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Res. 02940-2024 Sala Segunda de la Corte · Sala Segunda de la Corte · 08/11/2024
OutcomeResultado
The State's cassation appeal is denied; the border police officer's right to the high-risk operations incentive is upheld, along with the award of interest, indexation, and costs.Se declara sin lugar el recurso de casación del Estado y se confirma el derecho del policía de fronteras al incentivo de operaciones de alto riesgo, así como la condena a intereses, indexación y costas.
SummaryResumen
The Second Chamber of the Supreme Court of Justice rules on an appeal filed by the State against a judgment that ordered the Ministry of Public Security to pay the "High-Risk Operations" salary incentive to a Border Police officer. The court upholds the lower court's decision, finding that the plaintiff's duties —border surveillance, crime prevention, drug trafficking combat, and environmental protection, among others— are comparable to those of the Civil Guard and the Rural Assistance Guard described in Articles 21 and 22 of the General Police Law (Law 7410), thus entitling him to the bonus created by the Budgetary Authority in 2000. It rejects the State's arguments regarding violations of the principles of legality and budgetary legality, holding that these must yield to the fundamental rights to equal pay and non-discrimination, protected by the Political Constitution and various international instruments. It also upholds the joint award of interest and indexation, and the imposition of costs on the State, finding that it did not litigate in good faith.La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia resuelve un recurso de casación interpuesto por el Estado contra una sentencia que condenó al Ministerio de Seguridad Pública a pagar el incentivo salarial de "Operaciones de Alto Riesgo" a un oficial de la Policía de Fronteras. El tribunal confirma el fallo de instancia, al considerar que las funciones del demandante —vigilancia de fronteras, prevención del delito, combate al narcotráfico y protección del ambiente, entre otras— son equiparables a las de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural descritas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía (Ley 7410), por lo que tiene derecho al sobresueldo creado por la Autoridad Presupuestaria en el año 2000. Rechaza los argumentos estatales sobre violación a los principios de legalidad y legalidad presupuestaria, señalando que estos ceden ante los derechos fundamentales a la igualdad salarial y a la no discriminación, protegidos por la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales. Asimismo, confirma la condena conjunta de intereses e indexación, y la imposición de costas al Estado, por considerar que no litigó con buena fe.
Key excerptExtracto clave
On repeated occasions, this Chamber has issued rulings in cases similar to the present one, in which plaintiffs have requested payment of the incentive called 'High-Risk Operations', belonging to police forces of the Ministry of Public Security that perform functions set forth in Articles 21 and 22 of the General Police Law (Law No. 7410), such as border police officers, provided they fall within the factual scenarios stated in the agreement that authorized that incentive, and therefore they are entitled to the same legal consequences, i.e., payment of that bonus (on this topic, see, from this Chamber, decisions Nos. 02993-2022 of 11:05 a.m. on October 26, 2022; 0642-2023 of 10:25 a.m. on March 24, 2023). [...] Therefore, it is concluded that the plaintiff’s police functions are comparable to those assigned to members of the Civil Guard and the Rural Assistance Guard, i.e., those framed within Article 22 of the General Police Law. The Chamber notes that the Ministry of Public Security has sought recognition of the bonus for other police forces (see images 113-125), precisely on the basis of equal conditions. In that regard, even though the defendant Ministry is subject to the guidelines and directives issued by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority, the courts are not obliged to apply a regulation that creates, without any basis whatsoever, a situation of salary inequality, contrary to Articles 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1 and 2 of the Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95), and 1 and 2 of the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), 7 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (Protocol of San Salvador), 57 of the Political Constitution, and 167 of the Labor Code, all of which protect the right to equal pay under identical conditions of efficiency. In this sense, Article 8 of the Organic Law of the Judicial Branch, as relevant, states: 'Judicial officers may not: /2.- Apply decrees, regulations, agreements, and other provisions contrary to any higher-ranking norm.' Consequently, the grievance raised by the State representative arguing that the lower court's ruling violates the principles of legality and budgetary legality must be rejected, because there are higher legal values that must be protected above the decision of that technical body.En reiteradas ocasiones, se ha externado criterio en casos similares al presente, en los que las personas demandantes han solicitado el pago del incentivo denominado “Operaciones de Alto Riesgo”, al pertenecer a cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública que realizan funciones de las previstas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía (Ley n.º 7410), como lo son los policías de fronteras, siempre y cuando se encuentren en los supuestos de hecho enunciados en el acuerdo que autorizó ese incentivo, por lo cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas, como es el pago de ese emolumento (sobre este tema, puede observarse, de esta Sala, los votos números 02993 – 2022 de las 11:05 horas del 26 de octubre de 2022; 0642 – 2023 de las 10:25 horas del 24 de marzo de 2023). [...] Por ello, se concluye que las funciones policiales del accionante son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de la Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 de la Ley General de Policía. La Sala advierte que el Ministerio de Seguridad Pública ha pretendido el reconocimiento del sobresueldo respecto de otros cuerpos policiales (ver imágenes 113-125), precisamente por considerar la igualdad de condiciones. En ese sentido, aunque el Ministerio demandado se encuentre sujeto a los lineamientos y directrices emanados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, los órganos jurisdiccionales no están obligados a aplicar una normativa que crea, sin sustento alguno, una situación de desigualdad salarial, contrariando lo dispuesto en los artículos 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1 y 2 del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) y 1 y 2 del Convenio sobre la fijación de salarios mínimos de 1970 (núm. 131), 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 57 de la Constitución Política y, 167 del Código de Trabajo, en los que se tutela el derecho a la igualdad salarial en idénticas condiciones de eficiencia. En ese entendido, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo conducente, apunta: “Los funcionarios que administran justicia no podrán: /2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones contrarias a cualquier otra norma de rango superior.” En consecuencia, el agravio formulado por la representante estatal al argumentar que lo resuelto por el Juzgado lesiona los principios de legalidad y legalidad presupuestaria debe rechazarse, pues hay valores jurídicos de mayor relevancia que deben ser tutelados por encima de la decisión de dicho órgano técnico.
Pull quotesCitas destacadas
"las funciones policiales del accionante son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de la Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 de la Ley General de Policía."
"the plaintiff’s police functions are comparable to those assigned to members of the Civil Guard and the Rural Assistance Guard, i.e., those framed within Article 22 of the General Police Law."
Considerando IV
"las funciones policiales del accionante son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de la Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 de la Ley General de Policía."
Considerando IV
"los órganos jurisdiccionales no están obligados a aplicar una normativa que crea, sin sustento alguno, una situación de desigualdad salarial, contrariando [...] los artículos [...] en los que se tutela el derecho a la igualdad salarial en idénticas condiciones de eficiencia."
"the courts are not obliged to apply a regulation that creates, without any basis whatsoever, a situation of salary inequality, contrary to [...] articles [...] that protect the right to equal pay under identical conditions of efficiency."
Considerando IV
"los órganos jurisdiccionales no están obligados a aplicar una normativa que crea, sin sustento alguno, una situación de desigualdad salarial, contrariando [...] los artículos [...] en los que se tutela el derecho a la igualdad salarial en idénticas condiciones de eficiencia."
Considerando IV
"entre éstos [principios de legalidad y legalidad presupuestaria] y los principios de igualdad e igualdad salarial, deben prevalecer los últimos a fin de no generar discriminación."
"between those [principles of legality and budgetary legality] and the principles of equality and equal pay, the latter must prevail in order to avoid discrimination."
Considerando IV
"entre éstos [principios de legalidad y legalidad presupuestaria] y los principios de igualdad e igualdad salarial, deben prevalecer los últimos a fin de no generar discriminación."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
**Second Chamber of the Court** **Resolution No. 02940 - 2024** **Date of Resolution:** November 8, 2024, at 11:20 a.m.
**Case File:** 23-000341-1288-LA **Drafted by:** Julia Varela Araya **Type of matter:** ordinary **Analyzed by:** SECOND CHAMBER **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Text of the resolution** Supreme Court of Justice SECOND CHAMBER Res: 2024002940 SECOND CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours and twenty minutes on the eighth of November of two thousand twenty-four.
Ordinary proceeding filed before the Labor Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, by [Name 001], police officer, resident of Alajuela, against the STATE, represented by its deputy prosecutor, attorney Marjorie Patricia Agüero Araya, resident of Heredia. Both of legal age and married.
Drafted by Magistrate Varela Araya; and, **WHEREAS:** **I.- BACKGROUND:** In his complaint, the plaintiff alleged that on April 1, 2012, he began working for the Ministry of Public Security as a police agent and that, from December 2014 to the present, he has been assigned as a border police officer. He stated that his duties consist of ensuring citizen security, national sovereignty, territorial integrity, public order, preventing and suppressing the commission of crimes, surveillance, raids, joint operations with the Public Force, highway control, crime prevention, and drug control operations. He reported that despite performing tasks that put his integrity and life at risk, the Administration, since the second half of May 2018, has not paid him the high-risk operations incentive. For the reasons stated, he requested that the State be ordered to pay the aforementioned salary bonus retroactively from the second half of May 2018. Furthermore, he requested that the adjustment of seniority payments (anualidades), school salary, Christmas bonus, employer-employee contributions, and contributions to the Labor Capitalization Fund be ordered. Likewise, the imposition of payment of both costs. The State representative answered the complaint in the negative. She raised the defense of lack of right. She admitted that the petitioner began working for her client in the position of Agent I, but clarified that he was appointed as a border police officer on March 27, 2015. She pointed out that the dangerousness of the tasks the plaintiff performs is remunerated through the police risk incentive. She added that the high-risk bonus is only recognized for public servants appointed to budget codes affected by this payment, from which the Border Police is excluded. She emphasized that the plaintiff stopped receiving this bonus as of May 16, 2018, since he was reassigned from the Police Delegation of the Catedral District to the Border Police Directorate, according to Resolution number 194-2018-RP-DRH, changing his job class to Subofficial II, so from that date to the present, he is appointed to a budget code that is not included among those authorized to receive said incentive. She requested that the complaint be declared without merit, with the sanction of costs borne by the plaintiff, as well as interest on these. Judge Eliana Hernández Vanegas of the Labor Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, through judgment number 2024000203 issued at 7:18 p.m. on May 31, 2024, partially granted the action. She ordered the State to pay in favor of the plaintiff the high-risk operations bonus, from May 16, 2018, the date on which he stopped receiving said item, and into the future, as long as the conditions are maintained. Concomitantly, she ordered that the corresponding adjustments be made to the Christmas bonus and school salary. She established that the State must withhold and report to the Costa Rican Social Security Fund the percentages corresponding to social charges that the worker is legally obligated to pay. On the amounts granted, she ordered the payment of interest and indexation. She imposed both costs on the State, setting personal costs at 15% of the total amount of the resulting condemnation until the judgment becomes final. She ordered that the judgment be communicated to the Costa Rican Social Security Fund. Finally, she rejected the adjustment of seniority payments (anualidades).
