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Res. 00893-2018 Sala Tercera de la Corte · Sala Tercera de la Corte · 07/12/2018
OutcomeResultado
The appeals by the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office are granted, annulling the declaration of extinction by statute of limitations for the crimes of affecting protected areas and opening roads in forested zones, as they are crimes with permanent effects. A defense plea regarding lack of reasoning is also upheld. Partial remand is ordered.Se declaran con lugar los recursos del Ministerio Público y la Procuraduría, anulando la declaratoria de prescripción de los delitos de afectación de áreas protegidas y apertura de caminos en zona boscosa por ser delitos de efectos permanentes. También se acoge un motivo de la defensa por falta de fundamentación. Se ordena reenvío parcial.
SummaryResumen
The Third Chamber of the Supreme Court of Justice resolves cassation appeals in a criminal case against Rafael Ángel Zamora Fernández for crimes of affecting protected areas, opening roads in forested zones, and water usurpation. The Court of Appeals had declared the criminal action extinguished by statute of limitations for the first two offenses, holding they were not crimes of permanent effects. The Third Chamber overturns that decision and establishes that both crimes – under Articles 58 and 61 of the Forestry Law – are instantaneous offenses with permanent effects, and therefore the statute of limitations does not begin to run while the harm to the protected legal interest continues. In the case at hand, it was proven that the road in the forest was still in use and maintained, and that the vegetation in the river’s protection zone remained replaced by improved pasture, so the harm had not ceased and the criminal action was not time-barred. Additionally, the defense’s plea regarding lack of reasoning in the appellate judgment is upheld, as it failed to verify whether the accusation contained a description of intent. The case is partially remanded for a new analysis on that point and on civil consequences, preserving the order to restore things to their natural state.La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia resuelve recursos de casación en una causa penal contra Rafael Ángel Zamora Fernández por delitos de afectación de áreas protegidas, apertura de caminos en zona boscosa y usurpación de aguas. El Tribunal de Apelación había declarado prescrita la acción penal respecto de los dos primeros ilícitos, por considerar que no eran delitos de efectos permanentes. La Sala Tercera anula esa decisión y establece que ambos delitos –previstos en los artículos 58 y 61 de la Ley Forestal– son delitos instantáneos de efectos permanentes, por lo que el plazo de prescripción no inicia mientras continúe la afectación al bien jurídico tutelado. En el caso concreto, se acreditó que el camino en bosque seguía en uso y mantenimiento, y que la vegetación en el área de protección del río seguía sustituida por pasto mejorado, por lo que la afectación no había cesado y la acción penal no estaba prescrita. Además, se acoge un motivo de la defensa por falta de fundamentación del fallo de apelación al no haber verificado si la acusación contenía la descripción del dolo. Se ordena reenvío parcial para nuevo análisis sobre ese aspecto y sobre las consecuencias civiles, manteniendo la orden de restitución de las cosas a su estado natural.
Key excerptExtracto clave
In summary, it is established that the offenses of affecting a protected area (event seven) and opening roads in a forested area (event ten) are crimes with permanent effects; as a consequence, the calculation of the statute of limitations period begins once their effects cease. This circumstance has not occurred in the present criminal proceeding. Therefore, the arguments raised are upheld, and as a result, judgment No. 236-2017, of 10:40 a.m. on October 17, 2017, of the Guanacaste Criminal Sentence Appeals Court, Santa Cruz Branch, is partially annulled concerning the declaration of extinction by statute of limitations for the crimes of affecting a protected area and opening roads in a forested area, as well as the civil consequence arising from the punishable acts, specifically regarding the order to restore things to their natural state issued by the Trial Court of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Liberia, in judgment no. 309-2015, of 1:15 p.m. on August 13, 2015... ... the question of whether or not to admit such measures (which constitutes an order to restore things to their previous condition) is a matter that does not pertain to civil actions, because such orders do not constitute civil compensation in the strict sense, nor are they dependent on civil compensatory actions; rather, they are a consequence derived from the punishable act.En síntesis, se tiene por establecido que las ilicitudes de afectación de área protegida (hecho siete) y la apertura de caminos en área boscosa (hecho díez), son delitos de efectos permanentes; lo cual genera como consecuencia que el cómputo del plazo de la prescripción inicie a partir de que cesen sus efectos. Circunstancia que no se origina en el presente proceso penal. Razón por la cual, llevan lugar los alegatos interpuestos, y en consecuencia de ello, se anula parcialmente la sentencia N° 236-2017, de las 10:40 horas, del 17 de octubre de 2017, del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Guanacaste, Sede Santa Cruz, en cuanto a la declaratoria de prescripción de los delitos afectación de área protegida y la apertura de caminos en área boscosa, así como la consecuencia civil originada de los hechos punibles, concretamente en lo que respecta a la orden de restitución de las cosas a su estado natural dispuesta por el Tribunal de Juicio del I Circuito Judicial de Guanacaste, sede Liberia, en la sentencia 309-2015, de las 13:15 horas, del 13 de agosto de 2015... ... lo relativo a la admisión o no de dichas medidas (que constituye una orden de restablecimiento de las cosas a su estado anterior) es un tema que no atañe a las acciones civiles, porque este tipo de disposiciones no constituyen una indemnización civil en sentido estricto, ni tienen una relación de dependencia respecto de las acciones civiles resarcitorias, sino que son una consecuencia derivada del hecho punible.
Pull quotesCitas destacadas
"Ambas ilicitudes acusadas son delitos instantáneos de efectos permanentes, lo que implica, para efectos de la prescripción, que el conteo del plazo no puede iniciar mientras continúen los efectos del ilícito..."
"Both charged offenses are instantaneous crimes with permanent effects, which means, for purposes of the statute of limitations, that the counting of the period cannot begin while the effects of the offense continue..."
Considerando V
"Ambas ilicitudes acusadas son delitos instantáneos de efectos permanentes, lo que implica, para efectos de la prescripción, que el conteo del plazo no puede iniciar mientras continúen los efectos del ilícito..."
Considerando V
"... lo relativo a la admisión o no de dichas medidas (que constituye una orden de restablecimiento de las cosas a su estado anterior) es un tema que no atañe a las acciones civiles, porque este tipo de disposiciones no constituyen una indemnización civil en sentido estricto... sino que son una consecuencia derivada del hecho punible."
"... the question of whether or not to admit such measures (which constitutes an order to restore things to their previous condition) is a matter that does not pertain to civil actions, because such orders do not constitute civil compensation in the strict sense... rather, they are a consequence derived from the punishable act."
Considerando V
"... lo relativo a la admisión o no de dichas medidas (que constituye una orden de restablecimiento de las cosas a su estado anterior) es un tema que no atañe a las acciones civiles, porque este tipo de disposiciones no constituyen una indemnización civil en sentido estricto... sino que son una consecuencia derivada del hecho punible."
Considerando V
"El delito de invasión de áreas de conservación es sin duda un delito permanente, dado que la acción no se agota con la construcción de la trocha, sino que sus efectos permanecen todo el tiempo, lesionando continuamente el bien jurídico (ambiente sano y equilibrado)..."
"The crime of invading conservation areas is undoubtedly a permanent crime, since the action is not exhausted with the construction of the trail, but rather its effects persist at all times, continuously harming the legal interest (a healthy and balanced environment)..."
Considerando V (cita de Tribunal de Apelación)
"El delito de invasión de áreas de conservación es sin duda un delito permanente, dado que la acción no se agota con la construcción de la trocha, sino que sus efectos permanecen todo el tiempo, lesionando continuamente el bien jurídico (ambiente sano y equilibrado)..."
Considerando V (cita de Tribunal de Apelación)
"En consecuencia, se anula parcialmente la sentencia N° 236-2017... en cuanto a la declaratoria de prescripción de los delitos afectación de área protegida y la apertura de caminos en área boscosa, así como la consecuencia civil originada de los hechos punibles, concretamente en lo que respecta a la orden de restitución de las cosas a su estado natural."
"Consequently, judgment No. 236-2017... is partially annulled regarding the declaration of extinction by statute of limitations for the crimes of affecting a protected area and opening roads in a forested area, as well as the civil consequence arising from the punishable acts, specifically regarding the order to restore things to their natural state."
Por tanto (voto de mayoría)
"En consecuencia, se anula parcialmente la sentencia N° 236-2017... en cuanto a la declaratoria de prescripción de los delitos afectación de área protegida y la apertura de caminos en área boscosa, así como la consecuencia civil originada de los hechos punibles, concretamente en lo que respecta a la orden de restitución de las cosas a su estado natural."
Por tanto (voto de mayoría)
Full documentDocumento completo
Sala Tercera de la Corte **Resolution No. 00893 - 2018** **Date of Resolution:** December 7, 2018, at 11:25 a.m.
**Case File:** 18-000090-0611-PE **Drafted by:** Rosibel López Madrigal **Type of Matter:** Appeal in Cassation **Analyzed by:** SALA DE CASACIÓN PENAL **Judgment with Dissenting Vote** **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Text of the resolution** * 080000900611PE* Res: 2018-00893 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven hours and twenty-five minutes on December seventh, two thousand eighteen. Appeals in Cassation, filed in the present case against Rafael Ángel Zamora Fernández, of legal age, Costa Rican, identity card number 105630370, born on August 9, 1961, son of Rafael Ángel Zamora González and Nicolasa Fernández Urpí; for the crime of Affecting Protected Areas and Opening Roads in Forested Zones and Others, committed to the detriment of Natural Resources and Others. The following Substitute Magistrates participate in the decision on the appeal: Rosibel López Madrigal, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Jorge Enrique Desanti Henderson, Jaime Robleto Gutiérrez, and Rafael Segura Bonilla. Also appearing at this stage are Licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, in her capacity as Private Defense Counsel for the defendant, Licenciado Luis Diego Hernández Araya representing the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), and Licenciado Randall Aguirre Mena as representative of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República).
Whereas:
1. By judgment No. 2017-00236, issued at ten hours and forty minutes on October seventeenth, two thousand seventeen, the Court of Appeal for Criminal Judgments of Guanacaste, Santa Cruz Venue: “POR TANTO The appeal filed by the Public Prosecutor's Office is granted, and the appeals filed by the defendant Rafael Ángel Zamora Fernández, Licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, and Licenciado Gavridge Pérez Porras are partially granted. Therefore, the sentence and the trial that preceded it are partially annulled regarding the convictions of the defendant for the crimes of Infraction of the Forest Law (Infracción a la Ley Forestal) and affecting protected areas (afectación de áreas protegidas), both to the detriment of Natural Resources. Instead, based on Article 30, subsection e) in relation to Article 311, subsection d), both of the Code of Criminal Procedure, the criminal actions regarding said offenses are declared extinguished by statute of limitations (prescripción) and a definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) is ordered in favor of the defendant Rafael Ángel Zamora Fernández. Additionally, the sentence and the trial that preceded it are annulled for the following aspects: regarding the legal classifications and penalties imposed for proven facts numbered 8 and 9; for the sanctions imposed for the three crimes of water usurpation (usurpación de aguas) for which the defendant Rafael Angel Zamora Fernández was declared responsible as the author; and for what was decided regarding the civil restitution claims filed by Ingenio Taboga S.A. and the Office of the Attorney General of the Republic. The referral of the case file is ordered for a new proceeding to address the legal classifications, the penalties indicated, and to resolve the aforementioned civil restitution claims, with a different composition of the court. The rest of the ruling remains unalterable. NOTIFÍQUESE. CYNTHIA DUMANI STRADTMANN MARÍA LUCILA MONGE PIZARRO GERARDO RUBÉN ALFARO VARGAS JUDGES OF APPEAL OF JUDGMENT” (sic).
2. Against the preceding pronouncement, Licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, in her capacity as Private Defense Counsel for the defendant, Licenciado Luis Diego Hernández Araya representing the Public Prosecutor's Office, and Licenciado Randall Aguirre Mena as representative of the Office of the Attorney General of the Republic, filed Appeals in Cassation.
3. Once the respective deliberation was conducted, the Chamber considered the issues raised in the appeal.
4. The oral hearing scheduled for July seventeenth, two thousand eighteen, was held.
5. The pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.
Considering:
I.By Resolution No. 2018-0337, at 10:48 a.m., on May 25, 2018 (cf. pages 2857 to 2869), this Chamber admitted for processing the appeal in cassation filed by Licenciado Luis Diego Hernández Araya, in his capacity as representative of the Public Prosecutor's Office, the objection brief of Licenciado Randall Aguirre Mena, as representative of the Office of the Attorney General of the Republic, and the second ground of the appeal in cassation filed by Licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, as private defense counsel for the defendant. All are directed against Resolution 236-2017, at 10:40 a.m., on October 17, 2017, from the Court of Appeal for Criminal Judgments of Guanacaste, Santa Cruz Venue.
II.In the sole ground admitted for Licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, in her capacity as private defense counsel for the defendant Zamora Fernández, the appellant centers her objection on the argument that the appeal judgment completely lacks reasoning in relation to the complaints formulated in the second ground of her objection, concerning defects in the accusation and the complaint of the Office of the Attorney General, and consequently, in the proven facts, which do not describe the subjective element of intent (dolo) regarding the crimes of water usurpation (usurpación de aguas) and calamities (estragos) (reclassified to damages (daños)), rendering such conduct atypical. In her view, the Court of Appeal for Judgments only explained that the conviction judgment did mention the subjective element of intent in its consideration clauses, without verifying whether that conclusion was legitimate based on the factual description of the accusation and the complaint, and whether intent was indeed described in the proven facts. She argues that the ad quem only conducted an analysis related to a subjective element different from intent, "profit motive (ánimo de lucro)," reasoning which, in her understanding, is insufficient to serve as a basis regarding the questions about the absence of a description of intent in the accusatory documents. In her consideration, this prejudices the interests of her client because it results in the impossibility of examining the accusation, the complaint, and the proven facts to determine if they contained that essential requirement of the subjective element of intent in the attributed crimes, and based on that, to determine whether or not to uphold the conviction, given the possibility that the facts were atypical, providing a different solution to the specific case. She requests that the decision on appeal be annulled and a referral be ordered so that it can be analyzed whether the alluded defects exist. The argument presented is hereby granted: The appellant is correct in claiming an absolute lack of substantiation and reasoning in the appealed judgment. This Chamber observes that the Court of Appeal for Judgments, in rejecting the second ground of the appeal filed, merely conducted an analysis concerning the jurisdictional work performed by the a quo, where it broadly and thoroughly explains that the conviction judgment issued does accredit the required typicality and intent based on the proven facts and the body of evidence presented at trial (cf. folio 2690 verso to 2703 verso). However, it disregards the object of the objection raised by the appellant, without examining whether the conclusion reached by the Trial Court is or is not legitimate based on the factual description of the accusation and complaint. In that understanding, this Chamber of Criminal Cassation has established that before the Court of Appeal for Judgments, Licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos alleged as the second ground of her objection brief the non-existence of the subjective element in the accusation, which, in her judgment, triggered an absence of imputation of the attributed intent. In that understanding, she reproached: "The facts described in the accusation and complaint (the latter being a literal copy of the former) are atypical facts because there is no imputation of any subjective element. The factual attribution in the accusation does not refer to any intentional or negligent attribution of the facts to our client […] there is no determination of knowledge of illegality (conocimiento antijurídico) or pernicious purpose regarding the facts attributing the crimes of invasion of a protection area, the two crimes of damages, and the opening of a road in a forest. […] The absence of a determination of elements of typicality in the facts of the accusation had the inevitable legal consequence, being an absolute and non-remediable defect, that the Criminal Court discard the accusatory documents, since they could not support a conviction judgment, given that anything not included in the facts of the accusatory document could not be analyzed against my client. […] This absence of attribution of intent or negligence in the accusation and the complaint constitutes, according to the provisions of Article 30 of our Penal Code, a lack of typicality, since it is not possible to attribute a criminal action if it is not carried out under any of these titles. A defect that was never remedied during the readings of the accusatory documents. […] And without this subjective element having formed part of the accusation, the Court, in an extension of its competencies not authorized by law, justifies the existence of intent in the mentioned crimes, as if it were a typical element included in the facts of the accusation, which a simple reading of both accusatory documents disproves" (cf. folio 2413 to 2417). On this matter, this Chamber observes that the Court of Appeal for Judgments proceeded to jointly resolve several grounds of objection – among them the second ground of the appeal filed by the petitioner – an aspect that is verified in the section: "5) ON THE PARTICIPATION OF THE DEFENDANT. Grounds 1 to 5 of the defendant Rafael Ángel Zamora Fernández; 2 to 6 of Licenciada Amalia Sánchez de León; and 1 to 3 of Licenciado Gavridge Pérez Porras are rejected" (cf. folio 2690 verso). In which, the ad quem based its analysis on the facts demonstrated in the judgment, thereby determining the existence of intent in the actions of the defendant Zamora Fernández; concluding from an analysis of several evidentiary elements that: "[…] The judgment proved that the accused Rafael Ángel Zamora Fernández was, at least since 2007, the President with powers of unlimited general attorney-in-fact of the company Hacienda Solimar S.A., legal I.D. 3-101-59994, (folio 2255 front), and it was from that year that he made the decisions regarding the properties of Hacienda Solimar S.A. in the area, who conducted the negotiations with Erick Thompson for the purchase of the lands from Inversiones Sánchez Solera, and who later had conversations with the representatives of Ingenio Taboga, as they noted that the works ordered by the accused were causing damage to their harvests. From the wording of the judgment, it is clear that the accused had functional control over the act, which is why he was identified as the author, which was proven. Therefore, arguing about the type of participation of other subjects would be speculative as it was not part of the accusation or the investigation in this case (reasons why grounds 4 and 5 of the accused; 2 of Licenciada Sánchez de León; 1 and 2 of Licenciado Gavridge Pérez Porras are also rejected). […] In the statement of reasons for the judgment, the Trial Court clearly stated that the accused was not the one who personally did the work on the canals, operated the machinery, or made the diversions or blockages; however, he was the one who directed and decided on these works and gave orders to the foreman Alfredo Altamirano, who organized and executed the tasks assigned by the accused with the laborers under his charge. Likewise, the accused was the one who presented himself as the representative and responsible party for the company Hacienda Solimar before Erick Thompson (representative of Inversiones Sánchez Solera S.A.) when the properties were purchased from Inversiones Sánchez Solera S.A., and who had to answer for the acts ordered to the company's laborers, by him; when the owners of the neighboring properties and the partners of Ingenio Taboga, Messrs. Adrián Guzmán and Gabriel Hernández, tried to solve the problems. In that sense, it was proven that the defendant had functional control over the act. […] The foregoing allows us to conclude that the configuration of a criminal act under these conditions does not require the author to carry it out personally and materially, but it is sufficient that they have control over its development and execution. (see on this topic Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia vote number 1171 of 10:22 a.m. on July 4, 2014). In all the prior, during, and subsequent acts, it was clear that the accused had control over the act; he was the one known as the representative and unlimited attorney-in-fact, and it was he who, before third parties, presented himself as the representative of Hacienda Solimar S.A. (this was also documentarily established), and even the workers identified him as the person who gave the orders. […] The Court proved that it was the accused who decided and gave the order for the construction of the canals, with the purpose of diverting the water coming from the Lajas River so that it would re-enter the Higuerón River, and in this way, he put the surrounding properties at risk because the plugs were opened and closed at Hacienda Solimar's convenience. By virtue of the foregoing, the judgment considered that the one making the decisions within Hacienda Solimar S.A. was the accused Rafael Ángel Zamora Fernández, and therefore he was the one who had control over the act. The court's conclusion was duly substantiated according to the principles of sound judgment (sana crítica) and ratified the functional control that the accused had over the actions that were carried out. […] Therefore, the knowledge, the intention, and the control over the act were proven in the judgment. This Chamber shares the conclusion of the judgment that it was irrelevant that the accused was sometimes out of the country, since he remained connected with what was happening at Hacienda Solimar by virtue of being the person in charge and representative. For the court, there was no lack of intent (understood as the knowledge and willingness on the part of the active subject to carry out the elements of the objective type) in the actions of the accused, since, as the judgment established, the accused was aware of what was happening, ordered the respective works with the purpose of benefiting economically, because in summer he achieved unauthorized additional irrigation for the Hacienda Solimar properties, and in winter he prevented flooding at the cost of diverting the waters towards the neighboring properties. In this way, the crimes of water usurpation provided for in number 226 of the Penal Code were configured, since water was taken over which the defendant's represented party was not authorized, generating an additional gain (profit (lucro)) but harming the neighboring properties. This Chamber observed that there was abundant evidence on who decided what was done on the Solimar property, as the judgment explained that the witness Juan Sánchez testified that upon accompanying Giovanni Trigueros and Randall Campos, he observed an excavator with a 'Pedregal' sign, and upon asking the operator to stop the work, the operator stated that he was following orders and that the administrator should be called. When Alfredo Altamirano arrived, he indicated that the work would not be stopped because they had no authority to do so and that he only received orders from 'Macho Zamora' (folio 2267 verso). […] Now, in ground 2 of the appeal of Licenciada Amalia Sánchez de León, it was said that the profit motive had not been proven. However, the undersigned judges confirm that, as has been indicated, in the three acts classified as water usurpation, the motivation for the illegal works ordered by the accused was for the purpose of obtaining better benefits for the properties of Hacienda Solimar, with the aim of improving crops and livestock, through more water in summer and avoiding floods in winter, which was clearly set forth by the court (see folio 2163). In that sense, the a quo also said: '... in the winter season, the plugging, diversion, and channeling of the Lajas River prevented it from overflowing onto his lands, which would result in fewer floods on his lands, allowing him to have more land available for grazing, livestock, and any other agricultural or livestock activity, which generated an undue profit for him, since (...) the non-existence of floods in winter only brought him economic benefits, as he had greater use of the resources.' (Folio 2308). Therefore, this ground is rejected. […] Thus, this Chamber considers that it was amply proven that the accused ordered deep canals to be made in order to alter the natural course of the Lajas River, which received water from the Higuerón River, and through these acts, he increased the flow of the Higuerón River because it now received water from the Lajas River, causing floods on the properties that had sugarcane plantations." (cf. folio 2690 verso to 2703 verso). With which this Chamber of Criminal Cassation determines that the judgment issued by the Court of Appeal for Judgments omits its duty to reason and substantiate the claim raised by Licenciada Sánchez de León Castellanos, in the understanding that the object of her objection (second ground of the appeal) claimed defects in the accusation and complaint, under the argument that both accusatory documents do not describe the subjective element of intent. This does not mean in any way that this Chamber is prejudging the merits of the claim raised at that time. Instead, we proceed only with the verification of the formal defect alleged before this Office, related to the grievance that the ad quem disregarded the object of the objection raised by the appellant, without examining whether the conclusion reached by the Trial Court is or is not legitimate based on the factual description of the accusation and complaint, thereby omitting to issue a true intellectual judgment on the matter. For this reason, the procedural error due to lack of substantiation is upheld, as it is observed that the requirements established by our current procedural law for all judgments were violated, and the defect of form alleged by the petitioner before this Chamber of Criminal Cassation was configured, related to an absolute lack of substantiation regarding the second ground raised in the appeal against the judgment. The Procedural Criminal legislation obliges that all judgments issued at any procedural stage contain a complete and adequate reasoning that allows the parties to exercise legal control over the factual and legal arguments presented, as well as the evaluation and analysis carried out by the judges, an aspect that is clearly absent in the resolution appealed before this Chamber. Article 142 of the Code of Criminal Procedure expressly indicates that with regard to the proper reasoning of a judgment: "Judgments and court orders shall contain a clear and precise substantiation. In it, the reasoning of fact and law on which the decisions are based shall be expressed, as well as the indication of the value assigned to the means of evidence. The mere description of the evidence or the mention of the parties' requests shall not, in any case, replace the reasoning. It shall be insufficient when forms, dogmatic statements, routine phrases, the simple description of the facts, or the mere mention of the evidentiary elements are used. There is no reasoning when the rules of sound judgment (sana crítica) have been disregarded with respect to means or evidentiary elements of decisive value. Court orders and judgments without reasoning shall be ineffective." Thus, the norm cited indicates that to establish the legal validity of a resolution, it must substantiate and clearly argue the reasons of fact and law that allow concluding on the final decision adopted, that is, it must be self-sufficient to allow understanding the reasons that led to a conclusion. This condition is a constitutional guarantee, which forms part of due process, which allows studying the logic of the foundations and concluding on the legitimacy or lack thereof of what is resolved. It is for this reason that, in the present proceeding, the resolution issued contains an absolute lack of reasoning –on that aspect being the object of this objection– thereby violating the Court of Appeal for Judgments' duty to substantiate and reason the resolution in question in accordance with our legal system. Given that the rules of reasoning established in numerals 142 and 184 of the Code of Criminal Procedure are mandatory for the Courts of Appeal for Judgments, mainly when definitively resolving the legal situation of the accused and the claims of the victims or the Public Prosecutor's Office. Regarding the judicial duty of adequate substantiation and reasoning of resolutions issued by the Courts of Appeal for Judgments, as part of a guaranteeing function of the Democratic State, as well as a right of the intervening parties, this Chamber of Criminal Cassation has established that: "VII […] the Inter-American Court has recognized the duty of motivation with different effects: i) in its political function, as a legitimizer of the decisions issued by judicial bodies, ii) in its extra-procedural function, as a right of every citizen to know and exercise control over the actions of the authorities and, iii) in its procedural function on two levels: a) as a guarantee that the arguments of the parties were duly considered, as well as the evidence that makes up the case and, b) as subsequent control of the decision before higher bodies, in those cases where the review of the resolution is appropriate. Along these same lines and regarding the procedural function, our adjective legislation establishes in numeral 142 of the Code of Criminal Procedure the duty of substantiation of jurisdictional decisions […] Other provisions that also refer to the reasoning of the judgment are orders 184, 312, 363, and 369 of the same regulatory body. Analyzing the content of said numerals, this Chamber has pronounced on the requirement of substantiation of every judgment at whatever stage of the process it is issued. […] (Vote number 1157-2015, 09:27 a.m., September 4, 2015. In a similar sense, consult vote 585-2014, 02:30 a.m., March 28, 2014.) […] In other words, the obligation of substantiation as the possibility of control of jurisdictional activity both for the procedural parties and for the rest of society itself is not only valid for decisions issued in the first instance but also for resolutions issued on appeal, so regardless of the stage in which the process finds itself, every resolution under the protection of the cited numeral 142 must express the reasons on which it relies, without neglecting the review of the arguments and claims of the parties, determining the relevance they hold and the incidence in the questioned decision, setting forth with sufficient clarity the considerations on which the judgment is based. […] In this sense, added to the duty to substantiate the resolution, inherent in jurisdictional work, the Appeal Judges are called upon to exercise control and complete examination of the decision of the lower court, since it is that instance which is entrusted with said function. It is necessary to point out that the incorporation into the legal system of a series of norms that show conformity with the demands of a democratic and republican political system to which the Costa Rican State is committed is legitimized to the extent that the jurisdictional work reflects the active exercise of the duty to justify and reason the acts and resolutions issued, as well as the subsequent control that allows evaluating the rationality and objectivity of the decision. […]" (Resolution number 2016-01260, 09:45 a.m., December 7, 2016, underlining supplied. Composition; Chinchilla Sandí, Ramírez Quirós, Arroyo Gutiérrez, Arias Madrigal, and Gamboa Sánchez.) By reason of the foregoing, in attention to articles 142 and 184 of the Code of Criminal Procedure, given the lack of substantiation that occurred in the contested resolution, this ground of the appeal in cassation filed by Licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, as private defense counsel for the defendant Rafael Ángel Zamora Fernández, is granted; because the ruling of the Court of Appeal for Judgments merely explained that the Trial Court accredited the subjective element of intent, without verifying whether that conclusion was legitimate based on the factual description of the accusation and complaint –the object of the objection presented in the second ground of the appeal– thereby configuring the defect of absolute lack of substantiation regarding this point. Consequently, judgment No. 236-2017, 10:40 a.m., October 17, 2017, of the Court of Appeal for Criminal Judgments of Guanacaste, Santa Cruz Venue, is partially annulled as to this aspect, and it is ordered to refer it to said Court so that a different composition resolves the second ground of the appeal raised by Licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos.
