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Res. 02937-2024 Sala Segunda de la Corte · Sala Segunda de la Corte · 08/11/2024

Denial of State's appeal regarding high-risk incentive payment to border policeDenegatoria del recurso estatal contra pago de incentivo de alto riesgo a agente de fronteras

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OutcomeResultado

Appeal deniedSin lugar recurso

The Second Chamber denies the State's appeal and upholds the judgment ordering payment of the high-risk incentive, interest, indexation and costs to the border police officer.La Sala Segunda declara sin lugar el recurso del Estado y confirma la condena al pago del incentivo de alto riesgo, intereses, indexación y costas a favor del agente de fronteras.

SummaryResumen

The Second Chamber hears a labor lawsuit in which a Border Police Officer claims the High-Risk Operations incentive. The trial court upheld the claim and ordered the State to pay the salary supplement retroactively, plus interest, indexation, and costs. The State appeals, alleging violation of budgetary legality, lack of proof of risk, duplication with the police risk incentive, impropriety of awarding both interest and indexation, and good faith in its defense. The Chamber rejects all grievances. It finds that the Border Police’s duties are comparable to those of the Civil Guard and Rural Assistance Guard, so their officers are entitled to the incentive. It holds that principles of equal pay prevail over budgetary arguments when the denial lacks justification. It confirms that interest and indexation may be awarded together under article 565 of the Labor Code, as they compensate different factors. Finally, it upholds the cost award since the State was unsuccessful and no procedural good faith was shown.La Sala Segunda conoce de un proceso ordinario laboral en el que un Agente de Fronteras reclama el pago del incentivo por Operaciones de Alto Riesgo. El juzgado de primera instancia acogió la demanda y condenó al Estado al pago retroactivo del plus salarial, intereses, indexación y costas. El Estado recurre alegando violación del principio de legalidad presupuestaria, falta de prueba del riesgo, duplicidad con el riesgo policial, improcedencia de intereses junto a indexación, y buena fe en la defensa. La Sala rechaza todos los agravios. Sostiene que las funciones de la Policía de Fronteras son equiparables a las de la Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, por lo que sus agentes tienen derecho al incentivo. Afirma que los principios de igualdad salarial prevalecen sobre los presupuestarios cuando la negativa carece de sustento. Confirma la procedencia conjunta de intereses e indexación conforme al artículo 565 del Código de Trabajo, pues compensan factores distintos. Finalmente, mantiene la condena en costas al resultar vencido el Estado y no evidenciarse buena fe procesal.

