Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 00095-2026 Sala Tercera de la Corte · Sala Tercera de la Corte · 19/01/2026

State Representation and Hierarchical Correction in Environmental CrimesRepresentación estatal y enmienda jerárquica en delitos ambientales

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Chamber denied the Attorney General’s cassation claim, granted the prosecution’s first adhesive ground, annulled the finding that its appeal was inadmissible, and ordered a newly constituted appellate panel to hear it.La Sala rechazó la casación de la PGR, acogió el primer motivo adhesivo del Ministerio Público, anuló la inadmisibilidad de su apelación y ordenó que otra integración del tribunal de alzada la conozca.

SummaryResumen

The Third Chamber decided cassation appeals arising from a prosecution concerning a garage structure and wall built within a stream protection area. It rejected the Attorney General’s Office’s claim that it had to be recognized as the victim and that its authorization was required for approval of the conciliation agreement. Although the Attorney General’s Office legally represents the State in environmental crimes and may exercise the procedural powers provided by law, it filed neither a private prosecution nor a civil action in this case, received notice of the proceedings, and did not respond when informed that the conciliation had been fulfilled. The Chamber separately granted the Public Prosecution Service’s first adhesive ground: a hierarchical superior may use legally available appeals to correct a subordinate prosecutor’s action and thereby safeguard legality and the objective defense of the public interest. It therefore partially annulled the appellate ruling that had found the prosecution’s appeal inadmissible and remanded the matter for a newly constituted appellate panel to decide that appeal.La Sala Tercera resolvió recursos de casación derivados de una causa por la construcción de un galerón y un muro dentro del área de protección de una quebrada. Rechazó el motivo de la Procuraduría General de la República que exigía reconocerla como víctima y condicionar el acuerdo conciliatorio a su autorización. Aunque la PGR representa legalmente al Estado en los delitos ambientales y puede ejercer las facultades procesales previstas por el ordenamiento, en este caso no presentó querella ni acción civil, fue informada de las actuaciones y no se pronunció cuando se le comunicó el cumplimiento de la conciliación. Distintamente, la Sala acogió el primer motivo adhesivo del Ministerio Público: el superior jerárquico sí puede impugnar, mediante los recursos legales, una actuación de un fiscal inferior para asegurar la legalidad y la defensa objetiva del interés público. Por ello anuló parcialmente la resolución de apelación que había declarado inadmisible el recurso fiscal y ordenó el reenvío para que otra integración conozca esa apelación.

Key excerptExtracto clave

For the foregoing reasons, the Public Prosecution Service’s first ground of cassation is granted because an erroneous application of a procedural provision concerning hierarchical correction has been established. Consequently, Decision No. 2025-024, issued at 11:00 a.m. on January 17, 2025, by the First Section of the Cartago Criminal Judgment Appeals Court, is partially annulled insofar as it declared the prosecuting authority’s challenge inadmissible, and the matter is remanded to the appellate court so that a newly constituted panel may hear the appeal filed by the Public Prosecution Service. The third ground of cassation filed by the Attorney General’s Office is denied. The first ground of the adhesive cassation appeal advanced by the Public Prosecution Service is granted; accordingly, Decision No. 2025-024, issued at 11:00 a.m. on January 17, 2025, by the First Section of the Cartago Criminal Judgment Appeals Court, is partially annulled insofar as it declared the prosecution’s challenge inadmissible, and the matter is remanded to the appellate court so that a newly constituted panel may hear the appeal filed by the Public Prosecution Service. Given the disposition of this ground, the Chamber declines to rule on the prosecution’s second and third grounds of adhesive cassation. Notice shall be given.En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el primer motivo de casación del Ministerio Público, debido a que se ha verificado una errónea aplicación de un precepto procesal concerniente a la enmienda jerárquica, y en consecuencia, se anula de forma parcial la resolución número 2025-024, de las 11 horas del 17 de enero de 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, en cuanto declara inadmisible la impugnación del órgano acusador y se ordena el reenvío del asunto al tribunal de alzada para que, con nueva integración, proceda a conocer del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. Se declara sin lugar el tercer motivo de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República. Se declara con lugar el primer motivo del recurso de casación por adhesión esbozado por el Ministerio Público, por lo que se anula parcialmente la resolución número 2025-024, de las 11 horas del 17 de enero de 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, en cuanto declara inadmisible la impugnación del órgano fiscal y se ordena el reenvío del asunto al tribunal de alzada para que, con nueva integración, proceda a conocer del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. Por la forma en que se resuelve este motivo, se omite pronunciamiento con respeto al segundo y tercer motivo de casación por adhesión del órgano acusador. Notifíquese.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El numeral 50 de nuestra Carta Magna establece que se procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, así como el derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de ahí que el Estado tenga el deber de garantizar, defender y preservar este derecho constitucional que incumbe a todas las personas habitantes de la República."

    "Article 50 of our Constitution provides that the greatest welfare of all the country’s inhabitants shall be pursued, as well as every person’s right to a healthy and ecologically balanced environment; hence, the State has a duty to guarantee, defend, and preserve this constitutional right held by all inhabitants of the Republic."

    Considerando III.B

  • "El numeral 50 de nuestra Carta Magna establece que se procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, así como el derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de ahí que el Estado tenga el deber de garantizar, defender y preservar este derecho constitucional que incumbe a todas las personas habitantes de la República."

    Considerando III.B

  • "Es decir, la P.G.R. es quien -por disposición de ley- debe asumir la representación legal del Estado en los delitos ambientales, esto de acuerdo con lo que al efecto prevean el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República."

    "That is, by operation of law, the Attorney General’s Office must assume the State’s legal representation in environmental crimes, in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure and the Organic Law of the Attorney General’s Office."

    Considerando III.B

  • "Es decir, la P.G.R. es quien -por disposición de ley- debe asumir la representación legal del Estado en los delitos ambientales, esto de acuerdo con lo que al efecto prevean el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República."

    Considerando III.B

  • "La lectura del artículo 18 de la Ley Orgánica resulta clara en establecer la posibilidad del superior de enmendar la actuación del fiscal de rango inferior una vez que la resolución ha sido dictada por medio de los recursos que la ley permita, por cuanto existe un interés público cuya defensa de manera objetiva ha sido encomendada al ministerio fiscal."

    "Article 18 of the Organic Law clearly establishes that a superior may correct the action of a lower-ranking prosecutor, after the ruling has been issued, through the appeals allowed by law, because a public interest exists whose objective defense has been entrusted to the Public Prosecution Service."

    Considerando V

  • "La lectura del artículo 18 de la Ley Orgánica resulta clara en establecer la posibilidad del superior de enmendar la actuación del fiscal de rango inferior una vez que la resolución ha sido dictada por medio de los recursos que la ley permita, por cuanto existe un interés público cuya defensa de manera objetiva ha sido encomendada al ministerio fiscal."

    Considerando V

  • "Queda claro que el Estado tiene el deber de garantizar a los habitantes de la República el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a tal punto que, a través de la ley puede subordinar el uso y goce del derecho a la propiedad privada para proteger un interés social."

    "It is clear that the State has a duty to guarantee the inhabitants of the Republic the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, to the point that the law may subordinate the use and enjoyment of private property rights to the protection of a social interest."

    Considerando III.B

  • "Queda claro que el Estado tiene el deber de garantizar a los habitantes de la República el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a tal punto que, a través de la ley puede subordinar el uso y goce del derecho a la propiedad privada para proteger un interés social."

    Considerando III.B

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review Decision: 2026-00095 CRIMINAL CASSATION CHAMBER. San José, at twelve fifty-five p.m. on January nineteenth, two thousand twenty-six.

Appeal in cassation (recurso de casación) filed in the present proceeding brought against [Nombre 001], an adult Costa Rican national, identity card number [...], born in [Nombre 002] on [...], child of [Nombre 003], for the offense of Encroachment into a Protection Area (Invasión a un Área de Protección), committed to the detriment of the Natural Resources. Justices Patricia Solano Castro, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Aisen Herrera López, and Giovanni Mena Artavia participated in deciding the appeal, the latter two serving as alternates. Also appearing at this stage was attorney Randall Aguirre Mena, representing the State. Attorney Julián Martínez Madriz appeared on behalf of the Public Prosecution Service (Ministerio Público).

Findings:

  1. 1By judgment No. 2025-024, issued at 11:00 a.m. on January 17, 2025, the Criminal Judgment Appeals Court of Cartago ruled: “THEREFORE: 1.- The appeal against judgment filed by the deputy prosecutor of Cartago is declared inadmissible, and the appeal filed by the representative of the Procuraduría General de la Repúbica is admitted for consideration on the merits. 2.- The sole ground of appeal raised by the representative of the Procuraduría General de la República is denied, and the appealed judgment is affirmed. Notice shall be given. (sic).
  2. 2Attorney Randall Aguirre Mena, representing the State, filed an appeal in cassation against the foregoing ruling.
  3. 3Following the corresponding deliberation, the Chamber proceeded to consider the appeal.
  4. 4The applicable legal requirements have been observed throughout the proceedings.

Justice Herrera López reporting; and,

Considerations:

I.By decision number 2025-00464, issued at 10:50 a.m. on May 29, 2025, this Chamber admitted for consideration on the merits the third ground of the appeal in cassation filed by the Procuraduría General de la República, as well as the cross-appeal in cassation (recurso de casación por adhesión) filed by the Public Prosecution Service (see folios 57 to 67 of the physical case file created for that purpose), against decision number 2025-024, issued at 11:00 a.m. on January 17, 2025, by the Criminal Judgment Appeals Court of Cartago, First Section (see folios 10 to 19 of the physical case file created for that purpose).

II.Third ground of the appeal in cassation filed by the Procuraduría General de la República. It alleges the “erroneous application of procedural rules, specifically articles 16 and 70 of the Code of Criminal Procedure and articles 3 and 20 of the Organic Law of the Procuraduría General de la República, and the consequent failure to apply section 58 of the Ley Forestal and article 50 of the Political Constitution, by stating that the State is not a victim of environmental offenses” (sic, see reverse of folio 31; emphasis omitted). It challenges the appellate court’s erroneous application of articles 16 and 71(b) of the procedural code, in finding that although the State “has the right to institute criminal proceedings through a private prosecution (querella) and a civil action (acción civil), it does not have victim status because article 16 does not confer that status upon it” (see reverse of folio 31).

It explains that it is important to consider that the environmental offenses referred to in section 16 of the procedural code, which are governed by various bodies of law, such as the Ley Forestal, must be analyzed in light of article 50 of the Political Constitution, which establishes the State’s obligation to guarantee and preserve the right to an ecologically balanced environment. Consequently, in such environmental offenses there is an affected collective victim whose representation is vested in the State and exercised through the Procuraduría General de la República (hereinafter P.G.R.). It argues that environmental offenses do not involve an individualized victim but rather a collective victim, namely, all Costa Rican citizens, who are represented by the Government of the Republic through its institutions (article 9 of the Political Constitution). Accordingly, it contends that article 16 of the Code of Criminal Procedure cannot be analyzed in the one-sided manner adopted by the appellate court when it ruled that the P.G.R. has authority to file a private prosecution and civil action but does not have victim status.

It therefore asserts that this article must be analyzed together with the constitutional provisions and the other rules conferring authority upon the P.G.R. to represent the State. It notes that article 70(a) of the procedural code provides that the person directly harmed by the offense is the victim and that, because “person” must be understood to include both natural and legal persons, and the State exercises its powers through entities or legal persons, when the environment is harmed, the State must be understood to be the party directly harmed, as an entity whose legal representation is exercised by the P.G.R. Thus, in its view, it is nonsensical to state that the P.G.R. (which represents the State) has authority to become a party to the proceedings in order to file a private prosecution and civil action, but may not be considered a victim for purposes of an alternative measure (medida alterna).

It states that the State’s status as a victim derives not only from sections 16 and 70 of the procedural code, but also from section 58(c) of the Ley Forestal, which grants the P.G.R. exclusive authority to bring a civil action and seek recovery for ecological damage (daño ecológico) caused to the State’s natural heritage (forests and areas declared inalienable). It further argues that the Public Prosecution Service cannot represent the victim in the offenses described in article 16 of the Code of Criminal Procedure because, in its view, doing so violates sections 3 and 20 of the Organic Law of the Procuraduría General de la República, which establish its authority to enter into settlements in judicial proceedings when an alternative measure is to be pursued, without the prosecutorial body being entitled, from its perspective, to arrogate that power to itself. Therefore, the appellate court’s ruling fails to apply the rules cited above when it finds that the State is not a victim in a matter involving an infringement of the Ley Forestal and that the Public Prosecution Service may represent the victim for purposes of conciliation (conciliación).

It cites decision number 2022-437 of the Criminal Cassation Chamber. As grounds for prejudice, it states that the challenged decision causes harm by finding that the P.G.R. does not have victim status, because this violates the rights conferred by the legislature when it represents the State. It further states that, had the procedural rules been correctly applied, the decision ordering a final dismissal (sobreseimiento definitivo) at the trial stage would have been vacated. As relief, it requests that the appellate court’s judgment be declared ineffective and that the case be remanded to the appellate court for new proceedings.

III.The admitted ground for cassation (motivo de casación) is denied. In this ground for cassation, the Procuraduría General de la República (hereinafter P.G.R.) alleges the failure to observe the rights afforded to the State as a victim of the offenses provided for in Article 16 of the Código Procesal Penal; it therefore argues that the P.G.R. should have been recognized as a victim so that it could provide its authorization for approval of the conciliation agreement (acuerdo conciliatorio) proposed at the trial stage. Thus, it is stated that the defense and the Ministerio Público agreed on the payment of a donation of five hundred thousand colones for the benefit of the Hogar de Ancianos in the Santa María de Dota area (cf. folio 361 of the digital case file); however, it contends that the prosecutorial authority (órgano fiscal) lacked standing to represent the interests of the State in environmental offenses.

  • A)Summary of the proceedings. The criminal case began on November 24, 2020, when the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) submitted a report to the Fiscalía de Tarrazú, Dota y León Cortés explaining that, following a complaint filed through the environmental complaint response system (sistema de atención de denuncias ambientales, SITADA), SINAC conducted a site inspection and detected the construction of a shed used as a garage for storing buses, which was encroaching upon the protection area (área de protección) of a stream. On June 04, 2021, the prosecutorial authority notified the P.G.R. of the existence of criminal case number 20-000327-0988-PE, concerning the offense of encroachment upon a conservation or protection area (invasión de un área de conservación o protección), to the detriment of natural resources (cf. folio 125 of the digital case file). On June 07, 2021, Dr. Magda Inés Rojas, in her capacity as Deputy Attorney General, filed a pleading appointing attorney Randall Albán Aguirre Mena, Andrés Alfaro Ramírez, LL.M., and attorney Margot Avellán Ruiz to act, separately or jointly, on behalf of the State in criminal case number 20-000327-0988-PE, and designated fax numbers 2222-5335, 2233-7010 and 2255-0997, addressed to Randall Albán Aguirre Mena, as the means for receiving service of process (notificaciones).

