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Res. 01737-2020 Sala Tercera de la Corte · Sala Tercera de la Corte · 18/12/2020
OutcomeResultado
The Third Chamber grants the cassation appeals, overturns the acquittal of the Criminal Sentence Appeals Court, and orders remand for new proceedings.La Sala Tercera declara con lugar los recursos de casación, revoca la sentencia absolutoria del Tribunal de Apelación de Sentencia y ordena el reenvío para una nueva sustanciación.
SummaryResumen
The Third Chamber of the Supreme Court of Costa Rica hears a cassation appeal filed by the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office against a ruling of the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago. That court had overturned a conviction for forestry and wildlife offenses (tree ringing and vegetation destruction in protection zones of the Sábalo River) and directly acquitted the defendants, arguing insufficient evidence and lack of unequivocal nature of the circumstantial evidence. The Third Chamber grants the appeals, finding that the appellate court exceeded its powers by reweighing the evidence and issuing an acquittal without ordering a retrial, thus violating the right to appeal the judgment in a second instance (Article 8.2.h of the American Convention on Human Rights). The appellate ruling is reversed and the case is remanded for new proceedings, thereby ensuring due process and the possibility of broad challenge.La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica conoce un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República contra una sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Dicho tribunal había revocado una condena por delitos forestales y de vida silvestre (anillamiento de árboles y destrucción de vegetación en zonas de protección del río Sábalo) y absuelto directamente a los imputados, argumentando insuficiencia probatoria y falta de univocidad de los indicios. La Sala Tercera declara con lugar los recursos, determinando que el tribunal de apelación excedió sus facultades al revalorar la prueba y dictar una absolutoria sin ordenar un reenvío a juicio, lo que vulneró el derecho a recurrir el fallo en segunda instancia (artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Se revoca la sentencia de apelación y se ordena el reenvío para una nueva sustanciación, garantizando así el debido proceso y la posibilidad de impugnación amplia.
Key excerptExtracto clave
“As a consequence of the arguments outlined above and based on the powers established in the criminal procedural rules, this Chamber has already indicated that the Criminal Sentence Appeals Court may examine the evidence as part of the comprehensive analysis of the judgment within its jurisdiction; however, it may not modify the proven facts based on a reweighing of the evidence and directly issue an acquittal, because this would imply deciding at a single instance, violating the regulation provided in the legal, constitutional and conventional block (Similarly, resolution of this Chamber No. 2020-923, at 12:55 p.m. on July 24, 2020: Solano Castro, Burgos Mata, Alfaro Vargas, Zúñiga Morales and Gómez Cortés). In this specific case, by the way in which the Criminal Sentence Appeals Court decided to justify its acquitting ruling, it limited the possibility of appealing the evidentiary analysis carried out. As the appellants reproach, the ad quem ruling meant that they were prevented from extensively discussing the reasons why the evidence presented at trial, according to the particularities of the specific case, did not make it possible to establish the participation of the accused Ovares Prendas and Ovares Ramos in the alleged acts. Although it is true that against the resolution of the Criminal Sentence Appeals Court, the respective cassation appeals heard in this resolution were filed as a means of appellate control, at this jurisdictional level, as it is an extraordinary and formal means of challenge, the reexamination of the evidentiary assessment is not permitted, but rather only the reasoning provided could be attacked when its absence or a serious error in the logical construction of the arguments that support it is alleged. That is to say, in this specific case, a violation of the principle of second instance, enshrined in Article 8.2.h) of the American Convention on Human Rights, is observed, as at a single instance, without the guarantee of adversarial proceedings, a ruling would become final that completely modified the legal consequence imposed by the Trial Court, based on a reweighing of the evidentiary material, thereby issuing an acquittal to the detriment of the principle of effective judicial protection.”“Como consecuencia de los argumentos esbozados supra y con base en las competencias fijadas en la normativa procesal penal, ya esta Cámara ha indicado, que el Tribunal de Apelación de Sentencia puede hacer un examen de la prueba, como parte del análisis integral de la sentencia que se encuentra dentro de sus competencias, sin embargo, no podría modificar los hechos probados con base en la revaloración probatoria y dictar la absolutoria directamente, porque ello implicaría resolver en única instancia, violentando la regulación prevista en el bloque legal, constitucional y convencional (En sentido similar, resolución de esta Cámara N° 2020-923, de las 12:55 horas, del 24 de julio del 2020: Solano Castro, Burgos Mata, Alfaro Vargas, Zúñiga Morales y Gómez Cortés). En este caso concreto, por la manera en que el Tribunal de Apelación de Sentencia decidió justificar su pronunciamiento absolutorio, limitó la posibilidad de recurrir el análisis probatorio efectuado. Tal y como lo reprochan los recurrentes, la resolución del ad quem implicó que se les impidiera discutir de manera amplia las razones por las cuales se consideró que las probanzas evacuadas en el contradictorio, de acuerdo a las particularidades del caso concreto, no permitían establecer la participación de los imputados Ovares Prendas y Ovares Ramos en los hechos acusados. Si bien es cierto, contra la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia, se ejercieron como mecanismo de control de alzada los respectivos recursos de casación que se conocen en la presente resolución, en esta instancia jurisdiccional, al tratarse de una vía de impugnación extraordinaria y formal, no se permite el reexamen de la valoración probatoria, sino solo, se podría atacar la fundamentación expuesta cuando se reclama su ausencia o un grave error en la construcción lógica de los razonamientos que la sustentan. Es decir, en este caso concreto, se aprecia una vulneración del principio de segunda instancia, consagrado en el numeral 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto en única instancia, sin la garantía del contradictorio estaría quedando firme un fallo que modificó por completo la consecuencia jurídica impuesta por el Tribunal de Juicio, a partir de una revaloración del material probatorio, con lo cual, se emitió una sentencia absolutoria, en detrimento del principio de tutela judicial efectiva.”
Pull quotesCitas destacadas
"el Tribunal de Apelación de Sentencia puede hacer un examen de la prueba, como parte del análisis integral de la sentencia que se encuentra dentro de sus competencias, sin embargo, no podría modificar los hechos probados con base en la revaloración probatoria y dictar la absolutoria directamente, porque ello implicaría resolver en única instancia, violentando la regulación prevista en el bloque legal, constitucional y convencional"
"the Criminal Sentence Appeals Court may examine the evidence as part of the comprehensive analysis of the judgment within its jurisdiction; however, it may not modify the proven facts based on a reweighing of the evidence and directly issue an acquittal, because this would imply deciding at a single instance, violating the regulation provided in the legal, constitutional and conventional block"
Considerando III
"el Tribunal de Apelación de Sentencia puede hacer un examen de la prueba, como parte del análisis integral de la sentencia que se encuentra dentro de sus competencias, sin embargo, no podría modificar los hechos probados con base en la revaloración probatoria y dictar la absolutoria directamente, porque ello implicaría resolver en única instancia, violentando la regulación prevista en el bloque legal, constitucional y convencional"
Considerando III
"la información así recolectada no conduce a una conclusión unívoca sobre lo acontecido, puesto que, por el transcurso del tiempo entre una acción y otra, ciertamente no puede descartarse la participación de un tercero en el evento"
"the information thus collected does not lead to an unequivocal conclusion about what happened, since, due to the passage of time between one action and another, the participation of a third party in the event certainly cannot be ruled out"
Del fallo del Tribunal de Apelación citado
"la información así recolectada no conduce a una conclusión unívoca sobre lo acontecido, puesto que, por el transcurso del tiempo entre una acción y otra, ciertamente no puede descartarse la participación de un tercero en el evento"
Del fallo del Tribunal de Apelación citado
"se aprecia una vulneración del principio de segunda instancia, consagrado en el numeral 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto en única instancia, sin la garantía del contradictorio estaría quedando firme un fallo que modificó por completo la consecuencia jurídica impuesta por el Tribunal de Juicio, a partir de una revaloración del material probatorio"
"a violation of the principle of second instance, enshrined in Article 8.2.h) of the American Convention on Human Rights, is observed, as at a single instance, without the guarantee of adversarial proceedings, a ruling would become final that completely modified the legal consequence imposed by the Trial Court, based on a reweighing of the evidentiary material"
Considerando III
"se aprecia una vulneración del principio de segunda instancia, consagrado en el numeral 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto en única instancia, sin la garantía del contradictorio estaría quedando firme un fallo que modificó por completo la consecuencia jurídica impuesta por el Tribunal de Juicio, a partir de una revaloración del material probatorio"
Considerando III
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Third Chamber of the Court Date of Resolution: December 18, 2020 at 11:05 Case File: 13-200575-0454-PE Type of matter: Appeal in cassation Analyzed by: CRIMINAL CASSATION CHAMBER Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Criminal Procedure Topic: Principle of double instance Subtopics: Resolutive powers of sentence appellate courts. As a consequence of the arguments outlined above and based on the powers established in criminal procedural law, this Chamber has already indicated that the Sentence Appellate Court may examine the evidence as part of the comprehensive analysis of the sentence that falls within its jurisdiction; however, it could not modify the proven facts based on evidentiary reassessment and directly issue an acquittal, because this would imply deciding in a single instance, violating the regulation provided for in the legal, constitutional, and conventional framework (In a similar sense, resolution of this Chamber No. 2020-923, at 12:55 p.m., on July 24, 2020: Solano Castro, Burgos Mata, Alfaro Vargas, Zúñiga Morales, and Gómez Cortés). ... See more Res: 2020-01737 CRIMINAL CASSATION CHAMBER. San José, at eleven hours and five minutes on the eighteenth of December two thousand twenty.
