as the Administration is not prohibited from doing so because it is a regulated matter. II.- However, it should not be thought that any solicitation or petition made before the different Public Administrations is protected by articles 27 and 41 of the Fundamental Charter. In this sense, regarding consultations, in judgment number 2014-019938 of 9:05 a.m. on December 5, 2014, this Chamber declared the following: \"From the reading of official communication CC-JARU-166-11-2014, which is in the case file, it is verified that the appellant did not request pure and simple information in the possession of the sued institution, but rather consulted the sued Authority whether it was obligatory for secondary educational institutions under its jurisdiction to form the Advisory Committee of the Directorate. Consequently, the lack of response by the sued party to this consultation does not violate what is protected in ordinals 27 and 41 of the Political Constitution. This is so, because what was required by the petitioner cannot fit either within the assumptions of pure and simple petitions for information —article 27—, nor does it seek to move the Administration to solve some type of claim or complaint —article 41— (see in this sense, judgment N° 2014-017155 of 09:05 a.m. on October 16, 2014). Due to the foregoing, this appeal is inadmissible and must be rejected on the merits, as is hereby declared\". To which can be added the provisions of the pronouncement cited in the transcribed resolution, namely: \"The appellant indicates that on September eighteenth, two thousand fourteen, he sent —through the fax system— a request to the Minister of Labor and Social Security, so that this authority would inform him '…if we professionals without a fixed employer have the right to charge double on a day that is a holiday. The same for charging overtime, after a normal schedule…'. However, he has not obtained a response to this request, which he considers harms his fundamental rights. In relation to what was stated by the appellant party, it is resolved in accordance with the following considerations. II.- Once the statements made by the petitioner within the filing document of this appeal have been analyzed, as well as the evidentiary elements provided to the case file, it is inferred that what he intends is for the respondent Minister to solve some doubts regarding the payment of liberal professional practice on holidays and the charging of overtime that he explains are of his interest. In that sense, since what the appellant requires is to be provided advice on a specific scenario, the lack of response from the sued party in this regard does not violate what is protected in ordinals 27 and 41 of the Political Constitution. This is so, because what was required by the petitioner cannot fit either within the assumptions of pure and simple petitions for information -article 27-, nor does his missive compel the Administration to solve some type of claim or complaint, nor even urge it to determine whether or not it accepts his request -article 41-. Due to what has been indicated, this appeal is inadmissible and its rejection on the merits proceeds, in accordance with the provisions of article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as is hereby declared …” (Judgment number 2014-017155 of 09:05 a.m. on October 16, 2014) (…)”. Such considerations are applicable to the case under study, since this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in said judgment, nor reasons that make it assess the situation raised in a different manner”.
Thus, in the case at hand, this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in such judgments, nor reasons that make it assess the situation raised in a different manner. Therefore, the appropriate course is to declare the appeal without merit regarding that extreme.
IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in some additional device of an electronic, computing, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is declared without merit.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Alejandro Delgado F.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *KIWW5CKJARI61*
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *200226170007CO* Res. Nº 2021000719 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del quince de enero de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 20-022617-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] a favor de la [...]), cédula jurídica [Valor 002], contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER). Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:12 horas del 9 de diciembre de 2020, la parte accionante interpone recurso de amparo. Indica que la Junta Directiva de [Nombre 004] remitió el escrito fechado 25 de octubre de 2020 al INDER. Acota que tal escrito fue enviado mediante correo electrónico del 26 de octubre de 2020 a la cuenta [...]. Afirma que, el 27 de octubre de 2020, la Secretaria General del INDER acusó de recibo la gestión planteada e indicó que debido a las pretensiones esbozadas, requería de un mes para dar respuesta integral. Acusa que el plazo indicado ha transcurrido sobradamente. Reclama que a la fecha de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta alguna por parte de la autoridad accionada. Solicita que se declara con lugar el recurso. Solicita que el INDER responda específicamente las preguntas y solicitudes contenidas en los puntos 5 y 6 de la gestión planteada. 2.- Mediante resolución de la Sala de las 11:21 horas del 17 de diciembre de 2020, se dio curso al amparo y se solicitó informe al Presidente de la Junta Directiva de Desarrollo Rural (INDER), sobre los hechos alegados por el recurrente. 3.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 14:49 horas del 23 de diciembre de 2020 informa bajo juramento Guillermo Goyenaga Calvo, en su condición de apoderado judicial del Instituto de Desarrollo Rural. Afirma que, el 26 de octubre de 2020, la parte recurrente planteó una gestión mediante correo electrónico. Detalla que, el 15 de diciembre de 2020, el secretario de la Junta Directiva del INDER contestó la gestión planteada y notificó la información solicitada al correo electrónico [...]. Solicita que se declare sin lugar recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Delgado Faith; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente, en su condición de presidente con facultades de presidente de la [...]), indica que el 26 de octubre de 2020 formuló una gestión ante el Instituto de Desarrollo; empero, reclama que la información requerida no le ha sido suministrada. Solicita que el INDER responda específicamente las preguntas y solicitudes contenidas en los puntos 5 y 6 de la gestión planteada.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