(cf. folio 127 of the digital case file). At folio 129, the Fiscalía de Tarrazú, Dota y León Cortés recognized the P.G.R. as a party to the proceedings. The Ministerio Público filed an indictment (acusación), charging Mr. ([Nombre 001]) with the following acts: “1. The accused, ([Nombre 001]), is the brother of [Nombre 004], who owns property recorded under real-property folio number [Valor 001], registered survey plan [Valor 002], located in [...], at coordinates [Valor 003] and [Valor 004], a site used as a garage for parking buses owned by the accused. 2. On an undetermined exact date, but during the period between November 02 and 16, 2020, the accused, [Nombre 001], knowing that his actions were unlawful and without having and without having permits from the Administración Forestal del Estado, constructed a shed made of cement, steel tubing, and zinc sheeting with the following dimensions: 14 meters long by 12 meters wide, as well as a concrete wall 25 meters long by 1.40 meters high, and encroached upon the protection area of the Rivas stream; that structure encroaches upon the protection area by 12 meters in length and 8 meters in width, and those structures are located two meters from the bank of the stream. 3.

On November 02, 2020, in [...], engineer [Nombre 005] of the Municipalidad de Dota appeared and notified the accused, [Nombre 001], that he was required to stop construction because he lacked municipal permits and was not complying with the official setback line (alineamiento oficial) (Article 24 Ley de Construcciones); nevertheless, the accused, ([Nombre 001]), stated that he would continue the work. 4. On November 16, 202, in [...], [Nombre 006] and [Nombre 007], both SINAC officials, appeared and conducted a site inspection, determining that the work had been completed and that the shed and wall had been built within the protection area of the Rivas stream. 5. Through those actions, the accused, [Nombre 001], caused environmental damage (daño ambiental) valued at five hundred two thousand five hundred seventy-three colones and fifty céntimos (₵502.573.50)” (sic, cf. folios 131 and 132 of the digital case file; emphasis appears in the original text).

These alleged facts were legally classified as the offense of encroachment upon a protection area, provided for in Articles 58(a) and 61(c) of the Ley Forestal. The prosecutorial authority served the indictment on the P.G.R. on March 24, 2023, through the notice of service appearing at folio 143 of the digital case file. Notice of the scheduling of the preliminary hearing (audiencia preliminar) was served on the P.G.R. on June 08, 2023 (cf. folio 248 of the digital case file). The P.G.R. did not file a private criminal complaint (querella) or civil action (acción civil); however, on July 12, 2023, it filed a pleading requesting that its status as a victim in the proceedings be noted: “Regarding the scheduling of the Preliminary Hearing for July 14 at 9:30 a.m., notice of which was provided through the order issued at 13:31 hours on June 08, 2023, we hereby provide timely notice that we will not attend this proceeding because this State Representation holds the status of victims; accordingly, we request that our nonappearance be excused and that a copy of the corresponding order be sent to us.

Likewise, should an alternative measure (medida alterna) be proposed, we request that it be brought to our attention so that it may be submitted to our Institutional Hierarchy for approval. I therefore request that an appropriate ruling be issued and that notice be served on us at the following email address: [email protected], corresponding to the Oficina de Recepción de Documentos de la Procuraduría General de la República, or at the following fax numbers:2233-7010, 22550997 and 2222-5335. Please address the notices to Lic. Randall Aguirre Mena” (cf. folio 307 of the digital case file; emphasis in the original text has been omitted). The P.G.R. was summoned to the preliminary hearing (cf. folio 248 of the digital case file). On July 14, 2023, the Juzgado Penal de Cartago issued an order committing the case for trial (auto de apertura a juicio) (cf. folio 316 of the digital case file), and the Tribunal Penal de Cartago, by an order issued at 10:08 hours on August 15, 2023, scheduled the trial (debate) (cf. folio 318 of the digital case file).

Notice of that scheduling was served on the P.G.R. at the email address [email protected] on August 15, 2023 (cf. folio 332 of the digital case file). Folio 360 establishes that Mr. [Nombre 001] has no criminal record. On July 26, 2024, the Tribunal Penal de Cartago approved a conciliation agreement entered into between the Ministerio Público and the defense, consisting of the payment of a donation of five hundred thousand colones to the Hogar de Ancianos de Santa María de Dota (cf. folio 361 of the digital case file). Payment was made on July 30, 2024 (cf. folios 363 and 364 of the digital case file). The Tribunal Penal de Cartago issued an order stating: “The parties are hereby given THREE DAYS to review the contents of the pleading dated July 30, 2024, appearing in the digital case file” (cf. folio 366; emphasis appears in the original text). This order was served on the P.G.R. on August 01, 2024, and it did not respond (cf. folio 371 of the digital case file).

The court below (a quo) entered a final dismissal (sobreseimiento definitivo) through judgment number 800-2024, issued at 10:20 hours on August 23, 2024, based on compliance with the conciliation agreement (cf. folio 382 of the digital case file). The judgment was served on the P.G.R., which filed an appeal (recurso de apelación) that was denied. B) Representation of the State in environmental offenses. Article 45 of the Constitución Política enshrines the inviolability of private property as an intrinsic principle; however, that same provision makes clear that this is not an absolute right and that restrictions may be imposed in furtherance of a social interest, as occurs with restrictions intended to protect the environment. Article 46 of the Constitution provides—to the extent relevant here—for the right of every consumer and user to the protection of their health, environment, safety, and economic interests; to receive adequate and truthful information; to freedom of choice; and to equitable treatment, as well as the State’s duty to regulate this subject by law.

Article 50 of our Carta Magna provides that the greatest well-being of all the country’s inhabitants shall be pursued and recognizes every person’s right to a healthy and ecologically balanced environment; consequently, the State has a duty to guarantee, defend, and preserve this constitutional right, which belongs to all inhabitants of the Republic. Article 2 of the Ley Orgánica del Ambiente establishes the principles underlying that body of law, among which subsections (d) and (e) are especially noteworthy, insofar as they provide that anyone who pollutes the environment or causes damage shall be liable and that environmental damage is an offense of a social nature because it affects the very foundations of society’s existence. For its part, Article 1 of the Ley Forestal defines it as an essential and priority function of the State to ensure the conservation, protection, and management of natural forests and the production, harvesting, industrialization, and promotion of the country’s forest resources intended for that purpose, in accordance with the principle of proper and sustainable use of renewable natural resources, and prohibits the cutting or harvesting of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protected zones, wildlife refuges, and State-owned forest reserves.

As part of that State duty of protection, Article 33 of the Ley Forestal defines protection areas surrounding permanent springs (nacientes permanentes), along the banks of rivers, streams, creeks, lakes and natural reservoirs, lakes and artificial reservoirs constructed by the State, recharge areas, and spring aquifers. It is clear that the State has a duty to guarantee the inhabitants of the Republic the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, to such an extent that it may, by law, subordinate the use and enjoyment of private-property rights to the protection of a social interest. Article 1 of the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley N° 6815, provides: “The Procuraduría General de la República is the highest advisory and technical-legal body of the Public Administration and the legal representative of the State in matters falling within its jurisdiction (…)” (emphasis added), while subsections (a) and (d) of Article 3 of that law provide that its powers include the following: “a) To represent the State in proceedings of any nature that are being or must be conducted before the courts of justice (…), d) To participate in criminal cases in accordance with the provisions governing that matter in this law and the Código de Procedimiento Penales (…)”.

With regard to its actions, Article 20 of the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República states: “In proceedings in which they appear before the judicial authorities, government attorneys (procuradores) shall have the powers granted to legal representatives in litigation (mandatarios judiciales) under ordinary law, subject to the following restrictions: they are absolutely prohibited from conceding claims, entering into settlements, conciliating, or withdrawing lawsuits or claims, or from submitting proceedings to arbitration, without the prior written authorization of the Attorney General, the Deputy Attorney General, or the official to whom they delegate such authority.

Anything done in contravention of the preceding paragraph shall have no value or effect whatsoever, whether in court or out of court, and the nullity of the proceedings reasonably resulting from the violation shall be declared by the courts of justice, even sua sponte (…)”. Emphasis added. In other words, the P.G.R. is the entity that—by operation of law—must assume the State’s legal representation in environmental crimes, in accordance with the provisions established for that purpose in the Código Procesal Penal and the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. For its part, Article 16 of the procedural code provides: “Criminal action (acción penal) shall be public or private. When public, it shall be exercised by the Public Prosecutor’s Office, without prejudice to the participation that this Code grants to the victim or to citizens. In crimes against national security, public peace, public authorities, the constitutional order, the environment, the maritime-terrestrial zone, the public treasury, the duties of public office, tax offenses, and those contained in the Ley de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; the Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 and the Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, Nº 6872, de 17 de junio de 1983, the Procuraduría General de la República may also directly exercise such action, without being subordinate to the acts and decisions of the Public Prosecutor’s Office.

In matters initiated through action by the Procuraduría, it shall be deemed a party and may pursue the same remedies that this Code grants to the Public Prosecutor’s Office” (emphasis added). Article 38 of the procedural code, meanwhile, states that a civil action for social harm (acción civil por daño social) may be brought by the P.G.R. when the punishable acts affect collective or diffuse interests (intereses colectivos o difusos). Based on the foregoing review of the applicable provisions, the following may be concluded:

  • 1)The State has a duty to guarantee Costa Rican citizens a healthy and ecologically balanced environment; therefore, in criminal proceedings for environmental crimes, it assumes the status of victim in seeking to defend and preserve this constitutional right;
  • 2)under the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, the P.G.R. is the State’s legal representative in matters within its jurisdiction;
  • 3)the P.G.R. has the right to directly exercise criminal action in crimes subject to public prosecution (delitos de acción pública), without being subordinate to the acts and decisions of the Public Prosecutor’s Office, for which purpose it may enter an appearance as a party in the criminal proceedings, that is, file a private-prosecution complaint (querella) and a civil action (acción civil) if there are compensation claims arising from the loss and damage caused to the victim; and
  • 4)if the P.G.R. decides not to enter an appearance as a party, its participation in the criminal proceedings must be governed by what the Código Procesal Penal permits. At this point, it should be clarified that when this Chamber has ruled on the right to restitution of the thing or object (restitución de la cosa u objeto) in environmental crimes in which the P.G.R. has not pursued a private-prosecution complaint or civil action, it has done so under the legal criterion that filing a civil action for compensation (acción civil resarcitoria) is not required in order to seek restoration of the property to its original condition, because that legal possibility is a right of the injured party, namely, the State. Of particular interest, the Court of Cassation has set forth the following considerations: “(…) The central issue in the Public Prosecutor’s Office’s first and second claims is that its appeal was declared inadmissible because it was deemed to lack standing to challenge the issue of restoring things to their original condition. One of the judges based the ruling on the fact that it lacked subjective standing (legitimación subjetiva) to appeal civil aspects of the punishable act, because the State’s civil plaintiff (actor civil) is the Procuraduría General de la República, which was the entity that filed the civil action for compensation; whereas the associate judge who likewise ruled in favor of inadmissibility did so on the grounds that, although restitution of the thing or object is a right of the victim as such and therefore does not require the filing of a civil action for compensation in order to demand it, in this particular case such representation was held exclusively by the Procuraduría General de la República. In this case, the prosecuting authority is correct that filing a civil action for compensation is not required in order to seek restoration of the property to its original condition, because that legal possibility is a right of the injured party, as this Chamber acknowledged in ruling N° 2019-1622, at 14:40 hours, on trece de diciembre del dos mil diecinueve (13/12/2019), which stated: “(…) Restitution (restitución) is understood as the action of ‘returning something to the person who previously had it, as well as restoring or placing something in the condition it had before’ (Diccionario de la Real Academia Española, twenty-third edition, octubre de 2014). The foregoing definition encompasses the two meanings that restitution also has in the legal sphere: in its broad sense, it entails ‘restitutio in tegrum,’ that is, restoration to the original condition, returning things to the condition they were in before the unlawful act was committed; whereas, in the strict sense, it is understood as returning to its lawful possessor or owner the thing of which that person was unlawfully deprived as a result of the crime. (Abdelnour Granados, Rosa. La responsabilidad Civil Derivada del Hecho Punible, Editorial Juricentro,1984. P. 261). In our legal system, both the criminal legislation and the criminal procedural legislation currently in force establish restitution as the preferred civil consequence of the crime. Specifically, Article 103 of the Código Penal states: ‘Every punishable act entails civil reparation (reparación civil), which shall be determined in the conviction; the judgment shall order:
  • 1)Restitution of the things or, failing that, payment of their respective value;
  • 2)Reparation of all damage and compensation for the losses caused both to the injured party and to third parties; and
  • 3)Forfeiture (comiso).’ The restitution provided for in subsection 1) of the transcribed provision refers to the thing itself that constituted the material object of the crime, over which the victim retains the rights held before the act was committed; therefore, so long as the thing has not disappeared, the obligation to return it remains. Compensation and reparation under subsection 2), for their part, refer to the civil liability (responsabilidad civil) arising from the punishable act due to the losses and damage caused to the victim. It follows from the foregoing that these legal mechanisms are clearly distinguishable and must be addressed separately, even though all of them are civil consequences of the punishable act. This is confirmed by the provisions contained in Article 361 of the Código Procesal Penal, which states: ‘Rules for deliberation and voting. The court shall assess the evidence presented during trial as a whole and in strict application of the rules of sound judicial assessment (sana crítica). The judges shall deliberate and vote on the issues, following the order below whenever possible: a) Issues concerning their jurisdiction, the propriety of the criminal action, and any other incidental matter deferred until this time. b) Issues concerning the existence of the act, its legal classification, and culpability. c) Determination of the applicable sentence. d) Restitution and costs. e) Where appropriate, matters concerning reparation for loss and damage. Decisions shall be adopted by majority vote. If no majority is reached regarding the amount of the sentence or civil reparation, the average shall apply.’ (Boldface added). It may further be inferred from this last provision that the adjudicator must rule sua sponte on restoring things to their previous condition, unlike matters relating to loss and damage, on which the adjudicator may rule ‘where appropriate,’ that is, when a civil action for compensation has been brought, since such an action is governed by the principle of party disposition (principio dispositivo) characteristic of private law, under which action may be taken only at a party’s request (…)” (Justices Ramírez, Zúñiga, Cortés, Desanti and Robleto participated). However, even if that erroneous interpretation by the Tribunal de Sentencia Penal de Cartago were vacated, the fact remains that the other ground on which the appeal was declared inadmissible continues to apply. That ground concerns the Public Prosecutor’s Office’s lack of standing in circumstances of this kind, because in this particular case, as the Tribunal de Segunda Instancia correctly stated, the entity responsible for defending the victim’s civil interests—the victim being the State—is its legal representative. For purposes of the case under review, that role falls to the Procuraduría General de la República, which would have standing insofar as it had actually entered an appearance. This follows from Article 1 of the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (N° 3848), which provides: “The Procuraduría General de la República, attached to the Presidencia de la República, has legal representation of the State with respect to the interests and matters determined by this law (…)”, in conjunction with Article 16 of the Código Procesal Penal, which provides: “Criminal action shall be public or private. When public, it shall be exercised by the Public Prosecutor’s Office, without prejudice to the participation that this Code grants to the victim or to citizens. In crimes against national security, public peace, public authorities, the constitutional order, the environment, the maritime-terrestrial zone, the public treasury, the duties of public office, tax offenses, and those contained in the Ley de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; the Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 and the Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, Nº `6872, de 17 de junio de 1983, the Procuraduría General de la República may also directly exercise such action, without being subordinate to the acts and decisions of the Public Prosecutor’s Office. In matters initiated through action by the Procuraduría, it shall be deemed a party and may pursue the same remedies that this Code grants to the Public Prosecutor’s Office” (emphasis not in the original); that institution is the holder of the public criminal action and the civil consequences arising therefrom in environmental crimes, provided that it has joined the litigation (litis) as the State’s representative and exercises the rights and powers conferred by that authority. If it does not enter an appearance as a party in the case file, however, the Prosecutor’s Office must assume such representation because diffuse interests are involved and the resulting harm affects the community. In the case before us, a cursory review of the first-instance judgment (cf. folios 1 through 21 of the physical case file) shows that Licenciado Manrique Ruíz Leal, Procurador Adjunto Ambiental of the Procuraduría General de la República, entered an appearance in the proceedings. He represented the State in the adversarial proceedings, pursued the corresponding private-prosecution complaint and civil action filed by that institution at the proper time, and is, moreover, the person who actually filed the appeals and cassation appeal in this case.