Key excerptExtracto clave

Thus, even though the Border Police’s specific competence is to safeguard territorial sovereignty and its concrete powers are “a) To watch over and protect land, maritime and air borders, including public buildings where customs and immigration activities are carried out. /b) To ensure respect for the Political Constitution, international treaties and laws guaranteeing the integrity of the national territory, territorial waters, the continental shelf, the patrimonial sea or exclusive economic zone, airspace and the exercise of the State’s corresponding rights” (articles 23 and 24 of the General Police Law), that does not exclude it from fulfilling those other general duties that match those regulated in article 22. Then, from the Police Classes Handbook submitted to the file, it appears that the nature of the work performed by an Agent II is described as: “Execution of specialized police tasks requiring theoretical-practical knowledge in the police field, carried out nationwide, aimed at protecting national sovereignty, territorial integrity, surveillance, maintenance of public order, the safety of inhabitants and their property, and crime prevention.” (...) The foregoing leads to the conclusion that the plaintiff’s police duties are comparable to those assigned to members of the Civil Guard and Rural Assistance Guard, i.e., those framed within article 22 mentioned so many times. Thus, there is no reason to change the Chamber’s settled view on this: if the duties assigned to border police are analogous to those of civil guard and rural guard officers, it is clear that their salary composition must be the same as the latter, insofar as the tasks performed by each make this salary supplement payable; because, as stated, their lives are also at risk in the performance of their duties, so it is equitable to recognize it in their salaries. The above does not mean this Chamber ignores the principles of legality and budgetary legality, but between those and the principles of equality and equal pay, the latter must prevail to avoid discrimination.De esa manera, aun cuando la Policía de Fronteras tiene como competencia específica resguardar la soberanía territorial y sus atribuciones concretas son las de “a) Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, las marítimas y las aéreas, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias. /b)Velar por el respeto a la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes garantes de la integridad del territorio nacional, las aguas territoriales, la plataforma continental, el mar patrimonial o la zona económica exclusiva, el espacio aéreo y el ejercicio de los derechos correspondientes al Estado” (ordinales 23 y 24 de la Ley General de Policía), eso no la excluye del cumplimiento de aquellas otras competencias generales, que concuerdan con las reguladas en el artículo 22 referido. Luego, del Manual de Clases Policiales aportado al expediente, se desprende que la naturaleza del trabajo realizado por un Agente II, se describe así: “Ejecución de labores policiales especializadas que requieren de la aplicación de conocimientos teórico – prácticos en el campo policial, desarrolladas a nivel nacional, orientadas a la protección de la soberanía nacional, integridad territorial, vigilancia, mantenimiento del orden público, la seguridad de los habitantes y sus bienes y la prevención del delito”. (...) Lo anterior permite concluir que las funciones policiales del accionante son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de la Guardia Civil y Guarda de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 tantas veces mencionado. Así las cosas, no hay razón para cambiar el criterio que ha venido manteniendo la Sala a este respecto: si las funciones atribuidas a los policías de fronteras son análogas a las de los oficiales de la guardia civil y la guardia rural, es evidente que la composición de su salario debe ser igual al de estos últimos, en el tanto son las tareas que desempeñan unos y otros, las que hacen que deba cancelarse este plus salarial; por cuanto, como se dijo, en la ejecución de sus labores también se encuentran en riesgo sus vidas, de manera que lo equitativo es el reconocimiento de aquel en sus salarios. Lo anterior no significa que esta Sala desconoce los principios de legalidad y legalidad presupuestaria, pero entre ellos y los principios de igualdad e igualdad salarial deben prevalecer estos últimos para no generar discriminación.

Pull quotesCitas destacadas

  • "si las funciones atribuidas a los policías de fronteras son análogas a las de los oficiales de la guardia civil y la guardia rural, es evidente que la composición de su salario debe ser igual al de estos últimos (...) entre ellos y los principios de igualdad e igualdad salarial deben prevalecer estos últimos para no generar discriminación."

    "if the duties assigned to border police are analogous to those of civil guard and rural guard officers, it is clear that their salary composition must be the same as the latter (...) between those and the principles of equality and equal pay, the latter must prevail to avoid discrimination."

    Considerando III

  • "si las funciones atribuidas a los policías de fronteras son análogas a las de los oficiales de la guardia civil y la guardia rural, es evidente que la composición de su salario debe ser igual al de estos últimos (...) entre ellos y los principios de igualdad e igualdad salarial deben prevalecer estos últimos para no generar discriminación."

    Considerando III

  • "Esa norma no establece que se pagará uno u otro de esos extremos (intereses e indexación), sino ambos; de ahí que los argumentos en que se ampara el Estado para refutar la condena no son atendibles ante la obligación que impone la ley."

    "That provision does not state that either one or the other of those items (interest and indexation) will be paid, but both; hence the State's arguments to challenge the award are unpersuasive in light of the obligation imposed by law."

    Considerando IV

  • "Esa norma no establece que se pagará uno u otro de esos extremos (intereses e indexación), sino ambos; de ahí que los argumentos en que se ampara el Estado para refutar la condena no son atendibles ante la obligación que impone la ley."

    Considerando IV

  • "La indexación se prevé para remediar la pérdida del valor del dinero ocurrida por el transcurso del tiempo en relación con la inflación y los intereses compensan el costo de oportunidad, por no haber podido disponerse del dinero en forma oportuna."

    "Indexation is designed to remedy the loss of money's value over time due to inflation, and interest compensates for the opportunity cost of not having had the money available when it was due."

    Considerando IV

  • "La indexación se prevé para remediar la pérdida del valor del dinero ocurrida por el transcurso del tiempo en relación con la inflación y los intereses compensan el costo de oportunidad, por no haber podido disponerse del dinero en forma oportuna."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Segunda of the Court Date of Resolution: 08 of November of 2024 at 11:17 Case type: ordinary Analyzed by: SALA SEGUNDA Ruling with protected data, in accordance with current regulations  Supreme Court of Justice SALA SEGUNDA Res: 2024002937 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven hours and seventeen minutes on the eighth of November, two thousand twenty-four.