III.Appeal of Licenciado Luis Diego Hernández Araya, representative of the Public Prosecutor's Office. In the first ground of cassation, the prosecutorial representative alleges the erroneous application of a procedural norm, specifically Article 32 of the Penal Code, based on the legal hypothesis of numeral 468, subsection b) of the Code of Criminal Procedure. He claims that the Court of Appeal for Judgments erroneously interpreted the provisions of said norm when concluding that the crimes of affecting a protected area and opening roads in a forested zone were time-barred, as it considered that these offenses do not correspond to the category of crimes of permanent effects. In the appellant's view, the judges resorted to a mistaken interpretation of the terms "permanent crimes" and "crimes of permanent effects," and he considers that the offenses of affecting a protected area and opening roads in a forested zone are instantaneous crimes of permanent effects, so that as long as the unlawful intrusion into said areas persists or the opened or constructed road remains, the limitation periods do not begin to run, as was proven in the specific case. The prosecutor assures that the decision taken by the appeal judges has an essential impact on the final outcome of the process because, based on that incorrect application of the norm, it declared the statute of limitations for such criminal acts, even though the appropriate action was to maintain the conviction ordered for them. He indicates as a grievance that as a consequence of ordering a definitive dismissal due to the statute of limitations in favor of the accused, an illegitimate harm has been caused to the punitive claims of the Public Prosecutor's Office, because it prevented the application of the corresponding sanctions regarding the crimes in question, and furthermore, it had no opportunity to address the complaints relating to the lack of substantiation of the sanctions imposed in said cases; additionally, the restoration of the ecosystem to its previous state was set aside. All these consequences derived from the ruling prevented the prosecuting entity from complying with what is established by law, not only with respect to criminal penalties but also regarding the civil consequences derived from said offenses. Through a second ground of cassation, the representation of the Public Prosecutor's Office accuses non-observance of procedural rules, specifically what is regulated in the Rules on civil liability, articles 96, 103 of the Penal Code, and 140 of the Code of Criminal Procedure. It reproaches that the appeal judgment set aside the Trial Court's order to restore to its natural state the sector occupied by the road that crosses the La Ojochada forest and the protection area of the Lajas River, under the argument that the ordering of a definitive dismissal due to the statute of limitations left the measure so ordered in the judgment without a basis. In the prosecutor's view, regardless of the declaration of criminal extinction, the judges had the duty to enforce the obligations generated by the criminal wrong and the proven environmental damages, independently of the validity of the criminal action, since these are environmental damages that demand reparation.
In their view, through this provision the appellate judges arbitrarily disregarded the rules on civil liability, which contemplate the necessary obligation to repair damages and restore things to their prior state, an obligation that takes on special importance when dealing with unlawful environmental damages that represent obstacles to the natural regeneration of said areas. They argue that lands in forest and protection areas of bodies of water constitute limitations on private property, which are imposed by reason of a public interest in a healthy environment. Consequently, it is not possible to grant permits of any kind on said areas, as they are fragile zones on which no land-use change (cambio de uso de suelo) can be made. They indicate as a grievance that said conduct of the Court entails prejudice to the claims of the Public Prosecutor's Office, because it prevented it from fulfilling its legal obligation to repair the damage caused to the environment, which by legal imperative is contemplated in Article 50 of the Political Constitution itself, and despite an environmental criminal wrong being materialized, the only measure that would allow the natural regeneration of the protection area and the forest was rendered ineffective. They request that both grounds of their challenge be granted.
IV.Cassation appeal of Attorney Randall Aguirre Mena, representative of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República). In the sole ground of challenge, the attorney alleges erroneous application of a procedural rule, subsection e) of Article 30 of the Code of Criminal Procedure and disregard of numeral 32 of that same normative body, in relation to the statute of limitations for the crimes of affecting protection areas and opening roads in a forested zone, based on subsection b) of Article 468 of the Code of Criminal Procedure. The appellant considers that the decision of the Court of Appeals to rule on the statute of limitations for the criminal action regarding the crimes of affecting protection areas and opening roads in a forested zone, is due to an erroneous interpretation of what Article 30 of the Penal Code prescribes, and a disregard of what is mandated in numeral 32 of the Code of Criminal Procedure. Under this understanding, they allege that the court considered the statute of limitations period to have elapsed from the date on which the affectation was verified until the date on which the preliminary investigation was confirmed, disregarding the fact that the offenses in question constitute true permanent-effect crimes, as contemplated in the aforementioned numeral 32. In this regard, the challenger emphasizes that in the instant case, it was proven that the defendant cut vegetation in the protection area of a river and placed improved pasture in said zone, an affectation that remains to date as was verified by the trial court itself, that is, the effects of said conduct have not ceased. And with respect to the crime of opening roads in a forested zone, it was likewise proven in the instant case that the accused ordered the opening of a network of roads in the forest called Ojochada, which affected the forested zone, an affectation that has likewise persisted over time, as the existence of said roads persists. These circumstances allow one to conclude, in the appellant's view, that this type of offense is one of permanent effects, a view that has been ratified in different jurisprudential pronouncements, which they cite for this purpose. Consequently, the challenger estimates that at the time of the preliminary investigation, contrary to what was ordered by the appellate judges, the statute of limitations period had not elapsed. As a grievance, they point out that as a consequence of what was decided, the criminal claim of the State's representation as a complainant for the protection of natural resources has been rendered nugatory, and at the same time, the measures that would have allowed the restoration of the damages were rendered ineffective. They request that the appeal be granted, annulling the appellate judgment only insofar as it decreed the statute of limitations for the offenses in question, and in its place, that the ordered conviction be upheld.
V.The arguments raised by the Office of the Attorney General of the Republic and the representation of the Public Prosecutor's Office are granted. Since both cassation appeals are intrinsically related to the legal consequence to be ruled upon, they are hereby resolved jointly. In summary, the first ground of the prosecutorial claim and the entirety of the appeal filed by the Office of the Attorney General of the Republic accuse the erroneous application of a procedural rule, specifically subsection e) of Article 30 of the Code of Criminal Procedure and disregard of numeral 32 of that same normative body, in relation to the statute of limitations for the crimes of affecting protection areas and opening roads in a forested zone. Inasmuch as the Court of Appeals of Judgment determined the statute of limitations for both offenses, rendering ineffective the civil consequence derived from the punishable act, which refers to the restitution to its natural state of the affected protected zone. For this reason, and as a starting point for the analysis of this Criminal Cassation Chamber, the provisions of numeral 32 of the Code of Criminal Procedure must be brought to bear, which literally states: "Computation of the statute of limitations. The statute of limitations periods shall be governed by the principal penalty provided for in the law and shall begin to run, for completed offenses, from the day of completion; for attempts, from the day on which the last act of execution was carried out and, for continuous or permanent crimes, from the day on which their permanence ceased. The statute of limitations shall run, be suspended or interrupted, individually, for each of the subjects who participated in the crime. In the case of joint prosecution of several crimes, the respective criminal actions arising from them shall prescribe separately within the term indicated for each one." (underscoring supplied). The incidence and object of analysis by this Chamber centers on the fact that the offenses of affecting protection areas and opening roads in a forested zone, in the present case, constituted instantaneous crimes with permanent effects, before which, the computation of the statute of limitations for said criminal wrongs must begin to run from when their affectation ceased. A circumstance that this Chamber verifies does not occur in the instant case, hence the statute of limitations period had not begun to run. An aspect weighed by the Trial Court itself when indicating in reference that: "[…] Precisely this Court, in the Inspection conducted, passed through that road, was there and walked several meters and was able to establish that the road is in use, is in a good state of maintenance, which demonstrates that a land-use change has indeed occurred due to the opening of a road in the midst of the Ojochada forest. […] and furthermore, it must be considered that Mr. Thompson Piñeres indicated that in the Ojochada sector there were no roads, only small trails that were barely enough to extract the timber, and after delivering the property, a year later, a road appears, with drainage on the side for good maintenance, with compacted material and which remains in good use and maintenance even at the time the Court attended the Inspection carried out during the course of the trial." (cf. f. 2300 vto to 2301, volume V main case file). Having also proven the crime of affecting protection areas and its constitution with permanent effects, by establishing in the judgment that: "[…] In the same vein, this Court has come to be certain that in the same time period in which the diversion of the Lajas River was built, and which is taken as fully proven, the vegetation of the protection area of the Lajas River channel was cleared and uprooted, in a line parallel to its channel four hundred meters long, allowing the placement of improved pasture for use in livestock farming and with which an approximate protection area of six thousand square meters was affected. The Court comes to have these facts proven based on the testimonial and documentary evidence presented at trial. Witness Giovanny Trigueros declared that in the third field inspection they conducted with a technical team, they were able to determine that there had been an invasion of the protection area, where they determined logging and destruction of the habitat and that at that moment they noticed that machinery had been brought in and machetes used, he even declared that this clearing had been very recent, that the area had been measured and photographs taken, adding that it caught their attention because that was not there before. For his part, Randall Campos, who accompanied Trigueros together with Juan Sánchez and Óscar Gutiérrez on that inspection, declared of interest that before, the Lajas River entered and supplied the Lagoon but when they arrived they could observe that there was a canal that diverted its normal course, he indicated that it diverted it almost ninety degrees to the north or northwest and then the affectation of the Lajas River protection area was seen. He adds that they toured the area adjacent to the Lajas River within the fifteen meters established by the Law and that the protection area was razed, trees were cut down and it seemed they were burning it, all within the fifteen meters of the protection area. Photographs were incorporated into the trial that were recognized by Mr. Campos Vargas, such as the one on folio 111 which he indicates is a photograph of the Lajas River and the affected place is seen and the introduced pasture is seen; the photograph on folio 113 which he detailed as the photograph of the Lajas River, where witness Trigueros even appears and with the use of a tape measure the fifteen meters corresponding to the protection area are shown, he indicates that in that photograph the ash of burned trees is observed and he indicated that the zone observed which was cleared corresponds to the protection area established by law which states that in rural zones it is fifteen linear meters from the edge. […] In accordance with the foregoing, this Court has no doubt that the event occurred just as related by the accusing entity and the Office of the Attorney General of the Republic. Indeed, there is the testimony of persons who, like Giovanny Trigueros and Randall Campos, among others, were at the site on the bank of the Lajas River, made the corresponding measurements to ensure the measurement of fifteen linear meters from the edge of the Lajas River channel, also verified the clearing that occurred in that zone, managed to observe that the vegetation was razed, that it was done with machinery. Furthermore, all of that was duly documented, reported, and with photographs of the moment that allow the fact to be proven. However, it must be added that in two thousand eleven a new inspection is ordered and officials of the National System of Conservation Areas manage to observe that in the zone of the Lajas River protection area where in the year two thousand eight they had verified that the clearing and razing of vegetation had been carried out, is now found planted with improved pasture of the species Brashiaria spp. which is used in livestock activities, which is not only testified to, but documented and photographed. They were clear in pointing out that the measurement of fifteen linear meters from the edge of the Lajas River channel, was cleared over an approximate extension of four hundred meters parallel to the edge of the channel, which when multiplied by the fifteen meters that the law refers to as a protection area in these cases, results effectively in the affectation of the protection area occurring over a measurement of six thousand square meters. In this way, both the testimonial statements and the documentary evidence turned out to be harmonious, complementary, the complaint and the inspection report supported the witnesses' statements, who recognized the documents and their signatures, recognized and explained each of the photographs, gave a clear, simple, and precise explanation of what they observed and why it had been something that had occurred a very few days before, with Trigueros pointing out that it caught his attention because none of that was there." (Cf. f. 2275 vto. to 2278 volume V main case file). From which it is inferred that in the present summary case, both offenses constituting the criminal wrongs of affecting protection areas and opening roads in a forested zone were constituted in a manner and with permanent effects. Therefore, for the proper analysis of the statute of limitations, as a way of extinguishing criminal liability, the precepts of numerals 31, 32, 33, and 34 of the Code of Criminal Procedure must be analyzed jointly, in order to determine whether the criminal action has been extinguished or not. Given that in crimes with permanent effects, the Judge must have it proven whether or not the permanence of the accused affectation has ceased, as this is a special regime for the computation of the statute of limitations period in order to protect the legal interests whose affectation is prolonged over time, as is the case with the crimes of affecting protection areas and opening roads in a forested zone committed in the present criminal process. Both accused offenses are instantaneous crimes of permanent effects, which implies, for statute of limitations purposes, that the counting of the period cannot begin while the effects of the offense continue, which cannot mean anything other than that the computation of the statute of limitations cannot begin, while the affectation of these protected areas continues, through the means devised and executed by the active subject. Precisely the definition of this last aspect is the topic of interest in order to resolve the present claim. Regarding the computation of the statute of limitations period in instantaneous crimes with permanent effects, this Criminal Cassation Chamber has already indicated on repeated occasions that: "… in permanent crimes, an action or conduct is described of such a character that its production creates not only the typical consummation but also an unjust and lasting situation – also typical – of injury or danger to the legal interest, which is maintained or prolonged over time without interruption, until the author ceases it, as also happens, for example, in Deprivation of liberty without profit motive (Article 191 of the Penal Code), in Extortionate kidnapping (Art. 215 C.P.), or in Violation of domicile (Art. 204 C.P.). This particularity of permanent crimes is relevant in order to other problems, such as for example: a) the possibility of intervening forms of participation or co-authorship arising after consummation; b) whatever the moment chosen to exercise legitimate defense, in permanent crimes the illegitimate aggression is always “current” while the unjust situation persists; c) for the computation of the statute of limitations of the criminal action, it is considered that the period runs from the day on which the permanence of that unjust situation ceased (cf. Art. 32 of the Code of Criminal Procedure), since otherwise the absurdity could occur that the crime prescribes without the authors having ceased their typical and unlawful action; (cf. MEZGER, Edmund: Derecho Penal Parte General, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2nd edition, 1990, pp. 152 and 340; FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: Derecho Penal Fundamental, Vol. II, Editorial Temis S.A., Colombia, 2nd reprint of the 2nd edition, 1998, p. 335; MUÑOZ CONDE, Francisco and other: Derecho Penal Parte General, Tirant lo blanch, Valencia 1993, p. 369; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel: Curso de Derecho Penal Parte General I, Editorial Hispamer, Colombia, n.d.e., p. 315; WESSELS, Johannes: Derecho Penal Parte General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980, p. 10; VELÁSQUEZ V., Fernando: Derecho Penal Parte General, Editorial Temis, Colombia, 1995, p. 358; CREUS, Carlos: Derecho Penal Parte General, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 155. Regarding the concurrence of crimes, see the interesting observations of WELZEL, Hans: Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pp. 267 and 274). […] As has been stated, a permanent crime does not end until the activity ceases, whether by the will of the agent or due to causes beyond their control that materially prevent them from giving permanence to the activity, as has occurred, for example, upon the supervening of their deprivation of liberty in a judicial venue." (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, Decision: 2001-00036, at 10:00 a.m., on January 12, 2001. Composition; González Álvarez, Ramírez Quirós, Houed Vega, Chaves Ramírez and Castro Monge). For its part, a permanent-effect crime "occurs when, despite having achieved the result, the accused has permissive conduct and, being in a position to eliminate it, refrains from causing it to cease… according to Article 32 of the Cod. Proc. Pen. (sic) the statute of limitations begins to run from when the situation of permanence ceases…” (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Volume I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1st edition, 2009, pp. 373-374). Having analyzed the foregoing, we find that the criminal types of affecting a protected area (fact seven), and of opening roads in a forested area (fact ten), are offenses committed that have endured over time, therefore it is concluded that their effects are permanent; being that under the terms of what is prescribed in our legal system, the respective computation of the statute of limitations period cannot have begun, which implies that the arguments interposed both by the representation of the Public Prosecutor's Office and by the Office of the Attorney General of the Republic itself are well-founded. It should be added that the Constitutional Chamber has already resolved the issue, in decision 11515-00 at 2:39 p.m., on December 21, 2000, by indicating in the relevant part that: "…The judge now consulting alleges that in the case of the crime of usurpation, the statute of limitations period cannot begin its course until the possessor –usurper– leaves the property (the effects cease) which makes the crime practically non-prescribable, since even after more than ten years have elapsed from the invasion of a property, it is sufficient to prove that the invader has always been within the land for it to be determined that not even one day has run for either the negative statute of limitations –criminal– or the positive –usucapion– to operate, since the latter cannot be computed where the extinctive one has not occurred. It is worth clarifying to the consultant that the crime of usurpation would not be non-prescribable, because as established by the article here questioned, the term for counting the statute of limitations of the criminal action would start from the cessation of the permanence of its effects, that is, when the usurpation ceases. In instantaneous crimes of permanent effects, their effects are repeated every day until the 'usurper' abandons the property, hence the qualifier of permanence…". Although this resolution refers to a crime of permanent effects such as usurpation, the cited numeral 32 stipulates that "… The statute of limitations periods shall be governed by the principal penalty provided for in the law and shall begin to run […] for continuous or permanent crimes, from the day on which their permanence ceased…", with the effect being the same: the statute of limitations does not run until the action ceases. Likewise, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice itself, through an action filed before its authority where the unconstitutionality was requested of the phrase "or of permanent effects, from the day on which their continuation or permanence ceased" of Article 32 paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure and of the reiterated jurisprudential criterion, in the sense that usurpation is a crime with permanent effects, for which the term of the statute of limitations of the criminal action begins from the moment in which the tenure or possession of the property in question ceased, resolved that: "The Constitutional Chamber, in judgment #11515-00, at 2:39 p.m. on December 21, 2000, when evacuating the Optional Judicial Consultation of Constitutionality formulated by the Judge of the Criminal Trial Court of Cartago, Turrialba seat, in the case followed against Claudio Calderón Elizondo and others for the crimes of usurpation and violation of the Forestry Law, to the detriment of the National Commission of Indigenous Affairs, natural resources and Claudio Mora González – processed in case file #97-000644-344-PE – indicated that it does not violate the Right of the Constitution the fact that the criminal action prescribes for crimes with permanent effects, from the moment the permanence in the property ceased." (Constitutional Chamber, resolution No. 2001-09917, at 5:23 p.m. on 2001.) By which it is clearly established that there is no constitutional violation, regarding the computation of the statute of limitations period for those crimes with permanent effects, from the moment in which the permanence of the offense ceases. In a similar sense, the Court of Appeals of Judgment of the Second Judicial Circuit of San José has established, in reference to the offenses corresponding to the invasion of a conservation or protection area, that these are crimes of permanent effects, whose statute of limitations period does not begin to run while the invasion persists, collecting in said pronouncement similar criteria from Courts of Appeals of Judgment of various territorial circumscriptions, and in that understanding, it proceeded to reference in the relevant part that: "As of March 03 of the year 2015, said dwelling remains in the protected zone previously indicated on the banks of the river [...]" (sic, folios 112 to 116 of the main case file). The described crime is sanctioned with 3 months to 3 years imprisonment as provided for in subsection a) of Article 58 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, therefore the statute of limitations period to be computed is 3 years. Likewise, numeral 32 of the Code of Criminal Procedure, amended by Law No. 9082 of October 12, 2012, provides that: "The statute of limitations periods shall be governed by the principal penalty provided for in the law and shall begin to run, for completed offenses, from the day of completion; for attempts, from the day on which the last act of execution was carried out and, for continuous or permanent crimes, from the day on which their permanence ceased" (the highlighting is supplied). Thus, when the invasion of a protection zone occurs, whether of a river, stream or creek, the consequences of the offense subsist while the occupation or invasion of said area continues; insofar as "…invading implies acts of occupation of the site, which translate into establishing oneself in the place and disposing of it" according to resolution No. 1131-2016 