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Res. 20887-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/10/2020
OutcomeResultado
The amparo is denied because the Ministry of Health acted diligently in addressing the noise pollution complaints, without incurring an illegitimate omission, and the Chamber cannot review technical decisions.Se declara sin lugar el recurso de amparo porque el Ministerio de Salud actuó con diligencia en la atención de las denuncias por contaminación sónica, sin incurrir en omisión ilegítima, y la Sala no puede revisar decisiones técnicas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denied an amparo filed by a resident of Mora against the Ministry of Health for alleged failure to address complaints about noise and odors from a neighboring carpentry workshop. The petitioner claimed that her family's health had been affected since 2018 and that the Ministry had not conducted effective sound measurements because the workshop owner turned off the machines upon noticing inspectors. The Chamber found that the Ministry had carried out multiple actions: inspections, sanitary orders, noise measurements (including one in 2018 that did not exceed legal limits), and subsequent measurement attempts. It held that there was no illegitimate omission or unreasonable delay, as the difficulties in performing the measurements were due to factors beyond the Ministry's control (machines off, rain, the petitioner's refusal on one occasion, sonometer calibration). It reiterated that the Chamber cannot review technical decisions or substitute the administration. Regarding facts already adjudicated in ruling 2019-22585, the Chamber ordered adherence to that prior decision of inadmissibility.La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto por una vecina de Mora contra el Ministerio de Salud, por supuesta omisión en la atención de denuncias por ruido y olores provenientes de un taller de ebanistería. La recurrente alegaba afectación a su salud y la de su familia desde 2018, y que el Ministerio no había realizado mediciones sónicas efectivas porque el propietario del taller apagaba las máquinas al notar la presencia de inspectores. La Sala constató que el Ministerio sí realizó múltiples diligencias: inspecciones, órdenes sanitarias, mediciones sónicas (incluyendo una en 2018 que no superó los límites legales), e intentos posteriores de medición. Determinó que no existió omisión ilegítima ni retraso irrazonable, pues las dificultades para la medición se debieron a factores ajenos al Ministerio (máquinas apagadas, lluvia, negativa de la recurrente en una ocasión, calibración del sonómetro). Reiteró que la Sala no puede revisar decisiones técnicas ni sustituir a la administración. Respecto a hechos ya juzgados en sentencia 2019-22585, ordenó estarse a lo resuelto (inadmisibilidad previa).
Key excerptExtracto clave
IV.- On the specific case. In the matter at hand, the petitioner claims that the situation of noise and lacquer odor pollution from a neighboring workshop has not been properly addressed. After analyzing the record, the Chamber notes that the petitioner's case was partially known through ruling No. 2019-22585 at 10:45 a.m. on December 20, 2019, which decided: … The Chamber deduces two consequences from this precedent. On the one hand, it was established that this is not a jurisdiction that hears appeals on technical decisions made by the Ministry of Health. On the other, the situations occurring up to that point have already been known and resolved by this jurisdiction, so the petitioner must abide by what was decided on that occasion. … With respect to subsequent facts, this Tribunal observes that … the respondent Ministry has attempted to diligently address the petitioner's request. However, she is dissatisfied because the problem she alleges has not been verified. She even claims—without any evidence—that this impossibility has been caused by the inspectors, when the record shows the opposite, for example, when it is verified that the inspectors were not in uniform and used a private vehicle so as not to draw attention during the inspection of August 14, 2020. … In light of the foregoing, the appeal is denied.IV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la accionante reclama que no se ha atendido debidamente la situación de contaminación sónica y por olor a laca proveniente de un taller vecino. Tras analizar los autos, la Sala observa que el caso de la tutelada fue parcialmente conocido mediante la sentencia n.° 2019-22585 de las 10:45 horas del 20 de diciembre de 2019, cuando se resolvió: … La Sala deduce de este precedente dos consecuencias. Por un lado, se estableció que esta no es una jurisdicción que conozca en alzada sobre las decisiones técnicas tomadas por el Ministerio de Salud. Por otro, las situaciones acaecidas hasta ese momento ya han sido conocidas y resueltas por esta jurisdicción, por lo que deberá estarse la recurrente a lo resuelto en esa oportunidad. … Con respecto a los hechos posteriores, este Tribunal observa que … el Ministerio accionado ha procurado atender diligentemente la gestión de la amparada. Empero, ella se encuentra disconforme porque no se ha logrado verificar el problema que acusa. Incluso, ella manifiesta –sin prueba alguna- que tal imposibilidad ha sido propiciada por los inspectores, cuando de los autos se extrae lo contrario, por ejemplo, cuando se verifica que los inspectores no fueron uniformados y utilizaron un vehículo particular para no llamar la atención durante la inspección del 14 de agosto de 2020. … En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"se estableció que esta no es una jurisdicción que conozca en alzada sobre las decisiones técnicas tomadas por el Ministerio de Salud."
