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Res. 00514-2021 Sala Tercera de la Corte · Sala Tercera de la Corte · 13/05/2021
OutcomeResultado
The Third Chamber admits the substantive grounds raised by the Public Prosecutor and the Attorney General concerning environmental restitution and standing, and dismisses the claims based on contradictory precedent as inadmissible; it does not rule on the merits of restitution.La Sala Tercera admite los motivos de fondo del Ministerio Público y de la Procuraduría sobre restitución ambiental y legitimación, y declara inadmisibles los reclamos por jurisprudencia contradictoria; no resuelve el fondo de la restitución.
SummaryResumen
The Third Chamber of the Supreme Court admits three cassation grounds filed by the Public Prosecutor’s Office and the Attorney General’s Office against a ruling of the Cartago Criminal Appeals Court. The lower court had declared the prosecutor’s appeal inadmissible and denied the Attorney General’s appeal, thereby upholding the acquittal of a defendant charged with land-use change, invasion of protection areas, and opening a trail in a forest. This ruling does not decide the merits but allows examination of three key legal issues. First, whether Article 103(1) of the Criminal Code allows requesting restitution of things to the state prior to the crime without a separate civil damages action and without the Prosecutor acting as victim representative. Second, whether Articles 140 and 289 of the Criminal Procedure Code grant the Prosecutor standing to seek such restitution as part of its duty to cease the consequences of crime. Third, whether the Appeals Court’s decision—having accepted the objective elements of the forest crime yet refusing to order restitution and deferring to the Executive Branch (MINAE)—constitutes a failure to apply Article 103(1) and an improper delegation of judicial functions. The Chamber dismisses as inadmissible the grounds based on contradictory precedent due to insufficient pleading. The ruling is an admissibility filter that signals the constitutional and legal significance of the grievances raised, without yet deciding the substantive question of environmental restitution.La Sala Tercera de la Corte admite tres motivos de casación planteados por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República contra una sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago. Este último había declarado inadmisible el recurso de apelación fiscal y sin lugar el de la Procuraduría, confirmando la absolución penal de un imputado por delitos de cambio de uso del suelo, invasión en área de protección y apertura de trocha en bosque. La Sala Tercera no resuelve el fondo, pero habilita el examen de tres cuestiones jurídicas medulares. Primero, si el artículo 103 inciso 1) del Código Penal permite solicitar la restitución de las cosas al estado anterior al delito sin necesidad de presentar una acción civil resarcitoria y sin que el Ministerio Público actúe como representante de la víctima. Segundo, si el artículo 140 del Código Procesal Penal y el artículo 289 ibídem confieren al Ministerio Público legitimación para promover esa restitución como parte de su deber de hacer cesar las consecuencias del delito. Tercero, si el hecho de que el Tribunal de Apelación —habiendo tenido por acreditada la tipicidad objetiva del delito forestal— haya optado por no ordenar la restitución y remitir la decisión al Poder Ejecutivo (MINAE) constituye una inobservancia del artículo 103 inciso 1) del Código Penal y una cesión indebida de funciones jurisdiccionales. La Sala desestima por inadmisibles los motivos por jurisprudencia contradictoria por deficiente formulación técnica. La decisión no constituye un pronunciamiento final sobre la procedencia de la restitución, sino un filtro positivo de admisibilidad que reconoce la relevancia de los agravios constitucionales y legales planteados por los recurrentes.
Key excerptExtracto clave
This hypothesis was established with the purpose of giving effect to the principles of legal certainty and equality before the law, insofar as it seeks that the judicial system responds in the same way in comparable cases. In this manner, citizens will be able to anticipate the consequences they could face if they commit an unlawful act. For this ground to be established, the following requirements must be met: a) Similarity in the factual circumstances; b) Identity in the ratio decidendi; c) Opposition in the legal analysis. These aspects must be clearly set out by the appellant so that this Chamber, when analyzing the admissibility of the appeal, can determine whether there are elements indicative of a contradiction in the precedents, in order to assess whether the claim should be examined on the merits.Esta hipótesis fue instaurada con la finalidad de darle vigencia a los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, por cuanto, se busca que el sistema judicial responda de la misma forma en casos que son equiparables. De esta manera los administrados tendrán la posibilidad de anticipar las consecuencias que podrían sufrir en caso de incurrir en la comisión de un ilícito. Para que se configure la causal deben concurrir los siguientes requisitos: a) Similitud en los supuestos fácticos; b) Identidad en la ratio decidendi; c) Oposición en el análisis jurídico. Los aspectos indicados deben ser claramente expuestos por la parte que recurre, con la finalidad de que esta Cámara, al analizar la admisibilidad de la impugnación, pueda determinar si existen elementos que sean indicativos de la contraposición en los precedentes, a fin de valorar si corresponde el estudio del reclamo por el fondo.
