← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00015-2022 Sala Tercera de la Corte · Sala Tercera de la Corte · 14/01/2022
OutcomeResultado
The Chamber declared the Attorney General’s cassation appeal inadmissible because it combined distinct grounds and sought to reassess the evidence and modify the proven facts, leaving the acquittal for illegal tree cutting and timber harvesting undisturbed.La Sala declaró inadmisible la casación de la Procuraduría porque entremezcló motivos distintos y pretendió revalorar la prueba y modificar los hechos probados, por lo que permaneció firme la absolutoria por tala y aprovechamiento ilegal de madera.
SummaryResumen
The Criminal Cassation Chamber declared inadmissible the appeal filed by the Attorney General’s Office against the affirmance of an acquittal for illegal tree cutting and timber harvesting. The Attorney General’s Office argued that the appellate court had failed to address adequately its objections concerning circumstantial evidence, including a warm chainsaw near the defendant, sawdust on his clothes, and his perspiration. The Chamber concluded that the single cassation ground improperly combined two legally distinct complaints: lack of reasoning and violation of the rules governing rational evaluation of evidence. It also found that the appeal effectively sought a new assessment of the evidence and modification of the established facts, which is not permissible at the cassation stage. According to the decision, the circumstances could create suspicion but did not unequivocally prove the defendant’s participation or overcome reasonable doubt. Consequently, the acquittal under the in dubio pro reo principle and the dismissal of the State’s civil damages claim remained undisturbed.La Sala de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por la Procuraduría General de la República contra la confirmación de una sentencia absolutoria por tala y aprovechamiento ilegal de madera. La Procuraduría sostenía que el Tribunal de Apelación no había respondido adecuadamente sus cuestionamientos sobre la valoración de indicios como la cercanía de una motosierra tibia, el aserrín en la ropa y el estado sudoroso del imputado. La Sala concluyó que el único motivo de casación mezclaba indebidamente dos reproches de naturaleza distinta: falta de fundamentación y vulneración de las reglas de la sana crítica. Además, determinó que la impugnación pretendía una nueva valoración de la prueba y la modificación de los hechos establecidos, finalidad improcedente en casación. Según la resolución, los indicios podían suscitar sospechas, pero no acreditaban inequívocamente la participación del acusado ni superaban la duda razonable. Por ello permanecieron firmes la absolutoria basada en el principio in dubio pro reo y el rechazo de la acción civil resarcitoria.
Key excerptExtracto clave
In this Chamber’s view, the objections now raised—that the Court of Appeal overlooked important matters, such as the fact that the chainsaw near where the defendant was sitting was warm, that [Name 002] was perspiring, and that his clothing contained traces of sawdust; that the appellant disagrees with the reasoning given by the court below; and that the arguments were misinterpreted and dismissed superficially—merely demonstrate the defective appellate technique employed. On the one hand, the appeal seeks a reassessment of the body of evidence through modification of the proven facts, which is improper at this procedural stage. On the other, it combines different complaints within a single ground of appeal—invoking both lack of reasoning and violation of the rules of rational evaluation—which is likewise inadmissible because each ground must be presented separately, together with its legal basis, the provisions authorizing it and those allegedly violated, and a concrete and direct specification of each grievance and requested remedy, as required by the final clause of Article 469 of the Code of Criminal Procedure. For these reasons, pursuant to Articles 467, 468, and 469 of the Code of Criminal Procedure, as well as Article 471 thereof, which provides: “Admissibility and procedure. The Cassation Chamber shall declare an appeal inadmissible when the legal requirements for filing it have not been met, as established in the preceding Article 470; also when the decision is not appealable, the party lacks the right to appeal, the purpose of the appeal is to modify the proven facts, or the appeal is wholly unfounded, in which case it shall so declare and return the proceedings to the court of origin,” the cassation appeal filed by Criminal Attorney Andrés Alfaro Ramírez is declared inadmissible. The cassation appeal filed by Criminal Attorney Andrés Alfaro Ramírez is declared inadmissible. Let notice be given.En criterio de esta Cámara, los reparos que se formulan en esta ocasión, respecto a que el Tribunal de Apelación dejó de lado aspectos importantes -como que la motosierra que estaba cerca de donde el imputado se encontraba sentado estaba caliente; que [Nombre 002] estaba sudado y que tenía en sus ropas restos de aserrín-; que no se comparte el razonamiento expuesto por el ad quem; que se mal interpretaron los alegatos y que fueron descartados de manera superficial, únicamente ponen de manifiesto la errada técnica impugnaticia empleada en el recurso, al pretender, por una parte, que se efectúe una revaloración del elenco probatorio a partir de la modificación de los hechos probados, lo cual es improcedente en este estadio procesal y, en segundo lugar, al entremezclar diversos alegatos en un solo motivo del recurso (al invocarse, tanto una falta de fundamentación como la vulneración a las reglas de la sana crítica), lo que también resulta inadmisible, en virtud de que cada motivo debe plantearse por separado, con su respectivo fundamento jurídico, las normas que autorizan su interposición y las que se consideran quebrantadas, especificando de manera concreta y directa, cada agravio y pretensión, según lo dispuesto en el numeral 469 in fine del Código Procesal Penal. En razón de lo expuesto, con base en lo preceptuado expresamente en los artículos 467, 468 y 469 del Código Procesal Penal, así como lo dispuesto en el numeral 471 Ibidem, que establece: “Admisibilidad y trámite. La Sala de Casación declarará inadmisible el recurso cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición, según lo establece el artículo 470 anterior; además, cuando la resolución no sea recurrible, la parte no tenga el derecho de recurrir, cuando el recurso tenga como finalidad modificar los hechos probados o cuando el recurso sea absolutamente infundado, en cuyo caso lo declarará así y devolverá las actuaciones al tribunal de origen”, se declara inadmisible el recurso de casación incoado por el Procurador Penal Andrés Alfaro Ramírez. Se declara inadmisible el recurso de casación presentado por el Procurador Penal Andrés Alfaro Ramírez. Notifíquese.
Pull quotesCitas destacadas
"Es claro, así, que dentro del único motivo que se formula, el recurrente hace planteamientos de distinta naturaleza de manera entremezclada (al alegar tanto la falta de fundamentación como la vulneración a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba), incurriendo por lo tanto, en una confusión de alegatos, con lo que se violenta la normativa procesal, que establece bajo sanción de inadmisibilidad, la presentación separada de cada uno de los motivos con sus fundamentos y agravios que exige el artículo 469 del Código Procesal Penal."