"it was established that this is not a jurisdiction that hears appeals on technical decisions made by the Ministry of Health."
Considerando IV
"se estableció que esta no es una jurisdicción que conozca en alzada sobre las decisiones técnicas tomadas por el Ministerio de Salud."
Considerando IV
"La Sala destaca que la parte recurrida se encuentra dispuesta ha efectuar futuras inspecciones para acudir al lugar en el momento que la accionante indique que se da el problema (como ocurrió el 14 de agosto de 2020), sin que se pueda considerar que existiera una omisión ilegítima de su parte por el hecho de enviar a calibrar el sonómetro del 4 al 22 de setiembre de 2020, dado que tal calibración es necesaria a efectos de validar la medición que se efectuare."
"The Chamber emphasizes that the respondent is willing to carry out future inspections to go to the location when the petitioner indicates the problem is occurring (as happened on August 14, 2020), and it cannot be considered that there was an illegitimate omission on its part due to sending the sonometer for calibration from September 4 to September 22, 2020, since such calibration is necessary to validate any measurement taken."
Considerando IV
"La Sala destaca que la parte recurrida se encuentra dispuesta ha efectuar futuras inspecciones para acudir al lugar en el momento que la accionante indique que se da el problema (como ocurrió el 14 de agosto de 2020), sin que se pueda considerar que existiera una omisión ilegítima de su parte por el hecho de enviar a calibrar el sonómetro del 4 al 22 de setiembre de 2020, dado que tal calibración es necesaria a efectos de validar la medición que se efectuare."
Considerando IV
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)"
"In environmental matters, it is the undersigned's view that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the administrative contentious jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)"
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: October 30, 2020, at 09:20 Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER *200169190007CO* Res. No. 2020020887 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty on the morning of October thirtieth, two thousand twenty.
An amparo (recurso de amparo) proceeding being processed in expediente no. 20-016919-0007-CO, filed by KATTIA YESENIA MORA CALVO, identity card 0900860637, against the MINISTRY OF HEALTH (MINISTERIO DE SALUD).
Resulting (Resultando):
1.- By means of a document received in the Chamber on September 16, 2020, the petitioner files an amparo (recurso de amparo). She states that she lives in Mora, Colón. She adds that her neighborhood consists of 15 homes and is located on a dead-end street. She explains that a neighbor rents a large shed (galerón) to Mr. Luis Castro, who is the owner of a woodworking shop (taller de ebanistería), called Maderas Castro. She alleges that this shop operates Monday through Saturday, from 7:30 a.m. to 6:00 p.m., which is why a lot of noise is constantly heard. She adds that since the shop is located to the south of her house, both the noise from the machines and the smell of chemicals used on the wood directly impact her home, a situation that affects her mother, who is an older adult, and her 12-year-old son. She details that, due to the situation described, they suffer from stress, high blood pressure, sleep loss, ear injuries, severe headaches, among other ailments. She emphasizes that she began reporting this situation to the Ministry of Health (Ministerio de Salud) in July 2018, but the problem has not yet been resolved. She points out that on July 31, 2020, she filed a new complaint with the Ministry of Health (Ministerio de Salud) in Mora, and that the Environmental Manager (Gestora Ambiental), Adriana Flores Calvo, has been following up; however, it has still not been possible to take actual noise measurements because when the officials show up at her house, the shop owner finds out and turns off all the machines. She adds that this situation occurred on August 14 and 20, when Mrs. Adriana Flores Calvo and Mr. Maykol Ávalos Rodríguez came to her home for the purpose of measuring the noise. She notes that on August 20, 2020, she was informed that the sound level meter (sonómetro) would be sent for maintenance, so measurements would be suspended. For the foregoing reasons, she comes to the Chamber seeking protection of her fundamental rights and requests that the amparo (recurso) be granted.
