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Eviction and demolition in the public zone of the maritime-terrestrial zoneDesalojo y demolición en zona pública de la zona marítimo terrestre

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The cassation appeal is denied and the eviction and demolition are confirmed, suspended for 24 months, and planning of the area is ordered.Se declara sin lugar el recurso de casación y se confirma el desalojo y demolición, suspendidos por 24 meses, y se ordena el ordenamiento de la zona.

SummaryResumen

The Third Chamber of the Supreme Court of Justice heard a cassation appeal filed by the public defender of Gerarda Espinoza Briceño, who was acquitted of violating the Maritime-Terrestrial Zone Law but ordered to be evicted and her dwelling demolished because it was located in the public zone of the maritime-terrestrial zone in Tambor de Cóbano. The appellant argued contradictory precedents regarding the applicability of Article 70 of that law to occupants of the public zone. The Chamber held that the legal categories of 'settler' (poblador) and 'occupant' (ocupante) under Law 6043 apply only to the restricted zone; therefore, eviction and demolition of illegal structures in the public zone are proper, although suspended for 24 months pursuant to Law 9073. It further ordered the Municipality of Cóbano, the Costa Rican Tourism Institute (ICT), and the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) to carry out planning of the area within that term, under penalty of disobedience.La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia conoció un recurso de casación interpuesto por el defensor público de Gerarda Espinoza Briceño, quien fue absuelta del delito de infracción a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre pero se ordenó su desalojo y la demolición de su vivienda ubicada en la zona pública de la zona marítimo terrestre en Tambor de Cóbano. El recurrente alegó precedentes contradictorios en cuanto a la aplicabilidad del artículo 70 de dicha ley a ocupantes de la zona pública. La Sala resolvió que los reconocimientos de poblador y ocupante previstos en la Ley 6043 se limitan a la zona restringida, por lo que el desalojo y la destrucción de construcciones ilegales en la zona pública son procedentes, aunque suspendidos por 24 meses conforme a la Ley 9073. También ordenó a la Municipalidad de Cóbano, al ICT y al INVU realizar el ordenamiento de la zona en ese plazo, bajo apercibimiento de desobediencia.

Key excerptExtracto clave

By harmonizing Articles 70, 44, and Transitory VII of the Maritime-Terrestrial Zone Law (LZMT) and Article 75 of its Regulation (RLZMT) with Articles 12 and 20 of the LZMT, it is concluded that settlers and occupants are not covered by the exceptions set forth in the latter article (i.e., Article 20), meaning that the protections granted under the LZMT are limited to the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, and not to the public zone. The claim of contradictory precedents raised by the Public Defender Cristhiam Gutiérrez Leal is therefore resolved as follows: with respect to the public zone of the maritime-terrestrial zone, (a) the eviction of settlers and occupants and the destruction of the structures they use is proper when they lack a permit or concession legally authorizing such possession, and (b) such eviction and destruction may be suspended for 24 months as provided in Articles 1 and 7 of Law 9073. From the foregoing considerations, it is concluded in general that, in the case of the public zone of the maritime-terrestrial zone, eviction of settlers and occupants and destruction of the structures built are proper; and in particular, that Ms. Gerarda Espinoza Briceño is an occupant of a structure located in the public zone without any permit or concession legally authorizing her to do so, and therefore her eviction and the destruction of the structure are proper so that the public zone she occupies may be restored to its condition before the invasion.Al concordar los artículos 70, 44 y Transitorio VII de la LZMT y 75 del RLZMT con los numerales 12 y 20 de la LZMT, se concluye que los pobladores y los ocupantes no se hallan en los casos de excepción previstos en el último artículo (sea, el 20 iusidem), por lo que debe entenderse que los reconocimientos que se dan por la LZMT se reducen a la zona restringida de la zona marítimo terrestre, y no a la zona pública. Se tiene por resuelto, entonces, el alegato de precedentes contradictorios formulado por el Defensor Público Cristhiam Gutiérrez Leal en el sentido de que respecto de la zona pública de la zona marítimo terrestre a) sí procede el desalojo de los pobladores y los ocupantes y la destrucción de las construcciones por ellos utilizadas cuando no cuenten con permiso o concesión que les habiliten legalmente para ejercer tal posesión, y b) ese desalojo y esa destrucción de las construcciones pueden ser suspendidos por 24 meses según lo previsto en los artículos 1 y 7 de la Ley 9073. De las consideraciones expuestas se concluye, en general, que en tratándose de la zona pública de la zona marítimo terrestre sí procede el desalojo de los pobladores y los ocupantes y la destrucción de las construcciones realizadas; y, en particular, que la señora Gerarda Espinoza Briceño es ocupante de una construcción sita en la zona pública sin contar con permiso o concesión que le habiliten legalmente para ello, por lo que en su caso sí procede su desalojo y la destrucción de tal construcción para que la zona pública por ella ocupada recupere su estado anterior a la invasión.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Al concordar los artículos 70, 44 y Transitorio VII de la LZMT y 75 del RLZMT con los numerales 12 y 20 de la LZMT, se concluye que los pobladores y los ocupantes no se hallan en los casos de excepción previstos en el último artículo (sea, el 20 iusidem), por lo que debe entenderse que los reconocimientos que se dan por la LZMT se reducen a la zona restringida de la zona marítimo terrestre, y no a la zona pública."

    "By harmonizing Articles 70, 44, and Transitory VII of the LZMT and Article 75 of its Regulation with Articles 12 and 20 of the LZMT, it is concluded that settlers and occupants are not covered by the exceptions set forth in the latter article (i.e., Article 20), meaning that the protections granted under the LZMT are limited to the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, and not to the public zone."

    Considerando III

  • "Al concordar los artículos 70, 44 y Transitorio VII de la LZMT y 75 del RLZMT con los numerales 12 y 20 de la LZMT, se concluye que los pobladores y los ocupantes no se hallan en los casos de excepción previstos en el último artículo (sea, el 20 iusidem), por lo que debe entenderse que los reconocimientos que se dan por la LZMT se reducen a la zona restringida de la zona marítimo terrestre, y no a la zona pública."

    Considerando III

  • "En tratándose de la zona pública de la zona marítimo terrestre sí procede el desalojo de los pobladores y los ocupantes y la destrucción de las construcciones realizadas; y, en particular, que la señora Gerarda Espinoza Briceño es ocupante de una construcción sita en la zona pública sin contar con permiso o concesión que le habiliten legalmente para ello, por lo que en su caso sí procede su desalojo y la destrucción de tal construcción para que la zona pública por ella ocupada recupere su estado anterior a la invasión."

    "In the case of the public zone of the maritime-terrestrial zone, eviction of settlers and occupants and destruction of the structures built are proper; and in particular, that Ms. Gerarda Espinoza Briceño is an occupant of a structure located in the public zone without any permit or concession legally authorizing her to do so, and therefore her eviction and the destruction of the structure are proper so that the public zone she occupies may be restored to its condition before the invasion."

    Considerando IV

  • "En tratándose de la zona pública de la zona marítimo terrestre sí procede el desalojo de los pobladores y los ocupantes y la destrucción de las construcciones realizadas; y, en particular, que la señora Gerarda Espinoza Briceño es ocupante de una construcción sita en la zona pública sin contar con permiso o concesión que le habiliten legalmente para ello, por lo que en su caso sí procede su desalojo y la destrucción de tal construcción para que la zona pública por ella ocupada recupere su estado anterior a la invasión."