Ordinary proceeding filed before the Civil, Labor, Agrarian, Family, Juvenile Criminal, and Domestic Violence Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, Upala Venue (Labor Matters), by [Name 001], single, police officer and resident of Alajuela; against the STATE, represented by its deputy procuradora, licenciada María Catalina Ceciliano Amador, marital status ignored, resident of San José. The licenciada Kerllyn Adriana Jiménez Steller, of unknown particulars, appears as the social assistance attorney for the plaintiff. All of legal age and attorneys, with the exception indicated.

Drafted by Judge Sánchez Rodríguez; and,

CONSIDERING:

I.- BACKGROUND: The plaintiff brought this action so that, in the ruling, the State be ordered to pay him the incentive called Alto Riesgo (High Risk) retroactively and going forward. Likewise, he sought the recognition of interest, indexation (indexación), and the costs of the proceeding. The reply was rendered in negative terms and the defense of lack of right was raised. By judgment No. 33 of 11:36 hours on February 19, 2024, the Labor Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela granted the claim. It ordered the defendant to pay the claimed incentive as of August 30, 2013, and for as long as the plaintiff remains in the position that grants him the right. It also ordered the payment of interest and indexation (indexación) and imposed costs, setting personal costs at 15% of the total award.

II.- GRIEVANCES: The State representative disagrees with the ruling. She considers that granting the bonus pay (sobresueldo) violates the principles of legality and budgetary legality. She cites an excerpt from Constitutional Chamber Resolution No. 5500, of 14:33 hours on July 5, 2000, to illustrate that the national budget approved by the competent entities must be granted and spent in the manner ordered by the approved rule, and therefore, only another law can modify the destination of the budget. She states that the ruling breaches the principle of budgetary legality, as it orders something different from what is stipulated by the Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (Technical Secretariat of the Budgetary Authority). She alleges disregard for the exclusive competence of said entity as the governing body of the Public Sector wage policy and, therefore, the binding nature of its pronouncements and provisions on salary matters for the Public Administration. She argues that judgment incurs an improper evidentiary assessment, violating Article 481 of the Labor Code, since there is no probative element that the plaintiff performs functions considered high risk, dangerousness, or imminent risk for the official, which are the ones compensated by the incentive. She supports her argument with resolution number 2016-0131 of this Chamber. She adds that, if it were to be considered that both incentives (police risk and high police risk) were created for the purpose of being granted by virtue of the pure and simple functions of being a police officer, their essence would be distorted, and both incentives would be equated, which would imply a double payment for the same working conditions and would make such recognition openly improper and contrary to law. She insists that what was resolved contradicts the criterion issued by the Budgetary Authority in official letter STAP-0683-2000 of April 12, 2000, where it is indicated that it would only apply to officials who fall within articles 21 and 22 of the LGAP. To the above, she adds what is regulated by article 55 of Law No. 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Public Finance Strengthening Law), according to which incentives, compensations, or salary supplements can only be created by means of law. She insists on the violation of the principle of legality if there is no rule that contemplates the legal possibility of granting recognition of the high risk (alto riesgo) incentive to the official appointed in a budget code not included among the codes authorized to receive this incentive. She maintains that it is not possible to fill a legal vacuum by analogy nor to create a salary supplement that is reserved by law, for which reason she requests the annulment of the decision and that, instead, the claim be dismissed. She cites rulings from the Labor Court of the I Judicial Circuit of San José, as well as by this Chamber, where it dealt with officers who are not responsible for attending raids, crisis situations, anti-terrorist actions, or protection of public figures or visitors in which their life and physical integrity are directly exposed. In another line of argument, the appellant objects to the incorrect interpretation and application of Article 565 of the Labor Code, insofar as it orders the payment of interest on the principal at the same time as indexation (indexación). She considers that indexation (indexación) cannot be applied when legal interest has been concomitantly granted, because legal interest already contains an indexation component. She says that ordering the payment of both makes the award more burdensome and entails illegitimate enrichment for the plaintiff, for which reason this item must be rejected. Finally, she protests the award of costs because this representation has acted in good faith; its actions have always been protected by provisions of the legal system, in strict compliance with the Principle of Legality that governs the Administration's actions. The defense was not malicious but, rather, in accordance with the terms of the claim, the evidence incorporated into the record, regulations, and jurisprudential precedents. She supports the request for exoneration from costs on numeral 563, subsection 1, of the Labor Code. Based on these arguments, she requests that the claim be dismissed and the award of costs against the defendant be rendered ineffective.

