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Res. 01062-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/01/2021
OutcomeResultado
The Chamber summarily rejects the appeal as it concerns matters of ordinary legality, without addressing the merits of the land-use certificate annulment.La Sala rechaza de plano el recurso por referirse a cuestiones de legalidad ordinaria, sin abordar el fondo sobre la validez de la anulación del certificado de uso de suelo.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber declares inadmissible the amparo filed by a corporation's representative against the Municipality of Paraíso. The petitioner alleged due process violations because the Urban Planning Office annulled a 2017 land-use certificate when denying a change of use for alcohol bottling, arguing the property lies in a river and stream protection zone. The Chamber holds it is not an appellate court to review the ordinary legality of administrative acts; determining whether annulment required a lesividad proceeding or violated vested rights is a matter for the ordinary jurisdiction. It reiterates that while land-use certificates are favorable acts protected by the principle of intangibility of own acts, a supervening fact such as impact on water resources allows adjustment of the use without following the procedure of Article 173 of the General Public Administration Law, applying the precautionary principle.La Sala Constitucional declara inadmisible el recurso de amparo interpuesto por la representante de una corporación contra la Municipalidad de Paraíso. La recurrente alegaba violación al debido proceso porque la Oficina de Planificación Urbana anuló un certificado de uso de suelo concedido en 2017, al denegar un cambio de uso para envasado de alcohol, aduciendo que el inmueble se ubica en zona de protección de ríos y quebradas. La Sala sostiene que no es un tribunal de alzada para revisar la legalidad ordinaria de actos administrativos; determinar si la anulación requería un procedimiento de lesividad o si se vulneraron derechos adquiridos es materia de la vía común. Reitera que, aunque los certificados de uso de suelo son actos favorables protegidos por la intangibilidad de los actos propios, un hecho sobreviniente como la afectación al recurso hídrico permite ajustar el uso sin seguir el procedimiento del artículo 173 de la LGAP, en aplicación del principio precautorio.
Key excerptExtracto clave
III.- ON THE INADMISSIBILITY OF THIS APPEAL. In the case at hand, however, a reading of the petition reveals that, even though the petitioner alleges an injury to due process and the principles of intangibility of own acts, legal certainty, efficacy and validity, it actually intends for this Chamber to analyze the content of official letter No. MUPA-OFC-PLUR-52-2020 of December 18, 2020, issued by the Urban Planning Office of the respondent Municipality, in order to correct, according to the petitioner's criteria, the procedures allegedly omitted in that administrative act, by which a land-use certificate from the year 2007 was annulled. The foregoing would, frankly, redirect the substantive discussion of that matter to the amparo avenue, which in itself is not directly related to an eventual violation of a fundamental right. This is so because this Court is not tasked to act as an appellate body on the matter and determine whether said administrative acts violated acquired rights or consolidated legal situations in favor of the protected party, or to determine whether the respondent's decision ignored the requirement to initiate the procedures set forth in Article 173, paragraph 1, of the General Public Administration Law and subsequent and concordant provisions, or whether it was necessary to bring a lesividad proceeding, since all of these are matters of ordinary legality and must be resolved through ordinary administrative or judicial channels. Accordingly, a supervening fact may require the revocation of a land-use certificate, and determining the merit of such fact in each case demands evaluating evidence and technical elements, all of which is incompatible with the summary nature of amparo. However, when there is a supervening fact where it is technically demonstrated that there may be an impact on water resources, in this scenario priority must be given to the protection of such resource and, consequently, the land-use authorization must adjust to that fact, without the need for the Administration to resort to the provisions of Article 173 of the General Public Administration Law.III.- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE ESTE RECURSO. En el sub lite, en cambio, una lectura del escrito de interposición de este recurso permite constatar que, aun cuando la parte recurrente invoque una supuesta lesión del debido proceso y los principios de intangibilidad de los actos propios, seguridad jurídica, eficacia y validez, en realidad pretende que esta Sala analice el contenido del oficio N° MUPA-OFC-PLUR-52-2020 del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Oficina de Planificación Urbana de la Municipalidad accionada, a fin de enderezar conforme el criterio del accionante los procedimientos supuestamente omitidos en ese acto administrativo, por medio del cual se anuló un certificado de uso de suelo del año dos mil siete. Lo anterior, francamente, significaría reconducir a la vía del amparo la discusión de fondo de ese asunto, que en sí misma no está relacionada directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental. Esto es así, porque no le corresponde a este Tribunal hacer las veces de alzada en la materia y definir si dichos actos administrativo violentaron derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas en favor de la amparada, determinando además si lo resuelto por el recurrido soslayó o no la exigencia de abrir los procedimientos previstos en el numeral 173, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, y siguientes y concordantes, o si era necesario entablar un proceso de lesividad, ya que todos estos son extremos propios de la legalidad ordinaria y deben dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional. De esta suerte, es posible que un hecho sobreviniente haga necesario dejar sin efecto un certificado de uso de suelo, siendo que la determinación, en cada caso, del mérito de ese hecho, demanda valorar pruebas y elementos técnicos, todo lo cual es incompatible con la naturaleza sumaria del amparo. No obstante lo anterior, cuando hay un hecho sobreviniente donde técnicamente se demuestre que pueda existir una afectación al recurso hídrico, en este supuesto deberá dársele primacía a la protección a éste recurso y, por consiguiente, la autorización de uso de suelo deberá ajustarse a ese hecho, sin necesidad de que la Administración deba recurrir a lo dispuesto en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública.