**II.- PRELIMINARY ISSUES:** In the operative part of the appealed decision, the judge ordered that "...the defense of lack of right is rejected. Consequently, the complaint is declared WITH MERIT...". (Sic. The highlighting is from the original). However, both in the reasoning part and in the operative part, she denied the claim to adjust seniority payments (anualidades). Although this material error was not corrected ex officio by the a quo, nor did the parties request correction in accordance with article 578 of the Labor Code, nor was it raised as a grievance in the appeal, the truth is that it does not cause defenselessness, considering that, as stated, from the judgment as a whole, it is sufficiently clear that said claim was denied. Consequently, this Chamber, in accordance with the provisions of article 589 ibidem, ex officio, proceeds to correct that error, so it should be understood that the Court partially granted the complaint.
**III.- SUMMARY OF THE APPEAL:** The State prosecutor expresses disagreement with the lower court's judgment, and therefore raises grievances on substantive grounds as set forth below. A) She criticizes that the judge incurred in improper interpretation by considering that the plaintiff's functions are analogous to those provided for in Articles 21 and 22 of the General Police Law. She outlines that the High-Risk incentive was created by STAP No. 0683-2000 of April 12, 2000, where the Budgetary Authority communicated to the Ministry of Public Security that, in extraordinary session number 03-2000 of April 10, 2000, the valuation of the High-Risk Operations incentive was established, directed at public servants whose competencies and functions are framed within Articles 21 and 22 of the General Police Law number 7410 and who hold police positions. She states that, being a public employment relationship, governed by the corresponding statutory norms, special laws, and applicable regulatory norms, the principle of legality takes precedence, so all activity carried out by the Public Administration must comply with Articles 11 of the Political Constitution and 11 of the General Law of Public Administration. In effect, she affirms that the claimed bonus is only recognized for police officers appointed to budget codes affected by this payment, consequently excluding some police bodies, such as the Border Police. She argues that the Administration requires a norm authorizing the payment of said salary bonus to the plaintiff here, as it cannot grant said item ex officio, alluding to the principle of legal reserve. On the other hand, she asserts that the plaintiff did not provide suitable evidence to demonstrate that he participates in high-risk operations, such as mega police operations, crisis situations, anti-terrorist actions, protection of public figures or official visitors, among others, that put his life and physical integrity at risk. She considers that, for the recognition of the salary benefit sought, confirmation with only his statement and what is stipulated in the job manual is not possible, but rather the performance of the functions that warrant the payment of the high-risk item is necessary. She adds that the petitioner receives payment for the police risk salary incentive, which is granted to all police officers who perform police functions involving risk to their physical integrity, regardless of their location in the administrative structure of that Ministry and that their functions fit within the defined dangerousness assumption. She highlights that the police risk and high-risk police incentives were created to cover different situations, so they cannot be granted if the parameters established for each one are not met. Likewise, they should not be recognized for the same cause as they would lose the essential sense of their creation, and would constitute an illegitimate double payment. She points out that there is a legal impediment and strict adherence of the employer administration to the ordinary principle of legality and the principle of budgetary legality. B) She accuses that the appealed decision violates the principle of equality. She disagrees that the judge resolved that not granting the high-risk bonus would violate this principle. She warns that by granting the complaint, the principles of legality and budgetary legality are violated. She reiterates that the plaintiff is not in the same situation as the public servants contemplated in articles 21 and 22 of the General Police Law No. 7410, who are public force officers in charge of general surveillance and security. She says it is incorrect to start from the premise that the tasks performed by the plaintiff in the exercise of his functions, in the job class of Subofficial II, are framed within the responsibilities linked in Articles 21 and 22 of the General Police Law. In support of her thesis, she cites the lower court judgment of the Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, Second Section, No. 2373-2017 of 3:30 p.m. on October 27, 2017. C) She challenges the fact that her client was ordered to pay interest and indexation jointly. She transcribes excerpts that she attributes to decisions of the First Chamber numbers 902-F-S1-2012 of 9 hours 55 minutes on July 31, 2012; 334-2019 of 3:45 p.m. on April 24, 2019 and 378-F-S1-2018 of 2:05 p.m. on April 26, 2018. In the appellant's opinion, the judge errs by granting interest and indexation jointly, as it generates a substantial violation of the legal system, by granting two means of monetary adjustment on the same monetary obligation, so the appealed judgment has no legal basis and causes serious economic harm to the State and would allow unjust enrichment for the plaintiff. D) She reproaches the imposition of costs against the State. She argues that the proceeding involved matters of strict law, as well as the due application of the principle of legality, and secondly, because it is evident that during the course of the proceeding there was evident good faith and procedural loyalty, which makes possible the exoneration from costs provided in Article 73.2 of the Civil Procedure Code, applicable by provision of Article 563 of the Labor Code. She requests that the lower court judgment be revoked and the complaint dismissed.
**IV.- ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE:** The appellant criticizes that in the appealed decision, the plaintiff was granted the high-risk operations bonus, given that his position is not among the budget codes affected with this benefit, and considers that he did not demonstrate that he participates in high-risk operations, such as mega police operations, crisis situations, anti-terrorist actions, protection of public figures or official visitors, among others, which put his life and physical integrity at risk. In her opinion, the recognition of the high-risk operations bonus is inappropriate, since the Administration is subject to the principles of legality and budgetary legality. Having analyzed these arguments, the Chamber considers that they must be rejected, for the reasons set forth below. On repeated occasions, a criterion has been issued in cases similar to the present one, in which the plaintiffs have requested payment of the incentive called "High-Risk Operations," as they belong to police bodies of the Ministry of Public Security that perform functions provided for in articles 21 and 22 of the General Police Law (Law No. 7410), such as border police officers, provided they are in the factual situations stated in the agreement that authorized this incentive, and therefore have the right to the same legal consequences, such as the payment of this emolument (on this subject, see, from this Chamber, decisions numbers 02993 – 2022 of 11:05 a.m. on October 26, 2022; 0642 – 2023 of 10:25 a.m. on March 24, 2023). As indicated, this cassation body has issued a pronouncement on the incentive called "high-risk operations" which was created by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority in its agreement number 5878 of the extraordinary session 03-2000 of April 10, 2000, based on the following reasoning: "That members of the public force perform functions consisting of maintaining order, citizen security and/or crime suppression. / 2. That members of the public force are required to participate in high-risk operations such as raids, crisis situations, anti-terrorist actions, protection of public figures or official visitors, among others, in which the official directly exposes their life and physical integrity. / 3. That these members of the public force must handle contingencies that threaten National Security in a timely and effective manner. / 4. That there are salary differences in the labor market in favor of private company security agents, which causes high personnel turnover and instability in the service. / 5. That by virtue of the risk and danger implicit in the functions performed by public force officials, it is appropriate to authorize an incentive called 'HIGH-RISK OPERATIONS', for the purpose of fulfilling the responsibilities linked to National Security. / 6. That the incentive created here should be considered different from the one called 'Police Risk' whose purpose is to guarantee national security of goods (sic) as well as respect for the rights and freedoms of citizens". Likewise, it has been ordered that it is applicable to those officers whose competencies and functions were immersed in articles 21 and 22 of the General Police Law, which regulate the duties and attributions of the Civil Guard and the Rural Assistance Guard. Those provisions specifically stipulate the following: "Article 21. / The Civil Guard and the Rural Assistance Guard are bodies specially charged with general surveillance and citizen security; they shall exercise their functions throughout the country, in accordance with the technical determination of the rural or urban nature indicated by the corresponding public institutions. For this purpose, command units shall be established organized according to the regional division determined by the respective ministry. / Article 22. / The attributions of the Civil Guard and the Rural Assistance Guard are: / a) To ensure the exercise of constitutional guarantees, the protection of constitutional order, citizen security, national sovereignty, and territorial integrity. / b) To maintain tranquility and public order. / c) To ensure the security and integrity of persons and property of the inhabitants of the Republic. / d) To maintain respect for the properties and other rights of the inhabitants of the Republic. / e) To prevent and suppress the commission of punishable offenses within the national territory". From the transcribed text, it is clear that the intention to cover members of these two police bodies with a bonus is based on the nature of their tasks, considering that these persons, in fulfilling their functions, are those who primarily compromise their personal integrity and their lives (see in a similar sense decision number 1209, of 10:50 a.m. on October 28, 2015; as well as 1381, of 10:20 a.m. on December 18 of that same year). Upon reviewing the case file, the Chamber observes that the plaintiff, for the period from April 1, 2012, to December 31, 2012, held the job class of Agent 1; from January 1, 2013, to March 11, 2018, that of Agent I FP, due to a category change, through STAP-2705-2012; and since March 12, 2018, he has been serving as Subofficial II, in the position of Subgroup Border Supervisor, whose function is police work, currently assigned to the Northern Border Sub-directorate, Border Police Delegation of Los Chiles, Border District Delegation Los Chiles-Tablillas (see employment certification and certification 2783-2023-DRH-DCODC-D at images 104 and 108-109 of the electronic case file). In the lower court judgment, the a quo found it proven that he performs the following functions: "To monitor and guard the land borders, including the public buildings where customs and immigration activities are carried out during their operation. To participate in own, joint, or combined operations for the systematic and permanent observation of the State's border area, from land, sea, or air, using visual, electronic, or other means, with the purpose of detecting, alerting, and preventing possible violations on the international boundary and carrying out police control in the area of responsibility and, therefore, combating criminal phenomena. To carry out surveillance and protection actions in border areas in the performance of its mission or in coordination with other institutions in matters of humanitarian aid, stabilization in cases of natural or human-caused disasters. To carry out actions to prevent national and international crimes in the border strips. To execute the strategic intelligence plans that guide the actions of the Border Police. To execute actions that contribute to the integration and improvement of citizen security of communities and populations in the country's border areas. To execute prevention and suppression actions against smuggling, human trafficking, coyotaje, illicit trafficking of drugs and prohibited substances, deforestation, environmental contamination, slaughter of livestock and protected animals, endangered species, among others. To gather information resulting from patrolling in border areas, to produce and provide timely and reliable police intelligence.