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Res. 22807-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 27/11/2020
OutcomeResultado
The Chamber partially upheld the appeal due to the Ministry of Health's failure to respond, ordering a reply within 8 days and a definitive resolution within 3 months; the claim against the Municipality was dismissed.La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso por omisión de respuesta del Ministerio de Salud y ordenó contestar en 8 días y resolver definitivamente en 3 meses; sin lugar en cuanto a la Municipalidad.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo appeal filed by a resident of Pérez Zeledón against the Ministry of Health and the Municipality of Pérez Zeledón. The appellant alleged that since February 2020, a neighbor operated an illegal metalworking shop that generated constant noise, smoke, ash, and chemical gases, disturbing her health and peace. Despite filing multiple complaints with the Health Area and the Municipality, they had not been properly resolved or communicated. The Chamber found that although the Municipality ordered the activity to cease and the Ministry of Health conducted unsuccessful inspections, the health authorities had failed to issue and notify a written response to the appellant, violating her right to a reply. The appeal was partially upheld, ordering the Ministry of Health to issue and notify a response within eight days and to definitively resolve the complaint within three months, in coordination with the Municipality if necessary. Regarding the Municipality, the appeal was dismissed because it had already taken action.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por una vecina de Pérez Zeledón contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Pérez Zeledón. La recurrente denunció que, desde febrero de 2020, un vecino operaba un taller clandestino de hojalatería que generaba ruido constante, humo, cenizas y gases químicos, perturbando su salud y tranquilidad. A pesar de haber presentado múltiples denuncias ante el Área Rectora de Salud y la Municipalidad, estas no habían sido resueltas ni comunicadas adecuadamente. La Sala constató que aunque la Municipalidad ordenó la suspensión de la actividad y el Ministerio de Salud realizó inspecciones infructuosas, las autoridades sanitarias no habían emitido ni notificado una respuesta por escrito a la recurrente, lesionando su derecho a obtener una respuesta. El recurso se declaró parcialmente con lugar, ordenando al Ministerio de Salud emitir y notificar una respuesta en ocho días y resolver definitivamente la denuncia en tres meses, en coordinación con la Municipalidad si fuera necesario. Respecto a la Municipalidad, el recurso se declaró sin lugar por haber tomado medidas.
Key excerptExtracto clave
On the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal confirms the violation of the petitioner's rights. From the sworn report and the list of facts—proven and unproven—it appears that the complaint filed by the petitioner was addressed by the Municipality and the Health Area, but it is not proven that this second authority communicated to the petitioner, in writing, the corresponding response. Based on the foregoing, the alleged violation of the petitioner's rights by the health authorities is confirmed, since her request has not yet been properly and fully addressed, as she was not informed—in writing—of the processing or resolution of her claim; therefore, it is appropriate to uphold the appeal, solely in order to order them to issue and communicate the corresponding response. Regarding the problems caused by the reported workshop, it is confirmed that the municipal authorities ordered the owner to suspend the activity of manufacturing glass structures until obtaining the respective permits (ORD-168-20-SPL, of September 25, 2020). Similarly, it is verified that the health authorities have conducted inspections but these have been unsuccessful, and they keep the case open and pending. In this regard, it must be noted that it is not for this Tribunal to determine which alternative should be adopted to solve the reported problems, since this Chamber is not a controller of the legality of administrative actions or resolutions, so it is not within its competence to determine whether the measures adopted comply with current legal or regulatory provisions, a task proper to the ordinary administrative or jurisdictional channels. However, it is appropriate to remind the respondent authorities of their obligation to verify or rule out the existence of the reported problem, and if necessary, to definitively and jointly resolve the situation.Sobre el caso concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la lesión a los derechos de la amparada. Del informe rendido bajo fe de juramento y del elenco de hechos -probados y no probados-, se desprende que la denuncia planteada por la amparada fue atendida por la Municipalidad y por el Área Rectora de Salud recurridas, sin embargo no se logra acreditar que, de parte de esta segunda autoridad, se le haya comunicado a la recurrente, de forma escrita, lo correspondiente. Con base en lo expuesto, se constata la acusada lesión a los derechos de la petente por parte de las autoridades sanitarias, puesto que su gestión aún no ha sido debida y completamente atendida, ya que no se le comunicó –en forma escrita- el trámite o solución dada a su reclamo; de manera que procede estimar el recurso, únicamente a fin de ordenar que procedan a emitir y comunicar la respuesta que corresponda. En cuanto a los problemas generados por el taller denunciado, se constata que las autoridades municipales procedieron a ordenar al propietario suspender la actividad de elaboración de estructuras en vidrio hasta contar con los permisos respectivos (ORD-168-20-SPL, de 25 de setiembre de 2020). En el mismo sentido, se comprueba que las autoridades sanitarias han realizado inspecciones pero estas han sido infructuosas, y que mantienen el caso abierto y pendiente. Al respecto, se impone advertir que no le corresponde a este Tribunal determinar cuál es la alternativa que se debe adoptar para solucionar los problemas denunciados, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete determinar si las medidas adoptadas se ajustan o no a la normativa legal o reglamentaria vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional. Sin embargo, se impone recordar a las autoridades recurridas su obligación de verificar o descartar la existencia de la problemática denunciada, y de ser necesario, de resolver de manera definitiva y coordinada dicha situación.