Appeal in cassation filed in the present case against Wilberth Ovares Ramos, identity card number 6-0154-0760, Costa Rican, born in Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, on November sixth, nineteen sixty, and Wilberth Ovares Prendas, identity card number 6-0405-0802, Costa Rican, born in Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, on November fourth, nineteen ninety-two; for the crime of tree girdling (anillamiento) and destruction of vegetation in protection zones, to the detriment of Natural Resources. The magistrates Patricia Solano Castro, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Álvaro Burgos Mata, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, and Sandra Eugenia Zúñiga Morales are involved in the decision on the appeal. Also, at this instance, licensed attorney Julián Martínez Madriz as representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) and licensed attorney Beatriz Sarmiento Chaves as Criminal Procurator.
Whereas:
1.- By judgment No. 2020-131 at eleven hours twenty minutes on the twenty-eighth of February two thousand twenty, the Sentence Appellate Court of Cartago, First Section, resolved: "THEREFORE: The first and third grounds of the appeal filed by public defender Álvaro Porras Murillo are granted. In that order, given the impossibility of bringing new evidence before the court and for procedural economy, the challenged judgment is revoked. In its place, the defendants Wilberth Ovares Ramos and Wilbert Ovares Prendas are acquitted of the crimes that have been attributed to them, by virtue of the constitutional principle of innocence and its application of in dubio pro reo. The costs of the proceedings are to be borne by the State. Any precautionary measure that may have been imposed as a consequence of this case is lifted, once this judgment becomes final. Due to the manner in which it is resolved, it is unnecessary to address the second claim raised in this same challenge. Judge Fallas Redondo partially dissents. Let it be known. IVETTE CARRANZA CAMBRONERO JUDGE/DECISION-MAKER CHRISTIAN FERNANDEZ MORA JUDGE/DECISION-MAKER DAVID FALLAS REDONDO JUDGE/DECISION-MAKER" (sic).
2.- Against the preceding pronouncement, licensed attorney Julián Martínez Madriz and licensed attorney Beatriz Sarmiento Chaves filed an appeal in cassation.
3.- Having verified the respective deliberation, the Chamber proceeded to hear the appeal.
4.- The pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.
Magistrate Zúñiga Morales reports; and,
Considering:
I.By resolution No. 2020-1048, at 11:20 a.m., on August 21, 2020 (folios 229 to 233), the appeals in cassation filed by Prosecutor Julián Martínez Madriz and by Criminal Procurator Beatriz Sarmiento Chaves were admitted for processing.
II.In the first ground of the appeal in cassation raised by the prosecution's representation, based on Articles 468 subsection b) and 439 of the Criminal Procedure Code, and 8.2.h) of the American Convention on Human Rights, the non-observance of procedural legal precepts is claimed, for violation of the right of "double instance". The appellant argues that the Appellate Court resolved in a single instance what, in its opinion, was appropriate, issuing an acquittal in favor of the defendants, without granting the Public Prosecutor's Office the possibility of discussing whether the facts were proven with sufficient evidence, or broadly challenging said resolution. It points out that there is a violation of the guarantee of "double instance" that justifies keeping the trial judgment intact, or failing that, ordering a rehearing (reenvío) for a new discussion. As a grievance, licensed attorney Julián Martínez Madriz states that a prejudice was caused to the punitive claims of the Public Prosecutor's Office, since the accused were acquitted directly, when the appropriate course of action was to order a rehearing (reenvío) for a new discussion. In the second ground he files, licensed attorney Martínez Madriz claims the erroneous application of Article 465 of the Criminal Procedure Code, which he bases on numerals 468 subsection b) and 465 of the Criminal Procedure Code. He states that, in accordance with the referenced Article 465, the Appellate Court has the legal power to order the repetition of the trial or to resolve the matter according to the applicable law. Regarding the last paragraph of the norm, he points out that a first scenario is regulated, which has to do with issues of evidence assessment, in which only through immediacy (inmediación) and adversarial proceedings can a new ruling be issued, because otherwise an arbitrary resolution would be handed down, from a procedural and constitutional point of view; while in the second scenario, it will be when, once the evidence assessment is exhausted and accepted, the applicable law can lead to a resolution on the merits, such as the atypicality of conduct, reclassification, or the statute of limitations of a case. However, the Prosecutor considers that in the present case there is an erroneous application of the indicated precept, given that the ad quem acquitted the accused, after an evidentiary assessment that only corresponds to the Trial Court, so there is a defect that must be declared, because far from correctly applying the third paragraph of the norm, the accused were acquitted directly, over and above the trial that corresponded, given the defects in the evidence assessment that were detected. After transcribing a passage from the challenged ruling, the appellant states that it was resolved on the merits regarding the acquittal of the defendant, deeming the evidence insufficient and that the appropriate course was to find a doubt in favor of the defendants. He maintains that the defect consists of resolving definitively, despite the fact that it is recognized that the first instance judgment presents problems in the reasoning used, with an incorrect assessment of the evidence, so the solution should have been the rehearing (reenvío) of the case. He states that the acquittal was upheld based on an improper foundation, in light of Article 465 of the Criminal Procedure Code. As a grievance, he points out that the claims of the Public Prosecutor's Office and the State were harmed, because a conviction was achieved at trial and the ad quem acquitted, with a resolution that is not in accordance with the law, harming the exercise of public criminal action. He requests that the appeal be granted, that the trial judgment be upheld, or that a rehearing (reenvío) be ordered for a new assessment of the evidence. For its part, in the first ground of the appeal in cassation formulated by the Office of the Procurator General of the Republic (Procuraduría General de la República), the erroneous application of Article 465 of the Criminal Procedure Code is claimed. The appellant considers that the Sentence Appellate Court made a partial assessment of the evidence, based on which it granted the defense's appeal and acquitted the two defendants, resolving the proceedings on the merits, which is not proper, as there was no finding of atypicality of conduct, reclassification, or statute of limitations. After transcribing a passage from the ruling (see folio 204 to 206), she points out that the ad quem considered that from the account of the only witness, it is inferred that she, in the morning hours, observed the accused working on the property and in the afternoon she noticed the damages caused, with which it seems the a quo attempted to construct an indiciary syllogism and qualified the two pieces of circumstantial evidence (indicios) presented to it as sufficient, which were the presence of the defendants at the site, carrying out work on the land, and that the witness stated she did not observe anyone else at the site before noticing what had happened. The ad quem concluded that these pieces of circumstantial evidence do not lead to a univocal conclusion about what occurred, since it was not possible to rule out the participation of a third party as the perpetrator of the acts, especially considering that the witness stated she had observed the accused on two different days performing work at the site. The appellant considers that this assessment made by the Appellate Court constitutes a new analysis on the merits, which the Public Prosecutor's Office and the State representative did not have the opportunity to rebut and which disregarded relevant evidence that accredited the illicit acts attributed by the Office of the Procurator General of the Republic (Procuraduría General de la República), which were tree girdling (Article 63 subsection b) of the Forestry Law (Ley Forestal)) and elimination of minor understory (sotobosque) vegetation (Article 90 of the Wildlife Law (Ley de Vida Silvestre)). She considers that, if the Appellate Judges considered that there was a lack of reasoning in the analysis of the evidence, they should have annulled the judgment and sent the case back to trial. Regarding the grievance, she states that the acquittal issued caused harm to the State in its punitive claims, since, despite the fact that a conviction of the defendants was achieved in the trial, an acquittal judgment was issued in a single instance, with an incomplete assessment of the evidence. In the second ground of the challenge formulated by the Office of the Procurator