For the foregoing reasons, that entity is the only party with standing to appeal the civil issues arising from this investigation, and not the prosecuting attorney, who lacks standing in these matters because the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) has appeared pursuant to a statutory mandate. As for the third ground raised by the Prosecutor’s Office, this argument meets the same fate as the preceding ones, since the Public Prosecution Service (Ministerio Público) plainly lacks standing, given that the challenge is directed against the reasoning provided by the Appellate Court in rejecting the second ground of the appeal filed by the Office of the Attorney General of the Republic. Accordingly, the prosecutor lacks standing to challenge this issue and, much less, has any procedural interest in doing so, insofar as the appeal previously filed by the prosecutor did not challenge that matter.

This is even more evident when one considers that the Office of the Attorney General itself did not challenge on cassation the rejection of its second ground of appeal, thereby demonstrating its agreement with the ruling. In other words, if the affected participant itself had no interest in appealing that issue, a third party has even less (…)” (Criminal Cassation Chamber, decision number 2022-00437, at 16:46 hours on April 22, 2022, signed by Justices Patricia Solano, Jesús Alberto Ramírez, Gerardo Rubén Alfaro, Sandra Eugenia Zúñiga, and Rafael Segura). The following conclusions may be drawn from this decision:

  • 1)restitution of the thing or property (restitución de la cosa u objeto) is a right of the victim as such and, therefore, does not require the filing of a civil action for damages (acción civil resarcitoria) in order to demand it;
  • 2)in environmental offenses (delitos ambientales), the holder of the public criminal action (acción pública penal) and of the civil consequences arising therefrom is the P.G.R., provided that it has joined the proceedings (litis) as the party representing the State and exercises the rights and powers conferred by that authority;
  • 3)if the P.G.R. does not become a party, such representation must be assumed by the Prosecutor’s Office because diffuse interests (intereses difusos) are involved and the resulting harm affects the community;
  • 4)if the P.G.R. files a civil action for damages, that institution is the only party with standing to appeal the civil issues arising from environmental offenses, because it has appeared pursuant to a statutory mandate. It should be added that the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal) did not expressly grant a natural person the right to conduct a criminal prosecution for environmental offenses, since this was reserved for the legal entities described in subsection d) of Article 70 of the procedural code, as well as for the Public Prosecution Service and the Office of the Attorney General of the Republic, as provided in Article 16 of that code. These provisions of the Code of Criminal Procedure must be read in conjunction with Article 2 of the Organic Law of the Public Prosecution Service (Ley Orgánica del Ministerio Público), which states: “Article 2. Functions. The Public Prosecution Service is responsible for petitioning the criminal courts to apply the law through the exercise of criminal action and the conduct of the preliminary investigation in publicly prosecutable offenses (delitos de acción pública) (…)”. Finally, the Criminal Cassation Chamber has held that a victim assumes the status of a party to the proceedings (parte procesal) when the person [natural or legal] becomes a private prosecutor (querellante) or civil plaintiff (actor civil): ‹‹(…) As this Chamber has previously stated, “because the victim did not become a private prosecutor or civil plaintiff in accordance with the procedural rules governing such acts, the victim did not assume the status of a party to the proceedings in the strict sense. This has direct implications for the victim’s ability to participate actively in the criminal proceedings. That circumstance affects the procedural stages at which the victim has full standing to exercise directly the right to challenge a particular judicial decision. This is because, under the procedural rules currently in force, the direct participation of a victim who did not exercise the right to become a private prosecutor or civil plaintiff is expressly limited solely to the right to appeal an order dismissing the proceedings (desestimación del proceso) and a final dismissal (sobreseimiento definitivo), as provided in Articles 282 and 340 of the Code of Criminal Procedure.” Nevertheless, with respect to the procedural possibility of filing an appeal before the various Courts of Appeal for Criminal Judgments or before the Criminal Cassation Chamber itself, standing to file the corresponding appeal is limited by the legal system currently in force. This is because, for a victim who has not become a private prosecutor or civil plaintiff to file directly the corresponding appeal from judgment or cassation appeal, a sine qua non requirement is that the victim first submit a “request for intervention to the Public Prosecution Service” (solicitud de instancia ante el Ministerio Público). This matter is governed by Article 441 of the Code of Criminal Procedure (…)››. (Decision number 2016-0628, at 09:50 hours on June 24, 2016, cited in decision number 2023-0910, at 09:22 hours on October 05, 2023, both issued by the Third Chamber and signed by Justices Ramírez Quirós, Alfaro Vargas, Segura Bonilla, Fernández Calvo, and Serrano Baby). In this regard, it should be noted that, in deciding the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) filed in expediente 10-012026-007-CO concerning the P.G.R. “directive” that rejected the application of alternative measures (medidas alternas) in reckless-driving offenses, the Constitutional Chamber held as follows: “(…) VI.- Unconstitutionality of the general verbal instructions issued by the Office of the Attorney General of the Republic against negotiating alternative measures in criminal proceedings. From the foregoing, it follows that although the Office of the Attorney General of the Republic, in its capacity as the State’s legal representative, may in turn act as the representative of the “victim” in certain offenses and therefore decide, in each specific case, whether or not to negotiate an alternative measure, it may not issue general provisions or verbal instructions, without any basis, that generally restrict the application of such measures, because doing so renders them ineffective and supplants the will of the legislature, which, in exercising its authority to design criminal policy, determined that the rules of criminal procedure should include alternative methods of resolving the dispute, given that Article 7 of the Code of Criminal Procedure itself establishes the following as one of the principal purposes of the proceedings: “…to resolve the dispute arising from the act, in accordance with the principles contained in the laws, with a view to helping restore social harmony between the parties and, in particular, restoring the victim’s rights.” The principle of legality (principio de legalidad) must be understood as inherent in every stage of the creation and application of criminal offenses: there is no offense without a prior, written, and strict law; there is no punishment without law; and punishment may not be imposed without a fair trial and in accordance with the law. Thus, this principle encompasses criminal-offense, penal, procedural, and enforcement legality. The State must act in complete subordination to the rule of law and within its limits; moreover, by virtue of the principles of legal certainty and defense, citizens or those subject to the rules must be guaranteed access to information regarding which conduct is prohibited and its consequences, as well as the procedure that will apply if they are tried for committing an offense. In creating the various alternative measures within criminal proceedings, such as conciliation (conciliación), full reparation for harm (reparación integral del daño), and conditional suspension of proceedings (suspensión del proceso a prueba), the legislature adopted a criminal-policy approach grounded in instruments of international law and established various conditions and requirements for their application, including the victim’s free and voluntary consent, the nature of the offense, the severity of the penalty, the manner in which it was committed, the harm caused, and the appropriate procedural stage at which they may be agreed upon. Thus, if the Office of the Attorney General of the Republic chooses not to negotiate alternative measures in cases in which it appears as a party under the legal system, it must provide grounds for that decision, supported by clear and objective reasons and based on criteria of suitability, necessity, and proportionality, so that the parties may know the reasons for that course of action and understand what to expect (…)”. (Decision number 2011-6350, at 14:34 hours on May 18, 2011. To the same effect, decision number 2011-6803, at 15:25 hours on May 25, 2011, both issued by the Constitutional Chamber. Emphasis added). The Poder Judicial legal dictionary defines a party as a “natural or legal person who litigates in a judicial proceeding” Diccionario | Diccionario Usual | Poder Judicial de Costa Rica (poder-judicial.go.cr). Based on the foregoing, it is clear that the P.G.R. is not the victim in environmental offenses but rather the victim’s legal representative; and, to exercise fully the rights and powers granted to it by the Code of Criminal Procedure—which include acting independently of the Public Prosecution Service’s judgment—it must become a party, that is, file a private prosecution (querella) and a civil action at the appropriate procedural stage (if there is loss or damage requiring compensation), or proceed as provided in the final paragraph of Article 16 of the procedural code: “(…) In matters initiated through an action by the Office of the Attorney General, it shall be deemed a party and may pursue the same remedies that this Code grants to the Public Prosecution Service.” Otherwise, if the P.G.R. is not a party to the criminal proceedings, it cannot improperly claim victim status in an attempt to establish standing to perform certain procedural acts on its own, since those acts are authorized only for a party to the proceedings. C) The specific case. In the matter under review, the P.G.R. did not become a party, even though it filed a submission erroneously requesting that it be regarded as the victim (cf. folio 307 of the electronic case file); consequently, because this is a publicly prosecutable offense, the Public Prosecution Service is responsible for directing the criminal action. It has been established that the P.G.R. was duly informed of the acts marking each procedural stage and in which it could have participated actively as the State’s representative to state its legal position: it was notified of the indictment (cf. folio 143), the scheduling of the preliminary hearing (cf. folio 248), the scheduling of the trial (cf. folio 332), and the conciliation agreement entered into by the defense and the Public Prosecution Service (cf. folio 366). Nevertheless, it did not become a private prosecutor or civil plaintiff, did not appear at the preliminary hearing or at trial, and did not state a position regarding the conciliation entered into by the parties. This demonstrates that its position in the proceedings resulted from its decision not to participate in the case, despite having been informed of every procedural act. This in no way disregards the fact that the P.G.R., in its role as the State’s legal representative, could have appeared at trial or, at a minimum, responded to the opportunity afforded by the trial court to state its position regarding the alternative measure being negotiated by the parties. Nevertheless, it made no statement on the matter; therefore, the P.G.R.’s rights to participate in a discussion in which its position could have been considered—the application of an alternative measure—were not violated.

However, since the Ministerio Público was exercising exclusive authority over the criminal prosecution (acción penal), it assumed the defense of the State’s rights because diffuse interests (intereses difusos) were involved, the impairment of which affects the community; consequently, for purposes of the adversarial proceeding (contradictorio), the prosecuting body had standing (legitimación) to make decisions regarding the criminal prosecution at the trial stage. Accordingly, in this case, the P.G.R’s right to be informed of and participate in the discussion of an alternative measure (medida alterna), in its capacity as the victim’s legal representative, was not violated, because it was duly notified of the setting of the matter for trial and was given notice, for a period of three days, of the documents appearing at folios 362 to 365, which substantiate payment of the donation of quinientos mil colones to the Hogar de Ancianos de la Zona de Santa María de Dota; therefore, the alternative measure agreed upon by the Ministerio Público is not affected by any defect.

In view of the foregoing, the third ground for cassation (casación) raised by the Procuraduría General de la República is denied, since the alternative resolution of the dispute was lawfully agreed upon by the body exercising exclusive authority over the criminal prosecution, and the rights afforded to the legal representative of the injured party (parte ofendida), who had not formally become a party to the proceedings (parte procesal), were observed.

IV.Cross-appeal in cassation (recurso de casación por adhesión) by the Ministerio Público. First ground. It alleges an “erroneous interpretation of a procedural legal provision: Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público” (cf. folio 38, emphasis omitted). As its legal basis, it cites Article 468(b) of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). It argues that the appellate court (ad quem) dismissed the prosecution service’s appeal as inadmissible based on an erroneous interpretation of section 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público. It explains that this article affords the Ministerio Público the possibility for a hierarchical superior, through correction (enmienda), to “rectify the prosecution’s representation” (cf. folio 38) undertaken by a subordinate in any proceeding within the criminal case, whether because of an omission or an improper action. It cites the provision under discussion and states that, under a correct interpretation of that article, the deputy prosecutor (fiscal adjunto) may file appeals to correct an erroneous ruling or omission by a lower-ranking prosecutor, all of which, it believes, could even be unrelated to a difference in judgment, because the error may occur, for example, due to a prosecutor’s lack of knowledge or carelessness in failing to object or propose some other condition in connection with some type of alternative measure (medida alterna).

It contends that the appellate court erroneously interpreted Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público because that provision does authorize the superior to correct the subordinate’s actions or omissions, thereby causing prejudice because, under that erroneous interpretation, the prosecution service’s appeal was declared inadmissible. It cites ruling 2022-317 of the Sala de Casación Penal and objects that the appellate court is giving Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público a different interpretation, imposing limitations that the provision does not establish, and even stating that the provision “has the nomen iuris of ‘Correction,’ but in fact addresses two entirely different situations” (cf. folio 39 of the physical case file created for that purpose). As grounds for prejudice, it states that, because Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público was disregarded, an appeal by way of correction (recurso de apelación por enmienda) was filed and the appellate court dismissed it as inadmissible, thereby impairing the punitive claims (pretensiones punitivas) of the Ministerio Público, which seeks to bring the corresponding criminal prosecution (acción penal) against the accused (encartado). As relief, it requests that the challenged ruling be vacated and that the case be remanded for adjudication of the prosecution service’s appeal.

V.The first ground of the prosecutorial body’s cross-appeal in cassation (casación por adhesión) is granted. The Ministerio Público files an appeal (recurso de apelación) against the decision issued by the Tribunal Penal de Cartago ordering a final dismissal (sobreseimiento definitivo) due to extinguishment of the criminal action (extinción de la acción penal) through performance of the conciliation agreement (acuerdo conciliatorio). Thus, the deputy prosecutor of Cartago, Jofrey Salas Fuentes, challenges this decision, alleging that, pursuant to Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público, he has standing, by way of hierarchical correction (enmienda jerárquica), to appeal. The appellate court (tribunal de alzada), for its part, declares the appellate pleading (libelo impugnaticio) inadmissible and states that Article 439 of the procedural code (código adjetivo) provides that only a party whose actions did not contribute to causing the defect that it later seeks to challenge may appeal and that, in any event, the second paragraph of Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público concerns a situation different from correction and authorizes the hierarchical superior to replace the prosecutor who had been handling the matter or, alternatively, to have another prosecutor file any available appeals: “(…) The circumstances in which an appeal may be filed are not limited simply to seeking reversal of the court’s decision because the superior disagrees with it, as occurs in the present case; rather, as the Tribunal de Apelación se Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José correctly states in decision 1245-2021 at 14:50 hours on August 19, 2021: ‘…there may even be a situation in which the hierarchical superior withdraws an appeal filed by a lower-ranking representative (Article 445 of the Código Procesal Penal), or challenges a judgment in favor of the accused pursuant to the principle of objectivity….’ A divergence of legal opinion between the superior and that expressed by the subordinate during the hearings may not be regarded as an error unless it is based on noncompliance with the general guidelines previously established by the institution.