2.- By resolution at 8:46 a.m. on September 24, 2020, the amparo was admitted.
3.- Luz Cuadra Morales and Adriana Flores Calvo, in their capacity as Director of the Mora Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Mora) and Environmental Manager (Gestora Ambiental), respectively, report under oath that on November 2, 2017, a complaint was filed regarding noise and sawdust from the Maderas Castro Woodworking Shop (Taller de Ebanistería Maderas Castro) (complaint 181-2017). They indicate that on November 23, 2017, an official appeared at that shop, where a series of physical-sanitary deficiencies were found, the remedy of which was required by sanitary order (orden sanitaria). At that time, no disturbing noises or activities that could generate dust were verified. However, a change of the screen (cedazo) on the walls and windows was requested to mitigate the potential escape of dust. That report specified that the way to determine if the noise exceeded legal limits was by means of sonic measurement (medición sónica). On November 28, 2017, after the inspection, the complainant was informed by email that what was reported could not be verified. Warnings were given to the complainant regarding the schedule. However, no response was received. On January 16, 2018, they returned to the shop to verify compliance. That day, compliance with all the points requested in sanitary orders (órdenes sanitarias) No. CS-ARS-MP159-2017 and CS-ARS-MP-160-2017 was verified. They relate that on May 18, 2018, the area director personally assisted the petitioner. It was agreed that she would be informed by email on which days the inspector would be in the office so that she could immediately come to carry out the sonic measurement (medición sónica) if there was noise. They note that, over the months, there were several emails, indicating the availability dates to schedule the measurement, according to the schedule the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) had for attending to other matters. It was not possible because on the available days there was no noise. They highlight that, in the email dated June 7, 2018, the complainant stated that the shop had been closed, so there was no noise. On September 24, 2018, the complainant again complained about the noise and requested that she be provided with the days the inspector was available to retake the sonic measurement (medición sónica). That day, a new sonic measurement was scheduled for October 5, 2018. However, on that day, the machines were not turned on either. On October 10, 2018, and October 19, 2018, the petitioner stated by email that there was noise at that time, but the inspector in charge of performing the sonic measurements (mediciones sónicas) was not available. Then, tentative visits were scheduled for November 7 and 9, 2018, and finally, on November 9, 2018, the machines were turned on to go and perform the sonic measurement (medición sónica). Once at the complainant's property, they were able to perform the sonic measurement (medición sónica). Two measurements were taken from the living room of the house, one with the noise source turned on and another with the noise source turned off. For the second measurement, they went to the shop to request that all machinery be turned off. According to official communication of sonic measurement (oficio de medición sónica) No. CS-ARS-MP-REG-424-2018, it was concluded that the noise generated by the machinery when turned on did not exceed the decibels established in current legislation. On December 3, 2018, a copy of the report was delivered to the complainant, and the case was closed. On April 27, 2020, a note was received from the Mora Council (Concejo de Mora) (No. OSCM-73-2020), forwarding the complaint for noise pollution (contaminación sónica) from the Maderas Castro Workshop (Taller Maderas Castro), filed by the petitioner. On May 7, 2020, the complainant was asked to indicate the time she wished for the sonic measurement (medición sónica) to be made. They emphasize that no response was obtained. On July 31, 2020, the Client Services Directorate of the Central Level of the Ministry of Health (Dirección de Atención al Cliente del Nivel Central del Ministerio de Salud) forwarded a complaint from the protected party for attention due to noise pollution (contaminación sónica). On August 3, 2020, she was informed by email that, once she and her family completed their quarantine for testing positive for covid-19, the sonic measurement (medición sónica) would be performed. On August 14, 2020, the complainant sent an email saying the machines were turned on. They relate that they quickly appeared at the location to perform the sonic measurement (medición sónica). However, upon arriving at the complainant's home, she did not want the measurement to be carried out, claiming the noise was not loud enough. Furthermore, at one point, it started to rain, and the machines were not being used constantly but were being turned on and off. They mention that this visit was unscheduled, so the inspectors were not in uniform and went in a private vehicle so as not to draw attention. That same day, another visit was scheduled for August 20, 2020. On the indicated day, they returned to the complainant's home, but the measurement was also not taken as the machines were being turned on and off, so there was no continuous noise. That day, the complainant was informed that the calibration of the sound level meter and calibrator expired on August 21, 2020, so measurements could not be made until it was calibrated; this was also communicated to her via email dated August 28, 2020. They note that a measurement taken with uncalibrated equipment would be invalid. They relate that the sound level meter (sonómetro) was taken to be calibrated on September 4, 2020, and returned on September 22, 2020. Since the service is pending payment, the calibration certificate has not been issued. Therefore, a measurement cannot yet be performed. As soon as it is available, the visit will be scheduled. They consider that the Health Governing Area (Área Rectora) has done everything possible to address the complainant's request. They believe they have proceeded within the legal framework of their competencies. They transcribe the relevant regulations. They reiterate that the measurement taken did not exceed the permitted limits. They note that the actions have been addressed. They request that the amparo (recurso) be dismissed.