Pull quotesCitas destacadas
"El artículo 468 inciso a) del Código Procesal Penal, dispone en cuanto a la presentación del recurso de casación por precedentes contradictorios que: “…podrá ser fundado en alguno de los siguientes motivos: a) Cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación de sentencia, o de estos con precedentes de la Sala de Casación Penal.”"
"Article 468(a) of the Criminal Procedure Code provides regarding the filing of a cassation appeal based on contradictory precedents that: '...it may be based on any of the following grounds: a) When the existence of contradictory precedents issued by the sentence appeals courts, or between those and precedents of the Criminal Cassation Chamber, is alleged.'"
Considerando II — Análisis del segundo motivo del recurrente Manrique Ruiz Leal
"El artículo 468 inciso a) del Código Procesal Penal, dispone en cuanto a la presentación del recurso de casación por precedentes contradictorios que: “…podrá ser fundado en alguno de los siguientes motivos: a) Cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación de sentencia, o de estos con precedentes de la Sala de Casación Penal.”"
Considerando II — Análisis del segundo motivo del recurrente Manrique Ruiz Leal
"El numeral 467 del Código Procesal Penal, señala que el recurso de casación procede contra resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación de Sentencia, que “…confirmen total o parcialmente, o bien resuelvan en definitiva, la sentencia dictada por el tribunal de juicio…”, en este caso, el Tribunal estimó que el impugnante carecía de legitimación subjetiva para recurrir, puesto que en su condición de representante del órgano encargado del ejercicio de la acción penal, no está legitimado para impugnar aspectos relacionados con los alcances civiles de la resolución impugnada, como lo es la restitución de las cosas al estado anterior a la comisión del delito, y a través de ello, se consolida una situación jurídica, que podría implicar una limitación al derecho a recurrir de una de las partes, respecto a las consecuencias civiles de reparación mediante la restitución de las cosas al estado anterior al delito, por lo cual se justifica que el tema deba ser abordado por el fondo."
"Article 467 of the Criminal Procedure Code states that the cassation appeal is available against decisions rendered by the Sentence Appeals Court that '...wholly or partially confirm, or else definitively resolve, the judgment issued by the trial court...', in this case, the Court held that the appellant lacked subjective standing to appeal, since in his capacity as representative of the body responsible for exercising criminal prosecution, he is not entitled to challenge aspects related to the civil scope of the contested decision, such as the restitution of things to the state prior to the commission of the crime, and thereby a legal situation is consolidated that could imply a limitation on one party’s right to appeal with respect to the civil consequences of reparation through restitution of things to the state prior to the crime, which justifies that the issue should be addressed on the merits."
Considerando IV — Admisibilidad del primer motivo del Ministerio Público
"El numeral 467 del Código Procesal Penal, señala que el recurso de casación procede contra resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación de Sentencia, que “…confirmen total o parcialmente, o bien resuelvan en definitiva, la sentencia dictada por el tribunal de juicio…”, en este caso, el Tribunal estimó que el impugnante carecía de legitimación subjetiva para recurrir, puesto que en su condición de representante del órgano encargado del ejercicio de la acción penal, no está legitimado para impugnar aspectos relacionados con los alcances civiles de la resolución impugnada, como lo es la restitución de las cosas al estado anterior a la comisión del delito, y a través de ello, se consolida una situación jurídica, que podría implicar una limitación al derecho a recurrir de una de las partes, respecto a las consecuencias civiles de reparación mediante la restitución de las cosas al estado anterior al delito, por lo cual se justifica que el tema deba ser abordado por el fondo."
Considerando IV — Admisibilidad del primer motivo del Ministerio Público
"El juez Fernández Mora dio por acreditado que en el sitio hubo un bosque y que el mismo fue afectado, reconociendo que la prueba técnica aportada así lo demuestra y que se configuró la tipicidad objetiva del delito de cambio de uso de suelo cubierto por bosque, previsto en el numeral 61 inciso c) de la Ley Forestal."
"Judge Fernández Mora found it proven that there was a forest at the site and that it was affected, recognizing that the technical evidence provided so demonstrates and that the objective elements of the crime of land-use change on forest-covered land, provided for in Article 61(c) of the Forestry Law, were established."
Considerando IV — Tercer motivo del Ministerio Público
"El juez Fernández Mora dio por acreditado que en el sitio hubo un bosque y que el mismo fue afectado, reconociendo que la prueba técnica aportada así lo demuestra y que se configuró la tipicidad objetiva del delito de cambio de uso de suelo cubierto por bosque, previsto en el numeral 61 inciso c) de la Ley Forestal."