Pull quotesCitas destacadas
"Esta Sala ha desarrollado ampliamente el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación del Estado y las distintas autoridades públicas de preservar, defender y garantizar dicho derecho."
"This Chamber has extensively developed the fundamental right to health and to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the obligation of the State and the various public authorities to preserve, defend and guarantee this right."
Considerando, sobre el fondo
"Esta Sala ha desarrollado ampliamente el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación del Estado y las distintas autoridades públicas de preservar, defender y garantizar dicho derecho."
Considerando, sobre el fondo
"el ruido constituye una forma de contaminación (sónica), y que es considerado como una de la formas de agresión al ambiente que genera más afectación a la calidad de vida y a la salud de las personas."
"noise constitutes a form of (sonic) pollution, and is considered one of the forms of environmental aggression that most affects people's quality of life and health."
Considerando, sobre el fondo
"el ruido constituye una forma de contaminación (sónica), y que es considerado como una de la formas de agresión al ambiente que genera más afectación a la calidad de vida y a la salud de las personas."
Considerando, sobre el fondo
"no le corresponde a este Tribunal determinar cuál es la alternativa que se debe adoptar para solucionar los problemas denunciados, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración"
"it is not for this Tribunal to determine which alternative should be adopted to solve the reported problems, since this Chamber is not a controller of the legality of administrative actions or resolutions"
Considerando, sobre el caso concreto
"no le corresponde a este Tribunal determinar cuál es la alternativa que se debe adoptar para solucionar los problemas denunciados, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración"
Considerando, sobre el caso concreto
"Se ordena a Christian Valverde Alpízar... que gire las instrucciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, con el objetivo de que... se tramite y resuelva de manera definitiva como en derecho corresponda la denuncia planteada... de manera coordinada con las autoridades municipales de ser necesario."
"Christian Valverde Alpízar... is ordered to issue instructions within his powers, so that... the complaint filed is processed and definitively resolved according to law... in coordination with municipal authorities if necessary."
Por tanto
"Se ordena a Christian Valverde Alpízar... que gire las instrucciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, con el objetivo de que... se tramite y resuelva de manera definitiva como en derecho corresponda la denuncia planteada... de manera coordinada con las autoridades municipales de ser necesario."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Date of Resolution: November 27, 2020 at 10:05 Type of matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations *200195160007CO* Res. No. 2020022807 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours and five minutes on the twenty-seventh of November, two thousand twenty.
Recurso de amparo processed in expediente number 20-019516-0007-CO, filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], against MINISTERIO DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDEON.