4.- In the proceedings followed, the applicable legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Monge Pizarro; and, Considering (Considerando):
I.- Prior clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment number 2008-02545 at 08:55 on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is debated whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (articles 261 and 325) or sector-specific laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in the sub lite, an exception is raised, as this involves an environmental complaint. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
II.- Object of the amparo (recurso). The petitioner accuses that she has reported a neighboring shop for noise pollution (contaminación sónica) and lacquer odor since 2018. On July 31, 2020, she filed a new complaint. However, it has not yet been possible to take actual noise measurements, given that when officials show up at her house, the shop owner turns off the machines. Afterwards, the sound level meter (sonómetro) was sent for maintenance.
III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent omitted to refer to them, according to what was set forth in the initial order:
IV.- On the specific case. In the sub examine, the petitioner complains that the situation of noise pollution (contaminación sónica) and lacquer odor coming from a neighboring shop has not been properly addressed. After analyzing the case file, the Chamber observes that the protected party's case was partially examined in judgment No. 2019-22585 at 10:45 on December 20, 2019, when it was resolved:
“II.- REGARDING THE ADMISSIBILITY OF THIS AMPARO (RECURSO). In the sub lite, from the evidence provided by the petitioner, it is inferred that the Authorities of the Ministry of Health (Ministerio de Salud) have indeed processed a complaint regarding the stated issue, but have been unable to verify it. On the contrary, in the sonic measurement (medición sónica) CS-ARS-MP-REG-424-2018, carried out by personnel of that Ministry, it was determined that the noise levels generated by the woodworking shop (taller de ebanistería) ‘Maderas Castro’ did not exceed current regulations. Furthermore, there is no evidence that the petitioner has raised other complaints regarding this situation. Given the foregoing, she is reminded that it is not for the Chamber to act as an appellate body in this matter and to review, based on technical criteria, whether those measurements conformed to the facts and the applicable legal regulations. Similarly, it is also not within its purview to usurp the powers of those authorities and, upon prior verification of the necessary legal and regulatory requirements, order the closure of the ‘Maderas Castro’ woodworking shop (taller de ebanistería). This is so, because –it is reiterated– examining those aspects would require the Constitutional Chamber to venture into matters outside its jurisdiction, opening the amparo to evidence and weighing aspects characteristic of ordinary legality. For all these reasons, the petitioner must raise her disagreements or claims before the authorities of the Ministry of Health (Ministerio de Salud) or in the competent jurisdictional venue, forums in which she may, in a comprehensive manner, discuss the merits of the matter and assert her claims. Additionally, if the claimant believes that the Mora regulatory plan (plan regulador) does not allow the aforementioned shop to operate where it does –making its operation irregular or illegal–, she must argue the matter before the Municipality of Mora, as that aspect is also a matter of ordinary legality. Consequently, the amparo (recurso) is inadmissible and is hereby declared as such.” The Chamber deduces two consequences from this precedent. On one hand, it was established that this is not a jurisdiction that hears appeals on the technical decisions made by the Ministry of Health (Ministerio de Salud). On the other hand, the situations that occurred up to that point have already been examined and resolved by this jurisdiction, so the petitioner must abide by what was resolved on that occasion.
