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Res. 00611-2020 Sala Tercera de la Corte · Sala Tercera de la Corte · 29/05/2020
OutcomeResultado
The Chamber denied cassation because the defendant’s nervous and evasive conduct supplied objective grounds for the search, making the drug seizure lawful and leaving the conviction in place.La Sala rechazó la casación porque la conducta evasiva y nerviosa del acusado proporcionó una razón objetiva para la requisa, por lo que el decomiso de la droga fue legítimo y la condena se mantuvo.
SummaryResumen
The Third Chamber denied the cassation appeal challenging an eight-year sentence for possession and transportation of drugs for trafficking. The defense argued that the seized marijuana was unlawfully obtained because police stopped and searched the defendant without a prior complaint, a reported crime, or sufficient grounds. The Chamber concluded that the intervention was neither random nor based on mere intuition. Officers observed an abrupt change in the defendant’s behavior when he noticed them: he lowered his gaze, crossed the street, and attempted to leave the area. Considered together and from the perspective of the police’s preventive duties, those circumstances constituted a verified indication supporting a reasonable probability of unlawful activity. The superficial inspection of the backpack and subsequent seizure of 437.84 grams of marijuana were therefore lawful. Because the evidence was not tainted, the appellate court had sufficient grounds to affirm guilt, and the conviction remained undisturbed.La Sala Tercera declaró sin lugar el recurso de casación presentado contra la condena de ocho años de prisión por posesión y transporte de drogas para el tráfico. La defensa sostenía que la marihuana decomisada constituía prueba ilícita porque la policía había intervenido y requisado al acusado sin denuncia previa, noticia criminis ni indicios suficientes. La Sala concluyó que la actuación no fue aleatoria ni respondió a una mera intuición: los oficiales observaron que el acusado cambió abruptamente su comportamiento al advertir su presencia, bajó la mirada, cruzó la calle e intentó alejarse. Estas circunstancias, valoradas conjuntamente desde la perspectiva de la función policial preventiva, configuraron un indicio comprobado y una probabilidad razonable de actividad ilícita. Por ello, la revisión superficial del salveque y el posterior decomiso de 437,84 gramos de marihuana fueron legítimos. Al descartarse la existencia de prueba espuria, la Sala mantuvo la declaración de culpabilidad.
Key excerptExtracto clave
It should also be stated that, in principle, the preventive work of the administrative police—as conferred by the constituent authority—does not by itself invalidate their actions, unless those actions are carried out without the indispensable elements of impartiality that must govern the factual circumstances of the case, thereby directly revealing clear characteristics of tainted evidence. Conversely, the Public Force’s decision to momentarily detain Godínez Herrera was preceded by a valid reason (Article 37 of the Political Constitution and Article 190 of the Code of Criminal Procedure): an indication of probability inferred from this person’s sudden attempt to evade police surveillance at all costs. This did not alter the direct basis of the charge—namely, that he was carrying a significant quantity of drugs—and provided reasoned grounds for police intervention, allowing the officers to formulate a criminal hypothesis that was subsequently established by the competent judicial body, thereby confirming the corresponding criminal liability. In this matter, it bears emphasizing that the police exercise entirely lawful preventive powers: they identified a citizen who, upon noticing their presence, abruptly changed his initial behavior to conduct that was evasive and suspicious.A su vez, cabe decir que en principio, la labor preventiva de la policía administrativa -conferida por el constituyente-, por sí misma, no provocaría la invalidez de sus actuaciones, a menos de que su ejecución se desarrolle al margen de los ineludibles elementos de carácter imparcial que deben permear las circunstancias fácticas del caso, evidenciando de modo directo, notorias particularidades de prueba espuria. A contrario sensu, nótese que la decisión de la Fuerza Pública, de aprehender de forma momentánea a Godínez Herrera, estuvo precedida de una razón válida (artículos 37 de la Constitución Política, y 190 de Código Procesal Penal), indicio de probabilidad, sopesado por la actitud intempestiva de ésta persona, de evadir a toda costa la vigilancia policial, aspecto que no modificó el eje directo de la imputación, es decir, que aquél sujeto llevara consigo una cantidad relevante de droga, fundamento razonado (de intervención policial), para que en la psíquis de los oficiales, se hubiese proyectado o construido una hipótesis delictual, que luego, fue bien acreditada por el Órgano Jurisdiccional competente, consolidándose así la respectiva responsabilidad penal. En este asunto vale destacar que la policía desempeña atribuciones de prevención totalmente legales, identifican a un ciudadano que cambia su comportamiento inicial de forma abrupta al determinar su presencia, por uno evasivo y sospechoso.
Pull quotesCitas destacadas
"El alegato se declara sin lugar."
"The claim is denied."
Considerando III
"El alegato se declara sin lugar."
Considerando III
"Concluye el ad quem, que en el caso de estudio, la requisa no obedeció a una mera intuición policial, o producto de un ejercicio arbitrario de la Fuerza Pública, sino que por el contrario, la conducta desplegada por Godínez Herrera, reflejó sospechas razonadas para obstaculizar o evitar la intervención de la policía, labor preventiva amparada en el numeral 189 de la ley penal adjetiva."
"The appellate court concluded that, in this case, the search did not arise from a mere police intuition or an arbitrary exercise of authority by the Public Force; rather, Godínez Herrera’s conduct gave rise to reasoned suspicions that he sought to obstruct or avoid police intervention, a preventive function authorized by Article 189 of the procedural criminal law."
Considerando III
"Concluye el ad quem, que en el caso de estudio, la requisa no obedeció a una mera intuición policial, o producto de un ejercicio arbitrario de la Fuerza Pública, sino que por el contrario, la conducta desplegada por Godínez Herrera, reflejó sospechas razonadas para obstaculizar o evitar la intervención de la policía, labor preventiva amparada en el numeral 189 de la ley penal adjetiva."