    Considerando IV

  • "Se ordena al Alcalde y a los integrantes del Concejo Municipal de la Municipalidad de Cóbano, al Presidente Ejecutivo y a los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, y al Presidente Ejecutivo y a los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ejecutar las acciones necesarias para que en el plazo de veinticuatro meses, fijado por los artículos 1 y 7 de la Ley 9073 de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, realicen en forma coordinada el ordenamiento de la zona marítimo terrestre correspondiente bajo el apercibimiento de que el no acatamiento de esta decisión implicará la comisión del delito de desobediencia a la autoridad."

    "The Mayor and members of the Municipal Council of the Municipality of Cóbano, the Executive President and members of the Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute, and the Executive President and members of the Board of Directors of the National Institute of Housing and Urbanism are ordered to take the necessary actions so that within the twenty-four-month period established by Articles 1 and 7 of Law 9073, Protection of Occupants of Zones Classified as Special, they carry out in a coordinated manner the planning of the corresponding maritime-terrestrial zone, under penalty that non-compliance with this decision will constitute the crime of disobedience to authority."

    Por tanto

  • "Se ordena al Alcalde y a los integrantes del Concejo Municipal de la Municipalidad de Cóbano, al Presidente Ejecutivo y a los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, y al Presidente Ejecutivo y a los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ejecutar las acciones necesarias para que en el plazo de veinticuatro meses, fijado por los artículos 1 y 7 de la Ley 9073 de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, realicen en forma coordinada el ordenamiento de la zona marítimo terrestre correspondiente bajo el apercibimiento de que el no acatamiento de esta decisión implicará la comisión del delito de desobediencia a la autoridad."

    Por tanto

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Procedural marks

Document Review *082000550591PE* Case File: 08-200055-0591-PE Ruling: 2014-01617 THIRD CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eight hours and forty-three minutes on October tenth, two thousand fourteen.

Appeal in Cassation in the present case brought against Gerarda Espinoza Briceño, of legal age, homemaker, married, identity card number 6-099-1330 for the crime of Infraction of the Maritime Zone Law (Infracción a la Ley Zona Marítimo Terrestre) to the detriment of The State. Participating in the decision on the appeal are Judges Carlos Chinchilla Sandí, Jesús Alberto Ramírez Quirós, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Sandra Zúñiga Morales, and Rafael Sanabria Rojas, the latter two acting as Substitute Judges. Attorney Cristhiam Gutiérrez Leal also participates in this instance as public defender. The representative of the Public Prosecutor's Office appeared.

Whereas:

1.- By judgment No. 2013-667, handed down at nine hours and thirty-five minutes on October twenty-ninth, two thousand thirteen, the Sentence Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, resolved: "THEREFORE: The challenge presented by Attorney Cristhiam Gutiérrez Leal, public defender of Gerarda Espinoza Briceño, is declared without merit. NOTIFY. Annia Enriquez Chavarría, María Gabriela Rodríguez Morales, Ligia Arias Alegría." (sic).

2.- Against the preceding pronouncement, public defender Attorney Cristhiam Gutiérrez Leal filed an appeal in cassation.

3.- Upon completion of the respective deliberation, the Chamber proceeded to hear the appeal.

4.- The pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Judge Chinchilla Sandí reports; and

Considering:

I.- On April 3, 2008, the Public Prosecutor's Office filed the accusation and the request for trial opening within case file 08-200055-0591-TP (folios 32 to 39), against Gerarda Espinoza Briceño, for the crime of Infraction of Law 6043, the Maritime Zone Law (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), of March 27, 1977. The Assistant Prosecutor of Cóbano, César Sacasa Soto, accused (folio 33): "Without specifying the exact date or time, but definitely prior to April 23, 2007, the defendant GERARDA ESPINOZA BRICEÑO, without having the respective permits or any concession, built a dwelling house (built of wood with zinc sheets), which is located within the public zone of the Maritime Zone (Zona Marítimo Terrestre) in the area of the Tambor de Cóbano Pier, an action by which she holds public domain property." [sic]. As recorded in folios 48 to 54, on September 18, 2008, Mrs. Gerarda Espinoza Briceño, the Public Prosecutor's Office, and the Office of the Attorney General of the Republic entered into a conciliation agreement, duly approved by Judge Yorleny Campos Campos on February 10, 2011, according to which (folio 48): "1. The defendant commits to demolish the property built in the maritime zone and within a period of ten months, from the agreement, with the demolition being the responsibility of the defendant as well as the cleaning or debris caused as a result of the demolition. 2. The defendant must inform through her defender so that the latter informs the office of compliance for the purposes of verification through the OIJ, and it conducts the respective inspection." [sic]. Mrs. Gerarda Espinoza Briceño did not comply with this conciliation agreement, and the case was elevated to trial, as recorded in folio 76. The Trial Court of Puntarenas (composed of Judge Giovanni Hernández Barth) issued oral judgment 226-P-2013, at 15:00 hours, on May 30, 2013, by which it resolved (folio 135): "THEREFORE In accordance with the provisions of articles 39 and 41 of the Political Constitution, article 11 of the Universal Declaration of Human Rights, article 8, subsection 2) of the American Convention on Human Rights, articles 1, 16, and 30 of the Penal Code, articles 1 to 7, 142, 180, 182, 184, 265 to 269, 360, 361, 363, 364, and 366 of the Code of Criminal Procedure; articles 1, 7, 8, 9, 10, 13, 20, 22, and 62 of Law 6043, the Maritime Zone Law (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), and articles 1, 4, and 7 of Law 9073, the Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special (Ley de Protección a los ocupantes de las Zonas clasificadas como Especiales), the Court ACQUITS GERARDA ESPINOZA BRICEÑO of the crime of INFRACTION OF THE MARITIME ZONE LAW (INFRACCIÓN A LA LEY SOBRE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE) that, to the detriment of THE NATIONAL PATRIMONY, had been attributed to her by the Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General of the Republic. The eviction (desalojo) of Mrs. GERARDA ESPINOZA BRICEÑO from the building that has been occupied by her, located within the Maritime Zone (Zona Marítimo Terrestre) in the sector of Muelle de Tambor de Cóbano, and the demolition (derribo) of said building are ORDERED; however, in application of the provisions of numerals 1 and 7 of the Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special (Ley de Protección de los Ocupantes de las Zonas clasificadas como Especiales), the ordered acts of eviction (desalojo) and demolition (derribo) are suspended for a period of twenty-four months from the finality of this judgment, and the State is ordered to take the necessary measures for the land-use planning (ordenamiento) of the referenced zone. The Civil Action for Damages filed by the Office of the Attorney General of the Republic against the civil defendant GERARDA ESPINOZA BRICEÑO is declared without merit. It is resolved without special condemnation of costs. The expenses of the process are to be borne by the State. The cessation of any other precautionary measure that may have been ordered in this proceeding against Gerarda Espinoza Briceño is ordered. It is ordered that once the judgment is final, the case file be definitively archived." [sic]. The Trial Court of Puntarenas found the following as proven facts in oral judgment 226-P-2013 (folio 134): "FIRST: At least since April 23, 2007, the accused GERARDA ESPINOZA BRICEÑO dwells in a dwelling house built of wood and zinc sheets within the maritime zone in the sector of the Tambor de Cóbano pier. SECOND: That the trial proceedings were carried out in the first hearing on May second, the first hearing on May sixteenth, and the second hearing on May thirtieth, all of the current year. THIRD: The prescriptions and terms of law have been observed in the proceedings, and this judgment is delivered within the legal term" [sic]. Furthermore, the sentencing Court of Puntarenas explains in its evidentiary intellectual analysis (digital file c0100130530150339.vgz counter 15:32:36): "According to what Mr. Alcides Fernández and Mr. Jorge Pérez told us, and what was verified in the topographical survey, the house where you live is located within the public zone, which is the 50-meter-wide zone starting from the ordinary high tide line. Therefore, we see that this building is located within what article 10 establishes as the public zone of the maritime zone" [sic]; and it adds (digital file c0100130530150339.vgz counter 15:40:50): "It is also important to point out that article 20 of the Maritime Zone Law (Ley sobre Zona Marítimo Terrestre) states that, with some exceptions established by law, the public zone cannot be subject to occupation under any title or in any case, and no one can claim any right over it. For this reason, even though you may have lived there for many years—it could not be determined exactly how many, but it is clear to the Court that at least since April 23, 2007, and to date, you have dwelled in the place—your eviction (desalojo) must be ordered. Why? Because the Maritime Zone Law (Ley sobre Zona Marítimo Terrestre) itself, in its article 20, establishes that this zone, the public zone where your dwelling is located, cannot be subject to occupation under any title or in any case. The law is very precise and very clear in that sense." [sic]. The Sentence Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, San Ramón Venue (composed of Appeals Judges Annia Enríquez Chavarría, María Gabriela Rodríguez Morales, and Ligia Arias Alegría) issued appeals judgment 2013-00667, at 09:35 hours, on October 29, 2013 (folios 145 to 148 verso), by which it declared without merit the appeal motion filed by Public Defender Cristhiam Gutiérrez Leal. The indicated Appeals Court bases its resolution 2013-00667 on the thesis that the benefit regulated in article 70 of the Maritime Zone Law (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre) 6043, of March 2, 1977, to "continue in possession of their respective lots provided it is their sole property," is not applicable to Mrs. Gerarda Espinoza Briceño, because her dwelling is located in the public zone of the maritime zone.