- To verify and inform about the maintenance and conservation of border markers. Carrying and handling of weapons of all calibers, among others." (Proven fact b) of the Court's decision, not challenged). It is clear from the case file that neither party provided the Police Classes Manual. However, upon reviewing the Police Classes Manual (December 2013), a document that is publicly accessible on the defendant Ministry's website, it is evident that the work nature of the Subofficial II class, which is the job class in which the plaintiff has served during the period for which he seeks recognition of the high-risk incentive, that is, from May 16, 2018, onwards, consists of: "Assignment, coordination, execution, supervision, guidance, control, and evaluation of police activities, according to the position held. The Operational Subgroup Supervisor; is composed of a minimum of two (2) and a maximum of three (3) Operational Teams, also has responsibility for participation in the analysis of criminal phenomena, providing assistance in the planning and development of police operations and evaluation of the results and impact these have on the matter, aimed at the protection of national sovereignty, territorial integrity, surveillance, maintenance of public order, the security of inhabitants and their property, and crime prevention." (The highlighting is added). Regarding the generic activities of the Subgroup Supervisor class, they include: "Assign and distribute the roles of the personnel under their charge in fixed posts, surveillance zones in tourist, rural, urban areas, ports, airports, and border lines, according to the needs of the service. - Conduct patrols and verify compliance with the surveillance services carried out by the Operational Teams assigned to their area of jurisdiction and support them when required. - Verify and support the Operational Team Supervisor when the necessary instructions are given to the personnel under their charge, before going out to provide their services, as well as supervise and guide the execution of the same. - Contribute with the immediate superior in the planning of ordinary and extraordinary services and operations of the Annual Operational Plan (P.A.O.). - Collect and analyze information of institutional interest on criminal and social aspects, related to the police services requested, to plan the actions to follow and their subsequent evaluation by immediate superiors. - Assist superiors in the analysis of criminal phenomena, in the planning, development, and evaluation of the results and impact of police operations. - Assist superiors in the definition of norms, work procedures, and in the preparation of police plans and programs, to carry out surveillance and citizen security actions. - Assume, when applicable, the immediate superior command, being responsible for the police actions and contributory activities derived from it. - Promote preventive police actions, identifying risk and vulnerability factors, through patrolling and surveillance. - Ensure compliance with the regulations in the sector or area of responsibility and report acts and omissions that contravene them to the competent judicial and administrative bodies. - Search persons, vehicles, and public establishments in accordance with the operational actions assigned to them. - Carry out the necessary procedures to guarantee the custody of detainees, evidence, complainants, witnesses, and any other inhabitant who, before a police action or other action contemplated within their competencies, duties, or powers, is temporarily under their responsibility. - Carry out prevention and suppression actions in their area of jurisdiction, regarding the fight against drug trafficking, organized crime, tax evasion, human trafficking in its different forms, and actions aimed at the protection of natural heritage. - Contribute to the protection and preservation of natural resources and the environment, in accordance with current legislation and international agreements. - Maintain controls over the different tasks under their responsibility and ensure that they are carried out as scheduled. - Ensure that the acts of police officials do not harm the institutional image. - Attend to and/or manage the resolution of emergency situations specific to their scope of action. - Receive details from the personnel under their charge related to the police actions carried out and inform superiors about their execution and the results obtained. - Render the corresponding reports regarding the novelties that arise with the personnel and equipment used in the development of the ordinary or special police activity or operation. - Support citizen security activities, plans, and programs, taking into account the needs of the police service. - Act effectively in response to citizens' requirements that arise during the exercise of their position. - Cooperate in the investigation of crimes and violations, providing the necessary information. - Support other police units and dependencies and act in special situations, in order to restore public order, as well as in rescue activities, in cases of emergency and natural or human-caused disasters. - Drive official and/or seized vehicles, according to the needs of the service. - Participate in ordinary and extraordinary operations carried out in the area of jurisdiction at the national level in the exercise of police work and provide assistance in the field of activity. - Use current operational management technological platforms, as a complement to the tasks attributed to the position. - Prepare, review, correct, and/or sign various documents, as the case may be, resulting from the work performed and ensure their correct processing. - Give the necessary instructions to the personnel under their charge regarding current regulations, policies, processes, and procedures, before going out to provide their services, as well as supervise and guide the execution of the same. - Guide and instruct on the handling of firearms, special equipment, rescue tasks, and first aid. - Ensure the security, discipline, and order of the personnel under their charge, as well as compliance with orders issued by superiors, regulatory provisions, personal presentation, full use of officials' faculties, and readiness for service. - Ensure the optimal use of operational support resources, such as vehicles, weapons, communication equipment, clothing, among others. - Report the damages suffered by the equipment and instruments with which they perform their work and the irregularities observed in the development of activities. - Collaborate with the General Inspectorate of the Public Force, General Audit, or other institutional units, in carrying out inspections, studies, and investigations that require certain police techniques or knowledge and eventually perform some police action proper. - Collaborate with the National Police School (Academy) in the training, education, and specialization of police officials. - Participate in training activities to update and develop their theoretical and practical knowledge specific to the field of activity. - Give an account of their management. - Attend to and resolve queries presented by superiors and colleagues, as well as respond in real time to complaints, claims, and suggestions made by citizens regarding situations that affect public order and citizen security. - Support logistical activities according to the needs of the police unit. - Observe occupational safety and hygiene norms and protocols, keeping work areas clean and strictly ordered, seeking to minimize risks that threaten health. - Substitute personnel for vacations, leaves, disabilities, or other administrative situations, upon prior instruction from superiors. - Perform other tasks proper to the position held, in accordance with current technical and legal regulations." (The highlighting is added). Regarding the specific activities of the position of Border Subgroup Supervisor, held by the plaintiff, the following are listed: "- Assign, coordinate, supervise, control, and guide the police duties of a Border Subgroup, as well as participate in their execution, which are aimed at monitoring and guarding the land borders, including public buildings where customs and immigration activities are carried out during their operation. - Exercise coordination, supervision, control, and guidance over the specific activities assigned to the personnel, according to the position held." (The highlighting is added. See Police Classes Manual, December 2013, pages 111-118, retrieved from: https://www.seguridadpublica.go.cr/transparencia/rh/esc_perfil_puestos/manual_clases_policiales_II_etapa.pdf). Therefore, it is concluded that the police functions of the plaintiff are comparable to those assigned to the members of the Civil Guard and Rural Assistance Guard, that is, those framed in article 22 of the General Police Law. The Chamber notes that the Ministry of Public Security has sought recognition of the bonus with respect to other police bodies (see images 113-125), precisely for considering equality of conditions. In that sense, even though the defendant Ministry is subject to the guidelines and directives issued by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority, the jurisdictional bodies are not obliged to apply a regulation that creates, without any basis, a situation of salary inequality, contrary to the provisions of Articles 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1 and 2 of the Convention on the Protection of Wages, 1949 (No. 95), and 1 and 2 of the Convention on Minimum Wage Fixing, 1970 (No. 131), 7 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (Protocol of San Salvador), 57 of the Political Constitution, and 167 of the Labor Code, in which the right to equal pay in identical conditions of efficiency is protected.
In that understanding, Article 8 of the Organic Law of the Judicial Branch, as pertinent, states: “Officials who administer justice may not: /2.- Apply decrees, regulations, agreements, and other provisions contrary to any higher-ranking norm.” Consequently, the grievance raised by the State representative in arguing that the trial court’s decision violates the principles of legality and budgetary legality must be rejected, because there are legal values of greater relevance that must be protected above the decision of that technical body. It should be noted that this Chamber has held that payment of the incentive under analysis is also applicable to officials of the Coast Guard Service and the Border Police (see in that regard rulings number 601 of 11:25 a.m. on June 10; and 1274 of 9:45 a.m. on November 18; both of 2016). In the specific case, no circumstance is observed that would make it possible to vary the criterion stated therein. The appellant insists that granting the supplement to the plaintiff represents a violation of the principles of legality and budgetary legality to which the Administration must adhere in its actions. However, it is not possible for the Public Administration, under the cover of those principles, to deny an official’s subjective rights. Administrative legality also implies, for the Administration, the impossibility of exceeding the performance parameters of its officials, outside the established boundaries (ruling No. 454 of 10:35 a.m., February 25, 2009). Lastly, it must be noted that this Chamber does not disregard such principles, but, between them and the principles of equality and wage equality, the latter must prevail so as not to generate discrimination. On the other hand, it must be pointed out that the fact that the claimant is recognized the police-risk bonus does not exclude the possibility of granting this other incentive, insofar as each compensates different factors, and therefore neither is it observed that the purpose of the incentive in question is distorted. As the State’s legal representation has described, one is paid for the dangerousness of the police function and the other for the possibility of being called to participate in riskier police operations, which derives from their status of performing police duties similar to those regulated in Article 22 of the General Police Law. Based on the foregoing, it is observed that the lower body has not incurred the alleged defects, and therefore there is no basis to vary what was decided in the challenged judgment.