Considerando IV — Tercer motivo del Ministerio Público
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Sala Tercera de la Corte Date of Resolution: 13:06 hours on May 13, 2021 Case File: 16-000237-0567-PE Type of Matter: Appeal in cassation Judgments from the same case file Judgment with protected data, in accordance with current regulations Res: 2021-00514 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, at sixteen hours and six minutes on May thirteenth, two thousand twenty-one.
Having reviewed the appeals in cassation filed in this case against [Name 001], for the crimes of land-use change (cambio de uso del suelo), invasion of a protection area, and opening of a trail in a forest, committed to the detriment of natural resources; and,
Considering:
I.Attorney Manrique Ruiz Leal, in his capacity as Assistant Attorney General of the Procuraduría General de la República, filed by way of a document on pages 43 to 47, an appeal in cassation against judgment number N° 2020-627, of 11:24 hours on October 23, 2020, issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, which by majority declared inadmissible the appeal filed by the Public Prosecutor's Office, by majority declared without merit the appeal filed by the Procuraduría General de la República, and upheld the appealed judgment.
II.First ground: Violation of substantive rules, based on Articles 45, 46, and 50 of the Political Constitution, 2, 98, and 101 of the Organic Environmental Law, 1, 41, 42, and 52 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, 1, 27, 33, 34, 19, and 20 of the Forestry Law, 10, 337, 338, 339, 342, 343, and 344 of the Civil Code. The appellant argues that by majority, the Court of Appeal decided to reject the first ground of the appeal, establishing that Articles 98 and 101 of the Organic Environmental Law, and 52 of the Law on the Use of Soils, derive a regime of subjective liability, which only arises when a negligent or intentional conduct is proven, and not by the mere proof of environmental damage. The ad quem established that it was not possible to prove the criminal liability of the accused, nor to derive any civil liability against him based on criteria of an objective nature due to the fact that he is the owner of the usufruct where the injury to the affected forest ecosystem occurred and the de facto owner of the other property.
The appellant considers that the majority vote's interpretation of the regulations is incorrect, since an objective liability regime is indeed derived from the normative spectrum enacted, following the reform of Articles 50 and 46 of the Constitution, which guarantee a reinforced and dramatic defense of the environment, the traceability of which guides and redefines other legal institutes. This is the origin of the legislative complement to the environmental liability system, set forth in the Organic Environmental Law No. 75542, which establishes in Article 2, subsections d) and e) that whoever pollutes or damages the environment shall be liable and that such damage is multi-offensive due to the negative effects of a social, economic, ethical, and cultural nature it produces on present and future generations. He alleges that this liability system is defined by said law in Article 98, as a criterion of imputation—the damage or contamination to the environment is produced by action or omission—and Article 101 thereof states that there is civil liability for the owners of companies or activities where damages are caused by action or omission.
He explains that this form of liability is also regulated in Article 1 of the Law on the Use of Soil, number 7779, which was created for the purpose of conserving soils through sustainable use of natural resources. The appellant considers that the legislator established as an obligation and right of all persons, physical or legal, to monitor and comply with the law and its regulations, according to the provisions of Article 42 thereof, establishing that whoever deteriorates or contaminates the soil resource, regardless of whether fault or intent exists or the degree of participation, is responsible for compensating in the corresponding judicial venue, repairing the damages caused to the environment and to third parties in accordance with the provisions of Article 52 of the Law on the Use of Soil. He claims there is an erroneous interpretation of that article and of Article 101 of the Organic Environmental Law, because these define a parameter of objective liability for the owners of companies or activities where environmental damage occurs.
He explains that precisely this regulatory framework derives the civil liability of the defendant [Name 001], who, as the owner of the properties with forest and water resource vocation, endorsed by action or omission that said natural resources were affected as a result of the coffee-growing activity that took place there. He adds, even though it was not possible to prove the criminal liability of the accused, it was proven that he holds the usufruct of farm 406671-001 and is the de facto owner of property 297041-000, and it was proven that severe environmental damage occurred on both properties, to a forest sector on the first farm and to a protection area of a spring (naciente) on the second. He alleges that the ownership of both properties by the defendant [Name 001], regardless of whether or not he had an intentional participation in the commission of the environmental damages, based on a systematic study of the environmental liability regime defined in the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, the Organic Environmental Law, and the Biodiversity Law—which contains in Article 8 the principle of the social function of property—makes him objectively liable for the environmental damages that were caused.
He insists that the defendant [Name 001] holds the usufruct of the first farm and, in accordance with Articles 337, 339, and 341 of the Civil Code, is the one who benefits from the enjoyment, use, and free disposal of that asset, so he must assume his responsibility for the use contrary to the environment that was carried out on that property to the detriment of the sustainable development defined in Constitutional Law and its referred legislative complements. Regarding the objective nature of the liability, the appellant cites excerpts from case law that appear to be from judgment 3949-2001 of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, judgment 493-2004—without identifying which office it corresponds to—and 1669-2000 of the Sala Constitucional. He then indicates that in the specific case, the production of coffee in the manner and time described in the civil action was proven with certainty, which caused environmental damage; the owner and defendant [Name 002] assumed that risk and must therefore assume liability according to the cited legislation.