Considerando III
"A manera de síntesis, con base en el cuadro de hechos probados, en el asunto específico de análisis, existen circunstancias objetivas, fehacientes que permiten sostener que la motivación de la policía frente al hoy justiciable, no fue producto de una ocurrencia, o de un simple impulso bajo una connotación arbitraria, sino que, obedeció a una reacción natural en el ejercicio propio del cargo, precisamente en virtud del carácter preventivo que sin lugar a dudas reviste el mismo, ante una conducta sospechosa, o suspicaz de Godínez Herrera, consustancial e inherente a un estado de nerviosismo al observar a dicha autoridad administrativa, que lo condujo exteriorizar de inmediato una acción conjunta inusual, cual fue, modificar repentinamente su mirada y dirección ambulatoria, al bajar la vista, cruzar la calle, e intentar alejarse del lugar."
"In summary, based on the proven facts of this particular case, objective and reliable circumstances establish that the police response to the defendant was not the product of a whim or an arbitrary impulse. It was a natural reaction in the performance of their preventive duties to Godínez Herrera’s suspicious conduct and nervousness upon seeing the officers, which led him immediately to engage in the unusual combined actions of changing his gaze and direction, looking down, crossing the street, and attempting to leave the area."
Considerando III
"A manera de síntesis, con base en el cuadro de hechos probados, en el asunto específico de análisis, existen circunstancias objetivas, fehacientes que permiten sostener que la motivación de la policía frente al hoy justiciable, no fue producto de una ocurrencia, o de un simple impulso bajo una connotación arbitraria, sino que, obedeció a una reacción natural en el ejercicio propio del cargo, precisamente en virtud del carácter preventivo que sin lugar a dudas reviste el mismo, ante una conducta sospechosa, o suspicaz de Godínez Herrera, consustancial e inherente a un estado de nerviosismo al observar a dicha autoridad administrativa, que lo condujo exteriorizar de inmediato una acción conjunta inusual, cual fue, modificar repentinamente su mirada y dirección ambulatoria, al bajar la vista, cruzar la calle, e intentar alejarse del lugar."
Considerando III
"Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto a favor de A.M.G.H. Notifíquese."
"The cassation appeal filed on behalf of A.M.G.H. is denied. Notice shall be given."
Por Tanto
"Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto a favor de A.M.G.H. Notifíquese."
Por Tanto
Full documentDocumento completo
*140012701275PE* Decision No.: 2020-00611 THIRD CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten o’clock on the twenty-ninth of May, two thousand twenty.
Appeal in cassation (Recurso de Casación), filed in the present proceedings brought against Andrey Manfredo Godínez Herrera, [...], for the offense of possession and transportation of drugs for trafficking, committed to the detriment of public health. Justices Jesús Alberto Ramírez Quirós, Patricia Solano Castro, Álvaro Burgos Mata, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, and Sandra Eugenia Zúñiga Morales participated in deciding the appeal. Also appearing at this stage was Natalia Segura Monge, Attorney-at-Law, in her capacity as public defender. Prosecutor Carlos Meléndez Lugo appeared as representative of the Ministerio Público.
Findings:
1. By judgment N° 2019-1810, issued at thirteen hours and five minutes on the tenth of October, two thousand nineteen, the Criminal Judgment Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José ruled: “THEREFORE: The appeal filed by Natalia Segura Monge, Attorney-at-Law, public defender of the accused Andrey Manfredo Godínez Herrera, is denied. LET NOTICE BE GIVEN. Gustavo Adolfo Rojas Gutiérrez Gustavo Gillen Bermúdez Raúl Madrigal Lizano Criminal Judgment Appeals Judges” (sic).
2. Natalia Segura Monge, Attorney-at-Law, in her capacity as public defender of the accused, filed an appeal in cassation against the foregoing decision.
3. After the corresponding deliberation was completed, the Chamber proceeded to consider the appeal.
4. The relevant legal requirements have been observed throughout the proceedings.
Justice Alfaro Vargas reports; and,
Whereas:
I.By decision Nº2020-00099, issued at 12:30 hours on 24 de enero de 2020, this Chamber declared admissible the appeal in cassation filed by Natalia Segura Monge, Attorney-at-Law and Public Defender of Andrey Manfredo Godínez Herrera, against decision Nº2019-1810, issued at 13:05 on 10 de octubre de 2019 by the Criminal Judgment Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, which denied the appeal filed by defense counsel against judgment Nº374-2019, issued at 14:30 hours on 26 de marzo de 2019 by the Criminal Court of the First Judicial Circuit of San José, Flagrante Delicto Section, which found the defendant herein criminally responsible as the perpetrator of the offense of Possession and Transportation of Drugs for Trafficking, to the detriment of Public Health, and sentenced him to eight years’ imprisonment (see folios 145 to 147, 120 to 123, and 90 to 105).
II.Sole Ground. Subject Matter of the Appeal in Cassation. The appellant claims that the Criminal Judgment Appeals Court failed to observe the statutory provisions related to the lawfulness of evidence obtained through an unlawful body search (requisa). In this regard, she challenges the appellate court’s (ad quem) affirmance of the trial court’s (a quo) decision concerning the police officers’ conduct in apprehending him unlawfully and randomly searching her client merely because, upon noticing the presence of the Fuerza Pública at the place through which he was walking, he appeared nervous, lowered his gaze, crossed the street, and immediately evaded that authority. She contends that, because there is no valid body of evidence establishing Godínez Herrera’s participation in the commission of the criminal act charged by the Ministerio Público, the evidence obtained is unlawful. She requests that the claim be granted pursuant to sections 467, 468, 469, and 471 of the Código Procesal Penal, in conjunction with Article 37 of the Constitución Política; provisions 2.3(a), (b), and (c), and 9 of the Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Article 7 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos; and Articles 1, 2, 9, 175, 178, 181, and 189 of the Código Procesal Penal.