General of the Republic (Procuraduría General de la República), the violation of the "double instance" is alleged. The State representative states that the Appellate Court exceeded its jurisdiction by resolving the proceedings on the merits in a single instance, which eliminated the possibility of discussing the issue in a new trial and being able to argue that the evidence is sufficient to establish the criminal responsibility of the accused for the attributed acts, that is, it prevented challenging the decision before a Court of Appeals. She considers that the principle of procedural economy used by the Appellate Judges as the basis for the acquittal cannot be above the guarantee of access to justice, which includes the "double instance" right. She states that, if on appeal a lack of reasoning in the trial judgment was detected, what should have happened was to annul it and order a rehearing (reenvío) so that all parties could have the opportunity to hear the witnesses, question them, analyze the evidence, and issue conclusions before a new panel of the Court, as well as to challenge the ruling if it were adverse. She notes that the ad quem carried out a new assessment of the evidence, thereby upholding the defense's argument, an aspect that cannot be rebutted. As a grievance, she indicates that the defendants were acquitted and the right to "double instance" was prevented from being exercised, for a proper review of the judgment. She requests that the claim be upheld, the challenged ruling be annulled, and the first instance judgment be confirmed, or failing that, that a rehearing (reenvío) be ordered.
III.By virtue of the connection between the arguments presented by the Public Prosecutor's Office and the Office of the Procurator General of the Republic (Procuraduría General de la República), they will be resolved jointly. The challenges formulated are granted: The disagreements raised by both the prosecution's representation and the Office of the Procurator General of the Republic (Procuraduría General de la República) refer to the application of the guarantee to appeal the criminal ruling, specifically in relation to the powers of the Sentence Appellate Court in situations where it resolves in a single instance. From a reading of the arguments presented and the analysis of the challenged judgment, it is clear that indeed, the actions of the Sentence Appellate Court implied a violation of the guarantee to appeal the ruling in a second instance. It must be specified that although the appellants refer to a violation of the "double instance", as this Chamber has already indicated in multiple resolutions, the guarantee provided for in the Costa Rican legal system and endorsed in the conventionality block refers to the right to appeal the ruling in a second instance, through an ordinary, informal, accessible, and effective remedy that allows a comprehensive review of the judgment by the superior court, not the "double instance" which involves a means of challenge with other characteristics, a criterion that this Chamber has reiterated since vote No. 2016-000756, at 11:10 a.m., on July 20, 2016, with the composition of Magistrates Chinchilla, Ramírez, Arroyo, Arias, and Gamboa. Thus, subsection h) of Article 8 of the American Convention on Human Rights, approved by the Legislative Assembly through Law No. 4534, of February 23, 1970, provides that among the judicial guarantees enjoyed by every person is: "h) the right to appeal the judgment before a higher judge or court". From this perspective, it is necessary to specify that the double instance, understood in a strict sense, cannot be equated with the right to appeal established in the conventional regulations, since the former refers to a procedure developed in successive stages, where once the "first stage" is exhausted according to the principle of preclusion (preclusión), the decision is made in a "second stage" by different judges, but under equal conditions of immediacy (inmediación), and such requirements are not derived from the conventional regulations or jurisprudence. In addition to this, it must be considered that according to Article 326 of the Criminal Procedure Code, the trial is a phase of the criminal process that is conducted orally and publicly, meaning it is not possible to reproduce the adversarial proceedings under the same conditions. Likewise, it becomes improper to equate the verification work of the evidence assessment carried out by the ad quem, when there is a digital record of the act of presenting the evidentiary elements -vgr. the video of the witness's statement-, because in this latter case, it is not a new reception of evidence under the same conditions of immediacy (inmediación) as implied by the "double instance". In this vein, interpreting the scope of the numeral cited above, the Inter-American Court of Human Rights (I/A Court H.R.), through a judgment of July 2, 2004, in the case called "Herrera Ulloa Case vs. Costa Rica", referred to the right to appeal the ruling before a higher court: "158. The Court considers that the right to appeal the judgment is a fundamental guarantee that must be respected within the framework of due process of law, in order to allow an adverse judgment to be reviewed by a different judge or court of higher hierarchical rank. The right to file an appeal against the judgment must be guaranteed before the judgment becomes res judicata. It seeks to protect the right of defense by granting, during the process, the possibility of filing an appeal to prevent a decision that was adopted with defects and contains errors that will cause undue harm to a person's interests from becoming final. 159. The Court has indicated that the right to appeal the judgment, enshrined in the Convention, is not satisfied by the mere existence of a higher court body before which the accused has or may have access. For there to be a true review of the judgment, in the sense required by the Convention, the higher court must meet the jurisdictional characteristics that legitimize it to hear the specific case. 160. Article 31.1 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties indicates that [...] a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. 161. In accordance with the object and purpose of the American Convention, which is the effective protection of human rights, it must be understood that the remedy contemplated in Article 8.2.h. of said treaty must be an effective ordinary remedy through which a higher judge or court seeks the correction of jurisdictional decisions contrary to law. While States have a margin of appreciation to regulate the exercise of that remedy, they cannot establish restrictions or requirements that infringe upon the very essence of the right to appeal the judgment. In this regard, the Court has established that 'it is not enough for the remedies to exist formally, but they must be effective', that is, they must provide results or responses to the purpose for which they were conceived" (emphasis not in the original). In this same vein, ruling out that the "double instance" constitutes a requirement of the conventional regulations, part of the doctrine has indicated: «By reason of all the foregoing, it is determined that the effective judicial protection of the right to appeal the criminal judgment before a higher court in a criminal procedural system like Costa Rica's, does not imply that a means of challenge guaranteeing 'the double instance' in the rigorous or traditional sense of the term must be recognized or regulated, since not even the international instruments that recognize such a guarantee contemplate such a scenario, but rather what is guaranteed is the right to a 'double examination of the ruling'» (VARGAS ROJAS, Omar, JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Esteban, Challenge of the Criminal Sentence: Appeal, Cassation, Review, Investigaciones Jurídicas S.A., first edition, San José C.R., 2012, pp. 166-167). From this perspective, taking as a starting point the concept of "double instance" set forth above and the interpretation of Article 8.2 h) of the A.C.H.R. made by the I/A Court H.R., it is possible to conclude that in the Costa Rican system for challenging criminal sentences, the appeal of a criminal sentence does not provide for the right to a "double instance", but rather guarantees the right to appeal the ruling in a second instance, through an ordinary, informal, accessible, and effective remedy, in such a way that it allows the comprehensive examination of the judgment before a higher hierarchical body, without the need for reproducing the oral and public trial. Under the same line of reasoning, it is timely to note that as a result of the condemnation by the I/A Court H.R. in the "Herrera Ulloa Case vs. Costa Rica" and in compliance with conventional regulations, with the aim of adapting the appeal system to the standards indicated above, Costa Rica carried out a first legal reform to the criminal appeal system through Law No. 8503, of April 28, 2006, called "Opening of Cassation" and subsequently, through Law No. 8837, of May 3, 2010, the so-called "Creation of the Sentence Appeal Remedy, Other Reforms to the Appeal System and Implementation of New Orality Rules in Criminal Procedure" was issued, legislation that gives rise to the current criminal appeal