"It is therefore clear that, within the single ground presented, the appellant improperly combines claims of different kinds—alleging both lack of reasoning and violation of the rules of rational evaluation of evidence—thereby confusing distinct arguments and contravening the procedural rule that, under penalty of inadmissibility, requires each ground to be presented separately with the supporting basis and grievances demanded by Article 469 of the Code of Criminal Procedure."
Considerando III
"Es claro, así, que dentro del único motivo que se formula, el recurrente hace planteamientos de distinta naturaleza de manera entremezclada (al alegar tanto la falta de fundamentación como la vulneración a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba), incurriendo por lo tanto, en una confusión de alegatos, con lo que se violenta la normativa procesal, que establece bajo sanción de inadmisibilidad, la presentación separada de cada uno de los motivos con sus fundamentos y agravios que exige el artículo 469 del Código Procesal Penal."
Considerando III
"Esta cámara coincide en que la sola presencia del imputado en el lugar no resulta ser un indicio inequívoco de su participación criminal, porque aquel brindó una declaración justificando que su presencia en el sitio fue porque se acercó a ver quién estaba trabajando con una motosierra."
"This Chamber agrees that the defendant’s mere presence at the location is not unequivocal evidence of criminal participation, because he gave a statement explaining that he was there after approaching to see who was working with a chainsaw."
Considerando III, transcripción del fallo de apelación
"Esta cámara coincide en que la sola presencia del imputado en el lugar no resulta ser un indicio inequívoco de su participación criminal, porque aquel brindó una declaración justificando que su presencia en el sitio fue porque se acercó a ver quién estaba trabajando con una motosierra."
Considerando III, transcripción del fallo de apelación
"Los indicios antes apuntados pueden generar una sospecha sobre el imputado, pero los mismos no alcanzan para establecer un nivel de certeza, porque los indicadores no resultan ser graves, precisos ni unívocos para que, a través del proceso deductivo, pueda arribarse de manera indubitable una única conclusión."
"The foregoing circumstances may generate suspicion regarding the defendant, but they do not establish the required level of certainty because they are not serious, precise, or unequivocal enough for the deductive process to yield a single indisputable conclusion."
Considerando III, transcripción del fallo de apelación
"Los indicios antes apuntados pueden generar una sospecha sobre el imputado, pero los mismos no alcanzan para establecer un nivel de certeza, porque los indicadores no resultan ser graves, precisos ni unívocos para que, a través del proceso deductivo, pueda arribarse de manera indubitable una única conclusión."
Considerando III, transcripción del fallo de apelación
"En las condiciones de este caso, no resulta absurda la tesis del imputado que explicó su presencia en el lugar y no existe algún otro medio de prueba que permita desvirtuar su dicho, concluyendo este tribunal que la relación causal entre los hechos conocidos y el indicado o conclusión, no ha podido establecerse y ante la imposibilidad de determinar con la certeza requerida la autoría del encartado en los hechos acusados, resulta válida su absolutoria por los hechos acusados, en aplicación del principio universal in dubio pro reo…"
"Under the circumstances of this case, the defendant’s explanation for his presence at the location is not implausible, and no other evidence refutes his account; because the causal connection between the known facts and the proposed conclusion could not be established, and responsibility could not be determined with the required certainty, his acquittal under the universal principle of in dubio pro reo is valid."
Considerando III, transcripción del fallo de apelación
"En las condiciones de este caso, no resulta absurda la tesis del imputado que explicó su presencia en el lugar y no existe algún otro medio de prueba que permita desvirtuar su dicho, concluyendo este tribunal que la relación causal entre los hechos conocidos y el indicado o conclusión, no ha podido establecerse y ante la imposibilidad de determinar con la certeza requerida la autoría del encartado en los hechos acusados, resulta válida su absolutoria por los hechos acusados, en aplicación del principio universal in dubio pro reo…"
Considerando III, transcripción del fallo de apelación
Full documentDocumento completo
Document Review Decision: 2022-00015 CRIMINAL CASSATION CHAMBER. San José, at ten eleven a.m. on the fourteenth of January, two thousand twenty-two.
Having reviewed the cassation appeal (recurso de casación) filed in the present proceedings against [Nombre 002] for the offense of illegal logging and timber harvesting (tala y aprovechamiento ilegal de madera), to the detriment of La Ley Forestal; and,
Whereas:
I.By written submission appearing at folios 224 to 231, attorney Andrés Alfaro Ramírez, in his capacity as Criminal State Attorney, filed a cassation appeal against decision N° 2021-1270, issued by the Criminal Judgment Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José at 11:00 hours on 23 de agosto del 2021 (folios 211 to 219). That decision denied the appeals filed by attorneys Guillermo Cordero Camacho and Andrés Alfaro Ramírez, representing the Ministerio Público and the Procuraduría General de la República, respectively, thereby affirming judgment N° 37-2021, issued by the Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone at 8:05 hours on 22 de enero del 2021, whereby, under the principle of in dubio pro reo, [Nombre 002] was acquitted of all punishment and liability for the offenses of illegal logging and timber harvesting with which he had been charged, to the detriment of Natural Resources, and the return of the seized property (comiso) described in records 1365 and 1363 was ordered to whoever, within three months, proved ownership thereof; the costs of the proceedings were charged to the State.
In addition, the civil damages action (acción civil resarcitoria) brought by the State as the directly injured party and represented by the Procuraduría General de la República was denied, without an award of costs, because there was a plausible reason to litigate (folios 166 to 179).
II.The sole claim raised by the Attorney General’s Office is entitled: “VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY DUE TO FAILURE TO OBSERVE ARTICLE 142 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE AS A RESULT OF A LACK OF INTELLECTIVE REASONING (FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA)” (folio 225). The appellant explains that, in the appeal filed against judgment N° 037-2021 of the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí seat, issued at 8:05 hours on 22 January 2021, the sole ground alleged was inadequate reasoning due to an erroneous reasoned assessment of the evidence and because it was contrary to the rules of rational sound judgment (sana crítica racional), logic, and experience. As stated, the complaint was essentially that the Pococí Trial Court had manifestly failed to provide adequate reasoning when it found a state of doubt in order to acquit the accused and dismiss the civil action for damages (acción civil resarcitoria) brought against him.