**V.- ON INTERESTS AND INDEXATION:** The appellant challenges the order to pay interests and indexation jointly. She considers that two means of monetary adjustment are being granted on the same monetary obligation, generating serious economic harm to the State and unjust enrichment for the plaintiff. The grievances are not admissible. This Chamber has, on repeated occasions, ruled on the appropriateness of ordering indexation together with legal interest. Thus, in Judgment No. 993, of 11:30 a.m. on September 14, 2016, it stated: “The Chamber has held: ‘The parties to legal-patrimonial relations, when the obligation has arisen from an agreement or contract, may resort to creditor-protection mechanisms not prohibited by law, in view of potential devaluations or loss of purchasing power of the national currency, as is customarily done by resorting to currencies stronger and more stable than the colón, such as the United States dollar. However, in the case of obligations such as those granted in the judgment under review (back pay and differences in year-end bonus), in the absence of a monetary-adjustment mechanism, the prolonged default by the debtor causes an economic shift to the debtor itself and an impoverishment of the creditor. Since such enrichment must be considered illicit, as it violates the most elementary principles of justice and equity, the provisions of Article 10 of the Civil Code must be taken into account, which establishes that norms must be interpreted according to the proper meaning of their words, in relation to the context, historical and legislative antecedents, and the social reality of the time in which they are to be applied, attending fundamentally to their spirit and purpose, and recognize the possibility of compensating the loss of the real value of money and, through a better study of the issue, give the aforementioned Article 706 a different application, removing the obstacle effect it has been given, understood as monetary adjustment does not properly constitute compensation but rather a payment mechanism for what is truly owed, what is justly due, at the time of default, which in that sense is not prohibited. It must be taken into account that the employment contract binds both to what is expressed in it and to the consequences derived from its content according to good faith, equity, usage, custom, or law (Article 19 of the Labor Code. In the same sense, Article 1023 of the Civil Code provides: “1) Contracts bind both to what is expressed in them and to the consequences that equity, usage, or law give rise to from the obligation, according to its nature…”), which requires transparent conduct from the parties in the different phases of the legal relationship and their strict adjustment, in the exercise of their rights, to just criteria. Thus, to the damages caused by the delay (default) incurred by the debtor in fulfilling the obligation, preventing its effective and timely enjoyment by the creditor (Article 702 idem), must be added the inflationary problem that over time produces currency depreciation, reducing the real content of the principal obligation, which gives rise to the need to index in order to eliminate the illicit enrichment produced in favor of the debtor. General principles of law—which permeate and irradiate the entirety of the legal order—impose, in addition to the integral reparation of damage, the unavoidable balance that must exist in counter-prestations, the prohibition of abuse of right, and unjust enrichment, such that fulfillment must always conform to reality. On the other hand, Article 41 of the Constitution requires restoring the injured state of affairs to its prior situation, which must be done in the present context and value. This is because a different solution would render nugatory that constitutional right (effective judicial protection, Articles 41 and 49), as well as the right to property (Article 45), since insufficient payment would be admitted, signifying unjust enrichment for the debtor, as stated’ (Resolution No. 267 of 10:45 a.m. on March 30, 2012). In this way, the non-application of the indexation figure in cases such as the one before us, in the face of culpable delay in the fulfillment of labor obligations by the employer, would mean privileging the stronger party to the relationship, allowing it to benefit, through inflation, from its tardiness, thereby violating the protective principle that inspires labor law and is enshrined in Article 17 of the Labor Code. For this reason, what was decided by the ad quem in relation to this point must also be ratified” (Ruling Number 102 of 10:25 a.m., January 30, 2013), a criterion that is fully shared and, furthermore, there is no element in the sub júdice that would allow it to be varied.” On the same subject, in Ruling No. 1019, of 9:30 a.m. on September 23, 2016, it was considered: “The losing party appeals to this Chamber the order regarding the items of indexation and interests, since in its judgment, that payment is not appropriate because they are mutually exclusive items and because there is no normative support for the payment of indexation. Article 706 of the Civil Code establishes: “If the obligation is to pay a sum of money, damages shall always and solely consist of the payment of interest on the sum owed, counted from the maturity of the term.” It is clear that under that norm, interest corresponds to the compensation caused by the lack of fulfillment of a monetary obligation and the consequent impossibility of disposing of the capital. For its part, indexation attacks the inflationary problem that occurs over time and causes the depreciation and loss of yield of the currency, reducing the content of the principal obligation. In other words, indexation is provided to compensate for the loss of the value of money occurring through the passage of time in relation to inflation and, as noted, interest compensates the opportunity cost for not having been able to dispose of the money in a timely manner; it should be added that indexation will only be applicable to pure money obligations or duly liquidated value obligations. As can be extracted from the foregoing, both figures possess a dissimilar nature and, in the case of indexation, it cannot be applied to the interest generated by the debt, since that would imply making the judgment against the State more onerous, as the defendant party would bear the recognition of a nonexistent benefit on the interest generated, which ultimately could lead to two situations prohibited by our legal system, namely incorporating legal interest into the capital or else charging interest on the same interest, which would undoubtedly imply the presence of illegitimate enrichment (in this sense, see this Chamber’s Ruling No. 1041 of 10:20 a.m. on September 23, 2015). In the case under review, the defendant has been ordered to pay for public holidays worked and not paid as required during the period between 1987 and 2007; it is obvious that payment will not be timely, and therefore the recognition of interest and indexation on the sums that must be paid belatedly is just. According to what has been said, the payment of the claimed item must be recognized, as the judges of the preceding instances did.” (Emphasis added). (In this regard, see, among others, this Chamber’s Ruling No. 537 of 11:00 a.m. on May 27, 2016, and, more recently, Ruling 708-2022 of 11:50 a.m. on March 30, 2022). Now, Article 565 of the Labor Code establishes that: “Every judgment ordering payment of a monetary obligation shall imply for the debtor, unless otherwise decided or agreed, even if not expressly stated: / 1.- The obligation to pay interest on the principal, at the rate established in Law No. 3284, Commercial Code, of April 30, 1964, from the enforceability of the debt or of each installment when integrated in that form. If the order is for damages, the accrual of interest shall begin from the finality of the judgment. For obligations in foreign currency, the provisions of that same Code for obligations in United States dollars shall apply. / 2.- The obligation to adjust the main economic items, updating them to present value, by the same percentage that the consumer price index for the Metropolitan Area, maintained by the official body responsible for determining that percentage, has varied between the month prior to the filing of the lawsuit and the month preceding that in which payment is actually made. / The calculation of interest shall be made on the amounts ordered or resulting after their liquidation, before being brought to present value, and then the adjustment indicated in the last paragraph shall be made, solely on the main items.” (The underline is not from the original). Based on the transcribed article, by legal imperative, in every judgment ordering payment of a monetary obligation, unless there is an express agreement or provision to the contrary, payment of interest and indexation is implied for the debtor. Therefore, the trial court (a quo), in granting those items, has not incurred the defects criticized by the challenging party, but rather proceeded to apply the literal tenor of the transcribed article and the jurisprudential criteria of this Court of Cassation.
**VI.- ON COSTS:** The State’s attorney challenges the order to pay costs. She points out that the proceedings concerned questions of strict law and the proper application of the principle of legality. She asserts that her client has litigated with evident good faith and procedural loyalty, which makes the requested exemption from costs possible. Article 562 of the cited code provides: “In every judgment, including summary judgments, and in rulings that cause the termination of the proceedings due to lis pendens, lack of jurisdiction for reasons of national territory, extra-procedural satisfaction, or abandonment, the losing party, the party who has satisfied the right, or the party sanctioned with the conclusion of the matter shall be ordered to pay the personal and procedural costs incurred. / If the judgment decides the matter on the merits or upholds substantive defenses classified as preliminary, the personal costs shall not be less than fifteen percent (15%) nor more than twenty-five percent (25%) of the liquid amount of the order or the dismissal, as applicable. / In other situations, as well as when the proceedings are not susceptible to pecuniary estimation, the determination shall be made at the judge’s discretion. / To set the percentage or the discretionary amount, the work performed, the amount in controversy, and the economic position of the plaintiff and defendant shall be taken into account. In unquantifiable matters where there is economic significance, the determination shall be made based on the resulting amount up to the finality of the judgment and, if as a consequence of the proceedings the economic result continues to be generated in the future, up to fifty percent (50%) may be added to the set amount, according to discretionary criteria. If the economic result is insignificant, the determination shall be made at the judge’s discretion based on the mentioned criteria.” (Emphasis added). The aforementioned article supports the general rule that in the labor proceeding the losing party must be ordered to pay the personal and procedural costs incurred. For its part, Article 563 idem provides the grounds for exemption from the payment of those emoluments, stating that: “Nevertheless, the losing party may be exempted from the payment of personal costs and even procedural costs when: 1) They litigated with evident good faith. 2) The claims partially succeeded. 3) There was reciprocal defeat. The exemption must always be reasoned. A party that denied obvious claims that the result of the proceedings indicates it should have accepted, did not attend the entire hearing, adduced suborned witnesses or false witnesses and documents, or offered no evidence to support its claim or defenses, if they were based on disputed facts, may not be considered to have acted in good faith. The exemption from costs shall be mandatory if a special norm so provides…” (Highlighting added). In the appealed verdict, the trial court imposed on the state entity the payment of both personal and procedural costs and set the personal costs at fifteen percent of the total resulting from the order upon finality of the judgment. Having examined the specific case, this court of cassation considers that it is not possible to exempt the State from the payment of costs, because its conduct does not fit within the grounds for exemption contained in the cited Article 563. Note that the plaintiff had to resort to the judicial route to claim the granting of the aforementioned incentive, which was granted at the trial level, and even so, at this procedural stage, the challenging party has denied all the claims that the result of the proceedings infers it should have accepted, opting to invoke the thesis that the claimant has no right to what was claimed. Hence, the grievance must be denied.