III.The argument is rejected. Defense counsel for the defendant asserts that the Tribunal de Apelación de Sentencia violated Article 37 of the Constitución Política, the International Covenant on Civil and Political Rights, and Article 7 of the American Convention on Human Rights, because there was no established indicium (indicio comprobado) that her client had committed conduct satisfying the elements of an offense, unlawful and culpable (acción típica, antijurídica y culpable); therefore, his nervousness in the presence of the police was not conspicuous conduct justifying apprehension (aprehensión), seizure (decomiso), and subjection to criminal proceedings. She asserts that such police action is possible only in antidemocratic systems. She seeks a ruling granting the ground for appeal and, in the interest of procedural economy, acquitting the defendant of all punishment and liability. Now, for purposes of the merits review ordered by this Sala, it must be made clear what factual scenario was established by the Tribunal, namely: prior to 12 de noviembre de 2014, the defendant herein, acting with full criminal intent (dolo) to commit the offense of domestic drug trafficking, acquired a considerable quantity of chopped marijuana, or “Cannabis Sativa”; and on 12 de noviembre de 2014, at approximately 19:15 hours, on a public thoroughfare at avenida 4, calle 5, in San José, beside parque de las Garantías Sociales, knowing that his conduct was unlawful and intending to participate in the commercial activity of domestic narcotics trafficking, he possessed and transported 437, 84 grams of that drug (an amount sufficient to manufacture 2189 cigarettes).
At that same place, time, and date, Fuerza Pública officers José Daniel Valverde Romero and Carlos Mata Méndez, acting in the performance of their official duties, observed Godínez Herrera, who attempted to evade them. Accordingly, as part of their preventive duties, they asked him to show them his belongings and found 437,84 grams of chopped “Cannabis sativa”; they therefore seized the drug and apprehended him (cfr. folios 92, 95 a 101). In that regard, this factual account is fully supported by the descriptive evidentiary basis (fundamento probatorio descriptivo) of the conviction, in which the witness Valverde Romero stated, among other things: “…the young man looked nervous and anxious because of his gaze and his evasion of the police; he had been walking normally, but as soon as he saw us there, his demeanor changed. We were at the location; he had been walking normally, but when he saw us he began looking away and avoiding us.
During the search, my partner and I were there… if he had not crossed the street, we would not have stopped him; to evade means to move away from a person or something; anyone may lower his head upon seeing a police officer, raise it again, lower it again, and then he immediately crossed to the other sidewalk. Based on our experience, we immediately believed that, at that moment (sic), it could reasonably be considered evasion” (cfr. folio 94 del expediente). Likewise, in its intellectual assessment of the evidence (análisis intelectivo), the a quo explains that José Daniel Valverde Romero’s account was straightforward, spontaneous, and precise in establishing the time and place of the criminal act and identifying its perpetrator (cfr. folio 95). Furthermore, in light of the body of evidence presented (acervo probatorio evacuado), it explains that Godínez Herrera exhibited two different patterns of behavior: first, before becoming aware of the police presence, he behaved normally; and second, upon noticing the proximity of the Fuerza Pública officers, he became evasive and nervous, which led him to evade the authorities, cross the street, and prevent the officers from intercepting him.
Such suspicious conduct perceived by the police constituted legitimate grounds for them to respond in the performance of their duty, and the Trial Court rejected the contention that the defendant’s detention was random, finding instead that the apprehension was based on conduct by a fully identified citizen (cfr. folios 97 a 98). For its part, the Tribunal de Apelación de Sentencia, pursuant to Articles 459, 462, and 465 of the Código Procesal Penal, after considering the appellate arguments submitted by defense counsel, conducted a preliminary assessment of the subject matter of the appellate dispute (litis recursiva), carried out the corresponding review of the legality of the decision issued by the Tribunal Penal, and proceeded to affirm the finding of guilt against the accused, identifying the established indicium arising from his suspicious conduct. In that regard, it stated: “…the witness José Daniel Valverde Romero acknowledged that, upon seeing him, the accused became nervous and lowered his gaze to avoid eye contact with him and immediately crossed the street, evading the police presence.
These circumstances make it possible to verify—as the a quo did—that although there had been no prior report of a crime (noticia criminis) before the event, nor any prior information that the accused was connected to the commission of offenses, the suspicious demeanor assumed by the accused was so evident (becoming nervous merely upon seeing the (sic) authorities and reacting by lowering his gaze, crossing the street, and then attempting to leave the location for no apparent reason) that it warranted police intervention and constituted circumstances considered by the authorities in deciding to search him, after which it was determined that he possessed illegal psychotropic substances…” (cfr. folio 122 vuelto). The ad quem concludes that, in the case under review, the body search (requisa) was not prompted merely by police intuition or by an arbitrary exercise of authority by the Fuerza Pública.
On the contrary, Godínez Herrera’s conduct gave rise to reasonable suspicions that he was attempting to obstruct or avoid police intervention, a preventive function authorized by Article 189 of the adjective criminal law (ley penal adjetiva).
Regarding the issue under discussion—the legality of evidence obtained through an allegedly arbitrary body search in the absence of a prior report of a crime—this Sala de Casación Penal, in Judgment number 2019-01357, at 14:25 hours, on 30 de octubre de 2019, has already emphasized the preventive nature of the actions of the Fuerza Pública, which, by legal mandate, are undertaken to safeguard protected legal interests (bienes jurídicos tutelados), such as public order, security, life, and even the property of citizens and inhabitants of the Republic, highlighting, among other matters: “…The requirements cited by the appellate judges as indispensable for stopping a vehicle on the road are detached from our social reality and from the legal framework prevailing in our country, because they render ineffective the enforcement powers of the Fuerza Pública and deprive Article 22 of the Ley de Policía of substance; that provision establishes, as part of the functions of that state body, the protection of citizens’ rights and public order and the prevention of criminal activity.
