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Res. 01737-2020 Sala Tercera de la Corte · Sala Tercera de la Corte · 18/12/2020
OutcomeResultado
The Chamber granted both cassation appeals, reversed the appellate acquittal, and remanded the matter to the Court of Appeal for new proceedings.La Sala acogió ambos recursos de casación, revocó la absolución dictada en apelación y ordenó el reenvío para una nueva sustanciación ante el Tribunal de Apelación.
SummaryResumen
The Criminal Cassation Chamber granted appeals filed by the Public Prosecutor’s Office and the Attorney General’s Office against an appellate acquittal in a prosecution for tree girdling and destruction of vegetation within the Sábalo River protection zone. It explained that Costa Rican law guarantees the right to challenge a judgment through an ordinary, accessible, effective remedy permitting comprehensive review, although it does not require a “double instance” understood as a repetition of the trial. The Court of Appeal had reversed the conviction and directly acquitted the defendants after reassessing the circumstantial evidence and finding that it did not establish their participation unequivocally. That disposition prevented the prosecution and the State from fully challenging the new evidentiary assessment because cassation, as an extraordinary remedy, does not allow the evidence to be reexamined. The Chamber therefore reversed the acquittal and remanded the matter to the Court of Appeal for new proceedings addressing all claims that had originally been raised.La Sala de Casación Penal acogió los recursos del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República contra la absolución dictada en apelación en un proceso por anillamiento de árboles y destrucción de vegetación dentro de la zona de protección del río Sábalo. Explicó que el sistema costarricense garantiza el derecho a recurrir el fallo mediante un recurso ordinario, accesible, eficaz y capaz de permitir su examen integral, aunque no una “doble instancia” entendida como repetición del juicio. El Tribunal de Apelación había revocado la condena y absuelto directamente a los acusados tras revalorar los indicios y concluir que no demostraban unívocamente su participación. Esa decisión impidió que la Fiscalía y la Procuraduría cuestionaran ampliamente la nueva valoración probatoria, pues la casación, por su carácter extraordinario, no permite reexaminar la prueba. La Sala revocó la absolutoria y ordenó el reenvío al Tribunal de Apelación para una nueva sustanciación de todos los reclamos pendientes.
Key excerptExtracto clave
That is, in this particular case, a violation of the second-instance principle enshrined in Article 8(2)(h) of the American Convention on Human Rights is apparent, because a judgment that completely altered the legal consequence imposed by the Trial Court, based on a reassessment of the evidentiary material, would become final in a single instance without the guarantee of adversarial proceedings, thereby producing an acquittal to the detriment of the principle of effective judicial protection. Consequently, the cassation appeals filed by the Public Prosecutor’s Office and the Attorney General’s Office are granted. Decision No. 2020-131, issued at 11:20 a.m. on February 28, 2020, by the First Section of the Cartago Criminal Judgment Court of Appeal, appearing at pages 188 through 193, is reversed, and the matter is remanded to the Court of Appeal for new proceedings because that court did not address all the claims originally presented to it. Operative Decision: The cassation appeals filed by the Public Prosecutor’s Office and the Attorney General’s Office are granted. Consequently, Decision No. 2020-131, issued at 11:20 a.m. on February 28, 2020, by the First Section of the Cartago Criminal Judgment Court of Appeal, is reversed, and the matter is remanded for new proceedings. Let notice be given.Es decir, en este caso concreto, se aprecia una vulneración del principio de segunda instancia, consagrado en el numeral 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto en única instancia, sin la garantía del contradictorio estaría quedando firme un fallo que modificó por completo la consecuencia jurídica impuesta por el Tribunal de Juicio, a partir de una revaloración del material probatorio, con lo cual, se emitió una sentencia absolutoria, en detrimento del principio de tutela judicial efectiva. En consecuencia, se declaran con lugar los recursos de casación planteados por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República. Se revoca la resolución número 2020-131, de las 11:20 horas, del 28 de febrero del 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, visible de folios 188 a 193, ordenándose el reenvío ante el Tribunal de Apelación para una nueva sustanciación, por no haber conocido dicho Despacho, todos los reclamos que en su momento le fueron planteados. Por Tanto: Se declaran con lugar los recursos de casación formulados por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se revoca la resolución N° 2020-131, de las 11:20 horas, del 28 de febrero del 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, ordenándose el reenvío para una nueva sustanciación. Notifíquese.
Pull quotesCitas destacadas
"La garantía prevista en el ordenamiento jurídico costarricense y respaldada en el bloque de convencionalidad, se refiere al derecho a recurrir el fallo en segunda instancia, mediante un recurso ordinario, informal, accesible y eficaz, que permita el examen integral de la sentencia por el superior, no a la “doble instancia” que supone un medio de impugnación con otras características."
"The guarantee established in Costa Rican law and supported by the conventionality framework concerns the right to challenge a judgment at a second level through an ordinary, informal, accessible, and effective remedy that permits comprehensive review of the judgment by a higher court, rather than a “double instance,” which entails a remedy with different characteristics."
Considerando III
"La garantía prevista en el ordenamiento jurídico costarricense y respaldada en el bloque de convencionalidad, se refiere al derecho a recurrir el fallo en segunda instancia, mediante un recurso ordinario, informal, accesible y eficaz, que permita el examen integral de la sentencia por el superior, no a la “doble instancia” que supone un medio de impugnación con otras características."
Considerando III
"Sin embargo, en el modelo actual de la impugnación, dicha facultad debe ponderarse en observancia del derecho que tiene la parte contraria, de impugnar de forma amplia el fallo que le es adverso, el cual deriva del principio constitucional de tutela judicial efectiva, y del principio de igualdad de armas."
"Under the current appellate model, however, that authority must be weighed in light of the opposing party’s right to challenge an adverse judgment broadly, a right derived from the constitutional principle of effective judicial protection and the principle of equality of arms."
Considerando III
"Sin embargo, en el modelo actual de la impugnación, dicha facultad debe ponderarse en observancia del derecho que tiene la parte contraria, de impugnar de forma amplia el fallo que le es adverso, el cual deriva del principio constitucional de tutela judicial efectiva, y del principio de igualdad de armas."
Considerando III
"En esta instancia jurisdiccional, al tratarse de una vía de impugnación extraordinaria y formal, no se permite el reexamen de la valoración probatoria, sino solo, se podría atacar la fundamentación expuesta cuando se reclama su ausencia o un grave error en la construcción lógica de los razonamientos que la sustentan."
"At this judicial level, because cassation is an extraordinary and formal avenue of review, reassessment of the evidence is not permitted; the stated reasoning may be challenged only when its absence or a serious error in the logical construction supporting it is alleged."
Considerando III
"En esta instancia jurisdiccional, al tratarse de una vía de impugnación extraordinaria y formal, no se permite el reexamen de la valoración probatoria, sino solo, se podría atacar la fundamentación expuesta cuando se reclama su ausencia o un grave error en la construcción lógica de los razonamientos que la sustentan."
