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Res. 00059-2014 Sala Segunda de la Corte · Sala Segunda de la Corte · 22/01/2014

Justified dismissal for negligence in issuing an erroneous “land use” certificateDespido justificado por negligencia en emisión de “uso de suelo” erróneo

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OutcomeResultado

Claim deniedSin lugar la demanda

The ruling that annulled the dismissal and ordered reinstatement was overturned; the no-fault dismissal due to the plaintiff's negligence was upheld; overtime and other claims were denied.Se revocó la sentencia que anulaba el despido y ordenaba la reinstalación, confirmándose la validez del despido sin responsabilidad patronal por negligencia del actor, y se denegaron las horas extra y demás pretensiones.

SummaryResumen

The Second Chamber of the Supreme Court of Justice resolved the cassation appeal filed by the Municipality of Aguirre against the ruling of the Labor Tribunal of Puntarenas, which had declared the dismissal of a municipal inspector null and ordered his reinstatement. The plaintiff was dismissed without employer liability for entering erroneous information in a “land use” certificate, stating that certain properties were located in a medium-density residential zone, when according to the current Regulatory Plan approved by INVU they were in a Forest Protection Zone. The Chamber found no due process violation, because prior intervention of the Labor Relations Board was not mandatory before dismissal, and that the dismissal was justified by an objective loss of trust due to the employee's negligent conduct. As coordinator of the Inspections Department, the plaintiff should have known the urban planning regulations and could not rely on a municipal agreement that informally modified the regulatory plan without following the legal procedure. Overtime pay was also denied for lack of evidence. The second instance ruling was overturned, the dismissal was upheld, and costs were imposed on the plaintiff.La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad de Aguirre contra la sentencia del Tribunal de Trabajo de Puntarenas, que había declarado nulo el despido de un inspector municipal y ordenado su reinstalación. El actor fue despedido sin responsabilidad patronal por consignar información errónea en un certificado de “uso de suelo”, indicando que ciertos predios se ubicaban en una zona residencial de mediana densidad, cuando según el Plan Regulador vigente y aprobado por el INVU estaban en Zona de Protección Forestal. La Sala determinó que no hubo violación al debido proceso, pues no era obligatorio que la Junta de Relaciones Laborales conociera el caso antes del despido, y que el despido fue justificado por pérdida objetiva de confianza derivada de una conducta negligente del funcionario. El actor, como coordinador del Departamento de Inspecciones, debía conocer la normativa urbanística y no podía ampararse en un acuerdo municipal que modificó informalmente el plan regulador sin seguir el procedimiento legal. También se denegó el pago de horas extra por falta de prueba. Se revocó la sentencia de segunda instancia, se confirmó el despido y se condenó en costas al actor.

Key excerptExtracto clave

This Chamber is of the opinion that the removal is justified because the evidence demonstrated negligent conduct on the part of the plaintiff. Specifically, in the “land use” certificate No. DI-110507-I of May 11, 2007, he indicated that the lands corresponding to cadastral plans numbers P-758320-2001; P-799647-2002; P-799642-2002; P-799639-2002; P-799640-2002; P-799644-2002; P-799638-2002; P-799643-2002; P-799641-2002, and P-799645-2002 were in the Medium Density Residential Subzone (SZMD), based on the provisions of the Urban Regulatory Plan in force at that time and then recorded municipal agreement No. 6, article 3 of minute No. 285 of December 8, 2005 (folio 138 front and back and folios 18, 19 and 39 of the administrative file). But it was certainly not correct to state that the properties for which the “land use” certificate was being issued were in a medium-density zone, because by note of August 25, 2006, the engineer of the defendant municipality informed the applicant for municipal permits that those lands were “(…) within the Forest Protection Zone zoning area (…)” (highlighting not in the original) (folios 21, 41 and 104 of the administrative file). Furthermore, article 17 ibid establishes a procedure to follow when seeking to introduce a modification to the regulatory plan, so that the following steps must be observed: “(…) 1) Convene a public hearing through the Official Gazette and additional necessary dissemination indicating the place, date and time to hear about the project and the verbal or written observations that residents or interested parties may wish to make. The notice must be given at least fifteen working days in advance; 2) Obtain the approval of the Urban Planning Directorate, if the project did not originate in that office or differs from the one it had proposed, without prejudice to the remedies established in article 13; 3) Agree to its formal adoption, by absolute majority vote; and 4) Publish in ‘La Gaceta’ the notice of the agreed adoption, indicating the date from which the corresponding regulations will become enforceable. The above requirements shall also be observed when modifying, suspending, or repealing, in whole or in part, said plan or any of its regulations” (highlighting not in the original). As can be seen with crystal clarity, in the instant case the mandatory legal requirements were not followed so that a modification to the regulatory plan of the defendant municipality could be applied, and therefore, the plaintiff should not have entered information that changed what was described in the regulatory plan and even more so, indicate in the “land use” certificate that it was issued in accordance with the provisions of said regulation.Esta Sala es del criterio que la remoción se encuentra justificada pues de las probanzas se acreditó un actuar negligente por parte del accionante. Específicamente indicó en el “uso de suelo” nº DI-110507-I del 11 de mayo de 2007, que los terrenos correspondientes a los planos catastrados números P-758320-2001; P-799647-2002; P-799642-2002; P-799639-2002; P-799640-2002; P-799644-2002; P-799638-2002; P-799643-2002; P-799641-2002 Y P-799645-2002, se encontraban en la Sub Zona Residencial Media Densidad (SZMD), lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Regulador Urbano vigente a ese momento y de seguido consignó el acuerdo municipal nº 6, artículo 3 del acta nº 285 del 08 de diciembre de 2005 (folio 138 fte y vto y folios 18, 19 y 39 del expediente administrativo). Pero ciertamente no fue correcto afirmar que las propiedades acerca de las cuales se estaba emitiendo el “uso de suelo”, se encontraran en zona de mediana densidad, pues mediante nota del 25 de agosto de 2006, el ingeniero de la municipalidad accionada, hizo saber al gestionante de los permisos municipales que dichos terrenos se encontraban “(…) dentro de la zona de la zonificación de Zona de Protección Forestal (…)” (resaltado no es del original) (folios 21, 41 y 104 del expediente administrativo). Además el numeral 17 íbidem impone un procedimiento a seguir cuando se quiera introducir alguna modificación al plan regulador, de manera que deben observarse los siguientes pasos: “(…) 1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles; 2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado en dicha oficina o difiera del que aquélla hubiere propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos en el artículo 13; 3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y 4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus reglamentos” (resaltado no es del original). Como se puede ver con meridiana claridad, en la especie no se siguieron las prescripciones legales obligatorias, para que pudiera aplicarse una modificación al plan regulador de la municipalidad accionada y en virtud de lo anterior, el accionante no debió haber consignado información que cambiara lo descrito en el plan regulador y más aun, indicar en el “uso de suelo” que se emitía de conformidad con lo establecido en dicha regulación.

Pull quotesCitas destacadas

  • "el actor siendo un funcionario con experiencia en el ejercicio de su cargo, aun más ostentaba el cargo de Coordinador del Departamento de Inspecciones de la accionada, no podía ampararse en el hecho de que existiera un acuerdo municipal vigente que se presumía como válido, pues claramente era de su conocimiento que el Plan Regulador del cantón de Aguirre, clasificaba los inmuebles dentro de áreas protegidas por ser de corte forestal y que además ese plan no había sufrido modificaciones por el órgano que ostenta la competencia para hacer cambios a dicha normativa, cual es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)"

    "The plaintiff, being an official with experience in the exercise of his position, and moreover holding the position of Coordinator of the Inspections Department of the defendant, could not rely on the fact that there was a municipal agreement in force that was presumed valid, because he clearly knew that the Regulatory Plan of the canton of Aguirre classified the properties within protected areas due to their forest nature and also that said plan had not been modified by the body with competence to make changes to said regulation, which is the National Institute of Housing and Urbanism (INVU)"

    Considerando IV

  • "el actor siendo un funcionario con experiencia en el ejercicio de su cargo, aun más ostentaba el cargo de Coordinador del Departamento de Inspecciones de la accionada, no podía ampararse en el hecho de que existiera un acuerdo municipal vigente que se presumía como válido, pues claramente era de su conocimiento que el Plan Regulador del cantón de Aguirre, clasificaba los inmuebles dentro de áreas protegidas por ser de corte forestal y que además ese plan no había sufrido modificaciones por el órgano que ostenta la competencia para hacer cambios a dicha normativa, cual es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)"

    Considerando IV

  • "la jornada extraordinaria no constituye un elemento normal y permanente, sino uno de orden excepcional, y se encuentra sujeta a límites y requisitos que buscan, precisamente, proteger al trabajador, de jornadas extenuantes que atenten contra su salud física y mental, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 317 del Código Procesal Civil y 452 del de Trabajo, es responsabilidad única y exclusiva del trabajador demostrar que la laboró."

    "The extraordinary working day does not constitute a normal and permanent element, but rather an exceptional one, and is subject to limits and requirements that seek, precisely, to protect the worker from exhausting working days that threaten their physical and mental health; in accordance with the provisions of articles 317 of the Civil Procedure Code and 452 of the Labor Code, it is the sole and exclusive responsibility of the worker to prove that they worked it."

    Considerando V

  • "la jornada extraordinaria no constituye un elemento normal y permanente, sino uno de orden excepcional, y se encuentra sujeta a límites y requisitos que buscan, precisamente, proteger al trabajador, de jornadas extenuantes que atenten contra su salud física y mental, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 317 del Código Procesal Civil y 452 del de Trabajo, es responsabilidad única y exclusiva del trabajador demostrar que la laboró."