A las 9:11 horas del 26 de octubre de 2020, el presidente de la asociación amparada remitió un correo electrónico a la cuenta [...] , en el que consignó: “(…)Sean muy servidos de recibir por este medio, el presente escrito remitido por [Nombre 004] para su respectivo trámite y respuesta. Por favor solicitamos formalmente acuse de recibido por este mismo correo (…)”. En tal correo electrónico se adjuntó una gestión dirigida a la Junta Directiva del INDER, en la que se indicó: "(…)5- De lo anterior, se ha levantado una serie de inquietudes nada halagüeñas en nuestra contra, señalando a [Nombre 004] como causante del rechazo de [Nombre 011] por los contratos, si se suma lo anterior, también lo que ha manifestado irresponsablemente funcionarios del INDER en Rincón, cada vez que tienen oportunidad, mencionan los procesos judiciales como causa que impide a INDER “ayudar” a los parceleros en los contratos. Como aquí se esconde un ataque velado contra nuestra organización le solicitamos a esta Junta Directiva nos aclare y den información de manera puntual de ¿cuáles son esos procesos o demandas legales y pretensiones que están impidiendo, según lo expuesto líneas arriba, al INDER atender las solicitudes de vistos buenos de los contratos de PSA ante [Nombre 011]?¿Quién es el ente o persona física o jurídica que está interponiendo dichos procesos y quien (sic) es el ente o persona demandada?¿Es el INDER o es persona física o jurídica la que interpone las demandas? No omitimos informar y aclarar que si bien miembros de [Nombre 004] tienen interpuestas demandas en contra de esta Institución ante los tribunales (derecho contenido en el artículo41 constitucional) estas demandas son por CONDUCTA OMISA, y no se hace ningún tipo de demanda relacionada por derecho a tierras, titulación o indemnización por la misma, o conflictos con el patrimonio natural del Estado. Reiteramos es por CONDUCTA OMISA. Sean muy servidos en contestar estas preguntas y anexar los números de expedientes nombres de los demandados y las causas o pretensiones de las mismas. Lo que solicitamos es información pública. 6- En relación al contenido y resolución de la sentencia No. 0119-2020-1 de las 12 horas del 30 de setiembre del 2020 que declaró con nulidad absoluta el acuerdo VI de la sesión 002-99 de 6 de enero de 1999, donde el INDER busca anular las adjudicaciones en primera instancia de tres familias o mejor diríamos víctimas de esta institución (miembros de [Nombre 004] ) de un total de 33 familias “beneficiarias” del asentamiento campesino Osa, sean servidos responder de manera puntual y exacta las siguientes preguntas. a)- El INDER persigue revertir dicho acuerdo VI sesión 002-99 anulándolo por medio de sentencia ordinaria de manera resumida conteste a [Nombre 004] por respeto a las 33 familias afectadas ¿cuál es la razón y fundamento legal para que esta Junta Directiva tomara la decisión de incoar dichos procesos judiciales? b)- Como el INDER a (sic) presentado hasta el día de hoy tres procesos judiciales por lesividad a tres familias de la lista total de 33 beneficiarios y adjudicatarios contenidas en el acuerdo VI sesión 002-99, responder ¿si el INDER presentara procesos de lesividad para el resto de las 30 familias restantes en dicho acuerdo? en caso de ser así por favor indicar con claridad las razones, en caso de no ser así explicar las razones y fundamentos legales. c)- Por favor responder otras interrogantes: ¿esta Junta Directiva está informando o va a informar de manera oficial y oportuna a los restantes 30 adjudicatarios sobre las gestiones que está llevando INDER ante los tribunales? ¿si va a explicar a los hoy afectados, víctimas y damnificados del sector de Los Planes las verdaderas causas legales por las cuales esta institución procederá a estos desafortunados procesos ordinarios? ¿en caso de que estos procesos lo vayan a realizar, por respeto a los derechos e intereses de los adjudicatarios del sector, indicar cuando (sic) y que (sic) medios utilizaran (sic) para poner en aviso a las víctimas? En caso de que el INDER no estuviese informando oficialmente a los adjudicatarios sobre estos procesos, dado el tremendo impacto, tanto legal como económico a causa de la declaración de pandemia ¿expliquen las razones y fundamentos legales? (amparo del artículo 30 Constitución Política) d)- ¿Procederá el INDER a revocar en sede judicial los demás acuerdos de Junta Directiva que declararon adjudicatarios a otros parceleros entre 1980 a 1999? en caso de ser negativa la respuesta indique por qué razón y fundamento legal. Esto con fundamento al artículo 33 de la Constitución Política. e)- ¿Procederá el INDER en sede judicial, en defensa del patrimonio natural del Estado, cruzada que está llevando el INDER “en defensa del ambiente”, revocar las escrituras que esta institución entregó dentro del Asentamiento Campesino Osa folio real [Valor 003] entre 1980 a 1998? en caso de ser negativa la respuesta explicar las razones y fundamentos jurídicos (…)” . (Ver prueba documental).
En la gestión del 26 de octubre de 2020 se señaló el correo electrónico [...] como medio para recibir notificaciones. (Ver prueba documental).
A las 10:20 horas del 27 de octubre de 2020, la cuenta electrónica [...] remitió un correo electrónico a la parte recurrente, en el que manifestó: “(…)Buenos días se hace acuse de recibo, por otra parte indicar con todo respeto que la solicitud de información remitida a este despacho, reviste de una naturaleza de índole compleja y amplia, por ende, no puede resolverse en solo 10 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, por lo que se requerirá de un lapso mayor de tiempo, para poder atender a cabalidad lo requerido, mas (sic) aún que en el examine de los considerandos citados en el oficio trasladado a este despacho, estamos ante consultas relacionadas con procesos judiciales, de los cuales se debe valorar si los mismos aún están en conocimiento o resolución por parte de la Autoridad Judicial. Aunado a lo anterior se observa que el objeto discutido corresponde a periodos de vieja data, lo que obliga a la institución hacer un análisis más profundo con el fin de emitir la respuesta que en derecho corresponda y siendo que le conllevaría a la institución, el no poder contestar en el plazo de ley supra citado, por lo que por este medio procedemos a indicarle que contestaríamos en el plazo de un mes. (…) ”. (Ver prueba documental).