of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice; interpreting, likewise, that in the case of subsection a) of Article 58 of the Forestry Law, the word invade is used "…in its two meanings, entering by force and that of illegal occupation", according to pronouncement No. 388-2016 of the Court of Appeals of Judgment of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón. This Chamber also determines that the effects of the described offense are permanent with respect to the affectation of the protected legal interest, so only with the termination or cessation of the occupation or invasion executed by the agent, can the computation of the 3-year period already mentioned begin, in order to have the criminal action as extinguished. In resolution No. 324-2015 of the Court of Appeals of Criminal Judgment of Cartago, a criterion similar to the one mentioned above is adopted, explaining that: "The crime of invasion of conservation areas is undoubtedly a permanent crime, given that the action is not exhausted with the construction of the trail, but rather its effects remain all the time, continuously injuring the legal interest (healthy and balanced environment), given the implications that the invasion of that protective zone has for the environment (elimination of forest that affects animal and plant species, decrease in oxygen production) and also the affectation of the water resource protected there. In such a way, that only the reestablishment of things to the state they were in before the violation of the law, ceases the permanence in the terms of Article 32 of the Code of Criminal Procedure." From this perspective, given that for "continuous" or "permanent" crimes the cited period is counted from the day on which their permanence ended, what needs to be defined is the moment in which said condition was met, […] the truth is that the statute of limitations period for the criminal action has not elapsed, as alleged; furthermore, its computation could not even begin at this moment, because the described protection zone is still occupied, as ratified by this claim. For all the foregoing, it is appropriate to reject the exception of the statute of limitations." (Resolution No. 01551-2017, at 03:32 a.m. on December 21, 2017, Court of Appeals of the Second Judicial Circuit of San José). In summary, it is hereby established that the offenses of affecting a protected area (fact seven) and the opening of roads in a forested area (fact ten), are crimes of permanent effects; which generates as a consequence that the computation of the statute of limitations period begins once their effects cease. A circumstance that does not occur in the present criminal process. Reason for which the arguments interposed are well-founded, and as a consequence thereof, judgment No. 236-2017, at 10:40 a.m., on October 17, 2017, of the Court of Appeals of Criminal Judgment of Guanacaste, Santa Cruz Seat, is partially annulled, regarding the declaration of the statute of limitations for the crimes of affecting a protected area and the opening of roads in a forested area, as well as the civil consequence originating from the punishable acts, specifically with respect to the order for restitution of things to their natural state ordered by the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Liberia seat, in judgment 309-2015, at 1:15 p.m., on August 13, 2015 (in that sense, starting from folio 2325 to 2328, volume V of the main case file). Inasmuch as the appellate ruling in considerando V section 9 ordered the referral of the matter to hear anew on the civil compensatory actions filed, and provided that at that opportunity the matter regarding the appropriateness of the restoration measures that had been ordered during the trial phase could be discussed again. However, the matter relating to the admission or not of said measures (which constitutes an order for the reestablishment of things to their prior state) is a topic that does not concern civil actions, because this type of provisions do not constitute civil compensation in the strict sense, nor do they have a dependency relationship with respect to civil compensatory actions, but rather they are a consequence derived from the punishable act. (See in a similar sense, Vote number 317-2007, at 10:45 a.m. on March 28, 2007 of this Chamber, composition: Chaves Ramírez, Pereira Villalobos, Zúñiga Morales, Sáenz Fernández and Arce Víquez; in accordance with vote 964-2007, of the former Criminal Cassation Court of San José). This being the case, the first ground of the prosecutorial claim is granted and the entirety of the appeal filed by the Office of the Attorney General of the Republic. Let it be notified.
Por tanto:
Both the second ground of the cassation appeal filed by Attorney Amalia Sánchez de León Castellanos, and the cassation appeals filed by the Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General of the Republic are granted. By majority, the challenged judgment is partially annulled, regarding the declaration of the statute of limitations for the offenses of affecting a protected area and the opening of roads in a forested area, and unanimously regarding the civil consequence originating from the punishable acts, specifically the order for restitution of things to their natural state. Likewise, judgment No. 236-2017, at 10:40 a.m., on October 17, 2017, of the Court of Appeals of Criminal Judgment of Guanacaste, Santa Cruz Seat, is partially annulled. Consequently, it is ordered to refer the case back to said Court so that a different panel resolves the second ground of the appeal filed by the private defense attorney. Judge Zúñiga Morales partially dissents. Let it be notified.
Rosibel López M. Substitute Judge.
Jorge Enrique Desanti H. Sandra Eugenia Zúñiga M. Substitute Judge. Substitute Judge.
Jaime Robleto G. Rafael Segura B. Substitute Judge. Substitute Judge.
PARTIALLY DISSENTING VOTE OF JUDGE SANDRA EUGENIA ZÚÑIGA MORALES:
The undersigned Judge Zúñiga Morales wishes to clarify that I share the majority vote's decision to grant the second ground of the challenge filed by the private defense of the defendant R.A.Z.F. regarding the lack of reasoning incurred by the Ad quem, in failing to resolve the claim regarding the non-existence of the subjective element in the accusation.
Nevertheless, with all due respect, I beg to partially dissent from the opinion of the Judges who subscribe the majority vote and I reject the first ground of the appeal in cassation filed by the Public Prosecutor's Office and the entirety of the challenge raised by the Attorney General's Office of the Republic, since both cases claim a violation of a procedural precept, by considering that the assumptions for interruption of the prescription period are not applicable to crimes committed against Natural Resources as long as the act disturbing possession has not ceased; by virtue of the permanent nature these offenses possess. On this matter, I had already issued an opinion when I was a member of the former Court of Cassation of San Ramón, today the Criminal Sentence Appeals Court of San Ramón, at which time I expressed the following: « (...) I share the majority vote’s position regarding the legal nature of the offense of usurpation, which corresponds to the category of so-called permanent offenses, that is, those that create "... upon consummation a lasting legal situation... that is maintained or can cease by the conduct of the perpetrator." (LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, Curso de Derecho Penal, Parte General I, Editorial Univesitas, S.A., Madrid, 1996, p. 315). However, I differ in that, due to that legal nature of the offense, the application of Article 33 of the Code of Criminal Procedure is excluded when the accused—for example—continues possessing the land during the processing of the criminal proceeding for usurpation. I will analyze the issue based on the interpretation of procedural law, its principles and methods, our legislation, and pertinent pronouncements of the Third Chamber and the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. 1) Interpretation of procedural law Beling maintained that the law was the sole and principal source of procedural Law, precisely because it abstractly establishes the "how" one must proceed and the "who" is authorized to perform the various acts that make up the procedure. (MAIER, Julio, Derecho Procesal Penal Argentino, T.I, Editores del Puerto, S.R.L., Buenos Aires, 2002, pp. 193 to 195). However, when using procedural law, problems may arise related to two different situations: (i) interpretation, that is, the understanding of the concept or meaning of the law, as well as the methods proposed to know that content; and (ii) application, which refers to the law applicable to the specific case. (Ibid. p. 196). In the case under study, the difficulty does not arise from a questioning regarding the application of the law, but rather, regarding its interpretation. Interpretation is an intellectual operation performed by the person and consists of knowing or determining the meaning of the norm and applying it. It is to unravel the prescriptive content and extract its practical consequences, in order to apply them to a specific case. Interpretation must be a task developed in light of a series of formal and material principles. The former constitute "... a series of formal rules that legal science constructs, and even, on occasion, positivizes in a law, by way of logical-cognitive principles that govern the intellectual operation called interpretation of the law." (Ibid, p. 206) and among them are included those of (1) completeness of the legal order, according to which the legal system can provide a solution to any case that arises, because it is complete, it has no gaps; and that of (2) coherence of the legal order, relative to the nonexistence of contradictions in the system, which has motivated the creation of adjustment rules to avoid collisions, thus principles such as lex superior, lex specialis, lex posterior arise, among others, that seek to resolve such differences. (Ibid, pp. 209 to 226). The material principles of interpretation are also useful, they cannot be invented by the interpreter, they arise from the law itself; thus, in the Costa Rican case—as occurs in other legal systems—the Political Constitution occupies the normative apex, from it derive the fundamental maxims that direct the legal order, being guides not only for the legislator (when sanctioning the law), but also for the judges (when applying it). Hence "... particularly the judge has the duty to resolve the hermeneutic problems presented to them with the evaluative criteria that preside over our social organization, set forth in the Political Constitution or obtained from positive Law, as the essential ideological content of its rules. It is for this reason that these criteria, or rather, the harmony of the meaning of the law with them, preside over every evaluative and, therefore, political stance of the interpreter: the best interpretation is that which, within the rational meaning of the text of the law, best adheres to the ideological basis of our social organization, of our legal order." (Ibid, p. 228). In the point under study and from the perspective of the formal and material principles of interpretation, the constitutional precepts of equality before the law (Article 33), as well as legality and effective judicial protection (Articles 39 and 41) must be obligatorily cited; also taken up by instruments such as the American Convention on Human Rights or the Universal Declaration of Human Rights. Consequently, our criminal procedural norms, whose creation falls within the legislative sphere, must be coherent with the guarantees and principles contained in the Magna Carta and other international instruments ratified by Costa Rica (Article 7 of the Political Constitution), hence the affirmation to the effect that in reality Criminal Procedural Law is applied Constitutional Law (ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal, 1st edition 2nd reprint, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2003, p. 10 to 12). As a practical effect of the foregoing: it is not possible to accept criminal prosecution at any price, with the aim of imposing a penalty. There exists a criminal process that not only establishes an order (a series of phases in which certain procedural acts take place), but also guarantees respect for the rights and guarantees of the participants, with the purpose, of course, of avoiding arbitrary acts. Article 1, on the principle of legality and due process; Article 9, regarding the state of innocence, and Article 12, which encompasses the principle of inviolability of defense, all of the Code of Criminal Procedure, derived from Constitutional precept 39 (in that sense Constitutional Chamber, Decision No. 1739-92, of 11:45 hours on July 1, 1992) constitute bastions of the Rule of Law; from them arise some of the most important rules of interpretation, precisely that of interpreting procedural law restrictively and the prohibition of analogy or extensive interpretations to the detriment of the accused (on the subject MAIER, Julio, Derecho Procesal Penal Argentino, T.I, Editores del Puerto, S.R.L., Buenos Aires, 2002, p. 229 and 230), contained in Article 2 of the CPP: "Legal provisions that restrict personal liberty or limit the exercise of a power or right conferred upon the subjects of the process must be interpreted restrictively. In this matter, extensive interpretation and analogical interpretation are prohibited as long as they do not favor the liberty of the accused or the exercise of a faculty conferred upon those who intervene in the procedure." In that sense, if Article 33 of the Code of Criminal Procedure in its text does not establish any exception for its application, it would be wrong if, to the detriment of the accused, an extensive interpretation is given to the effect that, from the application of that norm, certain crimes must be excluded: those denominated permanent or continuous; when the correct choice would be to opt for a restrictive interpretation. Whether this is understood as: (i) The "... application of the legal norm to the cases it mentions or to which it expressly refers." (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 16th edition, Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires, 2003, p. 210), which, as read from the text of Article 33 of the Code of Criminal Procedure, refers to generality without exclusions. Or (ii) in the sense proposed by NÚÑEZ, understanding that restrictive interpretation as: when in doubt, one must favor liberty or the exercise of power, the limitation or exclusion of the sanction (cited by LLOBET RODRÍGUEZ, Javier, Proceso Penal Comentado, 3rd edition, Editorial Jurídica Continental, 2006, pp. 51 and 52). In that sense, what is most favorable for the accused is the application of the reduction to half of the prescription period, just as Article 33 plainly stipulates. 2) Methods of interpretation of procedural law On occasion, problems of interpretation of procedural law may originate in the ambiguity of the norms themselves, be it due to doubt, confusion, or vagueness of their words or the order in which they appear in the statement. Let us see their utility in the subject under analysis. These semantic or syntactic stumbling blocks in the drafting of the norms are attempted to be resolved, precisely, through the application of the methods of interpretation of criminal procedural law, with the purpose of clarifying the normative content of the specific provision. Among the methods used today, the following stand out: (i) Method of literal or grammatical interpretation: Cases where the content or message of the law is clear, without difficulties for its understanding, which does not imply discarding the context of the expression. For this reason, several modalities of interpretation have been suggested. A first group that distinguishes between subjective interpretation (discovering the will of the legislator when enacting it) and objective interpretation (discovering what the norm transmits to its addressee, according to its text or content, disregarding the intention of the legislator); the second prevailing, given the criticisms raised against the corporate system of law creation, whose complicated procedure often leads to en bloc approval without a punctual understanding of what was sanctioned. Secondly, there is restrictive interpretation and extensive interpretation, referring to the greater or lesser number of cases covered by the interpretation, and in this context, the obligation to interpret restrictively is a rule of interpretation, which, as already indicated, is an express provision in our legal system, set forth in numeral 2 of the Code of Criminal Procedure—previously transcribed—. For some authors, only if the method of literal interpretation proves insufficient, is the so-called method of systematic or logical interpretation resorted to, which becomes an auxiliary or subsidiary system to the literal or grammatical one. (MAIER, Julio, Derecho Procesal Penal Argentino, T.I, Editores del Puerto, S.R.L., Buenos Aires, 2002, pp. 233 to 236). (ii) Method of systematic or logical interpretation: Another sector of doctrine defends the supremacy of this method, as opposed to the literal one, which they consider may only be of help for difficulties of a linguistic nature. The application of this method starts from the premise that the legal order is a system sustained on the principles of hermetic completeness and coherence, based on, as one of its basic principles, the need to relate each rule with the others in force in the legal order, in order to eliminate inconsistencies, as well as gaps. "The method assumes that the legal order is a system and, therefore, that the postulates we study are the first interpretative principles: its hermetic completeness (closed system) and its coherence (lack of contradictions); furthermore, precisely because of what has been noted, it does not study rules as singular manifestations of the 'legislator', in their isolated meaning, but rather elevates to the category of principle the need to relate each rule with the others in force in a legal order, in such a way as to eliminate inconsistencies and, even, gaps. Properly understood, legal interpretation is not, for this method, anything other than a search for the segments of the law, of the sentences that enter into combination to construct the norm that solves the case (...) The most tangible result of the application of the method are the so-called general parts of the different branches that make up a legal order..." (MAIER, Julio, Derecho Procesal Penal Argentino, T.I, Editores del Puerto, S.R.L., Buenos Aires, 2002, p. 237). Let us analyze Article 33 of the Code of Criminal Procedure, first from the method of literal interpretation. How is the wording of this norm? Is it confusing, does it provide dubious consequences, or on the contrary—at least in the discussed topic—is it clear, does its addressee understand the content, its prescriptive sense? Let us see. To clarify these points, I will pose several questions: to what circumstances is the norm directed?, what does it order?, under what circumstances? In order to find the answer to the first question, it is only necessary to observe how the wording of the precept begins: "Once the procedure has been initiated, the periods established in the previous article shall be reduced by half..." The norm is categorical and plain; for its application, the only requirement established by the legislator is the initiation of criminal prosecution, whether by complaint, ex officio, or by private criminal action, to all cases, because as noted there is no exception in its text. Second question, what is the consequence?: the reduction of the prescription periods by half. Third question, from what moment?: from the first formal imputation of the facts to the accused, in crimes of public action; the filing of the private criminal complaint, in crimes of private action; the resolution that calls for the preliminary hearing for the first time; the obstruction of the normal development of the debate for causes attributable to the defense, according to a declaration made by the Court in a reasoned resolution; the issuance of the judgment, even if it is not final. In sum, there are no words or expressions that lead to confusion. From the point of view of the method of literal interpretation, it is a norm that as read must have application to the generality of cases, which only requires that the investigation has been initiated (except in the case of private criminal action in crimes of private action, whose first interrupting act is precisely the filing of the writ that initiates that specific process), ordering the reduction by half of the periods indicated in Article 31—according to the penalty for the crime—and that with that reduction they begin to be computed from certain moments (those indicated above). Now we must study what happens if we choose the method of systematic or logical interpretation. At first glance, it is possible to feel seduced by the affirmation of the majority vote when it asserts: as long as the affectation of the protected legal interest continues (in those so-called permanent offenses) the prescription of the criminal action has not operated; consequently, it would be illogical to interrupt that which has not yet begun to be computed. Is that conclusion actually the product of a systematic interpretation? Is a true systematic interpretation achieved only by relating Articles 31, 32, and 33 of the Code of Criminal Procedure? We have already seen that from the point of view of a systematic interpretation, it is fundamental to relate each rule with the others in force, in order to avoid or eliminate any inconsistency. The greatest weakness of the position of the majority vote is that it limits itself to relating only the three indicated articles, ignoring other provisions of the legal system, even obviating some of the procedural principles and guarantees expressly provided in Title One of the First Part of the Code of Criminal Procedure itself, within which not only appears Article 12 (inviolability of the right of defense), Article 1 (legality), but also Article 2, specific regarding the rules of interpretation, which prohibits extensive interpretations to the detriment of the accused, which would make the application of an exception not expressly provided for by the norm violative, as would be excluding the application of Article 33 to permanent offenses. It is fundamental to underline, whether we like it or not, that the reference made in Article 32 of the Code of Criminal Procedure—in this case referring to the peculiarities of permanent offenses—to Article 31 of that same normative body, does so for one sole effect: to determine whether or not it is possible to initiate criminal prosecution. Hypotheses in which, of course, if the affectation of the protected legal interest continues (that is, the occupation in the offense of usurpation), it will be possible to file a complaint, a private criminal action, or for the Public Prosecutor's Office to act ex officio, because the criminal action has not prescribed, the prescription period of which would begin to be computed from the moment in which the possession ceases (if it ceases). But the legislator in Article 33 of the Code of Criminal Procedure, even though obviously they take up the subject of prescription again, does so in another sense, interested solely and exclusively in cases where, once the investigation has already been initiated, they decide to establish reductions, which limit the duration of judicial proceedings, so as not to make them eternal, once the judicial machinery is in motion, not only because of the expenses that this entails, but also attending to the constitutional principles of legal certainty, but especially, prompt and complete justice, as a legitimate claim of any person, be it the accused, the victim, or any citizen. 