He claims that the appealed ruling ignores the law itself since the reform of the Political Constitution, Articles 46 and 50, which introduced the concept of sustainable development as a fourth-generation right that becomes tangible, applicable, and functional through the Organic Environmental Law, the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, and the Biodiversity Law, completely empties the content of that evolving framework by opting for a classic approach of subjective liability that is inapplicable to environmental matters. He argues that the interests of his represented party were seriously harmed, as they were denied the right to be compensated despite the fact that the environmental damage described in the State's claim in its civil action was proven. He requests that the ground for cassation be declared with merit, that the claim be upheld in each of its aspects, specifically the compensation for environmental damage, the payment of costs, and the restitution of the injury to the forest and the spring (naciente).
He explains that the repair must occur through the natural regeneration that was suggested by the personnel of the State Forest Administration, to generate the uprooting of the coffee, allowing the natural growth of native species on both properties, an obligation that must be assumed by the civil defendant, under warning of incurring the crime of disobedience to authority. The claim is admissible: Having conducted the corresponding admissibility study, it is observed that the ground was filed within the legal period by someone who is legally authorized to do so, namely, Attorney Manrique Ruiz Leal, in his capacity as Assistant Attorney General of the Procuraduría General de la República. It is directed against the judgment of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, No. 2020-627, of 11:24 hours on October 23, 2020, which declared without merit the first ground of appeal filed by Attorney Manrique Ruiz Leal.
It is based on Article 468 of the Code of Criminal Procedure, which textually states: “…When the judgment disregards or erroneously applies a substantive or procedural legal precept…”. The erroneous interpretation and analysis of Articles 2, 98, and 101 of the Organic Environmental Law, 1, 41, 42, and 52 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, and 1, 27, 33, 34, 19, and 20 of the Forestry Law are concretely alleged. The appellant considers that an erroneous interpretation was made of the provisions of the Organic Environmental Law and the Law on the Use of Soils, which define a parameter of objective liability for owners of companies or activities where environmental damage occurs. Despite the fact that the criminal liability of the accused was not proven, he asserts it was indeed demonstrated that he holds the usufruct of farm 406671-001 and is also the de facto owner of property 297041-000, and that severe environmental damage occurred on both properties to a forest sector on the first farm and in a protection area of a spring (naciente) on the other property.
Therefore, he considers the accused is objectively liable for the environmental damages to said farms. Furthermore, from the complaint filed, it is observed that the defect is properly described and contains a grievance related to the defect raised. Therefore, having met the requirements contained in Articles 468 and 469 of the Code of Criminal Procedure, this ground is admitted for its subsequent review on the merits. Second ground: Contradictory precedents: The appellant argues that the majority vote rejected the request for restitution of the forest ecosystem whose damage was taken as proven, as well as the spring (naciente) protection area that was also demonstrated, considering that this only proceeded when some parameter of subjective or objective liability had been established in accordance with the provisions of Articles 7 and 103 of the Penal Code. Additionally, it was established that, in accordance with Article 99 of the Organic Environmental Law, it was the Administration's responsibility to follow up on the affected area and not the jurisdictional venue.
The appellant considers that the decision is contrary to decisions by other votes of the Tribunals of Appeal of Judgment, which have determined that a civil action for damages does not even need to be filed for the restitution of a forest or water ecosystem where environmental damage occurred to be ordered. It has been stated that the order can be issued ex officio, based on the principle of the lifetime tenure (irreductibilidad) of forest ecosystems and environmental protection defined in Articles 46 and 50 of the Political Constitution, 1, 3 subsection d), 10 subsection c), 19, and 20 of the Forestry Law. He explains that in vote “1453-201-2019” (sic), from the Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, based on the principle of the lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, it ordered the restitution of things to their state prior to the crime, even though it could not even determine the authorship of the persons who damaged the forest.
He states that a similar position was taken in votes 450-2003 of 11:48 hours of May 22, 2003, from the former Tribunal de Casación Penal de San José; 2014-032 of 14:47 hours of January 28, 2014, from the Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago; 2015-291 of 13:50 hours of May 15, 2015, from the Sección Segunda of said Tribunal; and 2020-00686 of 14:50 hours of July 21, 2020—he does not indicate which Tribunal issued said resolution. He adds that the rejection of the request for restitution of the environmental damage is harmful to the interests of his client, who, by imperative constitutional mandate, is responsible for guaranteeing the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment. He requests that this ground be declared with merit and that the claim for repair of the affected forest and hybrid ecosystem be upheld, just as the cited votes have ordered. The claim is inadmissible: Article 468, subsection a) of the Code of Criminal Procedure, regarding the filing of the appeal in cassation for contradictory precedents, states that: “…it may be based on one of the following grounds: a) When the existence of contradictory precedents issued by the trial courts of appeal is alleged, or between these and precedents of the Sala de Casación Penal.” This hypothesis was established with the purpose of giving effect to the principles of legal certainty and equality before the law, insofar as it seeks for the judicial system to respond in the same way in comparable cases.