II.- The Third Chamber issued vote 2014-00596, at 08:39 hours, on April 4, 2014 (folios 185 to 188), by which it admits for substantive review the appeal in cassation filed by Public Defender Cristiam Gutiérrez Leal against appeals judgment 2013-00667. The Public Defender "claims the existence of contradictory precedents among resolutions of the Sentence Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón Venue. The defender considers that the appealed judgment, in resolving the appropriateness of the demolition (demolición), contradicts the jurisprudential line followed by the same Court, further contravening article 70 of the Maritime Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) and numeral 75 of its regulation, which establishes the possibility for 'settlers' (pobladores) to remain in the Maritime Zone (Zona Marítimo Terrestre) until there is a land-use plan (plan regulador) that allows their relocation. He reproaches that the resolution of the Appeals Court No. 2013-667, by exceptionally providing for the non-demolition (no derribo) of the building when it is located in the restricted zone and not in the public zone for 'settlers' (pobladores), in accordance with article 70 of the Maritime Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre), contradicts the jurisprudential line established in votes No. 103-2012, at eleven hours and fifty-nine minutes, on February 21, 2012, and No. 2007-628, at ten hours and twenty minutes, on November 23, 2007. Specifically, in this latter resolution, it is established: 'The legislator used the term "maritime zone" (zona marítimo terrestre) to refer to the recipients of the norm, a term over which there is no ambiguity, being defined by Law. Therefore, if the legislator's intention had been to exclude the application of the aforementioned article 70 with respect to the "public zone" (zona pública), he would have directly referred to: "the settlers (pobladores) of the restricted zone" (zona restringida), a concept also defined by the Law, but he did not do so. To support the restriction advocated by the representative of the Public Prosecutor's Office based on the final sentence of said norm: "In all cases, the public zone (zona pública) must be respected," is not correct. This last sentence cannot be understood as an exclusion of the "public zone" (zona pública) from the provisions of the referenced article 70; first, because it goes against the manifest intent of the legislator, as stated above, who expressly mentioned "the settlers (pobladores) of the maritime zone" (zona marítimo terrestre). Furthermore, it does not mean that the "public zone" (zona pública) must be respected, and, conversely, the "restricted zone" (zona restringida) does not. Both form part of the "maritime zone" (zona marítimo terrestre), and therefore an obligation of respect exists in relation to the legal norms that govern it.' The defense considers this latter position to be correct, since it must be understood that the maritime zone encompasses both the public zone and the restricted zone. It considers that harm is caused, because through the use of contradictory criteria, the eviction (desalojo) and demolition (demolición) of the property of the accused were ordered—a possession she has held for over forty years, causing a severe upset to her and her family, this being her sole place of residence. He requests that the filed appeal be granted and the appealed judgment be annulled, specifically with regard to the demolition (demolición) and demolition (derribo) order." Pursuant to this vote 2014-00596 from the Third Chamber and based on vote 5756-96, at 14:02 hours, on October 30, 1996, from the Constitutional Chamber, the Public Prosecutor's Office answers the granted hearing (folios 183 to 184 verso) and states at folio 184: "if in the present case the Appeals Court considered that the judgment of the Trial Court analyzed that the construction located within the maritime zone was not contemplated within the cases of exception, being located within the public zone, the correct course is to proceed with the demolition (demolición) of what was built and the eviction (desalojo) of the occupants. The issue of settlers (pobladores) established by numeral 70 of the cited law, in our opinion, is not contemplated for cases in the public zone, because that same numeral expressly establishes that the public zone must be respected. Therefore, we consider that the precedent that should prevail is the one now being appealed via appeal in cassation." [sic].