In this regard, the appellate Tribunal plainly confuses the police powers contained in the Ley de Policía with the direct investigation of a criminal act involving specific persons. Because the latter is performed only exceptionally by the administrative police forces, it cannot be required as a condition for action that officers of the Fuerza Pública conduct their monitoring and prevention duties only when there has been a prior formal complaint or the suspects have been identified. Rather, it is sufficient for that preventive body to possess reasonable information, through the existence of an established indicium, or at least knowledge that a particular unlawful activity has been committed that infringes the rights of other citizens or endangers public order, security, or the property of others, for its participation to be deemed lawful (in the same sense, see decision of this Chamber, N° 2014-01000, at nine hours and twenty-seven minutes, on 27 de junio de 2014).
As already stated in the cited precedents, an assessment of the specific case must be conducted,…”. The boldface does not appear in the original text (Magistrado Ramírez Quirós, Alfaro Vargas y Magistrada Zuñiga Morales, Magistrados suplentes Segura Bonilla y Desanti Henderson).
Following that line of reasoning regarding an established indicium under factual circumstances similar to those presented by this appeal, the Sala stated in decision Nº2019-00312, at 10:12 hours, on 27 de marzo de 2019: “…It is important to recall that an indicium is understood as any known fact from which the existence or nonexistence of another unknown fact is inferred through a logical operation based on rules of experience, scientific principles, or specialized technical principles. During the initial stages of an investigation, the degree of connection required between the indicative fact and the unknown fact cannot be as strong as that required when seeking to establish a person’s criminal liability at trial; it is therefore decisive that the connection between the indicator and the rule of experience allow the commission of the unlawful act to be inferred with a reasonable degree of probability.
In this case, the appellate judges examined the circumstances present in the specific case and determined that the defendants’ suspicious conduct upon noticing the police presence, as they attempted to conceal something in the vehicle (known fact), made it possible to infer a reasonable probability that an unlawful act had been committed (unknown fact), an inference subsequently reinforced by the search of the vehicle and the seizure of drugs. Certainly, in cases such as the one before us, the applicable rule of experience requires the adjudicator to view the situation from the standpoint of the acting police officer and analyze the circumstances presented to that officer, as well as the information available at the time, in order to determine whether the indicative facts at hand reasonably supported the belief that the defendants were committing an unlawful act. It therefore follows that the analysis conducted by the appellate judges in this specific case is the analysis appropriate to circumstantial evidence (prueba indiciaria), and thus no defect in reasoning exists in this respect…”. (Magistrado Ramírez Quirós, Alfaro Vargas y Magistrada Zuñiga Morales, Magistrados suplentes Segura Bonilla y Desanti Henderson).
It should also be stated that, in principle, the preventive work of the administrative police—conferred by the constituent authority—would not in itself invalidate their actions unless those actions were carried out without the essential elements of impartiality that must permeate the factual circumstances of the case, thereby directly revealing conspicuous characteristics of unlawfully obtained evidence (prueba espuria). A contrario sensu, it should be noted that the Fuerza Pública’s decision to apprehend Godínez Herrera temporarily was preceded by a valid reason (Articles 37 of the Constitución Política and 190 of the Código Procesal Penal): an indicium of probability, assessed in light of this person’s sudden attempt to evade police surveillance at all costs. This did not alter the direct basis of the charge (imputación)—namely, that the individual was carrying a significant quantity of drugs—and constituted a reasoned basis for police intervention, leading the officers to formulate or construct in their minds a hypothesis that a crime was being committed.
That hypothesis was subsequently duly established by the competent Órgano Jurisdiccional, thereby confirming the corresponding criminal liability. In this matter, it bears emphasizing that the police were exercising entirely lawful preventive powers: they identified a citizen who, upon becoming aware of their presence, abruptly changed his initially normal behavior to evasive and suspicious behavior. That decision arose from the reasonable act described—giving rise to suspicion—based on his conduct in attempting to evade any oversight by the authorities.
It is for that reason that the law-enforcement officers ask him to identify himself, and he complies; immediately thereafter, he is asked whether he was carrying any kind of weapon or drugs, to which Godínez Herrera responds in the negative. Nevertheless, given the public interest inherent in their duties and drawing on their expertise, José Daniel Valverde Romero and his fellow officer, Carlos Mata Méndez, proceed to conduct a “superficial inspection for safety purposes” of the backpack carried by the accused (encartado) on his back. At first glance, they find a shirt inside it, and he is therefore asked to lift it so that they can see the remaining objects. They then detect “that there is a concealed square package; he is instructed to take it out, he takes it out, and it appears to be drugs. He is asked whether he knows what it is, and he states that he does, that it is drugs (…) we proceed to package it, establish the chain of custody (cadena de custodia), inform the young man why he is being arrested and why he is being transferred to the Prosecutor’s Office, and subsequently present him here with the package…” (cf. folio 93).
This procedure enables the Public Force (Fuerza Pública) to arrest Andrey Manfredo Godínez Herrera on the basis of a fully lawful act, through which, in accordance with the rules of sound human understanding, the police hypothesis regarding possession and transportation of drugs for trafficking, to the detriment of Public Health, is substantiated (cf. folio 94). Regarding the constitutional parameters governing State action, legal scholarship states: “Reasonableness established limits on judicial authority and constituted a warning to the State that its actions must conform not only to the specific rules or provisions of the Constitution, but also to the sense of justice embodied therein, which in turn entails compliance with the fundamental requirements of equity, proportionality, and reasonableness.” It should therefore be noted that, for acts of public authority to be valid, it is not enough that they have been promulgated by legally competent bodies through proper procedures; they must also be compatible with the supreme principles, values, and normative provisions of the Constitution—both formal and substantive—including order, peace, security, justice, and liberty within a Social and Democratic State governed by the rule of law (Estado Social y Democrático de Derecho), all of which are standards of reasonableness.
