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Res. 21850-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 13/11/2020

IMAS Delay in Processing Home Improvement Benefit for Flooding Affecting Disabled Minor’s HealthMora del IMAS en trámite de beneficio de vivienda por inundación y riesgo a salud de menor con discapacidad

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Court partially upheld the amparo against IMAS for the delay in processing the home improvement benefit, but without awarding costs or damages; and dismissed the claims against CNE and the emergency committee.La Sala declaró parcialmente con lugar el amparo contra el IMAS por la mora en el trámite del beneficio de vivienda, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios; y sin lugar contra la CNE y el comité de emergencias.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by a mother on behalf of her disabled son (microcephaly, hydrocephalus, cerebral palsy, mental retardation) against IMAS and CNE. The petitioner claimed her house floods constantly, causing dampness that deteriorates the home and affects her son’s health. She applied for the ‘Emergency Home Improvement’ benefit from IMAS, which required a CNE document as an initial step. Despite submitting it in July 2020, over three months passed without IMAS informing her of further requirements—until the amparo was admitted. The Chamber found IMAS incurred unjustified delay, halting the technical assessment. Since the inaction ceased during the proceedings, the appeal was partially granted against IMAS alone, without awarding costs or damages. The Chamber ordered expeditious continuation of the process and a decision within one month after all documents are submitted. Dissenting votes argued for awarding economic consequences.La Sala Constitucional conoció un amparo interpuesto por una madre en favor de su hijo con discapacidad (microcefalia, hidrocefalia, parálisis cerebral y retardo mental), contra el IMAS y la CNE. La recurrente alegó que su vivienda se inunda constantemente, generando humedad que deteriora la casa y afecta la salud de su hijo. Solicitó el beneficio de ‘Mejoramiento de Vivienda por Emergencia’ ante el IMAS, que le requirió un documento de la CNE como requisito inicial. A pesar de haber presentado ese documento en julio de 2020, pasaron más de tres meses sin que el IMAS le comunicara los requisitos adicionales, hasta que fue notificado del amparo. La Sala determinó que el IMAS incurrió en mora injustificada, retrasando el inicio del análisis técnico. Dado que la inacción cesó durante el trámite, se declaró parcialmente con lugar el recurso solo contra el IMAS, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordenó continuar el trámite de forma célere y resolver en plazo no mayor a un mes una vez completada la documentación. Los magistrados disidentes salvaron el voto en cuanto a la condenatoria económica.

Key excerptExtracto clave

From this perspective, the appeal must be granted only against IMAS. In this regard, it was not until after the notification of the course of this process that the authorities of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón resumed processing the petitioner’s request, inspected the property, and notified her in writing of the list of additional requirements she needed to provide. This is relevant because the petitioner had submitted the CNE document requested from her on July 7, 2020, yet more than three months later, IMAS had still not informed her that she needed to submit other documents. Indeed, that authority even acknowledged that due to an error, the processing of the matter had not continued. For the reasons stated, since the administrative inaction ceased during the processing of this amparo, the appeal is granted without special award of costs, damages, or losses, under the terms of article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. Now, without prejudice to the foregoing, and since the benefit is still subject to compliance with certain requirements, the head of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón shall take note to continue processing the request expeditiously and, once the petitioner submits all the requested documentation, decide accordingly within a reasonable period not exceeding one month.Desde este panorama, procede declarar con lugar el recurso únicamente en contra del IMAS. Al respecto, no fue sino hasta después de la notificación del curso de ese proceso, que las autoridades de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón, reanudaron el trámite de la solicitud de la recurrente, inspeccionaron el inmueble y le comunicaron por escrito la lista de los requisitos adicionales que debía aportar. Lo anterior tiene relevancia, toda vez que la accionante aportó desde el 7 de julio de 2020 el documento de la CNE que le fue solicitado y, pese a ello, más de tres meses después, el IMAS aún no le había comunicado que debía entregar otros documentos. En ese sentido, incluso tal autoridad reconoció que por un error no se había continuado tramitando la gestión de marras. Por las consideraciones expuestas, como la inacción administrativa cesó durante la tramitación de este amparo, lo que procede es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, en los términos del numeral 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora, sin perjuicio de lo anterior y como el beneficio aún está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, tome nota la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón para que se continúe con la tramitación célere de la solicitud y, en el momento en que la recurrente entregue toda la documentación que le fue pedida, se resuelva lo que corresponda dentro de un plazo razonable que no podrá exceder un mes.

Pull quotesCitas destacadas

  • "no fue sino hasta después de la notificación del curso de ese proceso, que las autoridades de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón, reanudaron el trámite de la solicitud de la recurrente, inspeccionaron el inmueble y le comunicaron por escrito la lista de los requisitos adicionales que debía aportar."

    "It was not until after the notification of the course of this process that the authorities of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón resumed processing the petitioner’s request, inspected the property, and notified her in writing of the list of additional requirements she needed to provide."

    Considerando IV

  • "no fue sino hasta después de la notificación del curso de ese proceso, que las autoridades de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón, reanudaron el trámite de la solicitud de la recurrente, inspeccionaron el inmueble y le comunicaron por escrito la lista de los requisitos adicionales que debía aportar."

    Considerando IV

  • "la accionante aportó desde el 7 de julio de 2020 el documento de la CNE que le fue solicitado y, pese a ello, más de tres meses después, el IMAS aún no le había comunicado que debía entregar otros documentos."

    "The petitioner had submitted the CNE document requested from her on July 7, 2020, yet more than three months later, IMAS had still not informed her that she needed to submit other documents."

    Considerando IV

  • "la accionante aportó desde el 7 de julio de 2020 el documento de la CNE que le fue solicitado y, pese a ello, más de tres meses después, el IMAS aún no le había comunicado que debía entregar otros documentos."

    Considerando IV

  • "En el momento en que la recurrente entregue toda la documentación que le fue pedida, se resuelva lo que corresponda dentro de un plazo razonable que no podrá exceder un mes."

    "Once the petitioner submits all the requested documentation, decide accordingly within a reasonable period not exceeding one month."

    Considerando IV

  • "En el momento en que la recurrente entregue toda la documentación que le fue pedida, se resuelva lo que corresponda dentro de un plazo razonable que no podrá exceder un mes."

    Considerando IV

  • "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia."

    "Every ruling that upholds the appeal shall award in the abstract compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the enforcement of the judgment."

    Considerando V (cita Art. 51 LJC)

  • "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia."

    Considerando V (cita Art. 51 LJC)

Full documentDocumento completo

**SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine twenty hours on the thirteen of November of two thousand twenty .

Appeal for constitutional protection (Recurso de amparo) processed under case file no. 20-019036-0007 CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], against the JOINT INSTITUTE OF SOCIAL AID (INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, IMAS) and the NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE (COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CNE).

**Whereas:** 1.- By a document incorporated into the digital case file at 16:34 hours on October 15, 2020, the appellant files an appeal for constitutional protection. She indicates that she requested help from IMAS because the house in which she lives floods and there is a lot of dampness. She points out that the foregoing not only deteriorates the house, but also affects the health of her son [Name 007], who is a person with a disability, as he suffers from microcephaly, hydrocephaly, cerebral palsy, mental retardation, among others. She mentions that she filed the case before the CNE and it was approved. She states that she has photos and videos that prove the truthfulness of the situation. She maintains that her son's health is at risk.

2.- By means of a ruling at 14:43 hours on October 16, 2020, the Presidency of the Chamber warned the appellant to indicate the date on which she filed the petition before IMAS and its result.

3.- By an unsigned email at 15:22 hours on October 18, 2020, it was stated: "the exact date I requested the help was May 15, 2020, and the social worker who attended to me was [Name 008] she told me to bring the document from LA COMICION (sic) NACIONAL DE EMERGENCIAS and/or what I was told was that I had to remain waiting while they assessed or took up the case, I also brought pro forma invoices and the builder's quote. I forward an email that Mrs. [Name 009] sent me as proof".