Mediante oficio INDER-PE-AJ-924-2020 del 10 de diciembre de 2020, la Dirección Jurídica del INDER señaló: “(…)Respuesta: El Inder NO está negando los “vistos buenos” de los contratos de PSA. Ya el Departamento de Asuntos Jurídicos del Inder ha señalado: 1. Que el “visto bueno” del pago y autorización de los contratos PSA le corresponde directamente a [Nombre 011]. 2. Que, el Inder no puede realizar autorización alguna para el pago de servicios ambientales, pues en realidad lo que le corresponde al Inder es la emisión de una constancia que indica que la persona fue censada (recordando que los censos de aquellos años NUNCA fueron validados en campo). 3. Que, la existencia de un plano específico NO es plena prueba del dominio de una propiedad, no ha generado título de propiedad. En este sentido, el artículo 301 del Código Civil indica que: “La mensura de un terreno, sea o no protestada, no basta por sí sola para probar la posesión del mismo terreno”. Por lo tanto, con la presentación de un plano, los administrado NO demuestran acto alguno de dominio o posesión. 4. Que, la inclusión automática del Asentamiento Campesino Osa dentro del Patrimonio Natural del Estado y su consecuente afectación a los artículos 13, 15 y 15 de la Ley Forestal 7575 de e (sic) de febrero de 1996, le imposibilita al Inder otorgar títulos de propiedad o cualquier otro permisos dentro de estos terrenos, por lo que la pretensión del recurrente es improcedente. 5. Que, las instituciones del Estado deben cumplir la legislación ambiental y normativa aplicable. (…) Respuesta punto a): Ya el Departamento de Asuntos Jurídicos del Inder ha señalado: que, las demandas interpuestas, denominadas PROCESOS ORDINARIOS DE CONOCIMIENTO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO (en adelante PROCESOSDE LESIVIDAD), nacieron como una estrategia jurídica tanto a nivel procesal judicial, como una (sic) elemento más entre muchos otros planificados profesionalmente en defensa técnica de los intereses de la entidad para evitar eventuales condenas por omisión en contra de la institución en aquellos casos denominados “Casos Osa” que históricamente tuviesen algún Acuerdo de Junta Directiva (AJD) declaratorio de derechos del entonces IDA. Es decir, las demandas de procesos de lesividad nacen como una estrategia de defensa por las demandas de “Casos Osa” en contra de la Institución. En todo momento se ha enfatizado que, ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO DE LOS ABOGADOS DIRECTORES VALORAR Y DEFINIR CUÁLES PROCESOS DE LESIVIDAD DEBEN INTERPONERSE en aquellos casos que contuvieran mención, prueba, como estrategia o pretensiones algún Acuerdo de Junta Directiva (AJD) declaratorio de derechos del entonces IDA. ¿Por qué cómo (sic) defensa? Pues porque, ha sido las mismas partes actoras de esos “Casos Osa” quienes obligaron el estudio de esos casos y parcelas, en donde se descubre la existencia de diversos Acuerdos de Junta Directiva (no solo el mencionado AJD de 199, pues por el momento se han recopilado 5 Acuerdos de Junta Directiva de los años 1980, 1996, 1997 y 1999) que otorgaron derechos y/o titularon en Patrimonio Natural del Estado (en adelante PNE) todos con una lista importante de personas beneficiarias y/o adjudicatarias, -entre esos algunos actores de los existentes casos judiciales relacionados con los “casos Osa” originales donde somos parte demandada-. Pero el AJD de 199 en particular, de hecho, mediante oficio OJ-129-2002 del 12 de setiembre del 2002 la PGR informó a la Junta Directiva del Inder, que para fecha del precitado Acuerdo de Junta Directiva del IDA (hoy Inder), Artículo VI de la sesión 002-99 celebrada el 06 de enero de 199, los inmuebles enlistados ya formaban parte del PNE desde 1978, habiendo ingresado a este automáticamente al pertenecer a una institución autónoma y estar comprendido dentro de los límites de la Reserva Forestal Golfo Dulce (…) sin olvidar su cobertura boscosa (artículo 13 de la Ley Forestal). En consecuencia, desde su incorporación al PNE, se convierte en un bien de dominio público, y en esa medida, deviene en inalienable e imprescriptible, por lo que el Instituto de Desarrollo Agrario estaba impedido legalmente para enajenarlo (numeral 14 de la Ley Forestal), y en esa medida, procede la anulación del citado acuerdo. Además de la existencia de criterios jurídicos de la PGR de la CGR sobre la titulación de PNE en el Asentamiento Osa, YA existen consecuencias negativas y materializadas de la omisión administrativa de NO anulación de esos Acuerdos de Junta Directiva, los ejemplo más claros son (…) Respuesta punto b): En buena teoría si se deberían plantear esos restantes procesos de lesividad, pues en aras de que el SINAC, MINAE e INDER logren materializar las órdenes emitidas desde el informe No. DFOE-ED-7-2007 del 15 de marzo 2007 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Servicios Económicos para el Desarrollo de la CGR, denominado “Informe sobre el cumplimiento y vigencia de las funciones asignadas al Instituto de Desarrollo Agrario”, que indicó -en lo que interesa-: (…) Asuntos Jurídicos del Inder, mediante circular No. 001-2019 del 21-3-2019 del Director de Asuntos Jurídicos del Inder ordenó -en lo que interesa-: (…) No obstante, si bien existen un grupo de colegas consideran la NO necesidad de interponer los procesos de lesividad (consideraciones y razones que deben justificar por escritos -de los casos que ya conocen la existencia de un AJD-), lo cierto es que