system, introducing the appeal of criminal sentences in the Criminal Procedure Code. In this sense, when delimiting the scope of the resolutions of the Sentence Appellate Court, Article 465 of the criminal procedural law provides: "Examination and resolution. The sentence appellate court shall assess the merit of the claims invoked in the appeal and their grounds, so that it can evaluate the way in which the trial judges assessed the evidence and substantiated their decision. It shall make use of the records it has available, shall reproduce the oral evidence of the trial when it deems it necessary, pertinent, and useful for the merit of the claim, and shall make the corresponding comprehensive assessment with the rest of the proceedings and the evidence introduced in writing. If the appellate court deems the appeal meritorious, it shall fully or partially annul the challenged resolution and order the repetition of the trial or of the resolution. When the annulment is partial, the specific object of the new trial or resolution shall be indicated. In other cases, it shall correct the defect and resolve the matter in accordance with the applicable law. When the appeal has been filed only by the defendant […] in his favor, in the resolution of the sentence appellate court or in the rehearing (reenvío) trial, a more severe penalty than that imposed in the annulled judgment may not be imposed, nor may the benefits that were agreed therein be disregarded. If as a result of the resolution of the appeal, the defendant's imprisonment must cease, the sentence appellate court shall directly order their release". As a consequence of the arguments outlined above and based on the powers established in criminal procedural law, this Chamber has already indicated that the Sentence Appellate Court may examine the evidence as part of the comprehensive analysis of the judgment that falls within its jurisdiction; however, it could not modify the proven facts based on evidentiary reassessment and directly issue an acquittal, because this would imply deciding in a single instance, violating the regulation provided for in the legal, constitutional, and conventional framework (In a similar sense, resolution of this Chamber No. 2020-923, at 12:55 p.m., on July 24, 2020: Solano Castro, Burgos Mata, Alfaro Vargas, Zúñiga Morales, and Gómez Cortés). As is evident from the record, in the present criminal process, the conviction judgment issued by the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Zona Sur, Sede Osa, was revoked because the ad quem considered that serious problems were found in the construction of the reasoning used, upon establishing that the circumstantial evidence (prueba indiciaria) lacked a univocal character regarding the conclusion derived from it. In that sense, it was indicated: "…in summary, the defendants are attributed with having carried out the girdling and cutting of two trees of the Chaperno species; the girdling of another four of a different class, as well as the cutting of adjacent vegetation, within the margin of the Sábalo river (see public complaint and prosecutorial accusation). However, to prove the above, the testimony of the only eyewitness, Carmen Avendaño Chaves, was used as a basis, which holds the content indicated in the appeal, as can also be verified. That is, according to her version given in the adversarial proceedings, she first observed the accused working on the property of her estate in the morning and, hours later, during the afternoon, when she decided to go to the river pool, she noticed the environmental damages caused, after which she alerted the forestry authorities. However, as the appellant rightly points out and is obvious, it lacks a univocal character regarding the conclusion derived from it. Even more so, considering that the rest of the evidentiary body is constituted by the findings that the officials of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) found at the site, documented in the respective report and introduced to the hearing by the officers responsible for its preparation, who were clear in indicating that, when they arrived at the scene of the event, no one was there and they identified the perpetrators of the damages found only through the version of witness Avendaño. On this point, it is also observed that, with the information gathered in this way, the present summary proceedings were initiated, and the accusatory piece was immediately drawn up, that is, without conducting any other evidentiary activity. The judge established that the witness's statements, coupled with the fact that the defendants were unable to disprove them and, rather, admitted their presence at the site, as well as the fact that no other person was seen by the witness at the site, gave rise to a condemnatory conclusion. It seems that an attempt was made to construct an indiciary syllogism. However, on the one hand, the judge resorted to an evident shift of the burden of proof to the persons of the accused, which is contrary to the constitutional principle of innocence, by requiring them to offer exculpatory evidence. This, without mentioning that it started from a circular fallacy or begging the question, by opting for the falsity of the statements, simply because of the supposed compelling nature found in the repeatedly cited testimony for the prosecution. Furthermore, in a comprehensive reading of the ruling, it seems to be understood that the judge qualified the only two legitimate pieces of circumstantial evidence (indicios) presented to her as sufficient, which were the presence of the accused persons on a plot of their property, where they worked on the land with machetes, hours before the environmental damage investigated, and that the witness did not observe anyone else at the site before noticing what had happened. However, for this tribunal, contrary to what was understood, it is evident that the information gathered in this way does not lead to a univocal conclusion about what occurred, since, due to the passage of time between one action and another, the participation of a third party in the event certainly cannot be ruled out. Even less so, considering that, according to the administrative report prepared for this purpose and ratified in the hearing by the witnesses, witness Carmen told them, at the start of the investigations, that she had observed the accused working on their property, on two different days than the discovery, which adds even more weakness to her version. On the subject, it should be noted that, in our legal environment, nothing prevents the use of circumstantial evidence, even tangential evidence, in the drafting of a conviction, by virtue of the principle of evidentiary freedom established in numeral 182 of the Criminal Procedure Code. However, in logical, complete, and valid reasoning, it is required that those pieces of evidence meet the characteristics of being serious, precise, and concordant, so that they leave no doubt whatsoever about the participation of the accused person in the acts attributed to them. [...] In the scenario under examination, as indicated, that univocality in the conclusion reached is lacking. Therefore, the proper course is to grant the claims, as is hereby ordered. In that order, given the impossibility of bringing new evidence before the court and for procedural economy, the challenged judgment is revoked and, in its place, the defendants are acquitted… […]" (folios 190 front to 191 front). As is evident from the record, the Sentence Appellate Court ruling contains two clearly distinguishable aspects. On the one hand, it is noted that the a quo violated the principle of innocence by attributing to the defendants the obligation to offer evidence. On the other hand, a weighing of the body of evidence is carried out, which cannot be examined in cassation due to normative impediment, given that the scope and interpretation given to the evidentiary elements are not subject to challenge through the extraordinary remedy of cassation, except for serious errors in logical construction, or for a total lack of reasoning. Such considerations would be preventing a rehearing (reenvío), where the point under discussion could be resolved again (namely, regarding the univocality of the pieces of circumstantial evidence assessed) and where both the prosecution's representation and the Office of the Procurator General of the Republic (Procuraduría General de la República) could again access the second instance. This impossibility of carrying out a comprehensive review of the body of evidence presented at trial is the grievance detected in the cassation grounds now being analyzed. After the modification made to the criminal sentence appeal system, implemented through Law No. 8837, in force since December 9, 2011, one of the topics that has generated the most discussion in judicial practice has to do with the scope or dimensioning of the decision adopted in the second instance. This is particularly debatable when the Sentence Appellate Courts, in application of Article 465 of the criminal procedural law, order the acquittal of the accused. It has been established that such a manner of proceeding could harm the right of the parties to challenge, with due breadth, that decision freeing the accused from criminal responsibility through appellate channels.