This again demonstrates that not every prosecutorial statement or request may be subject to ‘hierarchical correction’ through an appeal, but only those that ‘the law authorizes,’ as expressly provided by Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público (…).” (cf. reverse of folio 12 and folio 13; emphasis in the original omitted). After conducting a meticulous analysis of the appeal in cassation (recurso de casación) filed by the Ministerio Público and the decision of the court below (ad quem), this Chamber concludes that the appellant is correct, for the reasons set forth below. The procedural mechanism (instituto procesal) of hierarchical correction is governed by Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público, which provides as follows: “The hierarchical superior may correct, through a reasoned opinion identifying the error or errors committed, the statements or requests of the subordinate, provided that the corresponding decision has not yet been issued.

Likewise, once those decisions or any others have been issued, that superior may direct another representative of the Ministerio Público to file such appeals as the law authorizes or to assume responsibility for continuing the proceedings.” This mechanism is a tool through which the prosecuting body, in accordance with the principles of unity of action and hierarchical dependence (unidad de actuaciones y dependencia jerárquica), ensures consistency in the manner in which its officials act. Those officials act by delegation from and under the authority of the Fiscal General (Article 15 of the Ley Orgánica del Ministerio Público), and it is precisely by virtue of that mandate that prosecutors need only enter an appearance in order to participate validly in a case (Article 16 of the same statute). From the foregoing, it is clear that Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público empowers the hierarchical superior within the Ministerio Público to file any appeals deemed necessary in order to correct any error committed by subordinate personnel during the proceedings. In this regard, this Chamber has held that Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público governs three different situations:

  • 1)the situation contained in the first paragraph, which provides for the possibility of correction by the superior prosecutor when, after the lower-ranking prosecutor has issued a statement or made a request, the superior intervenes before the judicial body issues the corresponding decision; for this purpose, the superior must identify the errors committed by the subordinate so that the judicial authority may take those matters into account when deciding the case;
  • 2)the situation provided for in the second paragraph, in which the lower-ranking prosecutor has issued a statement or made a request and the judicial authority has rendered a decision that may be challenged by the superior; and
  • 3)once “those decisions or any others” have been issued (as the provision expressly states), the hierarchical superior may appoint another representative of the Ministerio Público to file such appeals as the superior deems appropriate. In addition, the Sala de Casación Penal has ruled as follows regarding prejudice (agravio) and the exercise of the criminal action: “(…) It is therefore clear that the possibility of correction remains available with respect to any statement or request made by a member of the prosecutorial body when that member’s Superior deems it appropriate and necessary. In summary, the basis given by the second-instance judge for declining to analyze the disputed issue—namely, that the Ministerio Público suffered no prejudice—is invalid (…) the absence of prejudice cannot in any way be established merely because, in closing arguments, the Prosecutor requested that the accused be absolved of criminal liability; nor can this be equated with a lack of action or interest on the part of the ministerial body. Rather, it is a decision made after analyzing the evidence, which is not binding upon that body. Accordingly, the hierarchical correction sought is applicable, and the Ministerio Público continues to exercise the criminal action by operation of law (…). Additionally, it should first be recalled that the Código Procesal Penal (enacted through Ley Nº 7594, published in La Gaceta Nº 106 of June 4, 1996) and the Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley Nº 7442 of October 25, 1994, but entirely amended by Ley Nº 7728 of December 15, 1997) are laws of the Republic of equal rank; however, because the latter was enacted later, the provision under discussion established an exception to the requirement of prejudice set forth in Article 439 of the Código Procesal Penal, which provides: ‘The parties may challenge only judicial decisions that cause them prejudice, provided that they did not contribute to causing it. The appeal must be based on an objection to the defects causing the adverse effect....’ In other words, pursuant to Article 18, the hierarchical superior does have the legal authority to correct the actions of subordinates and, consequently, to file such appeals as the superior deems appropriate, even when they arise from an error caused by the Ministerio Público. The contrary interpretation would be excessively formalistic and devoid of practical meaning: it would amount to stating that the superior’s appeal is proper and admissible, only then to reject it on the ground that no prejudice exists because the decision is consistent with the relief requested, when the very purpose of the appeal is to correct conduct that the superior considers erroneous. That prerogative of the Ministerio Público could certainly be challenged or referred for consultation on constitutional grounds as violating the principle of equality between the parties to the proceedings; however, unless and until the Sala Constitucional issues a ruling requiring otherwise, the hierarchical superior must be permitted to challenge—as here—decisions whose outcome the prosecutorial body itself contributed to producing.” (Decision number 2020-01718, at 12:23 hours on December 17, 2020, issued by the Sala de Casación Penal and signed by Justices Jesús Ramírez, Patricia Solano, Álvaro Burgos, Gerardo Rubén Alfaro, and Sandra Eugenia Zúñiga). Likewise, this Chamber has held that hierarchical correction is a means by which the prosecutorial body corrects inconsistencies that may arise in the exercise of the criminal action, because a public interest is at stake: “(…) As occurred in this particular case, deputy prosecutor Laura Monge Cantero decided to correct the actions of the lower-ranking prosecutor who attended the adversarial proceeding (contradictorio) and authorized appellate prosecutor Adriana Chaves Redondo to file an appeal; both professionals have now filed an appeal in cassation against the decision of the court below. Based on the cited decision, it may therefore be concluded that the error alleged by the appellants remains present in this case, because the appellate court’s analysis, reasoning, and conclusion are all incorrect. It cannot be argued that no prejudice was caused. It must be recalled that the Ministerio Público does not act merely as another private party in the proceedings; rather, it protects a public interest. Accordingly, it is improper to decide on that basis not to examine the merits of the appeal filed. This assertion is clearly fallacious because allegations concern facts, not legal classifications; therefore, the erroneous legal classification of a factual scenario does not mean that it should not be examined in each particular case to determine whether the events described contain the elements of one or more other criminal offenses, as occurs here. It is clear that the Ministerio Público’s charging instrument (pieza acusatoria) was committed for trial by the judge at the intermediate stage and thus came before the judicial body. A public interest was therefore at stake in having a decision issued as required by law, based on an assessment of the evidence under the rules of reasoned sound judgment (sana crítica racional). Accordingly, it is improper to conclude that the prosecuting body suffered no prejudice merely because the criminal event was incorrectly classified. It must not be overlooked that precisely this type of inconsistency in the exercise of the criminal action gives rise to prejudice to the prosecutorial representation, which has this corrective mechanism provided by the criminal procedural legal system itself. The hierarchical correction sought is clearly applicable because Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público must be interpreted systematically in conjunction with Article 439 of the Código Procesal Penal. Thus—apart from the abstract authority inherent in hierarchical correction—it is legally viable in the case at bar (sub lite) to find that prejudice arose in determining the quantum of punishment (dosimetría penal); this constitutes sufficient grounds to sustain the claim asserted by the prosecuting party through the ordinary avenue of appeal, and the ground is therefore granted (…).” (Decision number 2022-00317, at 16:28 hours on March 18, 2022, issued by the Sala de Casación Penal. The panel consisted of Justices Jesús Ramírez, Álvaro Burgos, Sandra Eugenia Zúñiga, William Serrano, and Rosa Acón). The Ministerio Público is the State body responsible for objectively exercising the criminal action, and its actions are governed by hierarchical dependence. This means that prosecutors are subject to the guidelines or instructions issued by the Fiscalía General de la República in the performance of their duties.

Thus, while always respecting the principle of legality (principio de legalidad), there is a system of orders or instructions that must be followed to ensure consistency of action by the prosecuting authority (órgano acusador)—which is a single authority throughout the country—and to prevent the uneven or even abusive exercise of criminal prosecution (acción penal). This consistency of action is achieved by requiring all prosecutors to follow the same legal approach in their work, and this unification of criteria is also accomplished through mechanisms such as hierarchical correction (enmienda jerárquica), which, as explained, is intended to correct an erroneous action by a lower-ranking prosecutor, as expressly provided for in Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público. Accordingly, the legal reasoning of the appellate court (ad quem) in declaring inadmissible the appeal (recurso de apelación) filed by the prosecuting authority is unsound insofar as it was based on the view that this provision does not authorize the hierarchical superior to challenge a decision; on the contrary, this section expressly provides that the superior may order the filing of any appeals authorized by law once the rulings have been issued by the judicial authority.

Although this Chamber considers that a mere divergence of legal opinion between the superior and the position expressed by the subordinate during the hearings does not per se justify a hierarchical correction legitimizing a challenge, since it must be explained how the general directives previously established by the institution were breached, as provided in Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público itself, in this case the appeal was declared inadmissible primarily on the grounds that the article in question does not authorize the superior to challenge a decision through hierarchical correction and that section 439 of the procedural code (código adjetivo) limits the right to appeal to a party that did not contribute to causing the prejudice. This interpretation disregards the duty of the Ministerio Público to initiate criminal proceedings in accordance with the Constitución Política and the law, by duly reporting, issuing opinions, raising objections, or pursuing criminal prosecution with the strictest respect for the rights and guarantees of the parties.

Hierarchical correction therefore entails ensuring the legality of the prosecuting authority’s actions. Article 18 of the Ley Orgánica del Ministerio Público clearly establishes that a superior may correct the actions of a lower-ranking prosecutor, once a ruling has been issued, by means of the appeals permitted by law, because there is a public interest whose objective defense has been entrusted to the Ministerio Público. In view of the foregoing, the first ground of the Ministerio Público’s cassation appeal (motivo de casación) is upheld because an erroneous application of a procedural provision concerning hierarchical correction has been established. Consequently, ruling number 2025-024, issued at 11 hours on 17 de enero de 2025 by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, is partially vacated insofar as it declares the prosecuting authority’s challenge inadmissible, and the matter is remanded to the appellate court (tribunal de alzada) so that, with a newly constituted panel, it may hear the appeal filed by the Ministerio Público.

VI.Second ground of the Public Prosecution Service’s cross-appeal brief. It alleges “failure to observe a procedural legal provision: serious errors in the logical construction of the grounds” (cf. folio 39, emphasis omitted). As its legal basis, it cites Articles 142 and 468(b) of the Code of Criminal Procedure. It claims that there is a serious error in the statement of reasons (fundamentación) when the court below justifies the inadmissibility of the Public Prosecution Service’s appeal based on highly limited and strict reasoning that cannot be derived from Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecution Service, stating that the amendment (enmienda) concerns circumstances different from those set forth in that provision. It quotes an excerpt from the appellate court’s ruling and states that, incorrectly and contrary to the ontological purpose of the provision, the court below limits the exercise of the authority to amend a prosecutorial action even though that provision establishes no limitation whatsoever, thereby disregarding the fact that, through a logical interpretation, the Public Prosecution Service may indeed correct the action or omission of a lower-ranking prosecutor; in other words, it considers that Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecution Service does not concern circumstances different from those of the amendment, as interpreted by the appellate court.

It further asserts that the court below may not “(…) disqualify the application of a provision based on the erroneous argument that the circumstances differ from the nomen iuris, since by proceeding in that manner it would be venturing into a function that does not belong to it and relying on reasoning that does not derive from the purpose of that procedural provision (…)” (cf. folio 40). It reiterates that the appellate court committed a serious error in its statement of reasons by generalizing the alleged defects and extracting or deriving situations not established by the mechanism of hierarchical amendment (enmienda jerárquica) provided for in Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecution Service, all of which caused prejudice to the prosecutorial body when its appeal by hierarchical amendment was declared inadmissible. It states that this failure to observe procedural rules relating to the duty to provide reasons had a substantial impact on the claim and position of the Public Prosecution Service in the present matter, resulting in impunity for the accused on illegitimate grounds and causing illegitimate prejudice to the prosecutorial body’s punitive claims when the appeal filed was declared inadmissible.

Third ground of the cross-appeal in cassation. It alleges the “existence of conflicting precedents issued by the Criminal Judgment Appellate Courts as compared with those issued by the Criminal Cassation Chamber: concerning the scope of the hierarchical amendment under Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecution Service” (cf. reverse of folio 40, emphasis omitted). As its legal basis, it cites Article 468(a) of the Code of Criminal Procedure. It explains that conflicting precedents exist regarding hierarchical amendment and its scope, as evidenced by the ruling of the court below and other decisions, and therefore seeks uniformity of criteria. It notes that the appellate court considers that Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecution Service does not govern circumstances in which the deputy prosecutor disagrees with the legal interpretation of a lower-ranking prosecutor, a view it supports by reference to Article 14 of the same organic law, because, according to the court below, a lower-ranking prosecutor is bound only by the general instructions with which the prosecutor must comply, since prosecutors enjoy freedom of judgment during oral hearings.

It quotes an excerpt from the challenged decision and ruling 2021-1245, issued at 14:50 hours on August 19, 2021, by the Criminal Judgment Appellate Court of the Second Judicial Circuit of San José, and states that both decisions reflect a restrictive approach to the interpretation or scope of the hierarchical amendment exercised by the deputy prosecutor. This approach conflicts with other decisions that do not recognize such limitations on the ability of the prosecutor in charge to “correct” an erroneous legal action by a subordinate. For example, it states that the Cassation Chamber has adopted the position that, under Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecution Service, the prosecutorial body does have the authority to challenge, through amendment, an error committed by a lower-ranking prosecutor, because Article 18 of the cited law provides three means of correcting an erroneous prosecutorial action.

It cites decision 2020-01718, issued at 12:23 hours on December 17, 2020, by the Criminal Cassation Chamber, and explains that in that ruling the Third Chamber confirmed the Public Prosecution Service’s authority for a deputy prosecutor to “reverse an incorrect position taken by a subordinate prosecutor through hierarchical amendment” (cf. folio 43). It cites decision 2022-317 of the Criminal Cassation Chamber and states that this ruling annulled decision 2012-1245 of the Appellate Court of the Second Judicial Circuit of San José, which, as stated supra, establishes a different legal criterion. In its view, this demonstrates that similar circumstances have been decided differently, that is, through differing interpretations of hierarchical amendment. From its perspective, the position consistently maintained by the Criminal Cassation Chamber (in decisions 2020-01718 and 2022-317) is the one that should be upheld because, by its legal and ontological nature, the amendment mechanism governed by Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecution Service constitutes a means by which the prosecutorial body may correct a criminal prosecution (acción penal) that another, lower-ranking prosecutor has failed to pursue correctly, whether by action or omission.