Pull quotesCitas destacadas
"no le corresponde a este Tribunal hacer las veces de alzada en la materia y definir si dichos actos administrativo violentaron derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas en favor de la amparada, determinando además si lo resuelto por el recurrido soslayó o no la exigencia de abrir los procedimientos previstos en el numeral 173, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, y siguientes y concordantes, o si era necesario entablar un proceso de lesividad, ya que todos estos son extremos propios de la legalidad ordinaria y deben dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional."
"this Court is not tasked to act as an appellate body on the matter and determine whether said administrative acts violated acquired rights or consolidated legal situations in favor of the protected party, or to determine whether the respondent's decision ignored the requirement to initiate the procedures set forth in Article 173, paragraph 1, of the General Public Administration Law and subsequent and concordant provisions, or whether it was necessary to bring a lesividad proceeding, since all of these are matters of ordinary legality and must be resolved through ordinary administrative or judicial channels."
Considerando III
"no le corresponde a este Tribunal hacer las veces de alzada en la materia y definir si dichos actos administrativo violentaron derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas en favor de la amparada, determinando además si lo resuelto por el recurrido soslayó o no la exigencia de abrir los procedimientos previstos en el numeral 173, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, y siguientes y concordantes, o si era necesario entablar un proceso de lesividad, ya que todos estos son extremos propios de la legalidad ordinaria y deben dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional."
Considerando III
"cuando hay un hecho sobreviniente donde técnicamente se demuestre que pueda existir una afectación al recurso hídrico, en este supuesto deberá dársele primacía a la protección a éste recurso y, por consiguiente, la autorización de uso de suelo deberá ajustarse a ese hecho, sin necesidad de que la Administración deba recurrir a lo dispuesto en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública."
"when there is a supervening fact where it is technically demonstrated that there may be an impact on water resources, in this scenario priority must be given to the protection of such resource and, consequently, the land-use authorization must adjust to that fact, without the need for the Administration to resort to the provisions of Article 173 of the General Public Administration Law."
Citando Sentencia 2019-010962
"cuando hay un hecho sobreviniente donde técnicamente se demuestre que pueda existir una afectación al recurso hídrico, en este supuesto deberá dársele primacía a la protección a éste recurso y, por consiguiente, la autorización de uso de suelo deberá ajustarse a ese hecho, sin necesidad de que la Administración deba recurrir a lo dispuesto en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública."
Citando Sentencia 2019-010962
Full documentDocumento completo
PROCESS: AMPARO PETITION RESOLUTION Nº 2021001062 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours thirty minutes on January nineteenth, two thousand twenty-one.
Amparo petition filed by BIANCA MARMO, residence identity card number 138000215009, in her capacity as legal representative of Corporación Amalifitalia; against the OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO.