Considerando III
"Sin embargo, en un razonamiento lógico, completo y válido, se exige que aquellos reúnan las características de graves, precisos y concordantes, de modo que, no den lugar a duda alguna sobre la participación de la persona acusada en los hechos que se le atribuyen."
"For a logical, complete, and valid inference, however, such indicia must be serious, precise, and consistent so that they leave no doubt about the accused person’s participation in the alleged acts."
Pasaje de la sentencia de apelación examinado en el Considerando III
"Sin embargo, en un razonamiento lógico, completo y válido, se exige que aquellos reúnan las características de graves, precisos y concordantes, de modo que, no den lugar a duda alguna sobre la participación de la persona acusada en los hechos que se le atribuyen."
Pasaje de la sentencia de apelación examinado en el Considerando III
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Document Review Decision: 2020-01737 CRIMINAL CASSATION CHAMBER. San José, at eleven hours and five minutes on December eighteenth, two thousand twenty.
Cassation appeal (recurso de casación) filed in the present proceedings against Wilberth Ovares Ramos, identity card number 6-0154-0760, Costa Rican, born in Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, on November sixth, nineteen sixty, and Wilberth Ovares Prendas, identity card number 6-0405-0802, Costa Rican, born in Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, on November fourth, nineteen ninety-two, for the offenses of tree girdling (anillamiento de árboles) and destruction of vegetation in protected areas (destrucción de vegetación en zonas de protección), to the detriment of Natural Resources. Justices Patricia Solano Castro, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Álvaro Burgos Mata, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, and Sandra Eugenia Zúñiga Morales participated in deciding the appeal. Also participating at this stage were attorney Julián Martínez Madriz as representative of the Ministerio Público and attorney Beatriz Sarmiento Chaves as Criminal State Counsel.
Background:
Justice Zúñiga Morales reports; and,
Considerations:
I.By Decision N° 2020-1048, issued at 11:20 hours on August 21, 2020 (pages 229 to 233), the cassation appeals filed by Prosecutor Julián Martínez Madriz and Criminal State Counsel Beatriz Sarmiento Chaves were admitted for consideration.
II.In the first ground of the cassation appeal submitted by the prosecution, based on Articles 468(b) and 439 of the Code of Criminal Procedure and Article 8.2.h) of the American Convention on Human Rights, the appellant alleges a failure to observe procedural legal provisions due to a violation of the right to review by two levels of jurisdiction (doble instancia). The appellant argues that the Tribunal de Apelación decided, in a single instance, what it deemed appropriate by entering an acquittal in favor of the defendants, without giving the Ministerio Público an opportunity to dispute whether the facts had been established by sufficient evidence or to challenge that decision comprehensively. He contends that the right to review by two levels of jurisdiction was violated, warranting either that the trial judgment remain undisturbed or, alternatively, that the case be remanded (reenvío) for a new hearing.
As prejudice, attorney Julián Martínez Madriz states that the Ministerio Público’s punitive claims were harmed because the defendants were acquitted outright when the proper course was to remand the case for a new hearing. In his second ground, attorney Martínez Madriz alleges the erroneous application of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, basing his claim on Articles 468(b) and 465 of that Code. He asserts that, under the cited Article 465, the Tribunal de Apelación has statutory authority either to order a retrial or to decide the matter in accordance with the applicable law. Regarding the final paragraph of that provision, he states that it governs a first scenario involving the assessment of evidence (valoración de prueba), in which a new ruling may be issued only through immediacy and adversarial proceedings (inmediación y contradictorio), since otherwise the decision would be arbitrary from both a procedural and constitutional standpoint; the second scenario arises when, after the assessment of the evidence has been exhausted and accepted, the applicable law may lead to a decision on the merits, as in cases involving the absence of the elements of an offense (atipicidad de una conducta), reclassification (recalificación), or the statute of limitations (prescripción) in a case.
Nevertheless, the Prosecutor considers that the cited provision was erroneously applied in the present case because the ad quem acquitted the accused after assessing the evidence, a task reserved exclusively for the Trial Court. A defect must therefore be declared because, instead of properly applying the third paragraph of the provision, the accused were acquitted outright, bypassing the trial that was required in light of the identified defects in the assessment of the evidence. After reproducing a passage from the challenged judgment, the appellant asserts that a decision on the merits acquitting the defendant was rendered based on the determination that the evidence was insufficient and that reasonable doubt should be resolved in favor of the defendants. He maintains that the defect consists of rendering a final decision despite recognizing that the trial-level judgment contained flaws in its reasoning and an improper assessment of the evidence, such that the proper remedy should have been to remand the case.
He asserts that the acquittal was upheld on an improper basis in light of Article 465 of the Code of Criminal Procedure. As prejudice, he states that the claims of the Ministerio Público and the State were harmed because a conviction was obtained at trial, but the ad quem entered an acquittal through a decision contrary to law, thereby impairing the exercise of the public criminal prosecution (acción penal pública). He requests that the appeal be granted and that the trial judgment be upheld or that the case be remanded for a new assessment of the evidence. For her part, in the first ground of the cassation appeal filed by the Procuraduría General de la República, the appellant alleges the erroneous application of Article 465 of the Code of Criminal Procedure. She considers that the Tribunal de Apelación de Sentencia conducted a partial assessment of the evidence, on the basis of which it granted the defense appeal and acquitted both defendants, thereby deciding the proceedings on the merits.
She contends that this was improper because the case did not involve the absence of the elements of an offense, reclassification, or the statute of limitations. After reproducing a passage from the judgment (compare pages 204 to 206), she states that the ad quem found that the account of the sole witness supported the inference that, during the morning, she saw the accused working on the property and that, in the afternoon, she discovered the damage caused. Thus, the a quo apparently attempted to construct an inferential syllogism (silogismo indiciario) and deemed the two items of circumstantial evidence (indicios) presented to it sufficient: the defendants’ presence at the location while performing work on the land, and the witness’s statement that she did not see anyone else at the site before discovering what had occurred. The ad quem concluded that this circumstantial evidence did not lead to a single unequivocal conclusion concerning what had occurred because the participation of a third party as the perpetrator could not be ruled out, particularly considering that the witness stated that she had seen the accused performing work at the location on two different days.
The appellant considers that this assessment by the Tribunal de Apelación constituted a new analysis of the merits that neither the Ministerio Público nor the State’s representative had an opportunity to rebut and that it disregarded relevant evidence establishing the offenses charged by the Procuraduría General de la República, namely girdling (Article 63(b) of the Ley Forestal) and removal of minor understory vegetation (eliminación de vegetación menor de sotobosque) (Article 90 of the Ley de Vida Silvestre). She considers that if the appellate judges believed that the evidentiary analysis lacked adequate reasoning (falta de fundamentación), they should have vacated the judgment and remanded the case for a new trial. Regarding the prejudice, she states that the acquittal harmed the State’s punitive claims because, although a conviction of the defendants was obtained at trial, an acquittal was entered in a single instance based on an incomplete assessment of the evidence.