4.- By means of a ruling at 10:14 hours on October 22, 2020, the Presidency of the Chamber deemed the warning fulfilled and granted the appeal for constitutional protection. Likewise, it requested a report from the coordinator of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón of IMAS, from the president of the CNE, and from the coordinator of the Municipal Emergency Committee of Pérez Zeledón, regarding the following facts: "her dwelling house constantly floods, which causes dampness to accumulate and affects the health of all family members, especially that of her son [Name 002], who is a person with a disability. She adds that he suffers from microcephaly, hydrocephaly, cerebral palsy, retardation, among others. She alleges that on May 15, 2020, she requested help from IMAS; however, the official who attended to her, [Name 008], told her to present the document from the CNE, and that she would remain waiting while her case was analyzed. She adds that she has already presented pro forma invoices and the builder's quote. According to evidence provided by the appellant, through official communication OFI-0053-20-CMEPZ of July 7, 2020, the Municipal Emergency Committee of Pérez Zeledón referred the case to IMAS, indicating that through Minutes No. 0171-20-ACO-KUR it was determined that in the dwelling there exists a problem of filtration and erosion of the land slope (erosión de talud del terreno). Likewise, through an email of August 18, 2020, the appellant petitioned again before IMAS official [Name 008], but she is still being kept waiting. In light of the foregoing, she comes to the Chamber in protection of her fundamental rights and requests that the appeal be declared with merit." 5.- By a document incorporated into the digital case file at 9:26 hours on October 28, 2020, Eduardo Mora Castro renders a sworn report, in his capacity as head of the Legal Advisory Unit of the CNE. He sets forth general aspects regarding emergency response and the competence of the entities involved. He sets forth, in relation to the specific case, the following: "(…) Article 25 of Law 8488 indicates that it is the responsibility of the Costa Rican State to prevent disasters; therefore, all institutions shall be obligated to consider the concepts of risk and disaster in their programs and include the ordinary management measures that are their own and appropriate to prevent their manifestation, promoting a culture that seeks to reduce them. It is important to emphasize the duty of the municipal government to guarantee, through planning and the exercise of police power, that urban development meets criteria of safety, healthfulness, and environmental sustainability. The foregoing, in protection of citizens' rights. Likewise, one must keep in mind Agreement No. 0443 of November 30, 2011, of the Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, adopted in Extraordinary Session No. 10-11, held on Wednesday, November 9, 2011, and published in La Gaceta No. 230 of November 30, 2011, in which it 'Recommends to the mayors that they immediately proceed to evict the occupants from zones of recognized risk and imminent danger and demolish the buildings located therein.' At this point, it is necessary to recall that by virtue of the constitutional mandate, the administration of the canton's local interests and services is the competence of the Local Government, and for the specific case, the Municipality of Pérez Zeledón, as a state legal entity, with its own assets and personality (article 2 of Municipal Code No. 7794), has full legal capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes. Finally, once the query was made via email to Mr. Lidier Esquivel Valverde, Head of the Risk Investigation and Analysis Unit of the CNE, he states that there is no record of the existence of any petition made by Mrs. [Name 001] before said Unit." He requests that the appeal be declared without merit.

6.- By a document incorporated into the digital case file at 13:39 hours on October 29, 2020, Jeffry Gilberto Montoya Rodríguez renders a sworn report, in his capacity as mayor of Pérez Zeledón and coordinator of the Municipal Emergency Committee. He sets forth as background of the case the following: "FIRST: On May 26, 2020, the office of the Municipal Emergency Committee of Pérez Zeledón attended in person to Mrs. [Name 001], identity card [Value 001], resident of Barrio Bostón, San Isidro de El General district, Pérez Zeledón, who sets forth the situation occurring in her dwelling house. The affected person is told of the need to conduct a visit to the dwelling to ascertain the real situation. SECOND: Through an email dated May 26, Mrs. [Name 001] states, 'Through this means I address you with all respect, to present my case to you, I live in Barrio Boston 500 south 25 west of the community hall of Barrio Boston, Bromelia street going down 25, I tell you, my house is a voucher (bono) house, we built it approximately seven years ago, since then it has presented flooding problems because the land is at a lower level, on April 22 I called 911 so they could verify what was happening at 7 55 pm. the case was attended by captain Carlos Vargas Arroyo, who can attest to the truth of what happened, my house was flooded and full of mud that day I took photos and a video, and My concern is my son with a disability and our health. I respectfully request your help to assess my case.' THIRD: By virtue of the situation made known by Mrs. [Name 001], an on-site inspection is coordinated, in coordination with the Urban Planning department, according to OFI-013-20-OGR, and through ACTA-0171-20-ACO-KUR, the inspection is conducted, in which it is evidenced and identified that there exists an affectation identified in the dwelling. FOURTH: Through OFI-0053-20-CMEPZ, the case is transferred to the Joint Institute of Social Aid, for the review and assessment of aid by said entity, to whom it corresponds to analyze the case." He indicates, in relation to the facts, the following: "The Municipal Emergency Committee of Pérez Zeledón attended to the request made by Mrs. [Name 001], identity card [Value 001], resident of Barrio Bostón, San Isidro de El General district, Pérez Zeledón. The on-site inspection was conducted, according to ACTA-0171-20-ACO-KUR, in which the problem occurring at the dwelling of Mrs. [Name 001] is identified, 'At the site it can be observed that there is a tile wall and a slope (talud) on the west side of the property which has an approximate angle of 50 degrees, with a height ranging from 1 meter to 1.8 meters high. It is observed that said slope (talud) has been eroding due to the apparent rainwater that filters through the wall and this water causes the affectation to the dwelling,' likewise, it is indicated in the same minutes that the 'erosion of the land and this could cause the wall to collapse and provoke damage to the dwelling.' As corresponds to the Municipal Emergency Committee, according to Article 21, subsection a) of the Regulation for the Organization and Functioning of Regional, Municipal, and Communal Emergency Committees, 'Coordinate prevention actions and emergency response, among institutions and other forms of organization, state and non-state, present in the region,' the case is coordinated with the Joint Institute of Social Aid for the attention and analysis of the case, and to assess the possibility of managing aid to solve the family's problem, for which reason the case is transferred through document OFI-0053-20-CMEPZ dated July 7, 2020. From all the above stated, your esteemed authority can see how the Municipal Emergency Committee of Pérez Zeledón has carried out, in this specific case, all necessary actions to manage a solution to the problem presented by Mrs. [Name 001]. The problem was verified, and it was transferred to the corresponding instance, for which reason, given that the Municipal Emergency Committee has fully complied in accordance with the functions of said body, I request with all respect that the appeal filed by Mrs. [Name 001] be declared without merit." 7.- By a document incorporated into the digital case file at 13:39 hours on October 29, 2020, Dilana Zúñiga Ureña renders a sworn report, in her capacity as the head of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón. She indicates that, according to administrative file [Value 002], on May 21, 2020, said unit attended to the family. She points out that in the primary assistance it is indicated that the user requests support for wall construction and she was guided to submit the documentation regarding the "Home Improvement for Emergency (Mejoramiento de Vivienda para Emergencia)" benefit and continue the corresponding processing. She notes that the Municipal Emergency Committee of Pérez Zeledón, by official communication OFI-053-20-CMEPZ of July 7, 2020, recorded: "a home visit was conducted, which is recorded in Minutes No. 0171-20-ACO-KUR, that there is a problem of filtration and erosion of the land slope (erosión de talud del terreno), which apparently causes the affectation to the dwelling." She adds that it is not recorded that dampness accumulates and affects the health of the members. She refers that, according to the Social Information Sheet (Ficha de Información Social) and the medical opinion of January 15, 2020, which is recorded in the administrative file, the ward presents the health problems indicated by the claimant. She affirms that, according to the administrative file and the Digital File Information System (Sistema Informático de Expediente Digital, SIED), it is not recorded that the appellant delivered the pro forma invoices and the builder's quote. She argues that in the assistance provided on May 21, 2020, by the professional in sustainable development, she was only guided to submit the document from the National Emergency Commission to initiate the technical assessment process. She sets forth: "Mrs. [Name 010] is correct, in relation to the email sent on August 18 to official [Name 008] as evidenced in folio 000171 and in the documentation provided by Mrs. [Name 010] as evidence before the Chamber, that due to a material and involuntary error, the official replied to the email to the appellant, instead of forwarding it to the official in charge of processing. However, it should be indicated that there is no evidence that Mrs. [Name 010] has stated that the email was sent to her, for which reason official [Name 011] deemed the transfer process to the corresponding professional completed. Nor is it recorded that the appellant attached the corresponding documentation to initiate the processing of the Home Improvement for Emergency Benefit (Beneficio Mejoramiento De Vivienda Para Emergencia)." She explains that, according to the "Regulation for the Provision of Services and Granting of Benefits (Reglamento de Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios)" and the current "Procedures Manual for the Provision of Services and Granting of Benefits (Manual de Procedimientos para la Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios)," for the analysis and assessment of the "Home Improvement for Emergency (Mejoramiento de Vivienda por Emergencia)" benefit, a visit from a technical person in communal infrastructure is required, who determines the technical viability of the case and prepares a Preliminary Technical Dwelling Report for emergency response (Informe Técnico Preliminar de Vivienda para atención de emergencias) where they recommend the works to be carried out. She states that on May 21, 2020, it was explained to the ward that she had to comply with article 91 of the regulation: "Article 91: Requirements for the Home Improvement for Emergency Response Benefit (Mejoramiento de Vivienda para Atención de emergencias): Persons, households, or families wishing to receive this benefit must present the following documents: a. List of affected persons, issued by the National or Local Emergency Commission or the competent entity, on which the requesting person is included. b. Construction permit or document indicating that one is not needed, issued by the respective Municipality. In the case of dwellings located in indigenous reserves, this permit is not required; however, the person, family, or household must sign a work risk policy. c. Sketch, when so required according to the criteria of the Works Supervisor or related professional who provides their services by agreement (provided by the supervisor or related professional who provides their services by agreement). d. Pro forma invoice detailing the goods and services to be acquired, in the name of the beneficiary. e. Offer of labor for an amount not greater than the amount of the materials, which also indicates the person responsible for the work; in case the support of labor is not required, the beneficiary shall provide a note indicating how they will supply said requirement. f. List of materials prepared by a competent person. g. Copy of proof of adjudication or right of possession of the property, which may be a copy of the private purchase contract or donation of the right of possession, or a notarial document with a certain date from which that right of possession begins, when applicable. For indigenous zones, a note from the representative of the local Comprehensive Development Association, local Specific Development Association, or the National Indigenous Council (Consejo Nacional Indígena, CONAI), indicating that the family lives in the Indigenous Reserve." She mentions that, in general terms, the stages for assistance, assessment, and granting of the benefit are the following: "• Assistance to the family and social assessment to determine if the family qualifies to opt for the benefit. • Preliminary assessment of the Registry Report to determine whether or not to continue with the benefit process. • Technical assessment of the property by a Professional from the Socio-Productive and Communal Development Area. • Request and receipt of requirements established in the Regulation for the creation of the administrative file. • Receipt of requirements, preparation of the administrative file. Professional in Social Development/Social Co-manager (Cogestor Social). • Review of the specific requirements and preparation of the 'Final Technical Report for Home Improvement for emergency response (Informe Técnico Definitivo de Mejoramiento de Vivienda para atención de emergencias)' by a Professional from the Socio-Productive and Communal Development Area. • Approval of the benefit by the Professional in Social Development/Social Co-manager (Cogestor Social)." She states that of such requirements, only the CNE official communication is recorded. She adds that, despite the foregoing, with the intention of addressing the case, on October 28, 2020, the civil works professional conducted a visit and determined that the construction of the retaining wall requested by the user was technically viable, for which reason they prepared and sent to the ULDS the "Preliminary Technical Dwelling Report for emergency response (Informe Técnico Preliminar de Vivienda para atención de emergencias)" where they recommend the works to be carried out. She states that on October 29, 2020, the appellant was attended to and the requirements that remain to be submitted to grant her the benefit were explained to her. She argues, as to the merits, the following: "The Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) grants the Appeal for Constitutional Protection (Recurso de Amparo), to guarantee that citizens enjoy their fundamental rights, and in this sense, the benefits granted by the Joint Institute of Social Aid respond to a condition demonstrated by the requesting person, as well as to a 'specific temporality' determined by regulation or by professional social criteria, and to the regulations governing its execution, making it absolutely legal and in accordance with the legal system for a benefit to be provided to someone in need who qualifies according to the established parameters for a defined period, upon prior presentation of requirements for the requested benefit, in adherence to current institutional regulations. According to institutional regulations, specifically the current Regulation for the Provision of Services and Granting of Benefits and the Procedures Manual for the Provision of Services and Granting of Benefits, the Home Improvement for Emergency (Mejoramiento de Vivienda para Emergencia) benefit entails a series of requirements that must be fulfilled in stages, so the granting of this is not carried out immediately, but rather complying with each of the established points, for which reason it is evidenced that the Local Unit has acted diligently and generated the necessary administrative acts for granting it, and will be carrying out all pertinent acts in the coming days in order to resolve the situation that the appellant is experiencing in her dwelling house. At this moment, Mrs. [Name 010]'s request is awaiting the delivery of requirements for the preparation of the administrative file." She requests that the appeal be declared without merit.