Under that reasoning, this Chamber has had occasion to rule, stating: “[…] Such a possibility exists, and derives from the provisions of the third paragraph of section 465 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), specifically, when it indicates that upon a finding in favor of the appeal (recurso), the appellate court (ad quem) may partially or totally annul the challenged judgment, and order a retrial (reposición del juicio), or else, correct the defect “…and resolve the matter in accordance with the applicable law…”. However, in the current model of challenge (impugnación), such power must be weighed in observance of the right of the opposing party to broadly challenge the ruling that is adverse to them, which derives from the constitutional principle of effective judicial protection (tutela judicial efectiva), and the principle of equality of arms (igualdad de armas).” (The underlining is supplied. Resolution N° 2017-00967, of 9:42 a.m., of October 20, 2017: Arias, Zúñiga, Gómez, López, and Desanti). In this specific case, by the manner in which the Sentencing Appeals Court (Tribunal de Apelación de Sentencia) decided to justify its acquittal ruling, it limited the possibility of appealing the evidentiary analysis carried out. As the appellants (recurrentes) reproach, the appellate court’s (ad quem) resolution meant that they were prevented from broadly discussing the reasons why the evidence produced in the adversarial proceeding (contradictorio), according to the particularities of the specific case, were not considered sufficient to establish the participation of the accused Ovares Prendas and Ovares Ramos in the charged acts. While it is true that, against the resolution of the Sentencing Appeals Court (Tribunal de Apelación de Sentencia), the respective cassation appeals (recursos de casación) that are being heard in this resolution were filed as a higher-instance control mechanism, in this jurisdictional instance, as it is an extraordinary and formal avenue of challenge, a re-examination of the evidentiary assessment is not permitted; rather, one could only attack the stated reasoning when its absence or a serious error in the logical construction of the reasoning that supports it is claimed. That is, in this specific case, a violation of the principle of a second instance (segunda instancia), enshrined in article 8.2.h) of the American Convention on Human Rights, is observed, insofar as a judgment that completely modified the legal consequence imposed by the Trial Court (Tribunal de Juicio) would become final in a single instance, without the guarantee of an adversarial proceeding (contradictorio), based on a re-evaluation of the evidentiary material, thereby issuing an acquittal judgment, to the detriment of the principle of effective judicial protection (tutela judicial efectiva). Consequently, the cassation appeals (recursos de casación) filed by the Public Prosecution Service (Ministerio Público) and by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) are granted. Resolution number 2020-131, of 11:20 a.m., of February 28, 2020, issued by the Criminal Sentencing Appeals Court of Cartago, First Section, visible on folios 188 to 193, is revoked, and a remand (reenvío) to the Appeals Court is ordered for a new proceeding (nueva sustanciación), because that Office did not hear all the claims that were presented to it at the time.
Por tanto:
The cassation appeals (recursos de casación) filed by the Public Prosecution Service (Ministerio Público) and by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) are granted. Consequently, Resolution N° 2020-131, of 11:20 a.m., of February 28, 2020, issued by the Criminal Sentencing Appeals Court of Cartago, First Section, is revoked, and a remand (reenvío) is ordered for a new proceeding (nueva sustanciación). Let it be notified.
Patricia Solano C.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
416-5/14-5-20 JMELENDEZ Observations of the CRIMINAL CASSATION CHAMBER (SALA DE CASACIÓN PENAL) The cassation appeals (recursos de casación) filed by the Public Prosecution Service (Ministerio Público) and by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) are granted. Consequently, Resolution N° 2020-131, of 11:20 a.m., of February 28, 2020, issued by the Criminal Sentencing Appeals Court of Cartago, First Section, is revoked, and a remand (reenvío) is ordered for a new proceeding (nueva sustanciación).
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Sala Tercera de la Corte Clase de asunto: Recurso de casación Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Procesal Penal Tema: Principio de doble instancia Subtemas:
Facultades resolutivas de los tribunales de apelación de sentencia.
Como consecuencia de los argumentos esbozados supra y con base en las competencias fijadas en la normativa procesal penal, ya esta Cámara ha indicado, que el Tribunal de Apelación de Sentencia puede hacer un examen de la prueba, como parte del análisis integral de la sentencia que se encuentra dentro de sus competencias, sin embargo, no podría modificar los hechos probados con base en la revaloración probatoria y dictar la absolutoria directamente, porque ello implicaría resolver en única instancia, violentando la regulación prevista en el bloque legal, constitucional y convencional (En sentido similar, resolución de esta Cámara N° 2020-923, de las 12:55 horas, del 24 de julio del 2020: Solano Castro, Burgos Mata, Alfaro Vargas, Zúñiga Morales y Gómez Cortés).
... Ver más Res: 2020-01737 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las once horas cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte.
Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Wilberth Ovares Ramos, cédula de identidad número 6-0154-0760, costarricense, nacido en Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, el seis de noviembre de mil novecientos sesenta y Wilberth Ovares Prendas, cédula de identidad número 6-0405-0802, costarricense, nacido en Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos; por el delito de anillamiento de árboles y destrucción de vegetación en zonas de protección, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso los magistrados y las magistradas, Patricia Solano Castro, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Álvaro Burgos Mata, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Sandra Eugenia Zúñiga Morales. Además, en esta instancia, el licenciado Julián Martínez Madriz como representante del Ministerio Público y la licenciada Beatriz Sarmiento Chaves como Procuradora Penal.
Resultando:
1.- Mediante sentencia N° 2020-131 de las once horas veinte minutos del veintiocho de febrero de dos mil veinte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Primera, resolvió: “POR TANTO: Se declaran con lugar los motivos primero y tercero de la apelación interpuesto por el defensor público Álvaro Porras Murillo. En ese orden, ante la imposibilidad de hacer llegar a estrados judiciales nueva prueba y por economía procesal, se revoca la sentencia impugnada. En su lugar, se absuelve a los justiciables Wlberth Ovares Ramos y Wilbert Ovares Prendas, de los delitos que se les ha venido atribuyendo, en virtud del principio constitucional de inocencia y su aplicación de in dubio pro reo. Son los gastos del proceso a cargo de El Estado. Levántese cualquier medida cautelar que hubiese sido impuesta, como consecuencia de esta causa, una vez firme esta sentencia. Por la forma en que se resuelve, resulta innecesario conocer del segundo reclamo incoado en esta misma impugnación. El juez Fallas Redondo salva parcialmente el voto. Hágase saber. IVETTE CARRANZA CAMBRONERO JUEZ/A DECISOR/A CHRISTIAN FERNANDEZ MORA JUEZ/A DECISOR/A DAVID FALLAS REDONDO JUEZ/A DECISOR/A” (sic).
2.- Contra el anterior pronunciamiento el licenciado Julián Martínez Madriz y la licenciada Beatriz Sarmiento Chaves, interpusieron recurso de casación.
3.- Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.
4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Informa la Magistrada Zúñiga Morales; y,
Considerando:
I.Mediante la resolución N° 2020-1048, de las 11:20 horas, del 21 de agosto del 2020 (folios 229 a 233), se admitieron para su trámite los recursos de casación interpuestos por el Fiscal Julián Martínez Madriz y por la Procuradora Penal Beatriz Sarmiento Chaves.