III.- Of the settler (poblador) and the occupant (ocupante) in the public zone of the maritime zone. Law 6043, the Maritime Zone Law (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), of March 2, 1977 (published in Supplement 35 of the Official Gazette La Gaceta 52 of March 16, 1977, and effective from this latter date, hereinafter LZMT) establishes, in general, in article 12, regarding the maritime zone, that "it is prohibited, without the proper legal authorization, to exploit the existing flora and fauna, to demarcate with fences, tracks, or in any other way, to erect buildings or installations, to cut down trees, to extract products, or to carry out any other type of development, activity, or occupation." And, specifically regarding the public zone, it determines in numeral 20: "Save for the exceptions established by law, the public zone cannot be subject to occupation under any title or in any case. No one may claim any right over it. It shall be dedicated to public use, and especially to the free transit of persons. The entities and authorities indicated in article 18 must issue and enforce the necessary provisions to guarantee the free and safe transit of persons and the public use of this zone." The exceptions to which this numeral 20 of the LZMT refers are: A) Those sections that, due to their geographical configuration, topography, or special conditions, cannot be used for public use, in which case its development is authorized by the respective municipality and the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), provided they are not alienated and a free transit zone is established to facilitate the public use and enjoyment of the beaches, cliffs, and estuaries and pedestrian safety is guaranteed (article 21 LZMT). B) Infrastructure and construction projects approved by the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), the National Institute of Housing and Urban Development (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), and the respective municipality, considering the public use they are intended for, or if they involve the establishment and operation of state tourist facilities of clear national convenience (article 22 LZMT). And C) Cases contained in laws regulating special aspects of the maritime zone, for example, the case contained in Law 7744, for the Concession and Operation of Marinas and Tourist Docks (Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos) of December 19, 1997 (published in the Official Gazette La Gaceta 26, of February 6, 1998). However, it is appropriate to clarify that Law 6043, the Maritime Zone Law (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), and its Regulation (RLZMT, issued by Decree 7841-P, of December 16, 1977, published in Supplement 16 of the Official Gazette La Gaceta 20, of January 27, 1978, and effective from this latter date) establish two categories of natural persons who perform acts of occupation in the maritime zone: settler (poblador) and occupant (ocupante). The status of the settler (poblador) is regulated in articles 70 of the LZMT and 75 of the RLZMT; that of the occupant (ocupante) is found in articles 44 and Transitory Provision VII of the LZMT. Article 70 of the LZMT reads: "Settlers (pobladores) of the maritime zone, Costa Ricans by birth, with more than ten years of residence therein, according to information from the local Rural Assistance Guard authority or certification from the Electoral Registry regarding the applicant's domicile, may continue in possession of their respective lots provided it is their sole property. However, they must comply with the land-use planning (planificación) of the zone, for which purpose they may be relocated and compensated for their improvements in accordance with this law. In all cases, the public zone must be respected." Numeral 75 of the RLZMT indicates: "Settlers (pobladores) of the maritime zone, Costa Ricans by birth, with more than ten years of continuous residence therein, according to information from the local Rural Assistance Guard authority or certification from the Electoral Registry regarding the applicant's domicile, may continue in possession of their respective lots provided it is their sole property, and may be relocated in accordance with the land-use planning (planificación) of the zone, with prior compensation for improvements. In all cases, the public zone must be respected. When the residence period is less than ten years, the settlers (pobladores) may request a concession over the property, provided that no part of the public zone is included. If there are improvements in the public zone, the provisions of subsection e), article 73 of the regulation, shall apply, and the provisions of article 74 of the regulation shall apply if the improvements are located in the restricted zone. Those who, not being settlers (pobladores), have constructed or built in the restricted zone on illegally possessed properties shall not be entitled to payment for improvements. However, they may request a concession over the property, and, if granted, they will not be charged for the use and enjoyment of those improvements. Requests for concessions made by occupants (ocupantes) of the maritime zone shall have priority over others." Article 44 of the LZMT reads: "Concessions shall be granted according to the principle of first in time, first in right. However, the regulation of this law may establish an order of priorities considering the nature of the exploitation and its greater public convenience; but under equal conditions, preference shall be given to the occupant (ocupante) of the land who has possessed it quietly, publicly, and peacefully in a continuous manner." And Transitory Provision VII of the LZMT states: "Municipalities with jurisdiction in the maritime zone shall collect the fee established by this law from its occupants (ocupantes). The collection shall be made according to the use and the current appraisal by the General Directorate of Direct Taxation. This authorization shall be provisional, until the development plan for the respective zone comes into effect, and does not create any right for the occupants (ocupantes) regarding a concession." From the reading of the transcribed norms, the existence of requirements that any person must meet to hold the status of settler (poblador) is concluded: a) continuous possession for at least 10 years prior to the entry into force of the LZMT – March 16, 1977 –, that is, possession that began at least from 1967; b) born before 1949, to be of legal age at the start of the 10 years of indicated possession; c) Costa Rican by birth; d) not the owner of another plot of land; e) to have a report from the Public Force (Fuerza Pública) or a certification from the Civil Registry, serving as proof of the possession in question. Regarding the category of occupant (ocupante), the requirements to hold such status are: i) possession of less than 10 years prior to the entry into force of the LZMT (March 16, 1977), that is, possession that began after 1967; b) born before 1959; c) Costa Rican by birth; d) not the owner of another plot of land; e) to have a report from the Public Force (Fuerza Pública) or a certification from the Civil Registry serving as proof of the possession in question. Thus, unless a special legal provision exists, persons who 1) entered the maritime zone before the LZMT took effect and are neither settlers (pobladores) nor occupants (ocupantes), and 2) entered after March 16, 1977, are in a situation of illegal occupation. By concordating articles 70, 44, and Transitory Provision VII of the LZMT, and 75 of the RLZMT, with numerals 12 and 20 of the LZMT, it is concluded that settlers (pobladores) and occupants (ocupantes) are not found within the cases of exception provided for in the latter article (namely, article 20 ibidem), and therefore it must be understood that the recognitions granted by the LZMT are limited to the restricted zone of the maritime zone, and not to the public zone. The claim of contradictory precedents formulated by Public Defender Cristhiam Gutiérrez Leal is therefore resolved, to the effect that, regarding the public zone of the maritime zone, a) the eviction (desalojo) of settlers (pobladores) and occupants (ocupantes) and the destruction of the constructions used by them is appropriate when they do not have a permit or concession that legally enables them to exercise such possession, and b) that eviction (desalojo) and destruction of the constructions may be suspended for 24 months as provided in articles 1 and 7 of Law 9073, the Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special (Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales) of September 19, 2012, published in the Official Gazette La Gaceta 206, of October 25, 2012, Supplement 163 (regarding which relevant elements are set out in Considering V infra).

IV.- Specific situation of Mrs. Gerarda Espinoza Briceño. In the particular case of Mrs. Gerarda Espinoza Briceño, it is necessary to consider that, while it is true the Trial Court of Puntarenas indicates, as a proven fact at folio 134, for the purposes of issuing the acquittal, that her possession has been carried out "at least since April 23, 2007," the same Court acknowledges that her possession is of 40 to 50 years, as it derives from the evidence presented, especially the testimony of Jorge Pérez Espinoza (digital file c0100130530150339.vgz counter 15:19:34). In view of such possessory acknowledgment, which has not been challenged and is final, it can be concluded that Mrs. Espinoza Briceño does not meet one of the requirements to be considered a settler (pobladora): being born before 1949 and thus having the capacity for possessory exercise; for this purpose, note that she was born on December 29, 1951 (folio 23, identification of Mrs. Espinoza Briceño). Therefore, the category of occupant (ocupante) (and not that of settler (poblador)) is the one that is appropriate to analyze for this case of Mrs. Espinoza Briceño. Let us recall, as relevant, that numeral 75 of the RLZMT indicates: "...When the residence period is less than ten years, the settlers (pobladores) may request a concession over the property, provided that no part of the public zone is included. If there are improvements in the public zone, the provisions of subsection e), article 73 of the regulation, shall apply, and the provisions of article 74 of the regulation shall apply if the improvements are located in the restricted zone." First, although it is true the legislator uses the term "settlers" (pobladores), in this scenario described in this paragraph of numeral 75, it must be understood that it refers to "occupants" (ocupantes), given the context of the entire article. Second, it has been proven and is final that Mrs. Espinoza Briceño dwells in a construction located in the public zone without having any permit or concession that legally enables her to do so, which necessitates the reading of subsection e) of numeral 73 of the RLZMT: "When there are constructions, buildings, or installations illegally erected in the public zone, the municipality must destroy, demolish, or remove them, following the procedure established in article 22 of this regulation," and article 22 of the RLZMT indicates that the administrative authorities of the corresponding jurisdiction, as well as the respective municipalities, as soon as they become aware of any contravention to the provisions of article 12 of the LZMT, must proceed with the eviction (desalojo) of the offenders, as well as the destruction or demolition (demolición) of the constructions that have been carried out. From the considerations set out, it is concluded, in general, that in the case of the public zone of the maritime zone, the eviction (desalojo) of settlers (pobladores) and occupants (ocupantes) and the destruction of the constructions carried out is appropriate; and, in particular, that Mrs. Gerarda Espinoza Briceño is an occupant (ocupante) of a construction located in the public zone without having a permit or concession that legally enables her to do so, for which reason, in her case, her eviction (desalojo) and the destruction of such construction is appropriate so that the public zone she occupies may recover its state prior to the invasion.