también existe otro grupo de colegas que consideran que independientemente de la variada existencia de procesos judiciales ordinarios (en los casos del Asentamiento Osa, ya sea los procesos interpuestos por el Lic. Roldán o el Lic. [Nombre 016] Zeledón), independientemente de la teoría del caso de la demanda o las pretensiones de esta, sobre el Asentamiento Osa, la Administración ha creado actos administrativos emanados de la Junta Directiva como máximo jerarca de la Institución que contravienen el ordenamiento, ya sea porque declaran derechos o incluso titulan terrenos en Patrimonio Natural del Estado. De manera que, mientras la nulidad del acto no sea decretada, la disposición mantiene sus efectos, de acuerdo con las reglas de la eficacia de los actos administrativos, provocando eventuales condenas por omisión de conducta. Es bajo esa premisa que el proceso contencioso de lesividad adquiere relevancia puesto que, por antonomasia, es el proceso en donde la Administración puede impugnar un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo, cuando se considere lesivo a los intereses públicos. Se aclara que actualmente NO se cuenta con el dato exacto de cuántos expedientes (de los denominados casos Osa) tienen la anterior particularidad (tienen AJD), pues la información es de cada abogado, pero de la “carpeta compartida” interna del departamento se extrae que se trata de aproximadamente y al menos 17 expedientes con AJD (…) Respuesta punto c) La mayoría de los Acuerdos de Junta Directiva que han declarado la lesividad se han informado oportunamente a los administrados, interponiéndose recursos administrativos, que también se han contestado. Sin embargo, la Administración NO tiene obligación jurídica ni por qué justificar actos administrativos de trámite, como lo son los señalados, pues son el trámite para la interposición de una demanda PROCESO ORDINARIO DE CONOCIMIENTO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO (PROCESO DE LESIVIDAD), y la ley no exige la comunicación de ese acto, lo cual NO es violatorio al derecho de defensa pues se puede ejercer en el trámite judicial del proceso de lesividad. (…) Respuesta punto d) y e): Como se indicó, líneas arriba, en buena teoría sí se deberían plantear esos restantes procesos de lesividad en sede judicial, pues SI SE DEBERÍA revocar todos aquellos actos administrativos viciados de nulidad como lo es la titulación en terrenos PNE (no solo en el Asentamiento Osa, sino alrededor de país), justo en aras de que el SINA, MINAE e INDER logran materializar órdenes emitidas de la CGR y la PGR sobre la obligación en la recuperación de terrenos PNE. Sin embargo, a pesar de la cantidad de criterios jurídicos de la PGR de la CGR, como la jurisprudencia contenciosa, así como la precitada circular No. 001-2019 del 21-3-2019 del Director de Asuntos Jurídicos del Inder, ha existido una evidente negativa de algunos colegas, aduciendo que, NO se realizaran (sic) las lesividades restantes sin las debidas órdenes de la Administración Superior del Inder, por lo que actualmente la decisión depende tanto de cada abogado director como de la Administración Superior girar las órdenes inmediatas que considere pertinente. Aprovechamos la oportunidad para indica, que la legislación actual vigente, en los artículos 13 al 18 de Ley Forestal protegen y tutelan el Patrimonio Natural del Estado, por que (sic) sería una decisión legislativa mediante Ley de República para que eventualmente se desafecte la condición de inalienabilidad e imprescriptibilidad que son características del Patrimonio Natural. No obstante, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 1963-2012 del 15 de febrero del 2012, cuando estaba en discusión el proyecto de Ley del INDER, en consulta legislativa, ya había advertido de una grave afectación al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al posibilitar que los administrados dispongan de bienes que forman parte del Patrimonio Natural del Estado(…)”. (Ver prueba documental) Mediante oficio INDER-JD-SJD-0367-2020 del 14 de diciembre de 2020 dirigido al recurrente, el secretario general de la Junta Directiva de INDER señaló: “ (…)En atención a su solicitud de información planteada ante despacho mediante oficio SN-036-2020, es que se procede en hacer traslado del oficio INDER-PE-AJ-924-2020, suscrito por la señorita Karina Castro Leitón abogada de Asuntos Jurícios (sic) , Instituto de Desarrollo Rural y señor Guillermo Goyenaga, director de Asuntos Jurídicos, Instituto de Desarrollo Rural, en donde se atienden las consultas planteadas. En lo que respecta a los puntos d) y e), es menester indicar que este informe, que ha sido emitido por la dirección de Asuntos Jurídicos, se estara (sic) agendando en una futura sesión ordinaria, para conocimiento de la Junta Directiva, a efectos de que se pueda levafr (sic) a cabo una valoración por parte de la Administración Superior, sobre las acciones a tomar (…)”. (Ver prueba documental).
A las 14:45 horas del 15 de diciembre de 2020, el secretario general de la Junta Directiva remitió un correo electrónico a la cuenta [...] , en el que indicó: “(…)Buenas tardes estimado don [Nombre 016], se adjuntan oficios INDER-JD-SJD-0367-2020 e INDER-PE-AJ-924-2020, en atención a la solicitud de información planteada mediante oficio SN-036-2020(…)”. A tal correo electrónico se adjuntaron los archivos: “INDER-JD-SJD-0367-RESPUEST-1.df; 10-12-2020 INDER-PE-AJ-924-1.pdf; SN-036-2020.pdf”. (Ver prueba documental).