Resultando:
1.- By brief received in this Chamber at twelve hours twenty minutes on January twelfth, two thousand twenty-one, the petitioner files an amparo petition against the Oficina de Planificación Urbana de la Municipalidad de Paraíso, and states: that her represented party is the owner of a property located in Ujarrás. She says that in July two thousand seventeen, the Concejo Municipal de Paraíso granted the protected party the land-use permit (permiso de uso de suelo) for an agro-tourism development on that property. On that occasion, the respective construction permit was granted. She comments that in February two thousand twenty, she filed before the respondent Municipality a request for land-use change (cambio de uso de suelo), to develop the activity of bottling alcohol for hand disinfection, an activity that would take place on the same property. However, by official communication N° MUPA-OFC-PLUR-52-2020 of December eighteenth, two thousand twenty, the Oficina de Planificación Urbana of the cited Municipality notified her of the rejection of the permit or authorization sought, arguing that the property was located in a protection zone for rivers and streams (zona de protección de ríos y quebradas), and therefore, according to the uses, zones, and sectors of the Paraíso regulatory plan, the industrial activity of interest did not conform to the zoning map, coupled with the fact that the previous certificate was expired, and when it was in force, the procedures to obtain the municipal business license (patente municipal) were not carried out. She comments that in this manner, the respondent proceeded to suppress the land-use certificate (certificado de uso de suelo) granted several years ago, without being previously notified thereof and without being given the opportunity to oppose said act. She requests that the respondent Municipality be ordered to grant her the industrial land-use permit to which she refers.
2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is merely a reiteration or reproduction of a previous identical or similar rejected petition.
Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,
Considerando:
I.- PURPOSE OF THE AMPARO PETITION. The petitioner states that her represented party is the owner of a property located in Ujarrás. She says that in July two thousand seventeen, the Concejo Municipal de Paraíso granted the protected party the land-use permit (permiso de uso de suelo) for an agro-tourism development on that property. On that occasion, the respective construction permit was granted. She comments that in February two thousand twenty, she filed before the respondent Municipality a request for land-use change (cambio de uso de suelo), to develop the activity of bottling alcohol for hand disinfection, an activity that would take place on the same property. However, by official communication N° MUPA-OFC-PLUR-52-2020 of December eighteenth, two thousand twenty, the Oficina de Planificación Urbana of the cited Municipality notified her of the rejection of the permit or authorization sought, arguing that the property was located in a protection zone for rivers and streams (zona de protección de ríos y quebradas), and therefore, according to the uses, zones, and sectors of the Paraíso regulatory plan, the industrial activity of interest did not conform to the zoning map, coupled with the fact that the previous certificate was expired, and when it was in force, the procedures to obtain the municipal business license (patente municipal) were not carried out. She comments that in this manner, the respondent proceeded to suppress the land-use certificate (certificado de uso de suelo) granted several years ago, without being previously notified thereof and without being given the opportunity to oppose said act. She requests that the respondent Municipality be ordered to grant her the industrial land-use permit to which she refers.
II.- REGARDING THE SPECIFIC PROTECTION OF THE AMPARO PETITION IN MATTERS OF DUE PROCESS. The admissibility of the amparo petition, in general, is conditioned not only on proving the existence of a disturbance—or threat of disturbance—to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Political Charter or in the international human rights instruments signed by the country, but also that the alleged grievance entails a direct and gross threat or breach of those rights, which endangers that part of their content that is essential and connatural to them, that is, the core that gives them their peculiarity and makes them recognizable as rights of a specific nature. For this reason, the Constitutional Chamber is not called upon to act as an appellate instance in proceedings conducted before the various Public Administrations. At present, in these cases, its function is limited solely to correcting infringements of the essential elements of due process, on the understanding that not every injury to procedural norms constitutes a violation of due process or the right of defense that can be addressed in this venue, but only those that are truly of such magnitude as to place the investigated party in a material state of defenselessness. Consequently, this Court does not have jurisdiction to rule on the legality and propriety of the resolutions issued during the proceedings and, in general, on any procedural defect (vicio in procedendo) that may have occurred during the respective proceedings.