(See Derecho Constitucional Contemporáneo, homenaje al Profesor Rubén Hernández Valle, El Juez Ordinario y el Tribunal Constitucional, by Osvaldo Alfredo Gozaini, page 93, Investigaciones Jurídicas S.A., San José, marzo 2015). Consistent with the foregoing, it must not be overlooked that the Constitution is the lex superior of the legal system, a supremacy arising from its status as the sole primary norm emanating directly from the constituent power (or popular will), from which it in turn derives its validity and binding nature (see: Derecho Constitucional. Volumen I. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos., Luis López Guerra, Eduardo Espín, and others, Tirant Lo Blanch publishing house, Valencia, 2007, page 44). In that regard, pursuant to subsection 16) of provision 140 of the Political Constitution, the Executive Branch, through the Ministry of Public Security, is responsible for deploying the Public Force to preserve order and ensure the country’s defense and security.
This police authority is subject to statutory reservation (reserva de ley), under Articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 subsections 1 through 5, and 10 of the General Police Law, Nº 7410. In other words, the Executive Branch must, by definition, guarantee public security through the police forces, which are subordinate to civilian authority (sovereignty resides in the Nation, provision 2 of the Political Constitution) and whose powers, as already noted, center on maintaining vigilance, preserving public order, preventing crime in any degree or form, and cooperating in its eventual suppression in accordance with the legal framework. In summary, based on the established facts, the specific matter under review presents objective and reliable circumstances supporting the conclusion that the police officers’ motivation in confronting the person now before the court was not the product of a whim or a mere impulse of an arbitrary nature, but rather stemmed from a natural reaction in the proper performance of their duties, precisely by virtue of the unquestionably preventive nature of those duties, in response to suspicious behavior by Godínez Herrera, intrinsically and inherently associated with a state of nervousness upon seeing that administrative authority.
This led him immediately to manifest an unusual combination of actions: suddenly shifting his gaze and direction of travel by looking down, crossing the street, and attempting to leave the area. All these were rational considerations consistent with the rules of sound judicial assessment (sana crítica), which led the Public Force officers, based on logic, psychology, and common experience, to conduct a lawful and justified—not random—search (requisa) of that person, thereby confirming the police theory; that is, the defendant’s deceptive conduct, as a significant quantity of narcotics was found among his belongings, such that his unlawful conduct satisfied the elements of the criminal offense under the special law on psychotropic substances. Consequently, the evidentiary reasoning developed by the Criminal Judgment Appeals Court (Tribunal de Apelación de Sentencia) is minimal but sufficient (Article 142 of the Code of Criminal Procedure), is grounded in the factual circumstances of the specific matter—the central issue in this litigation—and authorized that court to affirm the finding of guilt after rejecting the defense’s claim that tainted evidence (prueba espuria) had been introduced (provision 184 in conjunction with Articles 180 through 183 of the C.P.P.). In light of provisions 39 and 41 of the Political Constitution, the cassation claim (reclamo de casación) is without merit and must therefore be denied.
Therefore:
The appeal in cassation (recurso de casación) filed on behalf of A.M.G.H. is denied. Let notice be given.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Patricia Solano C.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
RVILLEGASH 1280-4/17-1-19
*140012701275PE* Res: 2020-00611 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas del veintinueve de mayo de dos mil veinte.
Recurso de Casación, interpuesto en la presente causa seguida contra Andrey Manfredo Godínez Herrera, [...]; por el delito de posesión y transporte de drogas para el tráfico, cometido en perjuicio de la salud pública. Intervienen en la decisión del recurso, las Magistradas y los Magistrados Jesús Alberto Ramírez Quirós, Patricia Solano Castro, Álvaro Burgos Mata, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Sandra Eugenia Zúñiga Morales. Además en esta instancia, la licenciada Natalia Segura Monge, en su condición de defensora pública. Se apersonó el fiscal Carlos Meléndez Lugo como representante del Ministerio Público.
Resultando:
1. Mediante sentencia N° 2019-1810 , dictada a las trece horas y cinco minutos del diez de octubre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: “POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Natalia Segura Monge, defensora pública del encartado Andrey Manfredo Godínez Herrera. NOTIFÍQUESE. Gustavo Adolfo Rojas Gutiérrez Gustavo Gillen Bermúdez Raúl Madrigal Lizano Jueces de Apelación de Sentencia Penal” (sic).
2. Contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Natalia Segura Monge, en su condición de defensora pública del encartado, interpuso Recurso de Casación.
3. Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.
4. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Informa el Magistrado Alfaro Vargas; y,
Considerando:
I.Mediante resolución Nº2020-00099, de las 12:30 horas, de 24 de enero de 2020, esta Sala declaró la admisibilidad del recurso de casación formulado por la licenciada Natalia Segura Monge, Defensora Pública de Andrey Manfredo Godínez Herrera, contra la resolución Nº2019-1810, de las 13:05, de 10 de octubre de 2019, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, que declaró sin lugar el recurso de apelación de la defensa técnica, contra la sentencia Nº374-2019, de las 14:30 horas, de 26 de marzo de 2019, del Tribunal Penal de Primer Circuito Judicial de San José, Sección de Flagrancia, que declaró al aquí imputado autor responsable de un delito de Posesión y Transporte de Drogas para el Tráfico, en perjuicio de la Salud Pública, imponiéndosele la pena de ocho años de prisión (cfr. folios 145 a 147, 120 a 123, y 90 a 105).