In the second ground of the challenge filed by the Procuraduría General de la República, a violation of the right to review by two levels of jurisdiction is alleged. The State’s representative asserts that the Tribunal de Apelación exceeded its jurisdiction by deciding the merits of the proceedings in a single instance, thereby eliminating the opportunity to litigate the issue in a new trial and to argue that the evidence was sufficient to establish the defendants’ criminal liability for the alleged acts; in other words, it prevented the decision from being challenged before an appellate court. She considers that the principle of procedural economy invoked by the appellate judges as the basis for the acquittal cannot supersede the guarantee of access to justice, which encompasses the right to review by two levels of jurisdiction. She states that if the appellate court identified inadequate reasoning in the trial judgment, the proper course was to vacate it and order a remand so that all parties would have the opportunity to hear the witnesses, ask questions, analyze the evidence, and present conclusions before a newly constituted panel of the Court, as well as to challenge the judgment if it proved adverse.
She points out that the ad quem conducted a new assessment of the evidence and thereby ruled in favor of the defense, a matter that cannot be rebutted. As prejudice, she states that the defendants were acquitted and the right to review by two levels of jurisdiction was denied, preventing proper review of the judgment. She requests that the claim be granted, the challenged judgment be vacated, and the trial-level judgment be affirmed or, alternatively, that a remand be ordered.
III.By virtue of the connection between the arguments presented by the Ministerio Público and the Procuraduría General de la República, they shall be decided jointly. The challenges filed are granted: The objections raised by both the prosecutorial representation and the Procuraduría General de la República concern the application of the guarantee of the right to appeal a criminal judgment (garantía de recurrir el fallo penal), specifically in relation to the powers of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal in situations that it decides as the sole instance (única instancia). A review of the arguments presented and an analysis of the challenged judgment show that the course of action taken by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal did, in fact, entail a violation of the guarantee of the right to appeal the judgment at the second-instance level (segunda instancia). It must be clarified that although the appellants refer to a violation of “two-tier adjudication (doble instancia),” as this Chamber has already stated in numerous decisions, the guarantee provided for in the Costa Rican legal system and supported by the body of conventionality law (bloque de convencionalidad) concerns the right to appeal a judgment at the second-instance level through an ordinary, informal, accessible, and effective remedy (recurso ordinario, informal, accesible y eficaz) that allows the higher court to conduct a comprehensive review of the judgment, rather than “two-tier adjudication,” which presupposes a means of challenge (medio de impugnación) having other characteristics.
This Chamber has reiterated that criterion since vote N° 2016-000756, at 11:10 hours, on July 20, 2016, with Magistrates Chinchilla, Ramírez, Arroyo, Arias, and Gamboa sitting. Thus, subsection h) of Article 8 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, approved by the Asamblea Legislativa through Ley N° 4534, of February 23, 1970, provides that the judicial guarantees (garantías judiciales) enjoyed by every person include: “h) the right to appeal the judgment before a higher judge or court.” From this perspective, it is necessary to clarify that two-tier adjudication, understood in the strict sense, cannot be equated with the right to appeal established in conventional law (normativa convencional), because the former refers to a proceeding conducted in successive stages in which, once the “first stage” has concluded pursuant to the principle of preclusion (principio de preclusión), the decision is made in a “second stage” by different judges, but under the same conditions of immediacy (inmediación); those requirements do not arise from conventional law or conventional case law (jurisprudencia convencional).
In addition, it must be considered that, under Article 326 of the Código Procesal Penal, the trial is a stage of the criminal proceeding that is conducted orally and publicly, and it is therefore impossible to reproduce the adversarial proceeding (contradictorio) under identical conditions. It is likewise inappropriate to equate the verification by the court of review (ad quem) of the assessment of the evidence (valoración de la prueba), where a digital record exists of the taking of the evidentiary materials (evacuación de los elementos de convicción)—e.g., the video of the witness’s testimony—with a new taking of evidence under the same conditions of immediacy, as presupposed by “two-tier adjudication.” Along these lines, when interpreting the scope of the provision cited above, the Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.), in its judgment of July 2, 2004, in the case entitled “Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica,” addressed the right to appeal a judgment before a higher court: “158.
The Court considers that the right to appeal a judgment is a fundamental guarantee that must be respected within the framework of due process of law (debido proceso legal), so as to permit an adverse judgment to be reviewed by a different judge or court of higher institutional rank. The right to lodge an appeal against the judgment must be guaranteed before the judgment acquires the status of res judicata (cosa juzgada). The aim is to protect the right of defense by providing, during the proceedings, the possibility of lodging an appeal to prevent a decision that was adopted with defects and contains errors that will cause undue harm to a person’s interests from becoming final. 159. The Court has indicated that the right to appeal a judgment, enshrined in the Convention, is not satisfied merely by the existence of a body of higher rank than the one that tried and convicted the accused, to which the accused has or may have access.
For there to be a genuine review of the judgment, as required by the Convention, the higher court must possess the jurisdictional characteristics that legitimize it to hear the specific case. 160. Article 31.1 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties states that […] a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in light of its object and purpose. 161. In accordance with the object and purpose of the American Convention, namely, the effective protection of human rights, the remedy contemplated in Article 8.2.h. of that treaty must be understood as an effective ordinary remedy through which a higher judge or court seeks to correct judicial decisions that are contrary to law. Although States have a margin of appreciation in regulating the exercise of that remedy, they may not establish restrictions or requirements that infringe upon the very essence of the right to appeal a judgment.
In this regard, the Court has established that ‘the formal existence of remedies is not sufficient; they must also be effective,’ that is, they must produce results or responses consistent with the purpose for which they were conceived” (underlining not in the original). Along the same lines, in rejecting the proposition that “two-tier adjudication” is a requirement of conventional law, legal scholarship has stated: “In view of all the foregoing, it is determined that effective judicial protection (tutela judicial efectiva) of the right to appeal a criminal judgment before a higher court in a system of criminal procedure such as Costa Rica’s does not require recognition or regulation of a means of challenge that guarantees ‘two-tier adjudication’ in the strict or traditional sense of the term, because not even the international instruments recognizing that guarantee contemplate such a scenario; rather, what is guaranteed is the right to a ‘twofold review of the judgment’” (VARGAS ROJAS, Omar, JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Esteban, Impugnación de la sentencia penal: apelación, casación, revisión, Investigaciones Jurídicas S.A., first edition, San José C.R., 2012, pp. 166-167).
From this perspective, taking as a starting point the concept of “two-tier adjudication” set forth above and the Corte I.D.H.’s interpretation of Article 8.2 h) of the C.A.D.H., it may be concluded that, within Costa Rica’s system for challenging criminal judgments, an appeal of a criminal judgment (recurso de apelación de sentencia penal) does not provide a right to “two-tier adjudication”; instead, it guarantees the right to appeal the judgment at the second-instance level through an ordinary, informal, accessible, and effective remedy, thereby allowing comprehensive review of the judgment by a higher court without requiring the oral and public trial to be held again. Along the same lines, it is appropriate to note that, following the adverse ruling against Costa Rica by the Corte I.D.H. in “Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica,” and in compliance with conventional law, Costa Rica undertook an initial legislative reform of its system for challenging criminal judgments to bring that system into conformity with the standards described above, through Ley N° 8503, of April 28, 2006, entitled “Apertura de Casación”; subsequently, through Ley N° 8837, of May 3, 2010, it enacted the law entitled “Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal.” That legislation gave rise to the current system for challenging criminal judgments and introduced the appeal of a criminal judgment into the Código Procesal Penal.