In this way, citizens will have the possibility of anticipating the consequences they could suffer in the event of committing an unlawful act. For this ground to be configured, the following requirements must concur: a) Similarity in the factual circumstances; b) Identity in the ratio decidendi; c) Opposition in the legal analysis. The aforementioned aspects must be clearly set forth by the appealing party, so that this Chamber, when analyzing the admissibility of the challenge, can determine whether there are elements indicative of a contradiction in the precedents, in order to assess whether a review of the claim on the merits is appropriate. In this case, this Chamber verifies that the appellant limited himself to making generic statements to the effect that the appealed judgment contradicts decisions rendered by different Tribunals of Appeal of Judgment in the country, mentioning several votes (cf. page 9).
However, he does not develop the similarities between the decision he challenges and the precedents considered to be contradicted. The appellant limits his arguments to stating that the filing of a civil action for damages is not required for the restitution of a forest or water ecosystem where environmental damage occurred to be ordered, and even affirms that the order can be issued ex officio based on the principle of the lifetime tenure (irreductibilidad) of forest ecosystems and environmental protection. However, he does not explain what the similarities are that make the cases comparable, nor does he provide a development of the context of the resolutions considered contradicted. It is clear that, due to the limited nature of the presentation made, it is not possible to infer that the factual circumstances of these resolutions, nor the ratio decidendi, are similar to that of the case at hand. Based on the considerations set forth, the inadmissibility of the challenge is declared in accordance with Articles 468, 469, and 471 of the Code of Criminal Procedure.
III.Attorney José Alejandro Alpízar Arrones, in his capacity as Assistant Prosecutor, Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, filed by way of a document on pages 51 to 56, an appeal in cassation against judgment number N°2020-627, of 11:24 hours on October 23, 2020, issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, which by majority declared inadmissible the appeal filed by the Public Prosecutor's Office, by majority declared without merit the appeal filed by the Procuraduría General de la República, and upheld the appealed judgment.
IV.First ground: Erroneous application of a substantive legal precept. Based on Article 468, subsection b) of the Code of Criminal Procedure, upon declaring inadmissible the appeal of the judgment filed by the Fiscalía, based on a lack of standing due to not having the status of victim or its representation, which he considers resulted in the erroneous application of Article 103, subsection
It points out that the legal system has no rule allowing such a transfer of powers, and therefore the Appellate Court should have applied the cited provision and resolved the future of the forest affected by the charged conduct. As a grievance, it argues that the Public Prosecutor's Office and the victim were denied effective judicial protection, by referring the matter to another body, imposing on the victim the obligation to endure the continued violation of their rights and the ongoing consequences of a crime. It requests that the judgment be annulled and that the Court be ordered to resolve the appeal of the judgment. The claim is admissible: Upon the corresponding admissibility study, it is observed that the ground was filed within the legal deadline by someone with standing to do so, namely, Mr. José Alejandro Alpízar Arrones, in his capacity as representative of the Public Prosecutor's Office, and it is directed against the judgment of the Appellate Court for Criminal Judgments of Cartago, First Section, number 2020-627, issued at 11:24 a.m. on October 23, 2020, which by majority dismissed the second ground of the appeal filed by the Office of the Attorney General of the Republic.
It is based on one of the exhaustive grounds authorized for its filing, namely, the requirement contained in subsection b) of provision 468 of the Code of Criminal Procedure, which textually states: “…When the judgment disregards or erroneously applies a substantive or procedural legal precept…”. It specifically alleges the disregard of Article 130, subsection
Therefore:
The first ground of the cassation appeal filed by Mr. Manrique Ruiz Leal, in his capacity as Deputy Attorney of the Office of the Attorney General of the Republic, is declared admissible; the second ground filed is declared inadmissible. The first, second, and third cassation grounds presented by Mr. José Alejandro Alpízar Arrones, Assistant Prosecutor of the Assistant Agrarian Environmental Prosecutor's Office, are declared admissible; the fourth ground of said appeal is declared inadmissible. Notify.
Patricia Solano C.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
241-3/9-3-21 KCALDERONH It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 06-02-2026 09:44:57.
Sala Tercera de la Corte Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res: 2021-00514 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las dieciséis horas seis minutos del trece de mayo de dos mil veintiuno.