The appellant explains that the arguments presented by the State’s representative in the appeal against the judgment focused on challenging the reasons why the sentencing court considered there to be doubt as to whether the defendant was the perpetrator of the logging offense attributed to him and whether he had caused the environmental damage arising from the unlawful act with which he had been charged. He states that, to justify the judgment, the court of first instance (a quo) recounted a series of disconnected, biased, and superficial assessments of the evidence admitted into the record, which centered on the accused’s statement. The trial judge found that the circumstantial evidence (prueba indiciaria) relied upon by the Public Prosecutor’s Office in its indictment and by the Attorney General’s Office in its private prosecution (querella) and civil action was insufficient to establish the accused’s criminal and civil liability because it did not constitute unequivocal or compelling indicia.
She criticized the fact that the prosecution witness and SINAC official Alexander Alfaro Durán observed the accused sitting and eating near a warm chainsaw, but not using it at that moment, and considered that the fact that his clothing was dirty and covered with sawdust did not necessarily mean that he was participating in the commission of the logging or harvesting offense. According to her, this could essentially be explained by two circumstances: a) that the sawdust on his clothing had been carried by the wind because he was near those who were logging; and b) that the dirt on his clothing could be explained by the field-clearing work (chapia) that the accused said he had performed minutes earlier, thereby lending further credibility to his account. In the appellant’s view, the appellate court (ad quem) overlooked important details: “…such as the fact that the chainsaw near the accused was warm, which clearly leads to the inference that it had been used only a few minutes earlier, together with the fact that the chainsaw was close to where the accused was sitting, that he was sweaty, perspiring, and had sawdust residue on his clothing—particles whose weight, unlike dust, made it difficult for them to travel several meters from the place where the other accused persons were using another chainsaw.
Contrary to the trial judge’s finding, this made it possible to establish that, minutes before SINAC approached him, the accused had been using the chainsaw and was therefore logging at the site…” (folio 226). The State Attorney points out that the trial judge questioned the intervention and investigation conducted by the witness [Name 003] because he had neither identified nor investigated the minors—the children of the couple referred to by [Name 002], who were also defendants in a separately conducted judicial proceeding—arguing that those minors could have been assisting with the logging work and could have used the chainsaw located near where the accused was sitting. Counsel states that he does not agree with that reasoning because: “…there are several reasons why SINAC officials may have decided not to investigate the minors, such as the absence of visible indicia on their clothing (sawdust and dirt), the conclusion that they were not as close to their parents and the logging work, or that, because of their weight and height (physical build), they were not capable of handling heavy and dangerous tools such as a chainsaw…” (folio 226 verso).
He also states that, to reinforce the uncertainty regarding the person responsible for the environmental damage, reference was made to the fact that, during a subsequent visit, SINAC officials were unable to locate the exact site of the stumps: “…which we consider to be an aspect that does (sic) not have sufficient significance to create doubt regarding the defendant’s criminal and civil liability…” (folio 226 verso). Attorney Alfaro Ramírez states that the Criminal Judgment Appeals Court was advised that the explanation given by the accused was not credible and was contrary to the rules of rational sound judgment because, although at the beginning of the trial he identified himself as a day laborer who performed “field-clearing work,” that occupation required him to have at least the basic tools for such work. Nevertheless: “…the accused did not explain what had happened to his tools on the day he was detained together with the other accused persons; there was nothing in the case file showing that he had said anything to SINAC officials about his tools, the need to retrieve them, or the need to call someone to retrieve them for him; nor was there any evidence that he had made any complaint in that regard or had ever informed any authority of the loss of those items, particularly because they are essential tools for performing the activities by which the accused claims to earn his living…” (folio 227 recto).
The appellant also states that the evidentiary weight given to the accused’s account was challenged because he had been willing to submit to an alternative measure (medida alterna) that entailed fulfilling commitments and obligations despite supposedly having no connection whatsoever to the acts under investigation. He considers that, under the rules of rational sound judgment, that circumstance rendered the accused’s account implausible and inconsistent. He therefore states that the Criminal Judgment Appeals Court was advised that, had all the evidence been analyzed jointly and comprehensively, it could easily have reached very different conclusions that would instead have established, with absolute certainty, the defendant’s criminal and civil liability for the acts being tried. However, he asserts that the appellate court misinterpreted the arguments and dismissed them superficially, stating that it: “…did not respond to the challenge raised in the appeal filed by this State representation and issued a ruling that analyzed the challenged decision only superficially, with the evident aim of affirming a judgment that was inadequately reasoned and contrary to the State’s interests…” (folio 228 recto and verso).
He adds that the challenged ruling referred to decision N° 882-2000 of this Chamber to validate the Trial Court’s judgment insofar as it found that the indicia gathered during the proceedings were not unequivocal and that it was therefore impossible to establish the accused’s criminal and civil liability: “…but without analyzing why those indicia were not conclusive…” (folio 228 verso). The appellant states that the Judgment Appeals Court not only departed from the purpose of article 459 of the Code of Criminal Procedure—which refers to a comprehensive review of the judgment—but also openly violated article 142 of the Code of Criminal Procedure by finding that the judgment was adequately reasoned through a fairly extensive transcription of the challenged judicial decision: “…using a smaller font with the cleara (sic) intention of saving space, which suggests that the quotation would have been much longer had the same font size been used.
The foregoing constitutes a violation of the duty to state reasons because what the court did was indicate that it agreed with the reasoning employed by the trial court, using the reasons given by that same court and certain expressions that merely dismiss the State’s arguments in order to reinforce those reasons, but without providing a genuine answer as to why the Criminal Judgment Appeals Court considered the challenged judgment to be properly and sufficiently supported.…” (folio 229 recto and verso). The appellant adds that the reasoning set forth by the appellate court: “…seriously undermines the logical construction of the reasoning employed because it fails to address the dilemma raised in the sole ground of appeal submitted by the State’s representative…” (folio 229 verso). In support of the challenge, the appellant refers to decision N° 701-2018 of this Chamber, issued at 12:55 hours on 26 September 2018, concerning defects in reasoning that constitute valid grounds for an appeal in cassation (casación).