8.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Magistrate Rueda Leal writes; and, **Considering:** I.- Preliminary question. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, from ruling No. 2008-02545 at 8 hours 55 minutes on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction -with some exceptions- those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure -initiated ex officio or at the request of a party- or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is raised -supported by the majority of this Constitutional Court-, since it is a matter of the alleged delay of IMAS in resolving -within a reasonable time- the petition filed by the appellant. Having clarified the point, the specific situation raised in this appeal for constitutional protection is addressed.

II.- Subject of the appeal. The claimant indicates that she requested help from IMAS because the house in which she lives floods and there is a lot of dampness. She points out that the foregoing not only deteriorates the house, but also affects the health of her son [Name 007], who is a person with a disability, as he suffers from microcephaly, hydrocephaly, cerebral palsy, mental retardation, among others. She affirms that the social worker who attended to her, named [Name 009 011], requested a document from the CNE. She states that she was told she had to remain waiting. She argues that she also brought pro forma invoices and the builder's quote.

III.- Proven facts. Deemed relevant for the decision in this matter, the following facts are considered duly demonstrated:

The ward, according to the Social Information Sheet (Ficha de Información Social) of IMAS and the medical opinion of January 15, 2020, recorded in the administrative file, suffers from microcephaly, hydrocephaly, cerebral palsy, and mental retardation. (Sworn report rendered by the head of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón).

On May 21, 2020, the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón attended to the appellant and, on that occasion, she requested support for the construction of a wall. (Sworn report rendered by the head of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón).

On May 21, 2020, the sustainable development professional was only guided to submit the CNE document to initiate the technical assessment process. (Sworn report rendered by the head of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón).

The stages for assistance, assessment, and granting of the benefit by IMAS are the following: "• Assistance to the family and social assessment to determine if the family qualifies to opt for the benefit. • Preliminary assessment of the Registry Report to determine whether or not to continue with the benefit process. • Technical assessment of the property by a Professional from the Socio-Productive and Communal Development Area. • Request and receipt of requirements established in the Regulation for the creation of the administrative file. • Receipt of requirements, preparation of the administrative file. Professional in Social Development/Social Co-manager (Cogestor Social). • Review of the specific requirements and preparation of the 'Final Technical Report for Home Improvement for emergency response (Informe Técnico Definitivo de Mejoramiento de Vivienda para atención de emergencias)' by a Professional from the Socio-Productive and Communal Development Area. • Approval of the benefit by the Professional in Social Development/Social Co-manager (Cogestor Social)." (Sworn report rendered by the head of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón).

On July 7, 2020, the Risk Management and Emergency Response Department of the Municipality of Pérez Zeledón sent official communication OFI-053-20-CMEPZ to the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón. (Evidence provided by IMAS and by the Local Emergency Committee).

Official communication OFI-053-20-CMEPZ of July 7, 2020, from the Municipal Emergency Committee of Pérez Zeledón, which is recorded in the administrative file of IMAS, stated in relation to the ward's case:

"A request was received from Mrs. [Name 001], identity card 1-1195-0735, resident of Barrio Boston, San Isidro district. The interested party indicates that she has problems in the dwelling, since every time it rains it floods or water and earth enter. In response to this, a site visit was conducted as recorded in ACTA- No -0171-20-ACO-KUR, according to said document there is a problem of filtration and erosion of the land slope (erosión de talud del terreno), which apparently causes the affectation to the dwelling.

Given that it is a probable case to be addressed by the Joint Institute of Social Aid, it is transferred so that the study can be carried out to assess the possibility of aid to the family, which includes a young man with differentiated abilities." (Evidence provided by IMAS and the Municipal Emergency Committee).

On July 7, 2020, the claimant sent an email to IMAS official [Name 009] Corrales, in which she stated that she was attaching the CNE document that had been requested from her. (Evidence provided by IMAS).

On July 12, 2020, the head of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón requested [Name 009] Corrales, a development professional of that unit, to provide primary assistance of the case and instructed that, if the profile was met, it be transferred to another official to continue the petition. (Evidence provided by IMAS).

On August 18, 2020, the appellant sent an email to [Name 009] Corrales, a development professional of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón, in which she indicated:

"Good afternoon: I greet you with respect and at the same time ask for help from the Joint Institute of Social Aid so that my case can be taken into account as soon as possible, my house floods constantly, I filed the case with the emergency commission and it was approved as such, this situation is an everyday occurrence my house has a lot of dampness affecting our health mainly that of my son with a disability, I remain available for the respective assessment. thank you very much." (Evidence provided by the appellant and by IMAS).

On August 18, 2020, IMAS official [Name 009 011] replied to the appellant:

"Good afternoon ... colleague, I am forwarding you information from Mrs. Magali [Name 010], who was previously attended to and you indicated to me to request the emergency commission document from her, what applies in this case? With instructions from the headship, information is transferred." (Evidence provided by the appellant and by IMAS).

On August 18, 2020, IMAS official [Name 009 011], by mistake, only replied to the email to the appellant instead of forwarding it to the official in charge of its processing. (Sworn report rendered by the head of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón).

In the administrative file of IMAS and the Digital File Information System, it is not recorded that the appellant delivered the pro forma invoices and the builder's quote, but rather only the CNE official communication. (Sworn report rendered by the head of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón).

On October 27, 2020, the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón was notified of the proceedings of this appeal. (Notification record).

On October 28, 2020, the "Preliminary Technical Dwelling Report for emergency response (Informe Técnico Preliminar de Vivienda para atención de emergencias)" was issued, in which a civil works professional determined that the construction of the retaining wall requested by the user was technically viable. (Sworn report rendered by the head of the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón).

On October 28, 2020, the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón notified the appellant that an appointment had been assigned for the following day. (Evidence provided by IMAS).

On October 29, 2020, the claimant was attended to at the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón and in the written observations it was recorded:

"Family requesting the Home Improvement for Emergency Benefit (Beneficio Mejoramiento de Vivienda por Emergencia) has a visit from the professional works inspector. Guidance is provided regarding the requirements to present for the processing of the requested benefit. A document is delivered, an informative sheet on home improvement requirements." (Evidence provided by IMAS).

On October 29, 2020, the Local Social Development Unit of Pérez Zeledón delivered to the appellant a list of requirements that she had to complete to obtain the "Home Improvement for Emergency (Mejoramiento de Vivienda por Emergencia)" benefit in relation to the retaining wall (muro de retención), among them: construction permit or endorsement from the municipality, plan signed by a responsible professional, list of construction materials or budget prepared by a master builder or professional, note with the offer of the cost of labor in case she does not have the resource, note from the applicant committing to provide the money for labor, and pro forma invoices from a hardware store or materials depot. (Evidence provided by IMAS).