Resultando:
By brief received in the Secretariat of the Sala at 14:59 hours on October 23, 2020, the petitioner files a recurso de amparo against the mayor, the coordinator of the Department of Territorial Planning, and the coordinator of the Sub-Process of Patentes y Licencias, all of the Municipalidad de Pérez Zeledón; as well as the director of the Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón, and states that in 2017, [Nombre 004] came to live in the El Hoyón neighborhood, Guadalupe de Pérez Zeledón (specifically from the Los Leones entrance, third house on the left side, black wall), and became her adjacent neighbor to her dwelling house. She adds that in February 2020, this gentleman began operating two workshops (to make window frames, sheet metal work, among others), despite the fact that what separates them is a concrete wall that has no sound insulation. She alleges that the machines he uses cause a lot of noise; the workshop does not have a closed structure and often operates from 05:30 hours until 18:00 hours. She alleges that the racket is constant throughout the day, which disturbs her peace and tranquility; as well as the other neighbors, among whom there are minors and older adults, bedridden, due to degrading ailments. She accuses that they are also harmed by the smoke and ashes from the burning done in the workshop, as well as by the dust released by the machines and the gases from the chemicals used. She adds that the students' virtual lessons are hindered. She highlights that [Nombre 004] does not offer them any solution; on the contrary, he reacts in an aggressive and intimidating manner. She reports that on March 17, 2020, she filed a complaint and request for inspection before the Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón, according to complaint No. 27617, procedure No. 230979, but as no solution was provided, on September 22, 2020, she pursued the matter again through complaint No. 33767, procedure No. 257548. She complains that at this institution, since March 17, they have been telling her that they cannot carry out the requested inspection, citing workloads, but that once the COVID-19 passes they will resume her case. This, even though she provided all the necessary evidence. She points out that she also filed the complaint before the Municipalidad de Pérez Zeledón, where it was finally concluded through report No. OFI-0429-20-PTE, that the zone where the workshop operates is a residential zone for housing use only. She maintains that as the problem continued, she went to the respondent Municipalidad on August 28, September 8, and 21. She comments that on September 25, the officials of said Municipalidad carried out a surprise inspection at the clandestine workshop, but in her judgment, it was ultimately not effective, as evident from official communication No. OFI-0728-20-SPL. Based on the foregoing, she comes to the Sala in protection of her fundamental rights and requests that the recurso be granted.
By resolution at 12:24 hours on November 6, 2020, the present recurso was admitted for processing, which was notified to the respondents on November 11, 12, and 13, 2020.
Jeffry Gilberto Montoya Rodríguez, Yerald Mora Vargas, and Ricardo Rojas Solís, in their capacity as mayor, coordinator of Patentes y Licencias, and coordinator of Territorial Planning, all of the Municipalidad de Pérez Zeledón, report under oath (folio 44 of the electronic expediente), that the property indicated by the petitioner has been owned by [Nombre 004] since 2017, without the use given to said property being recorded. According to the records of the municipal system, said properties have neither authorized constructions nor a processed construction permit, nor is there any record of a complaint for illegal construction. Thus, the structures inserted in the property have been built illegally and do not have authorization to operate as a workshop. He notes that on June 17, 2020, the inspectors from the department of patentes y licencias appeared at the site, confirming that no people were present at the place nor was a workshop activity being carried out, which was duly informed to the complainant through official communication OFI-0570-20-SLP. However, and in an effort to constrain the possible illicit activity, through the Proceso de Licencias y Patentes, the owner was ordered to suspend the activity of manufacturing glass structures until obtaining the respective permits (ORD-168-20-SPL, dated September 25, 2020, communicated to the petitioner via document OFI-0728-20-SPL). He states that the zone is residential, and that if an infringement of the issued order is found, it will be processed as appropriate. He requests that the filed recurso be dismissed.
Christian Valverde Alpízar, in his capacity as regional director of the Ministerio de Salud in the Brunca Region, reports under oath (folio 52 of the electronic expediente), that indeed on May 17 and September 22 of this year, the petitioner filed a complaint against the operation of an alleged workshop for window frames, sheet metal work, and others in El Hoyón de Pérez Zeledón on behalf of [Nombre 004]. Although certainly the emerging attention to the pandemic caused by the COVID-19 virus facing the country has caused a distortion in the handling of this type of matters/complaints (he emphasizes the limitations in human resources that this Ministry has faced as a result of said emergency)—on two occasions, technical personnel from this Área Rectora de Salud —the most recent being yesterday— have gone to the place to try to verify the complaint and determine the activity supposedly carried out at the site, and the visits have been unsuccessful, as “the premises” remains completely closed, there is no visibility inside, and there are no elements that allow determining what is done there. He affirms that in the records, there is no record of an operating permit or even a request for any activity regulated by the Ministerio de Salud in the name of the alleged offender or at the location indicated by the petitioner. He notes that the municipal authorities conducted an effective visit to the site on September 25, 2020, and even though they did not determine the effective execution of a specific activity at the place, they issued an order to the person responsible for the property to “immediately suspend all productive and lucrative activity carried out without a municipal license,” and they note the manufacturing of glass structures as a supposed activity. He explains that, in this type of case, given the refusal or obstruction by the responsible party to allow entry to the property by the institution's officials for the execution of their legal functions and competencies, the appropriate course of action —pursuant to Article 347 of the Ley General de Salud— is to request a search warrant from the Contraventional Judge, so that it is a Judge of the Republic who—accompanied by institutional personnel—enters the site and orders the necessary inspection and the adoption of pertinent measures, which, if found to be working in a regulated activity without health authorization, would be none other than the closure of the premises. However, it must be clarified that, although the visits made to the site have not been effective, this is because apparently no one is at the site at that moment, and not due to a deliberate obstruction by the responsible party. Thus, given that despite the visits scheduled by the Área Rectora de Salud, it has not been possible to enter the site, much less determine the execution of an activity regulated by law, the matter will remain as “in progress” or pending, and the pertinent measures that result will be adopted. He reiterates that the case remains active, in progress, and if the execution of an activity regulated by the Ministerio de Salud is verified, the special measures that are appropriate will be immediately adopted, which could be the immediate closure of the premises or the health order to correct —if applicable— the health infringements or non-compliances determined; and that the complainant will be kept informed of this. He requests that the filed recurso be dismissed.