3) Pronouncements of the Third Chamber and the Constitutional Chamber Without a doubt, the pronouncements of the Third Chamber, but especially—due to their legal binding force—those of the Constitutional Chamber must be considered in this analysis. The Third Chamber of the Supreme Court of Justice, with the entry into force of the 1996 Code of Criminal Procedure, ruled regarding the nature of the institution of prescription, indicating regarding Article 33 of the Code of Criminal Procedure, that it established an automatic reduction of prescription, and referring to its legal nature, noted that it became "an institution of an eminently procedural nature, which constitutes the sanction of expiration for exercising the punitive action or for exciting the jurisdictional organs with the purpose of prosecuting some offense, by reason of the inactivity of the procedural subjects in initiated matters. In that sense, it could be defined as a mechanism to regulate—in a reasonable manner—the prudential time of the process that the legislator determined for exercising the criminal action, which implies finalizing the hearing of the case for non-compliance with the terms established by law." (Third Chamber, Decision No. 368-2000, of 09:15 hours on April 7, 2000; in the same sense Constitutional Chamber, Decision No. 4397-99, of 16:06 hours on June 8, 1999). On the other hand, upon reviewing the pronouncements of the Constitutional Chamber, it is possible to arrive at the following conclusions: (i) Regulation on the subject of prescription is a matter of criminal policy, so the Legislative Assembly enjoys the powers to establish its parameters. (ii) There is no constitutional right to prescription, but rather a right to legal certainty, to legality, to effective judicial protection, and to equality; which are not violated as long as the periods provided for the complaint, investigation, and trial—indicated by the legislator—are reasonable and defined in the law. (iii) Prescription has the effect of the decline of the exercise of the punitive power of the State, as a procedural sanction, given the inactivity of the procedural subjects. (Constitutional Chamber, Decisions No. 4397-99, of 16:06 hours on June 8, 1999; No. 4432-97, of 16:33 hours on July 29, 1997; No. 9917-2001, of 17:26 hours on September 26, 2001). (iv) The crime of usurpation is not imprescriptible, because "... the term for counting the prescription of the criminal action would begin from the cessation of the permanence of its effects, that is, when the usurpation ceases." (Constitutional Chamber Decision No. 9917-2001, of 17:26 hours on September 26, 2001, the bold is not from the original). Finally, Decision No. 856-2001, of 15:18 hours on January 31, 2001, when resolving an action of unconstitutionality filed against Article 33 of the Code of Criminal Procedure, again insists that the reduction of the prescription periods by half (of Article 33) is not unreasonable; it constitutes an aspect of criminal policy within the exclusive purview of the legislator, who determines the periods and the manner in which prescription is interrupted in criminal matters; but also, expressly indicates that in this matter, the right of every person to be tried within a reasonable period must also be considered, without tolerating discrimination of any type against those who fit within the circumstances it regulates: "... we are not in the presence of a norm that establishes a violation of Article 41 of the Political Constitution, given that what is intended rather is to faithfully comply with the principle of legal certainty, also of constitutional rank, and that does not undermine access to the jurisdiction, but rather, above all, guarantees to citizens that the criminal prosecution of punishable acts—whether by the State or by private individuals, the latter in the case of crimes of private action—will be carried out according to the legislative parameters established in a timely manner, within which are evidently included criminal prescription. Neither does the norm establish unreasonable or arbitrary discriminations, for the rules provided there apply 'whatever the applicable legislation may be' and without any type of discrimination to those who fit within the circumstances it regulates; therefore, it is appropriate to dismiss the allegations of the appellant...". Therefore, as long as the alleged usurper remains—for example—in possession of the property, the possibility of exercising the criminal action exists, the prescription of the criminal action has not operated; the prescription period would begin to be computed from the cessation of the permanence in the place (Article 31 of the Code of Criminal Procedure). However, Article 33 of the Code of Criminal Procedure contemplates another situation: the reduction of the prescription period—which by legislative decision—applies whenever the procedure has been initiated and from the specific procedural acts indicated by the precept, for example, from the first formal imputation of the facts to the accused in crimes of public action (subsection a). Denying the application of Article 33 of the Code of Criminal Procedure in crimes of permanent effects, when it should be applied according to the prescription periods and the reductions indicated from the specific procedural acts ordered by law, would also imply, in the event of a conviction, a violation of due process. The Constitutional Chamber itself has recognized this: "The prescription of the criminal action entails the loss of the punitive power of the State to prosecute the crime, in such a way that it would undoubtedly be contrary to the principle of innocence as an integral part of due process, to convict a person based on a crime whose action has prescribed. The Political Constitution is very clear in indicating that justice must be done in strict conformity with the laws, and if the law establishes a prescription period for a specific crime, and this is not declared in a timely manner by the judge, a penalty would be imposed without a crime, contrary to what Article 39 of the Political Constitution establishes, as this crime no longer exists—at least for that person—in the legal system. In turn, the principle of innocence would also be violated, in the event of convicting a person based on a crime whose action has prescribed, because the state of innocence that our Constitution establishes can only be disproven with respect for the rules of due process of law. That is to say, it is not valid to provoke a state of certainty in the judge against an accused, through judicial arbitrariness or through mechanisms not legally authorized by the legislator." (Constitutional Chamber Decision No. 3944-97, of 15:45 hours on July 9, 1997). 4) Articles 31, 32, and 33 of the Code of Criminal Procedure In sum, Article 31 of the Code of Criminal Procedure provides: Article 31.- Prescription periods of the criminal action. If criminal prosecution has not been initiated, the action shall prescribe: "a) After a period equal to the maximum of the penalty has elapsed, in crimes punishable by imprisonment; but, in no case, may it exceed ten years nor be less than three. b) In two years, in crimes punishable only with non-custodial penalties and in misdemeanors or contraventions. Said precept has the purpose of regulating the prescription periods of the criminal action when the investigation against a person has not been initiated, whether by complaint or ex officio by the Public Prosecutor's Office in cases of crimes of public action; by complaint in offenses of public action at the request of a private party, or through a private criminal complaint in crimes of private action. The prosecuting entity, the citizen, or the victim, as the case may be, will have the opportunity to activate the jurisdictional body to initiate the investigation or seek a resolution within specified periods, upon the expiration of which, that prosecutorial power irrevocably expires. Article 32 of the Code of Criminal Procedure indicates the following: Article 32.- Computation of prescription. The prescription periods shall be governed by the principal penalty provided in the law and shall begin to run, for consummated infractions, from the day of consummation; for attempts, from the day on which the last act of execution was carried out and, for continued or permanent effects crimes, from the day on which their continuation or permanence ceased. Prescription shall run, be suspended, or be interrupted, individually, for each of the subjects who participated in the crime. In the case of joint adjudication of several crimes, the respective criminal actions that result from them shall prescribe separately within the term indicated for each one. In this norm, the manner of computing the periods provided for in Article 31 is explained, to determine whether or not the criminal action is prescribed, according to two cases: (i) Degree of completion of the offense, depending on whether it was consummated or remained at the level of attempt. (ii) Manner of affecting the protected legal interest: depending on whether it concerns "continued or permanent effects" crimes. Aside from some comments we could make regarding the apparent confusion between the denomination of "continued crime" and that of "continuous or permanent crime"; note even the express reference in this precept to the previous article, by beginning the wording with the following phrase: "The prescription periods shall...", which undoubtedly refers to numeral 31, which is precisely entitled: "Prescription periods of the criminal action". Article 33 of the Code of Criminal Procedure orders: Article 33.- Interruption of the prescription periods. Once the procedure has been initiated, the periods established in the previous article shall be reduced by half to compute them for the purpose of suspending or interrupting the prescription. The prescription periods are interrupted by the following: a) The first formal imputation of the facts to the accused, in crimes of public action. b) The filing of the private criminal complaint, in crimes of private action. c) The resolution that calls for the preliminary hearing for the first time. d) The obstruction of the normal development of the debate for causes attributable to the defense, according to a declaration made by the Court in a reasoned resolution. e) The issuance of the judgment, even if it is not final. The interruption of prescription operates even when the resolutions referred to in the previous subsections are later declared ineffective or null. It is one of the norms that has generated the most controversy and discussion, on a specific topic: the moment from which the periods must be reduced by half, it now being established that said reductions operate from each of the procedural acts indicated in its subsections. Having made the previous clarification, it is timely to ask: what was intended to be regulated in this precept? Well, the content of this regulation was already noted by the Third Chamber: Article 33 provides for situations that automatically reduce the computation of prescription. (Third Chamber, Decision No. 368-2000, of 09:15 hours on April 7, 2000). Consequently, it is possible to conclude that its purpose is to reduce the prescription periods, which by legislative decision, are reduced to half of the period established in Article 31 of the Code of Criminal Procedure—according to the penalty for the crime—.
But furthermore, as can be seen very easily, Article 33 does not establish any type of exception for those automatic reductions of the statute of limitations calculation to operate, and this is so because, as the text of the rule expressly provides, this regulation exists to be applied whenever the criminal prosecution has begun (according to the terms set forth in Article 31 of the Code of Criminal Procedure and with a single exception, contemplated in subsection b), the filing of the private criminal complaint, an act with which the special procedure for privately prosecuted crimes begins), since as the Third Chamber has already stated, "the purpose of reducing the statute of limitations periods by half once the proceeding has begun derives from the control that must exist when processing the criminal case, to avoid interminable proceedings without just cause, which result in the extinguishment of criminal action due to procedural inactivity; it is, therefore, a matter of criminal policy defined by the legislator." (Third Chamber, Ruling No. 368-2000, at 9:15 a.m. on April 7, 2000). For that reason, any other consideration is excluded for the purpose of interrupting the statute of limitations, such as, for example, the type of harm to the legal interest (that is, whether the crime is permanent or not), which if it persists, as in the case of usurpation, will undoubtedly be significant topics, but with other legal implications for the case, for instance, in the event of a conviction, when determining the appropriate penalty, but not to make the application or non-application of the procedural assumptions of interruption of the statute of limitations—provided by the legislator—depend on that, so that they operate automatically—I repeat—merely because the criminal prosecution has begun. Adopting this stance has to do both with the interpretation of criminal law and with respect for the principles and guarantees of our system of Law; it is consistent with both a literal and a systematic method of interpretation, and in adherence to the pronouncements of both the Third Chamber and the Constitutional Chamber. 5) Arguments of the majority vote Before concluding, it is convenient to refer to the arguments set forth by the majority vote: 1.-Argument: The unlawful state originated by the invasion of the land has not ceased, therefore the statute of limitations could not begin to run. This is not an unconstitutional criterion, since it would not make the crime imprescriptible, as the statute of limitations would begin to be calculated when the unlawful effects cease. In reality, whether or not an unlawful state exists is an aspect that must be answered when resolving the proceeding—when analyzing the existence or non-existence of the crime—either in trial, or earlier, if, for example, the abbreviated procedure has been chosen. It is therefore a circumstance that could be evaluated to determine the penalty, but under the terms established by the legislator, it is not an excluding situation for the application of Article 33 of the Code of Criminal Procedure. On the other hand, what the Constitutional Chamber has indicated is that “…the term for counting the statute of limitations for criminal action would begin from the cessation of the permanence of its effects…” (Constitutional Chamber Ruling No. 9917-2001, at 5:26 p.m. on September 26, 2001), but that conclusion does not encompass the assumptions of interruption of the statute of limitations in Article 33 of the Code of Criminal Procedure, but rather, as the Chamber very clearly indicates, for counting the statute of limitations for criminal action, which is a concrete reference to what is regulated in Article 31 of the Code of Criminal Procedure. 2.-Argument: The interruption of the statute of limitations established in Article 33 is only applicable to cases where the statute of limitations has begun to run, and in cases where the unlawful effects continue, it has not even begun to be calculated. As has been repeatedly stated, the statute of limitations, its periods, and interruption are topics that respond to criminal policy. If the legislator chose to establish the interruption of the statute of limitations—without expressly including any exception—and if a restrictive interpretation of the norms prevents us from relating rules to the detriment or impairment of the rights and guarantees of the accused, we must conclude that this was the legislator's decision: to reduce the statute of limitations periods by half, without any restriction, since, as already indicated, the only requirement is that the prosecution has begun. 3.-Argument: They consider that "the legislator" made "the decision" to "not begin the statute of limitations count while the unlawful situation continues… So then, from the substantive perspective in permanent crimes, participation and co-authorship after consummation is possible; furthermore, in some crimes, as the continuation of the unlawful state depends on the will of the perpetrator, the law imposes lesser penalties when the perpetrator causes it to cease…” Although, pursuant to Article 32, the calculation of the statute of limitations for the crime of usurpation does not begin while the accused's possession of the land in question continues, that count is a different aspect from the situation regulated in Article 33 of the Code of Criminal Procedure, under the terms already set forth. This does not, in effect, imply the possibility of initiating criminal proceedings against other persons as perpetrators or participants (let us remember that the statute of limitations is assessed independently for each subject), much less imposing lesser penalties when the alleged harm to the legal interest has ceased during the processing of the proceeding (this is one of the factors that, by law, the jurisdictional operator must assess). In summary, I believe that when the legislator regulates the institute of the statute of limitations in Articles 31, 32, and 33 of the CPP, the legal nature of the crime—whether it is instantaneous or, on the contrary, permanent or continuous; or its degree of perfection, consummated or attempted (extremes regulated in Article 32 of the Code of Criminal Procedure)—are fundamental aspects for, among others, determining the viability or not of initiating criminal prosecution for a specific crime; however, it has no impact whatsoever when analyzing the issue of the interruption of the statute of limitations and the consequent reduction of periods (from Article 33), which is conditioned solely and exclusively on the proceeding having begun and the concurrence of certain procedural acts being verified (those included in the same precept). To interpret that in a case of complaint for usurpation (or any other crime classified as permanent), Article 33 of the Code of Criminal Procedure is inapplicable when the accused or defendant continues to exercise possession of the property in dispute (or the harm to the protected legal interest continues), constitutes an interpretation that violates a series of principles and guarantees inherent to our democratic system of Law. While harm to the legal interests protected by our legal system must never be a matter of indifference, all operators and intervening subjects in the criminal proceeding must assume their responsibility. So that even when accepting the statute of limitations for criminal action implies the impunity of a potential crime—some of which have significant connotations to the detriment of individuals, the environment, etc.—the non-application of a norm could in no way be accepted, moved—consciously or unconsciously—by the regret of that possible impunity, when the truth is that our criminal proceeding provides the tools to avoid such a penalty. If the prosecuting entity or the jurisdictional authority in charge of the proceeding, despite its efficiency, notices the complexity of a matter and attributes the slowness of the processing to it (which puts it in danger of expiring under the statute of limitations), it has the option (rather the duty) to request the application of the complex processing procedure. In the present case, the reduction to half of the statute of limitations period for the crime of usurpation punished in Article 225 of the Penal Code with imprisonment of six months to three years, would be eighteen months (in application of Article 31 of the Code of Criminal Procedure), which would be counted at various moments during the proceeding, according to the specific procedural acts established in Article 33 of the Code of Criminal Procedure. The complaint that initiates this proceeding was filed before the Santa Cruz Prosecutor's Office on March 18, 2002 (cf. folios 1 to 7); the defendants were questioned (first act of interruption of the statute of limitations): (i) María Cristina Salazar Bermúdez, in December 2002 (cf. folio 33, the exact day is not indicated). (ii) Marta Obando Salazar, on June 10, 2004 (cf. folios 107) was identified and on June 17, 2004, questioned (folio 113). (iii) Francisco Javier Salazar Bermúdez, was identified on June 10, 2004 (cf. folio 108) and questioned on June 21, 2004 (folio 117). (iv) María de Jesús Lumbi Salazar, was identified on June 10, 2004 (cf. folio 109) and questioned on June 17, 2004 (folio 114). (v) María Luisa Estrella Moyorquin, was identified on June 10, 2004 (folio 111) and questioned on June 17, 2004 (folio 115). (vi) Pedro Marlon Cabrera Campos was questioned on June 17, 2004 (cf. folio 116). Subsequently, the Public Prosecutor's Office decides to press charges (cf. request on folios 323 to 328) and by resolution at 4:04 p.m. on December 12, 2005, the Santa Cruz Criminal Court (cf. folio 338) calls for the first time for the holding of the preliminary hearing (second act of interruption of the statute of limitations). The respective Order for Commencement of Trial is issued (cf. folios 360 to 363) and finally, by judgment No. 83-2006, at 7:00 a.m. on October 10, 2006 (third interrupting act), the Guanacaste Tribunal, Santa Cruz Venue, decides to acquit the defendants Francisco Javier Salazar Bermúdez and María Luisa Bermúdez Estrella of the crime of usurpation to the detriment of Leybi Milena Hernández Murillo. Likewise, it declares María Cristina Salazar Bermúdez, Marta Lorena Obando Salazar, María Jesús Lumbi Salazar, and Pedro Marlon Cabrera Campos responsible as perpetrators of the aforementioned crime. Consequently, only in the case of the defendant María Cristina Salazar Bermúdez would it be appropriate to declare the statute of limitations for criminal action, since as appears in the record, she was questioned in December 2002 (cf. folio 33, the exact day is not indicated)—first interrupting act—and between that proceeding and the resolution that calls for the first time for the preliminary hearing—second interrupting act—dated December 12, 2005, those eighteen months had amply elapsed, which were completed as of June 2003. The same does not occur with respect to the other defendants: Marta Obando Salazar, María de Jesús Lumbi Salazar, María Luisa Estrella Moyorquin, and Pedro Marlon Cabrera Campos, who were questioned on June 17, 2004, or the case of Francisco Javier Salazar Bermúdez, questioned on June 21, 2004, since as indicated, the resolution that called for the first time for the preliminary hearing is dated December 12, 2005, precisely a few days before the statute of limitations would take effect (for some on December 17 and for the other on December 21, both of 2005). It would also not be appropriate to uphold the statute of limitations considering the other interrupting acts, since from the resolution that called for the first time for the preliminary hearing (dated December 12, 2005) to the judgment dated October 10, 2006, barely nine months and twenty-eight days had elapsed, not the eighteen months that would be required for the statute of limitations to take effect, according to the terms established by Articles 31 and 33 of the Code of Criminal Procedure. For the stated reasons, this ground is partially granted, declaring the statute of limitations for criminal action expired in the specific case of the defendant María Cristina Salazar Bermúdez, for procedural economy, acquitting her of all punishment and responsibility for the crime of usurpation to the detriment of Leybi Milena Hernández Murillo. In all other respects, the judgment remains unaffected." (Cf. Resolution No. 2007-00086, of the Court of Cassation, First Section, San Ramón, at 9:00 a.m., on February 17, 2007). Thus, since the present cassation appeal refers to the same subject of study discussed above, I declare without merit the first ground of the challenge by the Public Prosecutor's Office and the entirety of the appellate brief filed by the Attorney General's Office, because I consider that the interruption of the statute of limitations operates automatically under the assumptions provided by law (Art. 33 of the Code of Criminal Procedure) merely because the criminal prosecution has begun, leaving aside any other consideration, such as, for example, the type of harm to the legal interest (that is, whether the crime is permanent or not), which if it persists—as in the case of crimes against Natural Resources—I repeat—will undoubtedly be significant topics, but with other legal implications for the case. Adopting this stance has to do both with the interpretation of criminal law and with respect for the principles and guarantees of our system of Law; it is consistent with both a literal and a systematic method of interpretation, and in adherence to the pronouncements of both this Chamber and the Constitutional Chamber.
Sandra Eugenia Zúñiga M. Substitute Magistrate.
iwoching. *080000900611PE* Observations of the CRIMINAL CASSATION CHAMBER DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SANDRA EUGENIA ZUÑIGA MORALES It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:31:26.
Sala Tercera de la Corte Clase de asunto: Recurso de casación Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente * 080000900611PE* Res: 2018-00893 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas veinticinco minutos del siete de diciembre del dos mil dieciocho. Recursos de Casación, interpuesto s en la presente causa seguida contra Rafael Ángel Zamora Fernández, mayor, costarricense, cédula de identidad número 105630370, nacido el 09 de agosto de 1961, hijo de Rafael Ángel Zamora González y Nicolasa Fernández Urpí; por el delito de Afectación de Áreas Protegidas y Apertura de Caminos en Zona Boscosa y Otros, cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales y Otros. Intervienen en la decisión del recurso, los Magistrados y Magistrad as Suplentes Rosibel López Madrigal, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Jorge Enrique Desanti Henderson, Jaime Robleto Gutiérrez y Rafael Segura Bonilla. También intervienen en esta instancia, la Licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, en su condición de Defensora Particular del encartado, el Licenciado Luis Diego Hernández Araya en representación del Ministerio Público y el Licenciado Randall Aguirre Mena como representante de la Procuraduría General de la República. Resultando: 1. Mediante sentencia N° 2017-00236 , dictada a las diez horas cuarenta minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste, Sede Santa Cruz: “POR TANTO Se declara con lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público y se declaran parcialmente con lugar los recursos de apelación interpuestos por el encartado Rafael Ángel Zamora Fernández, la licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos y el licenciado Gavridge Pérez Porras. Por lo que se anula parcialmente la sentencia y el debate que le precedió, respecto de las condenatorias del encartado por los delitos de Infracción a la Ley Forestal y afectación de áreas protegidas ambas en perjuicio de los Recursos Naturales. En su lugar, con base en el artículo 30 inciso e) en relación al 311 inciso d) ambos del Código Procesal Penal, se declaran extinguidas las acciones penales sobre dichos ilícitos por prescripción y se dicta a favor del justiciable Rafael Ángel Zamora Fernández sobreseimiento definitivo. También, se anula la sentencia y el debate que le precedió por los siguientes extremos: respecto de las calificaciones jurídicas y de las penas impuestas por los hechos demostrados numerados 8 y 9; por las sanciones impuestas por los tres delitos de usurpación de aguas por los cuales se declaró al encartado Rafael Angel Zamora Fernández autor responsable y por lo resuelto respecto de las acciones civiles resarcitorias interpuestas por el Ingenio Taboga S.A y la Procuraduría General de la República. Se ordena el reenvío del expediente, para una nueva sustanciación para conocer de las calificaciones jurídicas, penas señaladas y resolver sobre las acciones civiles resarcitorias mencionadas, con una integración distinta del tribunal . En lo demás queda incólume el fallo. NOTIFÍQUESE. CYNTHIA DUMANI STRADTMANN MARÍA LUCILA MONGE PIZARRO GERARDO RUBÉN ALFARO VARGAS JUEZAS Y JUEZ DE APELACIÓN DE SENTENCIA” (sic). 2. Contra el anterior pronunciamiento, La Licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, en su condición de Defensora Particular del encartado, el Licenciado Luis Diego Hernández Araya en representación del Ministerio Público y el Licenciado Randall Aguirre Mena como representante de la Procuraduría General de la República interpusieron Recursos de Casación. 3. Verificada la deliberación respectiva, la Sala se planteó las cuestiones formuladas en el recurso. 4. Se realizó la vista oral señalada el diecisiete de julio del dos mil dieciocho.
5. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Considerando:
I.Mediante resolución Nº 2018-0337, de las 10:48 horas, del 25 de mayo de 2018 (cfr. folios 2857 a 2869), esta Sala admitió para su trámite el recurso de casación presentado por el licenciado Luis Diego Hernández Araya, en su condición de representante del Ministerio Público, el escrito impugnaticio del licenciado Randall Aguirre Mena, como representante de la Procuraduría General de la República, y el motivo segundo del recurso de casación de la licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, como defensora particular del encartado. Todos dirigidos en contra de la resolución 236-2017, de las 10:40 horas, del 17 de octubre de 2017, del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Guanacaste, Sede Santa Cruz.
II.En el único motivo admitido a la licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, en su condición de defensora particular del encartado Zamora Fernández, la recurrente centra su impugnación bajo el argumento de que el fallo de apelación carece por completo de motivación en relación con las quejas formuladas en el motivo segundo de su impugnación, referentes a defectos en la acusación y la querella de la Procuraduría, y en consecuencia, en los hechos probados, que no hacen una descripción del elemento subjetivo del dolo respecto de los delitos de usurpación de aguas y estragos (recalificado a daños), tornando dichas conductas en atípicas. A su parecer, el Tribunal de Apelación de Sentencia únicamente explicó que el fallo condenatorio sí mencionaba el elemento subjetivo del dolo en sus considerandos, sin verificar si dicha conclusión era legítima con base en la descripción fáctica de la acusación y la querella, y si efectivamente se describió el dolo en los hechos probados. Arguye que el ad quem solamente hizo un análisis en relación con el elemento subjetivo distinto del dolo “ánimo de lucro”, razonamiento que en su entender, es
insuficiente para servir de fundamento en relación con los cuestionamientos sobre ausencia de descripción del dolo en las piezas acusatorias. En su consideración, esto provoca agravio a los intereses de su representado porque conlleva la imposibilidad de que se hiciera un examen de la acusación, la querella y los hechos probados, a fin de determinar si contenían ese requisito esencial del elemento subjetivo del dolo en los delitos atribuidos, y con base en ello, determinar si procedía o no mantener la condena, frente a la posibilidad de que los hechos fueren atípicos dando una solución diversa al caso concreto. Solicita se anule lo resuelto en alzada y se ordene reenvío para que se analice si existen los vicios aludidos. Se procede a declarar con lugar el alegato expuesto: Lleva razón la recurrente al alegar una ausencia absoluta de fundamentación y motivación en la sentencia recurrida. Aprecia esta Sala, que el Tribunal de Apelación de sentencia, para rechazar el segundo motivo recurso interpuesto, se limita a realizar un análisis referente a la labor jurisdiccional realizada por el a quo, donde explica de manera amplia y detallada que el fallo condenatorio dictaminado sí acredita la tipicidad y el dolo requerido, a partir de los hechos probados y el elenco probatorio evacuado en debate (cfr. f 2690 vto. a 2703 vto.). No obstante, deja de lado el objeto de impugnación planteado por la recurrente, sin entrar a verificar si la conclusión arribada por el Tribunal de Juicio es o no legitima con base en la descripción fáctica de la acusación y querella. En ese entendido, tiene por establecida esta Sala de Casación Penal, que ante el Tribunal de Apelación de Sentencia la licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos alegó como segundo motivo de su escrito impugnaticio la inexistencia del elemento subjetivo en la acusación, lo que desencadenaba en su criterio una ausencia de imputación del dolo atribuido, en ese entendido reprochó: “Los hechos descritos en la acusación y querella (ésta copia literal de la primera) son hechos atípicos por cuanto no existe una imputación de elemento subjetivo alguno. La atribución fáctica de la acusación no refiere ninguna atribución dolosa o culposa de los hechos a nuestro representado […] no existe ninguna determinación de conocimiento antijurídico o finalidad perniciosa respecto de los hechos que atribuyen los delitos de invasión de área de protección, los dos delitos de daños y la apertura de camino en bosque. […] La ausencia de la determinación de elementos de tipicidad en los hechos de la acusación tenía como consecuencia jurídica inevitable, por ser un defecto absoluto y no subsanable, que el Tribunal Penal descartara las piezas acusatorias, dado que éstas no podían sustentar una sentencia condenatoria, toda vez que lo que no estuviera incluido en los hechos de la pieza acusatoria no podía ser analizado en contra de mi representado. […] Esta ausencia de atribución del dolo o culpa en la acusación y la querella constituyen a tenor de lo establecido en el artículo 30 de nuestro Código Penal una falta de tipicidad, por cuanto no es posible atribuir una acción delictiva si esta no se realiza a ninguno de eses títulos. Defecto que nunca se solventó en las lecturas de las piezas acusatorias. […] Y sin que este elemento subjetivo haya formado parte de la acusación, el Tribunal en una extensión de sus competencias no autorizadas por ley, justifica la existencia del dolo en los delitos mencionados, como si fuera un elemento típico incluido en los hechos de la acusación, lo que a simple lectura de ambas piezas acusatorias queda desmentido” (cfr. f. 2413 a 2417). Sobre el particular, aprecia esta Cámara que el Tribunal de Apelación de Sentencia procedió a resolver de forma conjunta varios motivos de impugnación –entre ellos el segundo motivo del recurso de apelación planteado por la petente-, aspecto que se constata en el acápite: “5) SOBRE PARTICIPACIÓN DEL ENCATADO. Se rechazan los motivos 1 a 5 del encartado Rafael Ángel Zamora Fernández; 2 a 6 de la licenciada Amalia Sánchez de León y 1 a 3 del licenciado Gavridge Pérez Porras” (cfr. f. 2690 vto.). En el cual, el ad quem basó su análisis a partir de los hechos demostrados en sentencia, con lo cual determinó la existencia del dolo en el actuar del encartado Zamora Fernández; concluyendo a partir de un análisis de varios elementos probatorios que: “[…] La sentencia tuvo por acreditado que el imputado Rafael Ángel Zamora Fernández, era al menos desde el año 2007, el Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Hacienda Solimar S.A. cédula jurídica 3-101-59994, (folio 2255 frente), y fue a partir de ese año quien tomaba las decisiones sobre las propiedades de Hacienda Solimar S.A. en la zona, quien realizó las negociaciones con Erick Thompson para la compra de los terrenos a Inversiones Sánchez Solera, y quien luego tuvo las conversaciones con los representantes de Ingenio Taboga, pues señalaron que los trabajos que ordenó el endilgado estaban causando daños a sus cosechas. De la redacción del fallo se desprende claramente que el encartado tenía dominio funcional del hecho por lo que fue señalado como autor, lo cual fue demostrado, por lo que argumentar sobre el tipo de participación de otros sujetos sería especular pues no fue parte de la acusación o de la investigación en esta causa, (razones por las que también se rechazan los motivos 4 y 5 del encartado; 2 de la licenciada Sánchez de León; 1 y 2 del licenciado Gavridge Pérez Porras). […] En la fundamentación de la sentencia el Tribunal de Juicio dejó expuesto que efectivamente el encartado no fue quien hizo directamente los trabajos en los canales, manejó la maquinaria, hizo los desvíos o taponamientos; empero, era quien dirigía y decidía estas obras y daba las órdenes al capataz Alfredo Altamirano quien organizaba y ejecutaba con los peones a su cargo los trabajos encargados por el encartado. Asimismo, el acusado fue quien se presentó como representante y responsable de la empresa Hacienda Solimar ante Erick Thompson (representante de Inversiones Sánchez Solera S.A.) cuando se compraron las propiedades a Inversiones Sánchez Solera S.A. y quien tuvo que responder por los actos ordenados a los peones de la empresa, por él mismo; cuando los dueños de las propiedades vecinas, y los socios de Ingenio Taboga los señores Adrián Guzmán y Gabriel Hernández, trataban de solucionar los problemas. En ese sentido se demostró que el justiciable tenía el dominio funcional del hecho. […] Lo anterior permite concluir, que la configuración de un hecho delictivo en estas condiciones no requiere que el autor la realice personal y materialmente, sino que basta con que tenga control sobre su desarrollo y ejecución. (ver sobre el tema Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia voto número 1171 de 10:22 de 04 de julio de 2014). En todos los actos previos, durante y después de los mismos, resultó claro que el encartado tenía el dominio del hecho, a él era a quien se le conocía como representante y apoderado generalísimo, y era quien, ante los terceros, se presentaba como representante de Hacienda Solimar S.A., (así también estaba establecido documentalmente), incluso los trabajadores lo identificaban como la persona que daba las órdenes. […] El Tribunal tuvo por demostrado que fue el encartado quien decidió y dio la orden para la confección de los canales, con el fin de desviar el agua proveniente del río Lajas para que ingresaran nuevamente al Río Higuerón, y de esta manera puso en riesgo las fincas aledañas pues se abrían y cerraban los tapones a la conveniencia de Hacienda Solimar. En virtud de lo anterior el fallo consideró que quien tomaba las decisiones dentro de Hacienda Solimar S.A. era el encartado Rafael Ángel Zamora Fernández, y por ende era quien tenía el dominio del hecho. La conclusión del tribunal resultó debidamente fundamentada conforme a los principios de la sana crítica y ratificó el dominio funcional que el encartado tenía sobre de las acciones que se realizaron. […] Por lo que el conocimiento, la intención y el dominio del hecho quedaron demostrados en el fallo. Comparte esta Cámara la conclusión del fallo que resultaba irrelevante que el encartado estuviera en algunas ocasiones fuera del país, ya que él se mantenía vinculado con lo que sucedía en la Hacienda Solimar en virtud de ser el encargado y representante. No hubo para el tribunal falta de dolo (entendido como el conocimiento y voluntad por parte del sujeto activo de la realización de los elementos del tipo objetivo) en el actuar del imputado, pues, como lo estableció el fallo, el encartado estuvo enterado de lo que sucedía, ordenó los trabajos respectivos con el fin de beneficiarse económicamente, pues en verano lograba un riego adicional no autorizado para las fincas de Hacienda Solimar y en invierno evitaba las inundaciones a costa de la desviación de las aguas hacia las fincas aledañas. De este modo se configuraron los delitos de usurpación de aguas previsto en el número 226 del Código Penal, pues se tomaron aguas sobre las cuales no estaba autorizada la representada del encartado generando una ganancia adicional (lucro), pero perjudicando las fincas vecinas. Observó esta Cámara que hubo abundante prueba sobre quién decidía que se hacía en la finca Solimar, pues la sentencia explicó que el testigo Juan Sánchez señaló que al momento de acompañar a Giovanni Trigueros y a Randall Campos, observó una excavadora con rótulo de "Pedregal", y al solicitarle al operador que parara los trabajos, señaló que él seguía órdenes y que se llamara al administrador. Al llegar Alfredo Altamirano indicó que no se iban a detener los trabajos porque no tenían autoridad para ello y que solo recibía órdenes de "Macho Zamora" (folio 2267 vuelto). […] Ahora bien, en el motivo 2 del recurso de la licenciada Amalia Sánchez de León se dijo que no se había demostrado el ánimo de lucro. Empero, corroboran los suscritos juzgdores, que como se ha venido indicando en los tres hechos calificados como usurpación de aguas, la motivación de las obras ilícitas ordenadas por el encartado, era con el fin de obtener mejores beneficios para las propiedades de Hacienda Solimar, con el fin de mejorar cultivos y ganado, mediante más agua en verano y evitando inundaciones en invierno, lo cual fue claramente expuesto por el tribunal (ver folio 2163). En ese sentido, también dijo el a quo: "... en época de invierno el taponamiento, desvío y la canalización del río Lajas le permitía que no se desbordara en sus terrenos, con lo cual iba a tener menos inundaciones en sus tierras lo que le permitía contar con mayor terreno de aprovechamiento para el pastoreo, el ganado y cualquier otra actividad agrícola o ganadera, lo que le generó un lucro indebido, pues (...) inexistencia de inundaciones en invierno no hacía más que generarle beneficios económicos, pues tenía un mayor aprovechamiento de los recursos." (Folio 2308). Por lo que el motivo se rechaza. […] De esta manera, considera esta Cámara que se demostró ampliamente que el encartado ordenó realizar canales profundos con el fin de alterar el paso natural del cauce del Río Lajas, el cual recibía agua del Río Higuerón, y mediante estos actos incrementó el cauce del Río Higuerón pues ahora recibía aguas del Río Lajas causando inundaciones en las fincas que tenían plantaciones de caña azúcar.” (cfr. f 2690 vto. a 2703 vto.). Con lo cual determina esta Sala de Casación Penal que el fallo dictaminado por el Tribunal de Apelación de Sentencia omite su deber de motivar y de fundamentar el reclamo planteado por la licenciada Sánchez de León Castellanos, en el entendido de que el objeto de su impugnación (segundo motivo del recurso de apelación) aquejaba defectos en la acusación y querella, bajo el argumento de que ambas piezas acusatorias no realizan una descripción del elemento subjetivo del dolo. Sin que esto signifique de forma alguna que esta Cámara esta prejuzgando sobre el fondo del reclamo planteado en dicha oportunidad. Sino que se procede únicamente con la constatación del vicio de carácter formal alegado ante este Despacho, relativo al agravio referente a que el ad quem dejó de lado el objeto de la impugnación planteado por la recurrente, sin entrar a verificar si la conclusión arribada por el Tribunal de Juicio es o no legitima con base en la descripción fáctica de la acusación y querella, omitiendo con ello dictaminar un verdadero juicio intelectivo al respecto. En razón de ello, se acoge el yerro procesal por falta de fundamentación, al apreciarse que se violentaron las exigencias que nuestro ordenamiento procesal vigente establece para todas las sentencias, y se configuró el vicio por la forma alegado por la petente ante esta Sala de Casación Penal, relativo a una ausencia absoluta de fundamentación en torno al segundo motivo interpuesto en el recurso de apelación de sentencia. La legislación Procesal Penal obliga a que todas las sentencias dictaminadas en cualquier etapa procesal, contengan una completa y adecuada fundamentación que permita a las partes realizar un control de legalidad sobre la argumentación fáctica y jurídica expuesta, así como de la valoración y el análisis realizado por los juzgadores, aspecto que es claramente ayuno en la resolución recurrida ante esta Sala. El artículo 142 del Código Procesal Penal indica expresamente que en lo relativo a la correcta fundamentación de una sentencia que: “Las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara y precisa. En ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba. La simple relación de las pruebas o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán, en ningún caso, la fundamentación. Será insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, la simple descripción de los hechos o la sola mención de los elementos de prueba. No existe fundamentación cuando se hayan inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. Los autos y las sentencias sin fundamentación serán ineficaces.”. De manera tal, que la presente norma citada, indica que para establecer la validez legal de una resolución, esta debe fundamentar y argumentar claramente las razones de hecho y de derecho que permiten concluir a la decisión final adoptada, es decir, debe bastarse por sí misma para poder comprender las razones que permitieron arribar a una conclusión. Dicha condición es una garantía constitucional, que forma parte del debido proceso, que permite estudiar la logicidad de los fundamentos y concluir en la legitimación o no de lo que se resuelve. Es por esta razón, que en el presente proceso, la resolución dictaminada contiene una ausencia absoluta de fundamentación -sobre ese aspecto objeto de la presente impugnación- violentando el Tribunal de Apelación de Sentencia por consiguiente su deber de fundamentar y motivar acorde a nuestro ordenamiento jurídico la resolución de marras. Siendo que las reglas de fundamentación establecidas en los numerales 142 y 184 del Código Procesal Penal, son de obligatorio acatamiento para los Tribunales de Apelación de Sentencia, principalmente, al resolver de manera definitiva la situación jurídica del acusado y las pretensiones de las víctimas o el Ministerio Público. En lo que respecta al deber judicial de una adecuada fundamentación y motivación de las resoluciones dictaminadas por los Tribunales de Apelación de Sentencia, como parte de una función garante del Estado Democrático, así como un derecho de las partes intervinientes, esta Sala de Casación Penal ha establecido que: “VII […] la Corte Interamericana ha reconocido con diferentes efectos el deber de motivación: i) en su función política, como legitimadora de las decisiones que emiten los órganos que administran justicia, ii) en su función extra procesal, como derecho de todo ciudadano a conocer y ejercer control sobre la actuación de las autoridades y, iii) en su función procesal en dos niveles: a) como garantía de que los alegatos de las partes fueron debidamente considerados, así como las probanzas que conforman la causa y, b) como control posterior de la decisión ante órganos superiores, en aquellos casos en que proceda la revisión de la resolución. En esta misma línea y con respecto a la función procesal nuestra legislación adjetiva establece en el numeral 142 del Código de rito el deber de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales […] Otras disposiciones que también se refieren a la motivación de la sentencia son los ordinales 184, 312, 363 y 369 del mismo cuerpo normativo. Analizando el contenido de dichos numerales, esta Cámara se ha pronunciado respecto a la exigencia de fundamentación de toda sentencia en cualquiera etapa del proceso que ésta sea dictada. […] (Voto número 1157-2015, de las 09:27 horas, del 4 de septiembre de 2015. En similar sentido consultar el voto 585-2014, de las 02:30 horas, del 28 de marzo de 2014.) […] En otras palabras, la obligación de fundamentación como la posibilidad de control de la actividad jurisdiccional tanto para las partes procesales como para el resto de la sociedad misma, no solo vale para las decisiones dictadas en primera instancia sino también para las resoluciones emitidas en Alzada, por lo que con independencia de la etapa en la que se encuentre el proceso, toda resolución al amparo del numeral 142 citado, debe expresar las razones en las que se apoya, sin descuidar la revisión de los argumentos y pretensiones de las partes, determinando la relevancia que ostentan y la incidencia en la decisión cuestionada, exponiendo con la suficiente claridad las consideraciones en que se apoya la sentencia. […] En este sentido, aunado al deber de fundamentar la resolución, inherente a la labor jurisdiccional, los Jueces de Apelación son los llamados a ejercer el control y examen completo de la decisión del inferior, pues es a esa instancia a la que se le encomendó dicha función. Es preciso señalar que la incorporación en el ordenamiento jurídico de una serie de normas que muestran conformidad con las demandas de un sistema político democrático y republicano con el que está comprometido el Estado costarricense, se legitima en la medida en que la labor jurisdiccional refleje el ejercicio activo del deber de justificar y razonar los actos y resoluciones emitidas, así como el subsiguiente control que permita evaluar la racionalidad y objetividad de la decisión. […].” (Resolución número 2016-01260, de las 09:45 horas, del 7 de diciembre de 2016, el subrayado es suplido. Integración; Chinchilla Sandí, Ramírez Quirós, Arroyo Gutiérrez, Arias Madrigal y Gamboa Sánchez) En razón de lo expuesto, en atención a los artículos 142 y 184 del Código Procesal Penal, ante la ayuna fundamentación acaecida en la resolución impugnada, se declara con lugar el presente motivo del recurso de casación presentado por la licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, como defensora particular del encartado Rafael Ángel Zamora Fernández; por cuanto el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia se limitó a explicar que el Tribunal de Juicio acreditó el elemento subjetivo del dolo, sin verificar si dicha conclusión era legítima con base en la descripción fáctica de la acusación y querella –objeto de la impugnación presentada en el segundo motivo del recurso de apelación-, con lo cual se configuró el vicio de ausencia absoluta de fundamentación respecto de este punto. En consecuencia, se anula parcialmente la sentencia N° 236-2017, de las 10:40 horas, del 17 de octubre de 2017, del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Guanacaste, Sede Santa Cruz en cuanto a este aspecto y se dispone ordenar el reenvío a dicho Tribunal para que una integración diferente resuelva el segundo motivo del recurso de apelación planteado por la licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos. III. Recurso del Licenciado Luis Diego Hernández Araya, representante del Ministerio Público. En el primer motivo de casación, el representante fiscal alude la errónea aplicación de una norma procesal, concretamente el artículo 32 del Código Penal, con base en la hipótesis legal del numeral 468 inciso b) del Código Procesal Penal. Reclama que el Tribunal de Apelación de Sentencia interpretó de forma errónea lo dispuesto en dicha norma, al concluir que los delitos de afectación de área protegida y apertura de caminos en zona boscosa se encontraban prescritos, pues estimó que dichas ilicitudes no corresponden con la categoría de delitos de efectos permanentes. A criterio de quien recurre, los juzgadores acudieron a una interpretación equívoca de los términos “delitos permanentes” y “delitos de efectos permanentes”, y estima que los ilícitos de afectación de área protegida y apertura de caminos en zona boscosa son delitos instantáneos de efectos permanentes, de modo que mientras permanezca la intromisión antijurídica en dichas áreas o se mantenga el camino abierto o construido, los plazos de prescripción no empiezan a correr, como quedó acreditado en el caso concreto. El fiscal asegura que la decisión tomada por los jueces de apelación tiene una incidencia esencial en el resultado final del proceso, porque con sustento en esa incorrecta aplicación de la norma, ha declarado la prescripción de tales delincuencias, a pesar de que lo procedente era mantener la condena dispuesta por las mismas. Señala como agravio que como consecuencia del dictado de un sobreseimiento definitivo por prescripción a favor del acusado se ha ocasionado un perjuicio ilegítimo a las pretensiones punitivas del Ministerio Público, pues se le impidió la aplicación de las sanciones correspondientes respecto a los delitos en cuestión, y además no tuvo posibilidad de que se entrara en conocimiento de las quejas relativas a la falta de fundamentación de las sanciones impuestas en dichos supuestos; además, de que se dejó sin efecto la restitución del ecosistema a su estado anterior. Todas estas consecuencias derivadas del fallo, impidieron al ente acusador dar cumplimiento a lo establecido por la ley, no sólo respecto de las sanciones penales, sino además en cuanto a las consecuencias civiles derivadas de dichas ilicitudes. Mediante un segundo motivo de casación, la representación del Ministerio Público acusa inobservancia de normas procesales, puntualmente lo regulado en las Reglas sobre responsabilidad civil, artículos 96, 103 del Código Penal y 140 del Código Procesal Penal. Reprocha que el fallo de apelación dejó sin efecto la orden del Tribunal de Juicio que dispuso restituir a su estado natural el sector que ocupa el camino que cruza el bosque La Ojochada y el área de protección del Río Lajas, bajo el argumento de que el dictado de sobreseimiento definitivo por prescripción dejó ayuna de fundamento la medida así dispuesta en sentencia. En criterio del fiscal, independientemente de la declaratoria de extinción penal, los jueces tenían el deber de hacer cumplir las obligaciones que genera el injusto penal y los daños ocasionados al ambiente que fueron comprobados, independientemente de la vigencia de la acción penal, pues se trata de daños ambientales que exigen reparación. A su juicio, mediante esta disposición los juzgadores de alzada de forma arbitraria desaplicaron las reglas sobre responsabilidad civil, que contemplan la necesaria obligación de reparar los daños y restituir las cosas a su estado anterior, obligación que cobra especial importancia al tratarse de daños ambientales ilegítimos que representan obstáculos para la regeneración natural de dichas áreas. Aduce que los terrenos en bosque y áreas de protección de cuerpos de agua constituyen limitaciones a la propiedad privada, que se imponen en razón de un interés público a un ambiente sano. Por consiguiente, no es posible conceder permisos de ningún tipo sobre dichas áreas, por tratarse de zonas frágiles a las que no se puede hacer cambio de uso de suelo. Señala como agravio que dicho proceder del Tribunal conlleva un perjuicio a las pretensiones del Ministerio Público, porque le impidió cumplir con su obligación legal de reparación del daño provocado al ambiente, que por imperativo legal contempla el propio artículo 50 de la Constitución Política, y pese a concretarse un injusto penal ambiental, se dejó sin efecto la única medida que permitiría la regeneración natural del área de protección y del bosque. Solicita se declare con lugar ambos motivos de su impugnación. IV. Recurso de casación del Licenciado Randall Aguirre Mena, representante de la Procuraduría General de la República. En el único motivo de impugnación, el procurador alega errónea aplicación de una norma procesal, artículo 30 inciso e) del Código Procesal Penal e inobservancia del numeral 32 de ese mismo cuerpo normativo, en relación con la prescripción de los delitos de afectación de áreas de protección y apertura de caminos en zona boscosa, con base en el ordinal 468 inciso b) del Código Procesal Penal. El recurrente considera que la decisión del Tribunal de Apelación de dictaminar la prescripción de la acción penal respecto de los delitos de afectación de áreas de protección y apertura de zona boscosa, se debe a una errada interpretación de lo que preceptúa el artículo 30 del Código Penal, y a una inobservancia de lo normado en el numeral 32 del Código Procesal Penal. Bajo ese entendido, alega que el tribunal tuvo por transcurrido el plazo de la prescripción desde la fecha en que se verificó la afectación hasta la fecha en que se constató la indagatoria, dejando de lado que las delincuencias en cuestión constituyen verdaderos delitos de efectos permanentes, según lo contempla el ordinal 32 antes mencionado. Al respecto, el impugnante destaca que en la especie se tuvo por demostrado que el encartado cortó vegetación en el área de protección de un río y colocó en dicha zona pasto mejorado, afectación tal que se mantiene a la fecha según fue constatado por el propio tribunal de juicio, es decir, los efectos de dicha conducta no han cesado. Y en lo que respecta al delito de apertura de caminos en zona boscosa, de igual forma se tuvo por acreditado en la especie que el acusado ordenó la apertura de una red de caminos en el bosque denominado Ojochada, que afectó la zona boscosa, afectación que de la misma forma ha permanecido en el tiempo, pues persiste la existencia de dichos caminos. Estas circunstancias permiten concluir, en criterio del recurrente, que este tipo de delincuencias son de efectos permanentes, criterio que se ha visto ratificado en diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, que al efecto cita. Por consiguiente, el impugnante estima que al momento de la indagatoria, contrario a lo dispuesto por los jueces de alzada, no había transcurrido el plazo de prescripción. Como agravio, señala que como consecuencia de lo resuelto, se ha tornado nugatoria la pretensión penal de la representación del Estado como querellante del resguardo de los recursos naturales, y al tiempo, se dejaron sin efecto las medidas que hubieren permitido la restauración de los daños. Solicita se acoja el recurso, anulando la sentencia de alzada únicamente en cuanto decretó la prescripción de los ilícitos en cuestión, y en su lugar, se mantenga la condenatoria dispuesta. V. Se declaran con lugar los argumentos planteados por la Procuraduría General de la República y la representación del Ministerio Público. Por estar intrínsecamente relacionados ambos recursos de casación con la consecuencia jurídica a dictaminar se proceden a resolver de forma conjunta. En síntesis, el primer motivo del reclamo fiscal y la totalidad del recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República acusan la errónea aplicación de una norma procesal, específicamente artículo 30 inciso e) del Código Procesal Penal e inobservancia del numeral 32 de ese mismo cuerpo normativo, en relación con la prescripción de los delitos de afectación de áreas de protección y apertura de caminos en zona boscosa. Por cuanto, el Tribunal de Apelación de Sentencia determinó la prescripción de ambas ilicitudes, dejando sin efecto la consecuencia civil derivada del hecho punible, la cual refiere a la restitución a su estado natural de la zona protegida afectada. A razón de ello, y como punto de partida del análisis de esta Sala de Casación Penal, se debe de traer a colación lo dispuesto en el ordinal 32 del Código Procesal Penal, el cual en su literalidad indica: “Cómputo de la prescripción . Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y comenzarán a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para los delitos continuos o permanentes, desde el día en que cesó su permanencia. La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, en forma individual, para cada uno de los sujetos que intervinieron en el delito. En el caso de juzgamiento conjunto de varios delitos, las acciones penales respectivas que de ellos resulten prescribirán separadamente en el término señalado a cada uno.” (el subrayado es suplido). La incidencia y objeto de análisis por parte de esta Cámara, se centra en cuanto a que las ilicitudes de afectación de áreas de protección y apertura de caminos en zona boscosa, en el presente caso constituyeron delitos instantáneos con efectos permanentes, ante lo cual, el cómputo de la prescripción de dichos injustos penales deben de comenzar a correr desde que cesó su afectación. Circunstancia que constata esta Sala no sucede en la especie, por lo que el plazo de prescripción no había comenzado a correr. Aspecto ponderado por el propio Tribunal de Juicio al indicar en lo referente que: “[…] Precisamente este Tribunal en la Inspección realizada pasó por ese camino, estuvo ahí y caminó varios metros y pudo establecer que el camino está en uso, se encuentra en buen estado de mantenimiento, lo cual demuestra que efectivamente se haya producido un uso de cambio de suelo con ocasión de la apertura de un camino en pleno bosque la Ojochada. […] y además debe considerarse que el señor Thompson Piñeres indicó que en el sector de la Ojochada no habían caminos, sino pequeñas trochas que era apenas para sacar la madera y luego de entregar la finca, un año después, aparece un camino, con un drenaje al lado para buen mantenimiento, con material compactado y que se mantiene en buen uso y mantenimiento aún al momento de asistir el Tribunal a la Inspección llevada a cabo durante el desarrollo del debate.” (cfr. f. 2300 vto a 2301, tomo V expediente principal). Teniendo por acreditado además el delito de afectación de áreas de protección y su constitución con efectos permanentes, al establecerse en sentencia que: “[…] En igual sentido, este Tribunal ha llegado a tener certeza de que en el mismo lapso temporal en que construyó el desvío del río Lajas, y lo cual se tiene por plenamente demostrado, se limpió y arrancó la vegetación del área de protección del cause del Río Lajas, en una línea paralela a su cause de cuatrocientos metros de largo, permitiendo la colocación de pastos mejorados para utilización en ganadería y con lo cual se afectó un área de protección aproximada de seis mil metros cuadrados. El Tribunal llega a tener por demostrados estos hechos partiendo de la prueba testimonial y documental evacuada en debate. El testigo Giovanny Trigueros declaró que en la tercera inspección de campo que realizaron con un equipo técnico, pudieron determinar que había existido una invasión al área de protección, en donde determinaron tala y destrucción del hábitat y que en aquel momento notaron que se había metido maquinaria y utilizaron machete, inclusive declaró que esa limpieza había sido muy reciente, que se había medido el área y que se tomaron fotografías, agregando que eso les llamó la atención porque anteriormente eso no estaba. Por su parte Randall Campos, quien acompañó junto con Juan Sánchez y Óscar Gutiérrez a Trigueros en esa inspección declaró de interés que antes el río Lajas entraba y abastecía la Laguna pero que cuando llegaron pudieron observar que había un canal que desviaba el curso normal, indicó que lo desviaba casi en noventa grados hacia el norte o noroeste y luego se vio la afectación al área de protección del río Lajas. Agrega que hicieron un recorrido por la zona aledaña al río Lajas entre los quince metros que establece la Ley y que el área de protección fue barrida, cortaron árboles y como que lo estaban quemando, todo dentro de los quince metros del área de protección. A debate se incorporaron fotografías que fueron reconocidas por el Señor Campos Vargas, como la de folio 111 la cual indica que se trata de una fotografía del río Lajas y se ve el lugar afectado y se ve el pasto introducido; la fotografía de folio 113 que detalló como la fotografía del río Lajas, en donde inclusive aparece el testigo Trigueros y con la utilización de una cinta se muestran los quince metros correspondientes al área de protección, indica que en esa fotografía se observa la ceniza de árboles quemados e indicó que la zona que se observa que fue limpiada corresponde al área de protección establecida por ley que dice que en zonas rurales es de quince metros lineales del borde. […] Conforme a lo anterior, no le queda duda a este Tribunal de que el hecho sucedió tal y como lo relató el ente acusador y la Procuraduría General de la República. Efectivamente se cuenta con el testimonio de personas que como Giovanny Trigueros y Randall Campos, entre otros, estuvieron en el sitio del margen del río Lajas, realizaron las mediciones correspondientes para asegurar la medida de los quince metros lineales desde el borde del cause del río Lajas, además constataron la limpieza que se dio de esa zona, lograron observar que la vegetación fue barrida, que se realizó con maquinaria. Además todo eso quedó debidamente documentado, denunciado y con fotografías del momento que permiten acreditar el hecho. Sin embargo, hay que agregar que en el dos mil once se ordena una nueva inspección y se logra observar por parte de los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que en la zona del área de protección del río Lajas en la que en el año dos mil ocho habían constatado que se había realizado la limpieza y barrido de vegetación, se encuentra ahora sembrada con pastos mejorados de la especie Brashiaria spp. la cual es utilizada en actividades ganaderas, lo cual no sólo lo atestiguan, sino que lo documentan y toman fotografías. Fueron claros al señalar que la medida de los quince metros lineales desde el borde del cause del río Lajas, se limpió por una extensión aproximada de cuatrocientos metros paralelos al borde del cause, lo que al multiplicarlo por los quince metros que refiere la ley como área de protección en estos casos, resulta efectivamente que la afectación al área de protección se dio en una medida de seis mil metros cuadrados. De esta forma, tanto las declaraciones testimoniales como la prueba documental resultaron ser armoniosas, complementarias, la denuncia y el informe de la inspección sustentaron las declaraciones de los testigos, quienes reconocieron los documentos y sus firmas, reconocieron y explicaron cada una de las fotografías, dieron una explicación clara, sencilla, y puntual de lo que observaron y el porqué había sido algo que se había dado hacía muy pocos días antes, señalando Trigueros que le llamó la atención porque nada de eso estaba.” (Cfr. f. 2275 vto. a 2278 tomo V expediente principal). De lo cual, se desprende que en la presente sumaria ambas ilicitudes constitutivas de los injustos penales de afectación de áreas de protección y apertura de caminos en zona boscosa, se constituyeron de forma y con efectos permanentes. Por lo que para el adecuado análisis de la prescripción, como una forma de extinguir la responsabilidad penal, deben analizar de forma conjunta los preceptos numerales 31, 32, 33 y 34 del Código Procesal Penal, a efecto de determinar si la acción penal se ha extinguido o no. Siendo que en los delitos con efectos permanentes, el Juzgador debe tener por acreditado si ha cesado o no la permanencia en la afectación acusada, al tratarse de un régimen especial del cómputo del plazo de prescripción en aras de proteger los bienes jurídicos cuya afectación se prolonga en el tiempo, como es el caso de los delitos de afectación de áreas de protección y apertura de caminos en zona boscosa cometidos en el presente proceso penal. Ambas ilicitudes acusadas son delitos instantáneos de efectos permanentes, lo que implica, para efectos de la prescripción, que el conteo del plazo no puede iniciar mientras continúen los efectos del ilícito, lo que no puede significar otra cosa, que el cómputo de la prescripción no puede iniciar, mientras la afectación a estas áreas protegidas se mantenga, por la vía ideada y ejecutada por el sujeto activo. Precisamente la definición de este último aspecto, es el tema de interés a fin de resolver el presente reclamo. Sobre el cómputo del plazo de prescripción en los delitos instantáneos con efectos permanentes, ya esta Sala de Casación Penal ha indicado en reiteradas oportunidades que: “… en los delitos permanentes se describe una acción o conducta de un carácter tal que se crea con su producción no solo la consumación típica sino también una injusta y duradera situación –también típica- de lesión o peligro para el bien jurídico, que se mantiene o prolonga en el tiempo sin solución de continuidad, hasta tanto no la cese el autor, como sucede también, por ejemplo, en la Privación de libertad sin ánimo de lucro (artículo 191 del Código Penal), en el Secuestro extorsivo (art. 215 C.P.), o en la Violación de domicilio (art. 204 C.P.). Esta particularidad de los delitos permanentes tiene relevancia en orden a otros problemas, como por ejemplo: a) la posibilidad de sobrevenir formas de participación o coautoría tras la consumación; b) cualquiera que sea el momento elegido para ejercer la legítima defensa, en los delitos permanentes la agresión ilegítima siempre es “actual” mientras se mantiene la situación injusta; c) para el cómputo de la prescripción de la acción penal se considera que el plazo corre desde el día en que cesó la permanencia de esa situación injusta (cfr. art. 32 del Código Procesal Penal), pues de lo contrario podría darse el absurdo de que el delito prescribiera sin haber cesado los autores en su actuación típica y antijurídica; (cfr. MEZGER, Edmund: Derecho Penal Parte General, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2ª edición, 1990, págs. 152 y 340; FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: Derecho Penal Fundamental, Vol. II, Editorial Temis S.A., Colombia, 2ª reimpresión de la 2ª edición, 1998, pág. 335; MUÑOZ CONDE, Francisco y otra: Derecho Penal Parte General, Tirant lo blanch, Valencia 1993, pág. 369; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel: Curso de Derecho Penal Parte General I, Editorial Hispamer, Colombia, s.f.e., pág. 315; WESSELS, Johannes: Derecho Penal Parte General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980, pág. 10; VELÁSQUEZ V., Fernando: Derecho Penal Parte General, Editorial Temis, Colombia, 1995, pág. 358; CREUS, Carlos: Derecho Penal Parte General, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 155. Respecto al concurso de delitos, véanse las interesantes observaciones de WELZEL, Hans: Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pág. 267 y 274). […] Como se ha dicho, un delito permanente no se termina sino hasta que cesa la actividad, ya sea por la voluntad del agente o por causas ajenas a él que le impidan materialmente dar permanencia a la actividad, como ha sucedido, por ejemplo al sobrevenir su privación de libertad en sede judicial.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Res: 2001-00036, de las 10:00 horas, del 12 de enero de 2001. Integración; González Álvarez, Ramírez Quirós, Houed Vega, Chaves Ramírez y Castro Monge). Por su parte, el delito de efectos permanentes, “ocurre cuando, no obstante haber conseguido el resultado, el imputado tiene una conducta permisiva y estando en posibilidad de eliminarla, se abstiene de hacerla cesar… de acuerdo con el artículo 32 del cód. proc. pen. (sic) la prescripción empieza a correr desde que cese la situación de permanencia…” (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1eraª edición, 2009, pg. 373-374). Analizado lo anterior, tenemos que los tipos penales de afectación de área protegida (hecho siete), y de apertura de caminos en área boscosa (hecho díez), son ilicitudes cometidas que han perdurado en el tiempo, por lo que se concluye que sus efectos son permanentes; siendo que al tenor de lo preceptuado en nuestro ordenamiento jurídico, el respectivo cómputo del plazo de la prescripción no puede haberse dado por iniciado, lo que implica que llevan lugar los alegatos interpuestos tanto por la representación del Ministerio Público como de la misma Procuraduría General de la República. Cabe agregar que la Sala Constitucional ya ha resuelto el tema, en el voto 11515-00 de las 14:39 horas, del 21 de diciembre de 2000, al indicar en lo respectivo que: “…Aduce la jueza que ahora consulta que en el caso del delito de usurpación, el plazo de prescripción no puede iniciar su curso sino hasta que el poseedor –usurpador- salga del inmueble (cesen los efectos) lo que hace prácticamente imprescriptible el delito, pues aun transcurridos más de diez años de la invasión de un inmueble, basta acreditar que siempre el invasor ha estado dentro del terreno para que llegue a determinarse que no ha corrido ni siquiera un día para que opere la prescripción tanto negativa –penal- como la positiva –usucapión-, pues ésta no puede computarse allí donde no se haya dado la extintiva. Vale aclarar a la consultante que el delito de usurpación no sería imprescriptible, porque como lo establece el artículo aquí cuestionado, el término para contar la prescripción de la acción penal empezaría a partir del cese de la permanencia de sus efectos, sea cuando cese la usurpación. En los delitos instantáneos de efectos permanentes, se repiten sus efectos todos los días hasta que el "usurpador" abandone la propiedad, de ahí el calificativo de la permanencia…”. Si bien esta resolución hace referencia a un delito de efectos permanentes como es la usurpación, el numeral 32 citado estipula que “… Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y comenzarán a correr […] para los delitos continuos o permanentes, desde el día en que cesó su permanencia…”, siendo que el efecto es el mismo: no corre la prescripción hasta que cese la acción. Asimismo, la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante una acción incoada ante su autoridad donde se solicitaba la inconstitucionalidad de la frase "o de efectos permanentes, desde el día en que cesó su continuación o permanencia" del artículo 32 párrafo 1° del Código Procesal Penal y del criterio jurisprudencial reiterado, en el sentido de que la usurpación es un delito con efectos permanentes, por lo que el término de la prescripción de la acción penal comienza desde el momento en que cesó la tenencia o posesión del bien en cuestión, resolvió que: “La Sala Constitucional, en sentencia #11515-00, de las 14:39 horas de 21 de diciembre de 2000, al evacuar la Consulta Judicial Facultativa de Constitucionalidad formulada por la Jueza del Tribunal de Juicio de Cartago, sede en Turrialba, en la causa seguida contra Claudio Calderón Elizondo y otros por los delitos de usurpación e infracción a la Ley Forestal, en perjuicio de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, los recursos naturales y Claudio Mora González –tramitada en expediente #97-000644-344-PE– señaló que no viola el Derecho de la Constitución el hecho de que la acción penal prescribe para los delitos con efectos permanentes, desde el momento en que cesó la permanencia en el bien.” (Sala Constitucional, resolución N°. 2001-09917, de las 17:23 horas del 2001.) Con lo que se establece de forma clara que no existe vulneración constitucional, respecto al cómputo del plazo de prescripción de aquellos delitos con efectos permanentes, a partir del momento en que cesa la permanencia de la ilicitud. En similar sentido, el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José, ha establecido en lo referente a las ilicitudes correspondientes a la invasión de área de conservación o protección, que las mismas tratan de delitos de efectos permanentes, cuyo plazo prescriptivo no comienza a correr mientras subsista la invasión, recogiendo en dicho pronunciamiento, criterios similares de Tribunales de Apelación de Sentencia de diversas circunscripciones territoriales, y en ese entendido se procedió a referenciar en lo pertinente que: “Al día 03 de marzo del año 2015, dicha vivienda permanece en la zona protegida antes indicada a los márgenes del río [...]” (sic, folios 112 al 116 del expediente principal). El delito descrito se encuentra sancionado con 3 meses a 3 años prisión según lo prevé el inciso a) del artículo 58 de la Ley Forestal N° 7575, por lo que el plazo de prescripción a computar es de 3 años. Asimismo, dispone el ordinal 32 del Código de rito, reformado por Ley Nº 9082 del 12 de octubre de 2012, que: “Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y comenzarán a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para los delitos continuos o permanentes , desde el día en que cesó su permanencia ” (el remarcado es suplido). De esta forma, cuando se produce la invasión de una zona de protección, ya sea de un río, arroyo o quebrada, las consecuencias del ilícito subsisten mientras se mantenga la ocupación o invasión de dicha área; en tanto “…invadir implica actos de ocupación del sitio, que se traducen en establecerse en el lugar y disponer del mismo” según resolución N° 1131-2016 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; interpretándose, igualmente, que en el supuesto del inciso a) del artículo 58 dela Ley Forestal, el vocablo invadir se utiliza “…en sus dos significados, ingresar por la fuerza y el de ocupación ilegal” , de acuerdo con el pronunciamiento N° 388-2016 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón. También determina esta Cámara que los efectos del ilícito descrito son permanentes en cuanto a la afectación del bien jurídico tutelado, por lo que solo con la finalización o cese de la ocupación o invasión ejecutada por el agente, se puede dar inicio al cómputo del plazo de 3 años ya mencionado, para tener por extinguida la acción penal. En la resolución N° 324-2015 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, se adopta un criterio semejante al antes mencionado, explicándose que: “El delito de invasión de áreas de conservación es sin duda un delito permanente, dado que la acción no se agota con la construcción de la trocha, sino que sus efectos permanecen todo el tiempo, lesionando continuamente el bien jurídico (ambiente sano y equilibrado), dadas las implicaciones que la invasión de esa zona protectora tiene para el ambiente (eliminación de bosque que afecta las especies animales y vegetales, disminución en la producción de oxígeno) y también la afectación para el recurso hídrico allí protegido. De tal forma, que solo el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la infracción a la ley, cesa la permanencia en los términos del artículo 32 del Código Procesal Penal.” Desde esta perspectiva, dado que para los delitos “continuos” o “permanentes” el citado plazo se contabiliza desde el día en que finalizó su permanencia, lo que corresponde definir es el momento en que se cumplió dicha condición, […] lo cierto es que el plazo de prescripción de la acción penal no ha transcurrido, conforme se alega; es más, su cómputo ni siquiera podría iniciarse en este momento, por encontrarse aún ocupada la zona de protección descrita, conforme se ratifica con el presente reclamo. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de prescripción.” (Resolución N°. 01551-2017, de las 03:32 horas del 21 de diciembre de 2017, Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José). En síntesis, se tiene por establecido que las ilicitudes de afectación de área protegida (hecho siete) y la apertura de caminos en área boscosa (hecho díez), son delitos de efectos permanentes; lo cual genera como consecuencia que el cómputo del plazo de la prescripción inicie a partir de que cesen sus efectos. Circunstancia que no se origina en el presente proceso penal. Razón por la cual, llevan lugar los alegatos interpuestos, y en consecuencia de ello, se anula parcialmente la sentencia N° 236-2017, de las 10:40 horas, del 17 de octubre de 2017, del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Guanacaste, Sede Santa Cruz, en cuanto a la declaratoria de prescripción de los delitos afectación de área protegida y la apertura de caminos en área boscosa, así como la consecuencia civil originada de los hechos punibles, concretamente en lo que respecta a la orden de restitución de las cosas a su estado natural dispuesta por el Tribunal de Juicio del I Circuito Judicial de Guanacaste, sede Liberia, en la sentencia 309-2015, de las 13:15 horas, del 13 de agosto de 2015 (en ese sentido, a partir del folio 2325 al 2328, tomo V del expediente principal). Por cuanto, el fallo de apelación en el considerando V apartado 9 ordenó el reenvío del asunto para conocer nuevamente sobre las acciones civiles resarcitorias incoadas, y dispuso que en dicha oportunidad podría discutirse nuevamente lo atinente a la procedencia de las medidas de restauración que habían sido ordenadas en fase de juicio. No obstante, lo relativo a la admisión o no de dichas medidas (que constituye una orden de restablecimiento de las cosas a su estado anterior) es un tema que no atañe a las acciones civiles, porque este tipo de disposiciones no constituyen una indemnización civil en sentido estricto, ni tienen una relación de dependencia respecto de las acciones civiles resarcitorias, sino que son una consecuencia derivada del hecho punible. (Ver en similar sentido, Voto número 317-2007, de las 10:45 horas del 28 de marzo de 2007 de esta Sala, integración: Chaves Ramírez, Pereira Villalobos, Zúñiga Morales, Sáenz Fernández y Arce Víquez; en concordancia con el voto 964-2007, del antiguo Tribunal de Casación Penal de San José). Así las cosas, se declara con lugar el primer motivo del reclamo fiscal y la totalidad del recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República. Notifíquese. Por tanto: Se declaran con lugar, tanto el segundo motivo del recurso de casación presentado por la licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, como los recursos de casación presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Por mayoría, se anula parcialmente el fallo impugnado, en cuanto a la declaratoria de prescripción de los ilícitos de afectación de área protegida y la apertura de caminos en área boscosa, y por unanimidad en cuanto a la consecuencia civil originada de los hechos punibles, concretamente la orden de restitución de las cosas a su estado natural. Asimismo, se anula parcialmente la sentencia N° 236-2017, de las 10:40 horas, del 17 de octubre de 2017, del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Guanacaste, Sede Santa Cruz. En consecuencia, se dispone ordenar el reenvío a dicho Tribunal para que una integración diferente resuelva el segundo motivo del recurso de apelación planteado por la defensora particular. La Magistrada Zúñiga Morales salva parcialmente el voto. Notifíquese.