IV.- On the specific case. In the sub examine, the claimant indicates that she requested help from IMAS because the house in which she lives floods and there is a lot of dampness. She points out that the foregoing not only deteriorates the house, but also affects the health of her son [Name 007], who is a person with a disability, as he suffers from microcephaly, hydrocephaly, cerebral palsy, mental retardation, among others. She affirms that the social worker who attended to her, named [Name 009 011], requested a document from the CNE. She states that she was told she had to remain waiting.

She also alleges that she submitted pro forma invoices and the builder's quotation.

From the study of the case file, it is taken as proven that the protected person, according to the Social Information Record (Ficha de Información Social) of IMAS and the medical opinion of January 15, 2020, which appears in the administrative file, suffers from microcephaly, hydrocephalus, cerebral palsy, and mental retardation. On May 21, 2020, the Pérez Zeledón Local Unit for Social Development assisted the appellant and, on that occasion, she requested support for the construction of a wall. On May 21, 2020, the sustainable development professional only guided her toward the delivery of the CNE document to begin the technical assessment procedure. The stages for the attention, assessment, and granting of the benefit by IMAS are as follows: "• Attention to the family and social assessment to determine if the family qualifies to opt for the benefit. • Preliminary assessment of the Registral Report to determine the appropriateness or not of continuing with the benefit procedure. • Technical assessment of the property by a Professional from the Socio-Productive and Community Development Area. • Request and receipt of requirements established in the Regulation for the formation of the administrative file. • Receipt of requirements, preparation of the administrative file. Professional in Social Development/Social Co-manager. • Review of the specific requirements and preparation of the 'Definitive Technical Report for Housing Improvement for emergency attention' by a Professional from the Socio-Productive and Community Development Area. • Approval of the benefit by the Professional in Social Development/Social Co-manager." On July 7, 2020, the Department of Risk Management and Emergency Attention of the Municipality of Pérez Zeledón sent official letter OFI-053-20-CMEPZ to the Pérez Zeledón Local Unit for Social Development. Official letter OFI-053-20-CMEPZ of July 7, 2020, from the Municipal Emergency Committee of Pérez Zeledón, which appears in the administrative file of IMAS, recorded regarding the case of the protected person: "A request was received from Mrs. [Name 001], identity card 1-1195-0735, resident of Barrio Boston, San Isidro district. The interested party indicates that she has problems in the dwelling, as it floods or water and earth enter every time it rains. In response to this, a site visit was conducted as recorded in ACTA-No-0171-20-ACO-KUR, according to said document there is a problem of seepage and erosion of the terrain slope, which apparently causes the affectation to the dwelling. Given that it is a probable case to be attended by the Instituto Mixto de Ayuda Social, it is hereby transferred so that the study can be carried out to assess the possibility of helping the family, which includes a young person with differentiated abilities." On July 7, 2020, the claimant sent an email to the IMAS official [Name 009] Corrales, in which she stated she was attaching the CNE document that had been requested from her. On July 12, 2020, the head of the Pérez Zeledón Local Unit for Social Development asked [Name 009] Corrales, a development professional of that unit, for the primary attention of the case and instructed that, if it met the profile, it be transferred to another official to continue the process. On August 18, 2020, the appellant sent an email to [Name 009] Corrales, a development professional at the Pérez Zeledón Local Unit for Social Development, in which she stated: "Good afternoon: I greet you with respect and at the same time ask for help from the instituto mixto de ayuda social (sic) so that my case can be taken into account as soon as possible, my house constantly floods (sic), I presented (sic) the case to the emergency committee (sic) and it was approved as such, this situation (sic) is every day my house has a lot of humidity affecting our health mainly that of my son with a disability, I remain at your disposal for the respective assessment (sic). thank you very much." On August 18, 2020, the IMAS official [Name 009 011] replied to the appellant: "Good afternoon ... colleague, I am forwarding information about Mrs. Magali [Name 010], who was attended at one point and you told me (sic) to request the emergency committee document from her, what happens in this case? As instructed by the headship, information is transferred." On August 18, 2020, the IMAS official [Name 009 011] mistakenly only replied to the email to the appellant instead of forwarding it to the official in charge for its processing. In the administrative file of IMAS and the Computer System for Digital Files, it does not appear that the appellant submitted the pro forma invoices and the builder's quotation, but rather only the CNE official letter. On October 27, 2020, the Pérez Zeledón Local Unit for Social Development was notified of the course of this amparo. On October 28, 2020, the "Preliminary Technical Housing Report for emergency attention" was issued, in which a civil works professional determined that the construction of the retaining wall requested by the user was technically viable. On October 28, 2020, the Pérez Zeledón Local Unit for Social Development informed the appellant that an appointment had been assigned for the following day. On October 29, 2020, the claimant was attended at the Pérez Zeledón Local Unit for Social Development and the written observations recorded: "Family applying for the Emergency Housing Improvement Benefit has a visit from the professional works inspector. Guidance is provided on the requirements to present for the processing of the requested benefit. Document is delivered, informational form on housing improvement requirements." On October 29, 2020, the Pérez Zeledón Local Unit for Social Development gave the appellant a list of requirements that she had to complete to obtain the "Emergency Housing Improvement" benefit in connection with the retaining wall, among them: construction permit or approval from the municipality, plan signed by a responsible professional, list of construction materials or budget prepared by a master builder or professional, note with the offer for the labor cost in case she does not have the resource, note from the applicant with her commitment to provide the money for labor, and pro forma invoices from a hardware store or materials depot.

From this perspective, it is appropriate to grant the recourse only against IMAS. In this regard, it was not until after the notification of the course of this process that the authorities of the Pérez Zeledón Local Unit for Social Development resumed the processing of the appellant's request, inspected the property, and communicated to her in writing the list of additional requirements she had to provide. The foregoing is relevant, given that the claimant provided the requested CNE document since July 7, 2020, and, despite this, more than three months later, IMAS had still not informed her that she had to submit other documents. In this sense, even said authority acknowledged that due to an error, the processing of the aforementioned matter had not continued. For the considerations set forth, since the administrative inaction ceased during the processing of this amparo, it is appropriate to grant the recourse without special condemnation for costs, damages, and losses, under the terms of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Now, without prejudice to the foregoing and since the benefit is still subject to the fulfillment of certain requirements, let the head of the Pérez Zeledón Local Unit for Social Development take note to continue with the expeditious processing of the request and, at the moment the appellant delivers all the documentation that was requested of her, resolve what is appropriate within a reasonable period that may not exceed one month.

Finally, it is not observed that the appellant has claimed any transgression of Political Constitution rights by the CNE or the municipal emergency committee; therefore, the recourse against them is declared without merit a priori.

V.- Regarding the condemnation for costs, damages, and losses in accordance with article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Under a better weighting, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the recourse shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable"), the granting must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the recourse is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that this same paragraph in fine refers to the granting being dictated "solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable." It is emphasized that the Law states "if applicable," which means that the appropriateness or inappropriateness of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Court. In cases like this, the content of the protected person's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which states: "any resolution that upholds the recourse shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recourse, and the liquidation thereof shall be reserved for the execution of judgment," where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are appropriate is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law, or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if she sees fit, to a plenary process to demonstrate that she has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this recourse without condemnation for costs, damages, and losses.

VI.- Dissenting vote of Magistrate Hernández López, regarding the economic consequences derived from granting this recourse. I agree with the majority of the Chamber on the decision taken regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected by reason of the Chamber's intervention; however, I separate from its decision in relation to the issue of the economic consequences of that declaration.

The constitutional jurisdiction under the charge of this Court in matters of amparo and habeas corpus -the jurisdiction of liberty as it is called- is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, opposed by a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to individuals in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of anyone who, de facto or de jure, performs concrete exercises of authority capable of violating them.

This protective vocation of the constitutional jurisdiction is realized in a procedural design that is also peculiar, expeditious, and free, where the respondent public authority is only required to submit "a report" on what was done in the reported case (articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). Thus, it is not technically a litigation and accordingly, broad powers are granted to the Constitutional Chamber to guide the course of the amparo or habeas corpus process, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify what happened. Such a procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are not two opposing parties facing off so that what one gains the other loses, requires us to move away from the solutions that have been foreseen for these latter issues in procedural systems such as civil, contentious, or labor.

In what is of interest now, the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates in its article 46 and following, three specific aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, under the charge of the Chamber: a) the first aspect concerns the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers that the Court enjoys to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus processes, so that –in the event of a Chamber's verification of an injury– there exists a restoration of the enjoyment of such rights and, additionally, effective indemnification of the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the offending authorities, which are not only for the effective judicial protection of the claimant but also have a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave basis to the granting of the recourse, a topic regulated in article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

In this latter aspect, the Law in its article 51 orders the Chamber that "any resolution that upholds the recourse shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recourse…". This is the general system that regulates the issues of the indemnification field, for the cases that the majority identifies as the "natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…"; in such cases, among which the one now decided is included, the Chamber has verified the grievance and hence the necessity of a condemnation for costs, damages, and losses, which is supported by the aforementioned concept of effective protection of individuals' rights and the notion that the Administration must be held responsible for the damages and expenses caused by its unconstitutional actions. This conclusion is in no way altered by the fact that upon hearing and resolving the amparo, "the effects of the claimed act had ceased" (article 50), as such a case forms an integral part of the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses, it being understood that the process has ended normally and the violation has been verified.