By brief received on November 20, 2020, the petitioner replies to the report of the respondent authorities and reiterates her arguments.
In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Judge Garro Vargas; and,
Considerando:
Preliminary matter. Before analyzing the merits of the claim, it must be clarified that, from judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has remitted to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the Ley General de la Administración Pública. In the present matter, an exception scenario is raised, as it involves a proceeding related to sonic and environmental pollution that, allegedly, has not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
Object of the recurso. The petitioner considers her fundamental rights violated because her complaints regarding the operation of a clandestine workshop that generates sonic and environmental pollution have not been addressed.
Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
Regarding the actions of the Municipalidad de Pérez Zeledón:
Regarding the actions of the Ministerio de Salud:
Unproven fact. The following relevant fact for this resolution is not deemed proven: That the complaints filed by the petitioner before the Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón have been resolved and communicated to her.
On the merits. This Sala has extensively developed the fundamental right to health and to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the obligation of the State and the various public authorities to preserve, defend, and guarantee said right (see judgment No. 2006-005928). Likewise, it has been recognized that noise constitutes a form of (sonic) pollution, and that it is considered one of the forms of aggression to the environment that most affects people's quality of life and health. Among the state entities called to ensure these rights are the Police, the Municipalidad, and the Ministerio de Salud, principally the latter, which has the power to determine the existence of sonic pollution and establish the corresponding sanctions (see judgments number 2010-000688 and 2014-20191).
On the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies the violation of the protected party's rights. From the report rendered under oath and the list of facts —proven and unproven— it emerges that the complaint filed by the protected party was attended to by the respondent Municipalidad and Área Rectora de Salud; however, it cannot be accredited that, on the part of this latter authority, the petitioner was communicated the corresponding matter in writing. Based on the foregoing, the accused violation of the rights of the petitioner by the health authorities is confirmed, since her proceeding has not yet been duly and completely attended to, as she was not communicated —in writing— the process or solution given to her claim; therefore, it is appropriate to grant the recurso, solely for the purpose of ordering that they proceed to issue and communicate the corresponding response.
Regarding the problems generated by the reported workshop, it is confirmed that the municipal authorities proceeded to order the owner to suspend the activity of manufacturing glass structures until obtaining the respective permits (ORD-168-20-SPL, dated September 25, 2020). In the same sense, it is verified that the health authorities have carried out inspections, but these have been unsuccessful, and that they keep the case open and pending. In this regard, it must be warned that it is not for this Tribunal to determine which alternative should be adopted to solve the reported problems, since this Sala is not a controller of the legality of the Administration's actions or resolutions, and therefore, it is not its responsibility to determine whether the measures adopted conform or not to the current legal or regulatory provisions, a task proper to the ordinary, administrative, or jurisdictional channels. However, it is necessary to remind the respondent authorities of their obligation to verify or rule out the existence of the reported problem, and if necessary, to resolve said situation in a definitive and coordinated manner.
NOTE BY JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Sala in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of people to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Constitución Política. Indeed, the current situation —characterized by a very extensive legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is mandated in the Carta Fundamental— is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed on the Sala a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.