II.En el primer motivo del recurso de casación planteado por la representación fiscal, con fundamento en los artículos 468 inciso b) y 439 del Código Procesal Penal, 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reclama la inobservancia de preceptos legales procesales, por violación al derecho de “doble instancia”. Argumenta el impugnante, que el Tribunal de Apelación resolvió en única instancia lo que en su criterio procedía, dictando una absolutoria a favor de los imputados, sin otorgarle al Ministerio Público la posibilidad de discutir si los hechos fueron acreditados con prueba suficiente, o bien, impugnar de manera amplia dicha resolución. Señala, que existe una violación a la garantía de “doble instancia” que justifica mantener incólume la sentencia de juicio, o en su defecto, ordenar el reenvío para una nueva discusión. Como agravio, el licenciado Julián Martínez Madriz refiere que se causó un perjuicio a las pretensiones punitivas del Ministerio Público, ya que se absolvió de manera directa a los encausados, cuando lo procedente era ordenar el reenvío para una nueva discusión. En el segundo motivo que interpone, el licenciado Martínez Madriz reclama la errónea aplicación del artículo 465 del Código Procesal Penal, lo que fundamenta en los numerales 468 inciso b) y 465 del Código Procesal Penal. Afirma, que de conformidad con el artículo 465 referido, el Tribunal de Apelación tiene potestad legal para ordenar la reposición del juicio o bien resolver el asunto de acuerdo a la ley aplicable. En cuanto al último párrafo de la norma, señala que se regula un primer supuesto, que tiene que ver con temas de valoración de prueba, en los cuales solamente a través de la inmediación y contradictorio se podrá emitir un nuevo fallo, porque de lo contrario se estaría dictando una resolución arbitraria, desde el punto de vista procesal y constitucional; mientras que en el segundo supuesto, será cuando, agotada y aceptada la valoración de prueba, la ley aplicable puede conducir a la resolución de fondo, como por ejemplo la atipicidad de una conducta, la recalificación o la prescripción de una causa. No obstante, el Fiscal estima que en el presente caso existe una errónea aplicación del indicado precepto, en vista que el ad quem absolvió al acusado, luego de una valoración de prueba, que solo corresponde al Tribunal de Juicio, por lo que existe un vicio que debe ser declarado, debido a que lejos de aplicarse correctamente el párrafo tercero de la norma, se absolvió de manera directa a los acusados, por encima del juicio que correspondía, dados los defectos en la valoración de la prueba que fueron detectados. Luego de transcribir un pasaje del fallo impugnado, el recurrente afirma que se resolvió por el fondo sobre la absolutoria del imputado, al estimarse que la prueba resultaba insuficiente y que lo procedente era verificar una duda a favor de los enjuiciados. Sostiene, que el defecto consiste en resolver, en definitiva, a pesar de que se reconoce que la sentencia de primera instancia presenta problemas en los razonamientos empleados, con una incorrecta valoración de la prueba, por lo que la solución debió ser el reenvío de la causa. Afirma, que se sostuvo la absolutoria a partir de un fundamento improcedente, a la luz del artículo 465 del Código Procesal Penal. Como agravio, señala que se perjudicaron las pretensiones del Ministerio Público y el Estado, debido a que en juicio se logró la condena y el ad quem absolvió, con una resolución que no se encuentra ajustada a derecho, lesionándose el ejercicio de la acción penal pública. Solicita se declare con lugar el recurso, se mantenga la sentencia de juicio o que se ordene el reenvío para una nueva valoración de la prueba. Por su parte, en el primer motivo del recurso de casación formulado por la Procuraduría General de la República, se reclama la errónea aplicación del artículo 465 del Código Procesal Penal. Considera la impugnante, que el Tribunal de Apelación de Sentencia efectuó una valoración parcial de la prueba, a partir de la cual declaró con lugar el recurso de apelación de la defensa y absolvió a los dos justiciables, resolviendo por el fondo el proceso, lo que no es procedente, al no concurrir un supuesto de atipicidad de la conducta, recalificación o prescripción. Luego de efectuar la transcripción de un pasaje del fallo (confrontar folio 204 a 206), señala que el ad quem consideró que del relato de la única testigo se infiere que ésta, en horas de la mañana, observó a los acusados trabajando en la finca y en la tarde se percató de los daños ocasionados, con lo que al parecer el a quo intentó realizar un silogismo indiciario y calificó los dos indicios que se le presentaron como suficientes, que eran la presencia de los imputados en el lugar, efectuando trabajos sobre la tierra y que la testigo refirió no observar a nadie más en el sitio antes de percatarse de lo sucedido. Concluyó el ad quem, que esos indicios no conducen a una conclusión unívoca sobre lo acontecido, puesto que no era posible descartar la participación de un tercero como autor de los hechos, máxime tomando en cuenta que la testigo refirió haber observado a los acusados dos días distintos realizando trabajos en el lugar. Considera la recurrente, que esta valoración realizada por el Tribunal de Apelación constituye un nuevo análisis sobre el fondo, que el Ministerio Público y el representante del Estado no tuvieron la oportunidad de rebatir y que dejó de lado prueba de relevancia que acreditaba los ilícitos atribuidos por la Procuraduría General de la República, que eran el de anillamiento (artículo 63 inciso b) de la Ley Forestal) y eliminación de vegetación menor de sotobosque (artículo 90 de la Ley de Vida Silvestre). Considera que, si los Jueces de Alzada estimaban que existía una falta de fundamentación en el análisis de la prueba, debió anular la sentencia y enviar la causa a juicio nuevamente. En cuanto al agravio, manifiesta que la absolutoria dictada ocasionó un perjuicio al Estado en sus pretensiones punitivas, por cuanto, a pesar de que se logró una condenatoria de los imputados en el debate, se dictó una sentencia absolutoria en única instancia, con una valoración incompleta de la prueba. En el segundo motivo de la impugnación formulada por la Procuraduría General de la República, se acusa el quebranto a la “doble instancia”. La representante del Estado afirma que el Tribunal de Apelación excedió su competencia, al resolver por el fondo el proceso en única instancia, lo que eliminó la posibilidad de discutir el tema en un nuevo debate y poder argüir que la prueba es suficiente para establecer la responsabilidad penal de los acusados por los hechos atribuidos, es decir, se impidió impugnar la decisión ante un Tribunal de Alzada. Considera, que el principio de economía procesal utilizado por los Jueces de Apelación como fundamento de la absolutoria, no puede estar por encima de la garantía de acceso a la justicia, que comprende el derecho a la “doble instancia”. Manifiesta que, si en alzada se detectó una falta de fundamentación de la sentencia de juicio, lo que correspondía era anularla y ordenar el reenvío a fin de que todas las partes pudieran tener oportunidad de escuchar a los testigos, preguntar, analizar la prueba y emitir conclusiones ante una nueva integración del Tribunal, así como de impugnar el fallo si este resultara adverso. Hace ver, que el ad quem efectuó una nueva valoración de la prueba, con lo que se dio la razón a la defensa, aspecto que no puede ser rebatido. Como agravio, indica que se absolvió a los imputados y se impidió ejercer el derecho a la “doble instancia”, para un debido control de la sentencia. Solicita se acoja el reclamo, se anule el fallo impugnado y se confirme la sentencia de primera instancia, o en su defecto, que se ordene un reenvío.