The appellant asserts that: “…It would appear that the Judgment Appeals Court never understood our complaint and the disagreement embodied in the sole ground of the appellate application submitted for its consideration: it is invalid, and therefore an evasion of the obligation to provide proper reasons for judicial decisions, thereby violating article 142 of the CPP, to rebut the arguments challenging the joint and several civil judgment imposed on the State together with a private individual by citing case law from cases that are not analogous and address issues which, although relating to the State’s strict civil liability (responsabilidad civil objetiva), differ from those challenged on appeal…” (folio 230 recto). State counsel likewise demands: “…coherent and clear reasoning demonstrating why the trial court’s decision is properly reasoned…” (folio 230 recto). He therefore considers that the challenged ruling contains a defect in reasoning: “…because there is a serious flaw in its construction, since, to rebut a ground of appeal and dismiss it, it relies on reasoning that does not respond to what was alleged, and this inexorably results in a serious and material failure to provide reasons, in clear violation of article 142 of the CPP, a defect that we hereby duly identify…” (folio 230 recto).
As prejudice, he alleges that, because the ground of appeal was neither analyzed nor conclusively ruled upon as a result of deficient reasoning, the accused’s acquittal was affirmed and the civil action for damages brought against him was dismissed. He considers that: “…had the matter been decided in accordance with the law, the court would have determined that it was necessary to order a retrial on remand (juicio de reenvío), in which the same trial court, differently constituted, would comprehensively examine (sic) the testimonial, documentary, and circumstantial evidence…” (folio 230 recto and verso). On that basis, he requests that the challenge be granted, that the challenged ruling be declared ineffective, and that the case be remanded to the Criminal Judgment Appeals Court for new proceedings in accordance with the law.
III.The challenge (impugnación) is inadmissible: A review of the admissibility of the sole claim raised by Criminal Prosecutor Andrés Alfaro Ramírez shows that the fundamental requirements for it to proceed have not been met. As this Chamber notes, the appellant clearly commingles objections, first alleging an absence of intellectual reasoning (fundamentación intelectiva) and asserting, for example, that the ad quem: “…did not respond to the objection raised in the appeal filed by this representative and issued a judgment that examined the challenged decision only superficially, with the evident aim of affirming a judgment that was inadequately reasoned and contrary to the interests of the State…” (folio 228 recto and verso). Although the appellant would appear to be clearly defining the error as a defect consisting of a lack of reasoning due to the complete absence of a ruling on the issue raised, in substantiating the complaint he also alleges the existence of logical defects, asserting that the challenged judgment: “…seriously undermines the logical construction of the reasoning employed…” (folio 2298 verso).
It is therefore clear that, within the sole ground raised, the appellant commingles arguments of a different nature (alleging both a lack of reasoning and a violation of the rules of sound judgment (sana crítica) in the assessment of the evidence), thereby confusing the claims and violating the procedural rules, which, under penalty of inadmissibility, require each ground to be presented separately together with the supporting basis and grievances required by Article 469 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). Moreover, in this Chamber’s view, the appellant is merely reiterating the objection raised before the Court of Appeal in the sole ground of the appeal filed, in which, from his perspective, the evidence had been assessed incorrectly, specifically by granting full credibility to the accused’s account, withholding it from the prosecution witnesses’ testimony, and incorrectly assessing the circumstantial evidence, on the basis of which doubt was established as to whether [Nombre 002] was responsible for the acts under investigation.
That premise merely reflects the appellant’s disagreement with the decision, insofar as it held, in relevant part, that: “…It is not true that the Trial Court acquitted the accused based on an erroneous assessment of the evidence presented at trial, in breach of the rules of rational sound judgment (sana crítica racional), as alleged, or that the reasoning was biased and insufficient. Once the written judgment has been analyzed in its entirety, it is apparent that the decision is properly reasoned and, above all, reflects a coherent, interconnected, logical, and specific assessment of all the evidence presented, which makes abundantly clear the reasons for concluding that, given the particular circumstances of the case, there was reasonable doubt as to whether the accused was engaged in the illegal felling and harvesting of timber without the corresponding permits…” (folio 215). The ad quem further found that: “…The arguments advanced by the appellants seek to discredit both the examination of each item of circumstantial evidence and the conclusions reached by the a quo in acquitting the accused, but in doing so they failed to establish the existence of any defect or flaw in their assessment.
This Court finds that the appellants merely listed a collection of indicia drawn from the evidence without establishing the existence of any error in the logical process followed by the judge in examining them. Nor was there any breach of the rules of rational sound judgment, because the Trial Court’s reasoning validly derives from the evidence introduced at trial and supports the acquittal by concluding that the indicia were not substantial, precise, and consistent enough to establish unequivocally, beyond all reasonable doubt, the accused’s participation in the charged acts…” (folio 216 verso). The Court of Appeal added: “…In the case under review, the Court did take into account the indicia arising from the evidence—the accused’s presence at the site, the fact that his clothes were dirty and covered with sawdust, that he was found sitting on a piece of felled timber near a chainsaw that was still warm, and that he was a short distance from the co-accused against whom the criminal proceedings continued—; nevertheless, it found that these circumstances did not rebut the accused’s presumption of innocence after assessing them and comparing them with the account he provided in his own defense.
The judgment shows that he stated that he was clearing the pasture of a neighbor known as [Nombre 004] when he heard the sound of a chainsaw and therefore went to the site to determine who was working there. He encountered two acquaintances working with the timber, stayed to talk with them, and, when they resumed their work, sat down to eat the snack he had brought before leaving. At that moment, officials whom he identified as being from Minae arrived. He added that he did see some cut trees lying on the ground but did not know who had felled them, except that his acquaintances had told him shortly beforehand that they had been given ‘some logs’ to repair their house. He denied having provided them with any assistance or cooperation or owning the chainsaw, and stated that the officials asked him to sign a document even though he could neither read nor write, and that they did not read it to him, much less explain its contents.
This Chamber agrees that the accused’s mere presence at the site is not unequivocal evidence of his criminal participation, because he gave a statement explaining that he was there because he had approached to see who was working with a chainsaw. It was also properly considered that [Nombre 002] was not found sawing timber or felling a tree, as were the other two persons against whom criminal proceedings continued, but rather was found sitting on a piece of timber and eating, as witness [Nombre 003] confirmed. This Court does not share the appellants’ view that the location of the chainsaw near the accused and the fact that it was warm to the touch demonstrated his guilt, because, as the a quo considered, four other persons were present at the site, including two minors, and any one of them could have been using that tool; nor is it clear why the parties believed it was being used by the accused.