As prejudice, it asserts that when the court below declared the Public Prosecution Service’s appeal inadmissible, the prosecutorial body’s punitive claims in the specific case were harmed. As relief, it requests that the challenged decision be annulled and the matter remanded so that a ruling may be issued on the appeal filed by the Public Prosecution Service through hierarchical amendment. Because this Chamber is granting the first ground of the Public Prosecution Service’s cross-appeal in cassation, concerning the erroneous application of Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecution Service in relation to hierarchical amendment, it declines to rule on the second and third grounds of the cross-appeal in cassation brought by the prosecutorial body, which allege, respectively, a serious error in the logical construction of the reasoning and the existence of conflicting precedents, both arising from the appellate court’s interpretation of that provision when declaring the prosecuting body’s appeal inadmissible; accordingly, it is unnecessary to state a position once the objection has been upheld.

Therefore:

The third ground of the cassation appeal filed by the Procuraduría General de la República is denied. The first ground of the cross-appeal in cassation set forth by the Public Prosecution Service is granted; accordingly, decision number 2025-024, issued at 11 hours on January 17, 2025, by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, is partially annulled insofar as it declares the prosecutorial body’s challenge inadmissible, and the matter is remanded to the appellate court so that, with a newly constituted panel, it may consider the appeal filed by the Public Prosecution Service. In view of the manner in which this ground is resolved, the Court declines to rule on the second and third grounds of the prosecuting body’s cross-appeal in cassation. Let notice be given.

Patricia Solano C.

Gerardo Rubén Alfaro V.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

Aisen Herrera L.

Alternate Justice Giovanni Mena A.

Alternate Justice LQUIROSG (257-3 / 7-3-25)

Secciones

Marcadores

Revisión del Documento Res: 2026-00095 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las doce horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil veintiséis.

Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001]; mayor, costarricense, cédula de identidad número [...], nacido en [Nombre 002] el [...], hijo de [Nombre 003], por el delito de Invasión a un Área de Protección, cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso los magistrados y las magistradas Patricia Solano Castro; Gerardo Rubén Alfaro Vargas; Sandra Eugenia Zúñiga Morales; Aisen Herrera López y Giovanni Mena Artavia, estos dos último en calidad de suplentes. Además, en esta instancia, el licenciado Randall Aguirre Mena, en representación de El Estado. Se apersonó el representante del Ministerio Público, licenciado Julián Martínez Madriz.

Resultando:

  1. 1Mediante sentencia Nº. 2025-024 de las 11:00 horas del 17 de enero del 2025, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, resolvió: “POR TANTO: 1.- Se declara inadmisible el recurso de apelación de sentencia incoado por el fiscal adjunto de Cartago y se admite para su estudio de fondo el recurso planteado por el representante de la Procuraduría General de la Repúbica. 2.- Se declara sin lugar el único motivo del recurso de apelación planteado por el representante de la Procuraduría General de la República y se confirma la sentencia recurrida. Notifíquese. (sic).
  2. 2Contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de casación el licenciado Randall Aguirre Mena, en representación de El Estado.
  3. 3Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.
  4. 4En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa el magistrado Herrera López; y,

Considerando:

I.Mediante resolución número 2025-00464, de las 10:50 horas del 29 de mayo de 2025, esta Sala admitió para su estudio de fondo el tercer motivo del recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República, así como el recurso de casación por adhesión incoado por el Ministerio Público (cfr. folio 57 a 67 del expediente físico creado al efecto) contra la resolución número 2025-024, de las 11 horas del 17 de enero de 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera (cfr. folio 10 a 19 del legajo físico creado al efecto).

II.Tercer motivo del recurso de casación de la Procuraduría General de la República. Reprocha “errónea apliación de normas procesales en concreto de los artículos de los artículos 16 y 70 del Código Procesal Penal y 3 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y consecuentemetne inobservancia del numeral 58 de la Ley Forestal y 50 de la Constitución Política al señalar que el Estado no es víctima en los delitos contra el medio ambiente” (sic, cfr. folio 31 vuelto, se suprime el resaltado). Cuestiona que el ad quem aplicó de manera errónea los artículos 16 y 71 inciso b) del código adjetivo, al considerar que al Estado “le asiste el derecho de promover un proceso penal Querella y Acción Civil, no ostenta la condición de víctima, ya que el artículo 16 no le asigna dicha condición” (cfr. folio 31 vuelto). Explica que es importante tomar en cuenta que los delitos contra el medio ambiente a los que hace alusión el numeral 16 del código instrumental, los cuales se encuentran regulados en diversos cuerpos normativos, como por ejemplo, la Ley Forestal, deben ser analizados partiendo de lo que dispone el artículo 50 de la Constitución Política, el cual consagra que el Estado tiene la obligación de garantizar y preservar el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado, lo cual hace que en estos delitos ambientales exista una víctima colectiva que es afectada y cuya representación la tiene el Estado, la cual se ejerce por medio de la Procuraduría General de la República (en adelante P.G.R.).

Expone que en los delitos ambientales no hay una víctima individualizada sino una víctima colectiva, es decir, todas las personas ciudadanas costarricenses que son representados por el gobierno de la República mediante sus instituciones (artículo 9 de la Constitución Política). En consecuencia, alega que el artículo 16 del Código Procesal Penal no puede analizarse de manera sesgada como lo hace el tribunal de apelación cuando resuelve que la P.G.R. tiene la facultad de interponer querella y acción civil, pero no ostenta la condición de víctima, por lo que reclama que este artículo debe analizarse de manera conjunta con las normas constitucionales y las demás normas que otorgan atribuciones a la P.G.R. para representar al Estado. Refiere que el artículo 70 inciso a) del código adjetivo dispone que es víctima la persona directamente ofendida por el delito, y siendo que por persona debe entenderse tanto las físicas como las jurídicas, el Estado ejerce sus atribuciones por medio de entidades o personas jurídicas, por lo que cuando resulta afectado el medio ambiente se debe entender que el directamente afectado es el Estado como una entidad cuya representación legal la ejerce la P.G.R., por lo que -según su criterio- resulta un sinsentido señalar que la P.G.R.

(que representa al Estado) tenga la facultad de constituirse como parte procesal para presentar querella y acción civil, pero no para se le considere víctima para efectos de una medida alterna. Menciona que la condición del Estado como víctima no solo deriva de los numerales 16 y 70 del código adjetivo, sino también del artículo 58 inciso c) de la Ley Forestal, el cual otorga competencia exclusiva a la P.G.R. para establecer acción civil y proceder al cobro del daño ecológico ocasionado al patrimonio natural del Estado (bosques y áreas declaradas inalienables). Por otra parte, expone que el Ministerio Público no puede ejercer la representación de la víctima en los delitos descritos en el artículo 16 del Código Procesal Penal, pues considera que esto vulnera los numerales 3 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los cuales establecen la competencia que se ostenta para transar en procesos judiciales cuando se deba promover una medida alterna, sin que, desde su óptica, el órgano fiscal pueda arrogarse esta potestad.

Por ello, lo resuelto por el ad quem inobserva las normas citadas supra cuando establece que el Estado no es víctima en un asunto por infracción a la Ley Forestal y que el Ministerio Público puede ejercer la representación de la víctima para conciliar. Cita la resolución número 2022-437 de la Sala de Casación Penal. Como agravio describe que la resolución que impugna está generando un perjuicio al considerar que la P.G.R. no ostenta la condición de víctima, pues esto vulnera los derechos que han sido conferidos por el legislador cuando se tiene la representación del Estado, además, señala que de haberse aplicado de manera correcta las normas procesales, se habría anulado la resolución que ordena el sobreseimiento definitivo en la etapa de juicio. Como petitoria solicita se declare la ineficacia de la sentencia del ad quem y se ordene la devolución de los autos al tribunal de apelación para una nueva sustanciación.

III.El motivo de casación admitido se declara sin lugar. En este motivo de casación, la Procuraduría General de la República (en adelante P.G.R.) reclama la inobservancia de los derechos que asisten al Estado como víctima en los delitos previstos en el artículo 16 del Código Procesal Penal, por lo cual reprocha que se le tuvo que considerar a la P.G.R. como víctima para brindar su autorización para homologar el acuerdo conciliatorio que se propuso en la etapa de juicio. De esta forma, se describe que entre la defensa y el Ministerio Público se acordó el pago de una donación de quinientos mil colones en beneficio del Hogar de Ancianos de la zona de Santa María de Dota (cfr. folio 361 del expediente digital), sin embargo, fustiga que el órgano fiscal no se encontraba legitimado para representar los intereses del Estado en delitos contra el medio ambiente. A) Recuento de las actuaciones. La causa penal inicia el 24 de noviembre de 2020 cuando por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) presenta un informe a la Fiscalía de Tarrazú, Dota y León Cortés, en el cual explica que a partir de una denuncia interpuesta bajo el sistema de atención de denuncias ambientales (SITADA), el SINAC procedió a realizar una inspección del sitio y detectó la construcción de un galerón que es utilizado como garaje para guardar buses, el cual estaba invadiendo el área de protección de una quebrada.

El 04 de junio de 2021, el órgano fiscal pone en conocimiento de la P.G.R. la existencia de la causa penal número 20-000327-0988-PE, por el delito de invasión de un área de conservación o protección, en perjuicio de los recursos naturales (cfr. folio 125 del expediente digital). El 07 de junio de 2021, la doctora Magda Inés Rojas, en su calidad de procuradora general adjunta, presenta un escrito en el que apersona al licenciado Randall Albán Aguirre Mena, al máster Andrés Alfaro Ramírez y a la licenciada Margot Avellán Ruiz, para que actúen, separada o conjuntamente, en representación del Estado en la causa penal número 20-000327-0988-PE y señala como medio para atender notificaciones los números de fax 2222-5335, 2233-7010 y 2255-0997, rotuladas a nombre de Randall Albán Aguirre Mena. (cfr. folio 127 del expediente digital). A folio 129, la Fiscalía de Tarrazú, Dota y León Cortés tiene como parte del proceso a la P.G.R.

El Ministerio Público presenta acusación e imputa al señor ([Nombre 001]) los siguientes hechos: “1. El acusado ([Nombre 001]), es hermano de [Nombre 004] quien es la propietaria de la finca folio real número [Valor 001], plano catastrado [Valor 002], ubicada en [...], en las coordenadas [Valor 003] y [Valor 004], sitio que es utilizado como garaje para estacionar autobuses propiedad del encartado. 2. Sin determinar la fecha exacta, pero en el periodo comprendido entre el 02 y el 16 de noviembre del 2020, el acusado [Nombre 001], conociendo la ilicitud sus actos y sin contar y sin contar con los permisos de la Administración Forestal del Estado, construyó un galerón de cemento, perling y zinc con las siguientes medidas: 14 metros de largo por 12 metros de ancho y un muro de concreto de 25 metros de largo por 1.40 metros de alto e invadió el área de protección de la quebrada Rivas, dicha estructura invade el área de protección en 12 metros de largo por 8 metros de ancho, dichas edificaciones se ubican a una distancia de dos metros de la rivera de la quebrada. 3.

El día 02 de noviembre del 2020, en [...], se presentó el ingeniero [Nombre 005] de la Municipalidad de Dota, quien le notificó al acusado [Nombre 001], que debía detener la construcción por no tener los permisos municipales e incumplir con el alineamiento oficial (artículo 24 Ley de Construcciones), no obstante, el acusado ([Nombre 001]), indico que continuaría con las obras. 4. El día 16 de noviembre del 202, en [...], se presentaron [Nombre 006] y [Nombre 007] ambos funcionarios del SINAC, quienes realizaron inspección en el sitio y determinaron que la obra se encontraba finalizada, que dicho galerón y muro se edificaron dentro del área de protección de la quebrada Rivas. 5. Con dichas acciones, el acusado [Nombre 001], provocó un daño ambiental valorado en la suma de quinientos dos mil quinientos setenta y tres colones con cincuenta céntimos (₵502.573.50)” (sic, cfr. folio 131 y 132 del expediente digital, el resaltado pertenece al texto original).

Esta relación fáctica fue calificada como un delito de invasión de área de protección, previsto en los artículos 58 inciso a) y 61 inciso c) de la Ley Forestal. El órgano fiscal comunicó la acusación a la P.G.R. el 24 de marzo de 2023, mediante cédula de notificación visible a folio 143 del expediente digital. El señalamiento para audiencia preliminar fue notificado a la P.G.R. el día 08 de junio de 2023 (cfr. folio 248 del expediente digital). La P.G.R. no presentó querella ni acción civil, sin embargo, el 12 de julio de 2023 presentó un escrito en el que solicita se tome nota de su condición de víctima en el proceso: “En relación con el señalamiento para la Audiencia Preliminar el día 14 de julio próximo a las 9:30 horas, notificado mediante la resolución de las 13:31 horas del 08 de junio de 2023, con la antelación debida, comunicamos que no atenderemos esta diligencia en virtud de que esta Representación estatal ostenta la condición de víctimas, razón por la cual, solicitamos justificar nuestra inasistencia y se nos remita copia de la resolución correspondiente.

Asimismo, de plantearse una medida alterna se le solicita ponerla en nuestro conocimiento con el fin de elevarla a nuestra Jerarquía Institucional para su aprobación. Ruego en consecuencia resolver de conformidad y notificarnos al correo electrónico: [email protected] de la Oficina de Recepción de Documentos de la Procuraduría General de la República, o bien a los siguientes números de faxes:2233-7010, 22550997 y 2222-5335. Favor rotular las notificaciones a nombre del Lic. Randall Aguirre Mena” (cfr. folio 307 del expediente digital, se suprime el resaltado del texto original). La P.G.R. fue citada para la audiencia preliminar (cfr. folio 248 del expediente digital). El 14 de julio de 2023, el Juzgado Penal de Cartago dicta auto de apertura a juicio (cfr. folio 316 del expediente digital) y el Tribunal Penal de Cartago mediante resolución de las 10:08 horas del 15 de agosto de 2023, señala para debate (cfr. folio 318 del expediente digital).

Dicho señalamiento fue notificado a la P.G.R., al correo electrónico [email protected], el 15 de agosto de 2023 (cfr. folio 332 del expediente digital). A folio 360 se acredita que el señor [Nombre 001] no cuenta con antecedentes penales. El 26 de julio de 2024, el Tribunal Penal de Cartago homologa un acuerdo conciliatorio suscrito entre el Ministerio Público y la defensa, el cual consistió en el pago de una donación de quinientos mil colones a favor del Hogar de Ancianos de Santa María de Dota (cfr. folio 361 del expediente digital). El pago se efectuó el 30 de julio de 2024 (cfr. folio 363 y 364 del expediente digital). El Tribunal Penal de Cartago emite una resolución en la cual indica: “Se pone en conocimiento de las partes por el plazo de TRES DÍAS el contenido del escrito de fecha treinta de julio del dos mil veinticuatro, visible en el expediente digital” (cfr. folio 366, el resaltado pertenece al texto original).

Esta resolución fue notificada a la P.G.R. el 01 de agosto de 2024 y esta no se pronunció al respecto (cfr. folio 371 del expediente digital). El a quo dicta sobreseimiento definitivo mediante sentencia número 800-2024, de las 10:20 horas del 23 de agosto de 2024, por cumplimiento del acuerdo conciliatorio (cfr. folio 382 del expediente digital), la cual fue notificada a la P.G.R. y esta presenta recurso de apelación, la cual fue declarada sin lugar. B) Sobre la representación del Estado en los delitos ambientales. El artículo 45 de la Constitución Política consagra como principio intrínseco la inviolabilidad de la propiedad privada, sin embargo, el mismo ordinal deja de manifiesto que no se trata de un derecho de carácter absoluto, sino que se pueden imponer limitaciones en función de un interés social, como sucede con las limitantes en procura de la protección del ambiente. La disposición 46 constitucional señala – en lo que es de interés – que el derecho de todo consumidor y usuario, a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a un trato equitativo, así como al deber estatal de regular esta materia vía ley.