El correo electrónico [...] constituye un mecanismo oficial para plantear gestiones ante la autoridad recurrida. (Hecho incontrovertido).
El 21 de diciembre de 2020, la autoridad recurrida fue notificada de la tramitación de este recurso. (Ver actas de notificación).
III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente, en su condición de presidente con facultades de presidente de la [...]), indica que el 26 de octubre de 2020 formuló una gestión ante el Instituto de Desarrollo; empero, reclama que la información requerida no le ha sido suministrada. Solicita que el INDER responda específicamente las preguntas y solicitudes contenidas en los puntos 5 y 6 de la gestión planteada.
Ahora bien, de los autos se colige que, a las 9:11 horas del 26 de octubre de 2020, el presidente de la asociación amparada remitió un correo electrónico a la cuenta [...] (mecanismo oficial para plantear gestiones ante la autoridad recurrida), en el que consignó: “(…)Sean muy servidos de recibir por este medio, el presente escrito remitido por [Nombre 004] para su respectivo trámite y respuesta. Por favor solicitamos formalmente acuse de recibido por este mismo correo (…)”. En tal correo electrónico se adjuntó una gestión dirigida a la Junta Directiva del INDER, en la que se indicó: "(…)5- De lo anterior, se ha levantado una serie de inquietudes nada halagüeñas en nuestra contra, señalando a [Nombre 004] como causante del rechazo de [Nombre 011] por los contratos, si se suma lo anterior, también lo que ha manifestado irresponsablemente funcionarios del INDER en Rincón, cada vez que tienen oportunidad, mencionan los procesos judiciales como causa que impide a INDER “ayudar” a los parceleros en los contratos. Como aquí se esconde un ataque velado contra nuestra organización le solicitamos a esta Junta Directiva nos aclare y den información de manera puntual de ¿cuáles son esos procesos o demandas legales y pretensiones que están impidiendo, según lo expuesto líneas arriba, al INDER atender las solicitudes de vistos buenos de los contratos de PSA ante [Nombre 011]?¿Quién es el ente o persona física o jurídica que está interponiendo dichos procesos y quien (sic) es el ente o persona demandada?¿Es el INDER o es persona física o jurídica la que interpone las demandas? No omitimos informar y aclarar que si bien miembros de [Nombre 004] tienen interpuestas demandas en contra de esta Institución ante los tribunales (derecho contenido en el artículo41 constitucional) estas demandas son por CONDUCTA OMISA, y no se hace ningún tipo de demanda relacionada por derecho a tierras, titulación o indemnización por la misma, o conflictos con el patrimonio natural del Estado. Reiteramos es por CONDUCTA OMISA. Sean muy servidos en contestar estas preguntas y anexar los números de expedientes nombres de los demandados y las causas o pretensiones de las mismas. Lo que solicitamos es información pública. 6- En relación al contenido y resolución de la sentencia No. 0119-2020-1 de las 12 horas del 30 de setiembre del 2020 que declaró con nulidad absoluta el acuerdo VI de la sesión 002-99 de 6 de enero de 1999, donde el INDER busca anular las adjudicaciones en primera instancia de tres familias o mejor diríamos víctimas de esta institución (miembros de [Nombre 004]) de un total de 33 familias “beneficiarias” del asentamiento campesino Osa, sean servidos responder de manera puntual y exacta las siguientes preguntas. a)- El INDER persigue revertir dicho acuerdo VI sesión 002-99 anulándolo por medio de sentencia ordinaria de manera resumida conteste a [Nombre 004] por respeto a las 33 familias afectadas ¿cuál es la razón y fundamento legal para que esta Junta Directiva tomara la decisión de incoar dichos procesos judiciales? b)- Como el INDER a (sic) presentado hasta el día de hoy tres procesos judiciales por lesividad a tres familias de la lista total de 33 beneficiarios y adjudicatarios contenidas en el acuerdo VI sesión 002-99, responder ¿si el INDER presentara procesos de lesividad para el resto de las 30 familias restantes en dicho acuerdo? en caso de ser así por favor indicar con claridad las razones, en caso de no ser así explicar las razones y fundamentos legales. c)- Por favor responder otras interrogantes: ¿esta Junta Directiva está informando o va a informar de manera oficial y oportuna a los restantes 30 adjudicatarios sobre las gestiones que está llevando INDER ante los tribunales? ¿si va a explicar a los hoy afectados, víctimas y damnificados del sector de Los Planes las verdaderas causas legales por las cuales esta institución procederá a estos desafortunados procesos ordinarios? ¿en caso de que estos procesos lo vayan a realizar, por respeto a los derechos e intereses de los adjudicatarios del sector, indicar cuando (sic) y que (sic) medios utilizaran (sic) para poner en aviso a las víctimas? En caso de que el INDER no estuviese informando oficialmente a los adjudicatarios sobre estos procesos, dado el tremendo impacto, tanto legal como económico a causa de la declaración de pandemia ¿expliquen las razones y fundamentos legales? (amparo del artículo 30 Constitución Política) d)- ¿Procederá el INDER a revocar en sede judicial los demás acuerdos de Junta Directiva que declararon adjudicatarios a otros parceleros entre 1980 a 1999? en caso de ser negativa la respuesta indique por qué razón y fundamento legal. Esto con fundamento al artículo 33 de la Constitución Política. e)- ¿Procederá el INDER en sede judicial, en defensa del patrimonio natural del Estado, cruzada que está llevando el INDER “en defensa del ambiente”, revocar las escrituras que esta institución entregó dentro del Asentamiento Campesino Osa folio real [Valor 003] entre 1980 a 1998? en caso de ser negativa la respuesta explicar las razones y fundamentos jurídicos (…)”. En la gestión del 26 de octubre de 2020 se señaló el correo electrónico [...] como medio para recibir notificaciones.