V.Land-use planning (ordenamiento) of the maritime zone. Law 9073, the Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special (Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales), of September 19, 2012, (published in the Official Gazette La Gaceta 206, of October 25, 2012, Supplement 163), states in its articles 1 and 7 the following: "For a period of twenty-four months, the eviction (desalojo) of persons, demolition of works, suspension of activities, and projects in the maritime zone, border zone, and natural patrimony of the State shall be suspended."; and "During the term of this moratorium, the State must take the necessary measures for the land-use planning (ordenamiento) of the zones referred to in this law." These numerals have been the basis upon which the Trial Court of Puntarenas and the Appeals Court of San Ramón determined the appropriateness of granting a twenty-four-month moratorium period, during which the execution of the eviction (desalojo) of Mrs. Gerardo Espinoza Briceño and the destruction of the construction inhabited by her in the public zone of the maritime zone is suspended. However, this Law 9073 not only regulates the granting of said moratorium; it also seeks the land-use planning (ordenamiento) of the maritime zone. Therefore, the Mayor and the Municipal Council of the Municipality of Cóbano, the Executive President and the Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), and the Executive President and the Board of Directors of the National Institute of Housing and Urban Development (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) are ordered to execute the necessary actions so that, within the twenty-four-month period established by articles 1 and 7 of Law 9073, they carry out the land-use planning (ordenamiento) of the corresponding maritime zone. For this purpose, the Mayor and the Municipal Council of the Municipality of Cóbano, the Executive President and the members of the Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), and the Executive President and the members of the Board of Directors of the National Institute of Housing and Urban Development (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) are warned of their obligation to carry out all inter-institutional coordination processes to comply with the land-use planning (ordenamiento) of the maritime zone in question. The corresponding notification of the present cassation judgment is ordered so that the indicated public entities comply with what is ordered by this Chamber.

VI.- For the considerations set out, the appeal in cassation filed by public defender Cristhiam Gutiérrez Leal on behalf of Mrs. G.E.B. is declared without merit. The claim of contradictory precedents formulated by the Public Defender is resolved to the effect that the eviction (desalojo) of settlers (pobladores) and occupants (ocupantes) and the destruction of the constructions carried out in the public zone of the maritime zone is appropriate, when they do not have a permit or concession that legally enables them to exercise such possession. The following remain unchanged: a) the eviction (desalojo) order for Mrs. G.E.B. from the public zone of the maritime zone; b) the destruction order for the construction inhabited by Mrs. G.E.B. in her capacity as occupant (ocupante) in the public zone of the maritime zone; c) the twenty-four-month suspension of the indicated eviction (desalojo) and destruction of the construction. The Mayor and the members of the Municipal Council of the Municipality of Cóbano, the Executive President and the members of the Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), and the Executive President and the members of the Board of Directors of the National Institute of Housing and Urban Development (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) are ordered to execute the necessary actions so that, within the twenty-four-month period established by articles 1 and 7 of Law 9073, the Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special (Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales), they carry out, in a coordinated manner, the land-use planning (ordenamiento) of the corresponding maritime zone, under the warning that failure to comply with this decision will imply the commission of the crime of disobedience to authority.

Therefore:

The appeal for reversal filed by public defender Cristhiam Gutiérrez Leal on behalf of Mrs. G.E.B. is dismissed. The allegation of contradictory precedents formulated by the Public Defender is resolved in the sense that the eviction of the residents and occupants and the destruction of the constructions, carried out in the public zone of the maritime-terrestrial zone, are appropriate when they lack a permit or concession that legally enables them to exercise such possession. The following remain unaltered: a) the eviction order against Mrs. G.E.B. from the public zone of the maritime-terrestrial zone, b) the order for the destruction of the construction inhabited by Mrs. G.E.B., in her capacity as occupant in the public zone of the maritime-terrestrial zone, c) the suspension, for twenty-four months, of the eviction and the destruction of the indicated construction. The Mayor and the members of the Municipal Council of the Municipality of Cóbano, the Executive President and the members of the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo, and the Executive President and the members of the Board of Directors of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo are ordered to carry out the necessary actions so that, within the period of twenty-four months, established by articles 1 and 7 of Ley 9073 de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, they coordinate the ordering (ordenamiento) of the corresponding maritime-terrestrial zone, under the warning that failure to comply with this decision will constitute the crime of disobedience to authority. Let it be notified.

Carlos Chinchilla S.

Jesús Ramírez Q.

Jose Manuel Arroyo G.

Sandra Zúñiga M.

Substitute Magistrate (Mag.Suplente) Rafael Angel Sanabria R.

Substitute Magistrate (Mag.Suplente) larana *082000550591PE*

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Revisión del Documento *082000550591PE* Res: 2014-01617 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas y cuarenta y tres minutos del diez de octubre del dos mil catorce.

Recurso de Casación en la presente causa seguida contra Gerarda Espinoza Briceño, mayor, ama de casa, casada, cédula de identidad número 6-099-1330 por el delito de Infracción a la Ley Zona Marítimo Terrestre en perjuicio de El Estado. Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados y Magistrada Carlos Chinchilla Sandí, Jesús Alberto Ramírez Quirós, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Sandra Zúñiga Morales y Rafael Sanabria Rojas los dos últimos en calidad de Magistrados Suplentes. También interviene en esta instancia el licenciado Cristhiam Gutiérrez Leal como defensor público. Se apersonó el representante del Ministerio Público.

Resultando:

1.- Mediante sentencia Nº 2013-667 dictada a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil trece, el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, resolvió: “POR TANTO: Se declara sin lugar la impugnación presentada por el licenciado Cristhiam Gutiérrez Leal, defensor público de Gerarda Espinoza Briceño. NOTIFIQUESE. Annia Enriquez Chavarría, María Gabriela Rodríguez Morales, Ligia Arias Alegría. ”.(sic)

2.- Contra el anterior pronunciamiento el defensor público licenciado Cristhiam Gutiérrez Leal, interpuso recurso de casación.- 3.- Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.- 4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa el Magistrado Chinchilla Sandí; y

Considerando:

I.- El Ministerio Público formula, en fecha 03 de abril de 2008, la acusación y la solicitud de apertura a juicio dentro del expediente 08-200055-0591-TP (folios 32 a 39), contra Gerarda Espinoza Briceño, por el delito de Infracción a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 6043, de 27 de marzo de 1977. El Fiscal Auxiliar de Cóbano César Sacasa Soto acusó (folio 33): "Sin precisar la fecha ni hora exacta, pero sí con anterioridad al día 23 de abril del 2007, la imputada GERARDA ESPINOZA BRICEÑO, sin contar con los permisos respectivos ni concesión alguna, construyó una casa de habitación (construida de madera con latas de zinc), la cual se encuentra dentro de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre en el sector del Muello de Tambor de Cóbano, actuación con la cual detenta bienes de dominio público." [sic]. Según consta a folios 48 a 54, el día 18 de septiembre de 2008, la señora Gerarda Espinoza Briceño, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República suscriben un acuerdo conciliatorio, debidamente homologado por la Jueza Yorleny Campos Campos, el día 10 de febrero de 2011, según el que (folio 48): "1. La imputada se compromete a demoler la propiedad construída en zona marítimo terrestre y en un plazo de diez meses, a partir del acuerdo, siendo la demolisión a cargo de la imputada así como la limpieza o escombros ocacionados a raíz de la demolisión. 2. La imputada deberá informar a travez de su defensora para que esta última informe al despacho el cumplimiento a los efectos de verificar a traves (sic) del OIJ y este realice la inspección respectiva.-" [sic]. La señora Gerarda Espinoza Briceño no cumple este acuerdo conciliatorio y el caso se eleva a juicio, según consta a folio 76. El Tribunal de Juicio de Puntarenas (integrado por el Juez Giovanni Hernández Barth) emite la sentencia oral 226-P-2013, de las 15:00 horas, de 30 de mayo de 2013, mediante la que resuelve (folio 135): "POR TANTO De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8 inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 1, 16 y 30 del Código Penal, artículo 1 al 7, 142, 180, 182, 184, 265 al 269, 360, 361, 363, 364 y 366 del Código Procesal Penal; artículos 1, 7, 8, 9, 10, 13, 20, 22 y 62 de la Ley 6043 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y artículos 1, 4 y 7 de la Ley 9073 Ley de Protección a los ocupantes de las Zonas clasificadas como Especiales, el Tribunal ABSUELVE a GERARDA ESPINOZA BRICEÑO por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY SOBRE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE que en perjuicio de EL PATRIMONIO NACIONAL se le venía atribuyendo por parte del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Se ORDENA el desalojo de la señora GERARDA ESPINOZA BRICEÑO de la edificación que ha venido siendo ocupada por ella y que se ubica dentro de la Zona Marítimo Terrestre en el sector de Muelle de Tambor de Cóbano y el derribo de dicha edificación; no obstante, en aplicación de lo dispuesto en los numerales 1 y 7 de la Ley de Protección de los Ocupantes de las Zonas clasificadas como Especiales, los actos de desalojo y derribo ordenados se suspenden por el plazo de veinticuatro meses a partir de la firmeza de esta sentencia y se le ordena al Estado tomar las medidas necesarias para el ordenamiento de la zona referida. Se declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra de la demanda civil GERARDA ESPINOZA BRICEÑO. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. Se ordena el cese de cualquier otra medida cautelar que en este proceso se hubiese dictado en contra de Gerarda Espinoza Briceño. Se ordena que una vez firma la sentencia se archive de manera definitiva el expediente." [sic]. El Tribunal de Juicio de Puntarenas tiene como hechos probados en la sentencia oral 226-P-2013 (folio 134): "PRIMERO: Al menos desde el 23 de abril de 2007, la acusada GERARDA ESPINOZA BRICEÑO habita en una casa de habitación construida con maderas y latas de zinc dentro de la zona marítimo terrestre en el secto de muelle de Tambor de Cóbano. SEGUNDO:- Que los actos del debate se llevaron a cabo en la primera audiencia del día dos de mayo, primera audiencia del dieciséis e mayo y segunda audiencia del treinta de mayo, todas del año en curso.- TERCERO:- En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley y se dicta la presente sentencia dentro del término legal" [sic]. Además, el Tribunal sentenciador de Puntarenas explica en su análisis intelectivo probatorio (archivo digital c0100130530150339.vgz contador 15:32:36): "De acuerdo a (sic) lo que nos dijo don Alcides Fernández y don Jorge Pérez, lo que se pudo comprobar en el levantamiento topográfico, es que la casa en que usted habita se ubica dentro de la zona pública, que es la zona de 50 metros de ancho, que está a partir de la zona pleamar ordinaria. Entonces, vemos que esa edificación se ubica dentro de lo que establece el artículo 10 como zona pública de la zona marítimo terrestre" [sic]; y añade (archivo digital c0100130530150339.vgz contador 15:40:50): "Es importante señalar, también, que el artículo 20 de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, salvo algunas excepciones que son establecidas por la ley, en la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso y nadie puede alegar derecho alguno sobre ello. En razón de ello, a pesar de que Usted tenga los años que pueda tener de vivir ahí, que no se pudo determinar cuántos son, pero que sí es claro para el Tribunal que al menos desde el 23 de abril del 2007 y hasta la fecha Usted habita en el lugar, debe ordenarse su desalojo. ¿Por qué? porque la misma Ley sobre Zona Marítimo Terrestre en su artículo 20 establece que esa zona, la zona pública que es donde se ubica su vivienda, no peude ser objeto de ocupación bajo ningún título, ni en ningún caso. Es muy puntual y muy clara la ley en ese sentido." [sic]. El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, Sede San Ramón (integrado por las Juezas de Apelación Annia Enríquez Chavarría, María Gabriela Rodríguez Morales y Ligia Arias Alegría) emite la sentencia de apelación 2013-00667, de las 09:35 horas, de 29 de octubre de 2013 (folios 145 a 148 vuelto), mediante la que declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el Defensor Público Cristhiam Gutiérrez Leal. El Tribunal de Apelación indicado fundamenta la resolución 2013-00667, en la tesis de que a la señora Gerarda Espinoza Briceño no le es aplicable el beneficio regulado en el artículo 70 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 6043, de 02 de marzo de 1977, de "continuar en posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad", porque su vivienda se halla en la zona pública de la zona marítimo terrestre.

II.- La Sala Tercera emite el voto 2014-00596, de las 08:39 horas, de 04 de abril de 2014 (folios 185 a 188), mediante el que admite para estudio de fondo el recurso de casación formulado por el Defensor Público Cristiam Gutiérrez Leal, contra la sentencia de apelación 2013-00667. El Defensor Público "reclama existencia de precedentes contradictorios entre resoluciones del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sede San Ramón. Estima el defensor que la sentencia que recurre, al resolver la procedencia de la demolición, contradice la línea jurisprudencial seguida por el mismo Tribunal, contraviniendo además el artículo 70 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y el numeral 75 de su reglamento, que establece la posibilidad de los “pobladores” de permanecer en la Zona Marítimo Terrestre, hasta que no haya un plan regulador que permita su traslado. Reprocha que la resolución del Tribunal de Apelación N° 2013-667, al plasmar excepcionalmente el no derribo de la edificación, cuando esta se encuentre en zona restringida y no así en zona pública para los “pobladores”, conforme al artículo 70 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, entra en contradicción con la línea jurisprudencial de los votos N° 103-2012, de las once horas con cincuenta y nueve minutos, del 21 de febrero de 2012 y N° 2007-628, de las diez horas con veinte minutos, del 23 de noviembre de 2007. Concretamente, en esta última resolución, se establece: “El legislador utilizó el término «zona marítimo terrestre» para aludir a los destinatarios de la norma, mismo sobre el que no existe ninguna ambigüedad al ser definido por la Ley. Por ello, si la intención del legislador hubiese sido excluir la aplicación del artículo 70 ya mencionado en lo que respecta a la «zona pública», hubiese aludido directamente a: «los pobladores de la zona restringida», concepto también interpretado por la Ley, pero no lo hizo así. Sustentar la restricción que propugna el representante del Ministerio Público en la frase final de dicha norma: "En todo caso deberá respetarse la zona pública", no es correcto. No puede entenderse esta última frase como una exclusión de la «zona pública» de las disposiciones del referido artículo 70, en primer lugar por cuanto va en contra de la voluntad manifiesta del legislador, conforme se dijo arriba, el cual expresamente mencionó a «los pobladores de la zona marítimo terrestre». Por otra parte, no se trata de que la «zona pública» deba respetarse y, contrariamente, la «zona restringida» no. Ambas forman parte de la «zona marítimo terrestre» y por ende existe una obligación de respeto en relación con las normas jurídicas que rigen la misma.” La defensa técnica estima que esta última posición es la acertada, pues debe entenderse que la zona marítimo terrestre abarca tanto la zona pública como la zona restringida. Considera que se causa agravio, por cuanto por la utilización de criterios contradictorios se ordenó el desalojo y demolición de la propiedad de la encartada, posesión que ha tenido por más de cuarenta años, lo cual le causa un grave trastorno a ella y su familia, siendo este, su único lugar de residencia. Solicita se declare con lugar el recurso interpuesto y se anule la sentencia impugnada, concretamente en cuanto la orden de demolición y derribo". En atención a este voto 2014-00596, de la Sala Tercera y con base en el voto 5756-96, de las 14:02 horas, de 30 de octubre de 1996, de la Sala Constitucional, el Ministerio Público contesta la audiencia conferida (folios 183 a 184 vuelto) y señala a folio 184: "si en el presente caso el Tribunal de Apelaciones consideró que la sentencia del Tribunal de Juicio analizó que la construcción que se ubica dentro de la zona marítimo terrestre no se encontraba contemplada dentro de los casos de excepción, al encontrarse dentro de la zona pública lo correcto es proceder con la demolición de lo construido y el desalojo de los ocupantes. El tema de los pobladores que establece el numeral 70 de la cita ley a nuestro criterio no está contemplado para los casos de zona pública, pues ese mismo numeral en forma expresa establece que la zona pública debe respetarse. Por tanto, consideramos que le precedente que debe prevalecer es el que ahora se viene recurriendo vía recurso de casación." [sic].