    Considerando V

  • "el numeral 17 íbidem impone un procedimiento a seguir cuando se quiera introducir alguna modificación al plan regulador, de manera que deben observarse los siguientes pasos: (…) 1) Convocar a una audiencia pública… 2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo… 3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y 4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada…"

    "Article 17 ibid establishes a procedure to follow when seeking to introduce a modification to the regulatory plan, so that the following steps must be observed: (…) 1) Convene a public hearing… 2) Obtain the approval of the Urban Planning Directorate… 3) Agree to its formal adoption, by absolute majority vote; and 4) Publish in 'La Gaceta' the notice of the agreed adoption…"

    Considerando IV

  • "el numeral 17 íbidem impone un procedimiento a seguir cuando se quiera introducir alguna modificación al plan regulador, de manera que deben observarse los siguientes pasos: (…) 1) Convocar a una audiencia pública… 2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo… 3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y 4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada…"

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Sala Segunda de la Corte Date of Resolution: January 22, 2014 at 09:55 Analyzed by: SALA SEGUNDA Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: Labor Topic: Labor Relations Board Topic: Due process in administrative venues DUE PROCESS WAS NOT VIOLATED. Elements that comprise it. Intervention of the Labor Relations Board in a municipality. [059-14] Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: Labor Topic: Negligence Topic: Dismissal justified by objective loss of trust DISMISSAL JUSTIFIED BY OBJECTIVE LOSS OF TRUST. INCURRED IN NEGLIGENCE. Municipal official who recorded erroneous information in a "land use" document. [059-14] Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: Labor Topic: Burden of proof for overtime PAYMENT FOR OVERTIME IS NOT APPROPRIATE. BURDEN OF PROOF. The burden of proof to demonstrate extraordinary work fell on the plaintiff, but the record contains no elements demonstrating such work; rather, each time the plaintiff worked in a non-habitual manner, he was remunerated accordingly. [059-14] Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: Labor Topic: Costs of labor proceedings COSTS IMPOSED ON THE PLAINTIFF IN THE EVENT OF DISMISSAL. LEGAL COSTS REGIME. Costs are imposed on the plaintiff in the amount of ₡250,000.

*093000960425LA* Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA Res: 2014-000059 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifty-five minutes on the twenty-second of January two thousand fourteen. Ordinary proceeding brought before the Labor Court of Aguirre and Parrita, by [Name 001], married and a municipal employee, against the MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, represented by its acting mayor a.í María Isabel León Mora, single. Both of legal age and residents of Puntarenas. WHEREAS: 1.- The plaintiff, in a writing dated November 4, two thousand nine, brought this action to order, in the judgment, his reinstatement and payment of severance pay (preaviso), termination assistance (auxilio de cesantía), back pay (salarios caídos), compensation for moral damages (daño moral), interest, and both sets of costs of the proceeding. 2.- The defendant answered in the terms indicated in the brief filed on October 28, two thousand ten, and did not raise any defenses. 3.- The Labor Court of Aguirre and Parrita, by judgment at eight hours thirty minutes on January 23, two thousand twelve, ordered: "In accordance with the foregoing and the legal citations indicated, the ordinary labor proceeding brought by [Name 001] against the MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, represented by Lutgardo Bolaños Gómez, is DECLARED PARTIALLY WITH MERIT. All actions taken in the administrative proceeding pursued by the defendant against the plaintiff are annulled, including resolution number ALC-133-2009 at seven hours and fifteen minutes on October 26, two thousand nine, in which his dismissal without employer liability is ordered. Therefore, matters must return to the state prior to the dismissal, which for all purposes determines that the employee returns to his position, which he held at the Municipalidad de Aguirre, under the same conditions as then, said position being that of Inspector of the Department of Inspections and Engineering. His reinstatement entails the payment of all back pay (salarios caídos), which correspond to those the employee ceased to receive due to the application of an invalid dismissal and until his effective reinstatement. The foregoing without prejudice to the fact that in the judgment enforcement stage, if the plaintiff does not opt for reinstatement, the defendant must pay the sums corresponding to severance pay (preaviso) and termination assistance (cesantía), which are broken down as follows: For one month of severance pay (preaviso), the sum of FOUR HUNDRED THIRTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY-ONE COLONES AND FIFTY-SIX CENTS (₡432,841.56); and for 176 days of termination assistance (cesantía), the sum of TWO MILLION FIVE HUNDRED THIRTY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-SEVEN COLONES AND FIFTEEN CENTS (₡2,539,337.15). Likewise, the defendant must pay the claimant, for 1040 hours of overtime worked, the sum of TWO MILLION EIGHT HUNDRED THIRTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED SIXTY COLONES (₡2,813,460.00). Legal interest is granted on the total amounts of the award and on the basic rate (tasa básica) established by the Banco Nacional de Costa Rica for six-month certificates of deposit, from the moment the employment relationship ended until its effective payment; the foregoing in accordance with article 1163 of the Civil Code. The claim is declared without merit as to applying the provisions of article 83 of the Labor Code, as well as to the claimed moral and material damages (daños morales y materiales), and losses (perjuicios). The statute of limitations defense raised by the plaintiff is rejected. The defendant municipality is ordered to pay both sets of costs of this proceeding, fixing personal costs at twenty-five percent of the total award...". (Sic) 4.- The defendant appealed and the Tribunal de Puntarenas, by judgment at ten hours thirty minutes on September 12, two thousand thirteen, resolved: "In accordance with the foregoing and the cited regulations supporting it, the appeal filed by the defendant entity is DECLARED WITHOUT MERIT. The appealed judgment is CONFIRMED. It is recorded that no defects or omissions causing nullity were noted. Let this file return to its office of origin". 5.- The representation of the defendant municipality filed an appeal before this Chamber in a brief submitted on October 22, two thousand thirteen, which is based on the grounds that will be stated in the considerative part. 6.- The prescriptions of law have been observed in the proceedings. Drafted by Judge Blanco González; and, CONSIDERING:

I.- BACKGROUND: The plaintiff filed a claim against the Municipalidad de Aguirre for having been dismissed on October 26, 2009, without employer liability, from the position of inspector and inspection coordinator of the Department of Inspections and Engineering, a position he had held since April 3, 2000. He alleged that his removal occurred as a result of a disciplinary procedure initiated against him, therefore he requested that the claim be declared with merit and that all actions taken within the administrative proceeding be annulled, primarily resolution No. ALC-133-2009, issued by the municipal mayor at 7:15 a.m. on October 26, 2009, and any related act. He petitioned for the statute of limitations (prescripción) to be declared regarding the actions within the proceeding, in accordance with the provisions of article 603 of the Labor Code; that his dismissal was unjustified according to the provisions of numeral 83 ibidem and that he be reinstated in his position. He sued for the collection of ten overtime hours per month, from the year 2000 until January 2009; severance pay (preaviso); termination assistance (cesantía) and back pay (salarios caídos) from his dismissal until effective reinstatement; as well as payment for material, moral and loss damages (daño material, moral y perjuicios), interest on the requested sums, and that costs be imposed on the defendant (folios 1 to 14). The defendant's representation answered the action negatively and requested that the claims be denied (folios 53 to 59). In the first instance, the claim was declared partially with merit and all actions within the disciplinary proceeding were annulled, including resolution No. ALC-133-2009; the reinstatement of the plaintiff was ordered, in the position he had been performing, with the corresponding payment of back pay (salarios caídos), and in the event he did not opt for reinstatement, the payment of severance pay (preaviso) and termination assistance (cesantía) was granted. Payment for 1040 overtime hours was also ordered, along with interest on the awarded sums, and costs were imposed on the defendant at twenty-five percent of the total award (folios 220 to 226 front and back). Said ruling was appealed by the losing party's representation, but the Labor Tribunal de Puntarenas confirmed the contested judgment (folios 332 to 334 front and back).

II.- GRIEVANCES OF THE APPELLANT: Before this Chamber, the representative of the defendant municipality appeals the tribunal's judgment, considering that said ruling must be revoked to the extent that the dismissal act was annulled because the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales) of the defendant was not consulted, and in support of her thesis, she cites the ruling of this Body, No. 2013-901 at 10:25 a.m. on August 9 of this year, issued in an identical matter to the one at hand. She argues that in the appeal process provided by legislation for this type of administrative act, the participation of the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales) is optional, and that the record does not show that the plaintiff filed any action before that body, so the failure of that body to issue a ruling could not be seen as a violation of due process. She outlines that articles 11, 42, and 43 of the Collective Labor Agreement (Convención Colectiva) in force at the defendant entity have already been subject to interpretation by this Chamber. She alleges that in previous pronouncements, an erroneous interpretation of the provisions of numerals 149 and 150 of the Municipal Code mediated, since, in her opinion, the current version of those norms was not used. She notes that in any case, her represented entity did communicate to the Labor Relations Board (Junta de Relaciones) about the procedure pursued against the plaintiff; this by means of a document sent on October 28, 2009, which appears on folio 224 of the administrative file, so the point under discussion is the moment at which such communication must be made to said board, since ordinal 11 of the agreement does not establish anything to that effect, and thus, in the appealed judgment, a distinction cannot be made where the law did not provide one. She states that the cited norm indicates that the Board will hear appeals (conocerá en apelación), which by common sense implies that a final act has already been issued, making the tribunal's reasoning improper. She provides an explanation of the function of labor relations boards (juntas de relaciones laborales) and cites judgment No. 2004-6843 at 10:06 a.m. on June 25, 2004, issued by the Sala Constitucional. She argues as a second grievance the fact that the contested judgment determined that the burden of proof regarding the overtime claim corresponds to her represented entity, since in her opinion, the plaintiff's situation does not fall within what is normal but rather exceptional, and she brings up what was stated by this Body, through vote No. 563-2002, at 8:55 a.m. on November 8, 2002. She indicates that since this is a public employment relationship, the plaintiff's schedule is established in article 96 of the Autonomous Service and Organization Regulations (Reglamento Autónomo de Servicios y de Organización) and article 39 of the Collective Labor Agreement (Convención Colectiva), therefore she considers the tribunal's assessment erroneous when it indicated that the plaintiff's work schedule was unknown, and she adds that the judicial file does not show that he worked overtime hours (jornada extraordinaria). She states that in any case, when any official works overtime hours (horas extra), they are paid as legally corresponds, and this was demonstrated through the testimonial evidence gathered in the record. Therefore, she requests that the appealed judgment be annulled and a new ruling be ordered declaring that the plaintiff committed the faults that led to his dismissal (folios 345 to 361).