**VII.- FINAL CONSIDERATION:** By virtue of the foregoing, the appropriate course is to declare the appeal of cassation without merit.
**THEREFORE:** The appeal is declared without merit.
Res: 2024002940 VSIBAJAF Luis Porfirio Sánchez Rodríguez Julia Varela Araya Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia Rafael Antonio Ortega Telleria Digitally Signed Document -- Verification Code -- 1 Telephones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsimile: 2258-4165. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:48:42.
Sala Segunda de la Corte Clase de asunto: ordinario Analizado por: SALA SEGUNDA Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA Res: 2024002940 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil veinticuatro .
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, por [Nombre 001], policía, vecino de Alajuela, contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada Marjorie Patricia Agüero Araya, vecina de Heredia. Ambos mayores y casados.
Redacta la Magistrada Varela Araya; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: En su demanda, el promovente alegó que el 1° de abril del 2012 comenzó a laborar para el Ministerio de Seguridad Pública como agente de policía y que, desde diciembre del 2014 hasta la actualidad, se ha destacado como policía de fronteras. Narró que sus funciones consisten en asegurar la seguridad ciudadana, soberanía nacional, integridad territorial, el orden público, prevenir y reprimir la comisión de delitos, vigilancia, allanamientos, operativos en conjunto con la Fuerza Pública, control de carreteras, prevención de la delincuencia y, operativos de control de drogas. Dio cuenta que pese a desempeñar labores que ponen en riesgo su integridad y vida, la Administración, desde la segunda quincena de mayo del 2018, no le paga el incentivo de operaciones de alto riesgo. Por las razones expuestas, solicitó que se condene al Estado al pago del citado plus salarial retroactivamente desde la segunda quincena de mayo del 2018. Además, pidió que se ordene reajustar las anualidades, salario escolar, aguinaldo, cuotas obrero-patronales y aportes al Fondo de Capitalización Laboral. De igual forma, se imponga el pago de ambas costas. La representante estatal contestó la demanda negativamente. Opuso la defensa de falta de derecho. Admitió que el petente comenzó a laborar para su patrocinado en el puesto de agente I, pero aclaró que fue nombrado como policía de fronteras el 27 de marzo del 2015. Señaló, que las labores de peligrosidad que el actor realiza se encuentran remuneradas en el incentivo de riesgo policial. Agregó que el sobresueldo de alto riesgo sólo se le reconoce a las personas funcionarias nombradas en códigos presupuestarios afectados por ese pago, del que se encuentra excluida la Policía de Fronteras. Destacó que el promovente dejó de percibir ese sobresueldo a partir del 16 de mayo del 2018, ya que fue reubicado de la Delegación Policial del Distrito Catedral a la Dirección de Policía de Fronteras, según Resolución número 194-2018-RP-DRH, cambiando su clase de puesto a Suboficial II, por lo que desde esa fecha hasta la actualidad, se encuentra nombrado en un código presupuestario que no está contemplado dentro de los autorizados para percibir dicho incentivo. Pidió, que se declare sin lugar la demanda, con la sanción en costas a cargo del accionante, así como los intereses sobre éstas. La jueza Eliana Hernández Vanegas del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, por medio de sentencia número 2024000203 dictada a las 19:18 horas del 31 de mayo del 2024, declaró parcialmente con lugar la acción. Condenó al Estado a pagar a favor del demandante, el sobresueldo de operaciones de alto riesgo, desde el 16 de mayo del 2018, fecha en que dejó de percibir dicho rubro y, a futuro, mientras se mantengan las condiciones. Concomitantemente, dispuso que deberán realizarse los reajustes correspondientes en aguinaldo y salario escolar. Estableció que el Estado deberá retener y reportar a la Caja Costarricense de Seguro Social los porcentajes correspondientes a cargas sociales que por ley le corresponde pagar al trabajador. Sobre las sumas otorgadas, dispuso el pago de intereses e indexación. Impuso al Estado de ambas costas, fijando las personales en el 15% del monto total de la condenatoria resultante hasta la firmeza de la sentencia. Ordenó comunicar la sentencia a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por último, rechazó el reajuste en las anualidades.
II.- CUESTIONES PREVIAS: En la parte dispositiva del fallo recurrido, la jueza dispuso que “…se rechaza la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara CON LUGAR la demanda…”. (Sic. El destacado es del original). Sin embargo, tanto en la parte considerativa como en la dispositiva denegó la pretensión de reajustar las anualidades. Si bien dicho error material no fue corregido de oficio por la a quo, ni las partes solicitaron subsanación conforme al numeral 578 del Código de Trabajo, así como tampoco fue agraviado en el recurso, lo cierto es que no genera indefensión, habida cuenta que, como se expuso, de la sentencia integral, se extrae con suficiente claridad que se denegó dicha pretensión. En consecuencia, esta Sala, de conformidad con lo establecido en el ordinal 589 ibidem, de oficio, procede a corregir ese error, por lo que se deberá entender que el Juzgado acogió parcialmente la demanda.
III.- SÍNTESIS DEL RECURSO: La procuradora del Estado se muestra inconforme con la sentencia de instancia, por lo que interpone los agravios por razones sustantivas que de seguido se dirán. A) Recrimina que la juzgadora incurrió en indebida interpretación al considerar que las funciones del promovente son análogas a las previstas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía. Reseña que el incentivo de Alto Riesgo fue creado mediante STAP N° 0683-2000 del 12 de abril de 2000, donde la Autoridad Presupuestaria comunica al Ministerio de Seguridad Pública, que en sesión extraordinaria número 03-2000 del 10 de abril del 2000, se estableció la valoración del incentivo de Operaciones de Alto Riesgo, dirigido para las personas funcionarias cuyas competencias y funciones estén enmarcadas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía número 7410 y que ocupen puestos policiales. Expone que, al encontrarnos ante una relación de empleo de naturaleza pública, regida por las normas estatutarias correspondientes, las leyes especiales y las normas reglamentarias aplicables, el principio de legalidad cobra primacía, por lo que toda actividad realizada por la Administración Pública debe ser conforme a los artículos 11 de la Constitución Política y el 11 de la Ley General de la Administración Pública. En efecto, afirma que el sobresueldo reclamado sólo se reconoce a las y los policías nombrados en códigos presupuestarios afectados por este pago, excluyéndose, en consecuencia, a algunos cuerpos policiales, como lo es la Policía de Fronteras. Aduce que la Administración requiere de una norma que autorice el pago de dicho plus salarial al aquí accionante, pues no puede otorgar dicho rubro de manera oficiosa, haciendo alusión al principio de reserva de ley. Por otro lado, asegura que el actor no aportó prueba idónea que logre demostrar que participa en operaciones de alto riesgo, como mega operativos policiales, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otros, que pongan en riesgo su vida y su integridad física. Considera que, para el reconocimiento del beneficio salarial pretendido, no es posible su confirmación con el sólo dicho y lo estipulado en el manual de puestos, sino que resulta necesario la realización de las funciones que aprueben el pago del rubro de alto riesgo. Añade que el petente percibe el pago por el incentivo salarial de riesgo policial, el que es otorgado a todos los servidores policiales, que desarrollen funciones policiales que impliquen riesgo a su integridad física, independientemente de la ubicación en la estructura administrativa de ese Ministerio y que sus funciones encuadren dentro del supuesto de peligrosidad definido. Resalta que los incentivos de riesgo policial y alto riesgo policial fueron creados para cubrir situaciones distintas, por lo que no pueden otorgarse si no se cumplen los parámetros establecidos para cada uno de ellos. De igual manera, no deberían reconocerse por la misma causa pues perderían el sentido esencial de su creación, así como supondrían un doble pago ilegítimo. Señala que existe un impedimento jurídico y apego estricto de la administración patronal al principio de legalidad ordinaria y al principio de legalidad presupuestaria. B) Acusa que en el fallo impugnado se violenta el principio de igualdad. No está de acuerdo en que la jueza resolviera que, de no conceder el plus de alto riesgo, se violentaría ese principio. Advierte que al acogerse la demanda se quebrantan los principios de legalidad y legalidad presupuestaria. Reitera que el demandante no está en la misma situación de los funcionarios contemplados en los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía n.° 7410, que son servidores de la fuerza pública encargados de la vigilancia y seguridad general. Dice que es incorrecto partir de la premisa que, las labores ejercidas por el demandante en el desempeño de sus funciones, en la clase de puesto de Suboficial II, se enmarcan dentro de las responsabilidades vinculadas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía. En apoyo a sus tesis, cita la sentencia de instancia del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, n.° 2373-2017 de las 15:30 horas del 27 de octubre del 2017. C) Impugna que se haya condenado a su patrocinado al pago de intereses e indexación conjuntamente. Transcribe extractos de los que atribuye corresponden a los votos de la Sala Primera números 902-F-S1-2012 de las 9 horas 55 minutos del 31 de julio de 2012; 334-2019 de las 15:45 horas del 24 de abril de 2019 y 378-F-S1-2018 de las 14 horas 05 minutos del 26 de abril de 2018. En criterio de la impugnante, la juzgadora yerra al otorgar intereses e indexación de forma conjunta, por cuanto genera una violación sustancial del ordenamiento jurídico, al conceder dos medios de actualización monetaria sobre una misma obligación dineraria, por lo que la sentencia impugnada no tiene sustento jurídico y causa un grave perjuicio económico al Estado y permitiría un enriquecimiento sin causa para el actor. D) Reprocha la condenatoria en costas impuesta al Estado. Argumenta que el proceso importó cuestiones de estricto derecho, así como la debida aplicación del principio de legalidad y en segundo lugar porque resulta evidente que durante el curso del proceso se litigó con evidente buena fe y lealtad procesal, lo que posibilita la exoneración en costas que dispone el artículo 73.2 del Código Procesal Civil, en aplicación por disposición del artículo 563 del Código de Trabajo. Solicita que la sentencia de instancia sea revocada y se desestime la demanda.