Within this simple and clear general framework –and devoid of deficiencies or gaps– the provision of article 52 of the Law fits perfectly as an exceptional case, applicable only in cases where the Chamber has not heard, nor pronounced on, the merits of the claim, that is –as the majority states– in those situations of "abnormal termination of the process." But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with utmost precision by the legislator; first of all, the factual prerequisites for the application of this norm are clearly described, so that the Chamber must verify: 1) that the amparo is in progress; 2) that there exists an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that such resolution indisputably orders the revocation, the stoppage, or the suspension of the challenged action. These are highly circumscribed concepts, whose scope of application must also be interpreted restrictively, not only in consideration of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception indisputably generate a diminution in the fundamental right of individuals to achieve effective judicial protection against the damages received with the injury to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Court has confirmed all of the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses, and exercise –as judges– our legal discretion to decide whether the payment of such extremes is ordered or not.

In this case, the foregoing exercise obliges us to conclude the inapplicability of article 52 of the LJC, since, on one hand, the Court has pronounced on the merits of the matter, has recognized with its declaration an injury to fundamental rights, and determined who its author was; in no way does the foregoing resemble an "abnormal termination of the process." On the other hand, the requirements of the recently cited article 52 are not verified either, since there is no formally issued "administrative or judicial resolution" in which the act originating the violation of constitutional rights is expressly revoked, stopped, or suspended; For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of articles 50 and 51 of the LJC and to order –as a consequence of having verified the violation– the condemnation for damages, losses, and costs caused, as economic consequences of the process.

But even if we were to set aside the automatic condemnation for damages, losses, and costs, disregarding the previous reasonings, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an affectation on the exercise of the fundamental rights of the protected part, which, being a harmful action, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses –whose specific determination is not for the Chamber– and no merit whatsoever is appreciated in the file that convinces to exonerate the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided by law.

VII.- Partial dissenting vote of Magistrate [Name 010] Alvarado, solely in relation to the non-condemnation for costs, damages, and losses against the respondent party. While I agree with the rest of the Chamber in granting the recourse, I separate from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in article 52, provides that: " If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the recourse shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable." On the other hand, article 51 ibidem establishes that: " ...any resolution that upholds the recourse shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recourse, and the liquidation thereof shall be reserved for the execution of judgment." This latter norm establishes the general system that regulates matters relating to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…." In the majority's criterion, the cited article 51 regulates the cases in which the Chamber has verified the grievance; and, as a consequence, the necessity of a condemnation for costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned's opinion, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the recourse, as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it has knowledge of the amparo –a situation contemplated in the referenced article 52– by imperative of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the recourse. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not again incur in the actions that gave basis to the granting of the recourse, a topic regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has verified the grievance and has entered to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it had knowledge of the processing of the amparo, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved person (article 52), always, in any of those situations, the imperative necessity arises of a condemnation for costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of protection of individuals' rights and the principle that the Administration must be responsible for the damages and losses it causes with its unconstitutional actions.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and resolved to be granted, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of the provisions of articles 50 and 52 of the cited law, does not vitiate the appropriateness of the condemnation for costs, damages, and losses, because such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation for these extremes, which the Ley de la Jurisdicción Constitucional contains.

On the other hand, it is clear that the mentioned article 52 applies solely in cases where the Chamber, even when it has not heard, nor pronounced on, the merits of the claim, has verified the violation that the protected party has suffered to their fundamental rights, by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has agreed upon in their favor; a situation which, just as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal termination of the process." The legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution that gave course to the amparo; and 2) that there exists an administrative or judicial resolution that indisputably orders the revocation, stoppage, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the recourse, by providing that, in the cases regulated therein, the recourse shall be granted "solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable." As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is to say, it only is appropriate in the situations strictly contemplated by the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered with the injury to their constitutional rights.

In my criterion, such exception should be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, that condemnation is always appropriate, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly evident that in the specific case, no loss capable of being indemnified was caused. Only and solely in those cases could the respondent Administration be exempted from paying said extremes. As in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions –whose specific determination does not fall to this jurisdiction– the granting of this recourse must necessarily imply the condemnation for costs, damages, and losses, and I so declare.

VIII.- Partial dissenting vote of Magistrate Garro Vargas. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the recourse shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if applicable." My interpretation of that norm is the following: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if applicable" refers to costs. Moreover, article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, on the basis of article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, under article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo recourse is not of an indemnifying but a restitutive nature; however, article 51 of the LJC states: "Any resolution that upholds the recourse shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recourse, and the liquidation thereof shall be reserved for the execution of judgment." If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, the condemnation in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they did occur, there would be no title –derived from this process– to claim them, which could violate article 41 of the CP. If, despite the condemnation in the abstract having been issued, the damages and losses have not been caused, the ordinary court judge will so declare, as only to that judge does it fall to take as proven the real existence and magnitude of the same.

With the thesis defended by the majority, I estimate that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only upon the existence of an amparo recourse. It remains to be said that article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber condemn for costs, even when the right has been restored.

For the foregoing reasons, I partially dissent from the operative part and order the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs.

IX.- Documentation provided to the file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the chamber within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling.

Otherwise, any material not removed within this period shall be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted without special award of costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios) solely against the Instituto Mixto de Ayuda Social. Magistrate Hernández López partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs in accordance with articles 50 and 51 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Magistrate [Name 010] Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not the award of costs. In all other respects, the appeal is dismissed. The head of the Unidad Local de Desarrollo Social of Pérez Zeledón shall take note of what is stated in considerando IV. Notify.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. [Name 010] A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *84Y3HEKCLPY61*

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *200190360007CO* Res. Nº 2020021850 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de noviembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente n.º 20-019036-0007 CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002] , contra el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) y la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE).