2. Today, we find ourselves before a "dense web" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon consists in the fact that this increasing juridification —predominantly legislative and regulatory— brings with it an unavoidable entrance onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction —primarily the contentious-administrative, but also the criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural channels and inclusive means of standing have been broadly regulated, so that those administered can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.
3. In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Sala Constitucional to displace, or —worse yet— substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is to interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that —they indeed— have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes does not fit well with the complexity present in numerous environmental conflicts that are composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are known examples in which the Sala has issued a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an impact on legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects I have evaluated, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence-executing judges to allow for adequate follow-up on them —generally complex—, which sometimes involve the monitoring of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.
5. From that perspective, the decision to step aside in environmental matters by this Tribunal should not be seen as an abandonment of the environmental matter, but on the contrary, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed by the Constitución Política and its Ley Orgánica, which from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope that has been assigned to it, as well as the exercise of setting its own competence, as established in Article 7 of its Ley Orgánica.
6. It is clear that the Sala does not intend to abandon to other jurisdictions the task of protecting people's rights in environmental matters. It is known that although any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of the law of the Constitution. It is then about ensuring the Sala becomes a protagonist together with others, so that —among all and each in their own space— the whole variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which there are also other equally pressing needs. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantially gains in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Sala must refrain from hearing claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Constitución Política, to leave the hearing thereof to the administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is stated in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Sala and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Sala must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infringements that also directly endanger people's health, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment and in which a glaring absence of protection by state authorities is verified, provided that, in addition, the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of the amparo as a summary and special procedural institute, since I also consider that the amparo should not be "made ordinary" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately attended to within it.
8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the petitioner could eventually affect her health and that of her family. Consequently, it is clear that we are before the exceptions mentioned, and for that reason, I have considered it necessary for the Sala to exercise its competence, to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the protected persons.
VIII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the opinion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the people affected by sonic and environmental pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitución Política), as is the case here, where the omission of the respondent authorities to take measures against two workshops for making window frames, sheet metal work, among others, is alleged. In this sense, in the place known as El Hoyón de Pérez Zeledón, this omission affects the health of the neighbors, among them minors, bedridden older adults, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. This Sala must warn the petitioner that if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic support or produced by new technologies, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The recurso is partially granted, solely for the lack of response by the health authorities. Christian Valverde Alpízar, in his capacity as regional director of the Ministerio de Salud in the Brunca Region, or whoever holds the position in his stead, is ordered to issue the instructions within the scope of his competencies, with the objective that, a) within a period of eight days, counted from the notification of this judgment, the protected party be responded to and notified of what corresponds in relation to her complaints, and b) within a period of three months, counted from the notification of this judgment, the complaint filed regarding the activity of a clandestine workshop without permits be processed and resolved definitively as legally appropriate; in coordination with the municipal authorities if necessary. He is warned that if he fails to comply with said order, he will incur the crime of disobedience and that, pursuant to Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in a recurso de amparo, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Regarding the Municipalidad de Pérez Zeledón, the recurso is dismissed. Judge Hernández López adds a note. Judge Salazar Alvarado adds a note. Notify.
Fernando Castillo V. President Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Digitally Signed Document -- Verification code -- *NTFIVFAQOGS61* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *200195160007CO* Res. Nº 2020022807 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-019516-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra MINISTERIO DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDEON.