Regarding subsequent events, this Tribunal observes that on April 27, 2020, the respondent party received a note from the Mora Council (Concejo de Mora) (No. OSCM-73-2020), forwarding the petitioner's complaint for noise pollution (contaminación sónica). In response to this missive, on May 7, 2020, the protected party was warned to indicate when she wanted the sonic measurement (medición sónica) to be performed. However, no response was received from her. Subsequently, on July 31, 2020, the respondent party received a complaint from the protected party regarding noise pollution (contaminación sónica) and lacquer odor. The first thing the Chamber observes is that, at the time of filing the amparo (September 16, 2020), an unreasonable period for addressing such complaint had not yet elapsed, which would in itself justify the dismissal of the amparo (recurso). Regardless of the foregoing, this Tribunal notes that the respondent party has provided diligent attention to the protected party's case. Indeed, on August 3, 2020, she was informed that the sonic measurement (medición sónica) would be performed once she and her family completed their quarantine for covid-19. Subsequently, on August 14, 2020, the petitioner informed the respondents by email that the machines were turned on. Therefore, that same day, the respondents appeared at the location to perform the sonic measurement (medición sónica). The inspection report indicated: “There was no lacquer odor. (...) The measurement could not be taken because the lady stated that the noise was not loud, furthermore the machines were being turned on and off and at one point it was also raining.” That is, the petitioner's complaint could not be verified. Subsequently, on August 20, 2020, officials from the respondent Ministry again inspected the location. The report noted: “At 10:40 a.m. we withdrew without performing the sonic measurement (medición sónica) because the machines were only turned on for a few minutes.” It is clear that the respondent Ministry has tried to diligently address the protected party's action. However, she is dissatisfied because the problem she alleges has not been verified. She even claims –without any proof– that such impossibility was caused by the inspectors, whereas the case file shows the opposite, for example, when it is verified that the inspectors were not in uniform and used a private vehicle to avoid drawing attention during the inspection on August 14, 2020. The Chamber emphasizes that the respondent party is willing to carry out future inspections to attend the location whenever the petitioner indicates the problem is occurring (as happened on August 14, 2020), without it being possible to consider that there was an illegitimate omission on its part due to sending the sound level meter (sonómetro) for calibration from September 4 to 22, 2020, given that such calibration is necessary to validate any measurement taken. It is explained to the petitioner that the Chamber is not an instance that can perform technical assessments, such as a sonic measurement (medición sónica). By virtue of the foregoing, the amparo (recurso) is dismissed.
V.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that, if there has already been intervention by the Public Administration, its examination and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to examine the merits of the matter when other rights of the persons affected by the pollution source are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, where alleged noise pollution (contaminación sónica) and lacquer odor are accused, which was reported to the Ministry of Health (Ministerio de Salud), without the problem being definitively resolved, causing harm to a healthy and ecologically balanced environment.
VI.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Electronic Case File Regulation before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore (Por tanto):
With respect to the facts considered in judgment No. 2019-22585 at 10:45 on December 20, 2019, the petitioner must abide by what was ordered therein. In all other respects, the amparo (recurso) is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado adds a note.
Fernando Castillo V.
President Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo Lucila Monge P.
Digitally Signed Document -- Verification code -- *7VDGDVRKSN461* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters South of the Perpetuo Socorro church). Receipt of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 02:36:19.
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *200169190007CO* Res. Nº 2020020887 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de octubre de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente n.° 20-016919-0007-CO, interpuesto por KATTIA YESENIA MORA CALVO, cédula de identidad 0900860637, contra el MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Sala el 16 de setiembre de 2020, la accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que habita en Mora, Colón. Añade que su barrio está conformado por 15 viviendas y se ubica en una calle sin salida. Explica que una vecina le alquila un galerón al señor Luis Castro, quien es propietario de un taller de ebanistería, llamado Maderas Castro. Alega que dicho taller funciona de lunes a sábado, de las 7:30 horas y hasta las 18:00 horas, por lo que de forma constante se escucha mucho ruido. Agrega que como el taller se ubica en sentido sur con respecto a su casa, tanto el ruido de las máquinas, como el olor de los químicos utilizados en la madera, impacta de forma directa en su vivienda, situación que afecta a su madre, quien es una persona adulta mayor, a su hijo de 12 años. Detalla que, debido a la situación descrita, sufren estrés, hipertensión arterial, pérdida del sueño, lesión en sus oídos, fuertes dolores de cabeza, entre otros males. Destaca que esta situación la empezó a denunciar ante el Ministerio de Salud, desde julio de 2018, pero todavía no se la solucionado la problemática. Señala que el 31 de julio de 2020 tramitó nueva denuncia ante el Ministerio de Salud de Mora, y que la gestora Ambiental, Adriana Flores Calvo, le ha dado seguimiento; sin embargo, aún no se ha logrado realizar la medición real del ruido, dado que cuando los funcionarios se apersonan a su casa, el dueño del taller se entera, y apaga todas las máquinas. Añade que esta situación se dio el 14 y 20 de agosto, cuando la señora Adriana Flores Calvo y el señor Maykol Ávalos Rodríguez acudieron a su vivienda con el objetivo de medir el ruido. Apunta que el 20 de agosto de 2020 se le informó que el sonómetro se enviaría a mantenimiento, por lo que las mediciones quedarían suspendidas. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Por resolución de las 8:46 horas del 24 de setiembre de 2020 se dio curso al amparo.