Por otra parte, se constata que, a las 10:20 horas del 27 de octubre de 2020, la cuenta electrónica [...] remitió un correo electrónico a la parte recurrente, en el que manifestó: “ (…)Buenos días se hace acuse de recibo, por otra parte indicar con todo respeto que la solicitud de información remitida a este despacho, reviste de una naturaleza de índole compleja y amplia, por ende, no puede resolverse en solo 10 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, por lo que se requerirá de un lapso mayor de tiempo, para poder atender a cabalidad lo requerido, mas (sic) aún que en el examine de los considerandos citados en el oficio trasladado a este despacho, estamos ante consultas relacionadas con procesos judiciales, de los cuales se debe valorar si los mismos aún están en conocimiento o resolución por parte de la Autoridad Judicial. Aunado a lo anterior se observa que el objeto discutido corresponde a periodos de vieja data, lo que obliga a la institución hacer un análisis más profundo con el fin de emitir la respuesta que en derecho corresponda y siendo que le conllevaría a la institución, el no poder contestar en el plazo de ley supra citado, por lo que por este medio procedemos a indicarle que contestaríamos en el plazo de un mes. (…) ”. Asimismo, la Sala acredita que mediante oficio INDER-PE-AJ-924-2020 del 10 de diciembre de 2020, la Dirección Jurídica del INDER señaló: “(…)Respuesta: El Inder NO está negando los “vistos buenos” de los contratos de PSA. Ya el Departamento de Asuntos Jurídicos del Inder ha señalado: 1. Que el “visto bueno” del pago y autorización de los contratos PSA le corresponde directamente a [Nombre 011] . 2. Que, el Inder no puede realizar autorización alguna para el pago de servicios ambientales, pues en realidad lo que le corresponde al Inder es la emisión de una constancia que indica que la persona fue censada (recordando que los censos de aquellos años NUNCA fueron validados en campo). 3. Que, la existencia de un plano específico NO es plena prueba del dominio de una propiedad, no ha generado título de propiedad. En este sentido, el artículo 301 del Código Civil indica que: “La mensura de un terreno, sea o no protestada, no basta por sí sola para probar la posesión del mismo terreno”. Por lo tanto, con la presentación de un plano, los administrado NO demuestran acto alguno de dominio o posesión. 4. Que, la inclusión automática del Asentamiento Campesino Osa dentro del Patrimonio Natural del Estado y su consecuente afectación a los artículos 13, 15 y 15 de la Ley Forestal 7575 de e (sic) de febrero de 1996, le imposibilita al Inder otorgar títulos de propiedad o cualquier otro permisos dentro de estos terrenos, por lo que la pretensión del recurrente es improcedente. 5. Que, las instituciones del Estado deben cumplir la legislación ambiental y normativa aplicable. (…) Respuesta punto a): Ya el Departamento de Asuntos Jurídicos del Inder ha señalado: que, las demandas interpuestas, denominadas PROCESOS ORDINARIOS DE CONOCIMIENTO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO (en adelante PROCESOSDE LESIVIDAD), nacieron como una estrategia jurídica tanto a nivel procesal judicial, como una (sic) elemento más entre muchos otros planificados profesionalmente en defensa técnica de los intereses de la entidad para evitar eventuales condenas por omisión en contra de la institución en aquellos casos denominados “Casos Osa” que históricamente tuviesen algún Acuerdo de Junta Directiva (AJD) declaratorio de derechos del entonces IDA. Es decir, las demandas de procesos de lesividad nacen como una estrategia de defensa por las demandas de “Casos Osa” en contra de la Institución. En todo momento se ha enfatizado que, ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO DE LOS ABOGADOS DIRECTORES VALORAR Y DEFINIR CUÁLES PROCESOS DE LESIVIDAD DEBEN INTERPONERSE en aquellos casos que contuvieran mención, prueba, como estrategia o pretensiones algún Acuerdo de Junta Directiva (AJD) declaratorio de derechos del entonces IDA. ¿Por qué cómo (sic) defensa? Pues porque, ha sido las mismas partes actoras de esos “Casos Osa” quienes obligaron el estudio de esos casos y parcelas, en donde se descubre la existencia de diversos Acuerdos de Junta Directiva (no solo el mencionado AJD de 199, pues por el momento se han recopilado 5 Acuerdos de Junta Directiva de los años 1980, 1996, 1997 y 1999) que otorgaron derechos y/o titularon en Patrimonio Natural del Estado (en adelante PNE) todos con una lista importante de personas beneficiarias y/o adjudicatarias, -entre esos algunos actores de los existentes casos judiciales relacionados con los “casos Osa” originales donde somos parte demandada-. Pero el AJD de 199 en particular, de hecho, mediante oficio OJ-129-2002 del 12 de setiembre del 2002 la PGR informó a la Junta Directiva del Inder, que para fecha del precitado Acuerdo de Junta Directiva del IDA (hoy Inder), Artículo VI de la sesión 002-99 celebrada el 06 de enero de 199, los inmuebles enlistados ya formaban parte del PNE desde 1978, habiendo ingresado a este automáticamente al pertenecer a una institución autónoma y estar comprendido dentro de los límites de la Reserva Forestal Golfo Dulce (…) sin olvidar su cobertura boscosa (artículo 13 de la Ley Forestal). En consecuencia, desde su incorporación al PNE, se convierte en un bien de dominio público, y en esa medida, deviene