Resultando:
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:59 horas del 23 de octubre de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el alcalde, el coordinador del Departamento de Planificación Territorial y el coordinador del Sub-Proceso de Patentes y Licencias, todos de la Municipalidad de Pé rez Zeledó n; así como el director del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón, y manifiesta que en el año 2017 [Nombre 004] llegó a vivir al barrio El Hoyón, Guadalupe de Pérez Zeledón (específicamente de la entrada Los Leones, tercer casa al lado izquierdo, tapia negra), y se convirtió en su vecino colindante con su casa de habitación. Añade que en febrero de 2020, este señor empezó a operar dos talleres (para elaborar marcos de ventanas, hojalatería, entre otros), pese a que lo que los separa es una pared de concreto, que no tiene ningún aislante de sonido. Alega que las máquinas que utiliza provocan mucho ruido; el taller no tiene una estructura cerrada y funciona en muchas ocasiones desde las 05:30 horas y hasta las 18:00 horas. Alega que la bulla es constante durante todo el dí a, lo cual perturba su paz y tranquilidad; así como a los demás vecinos, dentro de los cuales se encuentran personas menores de edad y adultos mayores, en condici ón de cama, por padecimientos degradantes. Acusa que también se ven perjudicados por el humo y las cenizas de las quemas que se realizan en el taller, así como por el polvo que liberan las máquinas y los gases de los químicos utilizados. Agrega que se entorpecen las lecciones virtuales de los estudiantes. Resalta que [Nombre 004] no les brinda ninguna solución, por el contrario, reacciona de forma agresiva e intimidante. Refiere que el 17 de marzo de 2020 planteó denuncia y solicitud de inspección ante el Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón, según denuncia No.27617, trámite No. 230979, pero como no se le brindó solución alguna, el 22 de setiembre de 2020 gestionó nuevamente a través de la denuncia No. 33767, trámite No. 257548. Reclama que en esta institución, desde el 17 de marzo le están diciendo que no pueden efectuar la inspección solicitada, argumentando ocupaciones, pero que una vez que pase la COVID-19 retomaran su caso. Esto, aun cuando aportó toda la evidencia necesaria. Señala que también presentó la queja ante la Municipalidad de Pérez Zeledón, donde finalmente se concluyó a través del informe No. OFI-0429-20-PTE, que la zona donde opera el taller es zona residencial para uso de vivienda ú nicamente. Sostiene que como la problemática continuaba, acudió a la Municipalidad recurrida en las fechas 28 de agosto, 08 y 21 de setiembre. Comenta que el 25 de setiembre, los personeros de dicha Municipalidad efectuaron una inspección sorpresa en el taller clandestino, pero a su juicio, esta finalmente no fue efectiva, segú n se desprende del oficio No. OFI-0728-20-SPL. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso. Mediante resolución de las 12:24 horas del 06 de noviembre de 2020 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en fechas 11, 12 y 13 de noviembre de 2020. Informa bajo juramento Jeffry Gilberto Montoya Rodríguez, Yerald Mora Vargas y Ricardo Rojas Solís, en su condición de alcalde, coordinador de Patentes y Licencias y coordinador de Planificación Territorial, todos de la Municipalidad de P érez Zeled ón (folio 44 del expediente electrónico), que el inmueble indicado por la recurrente es propiedad de [Nombre 004] desde 2017, sin que conste el uso que se le da a dicha propiedad. Según los registros del sistema municipal, dichos inmuebles no poseen construcciones autorizadas ni permiso de construcció n tramitado, ni consta tampoco ninguna denuncia por construcción ilegal. Así, las estructuras insertas en el inmueble han sido construidas de manera ilegal y no tienen autorizaci ón para funcionar como taller. Acota que el 17 de junio de 2020 se apersonaron al sitio los inspectores del departamento de patentes y licencias, constatando que en el lugar no se encontraban personas ni se desarrollaba una actividad de taller, lo cual fue debidamente informado a la denunciante mediante oficio OFI-0570-20-SLP. Sin embargo y en afá n de constreñir la posible actividad ilícita, mediante gestión del Proceso de Licencias y Patentes se le ordenó al propietario suspender la actividad de elaboración de estructuras en vidrio hasta contar con los permisos respectivos (ORD-168-20-SPL, de 25 de setiembre de 2020, comunicado a la recurrente mediante documento OFI-0728-20-SPL). Refiere que la zona es residencial, y que de encontrarse infracció n a la ordenanza emitida, se procesará como corresponde. Solicita se desestime el recurso planteado. Informa bajo juramento Christian Valverde Alp ízar, en su condición de director regional del Ministerio de Salud en la Región Brunca (folio 52 del expediente electró nico), que efectivamente los días 17 de mayo y 22 de setiembre del presente año, la recurrente planteó denuncia contra la operación de un supuesto taller de marcos de ventana, hojalatería y otros en El Hoyón de Pérez Zeledón por cuenta de [Nombre 004]. Si bien ciertamente la atención emergente de la pandemia causada por el virus COVID-19 que enfrenta el país ha ocasionado una distorsión en la atenció n de este tipo de asuntos/denuncias (enfatiza las limitaciones de recurso humano que ha enfrentado ese Ministerio a raíz de dicha emergencia)- en dos ocasiones personal técnico de esta Área Rectora de Salud, -la más reciente el día de ayer- ha