Rosibel López M. Mag. Suplente.
Jorge Enrique Desanti H. Sandra Eugenia Zúñiga M. Mag. Suplente. Mag. Suplente.
Jaime Robleto G. Rafael Segura B. Mag. Suplente. Mag. Suplente.
VOTO PARCIALMENTE SALVADO DE LA MAGISTRADA SANDRA EUGENIA ZÚÑIGA MORALES: La suscrita Magistrada Zúñiga Morales deseo aclarar que comparto con el voto de mayoría la decisión de declarar con lugar el motivo segundo de la impugnación planteada por la defensa particular del encartado R.A.Z.F. en lo que concierne a la falta de fundamentación incurrida por el Ad quem, al no resolverle el reclamo sobre la inexistencia del elemento subjetivo en la acusación. No obstante, con todo respeto me permito disentir parcialmente del criterio de los Magistrados que suscriben el voto de mayoría y rechazo el primer motivo del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público y la totalidad de la impugnación planteada por la Procuraduría General de la República, ya que ambos casos reclaman una violación de un precepto procesal, al estimar que a los delitos cometidos contra Los Recursos Naturales no les resultan aplicables los presupuestos de interrupción del plazo de prescripción mientras el acto perturbatorio a la posesión no haya cesado; en virtud del carácter permanente que poseen estos ilícitos. Sobre este particular, ya había emitido criterio cuando fui integrante del antiguo Tribunal de Casación de San Ramón, hoy Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón, en cuya oportunidad externé lo siguiente: « (…) Comparto del voto de mayoría su posición respecto de la naturaleza jurídica del ilícito de usurpación, el cual corresponde a la categoría de los denominados delitos permanentes, es decir, aquellos que crean “… con la consumación una situación jurídica duradera… que se mantiene o puede cesar por la conducta del autor.” (LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, Curso de Derecho Penal , Parte General I, Editorial Univesitas, S.A., Madrid, 1996, p. 315). No obstante, difiero en cuanto a que por esa naturaleza jurídica del ilícito, se excluya de la aplicación del artículo 33 del Código Procesal Penal, cuando el acusado –por ejemplo- continua poseyendo el terreno durante la tramitación del proceso penal por usurpación. Analizaré el tema a partir de la interpretación de la ley procesal, sus principios y métodos, nuestra legislación y pronunciamientos pertinentes de la Sala Tercera y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 1) Interpretación de la ley procesal Mantuvo Beling que la ley era la única y principal fuente del Derecho procesal, precisamente porque en ella se fija de forma abstracta el “cómo” se debe proceder y el “quién” se encuentra facultado para realizar los diversos actos que integran el procedimiento. (MAIER, Julio, Derecho Procesal Penal Argentino, T.I, Editores del Puerto, S.R.L., Buenos Aires, 2002, pp.193 a 195). Sin embargo, al utilizar la ley procesal pueden presentarse problemas que tienen que ver con dos diversas situaciones: (i) la interpretación , es decir la intelección del concepto o significado de la ley, así como los métodos propuestos para conocer ese contenido; y (ii) la aplicación , que alude a la ley aplicable al caso concreto. (Ibid. p.196). En el caso bajo estudio, la dificultad no surge de un cuestionamiento respecto a la aplicación de la ley, sino más bien, a su interpretación. La interpretación es una operación intelectual realizada por la persona y consiste en conocer o determinar el sentido de la norma y aplicarla. Es desentrañar el contenido prescriptivo y extraer sus consecuencias prácticas, para poderlas aplicar a un caso concreto. La interpretación debe ser una labor desarrollada a la luz de una serie de principios formales y materiales. Los primeros constituyen “… una serie de reglas formales que la ciencia jurídica construye, y hasta, en ocasiones, positiviza en una ley, a manera de principios lógico-cognoscitivos que gobiernan la operación intelectual llamada de interpretación de la ley.” (Ibid, p. 206) y entre ellos se incluyen el de (1) plenitud del orden jurídico , según el cual el ordenamiento puede dar solución a cualquier caso que se presente, porque es completo, no tiene lagunas; y el de (2) coherencia del orden jurídico , relativo a la inexistencia de contradicciones en el sistema, lo que ha motivado la creación de reglas de ajuste para evitar colisiones, así surgen principios como lex superior, lex specialis, lex posterior, entre otras, que buscan solucionar ese tipo de diferencias. (Ibid, pp. 209 a 226). Los principios materiales de interpretación también son útiles, no pueden ser inventados por el intérprete, surgen de la propia ley, así en el caso costarricense –como sucede en otros ordenamientos- la Constitución Política ocupa la cúspide normativa, de ella derivan las máximas fundamentales que dirigen el orden jurídico, siendo orientadores no sólo para el legislador (al sancionar la ley), sino también para los juzgadores (al aplicarla). De ahí que “… particularmente el juez tiene el deber de resolver los problemas hermenéuticos que le son presentados con los criterios valorativos que presiden nuestra organización social, expuestos en la Constitución política u obtenidos del Derecho positivo, como contenido ideológico esencial de sus reglas. Es por ello que estos criterios o, mejor dicho, la armonía del significado de la ley con ellos, presiden toda toma de posición valorativa y, por ello, política, del intérprete: la mejor interpretación es aquella que, dentro del significado racional del texto de la ley, mejor se adecue a la base ideológica de nuestra organización social, de nuestro orden jurídico.” (Ibid, p. 228). En el punto de estudio y desde la perspectiva de los principios formales y materiales de interpretación, serán de cita obligatoria los preceptos constitucionales de igualdad ante la ley (artículo 33), así como el de legalidad y tutela judicial efectiva (artículos 39 y 41); retomados asimismo por instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Declaración Universal de Derechos Humanos. En consecuencia, nuestra normativa procesal penal cuya creación es de resorte legislativo, deberá ser coherente con las garantías y principios contendidos en la Carta Magna y demás instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica (artículo 7 de la Constitución Política), de ahí la afirmación en tono a que en realidad el Derecho Procesal Penal es Derecho Constitucional aplicado (ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal, 1ª edición 2ª reimpresión, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2003, p. 10 a 12). Como efecto práctico de lo anterior: no es posible aceptar la persecución penal a cualquier precio, con el afán de imponer una pena. Existe un proceso penal que no solo establece un orden (una serie de fases en las que tienen lugar determinados actos procesales), sino que garantiza el respeto de derechos y garantías de los participantes, con el fin, por supuesto, de evitar arbitrariedades. El artículo 1, sobre el principio de legalidad y debido proceso; el artículo 9, respecto al estado de inocencia y el 12, que recoge el principio de inviolabilidad de defensa, todos del Código Procesal Penal, derivados del precepto 39 constitucional (en ese sentido Sala Constitucional, Voto Nº Nº1739-92, de las 11:45 horas del 01 de julio del 1992) constituyen baluartes del Estado de Derecho, de ellos surgen algunas de las más importantes reglas de interpretación, precisamente la de interpretar restrictivamente la ley procesal y la prohibición de analogía o interpretaciones extensivas en perjuicio del encartado (sobre el tema MAIER, Julio, , Derecho Procesal Penal Argentino, T.I, Editores del Puerto, S.R.L., Buenos Aires, 2002, p. 229 y 230), contenidas en el artículo 2 del CPP: “Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analógica mientras no favorezca la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento.” En ese sentido, si el artículo 33 del Código Procesal Penal en su texto no establece ninguna excepción para su aplicación, mal se haría, si en perjuicio del encartado se da una interpretación extensiva en línea a que, de la aplicación de esa norma se deben excluir determinados delitos: los denominados permanentes o continuos; cuando lo correcto sería optar por una interpretación restrictiva. Ya sea entendida ésta como: (i) La “…aplicación de la norma jurídica a los casos que menciona o a los cuales se refiere expresamente.” (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 16ª edición, Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires, 2003, p.210), que como se lee del texto del 33 procesal penal, alude a la generalidad sin exclusiones. O (ii) en el sentido propuesto por NÚÑEZ, entendida esa interpretación restrictiva como: ante la duda, debe estarse a lo más favorable a la libertad o ejercicio del poder, a la limitación o exclusión de la sanción (citado por LLOBET RODRÍGUEZ, Javier, Proceso Penal Comentado, 3ª edición, Editorial Jurídica Continental, 2006, pp. 51 y 52). En ese sentido lo más favorable para el encartado es la aplicación de la reducción a la mitad del plazo de prescripción, tal y como lo estipula llanamente el artículo 33. 2) Métodos de interpretación de la ley procesal En ocasiones los problemas de interpretación de la ley procesal pueden originarse en la ambigüedad de las propias normas, sea por la duda, confusión o vaguedad de sus palabras o del orden en que se presentan en el enunciado. Veamos su utilidad en el tema bajo análisis. Esos tropiezos semánticos o sintáticos en la redacción de la normas se tratan de resolver, precisamente, mediante la aplicación de los métodos de interpretación de la ley procesal penal, con el propósito de aclarar el contenido normativo de la disposición en concreto. Dentro de los métodos utilizados destacan en la actualidad los siguientes: (i) Método de interpretación literal o gramatical: Supuestos donde el contenido o mensaje de la ley es claro, sin dificultades para su conocimiento, lo que no implica desechar el contexto de la expresión. Por ello se han sugerido varias modalidades de interpretación. Un primer grupo que distingue entre interpretación subjetiva (descubrir la voluntad del legislador al promulgarla) y objetiva (descubrir lo que transmite la norma a su destinatario, según su texto o contenido, prescindiendo de la intención del legislador); imponiéndose la segunda, dadas las críticas surgidas al sistema corporativo de creación de leyes, cuyo complicado procedimiento, en muchas ocasiones conllevan a la aprobación en bloque y sin una comprensión puntual de lo sancionado. En segundo lugar, se tiene la interpretación restrictiva y la extensiva , referida al mayor o menor número de casos que abarque la interpretación, y en este contexto, es una regla de interpretación la obligación de interpretar restrictivamente, que como ya se indicara, resulta una previsión expresa en nuestro ordenamiento, dispuesta en el numeral 2 del Código Procesal Penal -antes transcrito-. Para algunos autores, solo si el método de interpretación literal resulta insuficiente, es que se recurre al denominado método de interpretación sistemática o lógica, que viene a ser un sistema auxiliar o subsidiario, del literal o gramatical. (MAIER, Julio, , Derecho Procesal Penal Argentino, T.I, Editores del Puerto, S.R.L., Buenos Aires, 2002, pp. 233 a 236). (ii) Método de interpretación sistemática o lógica: Otro sector de la doctrina defiende la supremacía de este método, frente al literal, que estiman puede ser de ayuda solo para dificultades de orden lingüístico. La aplicación de este método parte de que el orden jurídico es un sistema sustentado en los principios de plenitud hermética y coherencia, sentado como uno de sus principios básicos, la necesidad de relacionar cada regla con las demás vigentes en el orden jurídico, a fin de suprimir las incoherencias, lo mismo que las lagunas. “El método supone que el orden jurídico es un sistema y, por ello, que los postulados que estudiamos son los primeros principios interpretativos: su plenitud hermética (sistema cerrado) y su coherencia (falta de contradicciones); por lo demás, precisamente por lo apuntado no estudia las reglas como manifestaciones singulares del ‘legislador’, en su significado aislado, sino que eleva a categoría de principio la necesidad de relacionar cada regla con las demás vigentes en un orden jurídico, de modo tal de suprimir las incoherencias e, incluso, las lagunas. Bien entendida, la interpretación jurídica no es, para este método, sino búsqueda de los segmentos de la ley, de las oraciones que entran en combinación para construir la norma que solucione el caso (…) El resultado más palpable de la aplicación del método son las llamadas partes generales de las distintas ramas que integran un orden jurídico…” (MAIER, Julio, , Derecho Procesal Penal Argentino , T.I, Editores del Puerto, S.R.L., Buenos Aires, 2002, p. 237). Analicemos el artículo 33 del Código Procesal Penal, primero desde el método de interpretación literal. ¿Cómo es la redacción de esa norma?. ¿Es confusa, proporciona consecuencias dubitativas, o por el contrario -al menos en el tema discutido- es clara, entiende su destinatario el contenido, su sentido preceptivo?. Veamos. Para aclarar esos extremos plantearé varias interrogantes: ¿a qué supuestos se dirige la norma?, ¿qué ordena?, ¿bajo qué circunstancias?. Con el fin da buscar la respuesta a la primer pregunta, sólo es necesario observar cómo da principio la redacción del precepto: “Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo tras anterior se reducirán a la mitad…” La norma es categórica y llana, para aplicarla lo única exigible por el legislador, es el inicio de la persecución penal, ya sea por denuncia, de oficio o mediante querella, a todos los casos, pues como se advierte no existe en su texto ninguna excepción. Segundo cuestionamiento, ¿cuál es la consecuencia?: la reducción de los plazos de prescripción a la mitad. Tercer pregunta, ¿a partir de qué momento?: de la primera imputación formal de los hechos al encausado, en los delitos de acción pública; la presentación de la querella, en los delitos de acción privada; la resolución que convoca por primera vez a la audiencia preliminar; la obstaculación del desarrollo normal del debate por causas atribuibles a la defensa, según declaración que efectuara el Tribunal en resolución fundada; el dictado de la sentencia, aunque no se encuentre firme. En suma, no existen palabras o expresiones que lleven a la confusión. Desde el punto de vista del método de interpretación literal es una norma que como se lee debe tener una aplicación a la generalidad de casos, que parte únicamente de que haya iniciado la investigación (salvo en el caso de la querella en los delitos de acción privada, cuyo primer acto interruptor es precisamente la presentación del escrito que da inicio a ese específico proceso), ordenando la reducción a la mitad de los plazos indicados en el artículo 31 –según la pena del delito- y que con esa reducción se empiecen a computar a partir de determinados momentos (los señalados antes). Ahora corresponde estudiar qué sucede si optamos por el método de interpretación sistemática o lógica. En una primera impresión es posible sentirnos seducidos por la afirmación del voto de mayoría cuando asevera: mientras continúe la afectación al bien jurídico tutelado (en aquellos denominados delitos permanentes) no ha operado la prescripción de la acción penal, en consecuencia sería ilógico interrumpir aquello que no ha empezado a computarse. ¿Es esa conclusión producto -en realidad- de una interpretación sistemática? ¿Se logra una verdadera interpretación sistemática únicamente relacionando los artículos 31, 32 y 33 del Código Procesal Penal? Ya vimos que desde el punto de una interpretación sistemática resulta fundamental relacionar cada regla con las demás vigentes, a fin de evitar o suprimir cualquier incoherencia. La mayor debilidad de la postura del voto de mayoría es que se limita a relacionar sólo los tres artículos señalados, ignorando otras disposiciones del ordenamiento jurídico, obviando incluso algunos de los principios y garantías procesales dispuestos de forma expresa en el Título Primero, de la Primera Parte del propio Código Procesal Penal, dentro de los cuales no sólo figura el artículo 12 (inviolabilidad del derecho de defensa), el 1 (legalidad), sino también, el artículo 2, específico respecto a las reglas de interpretación, que prohíbe interpretaciones extensivas en perjuicio del encartado, que haría violatoria la aplicación de una excepción no prevista expresamente por la norma, como sería suprimir de aplicación el artículo 33 a los delitos permanentes. Es fundamental subrayar, nos agrade o no, que la referencia efectuada en el artículo 32 del Código Procesal Penal –en este supuesto referidas a las peculiaridades de los delitos permanentes- al artículo 31 de ese mismo cuerpo normativo, lo hace para un solo efecto, determinar si es posible o no iniciar la persecución penal. Hipótesis en las cuales, por supuesto, de continuar la afectación del bien jurídico tutelado (es decir, la ocupación en el ilícito de usurpación) se podrá denunciar, querellar o de oficio el Ministerio Público actuar, pues no ha prescrito la acción penal, la que se comenzaría a computar a partir del momento en que cese la posesión (si es que cesa). Pero el legislador en el artículo 33 del Código Procesal Penal aun cuando obviamente retoma el tema de la prescripción, lo hace en otro sentido, interesado única y exclusivamente por los casos donde ya iniciada la investigación decide establecer reducciones, que limitan la duración de los procesos judiciales, para no hacerlos eternos, una vez que la maquinaria judicial está en marcha, no sólo por los gastos que ello implica, sino también atendiendo a los principios constitucionales de seguridad jurídica, pero especialmente, de justicia pronta y cumplida, como una legítima pretensión de cualquier persona, sea el imputado, el ofendido o cualquier ciudadano. 3) Pronunciamientos de la Sala Tercera y de la Sala Constitucional Sin duda los pronunciamientos de la Sala Tercera, pero especialmente –por su vinculación legal- los de la Sala Constitucional deberán considerarse en este análisis. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 1996) se pronunció respecto a la naturaleza del instituto de la prescripción, indicando en torno al artículo 33 del Código Procesal Penal, que establecía una reducción automática de la prescripción, y refiriéndose a su naturaleza jurídica, señaló que pasó a ser “un instituto de índole eminentemente procesal, que constituye la sanción de caducidad para ejercer la acción punitiva o para excitar los órganos jurisdiccionales con la finalidad de perseguir algún ilícito, en razón de la inactividad de los sujetos procesales en los asuntos iniciados. En ese sentido, podría definirse como un mecanismo para regular –de manera razonable- el tiempo prudencial del proceso que el legislador determinó para ejercer la acción penal, que implica finalizar el conocimiento de la causa por irrespeto de los términos establecidos por ley.” (Sala Tercera, Voto Nº 368-2000, de las 09:15 horas del 07 de abril del 2000; en el mismo sentido Sala Constitucional, Voto Nº 4397-99, de las 16:06 horas del 08 de junio de 1999). Por otro lado, al revisar los pronunciamientos de la Sala Constitucional, es posible arribar a las siguientes conclusiones: (i) La regulación en el tema de prescripción es un asunto de política criminal, de manera que la Asamblea Legislativa goza de las potestades para establecer sus parámetros. (ii) No existe un derecho constitucional a la prescripción, sino más bien un derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad; los cuales no se violentan siempre y cuando los plazos dispuestos para la denuncia, investigación y juzgamientos –señalados por el legislador- sean razonables y estén definidos en la ley. (iii) La prescripción tiene por efecto la declinación del ejercicio de la potestad punitiva del Estado, a manera de sanción procesal, dada la inactividad de los sujetos procesales. (Sala Constitucional, Votos Nº 4397-99, de las 16:06 horas del 08 de junio de 1999; Nº 4432-97, de las 16:33 horas del 29 de julio de 1997; Nº 9917-2001, de las 17:26 horas del 26 de setiembre del 2001). (iv) El delito de usurpación no es imprescriptible, porque “…el término para contar la prescripción de la acción penal empezaría a partir del cese de la permanencia de sus efectos, sea cuando cese la usurpación.” (Sala Constitucional Voto Nº9917-2001, de las 17:26 horas del 26 de setiembre del 2001, la negrita no es del original). Finalmente, el Voto Nº 856-2001, de las 15:18 horas del 31 de enero del 2001 al resolver una acción de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 33 del Código Procesal Penal, de nuevo insiste en torno a que la reducción de los plazos de prescripción a la mitad (del artículo 33) no es irrazonable, constituye un aspecto de política criminal de resorte exclusivo del legislador, quien determina los plazos y la forma en que se interrumpe la prescripción en materia penal; pero además, de forma expresa indica que en este tema, debe considerarse asimismo el derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, sin tolerarse discriminaciones de ningún tipo, a quienes encuadren en los supuestos que regula: “… no estamos en presencia de una norma que instituya una violación al artículo 41 de la Constitución Política, dado que lo pretendido más bien es dar fiel cumplimiento al principio de seguridad jurídica, también de rango constitucional, y que no menoscaba el acceso a la jurisdicción, sino que, antes bien, garantiza a los ciudadanos que la persecución penal de los hechos punibles –sea por el Estado o por los particulares, éstos últimos en el caso de los delitos de acción privada- se hará según los parámetros legislativos establecidos oportunamente, dentro de los cuales se encuentran evidentemente la prescripción penal. Tampoco la norma establece discriminaciones irrazonables o arbitrarias, pues la reglas allí dispuestas se aplican ‘cualquiera que sea la legislación aplicable’ y sin ningún tipo de discriminación a quienes encuadren en los supuestos que regula, por lo anterior procede desestimar los alegatos del accionante…”. Entonces, mientras el supuesto usurpador se mantenga –por ejemplo- en posesión del bien, existe la posibilidad de ejercer la acción penal, la prescripción de la acción penal no ha operado, empezaría a computarse el plazo de prescripción a partir del cese de la permanencia en el lugar (artículo 31 del Código Procesal Penal). Sin embargo, el artículo 33 del Código Procesal Penal contempla otro supuesto, la reducción del plazo de la prescripción –la cual por decisión legislativa- se aplica siempre que se ha iniciado el procedimiento y a partir de los determinados actos procesales señalados por el precepto, por ejemplo, de la primera imputación formal de los hechos al encausado en los delitos de acción pública (inciso a). Negar la aplicación del artículo 33 del Código Procesal en los delitos de efectos permanentes, cuando corresponde aplicarlo según los plazos de prescripción y la reducciones señaladas a partir de los concretos actos procesales ordenados por ley, implicaría además, en caso de condenatoria, una violación al debido proceso. Así lo ha reconocido la misma Sala Constitucional: “ La prescripción de la acción penal conlleva la pérdida del poder punitivo del Estado para perseguir el delito, de tal forma que indudablemente resultaría contrario al principio de inocencia como integrante del debido proceso, el condenar a una persona con base en un delito cuya acción ha prescrito. La Constitución Política es muy clara en señalar que la justicia debe hacerse en estricta conformidad con las leyes, y si la ley establece un plazo de prescripción para un determinado delito, y ésta no es declarada oportunamente por el juez, se estaría estableciendo una pena sin delito, contrario a lo que establece el artículo 39 de la Constitución Política, por no existir éste ya -por lo menos para esa persona- en el ordenamiento jurídico. Por su parte, el principio de inocencia, también sería violado, en caso de condenarse a una persona con base en un delito cuya acción ha prescrito, porque el estado de inocencia que establece nuestra Constitución, sólo puede desvirtuarse con respeto a las reglas del debido proceso legal. Es decir, no es válido provocar un ánimo de certeza en el juzgador, en contra de un imputado, por medio de la arbitrariedad judicial o a través de mecanismos no autorizados legalmente por el legislador.” (Sala Constitucional Voto Nº 3944-97, de las 15:45 horas del 09 de julio de 1997). 4) Artículos 31, 32 y 33 del Código Procesal Penal En suma, dispone el artículo 31 del Código Procesal Penal: Artículo 31.- Plazos de prescripción de la acción penal. Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá: “a) Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los delitos sancionables con prisión; pero, en ningún caso, podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres. b) A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no privativas de libertad y en las faltas o contravenciones. Dicho precepto tiene por objeto regular los plazos de prescripción de la acción penal cuando no se ha iniciado la investigación en contra de una persona, ya sea por denuncia o de oficio de parte del Ministerio Público en caso de delitos de acción pública; por denuncia en ilícitos de acción pública a instancia privada o, mediante querella en los delitos de acción privada. El ente persecutor, el ciudadano u ofendido en su caso, tendrán oportunidad de accionar el órgano jurisdiccional para iniciar la investigación o buscar la resolución dentro de plazos determinados, vencidos los cuales, esa potestad de persecución fenece irremediablemente. El artículo 32 del Código Procesal Penal, señala lo siguiente: Artículo 32.-Cómputo de la prescripción. Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y comenzarán a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para los delitos continuados o de efectos permanentes, desde el día en que cesó su continuación o permanencia. La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, en forma individual, para cada uno de los sujetos que intervinieron en el delito. En el caso de juzgamiento conjunto de varios delitos, las acciones penales respectivas que de ellos resulten prescribirán separadamente en el término señalado a cada uno. En esta norma se explica cuál es la forma de realizar los cómputos de los plazos previstos en el artículo 31, para determinar si se encuentra o no prescrita la acción penal, según dos supuestos: (i) Grado de perfección del ilícito, dependiendo de si se consumo o quedó en grado de tentativa. (ii) Modo de afectación del bien jurídico tutelado: dependiendo de si se trata de delitos “continuados o de efectos permanentes”. Al margen de algunos comentarios que podríamos realizar respecto a la aparente confusión entre la denominación de “delito continuado” con el de “delito continuo o permanente”; nótese incluso la referencia expresa en este precepto al artículo anterior, al iniciar la redacción con la siguiente frase: “Los plazos de prescripción se…”, lo que sin duda remite al numeral 31, el cual precisamente se intitula: “Plazos de prescripción de la acción penal”. El artículo 33 del Código Procesal Penal ordena: Artículo 33.-Interrupción de los plazos de prescripción. Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo tras anterior se reducirán a la mitad para computarlos a efecto de suspender o interrumpir la prescripción. Los plazos de prescripción se interrumpen con lo siguiente: a) La primera imputación formal de los hechos al encausado, en los delitos de acción pública. b) La presentación de la querella, en los delitos de acción privada. c) La resolución que convoca por primera vez a la audiencia preliminar. d) La obstaculación del desarrollo normal del debate por causas atribuibles a la defensa, según declaración que efectuara el Tribunal en resolución fundada. e) El dictado de la sentencia, aunque no se encuentre firme. La interrupción de la prescripción opera aun cuando las resoluciones referidas en los incisos anteriores, sean declaradas ineficaces o nulas posteriormente. Resulta una de las normas que mayor controversia y discusión ha suscitado, en un tema concreto: el momento a partir del cuál debían reducirse los plazos a la mitad, quedando hoy por sentado, que dichas reducciones operan a partir de cada uno de los actos procesales indicados en sus incisos. Efectuada la anterior aclaración, es oportuno cuestionarse, ¿qué se pretendía regular en este precepto? Pues bien, el contenido de esta regulación fue advertido ya por la Sala Tercera: el artículo 33 prevé situaciones que hacen reducir de forma automática el cómputo de la prescripción . (Sala Tercera, Voto Nº 368-2000, de las 09:15 horas del 07 de abril del 2000). En consecuencia, es posible concluir que su finalidad es reducir los plazos de prescripción, que por decisión legislativa, se hace a la mitad del plazo establecido en el artículo 31 del Código Procesal Penal –según la pena del delito-. Pero además, como puede advertirse con suma facilidad, el artículo 33 no establece ningún tipo de excepción para que esas reducciones automáticas del cómputo de la prescripción operen, y eso es así porque, como lo dispone de forma expresa el texto de la norma, esta regulación existe para aplicarse siempre que la persecución penal haya iniciado (según los términos dispuestos en el artículos 31 del Código Procesal Penal y con una sola excepción, contemplada en el inciso b), la presentación de la querella, acto con el cual tiene inicio el procedimiento especial para delitos de acción privada), pues como ya lo indicara la Sala Tercera, “la finalidad de reducir los plazos de prescripción a la mitad una vez iniciado el procedimiento deriva del control que debe existir al tramitar la causa penal, para evitar procesos interminables sin justo motivo, que tengan como resultado extinguir la acción penal por inactividad procesal; es pues, una cuestión de política criminal definida por el legislador.” (Sala Tercera, Voto Nº 368-2000, de las 09:15 horas del 07 de abril del 2000). Por esa razón, a efecto de interrumpir la prescripción quedan al margen cualquier otra consideración, como por ejemplo, el tipo de afectación al bien jurídico (es decir, si el delito es permanente o no), que de persistir como en el caso de la usurpación, sin duda serán tópicos de trascendencia, pero con otras implicaciones jurídicas para el caso, verbigracia, en caso de condena, al momento de determinar la pena que corresponda, pero no para hacer depender de ello la aplicación o no de los supuestos procesales de interrupción de prescripción -dispuestos por el legislador- para que operen de forma automática –repito- con sólo que se haya iniciado la persecución penal. Asumir esta postura tiene que ver tanto con la interpretación de la ley penal, como con el respeto a los principios y garantías de nuestro sistema de Derecho; es acorde tanto con un método de interpretación literal, como sistemático, y en apego a los pronunciamientos tanto de la Sala Tercera como de la Sala Constitucional. 5) Argumentos del voto de mayoría Conviene antes de concluir, referirme a los argumentos expuestos por el voto de mayoría: 1.-Argumento: El estado antijurídico originado por la invasión del terreno no ha cesado, en consecuencia no podría empezar a correr la prescripción. Lo que no es un criterio inconstitucional, toda vez que no tornaría imprescriptible el delito, ya que la prescripción empezaría a computarse al momento de cesar los efectos antijurídicos. En realidad si existe o no un estado antijurídico es un aspecto que deberá contestarse al resolverse el proceso –al analizar la existencia o no del delito-, ya sea en debate, o antes, si se ha optado, por ejemplo, por el procedimiento abreviado. Es en consecuencia una circunstancia que podría valorarse a efectos de determinar la pena, pero en los términos dispuestos por el legislador, no resulta una situación excluyente para la aplicación del artículo 33 del Código Procesal Penal. Por otra parte, lo que ha señalado la Sala Constitucional es que “…el término para contar la prescripción de la acción penal empezaría a partir del cese de la permanencia de sus efectos…” (Sala Constitucional Voto Nº 9917-2001, de las 17:26 horas del 26 de setiembre del 2001), pero esa conclusión no abarca los supuestos de interrupción de la prescripción del artículo 33 procesal penal, sino como muy claro lo indica la Sala, para contar la prescripción de la acción penal , lo que resulta una referencia concreta a lo regulado en el artículo 31 del Código Procesal Penal. 2.-Argumento: La interrupción de la prescripción dispuesta en el artículo 33, sólo es aplicable a casos donde ha empezado a correr la prescripción, y en los casos donde continúan los efectos antijurídicos, ni siquiera ha empezado a computarse. Como se ha indicado de forma reiterada, la prescripción, sus plazos, la interrupción, resultan tópicos que responden a la política criminal. Si el legislador optó por establecer la interrupción de la prescripción –sin incluir de forma expresa ninguna excepción-, y si una interpretación restrictiva de las normas nos impide relacionar reglas en perjuicio o en detrimento de los derechos y garantías del encartado, debemos concluir que esa fue la decisión del legislador: reducir los plazos de la prescripción a la mitad, sin ninguna restricción, pues como ya se indicó, la única exigencia es que la persecución haya iniciado. 3.-Argumento: Consideran que “el legislador” tomó “la decisión” de “no iniciar el conteo de la prescripción mientras se mantenga la situación antijurídica… Así entonces, desde la perspectiva sustantiva en los delitos permanentes es posible la participación y coautoría después de la consumación, además en algunos delitos, al depender la prosecución del estado antijurídico de la voluntad del autor, la ley impone penas menores cuando este hace cesar el mismo…” Si bien, a partir del artículo 32 el computo de la prescripción en el delito de usurpación no empieza mientras continúe la posesión del acusado en el terreno en cuestión; ese conteo es un aspecto diferente a la situación regulada en el artículo 33 del Código Procesal Penal, en los términos ya expuestos. Ello no significa en efecto, la posibilidad de iniciarse procesos penales en contra de otras personas en calidad de autores o partícipes (recordemos que la prescripción se valora de forma independiente para cada sujeto), mucho menos, imponer penas menores cuando la supuesta afectación al bien jurídico hubiera cesado durante la tramitación del proceso (este es uno de los factores que por ley, deberá valorar el operador jurisdiccional). En suma, estimo que al regularse -por parte del legislador- el instituto de la prescripción en los artículos 31, 32 y 33 del CPP, la naturaleza jurídica del delito; si es instantáneo, o por el contrario, permanente o continuo; o su grado de perfección, consumado o en grado de tentativa (extremos regulados en el artículo 32 del Código Procesal Penal), resultan aspectos fundamentales para –entre otros- determinar la viabilidad o no de iniciar la persecución penal por un determinado delito, sin embargo, no tiene incidencia alguna al analizar el tema de la interrupción de la prescripción y la consecuente reducción de plazos (del artículo 33), la cual se encuentra condicionada única y exclusivamente a que el proceso haya iniciado y se verifique la concurrencia de determinados actos procesales (los incluidos en el mismo precepto). Interpretar que en un caso de denuncia por usurpación (o de cualquier otro delito calificado como permanente), resulta inaplicable el artículo 33 del Código Procesal Penal cuando el encartado o acusado continua ejerciendo la posesión del bien en discusión (o la afectación del bien jurídico tutelado), constituye una interpretación que vulnera una serie de principios y garantías propios de nuestro sistema democrático de Derecho. Si bien, la afectación a los bienes jurídicos tutelados por nuestro ordenamiento jurídico nunca debe ser motivo de indiferencia, todos los operadores y sujetos intervinientes del proceso penal deben asumir su responsabilidad. De manera que aun cuando aceptar la prescripción de la acción penal implica la impunidad de un eventual delito, algunos de los cuales, con significativas connotaciones en perjuicio de particulares, del medio ambiente, etc., no podría de ninguna forma aceptarse la inaplicación de una norma, movidos –consciente o inconscientemente- por el pesar de esa posible impunidad, cuando lo cierto, es que nuestro proceso penal brinda las herramientas para evitar tal sanción. Si el ente acusador o la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso, no obstante su eficiencia, advierten la complejidad de un asunto y a ello atribuyen la lentitud de una tramitación, (que lo pone en peligro de prescribirse) tiene la opción (más bien el deber) de solicitar la aplicación del procedimiento de tramitación compleja. En la especie, la reducción a la mitad del plazo de prescripción para el delito de usurpación sancionado en el artículo 225 del Código Penal con prisión de seis meses a tres años, sería de dieciocho meses (en aplicación del artículo 31 del Código Procesal Penal), que se contarían en diversos momentos durante el proceso, según los concretos actos procesales dispuestos en el artículo 33 del Código Procesal Penal. La denuncia que inicia este proceso fue presentada ante la Fiscalía de Santa Cruz el día 18 de marzo del 2002 (cfr. folios 1 a 7), los imputados fueron indagados (primer acto de interrupción de la prescripción): (i) María Cristina Salazar Bermúdez, en diciembre del 2002 (cfr. folio 33, no se indica el día exacto). (ii) Marta Obando Salazar, el 10 de junio del 2004 (cfr. folios 107) fue identificado y el 17 de junio del 2004 indagada (folio 113). (iii) Francisco Javier Salazar Bermúdez, fue identificado el 10 de junio del 2004 (cfr. folio 108) e indagado el 21 de junio del 2004 (folio 117). (iv) María de Jesús Lumbi Salazar, fue identificada el 10 de junio del 2004 (cfr. folio 109) e indagada el 17 de junio del 2004 (folio 114). (v) María Luisa Estrella Moyorquin, fue identificada el 10 de junio del 2004 (folio 111) e indagada el 17 de junio del 2004 (folio 115). (vi) Pedro Marlon Cabrera Campos fue indagado el 17 de junio del 2004 (cfr. folio 116). Posteriormente el Ministerio Público decide acusar (cfr. requerimiento de folios 323 a 328) y mediante resolución de las 16:04 minutos del 12 de diciembre del 2005, el Juzgado Penal de Santa Cruz (cfr. folio 338), convoca por primera vez para la celebración de la audiencia preliminar (segundo acto de interrupción de la prescripción) . Se dicta el respectivo Auto de Apertura a Juicio (cfr. folios 360 a 363) y finalmente, mediante sentencia Nº 83-2006, de las 7:00 horas del 10 de octubre del 2006 (tercer acto interruptor), el Tribunal de Guanacaste, Sede Santa Cruz, decide, absolver a los encartados Francisco Javier Salazar Bermúdez y María Luisa Bermúdez Estrella del delito de usurpación en perjuicio de Leybi Milena Hernández Murillo. Asimismo, declara autores responsables del delito antes indicado a María Cristina Salazar Bermúdez, Marta Lorena Obando Salazar, María Jesús Lumbi Salazar y Pedro Marlon Cabrera Campos. En consecuencia, sólo en el caso de la encartada María Cristina Salazar Bermúdez, procedería declarar la prescripción de la acción penal, pues como consta en autos, fue indagada en diciembre del 2002 (cfr. folio 33, no se indica el día exacto) –primer acto interruptor-, y entre esa diligencia y la resolución que convoca por primera vez a la audiencia preliminar –segundo acto interruptor-, de fecha 12 de diciembre del 2005, habían transcurrido sobradamente esos dieciocho meses, que se cumplieron desde junio del 2003. Lo mismo no ocurre, respecto de otros imputados: Marta Obando Salazar, María de Jesús Lumbi Salazar, María Luisa Estrella Moyorquin y Pedro Marlon Cabrera Campos, quienes fueron indagados el día 17 de junio del 2004, o el caso de Francisco Javier Salazar Bermúdez, indagado el 21 de junio del 2004, pues como se indicó, la resolución que convocaba por primera vez a la audiencia preliminar es de fecha 12 de diciembre del 2005, justamente, unos días antes de que operara la prescripción (para unos el 17 de diciembre y para el otro el 21 de diciembre, ambos del 2005). Tampoco precedería acoger la prescripción considerando los otros actos interruptores, pues de la resolución que convocaba por primera vez para la audiencia preliminar (de fecha 12 de diciembre del 2005) a la sentencia de fecha 10 de octubre del 2006, apenas habían transcurrido nueve meses y veintiocho días, no los dieciocho meses que ameritaría para operar la prescripción, según los términos dispuestos por los artículos 31 y 33 del Código Procesal Penal. Por los motivos dichos se declara parcialmente con lugar este motivo, declarando prescrita la acción penal en el caso concreto de la encartada María Cristina Salazar Bermúdez, por economía procesal, absolviéndola de toda pena y responsabilidad del delito de usurpación en perjuicio de Leybi Milena Hernández Murillo. En los demás extremos permanece incólume el fallo.» (Cfr. Resolución No. 2007-00086, del Tribunal de Casación, Sección Primera, San Ramón, de las 9:00 horas, del 17 de febrero del 2007). Así las cosas, al referir el presente recurso de casación el mismo objeto de estudio expuesto en líneas arriba, declaro sin lugar el primer motivo de la impugnación del Ministerio Público y la totalidad del escrito recursivo interpuesto por la Procuraduría General de la República, pues considero que la interrupción de la prescripción opera automáticamente en los supuestos previstos por ley (Art. 33 del Código Procesal Penal) con sólo que se haya iniciado la persecución penal, quedando al margen de cualquier otra consideración, como por ejemplo, el tipo de afectación al bien jurídico (es decir, si el delito es permanente o no), que de persistir como en el caso de delitos contra Los Recursos Naturales - repito-, sin duda serán tópicos de trascendencia, pero con otras implicaciones jurídicas para el caso. Asumir esta postura tiene que ver tanto con la interpretación de la ley penal, como con el respeto a los principios y garantías de nuestro sistema de Derecho; es acorde tanto con un método de interpretación literal, como sistemático, y en apego a los pronunciamientos tanto de esta Cámara y la Sala Constitucional.
Sandra Eugenia Zúñiga M. Mag. Suplente.
iwoching. *080000900611PE* Observaciones de SALA DE CASACIÓN PENAL VOTO SALVADO MAGISTRADA SANDRA EUGENIA ZUÑIGA MORALES
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