In this regard, in defining the scope of the decisions of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Article 465 of the criminal-procedure legislation provides: “Review and decision. The criminal-judgment appellate court shall assess the admissibility and merits of the claims raised in the appeal, so that it may evaluate how the trial judges assessed the evidence and stated the grounds for their decision. It shall use the records available to it, reproduce the oral evidence from the trial when it deems this necessary, relevant, and useful in determining the merits of the claim, and conduct the corresponding comprehensive assessment together with the remaining proceedings and the evidence submitted in writing. If the appellate court finds the appeal meritorious, it shall vacate the challenged decision in whole or in part and order that the trial or the decision be conducted or issued anew.
When the decision is vacated in part, the specific subject matter of the new trial or decision shall be stated. In all other cases, it shall correct the defect and decide the matter in accordance with the applicable law. When the appeal has been filed solely by the accused […] in his or her favor, neither the decision of the criminal-judgment appellate court nor the retrial following remand (juicio de reenvío) may impose a more severe penalty than that imposed in the vacated judgment or withdraw any benefits granted therein. If, as a result of the decision on the appeal, the accused’s imprisonment must cease, the criminal-judgment appellate court shall directly order the accused’s release.” As a consequence of the arguments outlined above and on the basis of the powers established in the criminal-procedure legislation, this Chamber has already stated that the Tribunal de Apelación de Sentencia may examine the evidence as part of the comprehensive analysis of the judgment falling within its powers; however, it may not modify the proven facts (hechos probados) on the basis of a reassessment of the evidence (revaloración probatoria) and directly enter an acquittal (absolutoria), because doing so would entail deciding the matter as the sole instance, in violation of the rules established in the body of statutory, constitutional, and conventional law (bloque legal, constitucional y convencional) (Similarly, decision of this Chamber N° 2020-923, at 12:55 hours, on July 24, 2020: Solano Castro, Burgos Mata, Alfaro Vargas, Zúñiga Morales, and Gómez Cortés).
As shown by the record, in the present criminal proceeding the conviction entered by the Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa, was reversed because the court of review found serious flaws in the construction of the reasoning employed, concluding that the circumstantial evidence (prueba indiciaria) did not unequivocally support the conclusion drawn from it. In that regard, it stated: “…in summary, the defendants are alleged to have girdled and cut down two Chaperno trees; girdled four other trees of different species; and cut down adjacent vegetation within the margin of the río Sábalo (see private prosecution (querella pública) and prosecutorial indictment (acusación fiscal)). To prove the foregoing, however, reliance was placed on the testimony of the sole eyewitness, Carmen Avendaño Chaves, whose testimony is as described in the appeal, as may also be verified.
That is, according to the account she provided in the adversarial proceeding, she first observed the accused working on their property in the morning and, hours later, during the afternoon, when she decided to go to the river swimming hole, she noticed the environmental damage that had been caused and alerted the forestry authorities. However, as the appellant correctly points out and as is readily apparent, that evidence does not unequivocally support the conclusion drawn from it.
Moreover, taking into account that the remainder of the evidentiary record (encuesta probatoria) consists of the findings made by officials of the Ministerio del Ambiente y Energía at the site, documented in the respective report and introduced at the hearing by the officials responsible for preparing it, who clearly stated that, when they arrived at the scene, no one was there and that they identified the perpetrators of the damage solely on the basis of witness Avendaño’s account. It is also noted that, with the information thus gathered, these summary proceedings (sumaria) were initiated and the charging document (pieza acusatoria) was immediately prepared, that is, without conducting any other evidentiary activity. The trial judge found that the witness’s statements, coupled with the fact that the defendants had failed to rebut them and had instead admitted being present at the location, as well as the fact that the witness had seen no one else at the site, provided grounds for a conviction.
It would appear that an attempt was made to construct a syllogism based on circumstantial evidence (silogismo indiciario). However, on the one hand, the trial judge plainly shifted the burden of proof (traslado de la prueba) to the defendants, contrary to the constitutional presumption of innocence (principio de inocencia), by requiring them to offer exculpatory evidence (prueba de descargo). This is without mentioning that the reasoning proceeded from circular reasoning, or begging the question (petición de principio), by deeming the statements false simply because of the supposed conclusiveness attributed to the repeatedly cited prosecution testimony (testimonio de cargo). Moreover, from a comprehensive reading of the judgment, it would appear that the trial judge regarded the only two legitimate items of circumstantial evidence (indicios) presented as sufficient: the defendants’ presence on a lot they owned, where they worked the land with machetes hours before the environmental damage under investigation, and the fact that the witness did not see anyone else at the location before discovering what had occurred.
Nevertheless, contrary to the conclusion reached below, this Court finds it evident that the information thus gathered does not lead to an unequivocal conclusion regarding what occurred because, given the time elapsed between one action and the other, the participation of a third party in the event certainly cannot be ruled out. This is all the more so considering that, according to the administrative report prepared for that purpose and confirmed at the hearing by the witnesses, witness Carmen told them at the outset of the investigation that she had observed the defendants working on their property on two days other than the day of the discovery, which further weakens her account. On this issue, it should be noted that, in our jurisdiction, nothing prevents the use of circumstantial evidence, even tangential evidence, in rendering a judgment of conviction, by virtue of the principle of freedom of proof (libertad probatoria) established in Article 182 of the Código Procesal Penal.
However, sound, complete, and valid logical reasoning requires such evidence to be weighty, precise, and consistent, so that it leaves no doubt whatsoever regarding the defendant’s participation in the acts attributed to that person. […] In the matter under review, as stated, the conclusion reached lacks that unequivocal character. For the foregoing reasons, the proper course is to sustain the claims, as is hereby ordered. Accordingly, given the impossibility of bringing new evidence before the courts and in the interest of procedural economy (economía procesal), the challenged judgment is reversed and, in its place, the accused are acquitted… […]” (folios 190 front to 191 front). As may be inferred from the record, the judgment of the Tribunal de Apelación de Sentencia contains two clearly distinguishable aspects. On the one hand, it states that the court below (a quo) violated the presumption of innocence by placing on the defendants the obligation to offer evidence.
On the other hand, it weighs the body of evidence (cúmulo probatorio), which cannot be reviewed in cassation proceedings (sede de casación) because of a statutory bar, since the scope and interpretation assigned to the items of evidence cannot be challenged through the extraordinary appeal in cassation (recurso extraordinario de casación), except where there are serious errors in the logical construction of the reasoning or a complete absence of grounds. Such considerations would preclude a remand (reenvío) in which the disputed issue could be decided anew—namely, the unequivocal nature of the circumstantial evidence assessed—and in which both the prosecution and the Procuraduría General de la República could again obtain review by a second-instance court (segunda instancia). This inability to conduct a comprehensive review of the body of evidence admitted at trial is the harm identified in the grounds for cassation (motivos de casación) now under consideration.