El numeral 50 de nuestra Carta Magna establece que se procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, así como el derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de ahí que el Estado tenga el deber de garantizar, defender y preservar este derecho constitucional que incumbe a todas las personas habitantes de la República. El artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente instaura los principios que inspiran dicho cuerpo normativo, dentro de los cuales resaltan los incisos d) y e), en el tanto consagran que quien contamine el ambiente o cause un daño será responsable, y que el daño ambiental es un delito de carácter social, en razón que afecta las bases de la existencia misma de la sociedad. Por su parte, del ordinal 1 de la Ley Forestal define como una función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables, prohibiéndose la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado.

Y dentro de ese deber de protección estatal, el artículo 33 de la Ley Forestal define las áreas de protección en las nacientes permanentes, en las riberas de los ríos, quebradas, arroyos, lagos y embalses naturales, lagos y embalses artificiales construidos por el Estado, las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales. Queda claro que el Estado tiene el deber de garantizar a los habitantes de la República el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a tal punto que, a través de la ley puede subordinar el uso y goce del derecho a la propiedad privada para proteger un interés social. Ahora bien, el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley N° 6815, dispone: “La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia (…)” (el resaltado es suplido), mientras que los incisos a) y d) del ordinal 3 de dicha ley definen que dentro de sus atribuciones se encuentras las siguientes: “a) Ejercer la representación del Estado en los negocios de cualquier naturaleza, que se tramiten o deban tramitarse en los tribunales de justicia (…), d) Intervenir en las causas penales, de acuerdo con lo que al efecto disponen esta ley y el Código de Procedimiento Penales (…)”.

Con respecto a sus actuaciones, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República indica: “Los procuradores tienen, en cuanto a los juicios en que intervengan ante las autoridades de justicia, las facultades que corresponden a los mandatarios judiciales, según la legislación común, con las restricciones siguientes: les está absolutamente prohibido allanarse, transar, conciliar o desistir de las demandas o reclamaciones, así como someter los juicios a la decisión de árbitros, sin la previa autorización escrita del procurador general, del procurador general adjunto o del funcionario en quien estos deleguen. No tendrá valor ni efecto alguno, en juicio ni fuera de él, lo que se haga en oposición al párrafo anterior, y la nulidad de los procedimientos, a que razonablemente dé lugar la violación, deberá ser declarada, aun de oficio, por los tribunales de justicia (…)”.

El resaltado es suplido. Es decir, la P.G.R. es quien -por disposición de ley- debe asumir la representación legal del Estado en los delitos ambientales, esto de acuerdo con lo que al efecto prevean el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Por su parte, el numeral 16 del código adjetivo estipula: “La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima o a los ciudadanos. En los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública, los poderes públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-terrestre, la hacienda pública, los deberes de la función pública, los ilícitos tributarios y los contenidos en la Ley de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 y la Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, Nº 6872, de 17 de junio de 1983, la Procuraduría General de la República también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a las actuaciones y decisiones del Ministerio Público.

En los asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al Ministerio Público” (el resaltado es suplido). Mientras que el artículo 38 del código de rito indica que la acción civil por daño social podrá ser ejercida por la P.G.R. cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos. A partir del anterior recuento normativo, puede concluirse lo siguiente:

  • 1)El Estado tiene el deber de garantizarle a las personas ciudadanas costarricenses un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ello, en los procesos penales por delitos ambientales asume la condición de víctima en procura de defender y preservar este derecho constitucional,
  • 2)la P.G.R., según la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es la representante legal del Estado en las materias propias de su competencia,
  • 3)la P.G.R. tiene el derecho de ejercer directamente la acción penal en los delitos de acción pública (sin estar subordinada a las actuaciones y decisiones del Ministerio Púbico), para lo cual puede constituirse en parte dentro del proceso penal, esto es, plantear querella y acción civil (si hay reclamos indemnizatorios derivados de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima), y
  • 4)si la P.G.R. decide no constituirse en parte, su participación en el proceso penal debe regirse según lo permita el Código Procesal Penal. En este punto conviene aclarar que cuando esta Cámara ha resuelto el derecho a la restitución de la cosa u objeto en los delitos ambientales en los que la P.G.R. no ha ejercido querella o acción civil, lo hace bajo el criterio legal de que no se requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria a fin de requerir la restitución del bien a su estado original, pues tal posibilidad jurídica es un derecho de la parte ofendida, es decir, del Estado. De particular interés, la Sala de Casación ha establecido las siguientes consideraciones: “(…) El punto medular en la primera y segunda queja del Ministerio Público, se fundamenta en que se le declaró la inadmisibilidad de su recurso de apelación, en razón que se consideró que no se encontraba legitimado para impugnar sobre el extremo de la restitución de las cosas a su estado original, para lo que uno de los jueces sustentó su resolución en la circunstancia que carecía de legitimación subjetiva para recurrir aspectos civiles del hecho punible, en razón que el actor civil del Estado es la Procuraduría General de la República, pues fue quien interpuso la acción civil resarcitoria; mientras que la cojueza que igualmente falló a favor de esta inadmisibilidad, lo hizo con base en el argumento de que si bien la restitución de la cosa u objeto, es un derecho de la víctima como tal y por ende, no requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria para exigirla, lo cierto es, que en el caso concreto, tal representación la ostentaba de forma exclusiva la Procuraduría General de la República. En este caso, lleva razón el órgano acusador, respecto a que no se requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria a fin de requerir la restitución del bien a su estado original, pues tal posibilidad jurídica es un derecho de la parte ofendida, tal y cual ha sido admitido por esta Cámara en la resolución N° 2019-1622, de las 14:40 horas, del trece de diciembre del dos mil diecinueve (13/12/2019), en la que se indicó: “(…) La restitución es entendida como la acción de “volver algo a quien lo tenía antes, así como restablecer o poner algo en el estado que tenía antes” (Diccionario de la Real Academia Española, vigésimo tercera edición, octubre de 2014). La anterior definición contiene las dos acepciones que la restitución tiene también en el plano jurídico, en tanto en su sentido amplio implica la “restitutio in tegrum”, es decir, la restitución al estado original, volver las cosas a las condiciones que tenían de previo a que se efectuara el ilícito; mientras que en sentido estricto se entiende como devolver a su legítimo poseedor o dueño la cosa de la que fue privado ilegítimamente con ocasión del delito. (Abdelnour Granados, Rosa. La responsabilidad Civil Derivada del Hecho Punible, Editorial Juricentro,1984. P. 261). En nuestro ordenamiento jurídico, tanto la legislación penal, como la procesal penal vigente, establecen que la restitución es la consecuencia civil preferente del delito. Propiamente en el numeral 103 del Código Penal se señala: “Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará:
  • 1)La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor;
  • 2)La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros; y
  • 3)El comiso”. La restitución dispuesta en el inciso 1) de la norma transcrita hace referencia a la cosa misma que ha sido el objeto material del delito, sobre la cual la víctima conserva los derechos que tenía antes de que se ejecutara el hecho, por tal razón, mientras que la cosa no haya desaparecido, la obligación de restituirla persiste. Por su parte, la indemnización y la reparación dispuestas en el inciso 2) se refieren a la responsabilidad civil surgida a raíz del hecho punible, por los perjuicios y daños ocasionados a la víctima. De lo expuesto se concluye que los institutos indicados son claramente diferenciables y que deben tener un abordaje por separado, pese a que todos son consecuencias civiles del hecho punible. Lo anterior se verifica en las disposiciones contenidas en el artículo 361 Código Procesal Penal, que señala: “Normas para la deliberación y votación El tribunal apreciará las pruebas producidas durante el juicio, de un modo integral y con estricta aplicación de las reglas de la sana crítica. Los jueces deliberarán y votarán respecto de las cuestiones, y seguirán en lo posible el siguiente orden: a) Las relativas a su competencia, a la procedencia de la acción penal y toda otra cuestión incidental que se haya diferido para este momento. b) Las relativas a la existencia del hecho, su calificación legal y la culpabilidad. c) La individualización de la pena aplicable. d) La restitución y las costas. e) Cuando corresponda, lo relativo a la reparación de los daños y perjuicios. Las decisiones se adoptarán por mayoría. Si esta no se produce en relación con los montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio.” (Negrita suplida). De este último precepto se deduce además que el pronunciamiento sobre la restitución de las cosas al estado anterior debe realizarse de manera oficiosa por el Juzgador, a diferencia de los aspectos relativos a los daños y perjuicios, sobre los que se podrá pronunciar “cuando corresponda”, es decir, cuando se haya ejercido la acción civil resarcitoria, pues sobre esta rige el principio dispositivo propio del derecho privado, en el que solo puede actuarse a instancia de parte (…)” (Integraron las y los Magistrados Ramírez, Zúñiga, Cortés, Desanti y Robleto). Empero, aún anulando esa errónea interpretación que realizó el Tribunal de Sentencia Penal de Cartago, lo cierto es, que queda vigente el otro argumento por el que el recurso fue declarado inadmisible, que hace referencia a la falta de legitimación del Ministerio Público en este tipo de supuestos y, es que en el caso concreto, como bien lo indicó el Tribunal de Segunda Instancia, a quien le corresponde defender los intereses civiles de la víctima (el Estado) es a su representante legal, que para efectos de la causa bajo examen, la misma recae sobre la Procuraduría General de la República, la cual sería la legitimada, en el tanto se haya efectivamente apersonado. Tal y como se infiere del numeral primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (N° 3848), que dispone: “La Procuraduría General de la República, adscrita a la Presidencia de la República, tiene la representación legal del Estado en lo que concierne a los intereses y a las materias que la presente ley determina (…)” en concordancia con la disposición 16 del Código Procesal Penal, que estipula: “La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima o a los ciudadanos. En los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública, los poderes públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-terrestre, la hacienda pública, los deberes de la función pública, los ilícitos tributarios y los contenidos en la Ley de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 y la Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, Nº `6872, de 17 de junio de 1983, la Procuraduría General de la República también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a las actuaciones y decisiones del Ministerio Público. En los asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al Ministerio Público” (lo resaltado no corresponde al original); el titular de la acción pública penal y las consecuencias civiles que se derivan de esta, en delitos ambientales, es dicha institución, siempre y cuando se haya integrado en la litis como representante del Estado y ejerza los derechos y potestades que tal facultad le concede, puesto que, si la misma no se apersona como parte al expediente, tal representación le corresponderá asumirla a la Fiscalía, por estar involucrados intereses difusos, cuyo daño afecta la colectividad. En el expediente que nos ocupa, de una revisión somera de la sentencia de primera instancia (cfr. folios 1 al 21, del expediente físico) se visualiza que en el mismo, estuvo apersonado el Licenciado Manrique Ruíz Leal, Procurador Adjunto Ambiental, de la Procuraduría General de la República, el cual fue el que representó al Estado en el contradictorio, ejerció la respectiva querella y acción civil incoada en su oportunidad por esta institución, e incluso, es la persona que efectivamente ha presentado los recursos de apelación y casación en esta causa. Por lo anterior, es que es dicho ente el único legitimado para recurrir sobre los extremos civiles que derivan de la presente investigación y no el representante fiscal, quien en estos aspectos, por estar apersonada por mandato legal la Procuraduría General de la República, carece de legitimación. En cuanto al tercer motivo interpuesto por la Fiscalía, corre este alegato la misma suerte que los anteriores, puesto que es evidente la falta de legitimación del Ministerio Público, dado que el reproche va dirigido contra los argumentos dados por el Tribunal de Alzada a efectos de rechazar el segundo motivo del recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República. Es por ello, que el acusador no se encuentra legitimado para impugnar este punto y mucho menos ostenta interés procesal alguno, en el tanto en el recurso de apelación que presentó en su oportunidad no impugnó tal tópico. Lo que se evidencia aún más, si se toma en cuenta que la propia Procuraduría no impugnó en casación el rechazo de su segundo motivo de apelación, con lo que se mostró conforme con lo resuelto. Es decir, si el propio interviniente afectado no tuvo interés en recurrir tal extremo, mucho menos lo tiene un tercero (…)” (Sala de Casación Penal, resolución número 2022-00437, de las 16:46 horas del 22 de abril de 2022, suscrita por las personas magistradas Patricia Solano, Jesús Alberto Ramírez, Gerardo Rubén Alfaro, Sandra Eugenia Zúñiga y Rafael Segura). De esta resolución, pueden extraerse las siguientes conclusiones:
  • 1)la restitución de la cosa u objeto es un derecho de la víctima como tal, y por ende, no requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria para exigirla,
  • 2)en los delitos ambientales, el titular de la acción pública penal y las consecuencias civiles que se derivan de esta, es la P.G.R. siempre y cuando se haya integrado en la litis como parte representante del Estado y ejerza los derechos y potestades que tal facultad le concede,
  • 3)si la P.G.R. no se constituye en parte, tal representación corresponderá asumirla a la Fiscalía, por estar involucrados intereses difusos, cuyo daño afecta a la colectividad,
  • 4)si la P.G.R. presenta acción civil resarcitoria, el único legitimado para recurrir sobre los extremos civiles que se derivan de los delitos ambientales es dicha institución por estar apersonada por mandato legal. Debe agregarse que el Código Procesal Penal no le confirió de forma expresa a una persona física la posibilidad de ejercer la persecución penal por delitos ambientales, por cuanto esta quedó reservada para ser promovida por las personas jurídicas descritas en el inciso d) del artículo 70 del código adjetivo y el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, según lo prevé el artículo 16 del código de rito. Estas normas del Código Procesal Penal deben concordarse con el texto del artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que se lee: “Artículo 2. Funciones. El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública (…)”. Finalmente, la Sala de Casación Penal ha definido que el carácter de parte procesal en el caso de la víctima se asume cuando la persona [física o jurídica] se constituye en querellante o actor civil: ‹‹(…) Como ha indicado esta Cámara con anterioridad, “la víctima al no haberse constituido en querellante o actor (a) civil, según los lineamientos procesales que rigen para tales actos, no ha asumido el carácter de parte procesal en sentido estricto. Esto tiene implicaciones directas, en cuanto a su facultad de participación activa dentro del proceso penal. Tal circunstancia incide en los momentos procesales, en que la víctima se encuentre con plena legitimación, para poder ejercer de forma directa su derecho impugnaticio, contra una determinada resolución jurisdiccional. Esto por cuanto, con las actuales normas procesales vigentes, la participación directa de una víctima, que no ejerció su derecho de constituirse como querellante o actor (a) civil, se limitan de forma expresa, únicamente al derecho de recurrir el dictado de la desestimación del proceso y el sobreseimiento definitivo, según lo dispuesto en los artículos 282 y 340 del Código Procesal Penal.” No obstante, cuando se trata de la posibilidad procesal, de recurrir ante los diversos Tribunales de Apelación de Sentencia o ante la propia Sala de Casación Penal, la legitimación subjetiva para poder interponer el respectivo recurso, se ve limitada por parte del ordenamiento jurídico vigente. Esto por cuanto, para que una víctima no constituida como querellante o actor (a) civil, pueda interponer de forma directa el respectivo recurso de apelación de sentencia o de casación, debe originarse como requisito sine qua non, una “solicitud de instancia ante el Ministerio Público”. Aspecto regulado en el Código Procesal Penal, en el numeral 441 (…)››. (Resolución número 2016-0628, de las 09:50 horas del 24 de junio de 2016, citada en el voto número 2023-0910, de las 09:22 horas del 05 de octubre de 2023, ambas de la Sala Tercera, suscrita por los magistrados Ramírez Quirós, Alfaro Vargas, Segura Bonilla, Fernández Calvo y Serrano Baby). En este orden de ideas, debe señalarse que la Sala Constitucional al resolver la acción de inconstitucionalidad incoada en el expediente 10-012026-007-CO, referente a la “directriz” de la P.G.R. que rechazaba la aplicación de medidas alternas en los delitos de conducción temeraria, dispuso lo siguiente: “(…) VI.- Inconstitucionalidad de las instrucciones verbales de carácter general giradas por la Procuraduría General de la República para no negociar medidas alternativas en el proceso penal. Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, se infiere que si bien la Procuraduría General de la República, en su condición de representante legal del Estado, puede figurar a su vez como representante de la “víctima” en determinados delitos y por ende, decidir en cada caso concreto, si negocia o no una medida alternativa, lo cierto es que no puede dictar disposiciones de carácter general o girar instrucciones verbales, sin fundamento alguno, donde se limite de una forma generalizada la aplicación de dichas medidas, pues ello implica hacerlas nugatorias y sustituir la voluntad del legislador, quien en su competencia para diseñar la política criminal, consideró que debían incluirse en el ordenamiento procesal penal, formas de solución alternativas al conflicto, atendiendo a que en el mismo artículo 7 del Código Procesal Penal se fija como uno de los fines principales del proceso: “…resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento de los derechos de la víctima.” El principio de legalidad debe entenderse inmerso en todas las fases de creación y aplicación de los tipos penales: no hay delito sin ley previa, escrita y estricta; no hay pena sin ley; la pena no puede ser impuesta sin un juicio justo y de acuerdo con lo previsto por la ley. De ahí que incluya este principio, las vertientes de legalidad criminal, penal, procesal y de ejecución. El Estado debe actuar con total sometimiento al imperio de la ley y dentro de sus límites, y por otra parte, en virtud de los principios de seguridad jurídica y defensa, se debe garantizar a los ciudadanos o destinatarios de las normas, el acceso a conocer cuáles son las conductas prohibidas y sus consecuencias, así como el procedimiento que se aplicará en caso de ser juzgado por la comisión de un delito. El legislador, al crear las distintas medidas alternativas dentro del proceso penal, tales como la conciliación, la reparación integral del daño y la suspensión del proceso a prueba, apostó por una opción político criminal que tiene fundamento en instrumentos de derecho internacional y estableció distintas condiciones y requisitos para su aplicación, tales como el acuerdo libre y voluntario de la víctima, la naturaleza del delito, la gravedad de la pena, la forma de comisión, el daño causado y el momento procesal oportuno para acordarlas, entre otros. De ahí que si la Procuraduría General de la República, opta por no negociar medidas alternativas en los casos donde según el ordenamiento jurídico figura como parte, debe hacerlo de una forma fundamentada, con razones claras y objetivas, atendiendo a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, a fin de que las partes puedan conocer los motivos de tal proceder y sepan a qué atenerse (…)”. (Resolución número 2011-6350, de las 14:34 horas del 18 de mayo de 2011. En igual sentido, resolución número 2011-6803, de las 15:25 horas del 25 de mayo de 2011, ambas dictadas por la Sala Constitucional. El resaltado es suplido). El diccionario jurídico del Poder Judicial define como parte a la “persona, física o jurídica, que litiga en un pleito judicial” Diccionario | Diccionario Usual | Poder Judicial de Costa Rica (poder-judicial.go.cr). A partir de lo expuesto, queda claro que la P.G.R. no es la víctima en los delitos ambientales, sino su representante legal y para que pueda ejercer plenamente los derechos y facultades que le otorga el Código Procesal Penal, lo cual incluye actuar con independencia de criterio con respecto al Ministerio Público, debe construirse en parte, esto es, incoar en el momento procesal oportuno querella y acción civil (si hay daños y perjuicios que deban ser resarcidos), o bien, tal y como lo consagra el último párrafo del numeral 16 del código adjetivo: “(…) En los asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al Ministerio Público”. De lo contrario, si la P.G.R. no es parte en el proceso penal no puede arrogarse equivocadamente la condición de víctima para pretender estar legitimada para realizar ciertos actos procesales por sí misma, pues estos únicamente están autorizados cuando se cuente con la condición procesal de parte. C) Sobre el caso concreto. En el asunto bajo estudio, la P.G.R. no se constituyó como parte, a pesar de que presentó un escrito en el que solicitaba -erróneamente- se le considerara como víctima (cfr. folio 307 del expediente digital), lo cual genera que el director de la acción penal sea el Ministerio Público al tratarse de un delito de acción pública. Se verifica que la P.G.R. fue debidamente informada de los actos que marcaron cada etapa procesal y en los cuales pudo haber participado activamente como representante del Estado para manifestar su criterio jurídico: fue notificada de la acusación (cfr. folio 143), del señalamiento a audiencia preliminar (cfr. folio 248), del señalamiento a debate (cfr. folio 332) y del acuerdo conciliatorio suscrito entre la defensa y el Ministerio Público (cfr. folio 366). Sin embargo, no se constituyó en querellante y actor civil, no se hizo presente a la audiencia preliminar ni al debate y tampoco se pronunció con respecto a la conciliación suscrita entre las partes, lo cual evidencia que su postura en el proceso se debió a su decisión de no participar en el caso, a pesar de haber sido informada de cada acto procesal. Ahora bien, de ninguna forma se desconoce que la P.G.R. en su función de representante legal del Estado pudo haberse hecho presente al debate, o al menos, contestar la audiencia conferida por el tribunal de instancia para manifestar su posición con respecto a la medida alterna que se estaba pactando entre las partes, no obstante, no hubo ningún pronunciamiento al respecto, por lo que no se violentaron los derechos de la P.G.R. de participar en una discusión en la que pudo haberse valorado su criterio (la aplicación de una medida alterna). Empero, al ser el Ministerio Público quien estaba ejerciendo la acción penal de manera exclusiva, asume la defensa de los derechos estatales por estar involucrados intereses difusos, cuyo daño afecta a la colectividad, lo cual produce que haya sido el órgano acusador quien para el contradictorio tuviera la legitimación para tomar decisiones sobre la persecución penal en la etapa de juicio. En consecuencia, en este caso, no se violentó el derecho de la P.G.R de conocer e intervenir en la discusión de una medida alterna, en su calidad de representante legal de la víctima, debido a que fue debidamente informada del señalamiento a debate y se le puso en conocimiento por el plazo de tres días de los documentos visibles a folio 362 a 365, los cuales acreditan el pago de la donación de quinientos mil colones a favor del Hogar de Ancianos de la Zona de Santa María de Dota, por lo que no existe ningún vicio en la medida alterna pactada por el Ministerio Público. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el tercer motivo de casación incoado por la Procuraduría General de la República, toda vez que se considera que la medida alterna al conflicto fue legalmente pactada por quien ejercía de manera exclusiva la acción penal y en la cual se observaron los derechos que asisten al representante legal de la parte ofendida no constituida en parte procesal.