en inalienable e imprescriptible, por lo que el Instituto de Desarrollo Agrario estaba impedido legalmente para enajenarlo (numeral 14 de la Ley Forestal), y en esa medida, procede la anulación del citado acuerdo. Además de la existencia de criterios jurídicos de la PGR de la CGR sobre la titulación de PNE en el Asentamiento Osa, YA existen consecuencias negativas y materializadas de la omisión administrativa de NO anulación de esos Acuerdos de Junta Directiva, los ejemplo más claros son (…) Respuesta punto b): En buena teoría si se deberían plantear esos restantes procesos de lesividad, pues en aras de que el SINAC, MINAE e INDER logren materializar las órdenes emitidas desde el informe No. DFOE-ED-7-2007 del 15 de marzo 2007 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Servicios Económicos para el Desarrollo de la CGR, denominado “Informe sobre el cumplimiento y vigencia de las funciones asignadas al Instituto de Desarrollo Agrario”, que indicó -en lo que interesa-: (…) Asuntos Jurídicos del Inder, mediante circular No. 001-2019 del 21-3-2019 del Director de Asuntos Jurídicos del Inder ordenó -en lo que interesa-: (…) No obstante, si bien existen un grupo de colegas consideran la NO necesidad de interponer los procesos de lesividad (consideraciones y razones que deben justificar por escritos -de los casos que ya conocen la existencia de un AJD-), lo cierto es que también existe otro grupo de colegas que consideran que independientemente de la variada existencia de procesos judiciales ordinarios (en los casos del Asentamiento Osa, ya sea los procesos interpuestos por el Lic. Roldán o el Lic. [Nombre 016] Zeledón), independientemente de la teoría del caso de la demanda o las pretensiones de esta, sobre el Asentamiento Osa, la Administración ha creado actos administrativos emanados de la Junta Directiva como máximo jerarca de la Institución que contravienen el ordenamiento, ya sea porque declaran derechos o incluso titulan terrenos en Patrimonio Natural del Estado. De manera que, mientras la nulidad del acto no sea decretada, la disposición mantiene sus efectos, de acuerdo con las reglas de la eficacia de los actos administrativos, provocando eventuales condenas por omisión de conducta. Es bajo esa premisa que el proceso contencioso de lesividad adquiere relevancia puesto que, por antonomasia, es el proceso en donde la Administración puede impugnar un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo, cuando se considere lesivo a los intereses públicos. Se aclara que actualmente NO se cuenta con el dato exacto de cuántos expedientes (de los denominados casos Osa) tienen la anterior particularidad (tienen AJD), pues la información es de cada abogado, pero de la “carpeta compartida” interna del departamento se extrae que se trata de aproximadamente y al menos 17 expedientes con AJD (…) Respuesta punto c) La mayoría de los Acuerdos de Junta Directiva que han declarado la lesividad se han informado oportunamente a los administrados, interponiéndose recursos administrativos, que también se han contestado. Sin embargo, la Administración NO tiene obligación jurídica ni por qué justificar actos administrativos de trámite, como lo son los señalados, pues son el trámite para la interposición de una demanda PROCESO ORDINARIO DE CONOCIMIENTO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO (PROCESO DE LESIVIDAD), y la ley no exige la comunicación de ese acto, lo cual NO es violatorio al derecho de defensa pues se puede ejercer en el trámite judicial del proceso de lesividad. (…) Respuesta punto d) y e): Como se indicó, líneas arriba, en buena teoría sí se deberían plantear esos restantes procesos de lesividad en sede judicial, pues SI SE DEBERÍA revocar todos aquellos actos administrativos viciados de nulidad como lo es la titulación en terrenos PNE (no solo en el Asentamiento Osa, sino alrededor de país), justo en aras de que el SINA, MINAE e INDER logran materializar órdenes emitidas de la CGR y la PGR sobre la obligación en la recuperación de terrenos PNE. Sin embargo, a pesar de la cantidad de criterios jurídicos de la PGR de la CGR, como la jurisprudencia contenciosa, así como la precitada circular No. 001-2019 del 21-3-2019 del Director de Asuntos Jurídicos del Inder, ha existido una evidente negativa de algunos colegas, aduciendo que, NO se realizaran (sic) las lesividades restantes sin las debidas órdenes de la Administración Superior del Inder, por lo que actualmente la decisión depende tanto de cada abogado director como de la Administración Superior girar las órdenes inmediatas que considere pertinente. Aprovechamos la oportunidad para indica, que la legislación actual vigente, en los artículos 13 al 18 de Ley Forestal protegen y tutelan el Patrimonio Natural del Estado, por que (sic) sería una decisión legislativa mediante Ley de República para que eventualmente se desafecte la condición de inalienabilidad e imprescriptibilidad que son características del Patrimonio Natural. No obstante, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 1963-2012 del 15 de febrero del 2012, cuando estaba en discusión el proyecto de Ley del INDER, en consulta legislativa, ya había advertido de una grave afectación al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al posibilitar que los administrados dispongan de bienes que forman parte del Patrimonio Natural del Estado(…)”.