Following the amendment to the system for challenging criminal judgments, enacted by Law N° 8837 and effective as of 09 de diciembre de 2011, one of the issues that has generated the greatest discussion in judicial practice concerns the scope or effect of a decision rendered at second instance. This is particularly debatable when the Tribunales de Apelación de Sentencia, pursuant to Article 465 of the criminal procedural code, order the defendant’s acquittal. It has been established that proceeding in this manner could impair the parties’ right to challenge, with due breadth, a decision relieving the defendant of criminal liability through the appellate process. In that regard, this Chamber has had occasion to rule as follows: “[…] That possibility exists and derives from the provisions of the third paragraph of Article 465 of the Código Procesal Penal, specifically where it states that, upon sustaining the appeal, the appellate court (ad quem) may vacate the challenged judgment in whole or in part and order a new trial, or instead correct the defect ‘…and decide the matter in accordance with the applicable law….’ However, under the current appellate model, that authority must be weighed in observance of the opposing party’s right to challenge an adverse ruling comprehensively, a right derived from the constitutional principle of effective judicial protection (tutela judicial efectiva) and the principle of equality of arms (igualdad de armas).” (Emphasis added.
Decision N° 2017-00967, at 9:42 a.m., 20 de octubre de 2017: Arias, Zúñiga, Gómez, López and Desanti). In this particular case, the manner in which the Tribunal de Apelación de Sentencia chose to justify its acquittal limited the possibility of challenging the evidentiary analysis it had conducted. As the appellants contend, the appellate court’s decision prevented them from fully disputing the reasons for finding that the evidence presented in the adversarial proceedings (contradictorio), in light of the particular circumstances of the case, did not establish the participation of defendants Ovares Prendas and Ovares Ramos in the charged acts. Although the respective cassation appeals now decided in this ruling were filed against the decision of the Tribunal de Apelación de Sentencia as a mechanism of appellate review (control de alzada), this judicial instance, being an extraordinary and formal avenue of review, does not permit reexamination of the assessment of the evidence (valoración probatoria); rather, the stated grounds may be challenged only where their absence or a serious error in the logical construction of the supporting reasoning is alleged.
In other words, in this particular case there was a violation of the principle of review by a second-instance court (principio de segunda instancia), enshrined in Article 8.2.h) of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, because a judgment that completely altered the legal consequence imposed by the Tribunal de Juicio, based on a reassessment of the evidentiary material, would become final after review by a single instance and without the guarantee of adversarial proceedings, thereby resulting in an acquittal to the detriment of the principle of effective judicial protection. Consequently, the cassation appeals filed by the Ministerio Público and the Procuraduría General de la República are sustained. Decision number 2020-131, issued at 11:20 a.m. on 28 de febrero del 2020 by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, appearing at folios 188 through 193, is reversed, and the matter is remanded to the Tribunal de Apelación for new proceedings because that court did not adjudicate all the claims originally raised before it.
Por tanto:
The appeals in cassation filed by the Public Prosecutor’s Office and the Office of the Attorney General of the Republic are granted. Consequently, Resolution N° 2020-131, issued at 11:20 hours on 28 de febrero del 2020 by the Criminal Judgment Appeals Court of Cartago, First Section, is hereby reversed, and the case is remanded for new proceedings. Let notice be served.
Patricia Solano C.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
416-5/14-5-20 JMELENDEZ
Revisión del Documento Res: 2020-01737 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las once horas cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte.
Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Wilberth Ovares Ramos, cédula de identidad número 6-0154-0760, costarricense, nacido en Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, el seis de noviembre de mil novecientos sesenta y Wilberth Ovares Prendas, cédula de identidad número 6-0405-0802, costarricense, nacido en Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos; por el delito de anillamiento de árboles y destrucción de vegetación en zonas de protección, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso los magistrados y las magistradas, Patricia Solano Castro, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Álvaro Burgos Mata, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Sandra Eugenia Zúñiga Morales. Además, en esta instancia, el licenciado Julián Martínez Madriz como representante del Ministerio Público y la licenciada Beatriz Sarmiento Chaves como Procuradora Penal.
Resultando:
Informa la Magistrada Zúñiga Morales; y,
Considerando:
I.Mediante la resolución N° 2020-1048, de las 11:20 horas, del 21 de agosto del 2020 (folios 229 a 233), se admitieron para su trámite los recursos de casación interpuestos por el Fiscal Julián Martínez Madriz y por la Procuradora Penal Beatriz Sarmiento Chaves.
II.En el primer motivo del recurso de casación planteado por la representación fiscal, con fundamento en los artículos 468 inciso b) y 439 del Código Procesal Penal, 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reclama la inobservancia de preceptos legales procesales, por violación al derecho de “doble instancia”. Argumenta el impugnante, que el Tribunal de Apelación resolvió en única instancia lo que en su criterio procedía, dictando una absolutoria a favor de los imputados, sin otorgarle al Ministerio Público la posibilidad de discutir si los hechos fueron acreditados con prueba suficiente, o bien, impugnar de manera amplia dicha resolución. Señala, que existe una violación a la garantía de “doble instancia” que justifica mantener incólume la sentencia de juicio, o en su defecto, ordenar el reenvío para una nueva discusión. Como agravio, el licenciado Julián Martínez Madriz refiere que se causó un perjuicio a las pretensiones punitivas del Ministerio Público, ya que se absolvió de manera directa a los encausados, cuando lo procedente era ordenar el reenvío para una nueva discusión.
En el segundo motivo que interpone, el licenciado Martínez Madriz reclama la errónea aplicación del artículo 465 del Código Procesal Penal, lo que fundamenta en los numerales 468 inciso b) y 465 del Código Procesal Penal. Afirma, que de conformidad con el artículo 465 referido, el Tribunal de Apelación tiene potestad legal para ordenar la reposición del juicio o bien resolver el asunto de acuerdo a la ley aplicable. En cuanto al último párrafo de la norma, señala que se regula un primer supuesto, que tiene que ver con temas de valoración de prueba, en los cuales solamente a través de la inmediación y contradictorio se podrá emitir un nuevo fallo, porque de lo contrario se estaría dictando una resolución arbitraria, desde el punto de vista procesal y constitucional; mientras que en el segundo supuesto, será cuando, agotada y aceptada la valoración de prueba, la ley aplicable puede conducir a la resolución de fondo, como por ejemplo la atipicidad de una conducta, la recalificación o la prescripción de una causa.