III.En virtud de la conexidad existente entre los alegatos expuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, se procederá a su resolución conjunta. Se declaran con lugar las impugnaciones formuladas: Las inconformidades que plantean, tanto la representación fiscal como la Procuraduría General de la República, refieren a la aplicación de la garantía de recurrir el fallo penal, específicamente en relación con las facultades del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal en situaciones que resuelve en única instancia. De la lectura de los argumentos expuestos y el análisis de la sentencia impugnada, se desprende que efectivamente, el proceder del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal implicó una violación de la garantía de recurrir el fallo en segunda instancia. Se debe precisar que si bien, los recurrentes hacen referencia a una violación a la “doble instancia”, tal y como ya lo ha indicado esta Cámara en múltiples resoluciones, la garantía prevista en el ordenamiento jurídico costarricense y respaldada en el bloque de convencionalidad, se refiere al derecho a recurrir el fallo en segunda instancia, mediante un recurso ordinario, informal, accesible y eficaz, que permita el examen integral de la sentencia por el superior, no a la “doble instancia” que supone un medio de impugnación con otras características, criterio que ha reiterado esta Cámara desde el voto N° 2016-000756, de las 11:10 horas, del 20 de julio de 2016, con integración de los Magistrados Chinchilla, Ramírez, Arroyo, Arias y Gamboa. Así, el inciso h) del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 4534, del 23 de febrero de 1970, dispone que entre las garantías judiciales de las que goza toda persona se encuentra: “h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. Desde esta óptica, es necesario precisar que la doble instancia entendida en sentido estricto, no puede ser equiparada con el derecho a recurrir lo establecido en la normativa convencional, ya que la primera, hace referencia a un procedimiento desarrollado en etapas sucesivas, donde una vez agotada la “primera etapa” conforme al principio de preclusión, la decisión es tomada en una “segunda etapa” por jueces distintos, pero en iguales condiciones de inmediación y dichas exigencias, no se deriven de la normativa o jurisprudencia convencional. Aunado a ello, debe considerarse que según el artículo 326 del Código Procesal Penal, el juicio es una fase del proceso penal que se desarrolla de forma oral y pública, por lo que no es posible reproducir en iguales condiciones el contradictorio. Asimismo, deviene improcedente equiparar la labor de verificación de la valoración de la prueba realizada por el ad quem, cuando existe respaldo digital del acto de evacuación de los elementos de convicción -vgr. el video de la declaración del testigo-, porque en este último caso, no se trata de una nueva recepción de la prueba en las mismas condiciones de inmediación como lo supone la “doble instancia”. En este orden de ideas, interpretando los alcances del numeral citado supra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.), mediante sentencia del 2 de julio de 2004, en la causa denominada “Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, se refirió acerca del derecho a recurrir el fallo ante el superior: “158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. 159. La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. 160. El artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 indica que […] un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos” (subrayado no corresponde al original). En este mismo orden de ideas, descartando que la “doble instancia” constituya una exigencia de la normativa convencional, parte de la doctrina ha indicado: « En razón de todo lo expuesto, se determina que la tutela judicial efectiva del derecho a recurrir el fallo penal ante un tribunal superior en un sistema procesal penal como el costarricense, no implica que deba reconocerse o regularse un medio impugnativo que garantice “la doble instancia” en el sentido riguroso o tradicional del término, ya que ni siquiera los instrumentos internacionales que reconocen tal garantía contemplan tal supuesto, sino que lo que se garantiza es el derecho a un “doble examen del fallo”» (VARGAS ROJAS, Omar, JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Esteban, Impugnación de la sentencia penal: apelación, casación, revisión, Investigaciones Jurídicas S.A., primera edición, San José C.R., 2012, pág. 166-167). Desde esta óptica, tomando como punto de partida el concepto de “doble instancia” expuesto supra y la interpretación del artículo 8.2 h) del C.A.D.H. realizado por la Corte I.D.H., es posible concluir que en el régimen de impugnación de la sentencia penal costarricense, el recurso de apelación de sentencia penal no prevé el derecho a una “doble instancia”, sino que garantiza el derecho a recurrir el fallo en segunda instancia, mediante un recurso ordinario, informal, accesible y eficaz, de forma tal que permita el examen integral de la sentencia ante un superior jerárquico, sin necesidad de la reproducción del juicio oral y público. Bajo el mismo orden de ideas, es oportuno notar que a raíz de la condenatoria de la Corte I.D.H. en el “Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica” y en cumplimiento de la normativa convencional, con la finalidad de adecuar el régimen de impugnación a los estándares señalados supra, Costa Rica realizó una primera reforma legal al régimen de impugnación penal mediante Ley N° 8503, del 28 de abril de 2006, denominada “Apertura de Casación” y posteriormente, mediante Ley N° 8837, del 3 de mayo de 2010, se emitió la denominada “Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal”, legislación que da origen al régimen de impugnación penal vigente, introduciendo el recurso de apelación de sentencia penal en el Código Procesal Penal. En este sentido, al delimitar los alcances de las resoluciones del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, el artículo 465 de la normativa procesal penal dispone que: “Examen y resolución. El tribunal de apelación de sentencia apreciará la procedencia de los reclamos invocados en el recurso y sus fundamentos, de modo que pueda valorar la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba y fundamentaron su decisión. Hará uso de los registros que tenga disponibles, reproducirá la prueba oral del juicio cuando lo estime necesario, pertinente y útil para la procedencia del reclamo, y hará la valoración integral que corresponda con el resto de las actuaciones y la prueba introducida por escrito. Si el tribunal de apelación estima procedente el recurso, anulará total o parcialmente la resolución impugnada y ordenará la reposición del juicio o de la resolución. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio o resolución. En los demás casos, enmendará el vicio y resolverá el asunto de acuerdo con la ley aplicable. Cuando el recurso ha sido interpuesto solo por el imputado […] su favor, en la resolución del tribunal de apelación de sentencia o en el juicio de reenvío no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en la sentencia anulada, ni desconocer los beneficios que en esta se hayan acordado. Si por efecto de la resolución del recurso debe cesar la prisión del imputado, el tribunal de apelación de sentencia ordenará directamente la libertad”. Como consecuencia de los argumentos esbozados supra y con base en las competencias fijadas en la normativa procesal penal, ya esta Cámara ha indicado, que el Tribunal de Apelación de Sentencia puede hacer un examen de la prueba, como parte del análisis integral de la sentencia que se encuentra dentro de sus competencias, sin embargo, no podría modificar los hechos probados con base en la revaloración probatoria y dictar la absolutoria directamente, porque ello implicaría resolver en única instancia, violentando la regulación prevista en el bloque legal, constitucional y convencional (En sentido similar, resolución de esta Cámara N° 2020-923, de las 12:55 horas, del 24 de julio del 2020: Solano Castro, Burgos Mata, Alfaro Vargas, Zúñiga Morales y Gómez Cortés). Conforme se deriva de los autos, en el presente proceso penal, se revocó la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa, por considerar el ad quem, que se verificaban problemas graves en la construcción del razonamiento empleado, al establecerse que la prueba indiciaria carecía de un carácter unívoco en cuanto a la conclusión que de ella se derivó. En ese sentido, se indicó: “…en síntesis, se atribuye a los sindicados haber procedido con el anillamiento y corta de dos árboles de la especie Chaperno; el anillamiento de otros cuatro de distinta clase, así como la corta de vegetación adyacente, dentro del margen del río Sábalo (ver querella pública y acusación fiscal). Sin embargo, para acreditar lo anterior, se partió del testimonio de la única testigo ocular Carmen Avendaño Chaves, que ostenta el contenido que se indica en el recurso, según puede constatarse también. Es decir, según su versión rendida en el contradictorio, primero observó a los acusados trabajando en la finca de su propiedad en la mañana y, horas después, durante la tarde, cuando decidió ir a la poza del río se percató de los daños ambientales ocasionados por lo que dio la alerta a las autoridades forestales. Sin embargo, como bien lo señala