IV.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: La recurrente recrimina que en el fallo impugnado se le haya otorgado al actor el plus de operaciones de alto riesgo, dado que su plaza no se encuentra dentro de los códigos presupuestarios afectados con ese beneficio y considera que no demostró que participa en operaciones de alto riesgo, como megaoperativos policiales, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otros, las que pongan en riesgo la vida y su integridad física. A su criterio, es improcedente el reconocimiento del sobresueldo de operaciones de alto riesgo, pues la Administración está sujeta a los principios de legalidad y legalidad presupuestaria. Analizados dichos alegatos, la Sala considera que deben rechazarse, por las razones que se expondrán. En reiteradas ocasiones, se ha externado criterio en casos similares al presente, en los que las personas demandantes han solicitado el pago del incentivo denominado “Operaciones de Alto Riesgo”, al pertenecer a cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública que realizan funciones de las previstas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía (Ley n.º 7410), como lo son los policías de fronteras, siempre y cuando se encuentren en los supuestos de hecho enunciados en el acuerdo que autorizó ese incentivo, por lo cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas, como es el pago de ese emolumento (sobre este tema, puede observarse, de esta Sala, los votos números 02993 – 2022 de las 11:05 horas del 26 de octubre de 2022; 0642 – 2023 de las 10:25 horas del 24 de marzo de 2023). Tal y como se indicó, este órgano de casación ha emitido pronunciamiento sobre el incentivo denominado “operaciones de alto riesgo” que fue creado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en su acuerdo número 5878 de la sesión extraordinaria 03-2000 del 10 de abril de 2000, con base en las siguientes motivaciones: “Que los miembros de la fuerza pública efectúan funciones que consisten en el mantenimiento del orden, seguridad ciudadana y/o represión delictiva. / 2. Que se requiere que los miembros de la fuerza pública participen en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que el funcionario expone en forma directa su vida y su integridad física. / 3. Que estos miembros de la fuerza pública deben cumplir con la atención de contingencias que atentan contra la Seguridad Nacional en forma oportuna y eficaz. /4. Que existen diferencias salariales en el mercado de trabajo a favor de los agentes de seguridad de la empresa privada, lo que provoca una alta rotación de personas e inestabilidad en el servicio. / 5. Que en virtud del riesgo y peligro implícitos en las funciones efectuados por los funcionarios de la fuerza pública, procede autorizar un incentivo denominado de 'OPERACIONES DE ALTO RIESGO´, a los efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional. / 6. Que el incentivo aquí creado debe considerarse diferente al denominado ‘Riesgo Policial’ cuyo fin es garantizar la seguridad nacional del bienes (sic) así como el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Asimismo, se ha dispuesto que es de aplicación a aquellos o a aquellas oficiales cuyas competencias y funciones estuviesen inmersas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, los cuales regulan las labores y atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural. Esas disposiciones en concreto estipulan lo siguiente: “Artículo 21. / La Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural son cuerpos especialmente encargados de la vigilancia general y la seguridad ciudadana; ejercerán sus funciones en todo el país, de conformidad con la determinación técnica sobre la naturaleza rural o urbana que señalen las instituciones públicas correspondientes. Para ello, se establecerán unidades de mando organizadas según la división regional que el ministerio respectivo determine. / Artículo 22. / Son atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural: / a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. / b) Mantener la tranquilidad y el orden público. / c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. / d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. / e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional”. De lo transcrito se desprende que la intención de cubrir con un sobresueldo a los y a las miembros de estos dos cuerpos policiales viene en función de la naturaleza de sus tareas, habida cuenta que estas personas, en el cumplimiento de sus funciones, son quienes en primera instancia comprometen su integridad personal y su vida (véase en un sentido similar el voto número 1209, de las 10:50 horas del 28 de octubre de 2015; así como el 1381, de las 10:20 horas del 18 de diciembre de ese mismo año). Al revisar los autos, la Sala observa que el accionante del período comprendido del 1° de abril del 2012 al 31 de diciembre del 2012, ocupó la clase de puesto de Agente 1; del 1° de enero del 2013 al 11 de marzo del 2018, la de Agente I FP, debido a un cambio de categoría, mediante STAP-2705-2012 y; desde el 12 de marzo del 2018 se ha venido desempeñando como Suboficial II, en el cargo de Encargado Subgrupo de Fronteras, cuya función es policial, destacado actualmente en la Subdirección Frontera Norte, Delegación Policial Fronteriza de Los Chiles, Delegación Distrital Fronteriza Los Chiles- Tablillas (véase constancia laboral y certificación 2783-2023-DRH-DCODC-D a imágenes 104 y 108-109 del expediente electrónico). En la sentencia de instancia, la a quo tuvo por probado que desempeña las siguientes funciones: “Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias durante la operación de estas. Participar en operativos propios, conjuntos o combinados para la observación sistemática y permanente del espacio fronterizo del Estado, desde tierra, mar o aire, utilizando medios visuales, electrónicos u otros, con el propósito de detectar, alertar e impedir posibles violaciones en el límite internacional y efectuar el control policial en el área de responsabilidad y, por ende, el combate al fenómeno criminal. Realizar acciones de vigilancia y de protección a las zonas fronterizas en desarrollo de su misión o en coordinación con otras instituciones en materia de ayuda humanitaria, estabilización en casos de desastres naturales o provocados por el ser humano. Realizar acciones de prevención de delitos nacionales e internacionales en las franjas fronterizas. Ejecutar los planes de inteligencia estratégica que orientan el accionar de la Policía de Frontera. Ejecutar acciones que coadyuven en los procesos de integración y mejora de la seguridad ciudadana de las comunidades y poblaciones de las zonas fronterizas del país. Ejecutar acciones de prevención y represión contra el contrabando, trata de personas, coyotaje, tráfico ilícito de drogas y sustancias prohibidas, deforestación, contaminación ambiental, destace de ganado y animales protegidos, especies en extinción, entre otros. Recopilar información producto del patrullaje en las zonas fronterizas, para producir y suministrar inteligencia policial oportuna y confiable.- Verificar e informar sobre el mantenimiento y conservación de los hitos fronterizos. Portación y manipulación de armas de todo calibre, entre otras”. (Hecho probado b) del fallo del Juzgado, no impugnado). De los autos se desprende que ninguna de las partes aportó el Manual de Clases Policiales. Sin embargo, al revisar el Manual de Clases Policiales (Diciembre 2013), documento que es de acceso público visible en la página web de Internet del Ministerio demandado, se evidencia que la naturaleza de trabajo de la clase de Suboficial II, que es la clase de puesto en que se ha desempeñado el promovente durante el período que pretende le sea reconocido el incentivo de alto riesgo, sea del 16 de mayo del 2018 en adelante, consiste en: “Asignación, coordinación, ejecución, supervisión, orientación, control y evaluación de actividades policiales, según el cargo desempeñado. El Encargado de Subgrupo Operativo; está conformado mínimo por dos (2) máximo tres (3) Equipos Operativos, además tiene responsabilidad por la participación en el análisis del fenómeno criminal, brindando asistencia en la planeación y desarrollo de operaciones policiales y evaluación de los resultados e impacto que estas tengan sobre el particular, orientadas a la protección de la soberanía nacional, integridad territorial, vigilancia, mantenimiento del orden público, la seguridad de los habitantes y sus bienes y la prevención del delito.” (El destacado es agregado). En cuanto a las actividades genéricas de la clase de Encargado de Subgrupo, se encuentran: “Asignar y distribuir los roles del personal a su cargo en puestos fijos, zonas de vigilancia en áreas turísticas, rurales, urbanas, puertos, aeropuertos y líneas fronterizas, de acuerdo con las necesidades del servicio. - Efectuar recorridos y verificar el cumplimiento de los servicios de vigilancia que desarrollan los Equipos Operativos asignados a su área de jurisdicción y apoyarlos cuando sea requerido. - Verificar y apoyar al Encargado de Equipo Operativo cuando se impartan las instrucciones necesarias al personal a cargo, antes de salir a prestar sus servicios, así como supervisar y orientar la ejecución de las mismas. - Coadyuvar con el superior inmediato en la planificación de los servicios y operaciones ordinarias y extraordinarias del Plan Anual Operativo (P.A.O.). - Recopilar y analizar información de interés institucional sobre aspectos criminales y sociales, relacionada con los servicios policiales solicitados, para planificar las acciones a seguir y su posterior evaluación por los superiores inmediatos. - Asistir a los superiores en el análisis del fenómeno criminal, en la planeación, desarrollo y evaluación de los resultados e impacto de las operaciones policiales. - Asistir a los superiores en la definición de normas, procedimientos de trabajo y en la elaboración de planes y programas policiales, para llevar a cabo las acciones de vigilancia y seguridad ciudadana. - Asumir cuando corresponda, la jefatura superior inmediata, siendo