No obstante, el Fiscal estima que en el presente caso existe una errónea aplicación del indicado precepto, en vista que el ad quem absolvió al acusado, luego de una valoración de prueba, que solo corresponde al Tribunal de Juicio, por lo que existe un vicio que debe ser declarado, debido a que lejos de aplicarse correctamente el párrafo tercero de la norma, se absolvió de manera directa a los acusados, por encima del juicio que correspondía, dados los defectos en la valoración de la prueba que fueron detectados. Luego de transcribir un pasaje del fallo impugnado, el recurrente afirma que se resolvió por el fondo sobre la absolutoria del imputado, al estimarse que la prueba resultaba insuficiente y que lo procedente era verificar una duda a favor de los enjuiciados. Sostiene, que el defecto consiste en resolver, en definitiva, a pesar de que se reconoce que la sentencia de primera instancia presenta problemas en los razonamientos empleados, con una incorrecta valoración de la prueba, por lo que la solución debió ser el reenvío de la causa.
Afirma, que se sostuvo la absolutoria a partir de un fundamento improcedente, a la luz del artículo 465 del Código Procesal Penal. Como agravio, señala que se perjudicaron las pretensiones del Ministerio Público y el Estado, debido a que en juicio se logró la condena y el ad quem absolvió, con una resolución que no se encuentra ajustada a derecho, lesionándose el ejercicio de la acción penal pública. Solicita se declare con lugar el recurso, se mantenga la sentencia de juicio o que se ordene el reenvío para una nueva valoración de la prueba. Por su parte, en el primer motivo del recurso de casación formulado por la Procuraduría General de la República, se reclama la errónea aplicación del artículo 465 del Código Procesal Penal. Considera la impugnante, que el Tribunal de Apelación de Sentencia efectuó una valoración parcial de la prueba, a partir de la cual declaró con lugar el recurso de apelación de la defensa y absolvió a los dos justiciables, resolviendo por el fondo el proceso, lo que no es procedente, al no concurrir un supuesto de atipicidad de la conducta, recalificación o prescripción.
Luego de efectuar la transcripción de un pasaje del fallo (confrontar folio 204 a 206), señala que el ad quem consideró que del relato de la única testigo se infiere que ésta, en horas de la mañana, observó a los acusados trabajando en la finca y en la tarde se percató de los daños ocasionados, con lo que al parecer el a quo intentó realizar un silogismo indiciario y calificó los dos indicios que se le presentaron como suficientes, que eran la presencia de los imputados en el lugar, efectuando trabajos sobre la tierra y que la testigo refirió no observar a nadie más en el sitio antes de percatarse de lo sucedido. Concluyó el ad quem, que esos indicios no conducen a una conclusión unívoca sobre lo acontecido, puesto que no era posible descartar la participación de un tercero como autor de los hechos, máxime tomando en cuenta que la testigo refirió haber observado a los acusados dos días distintos realizando trabajos en el lugar.
Considera la recurrente, que esta valoración realizada por el Tribunal de Apelación constituye un nuevo análisis sobre el fondo, que el Ministerio Público y el representante del Estado no tuvieron la oportunidad de rebatir y que dejó de lado prueba de relevancia que acreditaba los ilícitos atribuidos por la Procuraduría General de la República, que eran el de anillamiento (artículo 63 inciso b) de la Ley Forestal) y eliminación de vegetación menor de sotobosque (artículo 90 de la Ley de Vida Silvestre). Considera que, si los Jueces de Alzada estimaban que existía una falta de fundamentación en el análisis de la prueba, debió anular la sentencia y enviar la causa a juicio nuevamente. En cuanto al agravio, manifiesta que la absolutoria dictada ocasionó un perjuicio al Estado en sus pretensiones punitivas, por cuanto, a pesar de que se logró una condenatoria de los imputados en el debate, se dictó una sentencia absolutoria en única instancia, con una valoración incompleta de la prueba.
En el segundo motivo de la impugnación formulada por la Procuraduría General de la República, se acusa el quebranto a la “doble instancia”. La representante del Estado afirma que el Tribunal de Apelación excedió su competencia, al resolver por el fondo el proceso en única instancia, lo que eliminó la posibilidad de discutir el tema en un nuevo debate y poder argüir que la prueba es suficiente para establecer la responsabilidad penal de los acusados por los hechos atribuidos, es decir, se impidió impugnar la decisión ante un Tribunal de Alzada. Considera, que el principio de economía procesal utilizado por los Jueces de Apelación como fundamento de la absolutoria, no puede estar por encima de la garantía de acceso a la justicia, que comprende el derecho a la “doble instancia”. Manifiesta que, si en alzada se detectó una falta de fundamentación de la sentencia de juicio, lo que correspondía era anularla y ordenar el reenvío a fin de que todas las partes pudieran tener oportunidad de escuchar a los testigos, preguntar, analizar la prueba y emitir conclusiones ante una nueva integración del Tribunal, así como de impugnar el fallo si este resultara adverso.
Hace ver, que el ad quem efectuó una nueva valoración de la prueba, con lo que se dio la razón a la defensa, aspecto que no puede ser rebatido. Como agravio, indica que se absolvió a los imputados y se impidió ejercer el derecho a la “doble instancia”, para un debido control de la sentencia. Solicita se acoja el reclamo, se anule el fallo impugnado y se confirme la sentencia de primera instancia, o en su defecto, que se ordene un reenvío.
III.En virtud de la conexidad existente entre los alegatos expuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, se procederá a su resolución conjunta. Se declaran con lugar las impugnaciones formuladas: Las inconformidades que plantean, tanto la representación fiscal como la Procuraduría General de la República, refieren a la aplicación de la garantía de recurrir el fallo penal, específicamente en relación con las facultades del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal en situaciones que resuelve en única instancia. De la lectura de los argumentos expuestos y el análisis de la sentencia impugnada, se desprende que efectivamente, el proceder del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal implicó una violación de la garantía de recurrir el fallo en segunda instancia. Se debe precisar que si bien, los recurrentes hacen referencia a una violación a la “doble instancia”, tal y como ya lo ha indicado esta Cámara en múltiples resoluciones, la garantía prevista en el ordenamiento jurídico costarricense y respaldada en el bloque de convencionalidad, se refiere al derecho a recurrir el fallo en segunda instancia, mediante un recurso ordinario, informal, accesible y eficaz, que permita el examen integral de la sentencia por el superior, no a la “doble instancia” que supone un medio de impugnación con otras características, criterio que ha reiterado esta Cámara desde el voto N° 2016-000756, de las 11:10 horas, del 20 de julio de 2016, con integración de los Magistrados Chinchilla, Ramírez, Arroyo, Arias y Gamboa.
Así, el inciso h) del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 4534, del 23 de febrero de 1970, dispone que entre las garantías judiciales de las que goza toda persona se encuentra: “h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. Desde esta óptica, es necesario precisar que la doble instancia entendida en sentido estricto, no puede ser equiparada con el derecho a recurrir lo establecido en la normativa convencional, ya que la primera, hace referencia a un procedimiento desarrollado en etapas sucesivas, donde una vez agotada la “primera etapa” conforme al principio de preclusión, la decisión es tomada en una “segunda etapa” por jueces distintos, pero en iguales condiciones de inmediación y dichas exigencias, no se deriven de la normativa o jurisprudencia convencional. Aunado a ello, debe considerarse que según el artículo 326 del Código Procesal Penal, el juicio es una fase del proceso penal que se desarrolla de forma oral y pública, por lo que no es posible reproducir en iguales condiciones el contradictorio.