IV.Recurso de casación por adhesión del Ministerio Público. Primer motivo. Reclama “errónea interpretación de un precepto legal procesal: Artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico” (cfr. folio 38, se suprime el resaltado). Como fundamento jurídico cita el artículo 468 inciso b) del Código Procesal Penal. Alega que el ad quem inadmitió el recurso de apelación del órgano fiscal con base en una interpretación errada del numeral 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Explica que dicho artículo brinda al Ministerio Público la posibilidad de que el superior jerárquico a través de la enmienda pueda “enderezar la representación fiscal” (cfr. folio 38) que un subalterno haya tenido en alguna diligencia dentro del proceso penal, tanto por alguna omisión o acción indebida. Cita el numeral en comentario y describe que conforme a una correcta interpretación de dicho artículo, el fiscal adjunto puede interponer recursos para enmendar un pronunciamiento o una omisión errada de un fiscal inferior, todo lo cual estima podría ser incluso ajeno a una cuestión de criterio, pues el error puede ocurrir, por ejemplo, por un desconocimiento o descuido de un fiscal que no se opone o no ofrece alguna otra condición ante algún tipo de medida alterna.

Cuestiona que el ad quem realizó una interpretación errada del artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público debido a que dicho numeral sí faculta para que el superior corrija los actuaciones u omisiones del inferior, lo cual genera un agravio porque bajo esa interpretación errada se declaró inadmisible el recurso de apelación del órgano fiscal. Cita la resolución 2022-317 de la Sala de Casación Penal, y reprocha que el tribunal de alzada le está dando una interpretación diversa al artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, estableciendo limitantes que la norma no establece, incluso diciendo que dicha norma “tiene un nomen iuris de “Enmienda”, pero que en realidad trata dos supuestos totalmente distintos” (cfr. folio 39 del legajo físico creado al efecto). Como agravio establece que al inobservarse el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público se presentó un recurso de apelación por enmienda y el ad quem la inadmitió, lo cual lesiona las pretensiones punitivas del Ministerio Público, quien pretende ejercer la respectiva acción penal en contra del encartado. Como petitoria solicita anular la resolución recurrida y se ordene el reenvío para que se resuelva el recurso de apelación del órgano fiscal.

V.El primer motivo de casación por adhesión del órgano fiscal se declara con lugar. El Ministerio Público presenta recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Tribunal Penal de Cartago que ordena el sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal (cumplimiento del acuerdo conciliatorio). De esta forma, el fiscal adjunto de Cartago, Jofrey Salas Fuentes, impugna esta resolución alegando que, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se encuentra legitimado por enmienda jerárquica para recurrir. Por su parte, el tribunal de alzada declara inadmisible el libelo impugnaticio y señala que el artículo 439 del código adjetivo prevé que solo puede recurrir la parte que no ha contribuido con su accionar a generar el vicio que luego pretende combatir, y que en todo caso, el segundo párrafo del numeral 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público trata de un supuesto distinto al de la enmienda y lo que autoriza es a que el superior jerárquico reemplace al fiscal que venía encargándose del asunto, o bien, para que otro fiscal presente los recursos que pudieran caber: “(…) Los supuestos en donde es posible recurrir no se reducen simplemente a conseguir revertir lo decidido por el tribunal porque el superior no está de acuerdo, como ocurre en el presente caso, sino que, como bien lo señala el Tribunal de Apelación se Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el voto 1245-2021 de las 14:50 horas del 19 de agosto de 2021: “…hasta puede darse la situación de que el superior jerárquico desista del recurso que hubiera interpuesto un representante de grado inferior (artículo 445 del Código Procesal Penal) o de que impugne una sentencia en favor del encartado en razón del principio de objetividad…”.

La divergencia de criterio jurídico entre el superior y el que haya expuesto el inferior durante las audiencias, no podrá ser estimada como un error si no se fundamenta en el incumplimiento de las directrices generales que previamente haya dispuesto la institución, lo que deja ver nuevamente que no es cualquier pronunciamiento o solicitud fiscal la que puede ser objeto de “enmienda jerárquica” mediante una impugnación, sino solo aquellas que “la ley autoriza”, según lo dispone el propio numeral 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (…).” (cfr. folio 12 vuelto y 13, se suprime el resaltado del texto original). Esta Cámara después de haber realizado un análisis minucioso del recurso de casación planteado por el Ministerio Público y la resolución del ad quem, arriba a la conclusión de que le asiste razón al recurrente, por las razones que a continuación se exponen. El instituto procesal de la enmienda jerárquica, se encuentra regulado en artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual consagra lo siguiente: “El superior jerárquico podrá enmendar, mediante dictamen fundado con indicación del error o errores cometidos, los pronunciamientos o solicitudes del inferior, mientras no se haya dictado la resolución correspondiente.

Igualmente, una vez dictadas estas resoluciones o cualesquiera otras, dicho superior podrá ordenar a otro representante del Ministerio Público la interposición de los recursos que la ley autoriza, o que se haga cargo de la continuación del procedimiento”. Este instituto resulta ser una herramienta mediante la cual el órgano acusador -según los principios de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica- se garantiza una coherencia en la forma en que sus funcionarios actúan, quienes lo hacen por delegación y dependencia del Fiscal General (numeral 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público), y es precisamente por ese mandato, que los fiscales y las fiscalas para intervenir válidamente en una causa les basta su comparecencia (artículo 16 del mismo cuerpo legal). A partir de lo anterior, queda claro que el numeral 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público faculta al superior jerárquico del Ministerio Público para interponer los recursos que considere necesarios con la finalidad de enmendar cualquier error cometido por el personal subalterno durante el proceso. En este orden de ideas, esta Sala ha considerado que el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público regula tres hipótesis diversas:

  • 1)la contenida en el primer párrafo, la cual prevé la posibilidad de enmienda por parte del fiscal superior en aquellos supuestos en los que una vez emitido el pronunciamiento o la solicitud del fiscal inferior, interviene el jerarca antes de que el órgano jurisdiccional dicte la resolución correspondiente, para lo cual debe señalar los errores en que ha incurrido el subalterno con el objetivo de que la autoridad judicial tome en cuenta estos aspectos al momento de resolver el caso,
  • 2)la dispuesta en el segundo párrafo, en la cual el pronunciamiento o la solicitud del fiscal inferior fue efectuada y la autoridad judicial tomó una decisión, la cual puede ser impugnada por el superior , y
  • 3)una vez que se han dictado “estas resoluciones o cualquiera otras” (tal y como lo dice expresamente el numeral), el superior jerárquico puede designar a otro representante del Ministerio Público para que formule los recursos que estime pertinentes. Aunado a esto, la Sala de Casación Penal ha resuelto lo siguiente, con respecto al tema del agravio y el ejercicio de la acción penal: “(…) Es entonces claro que subsiste la posibilidad de enmienda frente a cualquier pronunciamiento o solicitud de un miembro del ente fiscal en caso de que su Superior lo estime pertinente y necesario. En resumen, no es válido el fundamento que da el juzgador de segunda instancia, para no analizar el punto controvertido, amparado en que el Ministerio Público no le asiste agravio (…) no puede de ninguna manera, establecerse la inexistencia del agravio, por el hecho de haber solicitado el Fiscal, en conclusiones se librara de responsabilidad penal al encartado, tampoco se puede asimilar a una falta de acción o interés del ente ministerial, sino que se trata de una decisión tomada después de analizar las probanzas, la cual no le es vinculante, por lo cual, es aplicable la figura de la enmienda jerárquica que se pretende, por lo que el Ministerio Público sigue manteniendo el ejercicio de la acción penal por imperativo de ley (…). Adicionalmente, debe recordarse, en primer lugar, que siendo el Código Procesal Penal (emitido mediante la Ley Nº 7594 publicado en La Gaceta Nº 106 del 4 de junio de 1996) y la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley Nº 7442 de 25 de octubre de 1994, pero modificada totalmente por la Ley Nº 7728 del 15 de diciembre de 1997), leyes de la República que gozan del mismo rango, pero siendo la segunda posterior vino a establecer en el precepto de comentario una excepción a la exigencia de necesidad de agravio, establecida en el artículo 439 del Código Procesal Penal, que dispone: "Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en el reproche de los defectos que causen la afectación...". Es decir, en atención a lo preceptuado por el artículo 18, el superior jerárquico sí tendría la posibilidad legal de enmendar las actuaciones de sus subordinados, y por tanto, interponer los recursos que estime pertinentes, aún cuando estos se originaran en un error generado por el Ministerio Público. Lo contrario, sería una interpretación en exceso formal y sin sentido práctico, sea indicar que el recurso del superior es factible y admisible, pero de seguido se pasa a rechazarlo con el argumento de no existir agravio, pues lo resuelto se corresponde con lo solicitado, cuando lo que precisamente se busca es una corrección de ese actuar que la superior estima errado. Ciertamente esa prerrogativa del Ministerio Público podría cuestionarse o consultarse desde el punto de vista constitucional, por vulnerar el principio de igualdad entre las partes del proceso; pero mientras no exista un pronunciamiento de la Sala Constitucional que ordene lo contrario, deberá aceptarse la posibilidad de que el superior jerárquico impugne -como aquí- resoluciones a cuyo resultado contribuyó el mismo ente fiscal”. (Resolución número 2020-01718, de las 12:23 horas del 17 de diciembre de 2020, dictada por la Sala de Casación Penal y suscrita por las personas magistradas Jesús Ramírez, Patricia Solano, Álvaro Burgos, Gerardo Rubén Alfaro y Sandra Eugenia Zúñiga). De igual forma, esta Cámara ha considerado que la enmienda jerárquica constituye un medio por el cual el órgano fiscal corrige las incongruencias que puedan presentarse en el ejercicio de la acción penal, toda vez que hay un interés público de por medio: “(…) Tal y como ocurrió en el caso en particular, la fiscal adjunta Laura Monge Cantero, dispuso enmendar lo actuado por el fiscal inferior que asistió al contradictorio y autorizó a la fiscal de impugnaciones, Adriana Chaves Redondo para que interpusiera recurso de apelación, y ahora ambas profesionales, han incoado recurso de casación contra lo resuelto por el ad quem. Según el voto citado, se puede entonces concluir que, en la especie subsiste el yerro alegado por las recurrentes, por cuanto son incorrectos tanto el análisis, la fundamentación como la conclusión del tribunal de alzada. No es dable argumentar que no se ha causado agravio, se debe recordar que el Ministerio Público no actúa como un sujeto particular más dentro del proceso, sino que este tutela un interés público, por lo que, no es procedente sobre esa base, decidir que no se va a analizar el fondo del recurso de apelación interpuesto, claramente esta aseveración es falaz, debido a que se acusan hechos y no calificaciones, por lo cual, el que se haya calificado de manera errónea un cuadro fáctico, no determina que no se deba estudiar, en cada caso particular si los eventos descritos contienen o no la descripción de otra u otras figuras delictivas, como sucede en el caso. Es claro que la pieza acusatoria del Ministerio Público fue elevada a juicio por el juez de la etapa intermedia, por lo que pasó a ser conocida por el órgano jurisdiccional, existiendo un interés público de por medio, para que se dictara una resolución como en derecho corresponde, de acuerdo a la valoración de la prueba, bajo las reglas de la sana crítica racional; por lo cual no es procedente concluir que no hay agravio para el órgano acusador, por el hecho de que se haya calificado de manera incorrecta el evento delictivo. No se debe perder de vista que, precisamente, ante este tipo de incongruencias presentadas en el ejercicio de la acción penal, es que se genera el agravio para la representación fiscal, misma que cuenta con este medio de corrección, dado por el propio ordenamiento procesal penal. Claramente es aplicable la figura de la enmienda jerárquica que se pretende, por cuanto el ordinal 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público debe ser interpretado de manera sistemática, relacionándolo con el contenido del numeral 439 del Código Procesal Penal, de manera que -al margen de la facultad abstracta que implica la enmienda jerárquica - en el sub lite, es jurídicamente viable tener por configurado un agravio en la fijación de la dosimetría penal; razón suficiente para aceptar el reclamo incoado por el actor penal en la vía ordinaria de impugnación, por lo cual el motivo se declara con lugar (…)”. (Resolución número 2022-00317, de las 16:28 horas del 18 de marzo de 2022, emitida por la Sala de Casación Penal. Integraron las personas magistradas Jesús Ramírez, Álvaro Burgos, Sandra Eugenia Zúñiga, William Serrano y Rosa Acón). El Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de ejercer de manera objetiva la acción penal, y su actuación se rige por una dependencia jerárquica, esto implica que las personas fiscales dependen de las directrices o instrucciones dictadas por la Fiscalía General de la República para el desempeño de sus funciones. De esta forma y siempre respetando el principio de legalidad, existe un sistema de órdenes o instrucciones que deben ser cumplidas para darle una unidad de actuación al órgano acusador (que es único para todo el país), y evitar un ejercicio dispar o incluso abusivo de la acción penal. Esta unidad de actuación se concreta con el seguimiento por parte de todos los fiscales y fiscalas de una misma línea jurídica en su labor, y esta unificación se criterio se consigue también a través de mecanismos como el instituto de la enmienda jerárquica, el cual como se ha explicado, lo que pretende es corregir una actuación errada de un fiscal de rango inferior, lo cual expresamente se encuentra previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por ello, no resulta acertado el criterio jurídico del ad quem de declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el órgano fiscal a partir de la consideración de que dicho numeral no faculta al superior jerárquico a impugnar, pues, al contrario, este ordinal prevé expresamente la posibilidad de que el superior ordene la interposición de los recursos que la ley autoriza una vez que las resoluciones han sido dictadas por la autoridad jurisdiccional. Y aunque esta Sala considera que la simple divergencia de criterio jurídico entre el superior y el que haya expuesto el inferior durante las audiencias no justifica per se una enmienda jerárquica que legitime una impugnación, toda vez que debe fundamentarse cuál es el incumplimiento de las directrices generales que previamente haya dispuesto la institución, esto según lo contempla el mismo numeral 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el presente caso, la inadmisibilidad del recurso se basó principalmente en el criterio de que la artículo en mención no faculta al superior para impugnar por enmienda jerárquica y que el ordinal 439 del código adjetivo limita la posibilidad de recurrir a la parte que haya contribuido a provocar el agravio, lo cual plantea una interpretación que desconoce que es deber del Ministerio Público promover procesos penales conforme a la Constitución Política y la ley, informando, dictaminando, oponiéndose o ejercitando debidamente la acción penal a través del más estricto respeto por los derechos y garantías de las partes, por ello, la enmienda jerárquica supone un seguimiento de la legalidad con la que actúa el órgano acusador. La lectura del artículo 18 de la Ley Orgánica resulta clara en establecer la posibilidad del superior de enmendar la actuación del fiscal de rango inferior una vez que la resolución ha sido dictada por medio de los recursos que la ley permita, por cuanto existe un interés público cuya defensa de manera objetiva ha sido encomendada al ministerio fiscal. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el primer motivo de casación del Ministerio Público, debido a que se ha verificado una errónea aplicación de un precepto procesal concerniente a la enmienda jerárquica, y en consecuencia, se anula de forma parcial la resolución número 2025-024, de las 11 horas del 17 de enero de 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, en cuanto declara inadmisible la impugnación del órgano acusador y se ordena el reenvío del asunto al tribunal de alzada para que, con nueva integración, proceda a conocer del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.

VI.Segundo motivo del libelo de impugnación por adhesión del Ministerio Público. Señala “inobservancia de un precepto legal procesal: errores graves en la construcción lógica de los fundamentos” (cfr. folio 39, se suprime el resaltado). Como fundamento jurídico cita los artículos 142 y 468 inciso b) del Código Procesal Penal. Reclama que existe un grave error de fundamentación cuando el ad quem justifica la inadmisibilidad del recurso de apelación del Ministerio Público bajo un razonamiento muy limitado y estricto que no se deriva del artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, señalando que la enmienda trata de supuestos distintos de los que enuncia dicho numeral. Cita un extracto de lo resuelto por el tribunal de alzada e indica que de manera incorrecta y contrario al espíritu ontológico de la norma, el ad quem limita el uso de la facultad de enmendar una actuación fiscal a pesar de que el numeral no establece ninguna limitante, lo cual deja de lado que por medio de una interpretación lógica, el Ministerio Público sí puede corregir la acción u omisión del fiscal con inferior jerarquía, es decir, estima que el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público no trata de un supuesto distinto al de la enmienda, como lo interpreta el tribunal de apelación.

Además, refiere que el ad quem no puede “(…) descalificar la aplicación de una norma bajo el argumento errado de que los supuestos son distintos al nomen iuris, pues con ese proceder estaría adentrándose a una función que no le corresponde e incurriendo en una motivación que o deriva del espíritu de dicha norma procesal (…)” (cfr. folio 40). Reitera que hay un grave error de fundamentación del tribunal de apelación al generalizar los supuestos vicios y extraer o derivar situaciones que o establece el instituto de la enmienda jerárquica previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, todo lo cual generó un agravio al órgano fiscal cuando se declara inadmisible su recurso de apelación por enmienda. Relata que esta inobservancia de normas procesales relativas a la debida fundamentación incidió sustancialmente en la pretensión y posición del Ministerio Público en el presente asunto, lo cual produce la impunidad del imputado bajo un fundamento y un perjuicio ilegítimos a las pretensiones punitivas del órgano fiscal cuando se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto.

Tercer motivo de casación por adhesión. Reprocha la “existencia de precedentes contradictorios dictados por los Tribunales de Apelación de sentencia con respecto a los dictados por la Sala de Casación Penal: sobre los alcances de la enmienda jerárquica del artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público” (cfr. folio 40 vuelto, se suprime el resaltado). Como fundamento jurídico cita el artículo 468 inciso a) del Código Procesal Penal. Explica que existen precedentes contradictorios con respecto al tema de la enmienda jerárquica y sus alcances, lo cual se evidencia en lo resuelto por el ad quem y otras resoluciones, por lo que busca la uniformidad de criterios. Menciona que el tribunal de apelación considera que el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público no regula los supuestos donde el fiscal adjunto no esté de acuerdo con la interpretación jurídica del fiscal de rango inferior, lo cual apoya en el numeral 14 de la misma ley orgánica, pues según el criterio del ad quem lo único que vincula al fiscal de menor rango son las instrucciones generales que debe cumplir, debido a que en las audiencias orales tiene libertad de criterio.

Cita un extracto de la resolución que impugna y el voto 2021-1245, de las 14:50 horas del 19 de agosto de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, y menciona que en ambas resoluciones se infiere que existe un criterio restringido respecto a la interpretación o alcances de la enmienda jerárquica a cargo del fiscal adjunto, criterio que se contrapone a otras resoluciones en las que no se considera que existan dichas limitaciones para que el fiscal a cargo pueda “enderezar” una errónea gestión jurídica del inferior, por ejemplo, indica que la Sala de Casación ha vertido un criterio en el que, con base en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el órgano fiscal sí tiene la potestad de impugnar por medio de la enmienda algún error del fiscal de menor rango, por cuanto el numeral 18 de la citada ley ofrece tres posibilidades para enderezar una errada gestión fiscal.

Cita la resolución 2020-01718, de las 12:23 horas del 17 de diciembre de 2020, dictada por la Sala de Casación Penal, y explica que la Sala Tercera confirmó en este voto la potestad que tiene el Ministerio Público para que el fiscal adjunto pueda “reversar una incorrecta posición del fiscal inferior por medio de la enmienda jerárquica” (cfr. folio 43). Cita la resolución 2022-317 de la Sala de Casación Penal, y menciona que por medio de este pronunciamiento se anuló la resolución 2012-1245 del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, el cual como se indicó supra establece un criterio jurídico distinto, lo cual estima evidencia que en situaciones semejantes se ha resuelto de manera diferente, esto es, interpretando distinta forma el tema de la enmienda jerárquica. Desde su óptica, la posición que ha venido sosteniendo la Sala de Casación Penal (en las resoluciones 2020-01718 y 2022-317) es la que debe mantenerse, por cuanto por su naturaleza jurídica y ontológica, el instituto de la enmienda regulado en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público viene a ser una opción para que el órgano fiscal pueda enderezar la acción penal que otro fiscal de menor rango no ha ejercido correctamente, tanto por acción o por omisión.

Como agravio establece que cuando el ad quem inadmite el recurso de apelación del Ministerio Público, se perjudicaron las pretensiones punitivas del órgano fiscal en el caso concreto. Como petitoria solicita se anule la resolución que impugna y se ordene el reenvío para que se resuelva el recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público por enmienda jerárquica. En virtud de que esta Cámara está declarando con lugar el primer motivo de casación por adhesión del Ministerio Público referente a la errónea aplicación del artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público concerniente a la enmienda jerárquica, se omite pronunciamiento con respecto al segundo y tercer motivo de casación por adhesión incoados por el órgano fiscal, en los cuales se reprocha un grave error en la construcción lógica de los razonamientos y la existencia de precedentes contradictorios, ambos a partir de la interpretación que el tribunal de apelación otorgó a dicho numeral para declarar inadmisible el recurso de apelación del órgano acusador, por lo que resulta innecesario emitir criterio si la protesta ha sido acogida.

Por tanto:

Se declara sin lugar el tercer motivo de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República. Se declara con lugar el primer motivo del recurso de casación por adhesión esbozado por el Ministerio Público, por lo que se anula parcialmente la resolución número 2025-024, de las 11 horas del 17 de enero de 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, en cuanto declara inadmisible la impugnación del órgano fiscal y se ordena el reenvío del asunto al tribunal de alzada para que, con nueva integración, proceda a conocer del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. Por la forma en que se resuelve este motivo, se omite pronunciamiento con respeto al segundo y tercer motivo de casación por adhesión del órgano acusador. Notifíquese.

Patricia Solano C.

Gerardo Rubén Alfaro V.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

Aisen Herrera L.

Magistrado suplente Giovanni Mena A.

Magistrado suplente LQUIROSG (257-3 / 7-3-25)

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      News & Updates Noticias y Actualizaciones

      All articles → Todos los artículos →

      Weekly Dispatch Boletín Semanal

      Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

      ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

      One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

      Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
      Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

      Stay Informed Mantente Informado

      Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

      Email Updates Actualizaciones por Correo

      Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

      Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

      WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

      Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

      Join Channel Unirse al Canal
      Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
      🙏