responsable de las acciones policiales y actividades de coadyuvancia que se deriven de la misma. - Fomentar las actuaciones policiales de carácter preventivo, identificando factores de riesgo y vulnerabilidad, mediante el patrullaje y vigilancia. - Velar por el cumplimiento de la normativa en el sector o área de responsabilidad y denunciar ante los órganos judiciales y administrativos competentes, los actos y omisiones que la contravengan. - Registrar a personas, vehículos y establecimientos públicos de acuerdo con las acciones operativas que le sean asignadas. - Llevar a cabo las gestiones necesarias, a fin de garantizar la custodia de los aprehendidos, evidencias, denunciantes, testigos y cualquier otro habitante que, ante una diligencia policial u otra contemplada dentro de sus competencias, deberes o potestades, esté temporalmente bajo su responsabilidad. - Realizar acciones de prevención y represión en su área de jurisdicción, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, evasión fiscal, trata de personas en sus diferentes modalidades y acciones tendientes a la protección del patrimonio natural. - Coadyuvar a la protección y preservación de los recursos naturales y el ambiente, de conformidad con la legislación vigente y los convenios internacionales. - Mantener controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y velar porque éstos se cumplan de acuerdo con lo programado. - Velar porque los actos de los funcionarios policiales no atenten contra la imagen institucional. - Atender y/o gestionar la solución de las situaciones de emergencia, propias de su ámbito de acción. - Recibir las novedades del personal a cargo, relacionadas con las acciones policiales desarrolladas e informar a los superiores sobre la ejecución de las mismas y los resultados obtenidos. - Rendir los informes correspondientes respecto de las novedades que se presenten con el personal y equipos empleados en el desarrollo de la actividad u operación policial ordinaria o especial. - Apoyar las actividades, planes y programas de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta las necesidades del servicio policial. - Actuar de manera eficaz ante los requerimientos de los ciudadanos, que se presenten durante el ejercicio de su cargo. - Cooperar en la investigación de delitos y contravenciones, aportando la información necesaria. - Apoyar a otras dependencias y unidades policiales y actuar en situaciones especiales, a fin de restablecer el orden público, así como en actividades de rescate, en casos de emergencia y desastres naturales o provocados por el ser humano. - Conducir vehículos oficiales y/o en decomiso, de acuerdo con las necesidades del servicio. - Participar en las operaciones ordinarias y extraordinarias que se realicen en el área de jurisdicción a nivel nacional en el ejercicio de la labor policial y brindar la asistencia en el campo de actividad. - Utilizar las plataformas tecnológicas de gestión operativa vigentes, como complemento de las labores atribuidas al cargo. - Elaborar, revisar, corregir y/o firmar documentos varios, según el caso, producto de la labor que realiza y velar por su correcto trámite. - Dar las instrucciones necesarias al personal a cargo, sobre la normativa vigente, directrices, procesos y procedimientos, antes de salir a prestar sus servicios, así como supervisar y orientar la ejecución de las mismas. - Orientar e instruir sobre el manejo de armas de fuego, equipos especiales, labores de rescate y primeros auxilios. - Velar por la seguridad, disciplina y orden del personal a su cargo, así como por el cumplimiento de las órdenes emanadas por superiores, disposiciones reglamentarias, presentación personal, el pleno uso de las facultades de los funcionarios y disposición para el servicio. - Velar por el uso óptimo de los recursos de apoyo operativo, tales como: vehículos, armas, equipo de comunicación, indumentaria, entre otros. - Reportar los desperfectos que sufre el equipo e instrumentos con el que realiza su labor y sobre las irregularidades que observa en el desarrollo de las actividades. - Colaborar con la Inspección General de la Fuerza Pública, Auditoría General u otras dependencias institucionales, en la realización de inspecciones, estudios, e investigaciones, que requieran de cierta técnica o conocimiento policial y eventualmente realizar alguna actuación policial propiamente dicha. - Colaborar con la Escuela (Academia) Nacional de Policía en la capacitación, formación y especialización de funcionarios policiales. - Participar en actividades de capacitación, para actualizar y desarrollar sus conocimientos teóricos y prácticos, propios del campo de actividad. - Rendir cuentas de su gestión. - Atender y resolver las consultas que presenten superiores y compañeros, así como dar respuesta en tiempo real a las quejas, reclamos y sugerencias hechas por la ciudadanía ante situaciones que afectan el orden público y la seguridad ciudadana. - Apoyar las actividades logísticas de acuerdo con las necesidades de la unidad policial. - Observar las normas y protocolos de seguridad laboral e higiene, manteniendo limpias y estrictamente ordenadas las áreas de trabajo, procurando la minimización de riesgos que atenten contra la salud. - Sustituir personal por vacaciones, permisos, incapacidades u otras situaciones administrativas, previa indicación de los superiores. - Ejecutar otras tareas propias del cargo que desempeña, acorde con la normativa técnica y legal vigente.” (El destacado es agregado). En cuanto a las actividades específicas del cargo de Encargado de Subgrupo de Fronteras, ocupado por el promovente, se enlistan: “- Asignar, coordinar, supervisar, controlar y orientar las labores policiales de un Subgrupo de Fronteras, así como participar en la ejecución de las mismas, las cuales están destinadas a vigilar y resguardar las fronteras terrestres, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias durante la operación de las mismas. - Ejercer coordinación, supervisión, control y orientación sobre las actividades específicas asignadas al personal, según el cargo desempeñado.” (El destacado es agregado. Véase Manual de Clases Policiales, Diciembre 2013, páginas 111-118, recuperado de: https://www.seguridadpublica.go.cr/transparencia/rh/esc_perfil_puestos/manual_clases_policiales_II_etapa.pdf). Por ello, se concluye que las funciones policiales del accionante son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de la Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 de la Ley General de Policía. La Sala advierte que el Ministerio de Seguridad Pública ha pretendido el reconocimiento del sobresueldo respecto de otros cuerpos policiales (ver imágenes 113-125), precisamente por considerar la igualdad de condiciones. En ese sentido, aunque el Ministerio demandado se encuentre sujeto a los lineamientos y directrices emanados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, los órganos jurisdiccionales no están obligados a aplicar una normativa que crea, sin sustento alguno, una situación de desigualdad salarial, contrariando lo dispuesto en los artículos 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1 y 2 del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) y 1 y 2 del Convenio sobre la fijación de salarios mínimos de 1970 (núm. 131), 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 57 de la Constitución Política y, 167 del Código de Trabajo, en los que se tutela el derecho a la igualdad salarial en idénticas condiciones de eficiencia. En ese entendido, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo conducente, apunta: “Los funcionarios que administran justicia no podrán: /2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones contrarias a cualquier otra norma de rango superior.” En consecuencia, el agravio formulado por la representante estatal al argumentar que lo resuelto por el Juzgado lesiona los principios de legalidad y legalidad presupuestaria debe rechazarse, pues hay valores jurídicos de mayor relevancia que deben ser tutelados por encima de la decisión de dicho órgano técnico. Cabe señalar que esta Sala ha resuelto que el pago del incentivo objeto de análisis procede también para los funcionarios y las funcionarias del Servicio de Guardacostas y de la Policía de Fronteras (ver en ese sentido los votos números 601 de las 11:25 horas del 10 de junio; y 1274 de las 9:45 horas del 18 de noviembre; ambos de 2016). En el caso concreto, no se advierte alguna circunstancia que haga posible variar el criterio que ahí se expuso. El recurrente insiste en que el conceder el plus al actor representa una violación a los principios de legalidad y legalidad presupuestaria al que la Administración debe sujetarse en su accionar. Sin embargo, no es posible que la Administración Pública al amparo de esos principios, deniegue los derechos subjetivos del funcionario. La legalidad administrativa implica también para la Administración la imposibilidad de extralimitar el desempeño de sus funcionarios, fuera de los parámetros establecidos (voto n.° 454 de las 10:35 horas, del 25 de febrero de 2009). Por último, debe indicarse que esta Sala no desconoce tales principios, pero, entre éstos y los principios de igualdad e igualdad salarial, deben prevalecer los últimos a fin de no generar discriminación. Por otra parte, debe señalarse que el hecho de que a quien demanda se le reconozca el sobresueldo por riesgo policial, no excluye la posibilidad de que se le otorgue este otro incentivo, en tanto uno y otro compensan factores diferentes, con lo cual tampoco se observa que se desnaturalice la finalidad del incentivo en cuestión. Según ha descrito la representación jurídica del Estado, uno se paga por la peligrosidad de la función policial y, el otro, por la posibilidad de ser llamado a participar en operaciones policiales más riesgosas, lo que deviene de su condición de ejercer funciones policiales semejantes a las reguladas en el numeral 22 de la Ley General de Policía. Con base en lo expuesto, se advierte que el órgano de instancia no ha incurrido en los vicios imputados, por lo que no procede variar lo resuelto en el fallo impugnado.