III.- THE PROCESSING OF THE DISCIPLINARY PROCEEDING: The contested judgment considered the plaintiff's removal null and void, since the administrative venue failed to apply the conventional regulations that obligated the defendant to submit the disciplinary file to the knowledge of the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales), after the directing body adopted the respective recommendation; because the defendant limited itself to communicating the already-adopted decision to dismiss the plaintiff to said Board. Such procedure is established in the current Collective Labor Agreement (Convención Colectiva), and therefore a study of the relevant norms will be conducted below. Numerals 11 and 42 of said instrument, respectively, establish: "Any worker who has satisfactorily completed their probationary period shall be considered a permanent employee of the Municipality. When it is considered that a worker has incurred grounds for dismissal, they shall be suspended while being investigated and shall be paid the corresponding salary, and the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales) shall be informed, so that it may proceed to study and rule on the dismissal action, for which it shall have a period of fifteen working days. In cases where it is proven that there was no justification for the dismissal, the Municipality undertakes, at the worker's request, to do the following: a) Pay the severance pay (preaviso) and termination assistance (cesantía) benefits that would correspond to the worker, or failing that, to reinstate them in their work" (emphasis not in the original). And, "The Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales) shall be constituted fifteen days after the signing of this Collective Labor Agreement (Convención Colectiva) and shall meet once a month on an ordinary basis, and upon prior request by any of the interested parties, it may hold extraordinary sessions at any time. A quorum shall be formed by half plus one of the total number of its members, and its resolutions shall be adopted by a simple majority of those present, with a binding character. They shall hear appeals (conocerán en apelación) regarding disciplinary sanctions and dismissal, ruling in accordance with the established norms. Once the case has been analyzed, the requests for complaints, disputes, permits, or claims from workers shall be presented to the corresponding bodies, and satisfactory responses shall be sought for the interested parties. It shall promote housing projects, cultural cooperatives for which it shall seek respective financing, and shall integrate the working committees necessary for their implementation. / In the event of a tie in the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales), a next meeting shall be convened in which a law graduate will be present, who must have extensive knowledge in labor law and unionism and shall have voice and vote to resolve the situation. Additionally, they must act with neutral and impartial purposes, and their fees shall be covered by both parties. The appointment of this professional must have the consent of both parties, Municipality and Union" (emphasis not in the original). Having analyzed such provisions insofar as they are relevant here (since regarding the recommendatory nature of the reports of these bipartite bodies, reiterated jurisprudence has been issued, among which judgment No. 901-2013, at 10:25 a.m. on August 9 of this year, can be seen), this Chamber reaches the conclusion that what was resolved by the tribunal on this point must be revoked for the following considerations. It does not follow from the conventional norms that there is a precise moment at which the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales) must be notified, and as the appellant correctly points out, if the cited article 42 grants said body the possibility to hear on appeal (conocer en apelación) the disciplinary sanctions or dismissals agreed upon, it is because, prior to its participation, an act has been issued containing the sanction that will be subject to analysis. Note that the Board was established as a superior body capable, with its opinion, of causing the decision adopted by the hierarch to vary. This conclusion is reached with even greater reason if the content of conventional numeral 43 is considered, relating to the functions of the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales), which, insofar as relevant, reads: "(…) c) Once the action for dismissal, transfer, suspension, exchange, or any other measure tending to modify the individual employment contract to the detriment of the worker is filed by the personnel department, it shall be brought to the attention of both the Municipal Executive and the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales). The Executive shall hear a report from said Board within three days following the delivery of the mentioned report. / d) If there is no agreement with the Executive's resolution, or if no response has been received from them, the report shall be forwarded to the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales), which shall immediately take up the matter, for its final pronouncement. While an accusation against a municipal employee is pending, they shall continue working, provided the fault does not disqualify them from continuing to perform the position. The worker shall also receive their salary until the moment when the accusation is proven" (emphasis not in the original). In accordance with the above and from a study of both the judicial record and the administrative file, it is not proven that the plaintiff requested the intervention of the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales), but it does appear from the administrative actions that the defendant proceeded to communicate the dismissal decision, via official communication No. 136-ALC-2009, signed by the interim mayor of the municipality on October 28, 2009, the same day the dismissal was notified to the petitioner (folios 223 and 224 of the administrative file), without any pronouncement whatsoever from that body. Note that the defendant followed the procedure established in the cited numeral as it proceeded with the corresponding communication, hence the basis on which the nullity of the disciplinary proceeding has been supported is not shared. Thus, this Jurisdictional Body observes no violation of due process that would require the annulment of the actions taken. In any case, it must be remembered that due process contains essential elements such as: "a) Notification to the interested party of the nature and purposes of the proceeding; b) Right to be heard and opportunity for the interested party to present arguments and produce evidence they deem pertinent; c) Opportunity for the individual to prepare their allegations, which necessarily includes access to information and the administrative background related to the matter at hand; d) Right of the individual to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons; e) Adequate notification of the decision issued by the administration and the reasons on which it is based; and, f) Right of the interested party to appeal the issued resolution. From these, in turn, principles such as the right to be informed of charges (intimación), the right to specific charges (imputación), the principles of breadth, legitimacy, immediacy, and reasonable assessment of evidence, and the principles of substantiation, consistency, and effectiveness of the final act derive (in this regard, see Votes of the Sala Constitucional No. 15-90, at 4:45 p.m., on January 5, 1990; 297-92, at 10:25 a.m., on February 7, 1992; 1739-92, at 11:45 a.m., on July 1, 1992; 5653-93, at 8:22 a.m., on November 5, 1993; 2660-94, at 3:36 p.m. on June 7, 1994; 2945-94, at 8:42 a.m., on June 17, 1994; and, 1720-96, at 9:06 a.m. on April 19, 1996). The rights to a hearing and defense include the need for the cause of the proceeding to be communicated to the person subject to it, and that the fault attributed to them as a public servant be imputed concretely and formally" (italics supplied) (vote No. 2001-0695 at 10:10 a.m. on November 23, 2001, from this office). A meticulous analysis of the actions in the administrative venue confirms that there was no violation of the right of defense of the person investigated. Indeed, it is observed that he was duly informed of the existence of the proceeding against him. At all times he was aware of the facts to be investigated, had access to the file, and was given the opportunity to present the evidentiary material necessary to safeguard his rights, and he made use of the challenge mechanisms regulated by Costa Rican legislation. Consequently, the appellant is correct in her disagreement, and it is appropriate to revoke the second-instance judgment insofar as it confirmed the trial court's ruling and declared the disciplinary proceeding against the plaintiff null and void, in order to instead confirm the dismissal act contained in resolution No. ALC-133-2009, at 7:15 a.m. on October 26, 2009, and declare the claim without merit regarding that aspect.