II.Motivo Único. Objeto del recurso de casación . Reclama la recurrente que el Tribunal de Apelación de Sentencia, inobservó los preceptos normativos que encuentran ligamen con el tema de la legalidad de la prueba que se obtiene por medio de una requisa ilegal. Al respecto, refuta que el ad quem hubiese confirmado la decisión del a quo en torno al proceder policial de aprehender (ilegítimamente), y requisar a su representado de manera aleatoria, ello, por la simple actitud nerviosa al observar la presencia de la Fuerza Pública, en el sitio donde transitaba, bajó su mirada, cruzó la calle y de inmediato evadió a dicha autoridad. Estima que al no existir acervo probatorio válido que acredite la participación de Godínez Herrera, en la comisión del hecho delictivo reprochado por el Ministerio Público, la prueba recabada es ilícita. Solicita declarar con lugar el reclamo, de conformidad con los ordinales 467, 468, 469 y 471 de Código Procesal Penal, en relación con los artículos 37 de la Constitución Política, preceptos 2.3 incisos a), b), c) y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y artículos 1, 2, 9, 175, 178, 181 y 189 del Código Procesal Penal.
III .- El alegato se declara sin lugar. Afirma la abogada defensora del imputado, que el Tribunal de Apelación de Sentencia, violentó el artículo 37 de la Constitución Política, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no existió indicio comprobado de que, su representado hubiese cometido una acción típica, antijurídica y culpable, por lo que su estado de nerviosismo frente a la policía, no resulta una conducta llamativa que justifique la aprehensión, el decomiso, y la sujeción a un proceso penal. Afirma que esa actuación policial solo es posible en sistemas antidemocráticos. Pretende que se declare con lugar el motivo, y por economía procesal se absuelva al imputado de toda pena y responsabilidad. Ahora bien, a efectos del examen de fondo ordenado por esta Sala, debe quedar claro cuál fue el escenario fáctico estipulado por el Tribunal, a saber: previo al 12 de noviembre de 2014, el aquí imputado, con pleno dolo para la comisión del delito de tráfico nacional de drogas, adquirió una considerable cantidad de picadura de Marihuana o “Cannabis Sativa”, y en fecha 12 de noviembre de 2014, aproximadamente a las 19:15 horas, en vía pública, avenida 4, calle 5, en San José, costado del parque de las Garantías Sociales, a sabiendas de su actuar ilícito, y de su deseo de intervenir en el giro comercial del tráfico nacional de estupefacientes, poseyó y transportó 437, 84 gramos de dicha droga (cantidad que permite la fabricación de 2189 cigarrillos); siendo que en ese mismo sitio, hora y fecha referida, los oficiales de la Fuerza Pública, José Daniel Valverde Romero y Carlos Mata Méndez, en funciones propias del cargo, observaron a Godínez Herrera, quien trató de evadirlos, por lo que de acuerdo con su trabajo de naturaleza preventiva, le solicitaron que enseñara sus pertenencias, localizando 437,84 gramos de picadura de “ Cannabis sativa” , en razón de ello, decomisaron la droga, y lo aprehendieron (cfr. folios 92, 95 a 101).
En ese sentido, ese cuadro fáctico, tiene pleno respaldo en el fundamento probatorio descriptivo del fallo condenatorio, donde el testigo Valverde Romero, entre otros aspectos, señaló: “… el muchacho se veía nervioso, ansioso por la mirada y por la evasión policial, él venía normal bien pero apenas nos vio ahí fue la actitud diferente de él, nosotros estábamos en el punto, él venía normal, donde nos vio empezó a quitar miradas y a evadirnos, en la revisión estábamos mi compañero y yo … si él no hubiera cruzado la calle no lo intervenimos, evadir es alejarse de una persona o del algo, cualquier persona puede agachar la cabeza cuando ve a un policía, la vuelve a levantar, la vuelve agachar e inmediatamente él cruza la otra acera, inmediatamente nosotros por la experiencia que tenemos, en ese momento (sic) podría ser una evasión lógica” (cfr. folio 94 del expediente). Asimismo, en el análisis intelectivo, el a quo expone que el relato de José Daniel Valverde Romero, fue sencillo, espontaneo, preciso, al ubicar en tiempo y espacio el hecho delictivo y a su autor (cfr. folio 95).
Además, explica a la luz del acervo probatorio evacuado, que Godínez Herrera, mostró dos comportamientos distintos, el primero, antes de darse cuenta de la presencia policial, por lo que mantuvo un comportamiento normal, y en la segunda forma de actuar, estuvo evasivo y nervioso, al constatar la cercanía de los funcionarios de la Fuerza Pública, situación que lo condujo a evadir a la autoridad, cruza la calle, e impide que los oficiales lo intercepten. Tales comportamientos sospechosos percibidos por la policía, constituyeron una legítima motivación para reaccionar en cumplimiento de su deber, descartando el Tribunal de Juicio, que la detención del imputado fuese aleatoria, aprehensión fundada contra un ciudadano totalmente individualizado (cfr. folios 97 a 98). Por su parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia, de conformidad con los artículos 459, 462 y 465 de Código Procesal Penal, luego de imponerse de los argumentos de apelación de la defensa técnica, realiza una valoración introductoria del objeto de la litis recursiva, ejerce el correspondiente control de legalidad de la decisión tomada por el Tribunal Penal, y procede a ratificar la declaratoria de culpabilidad del encartado, precisando el indicio comprobado, ante la actitud sospechosa del justiciable, al respecto se afirma: “… el testigo José Daniel Valverde Romero reconoció que el acusado, al verlo, se mostró nervioso y bajó la vista para evitar el contacto con él y, de inmediato cruzó la calle evadiendo la presencia policial, éstos aspectos permiten verificar -como lo hizo el a quo- que si bien no se contaba con una noticia criminis previa al evento, ni informaciones anteriores de que el acusado estuviera vinculado a la comisión de delitos, la actitud sospechosa asumida por el endilgado fue tan evidente (al ponerse nervioso solo por observar a la (sic) autoridades y reaccionar con acciones como bajar la mirada, cruzar la calle y, luego tratar de irse del sitio sin razón alguna) que implican la intervención policial y fueron elementos valorados por las autoridades para proceder a revisarlo, luego de lo cual se determinó que poseía sustancias psicotrópicas ilegales…” (cfr. folio 122 vuelto) .