3.- Informa bajo juramento Luz Cuadra Morales y Adriana Flores Calvo, por su orden Directora del Área Rectora de Salud de Mora y Gestora Ambiental, que el 2 de noviembre de 2017 ingresó una denuncia por ruido y polvo de aserrín proveniente del Taller de Ebanistería Maderas Castro (denuncia 181-2017). Señalan que le 23 de noviembre de 2017 se apersonó un funcionario a ese taller, donde encontró una serie de deficiencias físico sanitarias, cuya solución se requirió mediante orden sanitaria. En ese momento no se comprobaron ruidos molestos o actividades que pudieran generar polvo. Empero, se solicitó cambiar el cedazo en las paredes y ventanas para mitigar posibles salidas de polvo. En ese informe se especificó que la manera de determinar si el ruido sobrepasaba los límites legales era mediante medición sónica. El 28 de noviembre de 2017, luego de la inspección, se indicó a la denunciante por correo electrónico que no se logró comprobar lo denunciado. Se efectuaron prevenciones a la denunciante en cuanto al horario. Empero, no se obtuvo respuesta. El 16 de enero de 2018 se regresó al taller a verificar el cumplimiento. Ese día se comprobó el acatamiento de todos los puntos solicitados en las ordenes sanitarias n.°s CS-ARS-MP159-2017 y CS-ARS-MP-160-2017. Relata que el 18 de mayo de 2018, la dirección de área atendió de forma personal a la recurrente. Se acordó que se le indicaría por correo electrónico los días que el inspector se encuentra en la oficina para que acudiera inmediatamente a realizar la medición sónica en caso de que hubiera ruido. Señala que, a lo largo de los meses, hubo varios correos electrónicos, indicándole las fechas de disponibilidad para programar la medición, según programación que tenía el Área Rectora de Salud para atender otros asuntos. No se logró porque los días disponibles no hubo ruido. Resalta que, en el correo electrónico del 7 de junio de 2018, la denunciante manifestó que el taller había estado cerrado, por lo que no había ruidos. El 24 de setiembre de 2018, la denunciante se volvió a quejar del ruido y solicitó que se facilitaran los días que le inspector estaba disponible para retomar la medición sónica. Ese día se programó nueva medición sónica para el 5 de octubre de 2018. Empero, ese día tampoco estuvieron encendidas las máquinas. El 10 octubre de 2018 y el 19 de octubre de 2018, la accionante manifestó mediante correo electrónico que en ese momento había ruidos, pero el inspector a cargo de realizar las mediciones sónicas no se encontraba disponible. Luego, se programaron visitas tentativas los días 7 y 9 de noviembre de 2018 y, finalmente, el 9 de noviembre de 2018, las máquinas estaban encendidas para ir a realizar la medición sónica. Una vez en la propiedad de la denunciante se logró efectuar la medición sónica. Se efectuaron dos mediciones desde la sala de la casa, una con la fuente generadora de ruido encendida y otra con la fuente generadora de ruido apagada. Para la segunda medición se fue al taller a solicitar que apagaran toda la maquinaria. De conformidad con el oficio de medición sónica n.° CS-ARS-MP-REG-424-2018 se concluyó que el ruido generado por la maquinaria encendida no sobrepasaba los decibeles establecidos en la legislación vigente. El 3 de diciembre de 2018 se entregó copia del informe a la denunciante y se cerró el caso. El 27 de abril de 2020 se recibió nota del Concejo de Mora (n.° OSCM-73-2020), donde se traslada la denuncia por contaminación sónica proveniente del Taller Maderas Castro, interpuesta por la recurrente. El 7 de mayo de 2020 se solicitó a la denunciante que indicara el momento en que deseaba que se hiciera la medición sónica. Enfatiza que no se obtuvo respuesta. El 31 de julio de 2020, la Dirección de Atención al Cliente del Nivel Central del Ministerio de Salud remitió una denuncia de la amparada para su atención por contaminación sónica. El 3 de agosto de 2020 se le indicó por correo electrónico que, una vez que ella y su familia pasaran la cuarentena por ser positivos con covid-19, se realizaría la medición sónica. El 14 de agosto de 2020, la denunciante mandó un correo electrónico, diciendo que las máquinas estaban encendidas. Relata que se apersonaron rápidamente al lugar a efectuar la medición sónica. Sin embargo, al llegar a la vivienda de la denunciante, ella no quiso que se realizara la medición, alegando que el ruido no era lo suficientemente algo. Además, en un momento, comenzó a llover y las máquinas no las estaban utilizando de forma constante, sino que las encendían y