IV.- ON THE APPROPRIATENESS OF THE DISMISSAL: Due to the manner in which the grievances related to the processing of the investigation have been resolved, it is now appropriate to address the merits of whether the plaintiff's dismissal was lawful or, on the contrary, whether said administrative act must be revoked. The plaintiff was dismissed without employer liability for having incurred an objective loss of trust by recording erroneous information in the document called "land use certificate" (uso de suelo), thereby misleading third parties. This Chamber is of the opinion that the removal is justified, since the evidence demonstrated negligent conduct on the part of the plaintiff. Specifically, he indicated in "land use certificate" (uso de suelo) No. DI-110507-I dated May 11, 2007, that the lands corresponding to cadastral plans numbers P-758320-2001; P-799647-2002; P-799642-2002; P-799639-2002; P-799640-2002; P-799644-2002; P-799638-2002; P-799643-2002; P-799641-2002 AND P-799645-2002, were located in the Medium Density Residential Sub-Zone (Sub Zona Residencial Media Densidad, SZMD), according to the provisions of the Urban Regulatory Plan (Plan Regulador Urbano) in force at that time, and subsequently recorded municipal agreement No. 6, article 3 of minutes No. 285 of December 8, 2005 (folio 138 front and back and folios 18, 19, and 39 of the administrative file). But it was certainly not correct to state that the properties about which the "land use certificate" (uso de suelo) was being issued were in a medium density zone, since by means of a communication dated August 25, 2006, the engineer of the defendant municipality informed the applicant for municipal permits that said lands were "(…) within the zoning of Forest Protection Zone (Zona de Protección Forestal) (…)" (emphasis not in the original) (folios 21, 41, and 104 of the administrative file). Note that although the Concejo Municipal of the zone agreed, through the article and session mentioned in the questioned document, to the change of land use (cambio de uso del suelo) from Forest Protection Sub-Zone to Medium Density Residential Sub-Zone (Sub Zona Residencial de Media Densidad), the truth is that the plaintiff, being an experienced official in the exercise of his position—even more so, as he held the position of Coordinator of the Department of Inspections of the defendant—could not rely on the fact that a current municipal agreement existed that was presumed valid, since it was clearly within his knowledge that the Urban Regulatory Plan (Plan Regulador) of the canton of Aguirre classified the properties within protected areas for being forestal in nature, and that furthermore, said plan had not undergone modifications by the body possessing the competence to make changes to said regulation, namely the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), in accordance with article 10 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) which literally states: "The following also corresponds to the Urban Planning Directorate (Dirección de Urbanismo) within the control functions assigned to it by subsection 4) of article 7: 1) Review and approve the regulatory plans and their regulations, before their adoption by the municipalities; (…)" (emphasis not in the original). Furthermore, numeral 17 ibidem imposes a procedure to be followed when any modification to the regulatory plan (plan regulador) is desired, such that the following steps must be observed: "(…) 1) Call a public hearing through the Official Gazette (Diario Oficial) and additional necessary dissemination, indicating the location, date, and time to consider the project and the verbal or written observations that residents or interested parties may wish to formulate. The scheduling must be made no less than fifteen working days in advance; 2) Obtain the approval of the Urban Planning Directorate (Dirección de Urbanismo), if the project did not originate from said office or differs from what it had proposed, without prejudice to the remedies established in article 13; 3) Agree on its formal adoption, by an absolute majority of votes; and 4) Publish in "La Gaceta" the notice of the agreed adoption, indicating the date from which the corresponding regulations will become enforceable. The foregoing requirements shall also be observed when it concerns modifying, suspending, or derogating, totally or partially, the referred plan or any of its regulations" (emphasis not in the original). Specifications known to those who worked for the municipality, since witness [Name 006] declared: "The regulatory plan (plan regulador) has not been altered, it remains in force from June two thousand two." "The procedure and its modification, article 17 of the urban planning law (sic) indicates it. There must be a hearing, to inform the public, an approval by the INVU, that approval by the INVU must be made known, and the final publication by the corresponding agencies, and the technical studies where the total or partial modification of the regulatory plan (plan regulador) was made." Furthermore, in his experience as a municipal inspector, he stated: "If the Council (Consejo) issues a directive, and in my opinion it does not comply, I issue a certification, but I indicate that I do so under protest, and I state it as such" (emphasis not in the original) (testimonial evidence record folio 121 front and back). As can be seen with meridian clarity, in this case, the mandatory legal prescriptions were not followed so that a modification to the regulatory plan (plan regulador) of the defendant municipality could be applied, and by virtue of the foregoing, the plaintiff should not have recorded information that changed what was described in the regulatory plan (plan regulador), and even more so, indicate in the "land use certificate" (uso de suelo) that it was being issued in accordance with what was established in said regulation. Thus, alleging ignorance of the cited regulations is not an acceptable defense, since in the consideration of this Chamber, these are the minimum guidelines that the person investigated should have consulted. Nor can the existence of a resolution from the Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) be considered a mitigating factor, as this does not diminish the responsibility the plaintiff had to indicate the real situation of the properties for which a "land use certificate" (uso de suelo) was requested, all in accordance with the regulatory plan (plan regulador) in force at that time. Furthermore, the testimonial evidence in the record also corroborates the fault committed by the plaintiff. In that sense, witness [Name 007] —who worked as an engineer for the defendant— stated that "It was part of [Name 001]'s job to transcribe the regulatory plan (plan regulador) onto the client's property" and emphasized that the objective of issuing the "land use certificate" (uso de suelo) is "to determine the zone or sub-zone in which the property was located, in order to see what type of building can be constructed" (emphasis not in the original) (testimonial evidence record folio 117 front and back). For his part, deponent [Name 008] stated that when a study of the properties was requested from him, he could determine that according to the regulatory plan (plan regulador), these were designated as a forest protection zone (zona de protección forestal) and stated he had knowledge that "a land use certificate (uso de suelo) was issued, where it was indicated that the land had a different land use (uso de suelo) than what the regulatory plan (plan regulador) regulation says (…) in the Municipality we have a map, what is seen is that the plans are in a forest protection zone (zona de protección forestal)" (testimonial evidence record folio 118 to 119 front and back). Deponent [Name 009], who served as mayor during the period when the plaintiff granted the questioned "land use certificate" (uso de suelo), noted that in the specific matter "(…) they had given the permit (sic), but I did not agree" (testimonial evidence record folio 120 front and back), because this individual being the plaintiff's superior, the argument that a duty of obedience mediated in relation to the municipal agreement that changed the regulatory plan (plan regulador) is not acceptable, since according to articles 17 and 124 of the Municipal Code, the person to whom he must account for the exercise of his duties is the mayor of the municipality, and therefore the thesis of the duty of obedience used by the plaintiff in relation to the municipal agreement issued outside the law is irrelevant, since he is not subject to the orders of the Concejo Municipal. In any case, like any public official, he is subject to the provisions of the law (article 11 of the Political Constitution) and should have taken into account, when acting, the duties imposed on him by the provision established in article 147 of the Municipal Code, such as: "a) Respect this law and its regulations, and comply with the obligations in force for their positions. b) Provide the contracted services with absolute dedication, intensity, and quality, taking responsibility for their acts and executing their tasks and duties in accordance with legal, moral, and ethical principles. c) Maintain due consideration for the public, attend to them with diligence, a spirit of service, and courteous treatment, so that no justified complaint arises due to poor service or attention." d) Guarantee, to the municipal administration, its commitment regarding integrity and fidelity in its work of whatever nature, in order to achieve fulfillment of the objectives and mission of the municipality. e) Care for, safeguard, preserve, and properly use municipal public resources. f) Observe in their work good customs and discipline, as well as respectful treatment of their coworkers, superiors, and authorities. g) Respond for damages or losses that their errors or manifestly negligent acts within their responsibility may cause. h) Maintain discretion regarding matters related to their work or linked to other municipal offices, the disclosure of which could be used against the interests of the municipality. i) Suggest, at the appropriate time and before the corresponding administrative-hierarchical authority, what they consider appropriate for the better performance of their duties. j) Dignifiedly perform their positions” (emphasis not in original). In any case, even understanding that the plaintiff should have complied with the change ordered erroneously, the truth is that it had not become effective, since being an act of general scope, it had to be published in the official gazette and, after this solemn requirement, proceed to its application; nevertheless, from the case file a different reality emerges, namely the fact that the municipal agreement in question was published only on June 30, 2006 (Official Gazette No. 126) and the "land use" (uso de suelo) document containing the erroneous information dates from June 12, 2006, so even in that scenario, one could not speak of responsible conduct by the plaintiff, since he did not even take the time to verify whether the administrative act was already valid and effective. Such being the case, the plaintiff's arguments that he is not a legal professional who had to know that a municipal agreement could not modify the regulatory plan or that he should not apply such a decision even though it was clearly illegal are not admissible, since - as indicated - to prepare the documents called "land uses" (usos de suelo), he had to possess the necessary expertise and knowledge of the regulations applicable to this type of administrative actions and was the coordinator of the Inspections Department of the defendant. Faced with this scenario, the appropriate course is to confirm the dismissal act contained in resolution No. ALC-133-2009 of 7:15 a.m. on October 26, 2009, in which the claimant was dismissed without employer liability, for having incurred an objective loss of trust due to the attributed actions.

V.- REGARDING THE CLAIM FOR OVERTIME: As was correctly indicated by the appellant regarding the accreditation of work in extraordinary time, this Chamber has indicated that the burden of proof normally corresponds to the worker, since that aspect does not constitute one of a basic or essential nature of the employment contract; for, stated another way, the extraordinary workday is provided for as an exceptional matter in the normal development of an employment relationship. In that sense, in judgment number 563 of 8:55 a.m., of November 8, 2002, it was stated:

“Now then, normally - and according to what has been set forth - in labor law, the greater responsibility – not all – of providing the necessary proof to support the fulfillment of the obligations claimed by the worker falls on the defendant employer, because it has a greater facility to pre-constitute it during the course of the employment relationship. However, since the extraordinary workday does not constitute a normal and permanent element, but rather one of an exceptional nature, and is subject to limits and requirements that precisely seek to protect the worker from exhausting workdays that threaten their physical and mental health, in accordance with the provisions of numerals 317 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) and 452 of the Labor Code (Código de Trabajo), it is the sole and exclusive responsibility of the worker to demonstrate that they worked it. If the worker fulfills this burden, the employer then bears the burden of proving its payment, in accordance with what is prescribed by our legal system” (emphasis not in original) (see also judgments number 604 of 8:45 a.m., of December 6; 637 of 8:40 a.m., of December 13, both of 2002; and number 6 of 9:20 a.m., of January 16, 2004). Notwithstanding the foregoing, it has also been pointed out that when overtime is claimed by virtue of having permanently worked a workday exceeding the ordinary one, the employer - if it wishes to exempt itself from its payment - must prove that the worker did not perform the workday they claim, but rather a different one. On this aspect, this Chamber in vote number 1032 of 10:30 a.m., of November 8, 2006, resolved: “However, when the employer or the company, due to the requirements of its business, has a workday longer than the ordinary one, on a habitual basis, becoming the daily norm in the employment relationship, and the worker is compelled to render their services in that manner, it is incumbent upon the employer to disprove the workday that the worker claims to have fulfilled” (emphasis not in original) (also, see, among others, votes number 520 of 9:38 a.m., of June 23; 563 of 9:52 a.m., of June 30; and 723, of 10:20 a.m., of August 9; all of 2006; 738 of 10:15 a.m., of August 29; 907 of 10:10 a.m. and 912 of 10:35 a.m., both of October 22; 987 of 10:10 a.m., of November 21, these last ones of 2008, and 322 of 9:50 a.m., of April 24, 2009). So, in light of this normative and jurisprudential framework, it is clear that this Chamber considers that the burden of proof regarding overtime falls on the worker when it responds to an exceptional situation, but if the extraordinary workday becomes an ordinary aspect within the employment relationship, the burden of proof will fall on the employer to prove that the workday worked was different and the corresponding payment for it, this, because it is the party that, during the effective term of the relationship, has greater possibilities of gathering the evidence demonstrating the true conditions of contract performance. Applying the foregoing to the case in question, it is held that the plaintiff stated in his complaint that he worked ten hours of overtime per month, but he does not indicate the schedule in which he worked them. Added to the above, it emerges from the testimonial evidence that he worked the schedule established in the Autonomous Regulation (Reglamento Autónomo) of the institution. Specifically, witness [Name 008] stated that: “The schedule of [Name 001] was from seven in the morning to four in the afternoon, Monday to Friday” (emphasis not in original) (testimonial evidence record at folio 117 front and back). On the other hand, the declarant [Name 009] stated that he was indeed aware that the plaintiff worked overtime because he was his immediate boss, but immediately indicates that “overtime payment was always recognized to them, the time was included in the payroll” and confirms remembering “having signed overtime for [Name 001]. 4) Overtime was always paid” and makes the observation that “if there was something special, they were notified (...)” (emphasis not in original) (testimonial evidence record at folio 120 front and back). From this evidence, the fact emerges that it was not an ordinary situation that the plaintiff worked overtime, but rather, as his immediate supervisor declared, it was due to special reasons, so the burden of proof to accredit the extraordinary work fell on the claimant, and given that the case file contains no elements demonstrating such work, but rather, elements indicating that each time the plaintiff worked in a non-habitual manner, he was compensated accordingly, the provision that condemned the defendant municipality to pay overtime must also be revoked, and instead, said claim must be dismissed.