Concluye el ad quem, que en el caso de estudio, la requisa no obedeció a una mera intuición policial, o producto de un ejercicio arbitrario de la Fuerza Pública, sino que por el contrario, la conducta desplegada por Godínez Herrera, reflejó sospechas razonadas para obstaculizar o evitar la intervención de la policía, labor preventiva amparada en el numeral 189 de la ley penal adjetiva. Sobre el tema de discusión, de legalidad de la prueba obtenida mediante requisa presuntamente arbitraria por ausencia de noticia criminis , ya esta Sala de Casación Penal, en sentencia número 2019-01357, de las 14:25 horas, del 30 de octubre de 2019, ha destacado la naturaleza preventiva de la Fuerza Pública en sus actuaciones, apegadas por mandato legal, en salvaguarda de bienes jurídicos tutelados como el orden público, la seguridad, la vida e incluso, el patrimonio de los ciudadanos, habitantes de la República, resaltando entre otros tópicos: “…
Los requisitos que los Juzgadores de alzada citan como indispensables para detener un vehículo en carretera resultan alejados de nuestra realidad social y del marco legal imperante en nuestro país, al hacer nugatorias las potestades de acción de la Fuerza Pública y dejar sin contenido el numeral 22 de la Ley de Policía, que establece como parte de las funciones de ese órgano estatal, el resguardo de los derechos de los ciudadanos, el orden público y la prevención de actividades delictivas. Sobre el particular, confunde abiertamente el Tribunal de segunda instancia, las potestades policiales contenidas en la Ley de Policía con la investigación directa de un hecho delictivo contra personas determinadas, en el tanto, ésta última es realizada de forma excepcional por los cuerpos policiales administrativos, por lo que no podría exigirse como condición para actuar, que los oficiales de la Fuerza Pública realicen sus labores de control y prevención, siempre que exista una denuncia formal previa o la identificación de los sospechosos, sino que bastará con que dicho órgano preventivo, tenga noticias razonables, a través de la existencia de un indicio comprobado, o al menos, el conocimiento de la comisión de una determinada actividad ilícita que atente contra los derechos de los demás ciudadanos o pongan en riesgo el orden público, la seguridad o el patrimonio ajeno, para que su participación sea considerada legítima (en igual sentido, ver voto de esta Cámara, N° 2014-01000, de las nueve horas con veintisiete minutos, del 27 de junio de 2014).
Como ya se indicó en los precedentes citados, debe realizarse una valoración del caso concreto,…”. La negrita no pertenece al texto de origen (Magistrado Ramírez Quirós, Alfaro Vargas y Magistrada Zuñiga Morales, Magistrados suplentes Segura Bonilla y Desanti Henderson). Bajo esa línea de pensamiento, en torno al indicio comprobado en circunstancias fácticas similares a este objeto impugnaticio, la Sala en resolución Nº2019-00312, de las 10:12 horas, de 27 de marzo de 2019, indicó: “…Resulta importante recordar que el indicio se concibe como cualquier hecho conocido, del cual se infiere la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido, a través de una operación lógica, que se basa en normas de la experiencia, principios científicos o técnico especiales. En etapas iniciales de la investigación el grado de vinculación que debe existir entre el hecho indicador y el hecho desconocido no puede ser de la misma intensidad que se exige cuando se pretende sustentar la responsabilidad penal de una persona en juicio, siendo determinante entonces que la vinculación del indicador con la regla de la experiencia permita deducir con un grado de probabilidad razonable la comisión del ilícito.
En este caso los Jueces de Apelación llevaron a cabo el examen de las circunstancias presentes en el caso concreto y determinaron que la actitud sospechosa de los imputados al notar la presencia policial, tratando de ocultar algo en el vehículo (hecho conocido) permitía deducir la probabilidad razonable de la comisión de un hecho ilícito (hecho desconocido) que viene a reforzarse con posterioridad mediante el registro del vehículo y el decomiso de droga. Ciertamente en casos como el que nos ocupa, la regla de la experiencia que debe aplicarse implica que el juzgador debe visualizar la situación desde la posición del policía actuante y analizar el escenario que se le presentó, así como los elementos con los que contaba en el momento, para establecer si los hechos indicadores que tuvo a mano le permitían estimar como probable que los imputados estuviesen realizando algún hecho ilícito. Se deduce entonces que el análisis realizado por los Jueces de Alzada en este caso concreto es el propio de la prueba indiciaria, de manera que sobre este aspecto no existe ningún defecto de razonamiento...”.
(Magistrado Ramírez Quirós, Alfaro Vargas y Magistrada Zuñiga Morales, Magistrados suplentes Segura Bonilla y Desanti Henderson). A su vez, cabe decir que en principio, la labor preventiva de la policía administrativa -conferida por el constituyente-, por sí misma, no provocaría la invalidez de sus actuaciones, a menos de que su ejecución se desarrolle al margen de los ineludibles elementos de carácter imparcial que deben permear las circunstancias fácticas del caso, evidenciando de modo directo, notorias particularidades de prueba espuria. A contrario sensu, nótese que la decisión de la Fuerza Pública, de aprehender de forma momentánea a Godínez Herrera, estuvo precedida de una razón válida (artículos 37 de la Constitución Política, y 190 de Código Procesal Penal), indicio de probabilidad, sopesado por la actitud intempestiva de ésta persona, de evadir a toda costa la vigilancia policial, aspecto que no modificó el eje directo de la imputación, es decir, que aquél sujeto llevara consigo una cantidad relevante de droga, fundamento razonado (de intervención policial), para que en la psíquis de los oficiales, se hubiese proyectado o construido una hipótesis delictual, que luego, fue bien acreditada por el Órgano Jurisdiccional competente, consolidándose así la respectiva responsabilidad penal.