apagaban. Menciona que esa visita no fue programada, por lo que los inspectores no iban uniformados y fueron en vehículo particular para no llamar la atención. Ese mismo día se programó otra visita para el 20 de agosto de 2020. El día señalado se regresó a la vivienda de la denunciante, pero tampoco se la medición ya que las máquinas se encendían y apagaban, por lo que no había un ruido continuo. Ese día se le explicó a la denunciante que la calibración del sonómetro y calibrador vencía el 21 de agosto de 2020, por lo que no se podían realizar mediciones hasta que se calibrara; esto también se le informo mediante el correo electrónico con fecha 28 de agosto de 2020. Acota que una medición efectuada con equipo descalibrado sería inválida. Relata que el sonómetro se llevó a calibrar el 4 de setiembre de 2020 y lo regresaron el 22 de setiembre de 2020. Dado que el servicio está pendiente de pago, no se ha extendido el certificado de calibración. Por lo tanto, no se puede realizar todavía una medición. Apenas se cuente con él, se programará la visita. Considera que el Área Rectora ha hecho lo posible por atender la petición de la denunciante. Estima que se ha procedido dentro del marco legal de las competencias. Transcribe la normativa atinente. Reitera que la medición efectuada no superaba los límites permitidos. Acota que las gestiones han sido atendidas. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Monge Pizarro; y,
Considerando:
I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.- Objeto del recurso. La recurrente acusa que ha denunciado a un taller vecino por contaminación sónica y olor a laca desde 2018. El 31 de julio de 2020 tramitó nueva denuncia. Sin embargo, aún no se ha logrado realizar la medición real del ruido, dado que cuando los funcionarios se apersonan a su casa, el dueño del taller apaga las máquinas. Luego, el sonómetro fue enviado a mantenimiento.
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
IV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la accionante reclama que no se ha atendido debidamente la situación de contaminación sónica y por olor a laca proveniente de un taller vecino. Tras analizar los autos, la Sala observa que el caso de la tutelada fue parcialmente conocido mediante la sentencia n.° 2019-22585 de las 10:45 horas del 20 de diciembre de 2019, cuando se resolvió:
“II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE ESTE RECURSO. En el sub lite, de la prueba que la petente aporta, se colige que las Autoridades del Ministerio de Salud sí han tramitado una denuncia por la problemática expuesta, pero no han podido constatarla. Por el contrario, en la medición sónica CS-ARS-MP-REG-424-2018, realizada por el personal de ese Ministerio, se determinó que los niveles de ruido generados por el taller de ebanistería “Maderas Castro” no sobrepasaban la normativa vigente. Además, no consta que la accionante haya planteado otras quejas por esa situación. Dado lo anterior, se le recuerda que a la Sala no le corresponde hacer las veces de alzada en la materia y revisar, con fundamento en criterios técnicos, si esas mediciones se ajustaron a los hechos y a la normativa legal vigente. Igualmente, tampoco es de su resorte el usurpar las atribuciones de esas autoridades y, previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios necesarios para ello, ordenar que se cierre el taller de ebanistería “Maderas Castro”. Eso es así, porque —se reitera— conocer esos extremos le demandaría a la Sala Constitucional incursionar en materias ajenas a su competencia, abriendo el amparo a pruebas y sopesando aspectos propios de la legalidad ordinaria. Por todo ello, deberá la recurrente plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades del Ministerio de Salud o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Adicionalmente, si la reclamante estima que el plan regulador de Mora no permite que el citado taller funcione donde lo hace —con lo que éste operaría irregular o ilegalmente—, deberá discutir la cuestión ante la Municipalidad de Mora, ya que ese extremo también es propio de la legalidad. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.” La Sala deduce de este precedente dos consecuencias. Por un lado, se estableció que esta no es una jurisdicción que conozca en alzada sobre las decisiones técnicas tomadas por el Ministerio de Salud. Por otro, las situaciones acaecidas hasta ese momento ya han sido conocidas y resueltas por esta jurisdicción, por lo que deberá estarse la recurrente a lo resuelto en esa oportunidad.