VI.- OF THE COSTS AWARD: Although it is true that the imposition of costs was not subject to appeal, due to the way this litigation is resolved, what was ordered in that regard must be varied. In labor matters, the issue of costs is regulated in numerals 494 and 495 of the Labor Code (Código de Trabajo). The former provides that the judgment must contain a pronouncement on this point, whether to condemn to the payment of procedural costs, or both; or to rule without special award of costs. In this last case, each party would bear its respective expenses. For its part, article 495 establishes that the judgment must prudentially regulate the fees corresponding to the attorneys, which shall not be set at a percentage less than fifteen percent nor greater than twenty-five percent of the liquid amount of the award or the dismissal, and, when the matter is not susceptible to pecuniary estimation, the judge must fix them prudentially according to the rational dictate of their conscience. In this matter, taking into consideration that the claimant sought, among other things, the nullity of the dismissal and his reinstatement, as well as the payment of notice and severance pay in case he agreed to return to his position, and the payment of overtime; he has been defeated in his claims, these costs must be imposed upon him, which are prudentially set at two hundred fifty thousand colones.

VII.- FINAL PROVISIONS: As a corollary of the foregoing, it is appropriate to revoke the appealed judgment, insofar as it declared the nullity of the administrative proceeding initiated against the plaintiff, ordered his reinstatement with payment of back wages and in case he did not agree to the granted reinstatement, the payment of notice and severance pay; granted the payment of overtime and interest on all granted items; and awarded costs against the defendant, and instead, dismiss the filed action in all its aspects. It is also appropriate to impose the costs of this proceeding on the claimant, prudentially setting the personal costs at two hundred fifty thousand colones.

THEREFORE:

The appealed judgment is revoked, insofar as it declared the nullity of the administrative proceeding initiated against the plaintiff, ordered his reinstatement with payment of back wages and in case he did not agree to the granted reinstatement, the payment of notice and severance pay; granted the payment of overtime and interest on all granted items; and awarded costs against the defendant, and instead, dismisses the filed action in all its aspects. The costs of this proceeding are imposed on the claimant, prudentially setting the personal costs at two hundred fifty thousand colones.

Orlando Aguirre Gómez Julia Varela Araya Rolando Vega Robert Eva María Camacho Vargas Héctor Blanco González cgutic- 2 Telephones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 and 2295-4406. Facsimile: 2257-55-94. Electronic Mail: [email protected]. and mbrenesm @poder-judicial.go.cr Classification prepared by SALA SEGUNDA of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

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Sala Segunda de la Corte Analizado por: SALA SEGUNDA Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Laboral Tema: Junta de Relaciones Laborales Tema: Debido proceso en sede administrativa NO SE VIOLÓ EL DEBIDO PROCESO. Elementos que lo integran. Intervención de la Junta de Relaciones Laborales en municipalidad. [059-14] Contenido de Interés:

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*093000960425LA* Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA Res: 2014-000059 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de enero de dos mil catorce. Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Aguirre y Parrita, por [Nombre 001], casado y servidor municipal, contra la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, representada por su alcaldesa a.í María Isabel León Mora, soltera. Ambos mayores y vecinos de Puntarenas. RESULTANDO: 1.- El actor, en escrito fechado cuatro de noviembre de dos mil nueve, promovió la presente acción para que en sentencia se ordenara su reinstalación y el pago de preaviso, auxilio de cesantía, salarios caídos, indemnización por daño moral, intereses y ambas costas del proceso. 2.- La parte demandada contestó en los términos que indicó en el memorial presentado el veintiocho de octubre de dos mil diez y no opuso excepciones. 3.- El Juzgado de Trabajo de Aguirre y Parrita , por sentencia de las ocho horas treinta minutos del veintitrés de enero de dos mil doce, dispuso : "De conformidad con lo antes expuesto y citas legales indicadas, SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el proceso ordinario laboral interpuesto por [Nombre 001] contra la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, representada por Lutgardo Bolaños Gómez. Se anula todo lo actuado en el procedimiento administrativo seguido por la accionada contra el actor, incluyendo la resolución número ALC-133-2009 de las siete horas y quince minutos del veintiséis de octubre del año dos mil nueve, en la que se ordena su despido sin responsabilidad patronal. Por ello, deberán volver las cosas al estado anterior al despido, que para los efectos determina que el trabajador retorne a su puesto, que tenía en la Municipalidad de Aguirre, en las mismas condiciones de entonces, siendo dicho puesto el de Inspector del Departamento de Inspecciones e Ingeniería. Su reintegro conlleva al pago de todos los salarios caídos, que corresponden a los que dejó de percibir el trabajador ante la aplicación de un despido inválido y hasta su efectiva reinstalación. Lo anterior sin perjuicio de que en la etapa de ejecución de sentencia, si la parte actora no optara por la reinstalación, deberá la demandada cancelarle las sumas correspondientes al preaviso y cesantía, las cuales se desglosan de la siguiente manera: Por concepto de un mes preaviso, la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN COLONES CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (¢432.841,56); y por 176 días de cesantía, la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE COLONES CON QUINCE CÉNTIMOS (¢2.539.337,15). Asimismo, deberá cancelarle la demandada al reclamante, por concepto de 1040 horas extra laboradas, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA COLONES (¢2.813.46O,00). Se conceden intereses legales sobre los montos totales de la condenatoria y sobre la tasa básica establecida por el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados a seis meses plazo, a partir del momento de la conclusión de la relación laboral y hasta su efectivo pago; lo anterior de conformidad con el artículo 1163 del Código Civil. Se declara sin lugar la demanda en cuanto a aplicar lo dispuesto por el artículo 83 del Código de Trabajo, así como a los daños morales y materiales, y perjuicios reclamados. Se rechaza la excepción de prescripción opuesta por el actor. Se condena a la municipalidad demandada al pago de ambas costas de este proceso, fijándose las personales en un veinticinco por ciento del total de la condenatoria...". (Sic) 4.- La parte demandada apeló y el Tribunal de Puntarenas, por sentencia de las diez horas treinta minutos del doce de setiembre de dos mil trece, resolvió : "De conformidad con lo expuesto y normativa invocada en su apoyo se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por entidad demandada. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. Se hace constar, que no se notaron defectos u omisiones causantes de nulidad. Vuelva éste expediente a su oficina de origen". 5.- La representación de la municipalidad demandada formuló recurso para ante esta Sala en memorial presentado el veintidós de octubre de dos mil trece, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa. 6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. Redacta el Magistrado Blanco González; y, CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: El actor planteó demanda contra la Municipalidad de Aguirre por haber sido despedido el 26 de octubre de 2009, sin responsabilidad patronal, del puesto de inspector y coordinador de inspecciones del Departamento de Inspecciones e Ingeniería, cargo que ejercía desde el 03 de abril de 2000. Adujo que su remoción operó como resultado de un procedimiento disciplinario que se incoó en su contra, por lo que solicitó se declarara con lugar la demanda y se anulara todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo tramitado, principalmente la resolución nº ALC-133-2009, dictada por el alcalde municipal a las 7:15 horas del 26 de octubre de 2009 y cualquier acto conexo. Peticionó se declara la prescripción sobre las actuaciones dentro del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 603 del Código de Trabajo; que su despido fue injustificado según lo establecido en el numeral 83 ibídem y que se le reinstalara en su puesto. Demandó el cobro de diez horas extra por mes, desde el año 2000 y hasta enero de 2009; preaviso; cesantía y salarios caídos desde su despido y hasta la efectiva reinstalación; así como el pago de daño material, moral y perjuicios, intereses sobre las sumas peticionadas y que las costas se impusieran a la demandada (folios 1 a 14). La representación de la accionada contestó en forma negativa la acción y solicitó denegar las pretensiones de la demanda (folios 53 a 59). En primera instancia se declaró parcialmente con lugar la demanda y se anuló todo lo actuado dentro del procedimiento disciplinario, incluyendo la resolución n° ALC-133-2009 se ordenó la reinstalación del actor, en el puesto que venía desempeñando, con el correspondiente pago de los salarios caídos y en caso de que no optara por la reinstalación, se le concedió el pago de preaviso y cesantía. También se condenó al pago de 1040 horas extra, intereses sobre las sumas otorgadas y las costas se impusieron a la demandada en un veinticinco por ciento del total de la condenatoria (folios 220 a 226 ftes y vtos). Dicho fallo fue recurrido por la representación de la perdidosa pero el Tribunal de Trabajo de Puntarenas confirmó la sentencia impugnada (folios 332 a 334 ftes y vtos).