Aunado a lo anterior, de los autos se colige que, mediante oficio INDER-JD-SJD-0367-2020 del 14 de diciembre de 2020 dirigido al recurrente, el secretario general de la Junta Directiva de INDER señaló: “(…)En atención a su solicitud de información planteada ante despacho mediante oficio SN-036-2020, es que se procede en hacer traslado del oficio INDER-PE-AJ-924-2020, suscrito por la señorita Karina Castro Leitón abogada de Asuntos Jurícios (sic) , Instituto de Desarrollo Rural y señor Guillermo Goyenaga, director de Asuntos Jurídicos, Instituto de Desarrollo Rural, en donde se atienden las consultas planteadas. En lo que respecta a los puntos d) y e), es menester indicar que este informe, que ha sido emitido por la dirección de Asuntos Jurídicos, se estara (sic) agendando en una futura sesión ordinaria, para conocimiento de la Junta Directiva, a efectos de que se pueda levafr (sic) a cabo una valoración por parte de la Administración Superior, sobre las acciones a tomar (…) ”. Finalmente, se acredita que, a las 14:45 horas del 15 de diciembre de 2020, el secretario general de la Junta Directiva remitió un correo electrónico a la cuenta [...] , en el que indicó: “(…)Buenas tardes estimado don [Nombre 016], se adjuntan oficios INDER-JD-SJD-0367-2020 e INDER-PE-AJ-924-2020, en atención a la solicitud de información planteada mediante oficio SN-036-2020(…)”. A tal correo electrónico se adjuntaron los archivos: “INDER-JD-SJD-0367-RESPUEST-1.df; 10-12-2020 INDER-PE-AJ-924-1.pdf; SN-036-2020.pdf”.
Ahora bien, en el sub lite, la Sala advierte que lo solicitado por la parte recurrente en la gestión del 26 de octubre de 2020, no se trata de una petición simple o una solicitud de información, sino que lo pretende el recurrente es la emisión de un criterio jurídico por parte de la autoridad recurrida. Así, por ejemplo, requiere reiteradamente el “fundamento jurídico ” de las actuaciones de la parte accionada. Al respecto, resulta oportuno traer a colación lo dispuesto en la sentencia n.° 2019-6340 de las 09:40 horas de 5 de abril de 2019:
“II.- SOBRE LAS SOLICITUDES ATINENTES A LA EMISIÓN DE UN CRITERIO U OPINIÓN JURÍDICA. En cuanto al tema en concreto expuesto en el sub lite, esta Sala en la Sentencia n.° 2016-04257 de las 14:30 horas del 26 de marzo de 2016 consideró: “(…) El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide —aún cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley—, pues la libertad de petición se funda en otro principio; esto es, que la Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. Así las cosas, la vía de petición permite plantear a la Administración lo que no se puede obtener por vía de recurso ante ella, siempre y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia reglada. II.- Sin embargo, no debe pensarse que cualquier solicitud o petición que se formule ante las distintas Administraciones Públicas, se encuentra amparada por los artículos 27 y 41 de la Carta Fundamental. En este sentido, en tratándose de consultas, en sentencia número 2014-019938 de las 9:05 horas del 5 de diciembre de 2014, la Sala declaró lo siguiente: "De la lectura del oficio CC-JARU-166-11-2014, que obra en autos, se constata que el recurrente no solicitó información pura y simple en poder de la institución accionada, sino que consultó a la Autoridad accionada si era obligatorio para las instituciones educativas de secundaria que se encontraban bajo su jurisdicción, conformar el Comité Asesor de la Dirección. Por consiguiente, la falta de respuesta de la parte accionada a esta consulta no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41 de la Constitución Política. Ello es así, por cuanto lo requerido por el petente no puede encuadrarse ni en los supuestos de peticiones puras y simples de información —artículo 27—, ni tampoco persigue mover a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia —artículo 41— (véase en este sentido, la sentencia N° 2014-017155 de las 09:05 horas del 16 de octubre de 2014). En razón de lo anterior, el presente recurso es improcedente y debe rechazarse por el fondo, como al efecto se declara". A lo que puede añadirse lo dispuesto en el pronunciamiento citado en la resolución transcrita, a saber: "El recurrente señala que el dieciocho de setiembre de dos mil catorce, remitió —por medio del sistema de fax— una solicitud al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a efecto de que esa autoridad le informara '…si los profesionales, sin patrono fijo tenemos derecho a cobrar doble el día que es feriado. Lo mismo a cobrar horas extras, después de un horario normal…'. Sin embargo, no ha obtenido respuesta a dicha solicitud, lo que estima lesiona sus derechos fundamentales. En relación con lo expuesto por la parte recurrente, se resuelve de conformidad con lo indicado en los siguientes considerandos. II.- Una vez analizadas las manifestaciones vertidas por el tutelado dentro del escrito de interposición del presente recurso, así como los elementos probatorios aportados al expediente, se infiere que lo pretendido por él es que el Ministro recurrido le solucione algunas dudas en torno al pago del ejercicio profesional liberal en días feriados y el cobro de horas extras que explica, resultan de su interés. En ese sentido, como lo que requiere el recurrente es que se le brinde una asesoría sobre un supuesto en particular, la falta de respuesta de la parte accionada a este respecto no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41, de la Constitución Política. Ello es así, por cuanto lo requerido por el petente no puede encuadrarse ni en los supuestos de peticiones puras y simples de información -artículo 27-, ni tampoco, con su misiva obliga a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia, tan siquiera, la conmina a determinar si acoge o no su solicitud -artículo 41-. En razón de lo señalado, el presente recurso es improcedente y procede su rechazo por el fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como al efecto se declara …” (Sentencia número 2014-017155 de las 09:05 horas del 16 de octubre de 2014) (…)”. Tales consideraciones resultan aplicables al caso de estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada”.
Así las cosas, en la especie, este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en tales sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Por tanto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso respecto a tal extremo.
IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Alejandro Delgado F.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *KIWW5CKJARI61*
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