The dirty condition of his clothes does not rebut his innocence, because it was logical and even to be expected that they would be in that condition, given that he stated that he had spent that day clearing a pasture, a form of manual fieldwork in which clothing commonly becomes dirty. This also explains why he appeared sweaty, particularly considering that everything occurred near midday in a rural area and an open field. The parties have questioned the fact that the accused had sawdust on his clothes, but that fact does not support the conclusion that he had been sawing the timber. They failed to consider that he was only a short distance from where the bow saw was being used and that he sat on a piece of timber to eat, which could very readily explain how sawdust from the surrounding area came to adhere to him, as shown in the photographs in the police report. Nor can it be ruled out that the air current generated by the operating chainsaw contributed to spreading the sawdust throughout the site where the felled trees were being worked.
All the foregoing circumstances preclude the unequivocal conclusion that the accused actively participated in the unlawful activity, and the judge was correct in her analysis. The indicia noted above may give rise to suspicion regarding the accused, but they are insufficient to establish certainty because they are not substantial, precise, or unequivocal enough for the deductive process to yield a single, indisputable conclusion. Under the circumstances of this case, the accused’s explanation for his presence at the site is not implausible, and there is no other evidence capable of disproving his account. This Court therefore concludes that the causal relationship between the known facts and the inference or conclusion has not been established and that, because it is impossible to determine the accused’s responsibility for the charged acts with the required degree of certainty, his acquittal of those acts is valid under the universal principle of in dubio pro reo…” (folios 217 recto to 218 recto).
In this Chamber’s view, the objections now raised—that the Court of Appeal disregarded important matters, such as the fact that the chainsaw near where the accused was sitting was hot, that [Nombre 002] was sweating, and that his clothes bore traces of sawdust; that the appellant disagrees with the reasoning set out by the ad quem; that the arguments were misinterpreted; and that they were dismissed superficially—merely reveal the flawed appellate technique employed in the appeal. On the one hand, the appellant seeks a reassessment of the body of evidence based on a modification of the facts found proven, which is improper at this procedural stage; and, on the other hand, he commingles various claims under a single ground of appeal (invoking both a lack of reasoning and a violation of the rules of sound judgment), which is likewise inadmissible because each ground must be raised separately, together with its respective legal basis, the provisions authorizing its filing, and those considered to have been violated, with each grievance and request for relief specified concretely and directly, as provided in Article 469 in fine of the Code of Criminal Procedure.
For the reasons stated, pursuant to the express provisions of Articles 467, 468, and 469 of the Code of Criminal Procedure, as well as Article 471 Ibidem, which provides: “Admissibility and procedure. The Cassation Chamber shall declare the appeal inadmissible when the statutory filing requirements have not been met, as established in the preceding Article 470; also when the decision is not appealable, the party lacks the right to appeal, the appeal seeks to modify the facts found proven, or the appeal is wholly unfounded, in which case it shall so declare and return the proceedings to the court of origin,” the appeal in cassation (recurso de casación) filed by Criminal Prosecutor Andrés Alfaro Ramírez is declared inadmissible.
Therefore (Por Tanto):
The appeal in cassation filed by Criminal Prosecutor Andrés Alfaro Ramírez is declared inadmissible. Let notice be given.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
Miguel Fernández C.
Alternate Justice Rosa Acón Ng.
Alternate Justice 1080-5/14-5-21 JMELENDEZ
Revisión del Documento Res: 2022-00015 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las diez horas once minutos del catorce de enero de dos mil veintidós.
Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 002], por el delito de tala y aprovechamiento ilegal de madera, en perjuicio de La Ley Forestal; y,
Considerando:
I.Mediante libelo visible de folios 224 a 231, el licenciado Andrés Alfaro Ramírez, en su condición de Procurador Penal, interpone recurso de casación contra la resolución N° 2021-1270, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, a las 11:00 horas, del 23 de agosto del 2021 (folios 211 a 219). Mediante dicho fallo, se declararon sin lugar los recursos de apelación formulados por los licenciados Guillermo Cordero Camacho y Andrés Alfaro Ramírez, en representación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, respectivamente, confirmándose, en consecuencia, la sentencia N° 37-2021, dictada por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a las 8:05 horas, del 22 de enero del 2021, mediante la cual, por aplicación del principio in dubio pro reo, se absolvió de toda pena y responsabilidad a [Nombre 002], por los delitos de tala y aprovechamiento ilegal de madera que se le venían atribuyendo en perjuicio de Los Recursos Naturales y se ordenó la devolución del comiso descrito en las actas 1365 y 1363 a quien, en el plazo de tres meses, demostrara ser su propietario; quedando las costas del proceso a cargo del Estado.
Además, se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria planteada por el Estado en calidad de ofendido directo y representado por la Procuraduría General de la República, sin que existiera condena en costas, al existir razón plausible para litigar (folios 166 a 179).
II.El único alegato planteado por la Procuraduría, se titula: “VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD POR INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL POR UNA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA” (folio 225). Explica el recurrente, que en el recurso de apelación formulado contra la sentencia N° 037-2021 del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la zona Atlántica, sede Pococí, de las 8:05 horas del 22 de enero de 2021, se alegó como único motivo, la falta de fundamentación por errónea valoración intelectiva de la prueba y por resultar contraria a las reglas de la sana crítica racional, la lógica y la experiencia. Según se indica, básicamente, se reclamó que existía una evidente ausencia de fundamentación por parte del Tribunal de Juicio de Pococí, al establecer el estado de duda para absolver al imputado y declarar sin lugar la acción civil resarcitoria incoada en su contra.
Explica el recurrente, que el planteamiento de la representación estatal en su recurso de apelación de sentencia, se centró en cuestionar cuáles fueron las razones por las que el tribunal sentenciador consideró que existía duda sobre la autoría del delito de tala atribuido al encartado y que hubiera sido él, el causante del daño ambiental derivado del ilícito que se le venía atribuyendo. Señala que, a fin de justificar el fallo, el a quo hizo un recuento de valoraciones sesgadas y superficiales inconexas de la prueba incorporada, que gravitaron sobre la declaración del imputado, estimando la juzgadora, que la prueba indiciaria utilizada por el Ministerio Público en su acusación y por la Procuraduría en su querella y acción civil, era insuficiente para tener por demostrada la responsabilidad penal y civil del imputado, en tanto no constituían indicios unívocos ni contundentes, fustigando el hecho de que el testigo de cargo y funcionario del SINAC Alexander Alfaro Durán, observó al imputado sentado, consumiendo alimentos cerca de una motosierra caliente, pero sin estar utilizándola en ese instante, considerando que el hecho de tener sus ropas sucias y con aserrín, no implicaba necesariamente que estaba participando de la comisión del delito de tala ni aprovechamiento, y que lo anterior podía obedecer, básicamente a dos situaciones: a) que la presencia de aserrín en sus ropas se haya dado por acción del viento y la cercanía respecto a quienes estaban talando y b) que la suciedad en sus ropas se podía justificar por el trabajo de campo (chapia) que minutos antes dice haber realizado el imputado, reforzándose con ello la credibilidad otorgada a su relato.