II.- AGRAVIOS DE LA RECURRENTE: Ante la Sala, la representante de la municipalidad accionada, recurre la sentencia del tribunal, por considerar que dicho fallo debe revocarse en cuanto se anuló el acto de despido por no haber sido consultada la Junta de Relaciones Laborales de la accionada y en abono de su tesis cita la sentencia de este Órgano, n° 2013-901 de las 10:25 minutos del 09 de agosto de este año, que se dictó en un asunto idéntico al que nos ocupa. Aduce que en el recurso de apelación que la legislación prevé para este tipo de actos administrativos, es facultativa la participación de la Junta de Relaciones Laborales y que de los autos no se observó que el actor interpusiera gestión alguna ante esa instancia, de manera que el no pronunciamiento de ese órgano, no podría verse como una transgresión al debido proceso. Esboza que ya ha sido objeto de interpretación por parte de esta Sala, los artículos 11, 42 y 43 de la Convención Colectiva vigente en la accionada. Alega que en los pronunciamientos precedentes, medió una errónea interpretación de lo dispuesto en los numerales 149 y 150 del Código Municipal ya que en su criterio, no se utilizó la versión vigente de dichas normas. Acota que en todo caso, su representada sí le comunicó a la Junta de Relaciones, del procedimiento seguido contra el accionante; esto mediante documento enviado el 28 de octubre de 2009 que consta a folio 224 del expediente administrativo, por lo que el punto en discusión es el momento en que debe hacerse tal comunicación a dicha junta, ya que el ordinal 11 de la convención, no establece en ese sentido, de manera que en la sentencia recurrida, no se puede hacer distinción donde la ley no lo dispuso. Manifiesta que la norma citada hace indicación a que la Junta conocerá en apelación, lo que por sentido común se entiende que ya el acto final se ha dictado, por lo que el razonamiento del tribunal resulta improcedente. Realiza una explicación de la función de las juntas de relaciones laborales y cita la sentencia n° 2004-6843 de las 10:06 horas del 25 de junio de 2004, dictada por la Sala Constitucional. Esgrime como segundo agravio el hecho de que en el fallo impugnado se determinara que la carga de la prueba en cuanto al extremo de horas extra, le corresponda a su representada pues en su criterio, la situación del actor, no se enmarca dentro de lo normal sino, excepcional y trae a colación lo dicho por este Órgano, mediante el voto n° 563-2002, de las 8:55 horas del 08 de noviembre de 2002. Indica que al tratarse de una relación de empleo público, el horario del demandante se encuentra dispuesto en los artículos 96 del Reglamento Autónomo de Servicios y de Organización y 39 de la Convención Colectiva por lo que estima errada la apreciación del tribunal, en cuanto indicó que no se conocía cual era el horario de trabajo del accionante y agrega que del expediente judicial, no se desprende que éste laborara en jornada extraordinaria. Manifiesta que en todo caso, cuando alguna persona funcionaria, trabaja horas extra, le son canceladas como en derecho corresponde y así se acreditó mediante la prueba testimonial recabada en autos. Por lo anterior solicita se anule la sentencia recurrida y se ordene el dictado de un nuevo pronunciamiento en el que se declare que el accionante cometió las faltas que produjeron su despido (folios 345 a 361).

III.- DEL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO: La sentencia impugnada consideró que la remoción del actor es nula, por cuanto, en sede administrativa se desaplicó la normativa convencional que obligaba a la accionada a someter a conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales el expediente disciplinario, luego de que el órgano director adoptara la respectiva recomendación; puesto que la accionada se limitó a comunicar a dicha Junta la decisión ya adoptada de despedir al demandante. Tal procedimiento se encuentra establecido en la Convención Colectiva vigente, por lo que de seguido se hará el estudio de las normas atinentes. Los numerales 11 y 42 de dicho instrumento por su orden disponen: “Todo trabajador que haya cumplido satisfactoriamente su periodo de prueba, será considerado empleado permanente de la Municipalidad. Cuando se considere que un trabajador haya incurrido en causa de despido, este será suspendido mientras se le investiga y se le cancelará el salario correspondiente y se informará a la Junta de Relaciones Laborales, para que esta proceda a estudiar y pronunciar (sic) sobre la gestión de despido, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles. En los casos en que se probare que no había justificación para el despido, la Municipalidad se compromete, a solicitud del trabajador a lo siguiente: a) A pagar las prestaciones de preaviso y cesantía que le correspondiera al trabajador, o en su defecto, a reinstalarlo en sus labores” (resaltado no es del original). Y, “ La Junta de Relaciones Laborales, quedará integrada quince días después de la firma de la presente Convención Colectiva y se reunirá una vez al mes en forma ordinaria, y previo pedido de cualquiera de las partes interesadas, podrá sesionar extraordinaria en cualquier momento. El quórum se formará con la mitad más uno, del total de sus miembros, y sus resoluciones se tomarán por simple mayoría de los presentes, con carácter resolutivo. Conocerán en apelación de las sanciones disciplinarias y despido, pronunciándose de conformidad con las normas establecidas. Una vez analizando el caso se conocerá y planteará a los organismos correspondientes las solicitudes de quejas, disputas, permisos o reclamos de los trabajadores y gestionará respuestas satisfactorias a los interesados de los mismos. Impulsará proyectos de vivienda, cooperativas culturales para lo cual, buscará el respectivo financiamiento e integrará las comisiones de trabajo que sean necesarias para la implantación de las mismas./ En caso de empate de la Junta de Relaciones Laborales, se convocará a una próxima reunión en la cual se contará con la presencia de un licenciado en leyes, el cual deberá tener gran conocimiento en materia laboral y el sindicalismo y tendrá voz y voto para que defina la situación. Además deberá actuar con fines neutrales e imparciales y sus horarios serán cubiertos por ambas partes el nombramiento de este profesional debe contar con la anuencia de ambas partes Municipalidad y Sindicato” (resaltado no es del original). Analizadas tales disposiciones en lo que aquí interesa (pues sobre la naturaleza recomendativa de los informes de esos órganos bipartitos, se ha vertido reiterada jurisprudencia, entre la que se puede ver la sentencia nº 901-2013, de las 10:25 horas del 09 de agosto de este año), esta Sala llega a la conclusión de que lo resuelto por el tribunal en este punto, debe revocarse por las siguientes consideraciones. De lo dispuesto en las normas convencionales no se desprende que exista un justo momento en que se deba dar parte a la Junta de Relaciones Laborales, y como bien lo señala la recurrente, si en el artículo 42 citado, se le otorga a dicha instancia, la posibilidad de conocer en apelación, las sanciones disciplinarias o despidos acordados, es porque previamente a su participación, se ha dictado un acto que contiene la sanción que será objeto de análisis. Obsérvese que la Junta fue establecida como una instancia superior capaz con su dictamen de hacer variar la decisión adoptada por el jerarca. A esa conclusión se arriba con mucho más razón si se toma en consideración el contenido del numeral 43 convencional relativo a las funciones de la Junta de Relaciones laborales, el que en lo que interesa reza: “(…) c) Planteada la acción de despido, traslado, suspensión, permuta, o cualquier otra gestión que tienda a modificar en perjuicio del trabajador, el contrato individual de trabajo, por el departamento de personal, la misma se pondrá en conocimiento tanto del Ejecutivo Municipal, como de la Junta de Relaciones Laborales. El Ejecutivo escuchará un informe de aquella en los tres días posteriores a la entrega del informe mencionado./ d) Si no hay conformidad con la resolución del Ejecutivo, o no habiendo tenido respuesta de este, se pasará el informe a la Junta de Relaciones Laborales, la cual entrará de inmediato en el asunto, para su pronunciamiento final . Mientras esté en trámite una acusación contra un servidor municipal, este seguirá laborando, siempre y cuando la falta no lo inhabilite para continuar desempeñando el puesto. El trabajador asimismo devengará el salario hasta el momento en que se compruebe de que se le acusa” (resaltado no es del original). En concordancia con lo expuesto y de un estudio tanto de los autos como del expediente administrativo, no se acredita que el actor solicitara a la Junta de Relaciones Laborales su intervención, mas si se desprende de las actuaciones en vía administrativa, que la accionada procedió a comunicar la decisión de despido, mediante oficio nº 136-ALC-2009, suscrito por la alcaldesa interina de la municipalidad el día 28 de octubre de 2009, el mismo día en que notificó el despido al gestionante (folios 223 y 224 del expediente administrativo), sin que mediara pronunciamiento alguno por parte de ese órgano. Véase que la demandada siguió el procedimiento establecido en el numeral de cita pues procedió con la comunicación correspondiente, de ahí que, no se comparta el fundamento en que se ha sustentado la nulidad del procedimiento disciplinario. Así las cosas, no observa este Órgano Jurisdiccional, violación alguna al debido proceso que requiera la anulación de lo actuado. En todo caso debe recordarse que el debido proceso contiene elementos esenciales como: “a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) Derecho a ser oído y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) Oportunidad para el administrado para preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos vinculados con la cuestión de que se trate; d) Derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos, y a otras personas calificadas; e) Notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde; y, f) Derecho del interesado de recurrir la resolución dictada. De ellos se derivan, a su vez, principios tales como el de intimación, el de imputación, los de amplitud, legitimidad, inmediación y valoración razonable de la prueba y los de fundamentación, congruencia y eficacia del acto final (al respecto, pueden consultarse los Votos de la Sala Constitucional N°s. 15-90, de las 16:45 horas, del 5 de enero de 1990; 297-92, de las 10:25 horas, del 7 de febrero de 1992; 1739-92, de las 11:45 horas, del 1 de julio de 1992; 5653-93, de las 8:22 horas, del 5 de noviembre de 1993; 2660-94, de las 15:36 horas del 7 de junio de 1994; 2945-94, de las 8:42 horas, del 17 de junio de 1994; y, 1720-96, de las 9:06 horas del 19 de abril de 1996). Los derechos de audiencia y defensa comprenden la necesidad de que, la causa del procedimiento, sea comunicada al justiciable y que se le impute, concreta y formalmente, la falta que se le achaca, como servidor público” (la cursiva es suplida) (voto n° 2001-0695 de las 10:10 del 23 de noviembre de 2001 de este despacho). Analizado minuciosamente lo actuado en sede administrativa se constata que no hubo conculcación del derecho de defensa del investigado. En efecto, se aprecia que fue debidamente intimado de la existencia del proceso en su contra. En todo momento conoció los hechos que iban a ser objeto de pesquisa, tuvo acceso al expediente y, se le dio la oportunidad de presentar el material probatorio necesario para salvaguardar sus derechos e hizo uso de los mecanismos de impugnación regulados por la legislación costarricense. Corolario, lleva razón la recurrente en su inconformidad y lo procedente es revocar la sentencia de segunda instancia en cuanto confirmó el fallo del juzgado y declaró nulo el procedimiento disciplinario seguido contra el actor, para en su lugar confirmar el acto de despido contenido en la resolución nº ALC-133-2009, de las 7:15 horas del 26 de octubre de 2009 y declarar sin lugar la demanda en cuanto a ese extremo.