Vistos los recursos de casación interpuestos en la presente causa seguida contra [Nombre 001], por los delitos de cambio de uso del suelo, invasión en área de protección y apertura de trocha en bosque, cometido en perjuicio de los recursos naturales;y,
Considerando:
I.El licenciado Manrique Ruiz Leal, en su condición de Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República, presentó mediante escrito de folio 43 a 47, recurso de casación contra la sentencia número N° 2020-627, de las 11:24 horas, del 23 de octubre de 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, que por mayoría declaró inadmisible el recurso formulado por el Ministerio Público, por mayoría declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República y confirmó la sentencia impugnada.
II.Primer motivo: Infracción a normas sustantivas, con fundamento en los artículos 45, 46 y 50 de la Constitución Política, 2, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, 1, 41, 42, 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 1, 27, 33, 34, 19 y 20 de la Ley Forestal, 10, 337, 338, 339, 342, 343 y 344 del Código Civil. Argumenta el recurrente que por mayoría el Tribunal de Apelación dispuso rechazar el primer motivo del recurso de apelación, estableciendo que los numerales 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, 52 de la Ley de Usos de Suelos, se deriva un régimen de responsabilidad subjetiva, que únicamente se produce cuando existe o se logra demostrar una conducta culposa o dolosa, y no por la simple acreditación del daño ambiental. El ad quem estableció que no fue posible acreditar la responsabilidad penal del imputado, ni derivar en su contra responsabilidad civil alguna con base en criterios de orden objetivo por el hecho de que es el dueño del usufructo en donde se produjo la lesión al ecosistema boscoso que resultó afectado y titular de hecho del otro fundo.
Estima el recurrente que la interpretación que hizo el voto de mayoría de la normativa no es correcta, ya que sí se deriva un régimen de responsabilidad objetiva que se deduce del espectro normativo que se promulga, luego de la reforma de los artículos 50 y 46 de la Constitución, en los que se garantiza una defensa reforzada y dramática del ambiente cuya trazabilidad orienta y redefine los demás institutos de orden jurídico, siendo este el origen del complemento legislativo al sistema de responsabilidad ambiental, dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente N° 75542, que establece en el artículo 2 inciso d) y e) que quién contamine o dañe el ambiente será responsable y que ese daño es pluriofensivo por los efectos negativos de orden social, económico, ético, cultural que produce a las generaciones presente y futuras. Alega que ese sistema de responsabilidad es definido por dicha ley en el artículo 98, como un criterio de imputación, el daño o contaminación al ambiente se produce por acción u omisión y el numeral 101 ibídem señala que existe responsabilidad civil de los dueños de las empresas o actividades en donde se causen daños por acción u omisión.
Explica que esa forma de responsabilidad también está regulada en el artículo 1 de Ley de Uso de Suelo, número 7779, que fue creada con la finalidad de conservar los suelos, mediante un uso sostenible de los recursos naturales. Considera el recurrente que el legislador dispuso como obligación y derecho de todas las personas, física o jurídica, vigilar y cumplir con la ley y su reglamento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 ibídem estableciendo que quién deteriore o contamine el recurso suelo, independientemente de que existe culpa o dolo o del grado de participación, es responsable de indemnizar en la vía judicial que corresponda, reparar los daños causados al ambiente y a terceros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Uso de Suelo. Reclama, existe una interpretación errónea de ese numeral y del artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, porque estos definen un parámetro de responsabilidad objetiva, para los titulares de la empresas o dueños de las actividades en donde se produce un daño ambiental.
Explica que precisamente dicho marco normativo deriva la responsabilidad civil del demandado [Nombre 001] quien como titular de los fundos con vocación boscosa e hídrica avaló por acción u omisión, que dichos recursos naturales resultaran afectados a raíz de la activad cafetalera que ahí se desarrolló. Añade, aún cuando se no fue posible demostrar la responsabilidad penal del imputado, se acreditó que tiene el usufructo de la finca 406671-001 y que es titular de hecho del inmueble 297041-000, y se probó que en ambas propiedades se produjo un severo daño ambiental, en un sector de bosque en la primera finca y en un área de protección de una naciente en la segunda. Alega que la titularidad del demandado [Nombre 001] de ambos fundos, con independencia de que haya tenido o no, una participación dolosa en la comisión de los daños ambientales, del estudio sistemático del régimen de responsabilidad ambiental definido en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad que contiene en el artículo 8 el principio de función social de la propiedad, es responsable objetivamente por los daños ambientales que fueron provocados.