V.- SOBRE INTERESES E INDEXACIÓN: La recurrente impugna la condenatoria al pago de intereses e indexación conjuntamente. Estima se conceden dos medios de actualización monetaria sobre una misma obligación dineraria, lo que genera un grave perjuicio económico al Estado y un enriquecimiento sin causa para el actor. Los agravios no son de recibo. Esta Sala, en repetidas oportunidades, ha resuelto sobre la procedencia de la condena a reconocer la indexación juntamente con los intereses legales. Así, en la sentencia n.° 993, de las 11:30 horas del 14 de setiembre de 2016, se indicó: “La Sala ha sostenido: ‘Las partes de las relaciones jurídico-patrimoniales, cuando la obligación ha surgido del acuerdo o convenio, pueden recurrir a mecanismos de tutela del acreedor que no estén prohibidas por las leyes, en atención a las eventuales devaluaciones o pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional, como suele hacerse recurriendo a monedas más fuertes y estables que el colón, como el dólar de los Estados Unidos. Mas, en el caso de obligaciones como las concedidas en la sentencia que se conoce (salarios caídos y diferencias en aguinaldo), al no existir un mecanismo de actualización monetaria, el incumplimiento prolongado de la parte deudora, acarrea un desplazamiento económico hacia el propio deudor y un empobrecimiento para el acreedor. Como tal enriquecimiento debe considerarse ilícito, pues violenta los más elementales principios de justicia y equidad, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil que establece que las normas deben interpretarse según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas, y reconocer la posibilidad de compensar la pérdida del valor real del dinero y con un mejor estudio de la cuestión darle al citado numeral 706 una aplicación diferente, restándole el efecto obstáculo que se le ha venido dando, entendido que la actualización monetaria no constituye propiamente una indemnización sino un mecanismo de pago de lo verdaderamente adeudado, lo justamente debido, al momento del incumplimiento, lo cual en esa inteligencia, no resulta prohibido. Ha de tomarse en cuenta, que el contrato de trabajo obliga tanto a lo que en él se expresa, como a las consecuencias que se deriven de su contenido según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la ley (artículo 19 del Código de Trabajo. En igual sentido, en el numeral 1023 del Código Civil se dispone: “1) Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta…”), lo cual exige de las partes una conducta transparente en las diferentes fases de la relación jurídica y su ajuste estricto, en el ejercicio de sus derechos a criterios justos. Así, a los daños y perjuicios que ocasiona el retraso (mora) en que incurre la parte deudora en el cumplimiento de la obligación, imposibilitando el disfrute efectivo y a tiempo por parte de su acreedor (artículo 702 ídem), debe sumarse el problema inflacionario que con el tiempo produce la depreciación de la moneda, reduciendo el contenido real de la obligación principal, lo cual hace nacer la necesidad de indexar para eliminar el enriquecimiento ilícito producido a favor del deudor. Los principios generales del derecho –que permean e irradian la totalidad del ordenamiento jurídico-, imponen además de la íntegra reparación del daño, el ineludible equilibrio que debe mediar en las contraprestaciones, la prohibición del abuso del derecho y del enriquecimiento injusto, de manera tal que el cumplimiento debe ajustarse siempre a la realidad. Por otra parte, el artículo 41 constitucional exige restituir el estado de cosas lesionado a su situación anterior, lo que debe hacerse en el contexto y valor presente. Esto, por cuanto una solución distinta haría nugatorio ese derecho constitucional (tutela judicial efectiva, artículos 41 y 49), lo mismo que el de propiedad (artículo 45), toda vez que se admitiría un pago insuficiente, significando un enriquecimiento injusto para el deudor, según se dijo’ (resolución n° 267 de las 10:45 horas del 30 de marzo de 2012). De esta manera, la no aplicación de la figura de la indexación ante casos como el que nos ocupa, frente a la dilación culpable en el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del empleador, significaría privilegiar a la parte más fuerte de la relación, permitiéndole beneficiarse, a partir de la inflación, de su morosidad, con lo cual se violenta el principio protector que inspira el derecho de trabajo y que se recoge en el artículo 17 del Código de Trabajo. Por ello, también debe ratificarse lo resuelto por el ad quem en relación con este punto” (voto número 102 de las 10:25 horas, del 30 de enero de 2013), criterio que se comparte plenamente y, además, no existe en el subjúdice ningún elemento que permita variarlo”. Sobre el mismo tema, en el voto n.° 1019, de las 9:30 horas del 23 de setiembre de 2016, se consideró: “La parte vencida recurre ante esta Sala la condena en los extremos de indexación e intereses, ya que a su juicio, no procede ese pago por ser extremos excluyentes y porque no existe respaldo normativo para el pago de la indexación. El artículo 706 del Código Civil establece: “Si la obligación es de pagar una suma de dinero, los daños y perjuicios consisten siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma debida, contados desde el vencimiento del plazo”. Resulta claro que al tenor de esa norma, los intereses corresponden al resarcimiento ocasionado por la falta de cumplimiento de una obligación en dinero y la consiguiente imposibilidad de disponer del capital. Por su parte, la indexación ataca el problema inflacionario que se produce con el tiempo y que causa la depreciación y pérdida de rendimiento de la moneda, reduciendo el contenido de la obligación principal. En otras palabras, la indexación se prevé para compensar la pérdida del valor del dinero ocurrida por el transcurso del tiempo en relación con la inflación y, como se apuntó, los intereses compensan el costo de oportunidad, por no haberse podido disponer del dinero en forma oportuna; cabe agregar que la indexación únicamente procederá sobre obligaciones en dinero puras o de valor debidamente liquidadas. Como puede extraerse de lo anterior, ambas figuras poseen una naturaleza disímil y, tratándose de la indexación esta no puede realizarse sobre los intereses generados por la deuda, toda vez que implicaría convertir en más gravosa la condena del Estado, pues pesaría sobre la parte demandada el reconocimiento de un beneficio inexistente sobre los intereses generados, lo que a la postre podría derivar en dos situaciones prohibidas por nuestro ordenamiento jurídico, sea incorporar intereses legales al capital o bien, cobrar intereses sobre los mismos intereses, lo que sin duda supondría la presencia de un enriquecimiento ilegítimo (en este sentido puede consultarse el voto de esta Sala n.° 1041 de las 10:20 horas del 23 de septiembre de 2015). En el caso bajo examen, se ha condenado al pago de días feriados laborados y no pagados como corresponde en el período comprendido entre el año 1987 y 2007, es obvio que el pago no va a ser oportuno, por lo que es justo el reconocimiento de intereses y la indexación sobre las sumas que tardíamente deberán ser pagadas. Según lo dicho, se ha de reconocer como lo hicieron los juzgadores de las instancias precedentes, el pago del extremo pretendido.¨ (El destacado es agregado). (Al respecto, puede consultarse, entre otros, el voto de esta Sala n.°537 de las 11:00 del 27 de mayo de 2016 y, más recientemente, el 708-2022 de las 11:50 horas del 30 de marzo de 2022). Ahora bien, el artículo 565 del Código de Trabajo, establece que: “Toda sentencia de condena a pagar una obligación dineraria implicará para el deudor, salvo decisión o pacto en contrario, aunque no se diga expresamente: / 1.- La obligación de cancelar intereses sobre el principal, al tipo fijado en la Ley N° 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964, a partir de la exigibilidad del adeudo o de cada tracto cuando se integra en esa forma. Si la condena lo fuera a título de daños y perjuicios, el devengo de intereses se iniciará desde la firmeza de la sentencia. Para las obligaciones en moneda extranjera, se estará a lo dispuesto en ese mismo Código para las obligaciones en dólares de los Estados Unidos de América. / 2.- La obligación de adecuar los extremos económicos principales, actualizándolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago. / El cálculo de intereses se hará sobre los montos condenados o resultantes después de su liquidación, antes de ser llevados a valor presente, y luego se hará la adecuación indicada en el último párrafo, únicamente sobre los extremos principales.” (El subrayado, no es del original). Con base en el numeral transcrito, por imperativo legal, en toda sentencia que condene a pagar una obligación dineraria implicará para el deudor, salvo pacto o disposición expresa en contrario, el pago de intereses e indexación. Por ende, la a quo, al conceder dichos rubros no ha incurrido en los vicios reprochados por la parte impugnante, sino que procedió a aplicar el tenor literal del ordinal transcrito y los criterios jurisprudenciales de esta Sala de Casación.
VI.- SOBRE COSTAS: La abogada del Estado impugna la condenatoria en costas. Apunta que el proceso versó sobre cuestiones de estricto derecho y la debida aplicación del principio de legalidad. Afirma que su patrocinado ha litigado con evidente buena fe y lealtad procesal, lo que posibilita la exoneración en costas pretendida. El artículo 562 del citado código, dispone: “En toda sentencia, incluidas las anticipadas, y las resoluciones que provoquen el perecimiento del proceso por litispendencia, incompetencia por razones del territorio nacional, satisfacción extraprocesal o deserción, se condenará al vencido, a quien ha satisfecho el derecho o a la parte sancionada con la finalización del asunto, al pago de las costas personales y procesales causadas. / Si la sentencia resuelve el asunto por el fondo o acoge excepciones materiales de las calificadas como previas, las personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso. / En los demás supuestos, así como cuando el proceso no fuera susceptible de estimación pecuniaria, la fijación se hará prudencialmente. / Para hacer la fijación del porcentaje o del monto prudencial se tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y demandado. En los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia económica se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y, si a consecuencia del proceso se siguiera generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%). Si el resultado económico fuera intrascendente se hará la fijación de forma prudencial con fundamento en los criterios mencionados.” (El destacado es agregado). En el numeral citado, se fundamenta la regla general de que en el proceso laboral la parte vencida debe ser condenada al pago de las costas personales y procesales causadas. Por su parte, el ordinal 563 ibidem, dispone las causales de exoneración al pago de esos emolumentos, al indicar que: “No obstante, se podrá eximir al vencido del pago de las costas personales y aun de las procesales, cuando: 1 ) Se haya litigado con evidente buena fe. 2) Las proposiciones hayan prosperado parcialmente. 3) Cuando haya habido vencimiento recíproco. La exoneración debe ser siempre razonada. No podrá considerarse de buena fe a la parte que negó pretensiones evidentes que el resultado del proceso indique que debió aceptarlas, no asistió a la totalidad de la audiencia, adujo testigos sobornados o testigos y documentos falsos, no ofreció ninguna probanza para justificar su demanda o excepciones, si se fundaran en hechos disputados. La exoneración de costas será imperativa, si alguna norma especial así lo dispone…” (El resaltado es agregado). En el veredicto recurrido, el Juzgado impuso al ente estatal el pago de ambas costas personales y procesales y fijó las personales en el quince por ciento del total de la condenatoria resultante a la firmeza del fallo. Examinado el caso concreto, este órgano de casación considera que no es posible exonerar al Estado del pago de costas, pues su actuar no encuadra dentro de las causales de exoneración contenidas en el 563 citado. Nótese que el promovente tuvo que acudir a la vía judicial a reclamar la concesión del incentivo supra, el cual fue concedido en instancia y, aun así, en esta etapa procesal, la parte impugnante ha negado todas las pretensiones que el resultado del proceso infiere que debió aceptarlas, decantándose en invocar la tesis de que a la actora no le asiste derecho a lo reclamado. De ahí que, el agravio debe denegarse.
VII.- CONSIDERACIÓN FINAL: En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de casación.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Res: 2024002940 VSIBAJAF Luis Porfirio Sánchez Rodríguez Julia Varela Araya Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia Rafael Antonio Ortega Telleria Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 1
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