IV.- SOBRE LA PROCEDENCIA DEL DESPIDO: Por la forma en que se han resuelto los agravios relacionados con el trámite de la investigación, corresponde ahora abocarse a conocer por el fondo, si el despido del actor fue ajustado a derecho o si por el contrario, dicho acto administrativo debe revocarse. El actor fue despedido sin responsabilidad patronal por haber incurrido en pérdida objetiva de confianza al consignar información errónea en el documento denominado “uso de suelo”, lo que indujo a error a terceras personas. Esta Sala es del criterio que la remoción se encuentra justificada pues de las probanzas se acreditó un actuar negligente por parte del accionante. Específicamente indicó en el “uso de suelo” nº DI-110507-I del 11 de mayo de 2007, que los terrenos correspondientes a los planos catastrados números P-758320-2001; P-799647-2002; P-799642-2002; P-799639-2002; P-799640-2002; P-799644-2002; P-799638-2002; P-799643-2002; P-799641-2002 Y P-799645-2002, se encontraban en la Sub Zona Residencial Media Densidad (SZMD), lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Regulador Urbano vigente a ese momento y de seguido consignó el acuerdo municipal nº 6, artículo 3 del acta nº 285 del 08 de diciembre de 2005 (folio 138 fte y vto y folios 18, 19 y 39 del expediente administrativo). Pero ciertamente no fue correcto afirmar que las propiedades acerca de las cuales se estaba emitiendo el “uso de suelo”, se encontraran en zona de mediana densidad, pues mediante nota del 25 de agosto de 2006, el ingeniero de la municipalidad accionada, hizo saber al gestionante de los permisos municipales que dichos terrenos se encontraban “(…) dentro de la zona de la zonificación de Zona de Protección Forestal (…)” (resaltado no es del original) (folios 21, 41 y 104 del expediente administrativo). Nótese que aunque el Concejo Municipal de la zona, acordó mediante el artículo y sesión mencionadas en el documento cuestionado, el cambio de uso de suelo de Sub Zona de Protección Forestal a Sub Zona Residencial de Media Densidad, lo cierto es que el actor siendo un funcionario con experiencia en el ejercicio de su cargo, aun más ostentaba el cargo de Coordinador del Departamento de Inspecciones de la accionada, no podía ampararse en el hecho de que existiera un acuerdo municipal vigente que se presumía como válido, pues claramente era de su conocimiento que el Plan Regulador del cantón de Aguirre, clasificaba los inmuebles dentro de áreas protegidas por ser de corte forestal y que además ese plan no había sufrido modificaciones por el órgano que ostenta la competencia para hacer cambios a dicha normativa, cual es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), esto de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Planificación Urbana que literalmente dice: “Corresponden asimismo a la Dirección de Urbanismo dentro de las funciones de control que le asigna el inciso 4) del artículo 7º, las siguiente (sic): 1) Revisar y aprobar los planes reguladores y sus reglamentos, antes de su adopción por las municipalidades; (…)” (resaltado no es del original). Además el numeral 17 íbidem impone un procedimiento a seguir cuando se quiera introducir alguna modificación al plan regulador, de manera que deben observarse los siguientes pasos: “(…) 1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles; 2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado en dicha oficina o difiera del que aquélla hubiere propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos en el artículo 13; 3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y 4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus reglamentos” (resaltado no es del original). Especificaciones conocidas por quienes laboraban para el municipio, pues el testigo [Nombre 006] declaró: “El plan regulador no ha sido variado, se mantiene vigente de junio de dos mil dos”. “El procedimiento y su variación, en el artículo 17 de ley de planificación urbana (sic) lo indica. Debe existir una audiencia, para indicar al público, una aprobación del Invu, darse a conocer esa aprobación del Invu, y la publicación final de parte de las dependencias correspondientes, y los estudios técnicos donde se hizo la modificación total o parcial del plan regulador”. Además en su experiencia como inspector municipal manifestó: “Si el Consejo (sic) dicta una directriz, y no en mi criterio cumple, yo emito una certificación, pero indico que lo hago bajo protesta, y así lo hago constar” (resaltado no es del original) (acta de prueba testimonial de folio 121 fte y vto). Como se puede ver con meridiana claridad, en la especie no se siguieron las prescripciones legales obligatorias, para que pudiera aplicarse una modificación al plan regulador de la municipalidad accionada y en virtud de lo anterior, el accionante no debió haber consignado información que cambiara lo descrito en el plan regulador y más aun, indicar en el “uso de suelo” que se emitía de conformidad con lo establecido en dicha regulación. Así que no es una defensa aceptable el hecho de alegar desconocimiento de la normativa citada, pues en consideración de esta Sala, son los lineamientos mínimos que debió consultar el investigado. Tampoco se puede calificar de atenuante el que se contara con una resolución de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), pues ello no merma la responsabilidad que tenía el actor de señalar la situación real de los inmuebles a los cuales se le gestionó “uso de suelo”, todo de acuerdo al plan regulador vigente a ese momento. Además, de la prueba testimonial que obra en autos, también se acredita la falta cometida por el demandante. En ese sentido el testigo [Nombre 007] -quien laboraba como ingeniero de la accionada- señaló que “Era parte de la labor de [Nombre 001], transcribir el plan regulador en la propiedad del cliente” e hizo hincapié en que el objetivo de la emisión del “uso de suelo”, es la de “determinar la zona o subzona en que estaba la propiedad, para ver que tipo de edificación se puede construir” (resaltado no es del original) (acta de prueba testimonial de folio 117 fte y vto). Por su parte, el declarante [Nombre 008] señaló que al solicitársele un estudio sobre los inmuebles, pudo determinar que según el plan regulador, estos se encontraban como zona de protección forestal y aseguró tener conocimiento de que “se emitió un uso de suelo, en donde se indicó que el terreno tenía otro uso de suelo, del que dice el reglamento del plan regulador (…) en la Municipalidad tenemos un mapa, lo que se ve, es que los planos esta (sic) en zona de protección forestal” (acta de prueba testimonial de folio 118 a 119 ftes y vtos). El deponente [Nombre 009], quien fungía como alcalde en el período en que el demandante otorgó el “uso de suelo” cuestionado, acotó que en el asunto particular “(…) le habían dado el permito (sic), pero no estuve de acuerdo” (acta de prueba testimonial de folio 120 fte y vto), pues siendo éste el superior del accionante, no es de recibo el argumento de que mediaba un deber de obediencia en relación con el acuerdo municipal que variaba el plan regulador, pues de acuerdo a los artículos 17 y 124 del Código Municipal, a quien debe rendir cuentas en el ejercicio de sus labores, es al alcalde del municipio, de manera que no tiene relevancia la tesis del deber de obediencia utilizada por el accionante en relación con el acuerdo municipal que se dictara al margen de la ley, ya que no se encuentra sujeto a las órdenes del Concejo Municipal. De toda suerte, como cualquier funcionario público se encuentra sujeto a lo dispuesto en la ley (artículo 11 de la Constitución Política) y debió haber tomado en cuenta a la hora de obrar, los deberes que le son impuestos, por disposición establecida en el artículo 147 del Código Municipal, tales como: “a) Respetar esta ley y sus reglamentos, así como cumplir las obligaciones vigentes en sus cargos. b) Prestar los servicios contratados con absoluta dedicación, intensidad y calidad, responsabilizándose de sus actos y ejecutando sus tareas y deberes con apego a los principios legales, morales y éticos. c) Guardar la consideración debida al público atenderlo con diligencia, afán de servicio y buen trato, de modo que no se origine queja justificada por mal servicio o atención. d) Garantizar, a la administración municipal, su compromiso en cuanto a la integridad y fidelidad en su trabajo la naturaleza que sea, en aras de lograr el cumplimiento de los objetivos y la misión de la municipalidad. e) Cuidar, resguardar, preservar y emplear debidamente los recursos públicos municipales. f) Observar en su trabajo buenas costumbres y disciplina, así como un trato respetuoso para sus compañeros de trabajo, superiores y autoridades. g) Responder por los daños o perjuicios que puedan causar sus errores o los actos manifiestamente negligentes propios de su responsabilidad. h) Guardar discreción sobre asuntos relacionados con su trabajo o vinculados con otras dependencias municipales, cuya divulgación pueda usarse contra los intereses de la municipalidad. i) Sugerir, en el momento oportuno y ante la instancia administrativo-jerárquica correspondiente, lo que considere adecuado para el mejor desempeño de sus labores. j) Desempeñar dignamente sus cargos” (resaltado no es del original). En todo caso, aun entendiéndose que el actor debió acatar el cambio dispuesto erróneamente, lo cierto es que éste no había adquirido eficacia, pues al ser un acto de alcance general, debía tener su publicidad en el diario oficial y posterior a ese requisito solemne, proceder a su aplicación, no obstante de los autos se desprende otra realidad diferente, cual es el hecho de que el acuerdo municipal en cuestión, fue publicado hasta el 30 de junio de 2006 (Gaceta nº 126) y el documento de “uso de suelo” que contiene la información equivocada, data del 12 de junio de 2006, de manera que ni aun en ese supuesto, se podría hablar de una conducta responsable por parte del actor, pues ni siquiera se tomó el tiempo para verificar si el acto administrativo era ya, válido y eficaz. Así las cosas, no son de recibo, los alegatos del actor en cuanto a que no es un profesional en derecho que tuviera que saber que un acuerdo municipal no podía modificar el plan regulador o que no debía aplicar tal decisión aunque claramente fuera ilegal, ya que -como se indicó-, para elaborar los documentos denominados “usos de suelo”, debía contar con la experticia necesaria y el conocimiento de la normativa aplicable a este tipo de actuaciones administrativas y era el coordinador del Departamento de Inspecciones de la demandada. Ante tal escenario lo procedente es confirmar el acto de despido contenido en la resolución nº ALC-133-2009 de las 7:15 horas del 26 de octubre de 2009, en el que se despidió sin responsabilidad patronal al accionante, por haber incurrido en una pérdida objetiva de confianza debido a las actuaciones endilgadas.