el recurrente y salta a la vista, carece de un carácter unívoco en cuanto a la conclusión que de ella se deriva. Más aún, tomando en cuenta que el resto de la encuesta probatoria se encuentra constituida por los hallazgos que encontraron los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía en el sitio, documentados en el respectivo informe e introducidos a la audiencia por los personeros responsables de su confección, quienes fueron claros en indicar que, cuando llegaron al sitio del suceso, no había nadie y que identificaron a los autores de los daños encontrados únicamente por la versión de la testigo Avendaño. Al punto, se observa también que, con esa información así recabada, se inició la presente sumaria y de inmediato se procedió a la confección de la pieza acusatoria, sea, sin realizar ninguna otra actividad probatoria. La juzgadora estableció que las manifestaciones de la testigo, aunadas a que los imputados no lograron desvirtuarlas y, más bien, admitieron su presencia en el lugar, así como, al hecho de que ninguna otra persona fue vista por la testigo en el sitio, daban pie a una conclusión condenatoria. Pareciera que se intentó la construcción de un silogismo indiciario. Sin embargo, por una parte, la juzgadora acudió a un evidente traslado de la prueba a las personas de los acusados, lo que resulta contrario al principio de inocencia constitucional, al exigírseles que ofrecieran prueba de descargo. Ello, sin mencionar que se partió de una falacia circular o de petición de principio, al optar por la falsedad de las declaraciones, simplemente por la supuesta contundencia encontrada el testimonio de cargo de repetida cita. Por lo demás, en una lectura integral del fallo, pareciera entenderse que la persona juzgadora calificó los únicos dos indicios legítimos que se le presentaron como suficientes, cuales eran la presencia de las personas acusadas en un lote de su propiedad, en el que trabajaron sobre la tierra con machetes, horas antes del daño ambiental investigado y que la testigo no observó a nadie más en el lugar antes de percatarse de lo acontecido. No obstante, para este tribunal, contrario a lo que se entendió, es evidente que la información así recolectada no conduce a una conclusión unívoca sobre lo acontecido, puesto que, por el transcurso del tiempo entre una acción y otra, ciertamente no puede descartarse la participación de un tercero en el evento. Menos todavía, tomando en cuenta que, según el informe administrativo elaborado al efecto y fue ratificado en audiencia por los testigos, la testigo Carmen les dijo, al inicio de las investigaciones, que había observado a los acusados trabajando su finca, en dos días distintos al hallazgo, lo que abona aún más debilidad a su versión. Sobre el tema conviene señalar que, en nuestro medio, nada obsta para que sean utilizados indicios, incluso tangenciales, en la elaboración de una sentencia condenatoria, en virtud del principio de libertad probatoria establecido en el numeral 182 del Código Procesal Penal. Sin embargo, en un razonamiento lógico, completo y válido, se exige que aquellos reúnan las características de graves, precisos y concordantes, de modo que, no den lugar a duda alguna sobre la participación de la persona acusada en los hechos que se le atribuyen. […] En el supuesto bajo examen, como se indicó, esa univocidad en la conclusión alcanzada se echa de menos. Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar los reclamos, como en efecto se dispone. En ese orden, ante la imposibilidad de hacer llegar a estrados judiciales nueva prueba y por economía procesal, se revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, se absuelve a los justiciables… […]” (folios 190 frente a 191 frente). Según se deriva de los autos, el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia contiene dos aspectos claramente diferenciables. Por un lado, se hace ver que el a quo vulneró el principio de inocencia, al atribuirle a los imputados la obligación de ofrecer prueba. Por otra parte, se realiza una ponderación del cúmulo probatorio, lo que no puede ser examinado en sede de casación por impedimento normativo, dado que los alcances e interpretación que se le otorguen a los elementos probatorios, no son sujetos de impugnación mediante el recurso extraordinario de casación, salvo por errores graves en la construcción lógica, o bien, por ausencia total de fundamentación. Tales consideraciones, estarían impidiendo un reenvío, donde se pudiera resolver de nuevo el punto en discusión (a saber, en cuanto a la univocidad de los indicios valorados) y que tanto la representación fiscal como la Procuraduría General de la República pudieran acceder de nuevo a la segunda instancia. Esta imposibilidad de efectuar una revisión integral del cúmulo probatorio evacuado en debate, es el agravio que se detecta en los motivos de casación que ahora se analizan. Tras la modificación efectuada al régimen de impugnación de la sentencia penal, operada mediante ley N° 8837, vigente desde el 09 de diciembre de 2011, uno de los temas que ha generado mayor discusión en la praxis judicial tiene que ver con los alcances o dimensionamiento de la decisión adoptada en segunda instancia. Ello es particularmente discutible cuando los Tribunales de Apelación de Sentencia, en aplicación del artículo 465 de la ordenanza procesal penal, disponen la absolución del acusado. Se ha establecido que tal manera de proceder podría lesionar el derecho de las partes a cuestionar, con la debida amplitud, esa decisión liberatoria de la responsabilidad penal en la vía recursiva. Bajo esa tesitura, esta Cámara ha tenido ocasión de pronunciarse, señalando: “[…] Dicha posibilidad existe, y deriva de lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 465 del Código Procesal Penal, en específico, cuando se indica que ante la declaratoria con lugar del recurso, el ad quem puede anular parcial o totalmente el fallo incoado, y ordenar la reposición del juicio, o bien, enmendar el vicio “…y resolver el asunto de acuerdo con la ley aplicable…”. Sin embargo, en el modelo actual de la impugnación, dicha facultad debe ponderarse en observancia del derecho que tiene la parte contraria, de impugnar de forma amplia el fallo que le es adverso, el cual deriva del principio constitucional de tutela judicial efectiva, y del principio de igualdad de armas.” (El subrayado es suplido. Resolución N° 2017-00967, de las 9:42 horas, del 20 de octubre de 2017: Arias, Zúñiga, Gómez, López y Desanti). En este caso concreto, por la manera en que el Tribunal de Apelación de Sentencia decidió justificar su pronunciamiento absolutorio, limitó la posibilidad de recurrir el análisis probatorio efectuado. Tal y como lo reprochan los recurrentes, la resolución del ad quem implicó que se les impidiera discutir de manera amplia las razones por las cuales se consideró que las probanzas evacuadas en el contradictorio, de acuerdo a las particularidades del caso concreto, no permitían establecer la participación de los imputados Ovares Prendas y Ovares Ramos en los hechos acusados. Si bien es cierto, contra la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia, se ejercieron como mecanismo de control de alzada los respectivos recursos de casación que se conocen en la presente resolución, en esta instancia jurisdiccional, al tratarse de una vía de impugnación extraordinaria y formal, no se permite el reexamen de la valoración probatoria, sino solo, se podría atacar la fundamentación expuesta cuando se reclama su ausencia o un grave error en la construcción lógica de los razonamientos que la sustentan. Es decir, en este caso concreto, se aprecia una vulneración del principio de segunda instancia, consagrado en el numeral 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto en única instancia, sin la garantía del contradictorio estaría quedando firme un fallo que modificó por completo la consecuencia jurídica impuesta por el Tribunal de Juicio, a partir de una revaloración del material probatorio, con lo cual, se emitió una sentencia absolutoria, en detrimento del principio de tutela judicial efectiva. En consecuencia, se declaran con lugar los recursos de casación planteados por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República. Se revoca la resolución número 2020-131, de las 11:20 horas, del 28 de febrero del 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, visible de folios 188 a 193, ordenándose el reenvío ante el Tribunal de Apelación para una nueva sustanciación, por no haber conocido dicho Despacho, todos los reclamos que en su momento le fueron planteados.
Por Tanto:
Se declaran con lugar los recursos de casación formulados por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se revoca la resolución N° 2020-131, de las 11:20 horas, del 28 de febrero del 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, ordenándose el reenvío para una nueva sustanciación. Notifíquese.
Patricia Solano C.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
416-5/14-5-20 JMELENDEZ Observaciones de SALA DE CASACIÓN PENAL Se declaran con lugar los recursos de casación formulados por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se revoca la resolución N° 2020-131, de las 11:20 horas, del 28 de febrero del 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, ordenándose el reenvío para una nueva sustanciación.
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