Asimismo, deviene improcedente equiparar la labor de verificación de la valoración de la prueba realizada por el ad quem, cuando existe respaldo digital del acto de evacuación de los elementos de convicción -vgr. el video de la declaración del testigo-, porque en este último caso, no se trata de una nueva recepción de la prueba en las mismas condiciones de inmediación como lo supone la “doble instancia”. En este orden de ideas, interpretando los alcances del numeral citado supra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.), mediante sentencia del 2 de julio de 2004, en la causa denominada “Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, se refirió acerca del derecho a recurrir el fallo ante el superior: “158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.
El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. 159. La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. 160. El artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 indica que […] un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 161.
De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos” (subrayado no corresponde al original). En este mismo orden de ideas, descartando que la “doble instancia” constituya una exigencia de la normativa convencional, parte de la doctrina ha indicado: « En razón de todo lo expuesto, se determina que la tutela judicial efectiva del derecho a recurrir el fallo penal ante un tribunal superior en un sistema procesal penal como el costarricense, no implica que deba reconocerse o regularse un medio impugnativo que garantice “la doble instancia” en el sentido riguroso o tradicional del término, ya que ni siquiera los instrumentos internacionales que reconocen tal garantía contemplan tal supuesto, sino que lo que se garantiza es el derecho a un “doble examen del fallo”» (VARGAS ROJAS, Omar, JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Esteban, Impugnación de la sentencia penal: apelación, casación, revisión, Investigaciones Jurídicas S.A., primera edición, San José C.R., 2012, pág. 166-167).
Desde esta óptica, tomando como punto de partida el concepto de “doble instancia” expuesto supra y la interpretación del artículo 8.2 h) del C.A.D.H. realizado por la Corte I.D.H., es posible concluir que en el régimen de impugnación de la sentencia penal costarricense, el recurso de apelación de sentencia penal no prevé el derecho a una “doble instancia”, sino que garantiza el derecho a recurrir el fallo en segunda instancia, mediante un recurso ordinario, informal, accesible y eficaz, de forma tal que permita el examen integral de la sentencia ante un superior jerárquico, sin necesidad de la reproducción del juicio oral y público. Bajo el mismo orden de ideas, es oportuno notar que a raíz de la condenatoria de la Corte I.D.H. en el “Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica” y en cumplimiento de la normativa convencional, con la finalidad de adecuar el régimen de impugnación a los estándares señalados supra, Costa Rica realizó una primera reforma legal al régimen de impugnación penal mediante Ley N° 8503, del 28 de abril de 2006, denominada “Apertura de Casación” y posteriormente, mediante Ley N° 8837, del 3 de mayo de 2010, se emitió la denominada “Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal”, legislación que da origen al régimen de impugnación penal vigente, introduciendo el recurso de apelación de sentencia penal en el Código Procesal Penal.
En este sentido, al delimitar los alcances de las resoluciones del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, el artículo 465 de la normativa procesal penal dispone que: “Examen y resolución. El tribunal de apelación de sentencia apreciará la procedencia de los reclamos invocados en el recurso y sus fundamentos, de modo que pueda valorar la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba y fundamentaron su decisión. Hará uso de los registros que tenga disponibles, reproducirá la prueba oral del juicio cuando lo estime necesario, pertinente y útil para la procedencia del reclamo, y hará la valoración integral que corresponda con el resto de las actuaciones y la prueba introducida por escrito. Si el tribunal de apelación estima procedente el recurso, anulará total o parcialmente la resolución impugnada y ordenará la reposición del juicio o de la resolución. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio o resolución.
En los demás casos, enmendará el vicio y resolverá el asunto de acuerdo con la ley aplicable. Cuando el recurso ha sido interpuesto solo por el imputado […] su favor, en la resolución del tribunal de apelación de sentencia o en el juicio de reenvío no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en la sentencia anulada, ni desconocer los beneficios que en esta se hayan acordado. Si por efecto de la resolución del recurso debe cesar la prisión del imputado, el tribunal de apelación de sentencia ordenará directamente la libertad”. Como consecuencia de los argumentos esbozados supra y con base en las competencias fijadas en la normativa procesal penal, ya esta Cámara ha indicado, que el Tribunal de Apelación de Sentencia puede hacer un examen de la prueba, como parte del análisis integral de la sentencia que se encuentra dentro de sus competencias, sin embargo, no podría modificar los hechos probados con base en la revaloración probatoria y dictar la absolutoria directamente, porque ello implicaría resolver en única instancia, violentando la regulación prevista en el bloque legal, constitucional y convencional (En sentido similar, resolución de esta Cámara N° 2020-923, de las 12:55 horas, del 24 de julio del 2020: Solano Castro, Burgos Mata, Alfaro Vargas, Zúñiga Morales y Gómez Cortés).
Conforme se deriva de los autos, en el presente proceso penal, se revocó la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa, por considerar el ad quem, que se verificaban problemas graves en la construcción del razonamiento empleado, al establecerse que la prueba indiciaria carecía de un carácter unívoco en cuanto a la conclusión que de ella se derivó. En ese sentido, se indicó: “…en síntesis, se atribuye a los sindicados haber procedido con el anillamiento y corta de dos árboles de la especie Chaperno; el anillamiento de otros cuatro de distinta clase, así como la corta de vegetación adyacente, dentro del margen del río Sábalo (ver querella pública y acusación fiscal). Sin embargo, para acreditar lo anterior, se partió del testimonio de la única testigo ocular Carmen Avendaño Chaves, que ostenta el contenido que se indica en el recurso, según puede constatarse también.
Es decir, según su versión rendida en el contradictorio, primero observó a los acusados trabajando en la finca de su propiedad en la mañana y, horas después, durante la tarde, cuando decidió ir a la poza del río se percató de los daños ambientales ocasionados por lo que dio la alerta a las autoridades forestales. Sin embargo, como bien lo señala el recurrente y salta a la vista, carece de un carácter unívoco en cuanto a la conclusión que de ella se deriva. Más aún, tomando en cuenta que el resto de la encuesta probatoria se encuentra constituida por los hallazgos que encontraron los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía en el sitio, documentados en el respectivo informe e introducidos a la audiencia por los personeros responsables de su confección, quienes fueron claros en indicar que, cuando llegaron al sitio del suceso, no había nadie y que identificaron a los autores de los daños encontrados únicamente por la versión de la testigo Avendaño.