V.- EN CUANTO AL RECLAMO POR HORAS EXTRA: Como fue correctamente indicado por la impugnante en cuanto a la acreditación de las labores en tiempo extraordinario, esta Sala ha señalado que la carga probatoria corresponde normalmente a la persona trabajadora, por cuanto tal aspecto no constituye uno de naturaleza básica o esencial del contrato de trabajo; pues, dicho de otra forma, la jornada extraordinaria está prevista como una cuestión excepcional en el desarrollo normal de una relación laboral. En ese sentido, en la sentencia número 563 de las 8:55 horas, del 8 de noviembre de 2002, se señaló:

“Ahora bien, normalmente -y según lo expuesto-, en derecho laboral, la mayor responsabilidad –no toda– de aportar la prueba necesaria que sustente el cumplimiento de las obligaciones que le son reclamadas por el trabajador recae sobre el patrono demandado, por cuanto posee una mayor facilidad de preconstituirla durante el transcurso de la relación laboral. No obstante, como la jornada extraordinaria no constituye un elemento normal y permanente, sino uno de orden excepcional, y se encuentra sujeta a límites y requisitos que buscan, precisamente, proteger al trabajador, de jornadas extenuantes que atenten contra su salud física y mental, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 317 del Código Procesal Civil y 452 del de Trabajo, es responsabilidad única y exclusiva del trabajador demostrar que la laboró. Si éste cumple con esa carga, surge para el patrono la de probar su pago, conforme con lo preceptuado por nuestro ordenamiento” (resaltado no es del original) (también pueden consultarse las sentencias números 604 de las 8:45 horas, del 6 de diciembre; 637 de las 8:40 horas, del 13 de diciembre, ambas de 2002; y, la número 6 de las 9:20 horas, del 16 de enero de 2004). No obstante lo anterior, también se ha apuntado que cuando se cobran horas extra en virtud de haberse laborado, en forma permanente, una jornada superior a la ordinaria, debe la parte patronal -si quiere eximirse de su pago-, acreditar que la parte trabajadora no ejecutaba la jornada que afirma, sino otra. Sobre este aspecto, esta Sala en el voto número 1032 de las 10:30 horas, del 8 de noviembre de 2006 resolvió: “Sin embargo, cuando el patrono o la empresa por los requerimientos de su giro tienen una jornada mayor a la ordinaria, de forma habitual, convirtiéndose en lo cotidiano en la relación laboral, y el trabajador se ve compelido a prestar sus servicios de esa manera, corresponde al empleador desvirtuar la jornada que el trabajador afirma cumplía” (resaltado no es del original) (también, pueden consultarse, entre otros, los votos números 520 de las 9:38 horas, del 23 de junio; 563 de las 9:52 horas, del 30 de junio; y 723, de las 10:20 horas, del 9 de agosto; todas de 2006; 738 de las 10:15 horas, del 29 de agosto; 907 de las 10:10 horas y 912 de las 10:35 horas, ambas del 22 de octubre; 987 de las 10:10 horas, del 21 de noviembre, estas últimas de 2008, y 322 de las 9:50 horas, del 24 de abril de 2009). De manera que ante ese cuadro normativo y jurisprudencial, es claro que esta Sala estima que la carga de la prueba respecto de horas extra, recae sobre la persona trabajadora cuando responda a una situación excepcional, mas si la jornada extraordinaria se convierte en una arista ordinaria dentro de la relación laboral, será en el patrono, en el que recaiga la carga de la prueba para acreditar que la jornada laborada era otra y el pago correspondiente a esta, ello, por ser la parte que durante la efectiva vigencia de la relación, tiene mayores posibilidades de recabar las pruebas que demuestren las verdaderas condiciones de ejecución del contrato. Aplicando lo dicho al caso en cuestión, se tiene que el actor manifestó en su demanda que laboraba diez horas extra al mes, mas no indica el horario en que laboró éstas. Aunado a lo anterior se desprende de la prueba testimonial que laboraba en el horario establecido en el Reglamento Autónomo de la institución. Específicamente el testigo [Nombre 008] señaló que: “El horario de [Nombre 001] era de siete de la mañana a cuatro de la tarde, de lunes a viernes” (resaltado no es del original) (acta de prueba testimonial de folio 117 fte y vto). De otra parte, el declarante [Nombre 009] manifestó que sí le constaba que el demandante laboraba horas extra porque era su jefe inmediato pero de seguido hace la indicación de que “siempre se les reconocía el pago de horas extra, se incluía el tiempo en la planilla” y ratifica recordar “ haber firmado horas extra de [Nombre 001]. 4) Siempre se pagaban horas extra” y hace la observación de que “sí había algo especial, se les avisaba (…)” (resaltado no es del original) (acta de prueba testimonial de folio 120 fte y vto). De tales probanzas se desprende el hecho de que no era una situación ordinaria que el actor laborara horas extra, sino que como lo declaró su jefatura inmediata, era debido a motivos especiales, por lo que la carga de la prueba para acreditar la labor extraordinaria recaía en el accionante y siendo que en autos no constan elementos que demuestren tales labores, sino más bien, que señalan que cada vez que el demandante laboraba de manera no habitual, se le retribuía lo correspondiente, también debe revocarse lo dispuesto en cuanto condenó a la municipalidad accionada al pago de horas extra, para en su lugar declarar sin lugar dicha pretensión. VI.- DE LA CONDENATORIA EN COSTAS: Si bien es cierto, la imposición de las costas no fue objeto de recurso, por la forma en que se resuelve esta litis, deberá variarse lo dispuesto en ese sentido. En materia laboral, el tema de las costas, está regulado en los numerales 494 y 495 del Código de Trabajo. El primero dispone que la sentencia debe contener pronunciamiento de ese extremo, ya sea para condenar al pago de las procesales, o de ambas; o bien, para fallar sin especial condenatoria. En este último supuesto cada parte correría con sus respectivos gastos. Por su parte, el artículo 495 establece que la sentencia deberá regular prudencialmente los honorarios correspondientes a los abogados, sin que se fijen en un porcentaje menor al quince por ciento ni mayor al veinticinco, del importe líquido de la condenatoria o de la absolución y, cuando el asunto no sea susceptible de estimación pecuniaria, la persona juzgadora debe fijarlos prudencialmente según el dictado racional de su conciencia. En este asunto, tomando en consideración que el accionante pretendía entre otros extremos la nulidad del despido y su reinstalación, así como el pago de preaviso y cesantía en caso de que accediera al regreso de su puesto y el pago de horas extra; ha resultado vencido en sus pretensiones, deberá imponérsele dichos gastos, los cuales se fijan prudencialmente en doscientos cincuenta mil colones.

VII.- DISPOSICIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, procede revocar la sentencia impugnada, en cuanto declaró la nulidad del procedimiento administrativo incoado contra el actor, ordenó su reinstalación con el pago de salarios caídos y en caso de que no accediera a la reinstalación concedida el pago de preaviso y cesantía; otorgó el pago de horas extra e intereses sobre todos los extremos concedidos y condenó en costas a la demandada, para en su lugar declarar sin lugar en todos sus extremos la acción interpuesta. Asimismo procede imponer las costas de este proceso al accionante, fijando las personales prudencialmente en doscientos cincuenta mil colones.

POR TANTO:

Se revoca la sentencia recurrida, en cuanto declaró la nulidad del procedimiento administrativo incoado contra el actor, ordenó su reinstalación con el pago de salarios caídos y en caso de que no accediera a la reinstalación concedida, el pago de preaviso y cesantía; otorgó el pago de horas extra e intereses sobre todos los extremos concedidos y condenó en costas a la demandada, para en su lugar desestimar en todos sus extremos la acción interpuesta. Se imponen las costas de este proceso al accionante, fijando las personales prudencialmente en doscientos cincuenta mil colones.

Orlando Aguirre Gómez Julia Varela Araya Rolando Vega Robert Eva María Camacho Vargas Héctor Blanco González cgutic- 2 Clasificación elaborada por SALA SEGUNDAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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