III.- Del poblador y del ocupante en la zona pública de la zona marítimo terrestre. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 6043, de 02 de marzo de 1977 (publicada en el Alcance 35 del Diario Oficial La Gaceta 52 de 16 de marzo de 1977, y vigente a partir de ésta última fecha, en adelante LZMT) establece en el artículo 12, en general sobre la zona marítimo terrestre, que “es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.”. Y en forma específica sobre la zona pública determina en el numeral 20: “Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. Las entidades y autoridades que indica el artículo 18 deberán dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito de las personas y el uso público de esta zona.”. Las excepciones a las que se refiere este numeral 20 de la LZMT son: A) Aquellas secciones que por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales, no pueden aprovecharse para uso público, en cuyo caso se autoriza su desarrollo por la municipalidad respectiva y el Instituto Costarricense de Turismo, siempre que no se enajenen y se establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros y se garantice la seguridad de los peatones (artículo 21 LZMT). B) Las obras de infraestructura y construcción que aprueben el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y la respectiva municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen, o que se trate del establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país (artículo 22 LZMT). Y C) Los casos contenidos en leyes que regulan aspectos especiales de la zona marítimo terrestre, verbigracia, el caso contenido en la Ley 7744, de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos de 19 de diciembre de 1997 (publicada en el Diario Oficial La Gaceta 26, de 06 de febrero de 1998). Sin embargo, conviene precisar que la Ley 6043, sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento (dictado por Decreto 7841-P, de 16 de diciembre de 1977, publicado en el Alcance 16, del Diario Oficial La Gaceta 20, de 27 de enero de 1978, y vigente a partir de esta última fecha; en adelante RLZMT) establecen dos categorías de personas físicas que ejercen actos de ocupación en la zona marítima terrestre: poblador y ocupante. La figura del poblador se halla regulada en los artículos 70 de la LZMT y 75 del RLZMT; la del ocupante se encuentra en los artículos 44 y Transitorio VII de la LZMT. El artículo 70 de la LZMT se lee: “Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante, podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad. Sin embargo, deberán sujetarse a la planificación de la zona, a cuyo efecto podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de acuerdo con esta ley. En todo caso deberá respetarse la zona pública”. El numeral 75 del RLZMT indica: “Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia continua en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad, pudiendo ser reubicados de acuerdo con la planificación de la zona, previa indemnización de las mejoras. En todo caso deberá respetarse la zona pública. Cuando el período de residencia sea inferior a diez años, los pobladores podrán solicitar concesión sobre el predio, siempre que no se incluya parte alguna de la zona pública. Si existiesen mejoras en la zona pública, se aplicará lo dispuesto en el inciso e), artículo 73 del reglamento, y las disposiciones del artículo 74 del reglamento si las mejoras estuvieren ubicadas en la zona restringida. Quienes no siendo pobladores hayan construido o edificado en la zona restringida en predios ilegalmente poseídos, no tendrán derecho al pago de mejoras. Sin embargo, podrán solicitar concesión sobre el predio y, si se les otorgare, no se les cobrará por el uso, y disfrute de esas mejoras. Las solicitudes de concesiones que hagan los ocupantes de la zona marítimo terrestre tendrán prioridad sobre las demás.”. El artículo 44 de la LZMT se lee: “Las concesiones se otorgarán atendiendo al principio de que el primero en tiempo es primero en derecho. Sin embargo, el reglamento de esta ley podrá establecer un orden de prioridades atendiendo a la naturaleza de la explotación y a la mayor conveniencia pública de ésta; pero en igualdad de condiciones se ha de preferir al ocupante del terreno que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua.”. Y el Transitorio VII de la LZMT señala: “Las municipalidades con jurisdicción en la zona marítimo-terrestre cobrarán el canon que establece esta ley para los ocupantes de la misma. El cobro se hará de acuerdo con el uso y con el avalúo actual de la Dirección General de la Tributación Directa. Esta autorización tendrá carácter provisional, hasta tanto no entre en vigencia el plan de desarrollo para la respectiva zona, y no produce derecho alguno para los ocupantes en lo que a concesión se refiere.”. De la lectura de las normas transcritas se concluye la existencia de requisitos que debe cumplir toda persona para ostentar la condición de poblador: a) una posesión continua de al menos 10 años de antigüedad anterior a la entrada en vigencia de la LZMT –16 de marzo de 1977–, es decir, una posesión que iniciara al menos desde 1967; b) nacer antes de 1949, para tener mayoría de edad al iniciar los 10 años de la posesión indicada; c) ser costarricense por nacimiento; d) no ser propietario de otro terreno, e) contar con un informe de la Fuerza Pública o una certificación del Registro Civil, que sirvan de prueba sobre la posesión de marras. En relación con la categoría de ocupante, los requisitos para ostentar tal condición son: i) una posesión inferior a 10 años con anterioridad a la entrada en vigencia de la LZMT (16 de marzo de 1977), es decir, una posesión que iniciara con posterioridad a 1967; b) nacer antes de 1959; c) ser costarricense por nacimiento; d) no ser propietario de otro terreno, e) contar con un informe de la Fuerza Pública o una certificación del Registro Civil que sirvan de prueba sobre la posesión de marras. De esta forma, salvo disposición legal especial, las personas que 1) ingresaron a la zona marítimo terrestre antes de la vigencia de la LZMT y no son pobladores ni ocupantes, y 2) ingresaron después del 16 de marzo de 1977, se hallan en una situación de ocupación ilegal. Al concordar los artículos 70, 44 y Transitorio VII de la LZMT y 75 del RLZMT con los numerales 12 y 20 de la LZMT, se concluye que los pobladores y los ocupantes no se hallan en los casos de excepción previstos en el último artículo (sea, el 20 iusidem), por lo que debe entenderse que los reconocimientos que se dan por la LZMT se reducen a la zona restringida de la zona marítimo terrestre, y no a la zona pública. Se tiene por resuelto, entonces, el alegato de precedentes contradictorios formulado por el Defensor Público Cristhiam Gutiérrez Leal en el sentido de que respecto de la zona pública de la zona marítimo terrestre a) sí procede el desalojo de los pobladores y los ocupantes y la destrucción de las construcciones por ellos utilizadas cuando no cuenten con permiso o concesión que les habiliten legalmente para ejercer tal posesión, y b) ese desalojo y esa destrucción de las construcciones pueden ser suspendidos por 24 meses según lo previsto en los artículos 1 y 7 de la Ley 9073, de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales de 19 de septiembre de 2012, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 206, de 25 de octubre de 2012 Alcance 163 (sobre la que se IV.- Situación específica de la señora Gerarda Espinoza Briceño. En el caso particular de la señora Gerarda Espinoza Briceño resulta necesario considerar que si bien es cierto el Tribunal de Juicio de Puntarenas señala como hecho probado a folio 134, para efectos del dictado de la absolutoria, que su posesión se realiza “al menos desde el 23 de abril de 2007”, el mismo Tribunal reconoce que su posesión es de 40 a 50 años, según lo deriva de la prueba evacuada, en especial el testimonio de Jorge Pérez Espinoza (archivo digital c0100130530150339.vgz contador 15:19:34). En atención a tal reconocimiento posesorio, que no ha sido objeto de impugnación y se halla firme, se logra concluir que la señora Espinoza Briceño no cumple con uno de los requisitos para ser considerada pobladora: nacer antes de 1949 y así tener capacidad para el ejercicio posesorio; al efecto, nótese que nació el 29 de diciembre de 1951 (folio 23, identificación de la señora Espinoza Briceño). Por ende, la categoría de ocupante (y no la de poblador) es la que resulta procedente analizar para este caso de la señora Espinoza Briceño. Recordemos, en lo que interesa, que el numeral 75 del RLZMT indica que: “…Cuando el período de residencia sea inferior a diez años, los pobladores podrán solicitar concesión sobre el predio, siempre que no se incluya parte alguna de la zona pública. Si existiesen mejoras en la zona pública, se aplicará lo dispuesto en el inciso e), artículo 73 del reglamento, y las disposiciones del artículo 74 del reglamento si las mejoras estuvieren ubicadas en la zona restringida.”. En primer término, si bien es cierto el legislador utiliza el término “pobladores”, en este supuesto descrito en este párrafo del numeral 75 debe entenderse que se trata de “ocupantes” dado el contexto de todo el artículo. En segundo término, ha quedado como probado y en firme que la señora Espinoza Briceño habita una construcción sita en la zona pública sin contar con permiso o concesión algunos que le habiliten legalmente para ello, lo que obliga a la lectura del inciso e) del numeral 73 del RLZMT: “Cuando existan construcciones, edificaciones, o instalaciones levantadas ilegalmente en la zona pública, la municipalidad deberá destruirlas, demolerlas o removerlas, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 22 de este reglamento.”, y el 22 del RLZMT señala que las autoridades administrativas de la correspondiente jurisdicción, así como las respectivas municipalidades, tan pronto tengan noticia de alguna contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de la LZMT deben proceder al desalojo de los infractores, así como a la destrucción o demolición de las construcciones que se hayan realizado. De las consideraciones expuestas se concluye, en general, que en tratándose de la zona pública de la zona marítimo terrestre sí procede el desalojo de los pobladores y los ocupantes y la destrucción de las construcciones realizadas; y, en particular, que la señora Gerarda Espinoza Briceño es ocupante de una construcción sita en la zona pública sin contar con permiso o concesión que le habiliten legalmente para ello, por lo que en su caso sí procede su desalojo y la destrucción de tal construcción para que la zona pública por ella ocupada recupere su estado anterior a la invasión.