Al punto, se observa también que, con esa información así recabada, se inició la presente sumaria y de inmediato se procedió a la confección de la pieza acusatoria, sea, sin realizar ninguna otra actividad probatoria. La juzgadora estableció que las manifestaciones de la testigo, aunadas a que los imputados no lograron desvirtuarlas y, más bien, admitieron su presencia en el lugar, así como, al hecho de que ninguna otra persona fue vista por la testigo en el sitio, daban pie a una conclusión condenatoria. Pareciera que se intentó la construcción de un silogismo indiciario. Sin embargo, por una parte, la juzgadora acudió a un evidente traslado de la prueba a las personas de los acusados, lo que resulta contrario al principio de inocencia constitucional, al exigírseles que ofrecieran prueba de descargo. Ello, sin mencionar que se partió de una falacia circular o de petición de principio, al optar por la falsedad de las declaraciones, simplemente por la supuesta contundencia encontrada el testimonio de cargo de repetida cita.
Por lo demás, en una lectura integral del fallo, pareciera entenderse que la persona juzgadora calificó los únicos dos indicios legítimos que se le presentaron como suficientes, cuales eran la presencia de las personas acusadas en un lote de su propiedad, en el que trabajaron sobre la tierra con machetes, horas antes del daño ambiental investigado y que la testigo no observó a nadie más en el lugar antes de percatarse de lo acontecido. No obstante, para este tribunal, contrario a lo que se entendió, es evidente que la información así recolectada no conduce a una conclusión unívoca sobre lo acontecido, puesto que, por el transcurso del tiempo entre una acción y otra, ciertamente no puede descartarse la participación de un tercero en el evento. Menos todavía, tomando en cuenta que, según el informe administrativo elaborado al efecto y fue ratificado en audiencia por los testigos, la testigo Carmen les dijo, al inicio de las investigaciones, que había observado a los acusados trabajando su finca, en dos días distintos al hallazgo, lo que abona aún más debilidad a su versión.
Sobre el tema conviene señalar que, en nuestro medio, nada obsta para que sean utilizados indicios, incluso tangenciales, en la elaboración de una sentencia condenatoria, en virtud del principio de libertad probatoria establecido en el numeral 182 del Código Procesal Penal. Sin embargo, en un razonamiento lógico, completo y válido, se exige que aquellos reúnan las características de graves, precisos y concordantes, de modo que, no den lugar a duda alguna sobre la participación de la persona acusada en los hechos que se le atribuyen. […] En el supuesto bajo examen, como se indicó, esa univocidad en la conclusión alcanzada se echa de menos. Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar los reclamos, como en efecto se dispone. En ese orden, ante la imposibilidad de hacer llegar a estrados judiciales nueva prueba y por economía procesal, se revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, se absuelve a los justiciables… […]” (folios 190 frente a 191 frente).
Según se deriva de los autos, el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia contiene dos aspectos claramente diferenciables. Por un lado, se hace ver que el a quo vulneró el principio de inocencia, al atribuirle a los imputados la obligación de ofrecer prueba. Por otra parte, se realiza una ponderación del cúmulo probatorio, lo que no puede ser examinado en sede de casación por impedimento normativo, dado que los alcances e interpretación que se le otorguen a los elementos probatorios, no son sujetos de impugnación mediante el recurso extraordinario de casación, salvo por errores graves en la construcción lógica, o bien, por ausencia total de fundamentación. Tales consideraciones, estarían impidiendo un reenvío, donde se pudiera resolver de nuevo el punto en discusión (a saber, en cuanto a la univocidad de los indicios valorados) y que tanto la representación fiscal como la Procuraduría General de la República pudieran acceder de nuevo a la segunda instancia.
Esta imposibilidad de efectuar una revisión integral del cúmulo probatorio evacuado en debate, es el agravio que se detecta en los motivos de casación que ahora se analizan. Tras la modificación efectuada al régimen de impugnación de la sentencia penal, operada mediante ley N° 8837, vigente desde el 09 de diciembre de 2011, uno de los temas que ha generado mayor discusión en la praxis judicial tiene que ver con los alcances o dimensionamiento de la decisión adoptada en segunda instancia. Ello es particularmente discutible cuando los Tribunales de Apelación de Sentencia, en aplicación del artículo 465 de la ordenanza procesal penal, disponen la absolución del acusado. Se ha establecido que tal manera de proceder podría lesionar el derecho de las partes a cuestionar, con la debida amplitud, esa decisión liberatoria de la responsabilidad penal en la vía recursiva. Bajo esa tesitura, esta Cámara ha tenido ocasión de pronunciarse, señalando: “[…] Dicha posibilidad existe, y deriva de lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 465 del Código Procesal Penal, en específico, cuando se indica que ante la declaratoria con lugar del recurso, el ad quem puede anular parcial o totalmente el fallo incoado, y ordenar la reposición del juicio, o bien, enmendar el vicio “…y resolver el asunto de acuerdo con la ley aplicable…”.
Sin embargo, en el modelo actual de la impugnación, dicha facultad debe ponderarse en observancia del derecho que tiene la parte contraria, de impugnar de forma amplia el fallo que le es adverso, el cual deriva del principio constitucional de tutela judicial efectiva, y del principio de igualdad de armas.” (El subrayado es suplido. Resolución N° 2017-00967, de las 9:42 horas, del 20 de octubre de 2017: Arias, Zúñiga, Gómez, López y Desanti). En este caso concreto, por la manera en que el Tribunal de Apelación de Sentencia decidió justificar su pronunciamiento absolutorio, limitó la posibilidad de recurrir el análisis probatorio efectuado. Tal y como lo reprochan los recurrentes, la resolución del ad quem implicó que se les impidiera discutir de manera amplia las razones por las cuales se consideró que las probanzas evacuadas en el contradictorio, de acuerdo a las particularidades del caso concreto, no permitían establecer la participación de los imputados Ovares Prendas y Ovares Ramos en los hechos acusados.
Si bien es cierto, contra la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia, se ejercieron como mecanismo de control de alzada los respectivos recursos de casación que se conocen en la presente resolución, en esta instancia jurisdiccional, al tratarse de una vía de impugnación extraordinaria y formal, no se permite el reexamen de la valoración probatoria, sino solo, se podría atacar la fundamentación expuesta cuando se reclama su ausencia o un grave error en la construcción lógica de los razonamientos que la sustentan. Es decir, en este caso concreto, se aprecia una vulneración del principio de segunda instancia, consagrado en el numeral 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto en única instancia, sin la garantía del contradictorio estaría quedando firme un fallo que modificó por completo la consecuencia jurídica impuesta por el Tribunal de Juicio, a partir de una revaloración del material probatorio, con lo cual, se emitió una sentencia absolutoria, en detrimento del principio de tutela judicial efectiva.
En consecuencia, se declaran con lugar los recursos de casación planteados por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República. Se revoca la resolución número 2020-131, de las 11:20 horas, del 28 de febrero del 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, visible de folios 188 a 193, ordenándose el reenvío ante el Tribunal de Apelación para una nueva sustanciación, por no haber conocido dicho Despacho, todos los reclamos que en su momento le fueron planteados.
Por Tanto:
Se declaran con lugar los recursos de casación formulados por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se revoca la resolución N° 2020-131, de las 11:20 horas, del 28 de febrero del 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, ordenándose el reenvío para una nueva sustanciación. Notifíquese.
Patricia Solano C.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
416-5/14-5-20 JMELENDEZ
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