acudido al lugar para intentar verificar la denuncia y determinar la actividad que supuestamente se realiza en el sitio y las visitas han sido infructuosas, en tanto “ el local” se mantiene totalmente cerrado, no hay visibilidad hacia adentro y no hay elementos que permitan determinar qu é es lo que allí se hace. Afirma que en los registros no existe ningún registro de permiso de funcionamiento o siquiera solicitud de alguna actividad regulada por el Ministerio de Salud a nombre del supuesto infractor ni en la ubicació n indicada por la recurrente. Acota que las autoridades de la municipalidad realizaron una visita efectiva al sitio el día 25 de setiembre de 2020, y aun cuando no determinó la efectiva realización de una actividad determinada en el lugar, giró orden al responsable del inmueble para que “inmediatamente suspendan toda actividad productiva y lucrativa que se realice sin contar con licencia municipal”, y anotan como supuesta actividad la elaboración de estructuras de vidrio. Explica que, en este tipo de casos, ante la negativa u obstrucción del responsable para permitir el ingreso al inmueble de parte de los funcionarios de la institución para la ejecución de las funciones y competencias legales, lo procedente -conforme el artículo 347 de la Ley General de Salud- es solicitar al Juez Contravencional orden de allanamiento, para que sea un Juez de la República el que -acompañado del personal institucional- ingrese al sitio y ordene la inspección necesaria y la adopción de las medidas pertinentes que, de encontrarse laborando en una actividad regulada y sin autorización sanitaria, no sería otra que la clausura del local. Sin embargo, hay que aclarar que, si bien las visitas realizadas al sitio no han sido efectivas, esto se debe a que en apariencia no hay nadie en el sitio en ese momento, y no a una deliberada obstrucció n del responsable. Así las cosas, siendo que a pesar de las visitas programadas por el Área Rectora de Salud, no se ha podido ingresar al sitio ni menos determinar la ejecución de una actividad regulada por la ley, el asunto se mantendrá como “en curso” o pendiente, y se adoptarán las medidas que resulten pertinentes. Reitera que el caso se mantiene activo, en curso, y de verificarla la ejecuci ón de una actividad regulada por el Ministerio de Salud, se adoptará de inmediato las medidas especiales que resulten procedentes, lo que puede ser la clausura inmediata del local o la orden sanitaria para que corrija -de corresponder- las infracciones o incumplimientos sanitarios que se determinen; y que de ello se mantendrá informada a la denunciante. Solicita se desestime el recurso planteado. Por escrito recibido el 20 de noviembre de 2020, la parte recurrente replica el informe de las autoridades recurridas y reitera sus argumentos En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
Considerando:
De previo. Antes de analizar el fondo del alegato, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones – aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública. En el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión relacionada contaminaci ón sónica y ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. Objeto del recurso. La recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales debido a que no se han atendido sus denuncias por el funcionamiento de un taller clandestino que genera contaminación sónica y ambiental. Hechos probados. De importancia para la decisió n de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Pérez Zeledón:
a)El inmueble indicado por la recurrente es propiedad de [Nombre 004] desde 2017, y se encuentra en zona residencial.
b)El 17 de junio de 2020 se apersonaron al sitio los inspectores del departamento de patentes y licencias, constatando que en el lugar no se encontraban personas ni se desarrollaba una actividad de taller, lo cual fue debidamente informado a la denunciante mediante oficio OFI-0570-20-SLP.
c)Mediante gestión del Proceso de Licencias y Patentes se le ordenó al propietario suspender la actividad de elaboración de estructuras en vidrio hasta contar con los permisos respectivos ([Valor 002], de 25 de setiembre de 2020, comunicado a la recurrente mediante documento [Valor 003]) (folio 48 del expediente electrónico).
Sobre las actuaciones del Ministerio de Salud:
a)Los días 17 de mayo y 22 de setiembre del presente año, la recurrente planteó denuncia contra la operación de un supuesto taller de marcos de ventana, hojalatería y otros en El Hoyón de Pérez Zeledón por cuenta de [Nombre 004] .
b)Se realizaron dos inspecciones al lugar para intentar verificar la denuncia y determinar la actividad que supuestamente se realiza en el sitio y las visitas han sido infructuosas, en tanto “el local” se mantiene totalmente cerrado, no hay visibilidad hacia adentro y no hay elementos que permitan determinar qué es lo que allí se hace (folio 60 del expediente electrónico).
c)En los registros no existe ningún registro de permiso de funcionamiento o siquiera solicitud de alguna actividad regulada por el Ministerio de Salud a nombre del supuesto infractor ni en la ubicación indicada por la recurrente.
d)El caso se mantiene activo, en curso, y de verificarla la ejecución de una actividad regulada por el Ministerio de Salud, se adoptará de inmediato las medidas especiales que resulten procedentes, lo que puede ser la clausura inmediata del local o la orden sanitaria para que corrija -de corresponder- las infracciones o incumplimientos sanitarios que se determinen.