III.- ON THE INADMISSIBILITY OF THIS PETITION. In the case at hand, however, a reading of the brief filing this petition makes it possible to verify that, even though the petitioner invokes an alleged violation of due process and the principles of intangibility of one's own acts, legal certainty, effectiveness, and validity, she in reality seeks for this Chamber to analyze the content of official communication N° MUPA-OFC-PLUR-52-2020 of December eighteenth, two thousand twenty, issued by the Oficina de Planificación Urbana of the respondent Municipality, in order to rectify, according to the petitioner's criterion, the procedures allegedly omitted in that administrative act, through which a land-use certificate (certificado de uso de suelo) from the year two thousand seven was annulled. The foregoing, frankly, would mean channeling the substantive discussion of that matter through the avenue of amparo, which in itself is not directly related to an eventual violation of any fundamental right. This is so because it does not correspond to this Court to act as an appellate instance in the matter and determine whether said administrative acts violated acquired rights or consolidated legal situations in favor of the protected party, further determining whether what was resolved by the respondent disregarded or not the requirement to open the procedures provided for in numeral 173, paragraph 1, of the General Law of Public Administration, and following and concordant provisions, or whether it was necessary to initiate a lesividad proceeding, since all these are aspects proper to ordinary legality and must be resolved through ordinary channels, administrative or jurisdictional. The petitioner should bear in mind that in Judgment N° 2019-010962 of 9:20 hours on July 14, 2019, the Chamber ordered the following:
“…VII. On land-use certificates (certificados de uso de suelo). Regarding this aspect, this Court has defined that land-use certificates are an administrative act arising from the exercise of the normative power of the corporate entity, which directly affects the legal sphere of the administered party—favorably and unfavorably at the same time—and which generates independent legal effects. This is because its content benefits the administered party and at the same time establishes limitations for it, that is, it grants the right to designate the property in accordance with the land use established in the regulations once the respective permits are obtained, and at the same time limits the exercise of the attributes of the property right, in application of urban planning regulations and the environmental regime in force. Being favorable acts, they are covered by the principle of intangibility of one's own acts, so their annulment or review implies observance of the formal and substantial requirements established for that purpose in provision 173 of the General Law of Public Administration (see, among others, Votes 2016-015501, 2006-005832, 2010-12815, and 2010-4161).
Notwithstanding the foregoing, when there is a supervening fact where it is technically demonstrated that there may be an impact on water resources (recurso hídrico), in this scenario, primacy must be given to the protection of this resource and, consequently, the land-use authorization must adjust to that fact, without the need for the Administration to resort to the provisions of numeral 173 of the General Law of Public Administration.” (The highlighting is from the original).
Thus, in that same pronouncement, the Chamber subsequently affirmed the following:
“With respect to the municipal corporation, the petitioner questions the land-use change decreed by the respondent Municipality, as he considers that a right that had already been declared is being eliminated and alleges that it causes serious economic harm to the protected party. From the reports rendered by the respondent officials, and from the analysis of the evidence on record, this Chamber considers that the questioned actions are in accordance with law. Although land-use permits were initially granted for single-family housing on the protected party's properties, once notice was given of the possible existence of a spring (naciente) in that zone, Resolution for the Location of Protection Zones Nº 595, of 12:10 hours on December 13, 2016, was issued, decreeing the protection radius of the spring. That is, the Municipality, exercising its imperium powers, applied the precautionary principle and prioritized environmental protection; which, although clearly affecting the protected party's properties, is proper, as indicated in Considerando VI.” (The highlighting is from the original)…”.
In this manner, it is possible that a supervening fact makes it necessary to set aside a land-use certificate (certificado de uso de suelo), given that the determination, in each case, of the merit of that fact demands evaluating evidence and technical elements, all of which is incompatible with the summary nature of amparo. On the other hand, it is not within the competence of this Court to review, in accordance with applicable law, whether or not there was a defect in the notifications issued in the administrative proceedings referred to, since this is a task proper to ordinary channels. Therefore, it is appropriate that this matter be resolved in the ordinary venue, so the protected party may, if it sees fit, raise its objections or claims before the competent legality venue, since it is in that venue where it may, in a full manner, discuss the merits of the matter and assert its claims. Consequently, the petition is inadmissible and is so declared.
IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial N° 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The petition is rejected outright.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Mauricio Chacón J.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2021001062 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del diecinueve de enero de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo interpuesto por BIANCA MARMO, cédula de residencia número 138000215009, en su condición de representante legal de la Corporación Amalifitalia; contra la OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en esta Sala a las doce horas con veinte minutos del doce de enero de dos mil veintiuno, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Oficina de Planificación Urbana de la Municipalidad de Paraíso, y manifiesta: que su representada es propietaria de un inmueble ubicado en Ujarrás. Dice que en julio de dos mil diecisiete, el Concejo Municipal de Paraíso le concedió a la tutelada el permiso de uso de suelo para un desarrollo agro-turístico en esa propiedad. En esa ocasión, se le otorgó el permiso de construcción respectivo. Comenta que en febrero de dos mil veinte, presentó ante la Municipalidad accionada, una solicitud de cambio de uso de uso de suelo, para desarrollar la actividad de envasado de alcohol para desafección de manos, actividad que se verificaría en el mismo inmueble. No obstante, por oficio N° MUPA-OFC-PLUR-52-2020 del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la Oficina de Planificación Urbana de la citada Municipalidad, le comunicó el rechazó del permiso u autorización pretendido, aduciendo que la propiedad se encontraba en una zona de protección de ríos y quebradas, por lo que de acuerdo a los usos, según las zonas y lo sectores del plan regulador de Paraíso, la actividad industrial de interés no era conforme con el mapa de zonificación, unido al hecho de que el certificado anterior estaba vencido, y cuando estaba vigente, no se realizaron los trámites para obtener la patente municipal. Comenta que de esa forma, la accionada dispuso suprimir el certificado de uso de suelo concedido hace varios años, sin que al efecto se le comunicara previamente y sin se le otorgara la posibilidad de oponerse a dicho acto. Solicita que se le ordene a la Municipalidad accionada concederle el permiso de uso de suelo industrial a que hace referencia.
2.- El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL AMPARO. La recurrente señala que su representada es propietaria de un inmueble ubicado en Ujarrás. Dice que en julio de dos mil diecisiete, el Concejo Municipal de Paraíso le concedió a la tutelada el permiso de uso de suelo para un desarrollo agro-turístico en esa propiedad. En esa ocasión, se le otorgó el permiso de construcción respectivo. Comenta que en febrero de dos mil veinte, presentó ante la Municipalidad accionada, una solicitud de cambio de uso de uso de suelo, para desarrollar la actividad de envasado de alcohol para desafección de manos, actividad que se verificaría en el mismo inmueble. No obstante, por oficio N° MUPA-OFC-PLUR-52-2020 del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la Oficina de Planificación Urbana de la citada Municipalidad, le comunicó el rechazó del permiso u autorización pretendido, aduciendo que la propiedad se encontraba en una zona de protección de ríos y quebradas, por lo que de acuerdo a los usos, según las zonas y lo sectores del plan regulador de Paraíso, la actividad industrial de interés no era conforme con el mapa de zonificación, unido al hecho de que el certificado anterior estaba vencido, y cuando estaba vigente, no se realizaron los trámites para obtener la patente municipal. Comenta que de esa forma, la accionada dispuso suprimir el certificado de uso de suelo concedido hace varios años, sin que al efecto se le comunicara previamente y sin se le otorgara la posibilidad de oponerse a dicho acto. Solicita que se le ordene a la Municipalidad accionada concederle el permiso de uso de suelo industrial a que hace referencia.
II.- EN CUANTO A LA TUTELA PROPIA DEL RECURSO DE AMPARO EN MATERIA DE DEBIDO PROCESO. La procedencia del recurso de amparo, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una turbación -o amenaza de turbación- a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos, que ponga en peligro aquella parte de su contenido que les es esencial y connatural, es decir, el núcleo que les presta su peculiaridad y los hace reconocibles como derechos de una naturaleza determinada. Por este motivo, la Sala Constitucional no está llamada a hacer las veces de instancia de alzada en los procedimientos que se siguen ante las distintas Administraciones Públicas. A la sazón, en estos casos su función se limita, únicamente, a enmendar las infracciones a los elementos esenciales del debido proceso, en el entendido de que no toda lesión a las normas procesales constituye una vulneración al debido proceso o al derecho de defensa que pueda residenciarse en esta sede, sino que únicamente lo son aquéllas que, verdaderamente, sean de tal magnitud que coloquen al investigado en un estado material de indefensión. Por consiguiente, a este Tribunal no le compete pronunciarse sobre la legalidad y procedencia de las resoluciones que se dictaron durante la tramitación y, en general, sobre cualquier vicio in procedendo que pudiera haberse producido durante la tramitación respectiva.