En este asunto vale destacar que la policía desempeña atribuciones de prevención totalmente legales, identifican a un ciudadano que cambia su comportamiento inicial de forma abrupta al determinar su presencia, por uno evasivo y sospechoso. Decisión que se gesta del acto razonable descrito, -generador de prejuicio- por la conducta de intentar evadir cualquier control de las autoridades. Es por tal razón, que las fuerzas del orden público, le solicitan que se identifique, accede, de seguido, se le pregunta si portaba alguna clase de arma, o de drogas, respondiendo Godínez Herrera, de manera negativa; sin embargo, debido al interés público propio de sus labores y en asocio a la experticia, José Daniel Valverde Romero, y su compañero, Carlos Mata Méndez, proceden a hacer una “ revisión superficial por seguridad” del salveque que cargaba el encartado en la espalda, hallando a primera vista en el interior del mismo, una camisa, por lo que se le pide que la levante, con el propósito de ver los restantes objetos, y detectan “que hay un paquete suprimido cuadrado, se le indica que lo saque, lo saca, resulta ser aparente droga, se le pregunta si sabe que es eso e indica que sí, que es droga (…) procedemos a hacer el embalaje, cadena de custodia, se le indica al joven del porqué se le detiene y porqué es trasladado a la fiscalía y posteriormente lo presentamos aquí con el paquete…” (cfr. folio 93).
Dicha diligencia permite a la Fuerza Pública, detener a Andrey Manfredo Godínez Herrera, a partir de un acto plenamente legítimo, en el cual se acredita de acuerdo con las reglas del correcto entendimiento humano, la hipótesis policial sobre la posesión y transporte de drogas para el tráfico, en afectación de la Salud Pública (cfr. folio 94). En lo atinente a parámetros de constitucionalidad en las actuaciones del Estado, la doctrina apunta: “ La razonabilidad estableció límites a la potestad judicial, y constituyó un llamado de advertencia al Estado en el sentido de que deben ajustarse, no so a las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino también al sentido de justicia contenido en ella, el cual implica, a su vez, el cumplimiento de exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad”. Nótese en consecuencia, que para la validez de los actos de autoridad, se requiere no solo que hayan sido promulgados por órganos legalmente competentes, y a través de procedimientos debidos, sino que requieren de compatibilidad con los principios, valores y disposiciones normativas supremas de la Constitución -formal y material-, como lo configuran el orden, la paz, la seguridad, la justicia, y la libertad, de un Estado Social y Democrático de Derecho, patrones propios de razonabilidad.
(ver en Derecho Constitucional Contemporáneo, homenaje al Profesor Rubén Hernández Valle, El Juez Ordinario y el Tribunal Constitucional, de Osvaldo Alfredo Gozaini, página 93, Investigaciones Jurídicas S.A., San José, marzo 2015). Acorde con lo esgrimido, no debe omitirse que la Constitución es la lex superior del ordenamiento jurídico, supremacía que responde de su carácter de única norma primaria, que de forma directa emana del poder constituyente (o voluntad popular) que a su vez, deriva su validez y su naturaleza imperativa (ver: Derecho Constitucional. Volumen I. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos., Luis López Guerra, Eduardo Espín, y otros, editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, página 44). En ese sentido, según el inciso 16) del precepto 140 de la Constitución Política, corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad Pública, disponer de la Fuerza Pública, para conservar el orden, la defensa y seguridad del país, competencia policial que constituye reserva de ley, artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 incisos 1 a 5, y 10, de la Ley General de Policía, Nº 7410.
Es decir, el Poder Ejecutivo debe garantizar por antonomasia la seguridad pública mediante las fuerzas de policía, mismas que se encuentran subordinadas al poder civil (la soberanía reside en la Nación, precepto 2 de la Constitución Política), cuyas atribuciones como ya se adelantó, giran en torno a vigilar, preservar el orden público, prevenir cualquier grado o manifestación de delincuencia, y cooperar en la eventual represión apegado al marco jurídico. A manera de síntesis, con base en el cuadro de hechos probados, en el asunto específico de análisis, existen circunstancias objetivas, fehacientes que permiten sostener que la motivación de la policía frente al hoy justiciable, no fue producto de una ocurrencia, o de un simple impulso bajo una connotación arbitraria, sino que, obedeció a una reacción natural en el ejercicio propio del cargo, precisamente en virtud del carácter preventivo que sin lugar a dudas reviste el mismo, ante una conducta sospechosa, o suspicaz de Godínez Herrera, consustancial e inherente a un estado de nerviosismo al observar a dicha autoridad administrativa, que lo condujo exteriorizar de inmediato una acción conjunta inusual, cual fue, modificar repentinamente su mirada y dirección ambulatoria, al bajar la vista, cruzar la calle, e intentar alejarse del lugar.
Aspectos todos, racionales, de sana crítica, que indujeron a los oficiales de la Fuerza Pública, con base en la lógica, la psicología y la experiencia común, a realizar de forma legítima, justificada, -no aleatoria-, la requisa de tal persona, confirmándose la teoría policial; es decir, el actuar malicioso del imputado, al hallarse dentro de sus pertenencias la posesión de una cantidad significativa de estupefaciente, con la cual, el actuar ilícito se adecuó al tipo penal de la ley especial de psicotrópicos. En consecuencia, el fundamento probatorio intelectivo desarrollado por el Tribunal de Apelación de Sentencia es mínimo, pero suficiente (artículo 142 de Código Procesal Penal), encuentra asidero en la realidad fáctica del asunto específico, tema medular de esta litis, que le facultó ratificar la declaratoria de culpabilidad, al descartarse la incorporación de la prueba espuria reclamada por la defensa (ordinal 184 en concordancia con los artículos 180 a 183 de C.P.P.). A la luz, de los preceptos 39 y 41 de la Constitución Política, el reclamo de casación no es de recibo, por lo que debe declararse sin lugar.
Por Tanto:
Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto a favor de A.M.G.H. Notifíquese.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Patricia Solano C.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
RVILLEGASH 1280-4/17-1-19
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