V.Ordenamiento de la zona marítimo terrestre. La Ley 9073, de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de 19 de septiembre de 2012, (publicada en el Diario Oficial La Gaceta 206, de 25 de octubre de 2012, Alcance 163), señala en sus artículos 1 y 7 lo siguiente: “Por el plazo de veinticuatro meses, se suspenderá el desalojo de personas, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos en la zona marítimo-terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado.”; y “Durante la vigencia de esta moratoria, el Estado deberá tomar las medidas necesarias para el ordenamiento de las zonas referidas en la presente ley.”. Estos numerales han sido la base sobre la que el Tribunal de Juicio de Puntarenas y el Tribunal de Apelación de San Ramón, determinaron la procedencia de otorgar un plazo de veinticuatro meses de moratoria, durante el que se suspende la ejecución del desalojo de la señora Gerardo Espinoza Briceño y la destrucción de la construcción habitada por ella en la zona pública de la zona marítimo terrestre. Sin embargo, esta Ley 9073, no sólo regula el otorgamiento de aquella moratoria, busca también el ordenamiento de la zona marítimo terrestre. Por ende, se ordena al Alcalde y al Concejo Municipal de la Municipalidad de Cóbano, al Presidente Ejecutivo y a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, y al Presidente Ejecutivo y a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ejecutar las acciones necesarias para que, en el plazo de veinticuatro meses, fijado por los artículos 1 y 7 de la Ley 9073 realicen el ordenamiento de la zona marítimo terrestre correspondiente. Al efecto, se advierte al Alcalde y al Concejo Municipal de la Municipalidad de Cóbano, al Presidente Ejecutivo y a los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, y al Presidente Ejecutivo y a los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo su obligación de realizar todos los procesos de coordinación interinstitucional, para cumplir con el ordenamiento de la zona marítimo terrestre de marras. Se ordena la notificación correspondiente de la presente sentencia de casación a efectos de que las instancias públicas indicadas cumplan con lo dispuesto por esta Sala.

VI.- Por las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de casación, formulado por el defensor público Cristhiam Gutiérrez Leal, a favor de la señora G.E.B. Se resuelve el alegato de precedentes contradictorios formulado por el Defensor Público en el sentido de que sí procede el desalojo de los pobladores y los ocupantes y la destrucción de las construcciones realizadas en la zona pública de la zona marítimo terrestre, cuando no cuenten con permiso o concesión que les habiliten legalmente para ejercer tal posesión. Se mantienen incólumes a) la orden de desalojo de la señora G.E.B. de la zona pública de la zona marítimo terrestre, b) la orden de destrucción de la construcción habitada por la señora G.E.B. en calidad de ocupante en la zona pública de la zona marítimo terrestre, c) la suspensión por veinticuatro meses del desalojo y la destrucción de la construcción indicados. Se ordena al Alcalde y a los integrantes del Concejo Municipal de la Municipalidad de Cóbano, al Presidente Ejecutivo y a los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, y al Presidente Ejecutivo y a los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ejecutar las acciones necesarias para que en el plazo de veinticuatro meses, fijado por los artículos 1 y 7 de la Ley 9073 de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, realicen en forma coordinada el ordenamiento de la zona marítimo terrestre correspondiente bajo el apercibimiento de que el no acatamiento de esta decisión implicará la comisión del delito de desobediencia a la autoridad.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso de casación formulado por el defensor público Cristhiam Gutiérrez Leal a favor de la señora G.E.B. Se resuelve el alegato de precedentes contradictorios formulado por el Defensor Público en el sentido de que sí procede el desalojo de los pobladores y los ocupantes y la destrucción de las construcciones, realizadas en la zona pública de la zona marítimo terrestre, cuando no cuenten con permiso o concesión que les habiliten legalmente para ejercer tal posesión. Se mantienen incólumes a) la orden de desalojo de la señora G.E.B, de la zona pública de la zona marítimo terrestre, b) la orden de destrucción de la construcción habitada por la señora G.E.B, en calidad de ocupante en la zona pública de la zona marítimo terrestre, c) la suspensión, por veinticuatro meses, del desalojo y la destrucción de la construcción indicados. Se ordena al Alcalde y a los integrantes del Concejo Municipal de la Municipalidad de Cóbano, al Presidente Ejecutivo y a los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, y al Presidente Ejecutivo y a los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ejecutar las acciones necesarias para que en el plazo de veinticuatro meses, fijado por los artículos 1 y 7 de la Ley 9073 de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, realicen en forma coordinada el ordenamiento de la zona marítimo terrestre correspondiente bajo el apercibimiento de que el no acatamiento de esta decisión implicará la comisión del delito de desobediencia a la autoridad. Notifíquese.

Carlos Chinchilla S.

Jesús Ramírez Q.

Jose Manuel Arroyo G.

Sandra Zúñiga M.

Mag.Suplente Rafael Angel Sanabria R.

Mag.Suplente larana *082000550591PE*

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    • Ley 6043 Art. 12
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