En criterio del recurrente, el ad quem obvió detalles importantes: “…como lo era que la motosierra que estaba cerca del imputado estaba caliente, lo que claramente conlleva a interpretar que pocos minutos antes había sido utilizada, sumado al hecho de que la motosierra estaba cerca de donde estaba sentado el imputado, quien estaba sudado, sudo y tenía en sus ropas restos de aserrín, partículas que por su peso a diferencia del polvo, era difícil que viajaran varios metros de distancia, con respecto al sitio donde estaban los otros imputados utilizando otra motosierra, lo cual contrariamente a lo sostenido por la juzgadora permitía establecer que el imputado había estado minutos antes del abordaje del SINAC, utilizando la motosierra y por lo tanto, talando en el sitio…” (folio 226). Hace ver el Procurador, que la juzgadora cuestionó el abordaje e investigación realizada por el testigo [Nombre 003], al no haber identificado ni investigado a los menores de edad, hijos de la pareja a la que hace referencia [Nombre 002] y que también son imputados en una causa judicial tramitada por aparte, aduciendo que éstos menores podrían haber estado colaborando en sus faenas de tala y haber utilizado la motosierra que estaba cerca del lugar donde estaba sentado el imputado.
Expone el abogado, que no comparte dicho razonamiento, pues: “…son varias las razones que pudieron tener los funcionarios del SINAC para no investigar a los menores, tales como la falta de indicios visibles en sus ropas (aserrín y suciedad), considerar que no estaban tan cerca de sus padres y de las labores de tala o que por su peso y estatura (contextura física), no estaban en condiciones de manejar herramientas pesadas y peligrosas como lo constituye una motosierra…” (folio 226 vuelto). Menciona, además, que para reforzar la incertidumbre sobre la persona responsable del daño ambiental, se hizo alusión a que en una visita posterior realizada por los funcionarios del SINAC, no pudieron encontrar el sitio exacto de los tocones: “…lo cual consideramos es un aspecto que no tienen (sic) mayor trascendencia para generar duda sobre la responsabilidad penal y civil del justiciable…” (folio 226 vuelto).
El licenciado Alfaro Ramírez menciona, que se le hizo ver al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, que la explicación dada por el encartado era poco creíble y contraria a las reglas de la sana crítica racional, pues si bien, al inicio del juicio, en su identificación dijo ser jornalero y dedicarse a hacer “chapias”, ello suponía la necesidad de contar con herramientas mínimas para tal oficio, siendo que: “…el imputado no explicó qué había pasado con sus herramientas el día en que fue detenido junto a los demás imputados, que no constaba en la documentación del proceso que él haya dicho nada a los funcionarios del SINAC sobre sus herramientas, la necesidad de recogerlas, de llamar a alguien que lo hiciera por él, ni tampoco la realización de ningún reclamo sobre el particular o que en algún momento haya hecho saber a alguna autoridad sobre la pérdida de esos bienes, máxime que se trata de herramientas elementales para ejercer las actividades que el imputado dice realizar para ganarse la vida…” (folio 227 frente).
Menciona también el impugnante, que se cuestionó el valor probatorio otorgado al dicho del encartado, al haber estado dispuesto a someterse a una medida alterna, que suponía el cumplimiento de compromisos y obligaciones a pesar de, supuestamente, no tener relación alguna con los hechos investigados. Estima que, conforme a las reglas de la sana crítica, dicha circunstancia tornaba poco creíble e inconsistente la versión del encartado. Expone así, que se le indicó al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal que, en caso de haberse analizado todas las probanzas en conjunto y de manera integral, fácilmente podría haberse arribado a conclusiones muy distintas, que más bien tendrían por demostrada, con certeza absoluta, la responsabilidad penal y civil del justiciable por los hechos bajo juzgamiento. Sin embargo, refiere que el ad quem mal interpretó los alegatos y los descartó de manera superficial, considerando que: “…no dio respuesta al cuestionamiento efectuado en el recurso formulado por esta representación y emite un fallo que analizó apenas de manera superficial la resolución impugnada, con el evidente afán de confirmar un fallo deficientemente fundamentado y que es contrario a los intereses estatales…” (folio 228 frente y vuelto).
Agrega, que en el fallo recurrido se hizo alusión al voto de esta Cámara N° 882-2000, para validar la sentencia del Tribunal de Juicio, en cuanto se consideró que los indicios recabados en el proceso no eran unívocos y que, por ende, no era posible decretar la responsabilidad penal y civil del imputado: “…pero sin haber analizado por qué esos indicios no eran concluyentes…” (folio 228 vuelto). Expone el impugnante, que el Tribunal de Apelación de Sentencia no solo se apartó del espíritu del artículo 459 del Código Procesal Penal -que alude al examen integral del fallo-, sino que también transgredió abiertamente el artículo 142 Código Procesal Penal, al considerar que la sentencia sí estaba fundamentada, mediante una transcripción bastante extensa de la decisión judicial cuestionada: “…utilizando una fuente más pequeña con la calara (sic) consigna de ahorrar espacio, por lo que habría que pensar que dicha cita era mucho más extensa si se hubiera utilizado el mismo tamaño de letra.
Lo anterior, cual constituye una violación al deber de fundamentación, pues lo que se hizo fue indicar que se está de acuerdo con la fundamentación empleada por el tribunal de juicio, utilizando las razones dadas por ese mismo tribunal algunas expresiones que lo que hacen es desestimar las argumentaciones del Estado para reforzar aquellas, pero sin dar una verdadera respuesta de por qué motivos es que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, consideró que la sentencia cuestionada está bien y suficientemente sustentada.…” (folio 229 frente y vuelto). Agrega el recurrente, que la fundamentación expuesta por el ad quem: “…lesiona gravemente la construcción lógica del razonamiento empleado, porque no enfrenta el dilema planteado en el único motivo del Recurso de Apelación del representante del Estado…” (folio 229 vuelto). Al sustentar la protesta, el recurrente hace referencia a la resolución de esta Cámara N° 701-2018, de las 12:55 horas, del 26 de setiembre del 2018, en relación a los defectos de fundamentación que constituyen motivos válidos para recurrir en casación.