Hecho no probado. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución: Que las denuncias planteadas por la recurrente ante el Área Rectora de Salud de P érez Zeledón hayan sido resueltas y comunicadas a esta.
Sobre el fondo. Esta Sala ha desarrollado ampliamente el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, as í como la obligación del Estado y las distintas autoridades públicas de preservar, defender y garantizar dicho derecho (véase la sentencia N°2006-005928). Asimismo, se ha reconocido que el ruido constituye una forma de contaminación (sónica), y que es considerado como una de la formas de agresión al ambiente que genera más afectación a la calidad de vida y a la salud de las personas. Entre las entidades estatales llamadas a velar por estos derechos están la Policía, la Municipalidad y el Ministerio de Salud, principalmente este último, quien tiene la potestad de determinar la existencia de contaminación sónica y establecer las sanciones correspondientes (ver sentencias número 2010-000688 y 2014-20191). Sobre el caso concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la lesión a los derechos de la amparada. Del informe rendido bajo fe de juramento y del elenco de hechos -probados y no probados-, se desprende que la denuncia planteada por la amparada fue atendida por la Municipalidad y por el Área Rectora de Salud recurridas, sin embargo no se logra acreditar que, de parte de esta segunda autoridad, se le haya comunicado a la recurrente, de forma escrita, lo correspondiente. Con base en lo expuesto, se constata la acusada lesión a los derechos de la petente por parte de las autoridades sanitarias, puesto que su gestión aún no ha sido debida y completamente atendida, ya que no se le comunicó –en forma escrita- el trámite o solución dada a su reclamo; de manera que procede estimar el recurso, únicamente a fin de ordenar que procedan a emitir y comunicar la respuesta que corresponda. En cuanto a los problemas generados por el taller denunciado, se constata que las autoridades municipales procedieron a ordenar al propietario suspender la actividad de elaboración de estructuras en vidrio hasta contar con los permisos respectivos (ORD-168-20-SPL, de 25 de setiembre de 2020). En el mismo sentido, se comprueba que las autoridades sanitarias han realizado inspecciones pero estas han sido infructuosas, y que mantienen el caso abierto y pendiente. Al respecto, se impone advertir que no le corresponde a este Tribunal determinar cuál es la alternativa que se debe adoptar para solucionar los problemas denunciados, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete determinar si las medidas adoptadas se ajustan o no a la normativa legal o reglamentaria vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional. Sin embargo, se impone recordar a las autoridades recurridas su obligación de verificar o descartar la existencia de la problemática denunciada, y de ser necesario, de resolver de manera definitiva y coordinada dicha situación.
NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
1. El contexto hist órico que motiv ó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su salud y la de la su familia. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.
VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO . En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por la contaminación sónica y ambiental, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusan la omisión de las autoridades recurridas de tomar medidas en contra de dos talleres de elaboración de marcos de ventanas, de hojalatería, entre otros. En este sentido, en el lugar conocido como El Hoyón de Pérez Zeledón esta omisión afecta la salud de los vecinos, entre ellos menores de edad, adultos mayores en condición de cama, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la falta de respuesta por parte de las autoridades sanitarias. Se ordena a Christian Valverde Alpízar, en su condición de director regional del Ministerio de Salud en la Región Brunca, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que gire las instrucciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, con el objetivo de que, a) en el plazo de de ocho días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le responda y notifique a la amparada lo que corresponda en relación a sus denuncias, y b) en el plazo tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se tramite y resuelva de manera definitiva como en derecho corresponda la denuncia planteada por la actividad de taller clandestino sin permisos; de manera coordinada con las autoridades municipales de ser necesario. Se le advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, da ños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la Municipalidad de Pérez Zeledón, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *NTFIVFAQOGS61*
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