III.- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE ESTE RECURSO. En el sub lite, en cambio, una lectura del escrito de interposición de este recurso permite constatar que, aun cuando la parte recurrente invoque una supuesta lesión del debido proceso y los principios de intangibilidad de los actos propios, seguridad jurídica, eficacia y validez, en realidad pretende que esta Sala analice el contenido del oficio N° MUPA-OFC-PLUR-52-2020 del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Oficina de Planificación Urbana de la Municipalidad accionada, a fin de enderezar conforme el criterio del accionante los procedimientos supuestamente omitidos en ese acto administrativo, por medio del cual se anuló un certificado de uso de suelo del año dos mil siete. Lo anterior, francamente, significaría reconducir a la vía del amparo la discusión de fondo de ese asunto, que en sí misma no está relacionada directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental. Esto es así, porque no le corresponde a este Tribunal hacer las veces de alzada en la materia y definir si dichos actos administrativo violentaron derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas en favor de la amparada, determinando además si lo resuelto por el recurrido soslayó o no la exigencia de abrir los procedimientos previstos en el numeral 173, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, y siguientes y concordantes, o si era necesario entablar un proceso de lesividad, ya que todos estos son extremos propios de la legalidad ordinaria y deben dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional. Tenga presente el accionante que en Sentencia N° 2019-010962 de las 9:20 horas del 14 de julio de 2019, la Sala dispuso lo siguiente:
“…VII. Sobre los certificados de uso de suelo. En cuanto a este aspecto, este Tribunal ha definido que los certificados de uso de suelo son un acto administrativo que nace del ejercicio de la potestad normativa del ente corporativo, que afecta directamente la esfera jurídica del administrado —favorable y desfavorablemente a la vez—; y que genera efecto jurídicos independientes. Ello por cuanto su contenido beneficia al administrado y a la vez le establece limitaciones, es decir, le otorga el derecho a destinar el bien conforme al uso de suelo establecido en la reglamentación una vez obtenidos los respectivos permisos y a la vez limita el ejercicio de los atributos del derecho propiedad, en aplicación de las regulaciones urbanísticas y el régimen ambiental vigente. Al ser actos favorables, se encuentran cubiertos por el principio de intangibilidad de los actos propios, por lo que su anulación o revisión implica la observación de los requisitos formales y sustanciales establecidos al efecto en el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (véanse, entre otros los Votos 2016-015501, 2006-005832, 2010-12815, y 2010-4161).
No obstante lo anterior, cuando hay un hecho sobreviniente donde técnicamente se demuestre que pueda existir una afectación al recurso hídrico, en este supuesto deberá dársele primacía a la protección a éste recurso y, por consiguiente, la autorización de uso de suelo deberá ajustarse a ese hecho, sin necesidad de que la Administración deba recurrir a lo dispuesto en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública”. (El resaltado es del original).
Así las cosas, en ese mismo pronunciamiento, la Sala posteriormente afirmó lo siguiente:
“En lo que respecta a la corporación municipal, el recurrente cuestiona el cambio de uso de suelo decretado por la Municipalidad recurrida, pues considera que se está eliminando un derecho que ya se había declarado y aduce que le causa un grave perjuicio económico al amparado. De los informes rendidos por los funcionarios recurridos, y del análisis de la prueba que obra en autos, esta Sala considera que las actuaciones cuestionadas se encuentran ajustadas a derecho. Si bien inicialmente se otorgaron permisos de uso de suelo para vivienda unifamiliar en las propiedades del amparado, una vez que se tuvo noticia de la posible existencia de una naciente en esa zona se dictó la Resolución de Ubicación de Zonas de Protección Nº 595, de las 12:10 horas del 13 de diciembre de 2016, decretando el radio de protección de la naciente. Es decir, la Municipalidad, haciendo uso de sus potestades de imperio, aplicó el principio precautorio y priorizó la protección al ambiente; lo cual si bien afecta claramente las propiedades del amparado, resulta procedente, tal y como se indicó en el considerando VI”. (El resaltado es del original)…”.
De esta suerte, es posible que un hecho sobreviniente haga necesario dejar sin efecto un certificado de uso de suelo, siendo que la determinación, en cada caso, del mérito de ese hecho, demanda valorar pruebas y elementos técnicos, todo lo cual es incompatible con la naturaleza sumaria del amparo. Por otra parte, no es competencia de este Tribunal revisar, de conformidad con la ley aplicable, si existió o no un vicio en las notificaciones dictadas en los procedimientos administrativos a que hace referencia, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común. Por lo tanto, lo propio es que este asunto sea dirimido en la sede ordinaria, por lo que podrá la parte tutelada, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante la vía de legalidad competente, ya que es en tal sede en la cual podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.
IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Mauricio Chacón J.
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