Asegura el impugnante, que: “…Pareciera que el Tribunal de Apelación de Sentencia nunca entendió nuestro reclamo y la inconformidad que se materializó en el único motivo de la gestión recursiva sometida a su consideración: no es válido y por ende, es una evasión de la obligación de fundamentar correctamente las resoluciones judiciales, lesionando con ello el artículo 142 del CPP, rebatir los argumentos que cuestionaron la condena civil solidaria impuesta al Estado junto con un particular, a partir de citas jurisprudenciales de casos que no son análogos y que enfocan tópicos que refiriéndose a la responsabilidad civil objetiva del Estado, son distintos a los que fueron objeto de impugnación…” (folio 230 frente). Asimismo, el abogado del Estado exige: “…un razonamiento coherente y claro que nos demuestre por qué es que la resolución del tribunal de juicio está debidamente fundamentada…” (folio 230 frente).
Considera así, que el fallo impugnado contiene un vicio de fundamentación: “…al existir un grave error en su construcción ya que para rebatir un motivo de apelación y declararlo sin lugar, recurre a razonamientos que no dan respuesta a lo alegado y ello inexorablemente conduce a una severa y calificada falta de fundamentación, en clara transgresión del artículo 142 del CPP, vicio que dejamos debidamente señalado…” (folio 230 frente). Como agravio, alude que al no haberse analizado ni emitido pronunciamiento certeramente sobre el motivo de apelación, producto de una deficiente fundamentación, se ratificó la absolutoria del imputado y se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria incoada en su contra. Estima, que: “…de haberse resuelto en forma ajustada a derecho, se habría determinado la necesidad de ordenar un juicio de reenvío, en el que el mismo tribunal de juicio con diversa integración, procediera con el estudio de manera integral (sic) la prueba testimonial, documental e indiciaria…” (folio 230 frente y vuelto).
Solicita, a partir de lo anterior, que se acoja la impugnación planteada, se declare la ineficacia del fallo recurrido y se ordene el reenvío ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal para una nueva sustanciación conforme a derecho.
III.La impugnación es inadmisible: Del estudio de admisibilidad del único alegato formulado por el Procurador Penal Andrés Alfaro Ramírez, se verifica que se incumple con requisitos fundamentales para su procedencia. Según advierte esta Cámara, el impugnante incurre en una clara entremezcla de reproches, al invocar, en primer término, una ausencia de fundamentación intelectiva y aducir, por ejemplo, que el ad quem: “…no dio respuesta al cuestionamiento efectuado en el recurso formulado por esta representación y emite un fallo que analizó apenas de manera superficial la resolución impugnada, con el evidente afán de confirmar un fallo deficientemente fundamentado y que es contrario a los intereses estatales…” (folio 228 frente y vuelto). Si bien, pareciera que el recurrente estaría delimitando claramente el yerro a un vicio de falta de fundamentación por ausencia absoluta de pronunciamiento sobre el extremo invocado, al sustanciar la queja, también reprocha la existencia de vicios lógicos, al acusar que el fallo recurrido: “…lesiona gravemente la construcción lógica del razonamiento empleado…” (folio 2298 vuelto).
Es claro, así, que dentro del único motivo que se formula, el recurrente hace planteamientos de distinta naturaleza de manera entremezclada (al alegar tanto la falta de fundamentación como la vulneración a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba), incurriendo por lo tanto, en una confusión de alegatos, con lo que se violenta la normativa procesal, que establece bajo sanción de inadmisibilidad, la presentación separada de cada uno de los motivos con sus fundamentos y agravios que exige el artículo 469 del Código Procesal Penal. A mayor abundamiento, en criterio de esta Cámara, lo que hace el recurrente, es insistir en la protesta que fue planteada ante el Tribunal de Apelación, en el único motivo del recurso de apelación interpuesto y con que, desde su punto de vista, se había incurrido en una errónea valoración de la prueba, concretamente, al concedérsele credibilidad total a la versión del acusado, quitársela al dicho de los testigos de cargo y realizar una apreciación errónea de los indicios, a partir de lo cual, se estableció la duda de que [Nombre 002] fuera responsable de los hechos investigados.
Dicha premisa solo deriva de una inconformidad del impugnante con lo resuelto, en tanto se dispuso, en lo que interesa, que: “…No es cierto que el Tribunal de sentencia hubiera absuelto al acusado a partir de una errada valoración de los elementos probatorios recabados en el debate, quebrantándose las reglas de la sana crítica racional como ha sido alegado ni que la motivación sea una sesgada e insuficiente. Una vez que se ha podido analizar de forma integral la sentencia escrita, se desprende que la decisión tomada se encuentra debidamente motivada y, ante todo, responde a una valoración hilada, concatenada, lógica y puntual de todos los medios probatorios evacuados, gracias a los cuales se desprende con suma claridad las razones por las que se concluyó que, de acuerdo con las particularidades del caso, había una duda razonable acerca de si, el imputado se encontraba realizando acciones de tala y aprovechamiento ilegal de madera, sin contar con los permisos respectivos…” (folio 215).
Estimó el ad quem, además, que: “…Los argumentos que fueron esgrimidos por los recurrentes buscan desacreditar el examen que se hizo de cada indicio, como las conclusiones a las que arribó el a quo para disponer la absolutoria del acusado, pero en ese ejercicio fallaron en acreditar la existencia de un defecto o vicio en la apreciación de los mismos. Es criterio de este tribunal que los impugnantes se limitaron a enunciar un cúmulo de indicios que se extraían de la prueba, sin acreditar la existencia de algún error en el proceso lógico seguido por la juzgadora para su examen. Tampoco existe quebranto alguno a las reglas de la sana crítica racional, pues los razonamientos del Tribunal de mérito derivan válidamente de los elementos de juicio introducidos al debate, sustentando la absolutoria al concluirse que los indicios no resultaron ser graves, precisos y concordantes para establecer de manera unívoca, más allá de toda duda razonable, la participación del imputado en los hechos acusados…” (folio 216 vuelto).