Con respecto a los hechos posteriores, este Tribunal observa que la parte accionada recibió el 27 de abril de 2020 una nota del Concejo de Mora (n.° OSCM-73-2020), donde se trasladaba la denuncia por contaminación sónica de la accionante. Ante esta misiva, el 7 de mayo de 2020 se previno a la amparada para que indicara cuándo deseaba que se hiciera la medición sónica. Empero, no hubo respuesta de su parte. Luego, el 31 de julio de 2020, la parte accionada recibió una denuncia de la tutelada por contaminación sónica y olor a laca. Lo primero que la Sala observa es que, para el momento de interposición del amparo (16 de setiembre de 2020), todavía no había transcurrido un plazo irrazonable para la atención de tal denuncia, lo que justificaría por sí la desestimación del recurso. Independientemente de lo anterior, este Tribunal nota que la parte recurrida ha brindado una atención diligente al caso de la amparada. Efectivamente, el 3 de agosto de 2020 se le indicó que la medición sónica se realizaría cuando ella y su familia pasaran la cuarentena por covid-19. Luego, el 14 de agosto de 2020, la accionante indicó por correo electrónico a los recurridos que las máquinas estaban encendidas. Por eso, ese mismo día, los accionados se presentaron al lugar para efectuar la medición sónica. En el acta de la inspección se indicó: “No había olor a laca. (…) No se pudo realizar la medición porque la señora indica que ese ruido no era alto, además las maquinas las encendian y apagaban y en un momento también llovía.” Es decir, no se logró verificar la queja de la accionante. Posteriormente, el 20 de agosto de 2020, funcionarios del Ministerio recurrido inspeccionaron nuevamente el lugar. En el acta se anotó: “A las 10:40 horas no retiramos sin hacer la medición sónica porque las máquinas se encendieron por pocos minutos.” Es claro que el Ministerio accionado ha procurado atender diligentemente la gestión de la amparada. Empero, ella se encuentra disconforme porque no se ha logrado verificar el problema que acusa. Incluso, ella manifiesta –sin prueba alguna- que tal imposibilidad ha sido propiciada por los inspectores, cuando de los autos se extrae lo contrario, por ejemplo, cuando se verifica que los inspectores no fueron uniformados y utilizaron un vehículo particular para no llamar la atención durante la inspección del 14 de agosto de 2020. La Sala destaca que la parte recurrida se encuentra dispuesta ha efectuar futuras inspecciones para acudir al lugar en el momento que la accionante indique que se da el problema (como ocurrió el 14 de agosto de 2020), sin que se pueda considerar que existiera una omisión ilegítima de su parte por el hecho de enviar a calibrar el sonómetro del 4 al 22 de setiembre de 2020, dado que tal calibración es necesaria a efectos de validar la medición que se efectuare. Se explica a la recurrente que la Sala no es una instancia que pueda efectuar valoraciones técnicas, como sería la medición sónica. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.
V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la presunta contaminación sónica, así como olor a laca, lo cual fue denunciado ante el Ministerio de Salud, sin que la problemática sea resuelta de forma definitiva, provocando afectación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
En lo que respecta los hechos conocidos en la sentencia n.° 2019-22585 de las 10:45 horas del 20 de diciembre de 2019, deberá estarse la recurrente a lo dispuesto en ella. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo Lucila Monge P.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *7VDGDVRKSN461*
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