Insiste en que el demandado [Nombre 001] es titular del usufructo de la primera finca y de conformidad con los artículos 337, 339 y 341 del Código Civil es quien se beneficia con el goce, disfrute y libre disposición de ese bien, por lo que debe asumir su responsabilidad, por el uso contrario al ambiente que en ese fundo se hizo en detrimento del desarrollo sostenible definido en el Derecho de la Constitución y sus complementos legislativos referidos. Sobre el carácter objetivo de la responsabilidad cita el recurrente extractos de jurisprudencia que parece ser de la sentencia 3949-2001 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia 493-2004 -sin identificar a cuál despacho corresponde- y 1669-2000 de la Sala Constitucional. De seguido indica, que en el caso en concreto se acreditó con certeza la producción de café en la forma y tiempo descrito en la acción civil, la cual produjo un daño ambiental, el titular y demandado [Nombre 002] asumió ese riesgo por lo que debe asumir la responsabilidad de acuerdo a la legislación citada.
Reclama que el fallo recurrido desconoce el derecho propio desde la reforma en la Constitución Política, artículos 46 y 50 que introdujo el concepto de desarrollo sostenible, como un derecho de cuarta generación que se hace tangible, aplicable y funcional por medio de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y Ley de Biodiversidad, vacía por completo el contenido de ese marco evolutivo, al optar por un enfoque clásico de responsabilidad subjetiva que es inaplicable a la materia ambiental. Argumenta que se lesionó gravemente los intereses de su representada a quien se le cortó el derecho a ser indemnizado pese a que el daño ambiental descrito en la demanda del Estado en su acción civil quedó acreditado. Solicita se declare con lugar el motivo de casación, se acoja el reclamo en cada uno de sus extremos, concretamente la indemnización por daño ambiental, el pago de costas y la restitución de la lesión al bosque y la naciente.
Explica que la reparación debe darse por medio de la regeneración natural que fue sugerida por los personeros de la Administración Forestal del Estado, para generar el desarraigo del café, permitiéndose el crecimiento natural de especies nativas en ambos inmuebles, obligación que debe asumir el demandado civil, bajo el apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad. El reclamo es admisible: Realizado el correspondiente estudio de admisibilidad se aprecia que el motivo fue interpuesto dentro del plazo legal por quien se encuentra legitimado para ello, a saber, el licenciado Manrique Ruiz Leal, en su condición de Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República, se encuentra dirigido contra la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, N°2020-627, de las 11:24 horas, del 23 de octubre de 2020, que declaró sin lugar el primer motivo del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manrique Ruiz Leal.
Se fundamenta en el numeral 468 del Código Procesal Penal, el cual textualmente señala: “…Cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal…”. Se alega de forma concreta la errónea interpretación y análisis de los artículos 2, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, 1, 41, 42, 52 de la Ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos y 1, 27, 33, 34, 19 y 20 de la Ley Forestal, considera el recurrente, que se incurrió en una interpretación errónea de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Uso de Suelos, de los cuales se define un parámetro de responsabilidad objetiva para los titulares de las empresa o dueños de las actividades en donde se produce un daño ambiental, a pesar de que no se acreditó la responsabilidad penal del imputado, asegura sí se demostró que tiene el usufructo de la finca 406671-001 y es también titular de hecho del inmueble 297041-000, y que en ambas propiedades se produjo un severo daño ambiental a un sector de bosque en la primera de finca y en un área de protección de una naciente en el otro fundo, por lo cual estima, el acusado es objetivamente responsable por los daños ambientales que en dichas fincas.
Además, de la queja formulada se observa que el vicio está debidamente descrito y contiene un agravio que se relaciona con el defecto planteado. Por lo anterior, al cumplirse con los requerimientos contenidos en los artículos 468 y 469 del Código Procesal Penal, se admite el presente motivo para su ulterior estudio de fondo. Segundo motivo: Precedentes contradictorios: Argumenta el recurrente que el voto de mayoría rechazó la solicitud de restitución del ecosistema boscoso cuyo daño se tuvo por acreditado, así como del área de protección de la naciente que también se demostró, al considerar que ello procedía solo cuando se hubiera establecido algún parámetro de responsabilidad subjetiva u objetiva de conformidad con lo previsto por los artículos 7 y 103 del Código Penal, además, se estableció que de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, correspondía a la Administración dar seguimiento a la zona afectada y no a la sede jurisdiccional.
Considera el recurrente que lo resuelto es contrario a lo resuelto por otros votos de los Tribunales de Apelación de Sentencia, los cuales han determinado que ni siquiera se necesita el planteamiento de una acción civil resarcitoria para que se ordene la restitución de un ecosistema boscoso o hídrico en donde se produjo un daño ambiental. Se ha dicho que la orden puede ser dictada ex oficio, con base en el principio de irreductibilidad de los ecosistemas boscosos y de la tutela del ambiente definida en los numerales 46 y 50 de la Constitución Política, 1, 3 inciso d), 10 inciso c), 19 y 20 de la Ley Forestal. Explica que en el voto “1453-201-2019” (sic), del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, con base en el principio de irreductibilidad del bosque, ordenó la restitución de las cosas al estado anterior del delito, pese a que no pudo ser siquiera determinar la autoría de las personas que dañaron el bosque.