Agregó el Tribunal de Apelación: “…En el caso bajo examen el tribunal sí tomó en cuenta los indicios que se derivaban de las pruebas -ubicación del imputado en el sitio, que sus ropas estaban sucias y llenas de aserrín, hallándosele sentado sobre un trozo de madera talado, cerca de una motosierra que aún estaba tibia y a una corta distancia de los coimputados con causa penal parte-; no obstante se consideró que no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, luego de apreciarlos y contrastarlos frente a la versión que el acusado brindó en su defensa material. De la lectura del fallo se extrae que aquel declaró que, él se encontraba chapeando el potrero de un vecino, conocido como [Nombre 004], cuando escuchó el sonido de una motosierra y por eso se dirigió al sitio para determinar quién estaba trabajando, encontrándose con dos amistades suyas que estaban trabajando con la madera, por lo que él se quedó conversando con ellos y cuando reanudaron la faena, se sentó a comerse la merienda que traía antes de retirarse, siendo en ese momento que llegaron unos funcionarios que él identificó como del Minae.
Agregó que él si vio unos árboles cortados en el suelo, pero no supo quién los había talado, más allá que sus conocidos le comentaron momentos antes que les habían regalado "unos palos" para arreglar su casa, rechazando haberles prestado ayuda o colaboración y que la motosierra fuera de su propiedad, señalando que los citados funcionarios le pidieron firmar un documento, pese a que él no sabía leer ni escribir, el cual no le leyeron ni mucho menos le explicaron su contenido. Esta cámara coincide en que la sola presencia del imputado en el lugar no resulta ser un indicio inequívoco de su participación criminal, porque aquel brindó una declaración justificando que su presencia en el sitio fue porque se acercó a ver quién estaba trabajando con una motosierra. Además se ponderó en forma adecuada que [Nombre 002] no fue encontrado aserrando madera o talando un árbol, como sí fueron hallados las otras dos personas a quienes se les siguió causa penal, sino fue localizado sentado sobre un trozo de madera, ingiriendo unos alimentos, como lo ratificó el testigo [Nombre 003].
No comparte este tribunal la apreciación de los recurrentes en el sentido de que la localización de la motosierra cerca del imputado y que al tacto estuviera tibia demostraba su culpabilidad, porque tal como lo ponderó el a quo en el lugar habían otras cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, siendo posible que alguno de ellos estuviera usando dicha herramienta, sin que se comprenda la razón por la cual las partes consideraron que la misma estaba siendo usada por el acriminado. Véase que, el estado sucio de su ropa no desvirtúa su inocencia, porque era lógico y hasta esperable que ese fuera su estado, partiendo de que aquel declaró que ese día estuvo chapeando un potrero, siendo una labor manual de trabajo en el campo en la que es usual que las prendas se ensucien y, justifica que se le observara sudado, más si se considera que todo ocurrió cerca del medio día, en una zona rural, en un campo abierto.
Las partes han cuestionado que el endilgado tenía aserrín en sus ropas, pero ese elemento no permite derivar que estuvo aserrando la madera, dejándose de analizar que él estaba a una distancia corta de donde estaba usándose la sierra con marco, sentándose encima de un trozo de madera para ingerir alimentos, lo cual puede explicar con suma facilidad que se impregnara del aserrín que había en los alrededores, tal como se aprecia en las imágenes del informe policial, sin que pueda desvirtuarse que la fuerza del viento que genera la motosierra en funcionamiento hubiera contribuido a la expansión del aserrín en el sitio donde se estaban trabajando los árboles cortados. Son todas las anteriores circunstancias las que impiden concluir de una forma inequívoca, que el endilgado hubiera tomado parte activa de la actividad ilícita, llevando razón la jueza en su análisis. Los indicios antes apuntados pueden generar una sospecha sobre el imputado, pero los mismos no alcanzan para establecer un nivel de certeza, porque los indicadores no resultan ser graves, precisos ni unívocos para que, a través del proceso deductivo, pueda arribarse de manera indubitable una única conclusión.
En las condiciones de este caso, no resulta absurda la tesis del imputado que explicó su presencia en el lugar y no existe algún otro medio de prueba que permita desvirtuar su dicho, concluyendo este tribunal que la relación causal entre los hechos conocidos y el indicado o conclusión, no ha podido establecerse y ante la imposibilidad de determinar con la certeza requerida la autoría del encartado en los hechos acusados, resulta válida su absolutoria por los hechos acusados, en aplicación del principio universal in dubio pro reo…” (folios 217 frente a 218 frente). En criterio de esta Cámara, los reparos que se formulan en esta ocasión, respecto a que el Tribunal de Apelación dejó de lado aspectos importantes -como que la motosierra que estaba cerca de donde el imputado se encontraba sentado estaba caliente; que [Nombre 002] estaba sudado y que tenía en sus ropas restos de aserrín-; que no se comparte el razonamiento expuesto por el ad quem; que se mal interpretaron los alegatos y que fueron descartados de manera superficial, únicamente ponen de manifiesto la errada técnica impugnaticia empleada en el recurso, al pretender, por una parte, que se efectúe una revaloración del elenco probatorio a partir de la modificación de los hechos probados, lo cual es improcedente en este estadio procesal y, en segundo lugar, al entremezclar diversos alegatos en un solo motivo del recurso (al invocarse, tanto una falta de fundamentación como la vulneración a las reglas de la sana crítica), lo que también resulta inadmisible, en virtud de que cada motivo debe plantearse por separado, con su respectivo fundamento jurídico, las normas que autorizan su interposición y las que se consideran quebrantadas, especificando de manera concreta y directa, cada agravio y pretensión, según lo dispuesto en el numeral 469 in fine del Código Procesal Penal.
En razón de lo expuesto, con base en lo preceptuado expresamente en los artículos 467, 468 y 469 del Código Procesal Penal, así como lo dispuesto en el numeral 471 Ibidem, que establece: “Admisibilidad y trámite. La Sala de Casación declarará inadmisible el recurso cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición, según lo establece el artículo 470 anterior; además, cuando la resolución no sea recurrible, la parte no tenga el derecho de recurrir, cuando el recurso tenga como finalidad modificar los hechos probados o cuando el recurso sea absolutamente infundado, en cuyo caso lo declarará así y devolverá las actuaciones al tribunal de origen”, se declara inadmisible el recurso de casación incoado por el Procurador Penal Andrés Alfaro Ramírez.
Por Tanto:
Se declara inadmisible el recurso de casación presentado por el Procurador Penal Andrés Alfaro Ramírez. Notifíquese.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
Miguel Fernández C.
Magistrado Suplente Rosa Acón Ng.
Magistrada Suplente 1080-5/14-5-21 JMELENDEZ
Document not found. Documento no encontrado.