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 16:34 horas de 15 de octubre de 2020, la recurrente formula recurso de amparo. Indica que pidió ayuda al IMAS porque la casa en la que vive se inunda y hay mucha humedad. Señala que lo anterior no solo deteriora la casa, sino que afecta la salud de su hijo [Nombre 007], quien es una persona con discapacidad, pues padece microcefalia, hidrocefalia, parálisis cerebral, retardo mental, entre otros. Menciona que el caso lo formuló ante la CNE y fue aprobado. Manifiesta que tiene fotos y videos que prueban la veracidad de la situación. Sostiene que la salud de su hijo se encuentra en riesgo. 2.- Mediante resolución de las 14:43 horas de 16 de octubre de 2020, la Presidencia de la Sala previno a la recurrente indicar la fecha en que formuló la gestión ante el IMAS y su resultado. 3.- Por correo electrónico sin firmar de las 15:22 horas de 18 de octubre de 2020, se indicó: “la fecha exacta que solicite la ayuda fue el 15 de mayo de 2020,y la trabajadora social que me atendió fue [Nombre 008] me indico que llevara el documento de LA COMICION (sic) NACIONAL DE EMERGENCIAS y/o que me dijeron fue que tenia (sic) que mantenerme a la espera mientras ellos valoraban o tomaban el caso ,también lleve facturas proformas y cotización del constructor .Reenvío correo que doña [Nombre 009] me envío como prueba”. 4.- Mediante resolución de las 10:14 horas de 22 de octubre de 2020, la Presidencia de la Sala tuvo por cumplida la prevención y dio curso al amparo. Asimismo, solicitó informe al coordinador de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón del IMAS, al presidente de la CNE y al coordinador del Comité Municipal de Emergencia de Pérez Zeledón, sobre los siguientes hechos: “ su casa de habitación se inunda constantemente, lo cual provoca que se acumule la humedad y afecte la salud de todos los miembros de la familia, en especial la de su hijo [Nombre 002], que es una persona con discapacidad. Añade que éste padece microcefalia, hidrocefalia, parálisis cerebral, retardo, entre otros. Alega que el 15 de mayo de 2020 solicitó ayuda ante el IMAS; sin embargo, la funcionaria que la atendió, [Nombre 008] , le indicó que presentara el documento de la CNE, y que quedaba en espera mientras se analizaba su caso. Agrega que ya presentó facturas proformas y la cotización del constructor. Según prueba aportada por la recurrente, mediante oficio de 07 de julio de 2020 OFI-0053-20-CMEPZ, el Comité Municipal de Emergencia de Pérez Zeledón refirió el caso al IMAS, indicando que mediante acta No. 0171-20-ACO-KUR se determinó que en la vivienda existe problema de filtración y erosión de talud del terreno. Asimismo, a través de correo electrónico de 18 de agosto de 2020, la recurrente gestionó nuevamente ante la funcionaria [Nombre 008] del IMAS, pero aún se le mantiene en espera. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso”. 5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:26 horas de 28 de octubre de 2020, rinde informe bajo juramento Eduardo Mora Castro, en su condición de jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la CNE. Expone aspectos generales en cuanto a la atención de emergencias y la competencia de las entidades involucradas. Expone, en relación con el caso concreto, lo siguiente: “(…) El artículo 25 de la ley 8488, indica que es responsabilidad del Estado costarricense prevenir los desastres; por ello, todas las instituciones estarán obligadas a considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastre e incluir las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que atienda a reducirlos. Es importante recalcar el deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento, y el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad, y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Asimismo, debe tenerse presente el Acuerdo N°0443 del 30 de noviembre del 2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria No.10-11, celebrada el día miércoles 09 de noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta N°230 del 30 de noviembre del 2011 en el cual se “Recomienda a los alcaldes y alcaldesas que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas”. En este punto, es necesario recordar que en virtud de que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local , y para el caso concreto, la Municipalidad de Perez Zeledón como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. Finalmente, una vez efectuada la consulta vía correo electrónico al señor Lidier Esquivel Valverde, Jefe de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, expresa que no consta la existencia de gestión alguna efectuada por la señora [Nombre 001], ante esa Unidad ”. Pide que se declare sin lugar el recurso. 6.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 13:39 horas de 29 de octubre de 2020, rinde informe bajo juramento Jeffry Gilberto Montoya Rodríguez, en su condición de alcalde de Pérez Zeledón y coordinador del Comité Municipal de Emergencias. Expone como antecedentes del caso lo siguiente: “PRIMERO: El 26 mayo del 2020, la oficina del Comité Municipal de Emergencias de Pérez Zeledón atendió de forma presencial a la Sra. [Nombre 001] , cedula [Valor 001] , vecina de Barrio Bostón, distrito San Isidro de El General, Pérez Zeledón, quien expone la situación que presenta en su casa de habitación, se le indica a la afectada la necesidad de realizar visita a la vivienda para conocer la situación real. SEGUNDO: Mediante correo electrónico con fecha 26 de mayo la Sra. [Nombre 001] manifiesta, “Por este medio me dirijo a usted con todo el respeto, para presentarle mi caso, vivo en barrio Boston 500 sur 25 oeste del salón comunal de barrio Boston, calle bromelia bajando 25, le comento, mi casa es un bono, la costruimos hace aproximada mente siete años, desde entonces ha presentado problemas de inundaciones debido a que el terreno esta (sic) a un nivel mas (sic) bajo, el día 22 de abril llame al 911 para que verificaran lo que estaba pasando al ser las 7 55 pm. el caso lo atendio (sic) el capitan (sic) carlos (sic) Vargas arroyo (sic) , quien puede dar veracidad de lo acontecido, mi casa estaba inundada y llena de barro ese día tome fotos y un video, y Mi (sic) preocupación es mi hijo con discapacidad y la salud de nosotros.solicito (sic) su ayuda de manera respetuosa para que valoren mi caso. TERCERO: En virtud de la situación dada a conocer por parte de la Sra. [Nombre 001], se procede a coordinar la inspección en el sitio, en coordinación con el departamento de Planificación Urbana, según el OFI-013-20-OGR, y mediante ACTA-0171-20-ACO-KUR se procede la inspección, en la que se evidencia e identifica existe afectación identificada en la vivienda CUARTO: Mediante el OFI-0053-20-CMEPZ, se procede a trasladar el caso al Instituto Mixto de Ayuda Social, para la revisión y valoración de ayuda por parte de dicha entidad, a quien corresponde analizar el caso”. Indica, en relación con los hechos, lo siguiente: “ El Comité Municipal de Emergencias de Pérez Zeledón atendió la solicitud realizada por la Sra. [Nombre 001], cedula [Valor 001] , vecina de Barrio Bostón, distrito San Isidro de El General, Pérez Zeledón. Se realizó la inspección en el sitio, según el ACTA-0171-20-ACO-KUR en la que se identifica la problemática que se presenta en la vivienda de la Sra. [Nombre 001], “ En el sitio se puede observar que existe una tapia de baldosas y un talud en la parte oeste de la finca el cual tiene un ángulo aproximado de 50 grados, con una altura que va desde 1 metro hasta 1.8 metro de alto. Se observa que dicho talud se ha ido erosionando por las aparentes aguas pluviales que se filtran por la tapia y esta aguas provocan la afectación de la vivienda”, así mismo se indica en la misma acta que la “erosión del terreno y esto podría provocar que la tapia colapse y provoque daños a la vivienda” Como corresponde al Comité Municipal de Emergencia, según el Artículo 21 inciso a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Comités Regionales, Municipales y Comunales de Emergencia, “Coordinar las acciones de prevención y la atención de emergencias, entre instituciones y demás formas de organización, estatal y no estatal, presentes en la región” se procede a coordinar con el Instituto Mixto de Ayuda Social para la atención y análisis del caso, y se valore la posibilidad de gestionar ayuda para solucionar la problemática de la familia, por lo que se traslada el caso mediante el documento OFI-0053-20-CMEPZ con fecha del 7 de julio del 2020. De todo lo antes señalado, puede ver su estimable autoridad como el Comité Municipal de Emergencias de Pérez Zeledón ha realizado, en este caso concreto todas acciones necesarias para gestionar solución a la problemática que presenta la Sra. [Nombre 001], se procedió a verificar la problemática, y se trasladó a la instancia correspondiente, razón por la cual, siendo que el Comité Municipal de Emergencias ha cumplido a cabalidad de conformidad a las funciones de dicho órgano, solicito con todo respeto se declare sin lugar el recurso interpuesto por la Sra. [Nombre 001]”. 7.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 13:39 horas de 29 de octubre de 2020, rinde informe bajo juramento Dilana Zúñiga Ureña, en su condición de la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón. Indica que, de acuerdo con el expediente administrativo [Valor 002], el 21 de mayo de 2020, esa unidad atendió a la familia. Señala que en la atención primaria se indica que la usuaria solicita apoyo para construcción de muro y se le orientó para entregar la documentación con respecto al beneficio de “Mejoramiento de Vivienda para Emergencia ” y continuar la tramitación correspondiente. Acota que el Comité Municipal de Emergencia de Pérez Zeledón, por oficio OFI-053-20-CMEPZ de 7 de julio de 2020, consignó: “se realizó visita domiciliar que consta en el acta N o 0171-20-ACO-KUR, que existe problemática de filtración y erosión de talud del terreno lo que en apariencia provoca la afectación de la vivienda”. Añade que no consta que la humedad se acumule y afecta la salud de los miembros. Refiere que, de acuerdo con la Ficha de Información Social y el dictamen médico de 15 de enero de 2020 que consta en el expediente administrativo, el tutelado presenta los problemas de salud indicado por la accionante. Afirma que, de acuerdo con el expediente administrativo y el Sistema Informático de Expediente Digital (SIED), no consta que la recurrente haya entregado las facturas proformas y la cotización del constructor. Aduce que en la atención brindada el 21 de mayo de 2020 por parte de la profesional en desarrollo sostenible únicamente se le orientó a la entrega del documento de la Comisión Nacional de Emergencias para dar inicio al trámite de valoración técnica. Expone: “Lleva razón la señora [Nombre 010], con relación al correo remitido en fecha 18 de agosto a la funcionarla [Nombre 008] como se evidencia en el folio 000171 y en la documentación aportada por la señora [Nombre 010] como prueba ante la Sala, que por un error material e involuntario, la funcionarla respondió el correo a la recurrente, en lugar de reenviarlo a la funcionarla encargada de dar trámite. Sin embargo, cabe indicar que no hay evidencia que la señora [Nombre 010] haya manifestado que el correo electrónico le fue enviado a ella, por lo cual la funcionarla [Nombre 011] dio por realizado el trámite de traslado, a la profesional correspondiente. Tampoco, consta que se adjunte por parte de la recurrente la documentación correspondiente para iniciar la tramitación del Beneficio Mejoramiento De Vivienda Para Emergencia”. Explica que, de acuerdo con el “Reglamento de Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios” y el “ Manual de Procedimientos para la Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios vigentes”, para el análisis y valoración del beneficio de “Mejoramiento de Vivienda por Emergencia ”, se requiere la visita de una persona técnica en infraestructura comunal, quién determina la viabilidad técnica del caso y elabora un Informe Técnico Preliminar de Vivienda para atención de emergencias donde recomienda las obras a realizar. Manifiesta que el 21 de mayo de 2020 se le explicó a la tutelada que debía cumplir con el artículo 91 del reglamento: “ Artículo 