Refiere que en sentido similar se pronunciaron en los votos 450-2003 de las 11:48 horas, del 22 de mayo de 2003 del antiguo Tribunal de Casación Penal de San José, 2014-032 de las 14:47 horas, del 28 de enero de 2014, del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, 2015-291 de las 13:50 horas, del 15 de mayo de 2015 de la Sección Segunda de dicho Tribunal, y 2020-00686 de las 14:50 horas, del 21 de julio del 2020 -no indica cuál Tribunal dictó dicha resolución-. Agrega, el rechazo de la solicitud de restitución del daño ambiental es lesivo a los intereses de su patrocinado, quien por imperativo mandato constitucional le atañe garantizar el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, solicita se declare con lugar el presente motivo y se acoja la pretensión de reparación del ecosistema boscoso e híbrido que resultó afectado, tal y como lo han dispuesto los votos citados. El reclamo es inadmisible: El artículo 468 inciso a) del Código Procesal Penal, dispone en cuanto a la presentación del recurso de casación por precedentes contradictorios que: “…podrá ser fundado en alguno de los siguientes motivos: a) Cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación de sentencia, o de estos con precedentes de la Sala de Casación Penal.” Esta hipótesis fue instaurada con la finalidad de darle vigencia a los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, por cuanto, se busca que el sistema judicial responda de la misma forma en casos que son equiparables.
De esta manera los administrados tendrán la posibilidad de anticipar las consecuencias que podrían sufrir en caso de incurrir en la comisión de un ilícito. Para que se configure la causal deben concurrir los siguientes requisitos: a) Similitud en los supuestos fácticos; b) Identidad en la ratio decidendi; c) Oposición en el análisis jurídico. Los aspectos indicados deben ser claramente expuestos por la parte que recurre, con la finalidad de que esta Cámara, al analizar la admisibilidad de la impugnación, pueda determinar si existen elementos que sean indicativos de la contraposición en los precedentes, a fin de valorar si corresponde el estudio del reclamo por el fondo. En el presente asunto constata esta Sala que el recurrente se limitó a efectuar afirmaciones genéricas en el sentido de que la sentencia impugnada entra en contradicción con lo resuelto por diferentes Tribunales de Apelación de Sentencia del país, haciendo mención de varios votos (cfr. folio 9), sin embargo, no efectúa un desarrollo de las semejanzas presentes entre la resolución que impugna y los precedentes que se considera contrariados.
El recurrente circunscribe sus argumentos a que no se requiere el planteamiento de una acción civil resarcitoria para que sea ordenada la restitución de un ecosistema boscoso o hídrico en donde se produjo un daño ambiental, e incluso afirma se puede dictar la orden ex oficio con base en el principio de irreductibilidad de los ecosistemas boscosos y la tutela del ambiente, pero no expone cuáles son las similitudes que hacen a los casos equiparables, ni realiza un desarrollo del contexto de las resoluciones que considera contrariados. Es claro que, por lo limitado de la exposición efectuada, no es posible inferir que los supuestos de hecho de estas resoluciones, ni la ratio decidendi, sean similares al del caso que nos ocupa. Con base en las consideraciones expuestas, se declara la inadmisibilidad de la impugnación de conformidad con los numerales 468, 469 y 471 del Código Procesal Penal.
III.El licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, en su condición de Fiscal Auxiliar, de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, presentó mediante escrito de folio 51 a 56, recurso de casación contra la sentencia número N°2020-627, de las 11:24 horas, del 23 de octubre de 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, que por mayoría declaró inadmisible el recurso formulado por el Ministerio Público, por mayoría declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República y confirmó la sentencia impugnada.
IV.Primer motivo: Errónea aplicación de un precepto legal sustantivo. Con fundamento en los artículos 468 inciso b) del Código Procesal Penal, al declarar inadmisible el recurso de apelación de sentencia incoado por la Fiscalía, con base a una falta de legitimación pasiva por no corresponderle la calidad de víctima o su representación, con lo cual estima se aplicó erróneamente el numeral 103 inciso
Por tanto:
Se declara admisible el primer motivo del recurso de casación formulado por el licenciado Manrique Ruiz Leal, en su condición de Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República, se declara inadmisible el segundo motivo formulado. Se declaran admisibles los motivos de casación primero, segundo y tercero presentados por el licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, se declara inadmisible el cuarto motivo de dicha impugnación. Notifíquese.
Patricia Solano C.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
241-3/9-3-21 KCALDERONH
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