91: Requisitos del beneficio de Mejoramiento de Vivienda para Atención de emergencias: Las personas, hogares o familias que deseen recibir este beneficio deberán presentar los siguientes documentos: a. Listado de personas damnificadas, emitida por la Comisión Nacional o Local de Emergencias o la entidad competente, donde la persona solicitante se encuentre incluida. b. Permiso de construcción o documento que indique que no lo necesite, emitido por la Municipalidad respectiva. En el caso de viviendas ubicadas en reservas indígenas, no se requiere de este permiso, sin embargo la persona, familia u hogar deberá suscribir una póliza de riesgos del trabajo. c. Croquis, cuando así se requiera según criterio de la persona Supervisora de Obras o persona profesional afín que presente sus servicios por convenio (aportado por el supervisor o profesional afín que presente sus servicios por convenio). d. Factura proforma donde se detallen los bienes y servicios que se van a adquirir, a nombre de la persona beneficiaria. e. Oferta de mano de obra por un monto no mayor al monto de los materiales que además indique la persona responsable de la obra en caso de no requerirse el apoyo de mano de obra, la persona beneficiaría aportará nota indicando cómo suplirá dicho requerimiento. f. Lista de materiales elaborado por persona competente. g. Copia de constancia de adjudicación o derecho de posesión del inmueble, el cuál puede ser copia de! contrato privado de compra o donación del derecho de posesión, o documento notarial de fecha cierta a partir del cual inicia ese derecho de posesión, cuando corresponda. Para zonas indígenas, nota del representante de ¡a Asociación de Desarrollo Integral local, Asociación de Desarrollo Específico local o de la Consejo Nacional Indígena (CONAI), en la que se indique que la familia vive en la reserva Indígena”. Menciona que, en términos generales, las etapas para la atención, valoración y el otorgamiento del beneficio son las siguientes: “• Atención a la familia y valoración social para determinar si la familia califica para optar por el beneficio. • Valoración preliminar del Informe Registral para determinar procedencia o no de continuar con el trámite del beneficio. • Valoración técnica del inmueble por parte de Persona Profesional del Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal. • Solicitud y recepción de requisitos establecidos en el Reglamento para la conformación del expediente administrativo • Recepción de requisitos, elaboración del expediente administrativo. Profesional en Desarrollo Social/Cogestor Social • Revisión de los requisitos específicos y elaboración el “Informe Técnico Definitivo de Mejoramiento de Vivienda para atención de emergencias por parte de de Persona Profesional del Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal. • Aprobación del beneficio por parte del Profesional en Desarrollo Social/Cogestor Social”. Manifiesta que de tales requisitos solo consta el oficio de la CNE. Añade que, pese a lo anterior, con la intención de darle atención al caso, el 28 de octubre de 2020, el profesional de obra civil efectuó una visita y determinó que era técnicamente viable la construcción del muro de construcción solicitado por la usuaria, por lo cual elaboró y remitió a la ULDS el “Informe Técnico Preliminar de Vivienda para atención de emergencias ” donde recomienda las obras a realizar. Manifiesta que el 29 de octubre de 2020 se atendió a la recurrente y se le explicaron los requisitos que faltan por aportar para darle el beneficio. Aduce, en cuanto al fondo, lo siguiente: “ La Ley de la Jurisdicción Constitucional concede el Recurso de Amparo, para garantizar que los ciudadanos gocen de sus derechos fundamentales, y en este sentido los beneficios que otorga el Instituto Mixto de Ayuda Social responden a una condición demostrada por la persona solicitante, así como a una “temporalidad determinada” por norma o por criterio social profesional y a la normativa que regula su ejecución, resultando absolutamente legal y apegado al ordenamiento jurídico que un beneficio se brinde a quien tenga necesidad y califique según los parámetros establecidos por un período definido, previa presentación de requisitos para el beneficio solicitado, en apego a la normativa institucional vigente. Según la normativa institucional, específicamente el Reglamento de Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios y el Manual de Procedimientos para la Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios vigentes, el beneficio de Mejoramiento de Vivienda para Emergencia conlleva una serie de requisitos que se deben de cumplir en etapas, por lo que el otorgamiento de este no se realiza de forma inmediata, sino cumpliendo con cada uno de los puntos establecidos, razón por la cual se evidencia que la Unidad Local ha actuado de forma diligente y generó los actos administrativos necesarios para el otorgamiento de este, y estará llevando a cabo todos los actos pertinentes en los próximos días con el fin de solventar la situación que vive la recurrente en su casa de habitación. En este momento la solicitud de la señora [Nombre 010] se encuentra en espera de la entrega de requisitos para la elaboración del expediente administrativo”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia n.o 2008-02545 de las 8 horas 55 minutos del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues se está ante la presunta mora del IMAS en resolver -dentro de un plazo razonable- la gestión planteada por la recurrente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- Objeto del recurso. La accionante indica que pidió ayuda al IMAS porque la casa en la que vive se inunda y hay mucha humedad. Señala que lo anterior no solo deteriora la casa, sino que afecta la salud de su hijo [Nombre 007], quien es una persona con discapacidad, pues padece microcefalia, hidrocefalia, parálisis cerebral, retardo mental, entre otros. Afirma que la trabajadora social que la atendió de nombre [Nombre 009 011] le pidió un documento de la CNE. Refiere que le dijeron que tenía que mantenerse en espera. Aduce que también llevó facturas proformas y la cotización de constructor. III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: El tutelado, de acuerdo con la Ficha de Información Social del IMAS y el dictamen médico de 15 de enero de 2020 que consta en el expediente administrativo, padece microcefalia, hidrocefalia, parálisis cerebral y retardo mental. (Informe rendido bajo juramento por la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón). El 21 de mayo de 2020, la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón atendió a la recurrente y, en esa oportunidad, ella solicitó apoyo para la construcción de un muro. (Informe rendido bajo juramento por la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón). El 21 de mayo de 2020, la profesional en desarrollo sostenible únicamente se le orientó únicamente a la entrega del documento de la CNE para dar inicio al trámite de valoración técnica. (Informe rendido bajo juramento por la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón). Las etapas para la atención, valoración y el otorgamiento del beneficio por parte del IMAS son las siguientes: “• Atención a la familia y valoración social para determinar si la familia califica para optar por el beneficio. • Valoración preliminar del Informe Registral para determinar procedencia o no de continuar con el trámite del beneficio. • Valoración técnica del inmueble por parte de Persona Profesional del Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal. • Solicitud y recepción de requisitos establecidos en el Reglamento para la conformación del expediente administrativo • Recepción de requisitos, elaboración del expediente administrativo. Profesional en Desarrollo Social/Cogestor Social • Revisión de los requisitos específicos y elaboración el “Informe Técnico Definitivo de Mejoramiento de Vivienda para atención de emergencias por parte de de Persona Profesional del Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal. • Aprobación del beneficio por parte del Profesional en Desarrollo Social/Cogestor Social”. (Informe rendido bajo juramento por la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón). El 7 de julio de 2020, el Departamento de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias de la Municipalidad de Pérez Zeledón remitió a la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón el oficio OFI-053-20-CMEPZ. (Prueba aportada por el IMAS y por el Comité Local de Emergencias). El oficio OFI-053-20-CMEPZ de 7 de julio de 2020 del Comité Municipal de Emergencia de Pérez Zeledón, que consta en el expediente administrativo del IMAS, consignó en relación con el caso de la tutelada: “Se recibió solicitud de la Sra. [Nombre 001] cedula identidad 1-1195-0735, vecina de Barrio Boston, distrito San Isidro, Indica la interesada que tiene problemas en la vivienda, ya que la misma cada vez que llueve se inunda o ingresa agua y tierra. En atención a la misma se realizó la visita al lugar según consta en el ACTA- No -0171-20-ACO-KUR, según dicho documento existe problemática de filtración y erosión de talud del terreno lo que en apariencia provocan la afectación a la vivienda. En razón de que es un caso probable para ser atendido por el Instituto Mixto de Ayuda Social, se hace traslado del mismo a fin de que se realice el estudio para valorar la posibilidad de ayuda a la familia, misma que se cuenta con un Joven con capacidades diferenciadas”. (Prueba aportada por el IMAS y el Comité Municipal de Emergencia). El 7 de julio de 2020, la accionante envió un correo electrónico a la funcionaria del IMAS [Nombre 009] Corrales, en el que manifestó que adjuntaba el documento de la CNE que le había sido solicitado. (Prueba aportada por el IMAS). El 12 de julio de 2020, la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón le solicitó a [Nombre 009] Corrales, profesional en desarrollo de esa dependencia, la atención primaria del caso e instruyó que, en caso de cumplir con el perfil, fuera trasladado a otra funcionaria para continuar la gestión. (Prueba aportada por el IMAS). El 18 de agosto de 2020, la recurrente envió un correo a [Nombre 009] Corrales, profesional en desarrollo de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón, en la que indicó: “Buenas tardes: le saludo con respeto y a la vez pido ayuda al instituto mixto de ayuda social (sic) para que mi caso sea tomado en cuenta lo antes posible, mi casa se inunda costantemente (sic), el caso yo lo presente (sic) a la comicion (sic) de emergencias y fue aprobado como tal, esta situacion (sic) es de todos los días mi casa pasa con mucha humedad afectando la salud de nosotros principalmente la de mi hijo con discapacidad, quedo a disposición para la respectiva valoracion (sic) . muchas gracias”. (Prueba aportada por la recurrente y por el IMAS). El 18 de agosto de 2020, la funcionaria del IMAS [Nombre 009 011] le contestó a la recurrente: “Buenas tardes ... compañera le estoy reenviando información de la señora Magali [Nombre 010], que en un momento se atendió y usted me indico (sic) que le solicitara el documento de la comisión de emergencia, que procede en este caso?. Con instrucciones de la jefatura se traslada información”. (Prueba aportada por la recurrente y por el IMAS). El 18 de agosto de 2020, la funcionaria del IMAS [Nombre 009 011] por error solo le respondió el correo a la recurrente en lugar de reenviarlo a la funcionara encargada para su trámite. (Informe rendido bajo juramento por la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón). En el expediente el expediente administrativo del IMAS y el Sistema Informático de Expediente Digital no consta que la recurrente haya entregado las facturas proformas y la cotización del constructor, sino únicamente el oficio de la CNE. (Informe rendido bajo juramento por la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón). El 27 de octubre de 2020, la Unidad Local de Desarrollo Social del Pérez Zeledón fue notificada del curso de este amparo. (Acta de notificación). El 28 de octubre de 2020 se emitió el “ Informe Técnico Preliminar de Vivienda para atención de emergencias”, en el que un profesional de obra civil determinó que era técnicamente viable la construcción del muro de construcción solicitado por la usuaria. (Informe rendido bajo juramento por la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón). El 28 de octubre de 2020, la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón le comunicó a la recurrente que se le había asignado una cita para el día siguiente. (Prueba aportada por el IMAS). El 29 de octubre de 2020, la accionante fue atendida en la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón y en las observaciones escritas se consignó: “Familia solicitante del Beneficio Mejoramiento de Vivienda por Emergencia cuenta con visita del profesional inspector de obras. Se orienta con los requisitos a presentar para el trámite del beneficio solicitado. Se entrega documento, boleta informativa requisitos de mejoramiento de vivienda”. (Prueba aportada por el IMAS). El 29 de octubre de 2020, la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón le entregó a la recurrente una la lista de requisitos que debía completar para obtener el beneficio de “Mejoramiento de Vivienda por Emergencia” en relación con el muro de retención, entre ellos: permiso de construcción o aval de la municipalidad, plano firmado por un profesional responsable, lista de materiales de construcción o presupuesto elaborado por un maestro de obras o profesional, nota con la oferta del costo de la mano de obra en caso de que no cuente con el recurso, nota del solicitante con su compromiso de aportar el dinero para la mano de obra y facturas proforma de ferretería o depósito de materiales. (Prueba aportada por el IMAS). IV.-Sobre el caso concreto. En el sub examine, la accionante indica que pidió ayuda al IMAS porque la casa en la que vive se inunda y hay mucha humedad. Señala que lo anterior no solo deteriora la casa, sino que afecta la salud de su hijo [Nombre 007], quien es una persona con discapacidad, pues padece microcefalia, hidrocefalia, parálisis cerebral, retardo mental, entre otros. Afirma que la trabajadora social que la atendió de nombre [Nombre 009 011] le pidió un documento de la CNE. Refiere que le dijeron que tenía que mantenerse en espera. Aduce que también llevó facturas proformas y la cotización de constructor. Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que el tutelado, de acuerdo con la Ficha de Información Social del IMAS y el dictamen médico de 15 de enero de 2020 que consta en el expediente administrativo, padece microcefalia, hidrocefalia, parálisis cerebral y retardo mental. El 21 de mayo de 2020, la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón atendió a la recurrente y, en esa oportunidad, ella solicitó apoyo para la construcción de un muro. El 21 de mayo de 2020, la profesional en desarrollo sostenible únicamente se le orientó únicamente a la entrega del documento de la CNE para dar inicio al trámite de valoración técnica. Las etapas para la atención, valoración y el otorgamiento del beneficio por parte del IMAS son las siguientes: “• Atención a la familia y valoración social para determinar si la familia califica para optar por el beneficio. • Valoración preliminar del Informe Registral para determinar procedencia o no de continuar con el trámite del beneficio. • Valoración técnica del inmueble por parte de Persona Profesional del Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal. • Solicitud y recepción de requisitos establecidos en el Reglamento para la conformación del expediente administrativo • Recepción de requisitos, elaboración del expediente administrativo. Profesional en Desarrollo Social/Cogestor Social • Revisión de los requisitos específicos y elaboración el “Informe Técnico Definitivo de Mejoramiento de Vivienda para atención de emergencias por parte de de Persona Profesional del Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal. • Aprobación del beneficio por parte del Profesional en Desarrollo Social/Cogestor Social”. El 7 de julio de 2020, el Departamento de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias de la Municipalidad de Pérez Zeledón remitió a la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón el oficio OFI-053-20-CMEPZ. El oficio OFI-053-20-CMEPZ de 7 de julio de 2020 del Comité Municipal de Emergencia de Pérez Zeledón, que consta en el expediente administrativo del IMAS, consignó en relación con el caso de la tutelada: “Se recibió solicitud de la Sra. [Nombre 001] cedula identidad 1-1195-0735, vecina de Barrio Boston, distrito San Isidro, Indica la interesada que tiene problemas en la vivienda, ya que la misma cada vez que llueve se inunda o ingresa agua y tierra. En atención a la misma se realizó la visita al lugar según consta en el ACTA- No-0171-20-ACO-KUR, según dicho documento existe problemática de filtración y erosión de talud del terreno lo que en apariencia provocan la afectación a la vivienda. En razón de que es un caso probable para ser atendido por el Instituto Mixto de Ayuda Social, se hace traslado del mismo a fin de que se realice el estudio para valorar la posibilidad de ayuda a la familia, misma que se cuenta con un Joven con capacidades diferenciadas”. El 7 de julio de 2020, la accionante envió un correo electrónico a la funcionaria del IMAS [Nombre 009] Corrales, en el que manifestó que adjuntaba el documento de la CNE que le había sido solicitado. El 12 de julio de 2020, la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón le solicitó a [Nombre 009] Corrales, profesional en desarrollo de esa dependencia, la atención primaria del caso e instruyó que, en caso de cumplir con el perfil, fuera trasladado a otra funcionaria para continuar la gestión. El 18 de agosto de 2020, la recurrente envió un correo a [Nombre 009] Corrales, profesional en desarrollo de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón, en la que indicó: “ Buenas tardes: le saludo con respeto y a la vez pido ayuda al instituto mixto de ayuda social (sic) para que mi caso sea tomado en cuenta lo antes posible, mi casa se inunda costantemente (sic) , el caso yo lo presente (sic) a la comicion (sic) de emergencias y fue aprobado como tal, esta situacion (sic) es de todos los días mi casa pasa con mucha humedad afectando la salud de nosotros principalmente la de mi hijo con discapacidad, quedo a disposición para la respectiva valoracion (sic) . muchas gracias”. El 18 de agosto de 2020, la funcionaria del IMAS [Nombre 009 011] le contestó a la recurrente: “Buenas tardes ... compañera le estoy reenviando información de la señora Magali [Nombre 010] , que en un momento se atendió y usted me indico (sic) que le solicitara el documento de la comisión de emergencia, que procede en este caso?. Con instrucciones de la jefatura se traslada información”. El 18 de agosto de 2020, la funcionaria del IMAS [Nombre 009 011] por error solo le respondió el correo a la recurrente en lugar de reenviarlo a la funcionara encargada para su trámite. En el expediente el expediente administrativo del IMAS y el Sistema Informático de Expediente Digital no consta que la recurrente haya entregado las facturas proformas y la cotización del constructor, sino únicamente el oficio de la CNE. El 27 de octubre de 2020, la Unidad Local de Desarrollo Social del Pérez Zeledón fue notificada del curso de este amparo. El 28 de octubre de 2020 se emitió el “ Informe Técnico Preliminar de Vivienda para atención de emergencias”, en el que un profesional de obra civil determinó que era técnicamente viable la construcción del muro de construcción solicitado por la usuaria. El 28 de octubre de 2020, la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón le comunicó a la recurrente que se le había asignado una cita para el día siguiente. El 29 de octubre de 2020, la accionante fue atendida en la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón y en las observaciones escritas se consignó: “ Familia solicitante del Beneficio Mejoramiento de Vivienda por Emergencia cuenta con visita del profesional inspector de obras. Se orienta con los requisitos a presentar para el trámite del beneficio solicitado. Se entrega documento, boleta informativa requisitos de mejoramiento de vivienda”. El 29 de octubre de 2020, la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón le entregó a la recurrente una la lista de requisitos que debía completar para obtener el beneficio de “Mejoramiento de Vivienda por Emergencia ” en relación con el muro de retención, entre ellos: permiso de construcción o aval de la municipalidad, plano firmado por un profesional responsable, lista de materiales de construcción o presupuesto elaborado por un maestro de obras o profesional, nota con la oferta del costo de la mano de obra en caso de que no cuente con el recurso, nota del solicitante con su compromiso de aportar el dinero para la mano de obra y facturas proforma de ferretería o depósito de materiales Desde este panorama, procede declarar con lugar el recurso únicamente en contra del IMAS. Al respecto, no fue sino hasta después de la notificación del curso de ese proceso, que las autoridades de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón, reanudaron el trámite de la solicitud de la recurrente, inspeccionaron el inmueble y le comunicaron por escrito la lista de los requisitos adicionales que debía aportar. Lo anterior tiene relevancia, toda vez que la accionante aportó desde el 7 de julio de 2020 el documento de la CNE que le fue solicitado y, pese a ello, más de tres meses después, el IMAS aún no le había comunicado que debía entregar otros documentos. En ese sentido, incluso tal autoridad reconoció que por un error no se había continuado tramitando la gestión de marras. Por las consideraciones expuestas, como la inacción administrativa cesó durante la tramitación de este amparo, lo que procede es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, en los términos del numeral 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora, sin perjuicio de lo anterior y como el beneficio aún está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, tome nota la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón para que se continúe con la tramitación célere de la solicitud y, en el momento en que la recurrente entregue toda la documentación que le fue pedida, se resuelva lo que corresponda dentro de un plazo razonable que no podrá exceder un mes. Finalmente, no se observa que la recurrente haya reclamado alguna transgresión al Derecho de la Constitución por parte de la CNE o del comité municipal de emergencias, por lo que a priori se declara sin lugar el recurso en su contra. V.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. VI.- Voto salvado de la Magistrada Hernández López, sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria. La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y habeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos. Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de habeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral. En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional. En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación. Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso” . Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no. En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso. Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales de la parte amparada, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley. VII.- Voto salvado parcial del magistrado [Nombre 010] Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: “ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: “ ...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro. VIII.- Voto salvado parcial de la Magistrada Garro Vargas. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso- Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. IX.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios solo en contra del Instituto Mixto de Ayuda Social. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado [Nombre 010] Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Tome nota la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Pérez Zeledón de lo consignado en el considerando IV. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. [Nombre 010] A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia Salas T. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *84Y3HEKCLPY61*

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