III.- ON THE SPECIFIC CASE: The appellant objects to the recognition of the High Risk Operations (Operaciones de Alto Riesgo) incentive since, from her perspective, it violates the principles of ordinary and budgetary legality. In this sense, she refers to the alleged impossibility of the defendant entity to grant the claimed salary supplement (plus), given its subjection to the decisions of the Technical Secretariat of the Budgetary Authority. This Chamber has had the opportunity to hear similar matters where it has concluded that the refusal of that technical body to extend the payment to other police forces –among them, the Border Police (Policía de Fronteras)– is contrary to law, because the members of that police force find themselves in the factual scenarios that were provided for in the agreement that authorized that incentive, and therefore, they were entitled to the same legal consequences. The agreement creating the bonus pay (sobresueldo) was intended for those public servants whose functions and competencies fall within articles 21 and 22 of the General Police Law (Ley General de Policía), which correspond to those assigned to the Civil Guard (Guardia Civil) and Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural). The last cited numeral regulates the powers of those police bodies as follows: "a) To ensure the exercise of constitutional guarantees, the protection of constitutional order, citizen security, national sovereignty, and territorial integrity. /b) To maintain public tranquility and order. /c) To ensure the safety and integrity of persons and property of the inhabitants of the Republic. /d) To maintain respect for the properties and other rights of the inhabitants of the Republic. /e) To prevent and repress the commission of punishable offenses within the national territory." In this case, it was proven that the plaintiff is appointed as a Border Agent (Agente de Fronteras) and that his duties are police-related (proven facts 2 and 4 of the appealed judgment). Article 4 of the aforementioned Law stipulates that "The police forces shall be at the service of the community; they shall be responsible for monitoring, maintaining public order, preventing manifestations of delinquency, and cooperating to repress them in the manner determined by the legal order." The following article 8 regulates the powers of the police forces, among which it is worth highlighting those that fully correspond with those regulated in the transcribed numeral 22: "a) To protect constitutional order. /b) To prevent potential violations of the territorial integrity of the Republic. /c) To ensure the integrity of the citizens' property and rights. /d) To ensure the monitoring and maintenance of public order…". In this way, even though the Border Police has as its specific competence to protect territorial sovereignty and its specific powers are those of "a) To monitor and protect land, maritime, and air borders, including public buildings where customs and immigration activities are carried out. /b) To ensure respect for the Political Constitution, international treaties, and laws guaranteeing the integrity of the national territory, territorial waters, the continental shelf, the patrimonial sea or the exclusive economic zone, the airspace, and the exercise of the corresponding rights of the State" (articles 23 and 24 of the General Police Law), this does not exclude it from fulfilling those other general competencies, which coincide with those regulated in the referred article 22. Furthermore, from the Police Class Manual provided to the case file, it is apparent that the nature of the work performed by a Class II Agent is described as follows: "Execution of specialized police duties that require the application of theoretical-practical knowledge in the police field, developed at the national level, oriented towards the protection of national sovereignty, territorial integrity, surveillance, maintenance of public order, the security of inhabitants and their property, and crime prevention." For its part, the description of the generic activities of the class lists, among others, the following: "To support other police units and departments and act in special situations, in order to restore public order, as well as in rescue activities, in cases of emergency and natural disasters or those caused by human beings. /To participate in the different planned and ordered police actions, in accordance with institutional requirements. /To carry out prevention and repression actions in its jurisdictional area, regarding the fight against drug trafficking, organized crime, tax evasion, trafficking in persons in its different forms, and actions aimed at protecting the natural heritage." Likewise, the specific activities for the position of Border Agent are established as follows: "To monitor and protect land borders, including public buildings where customs and immigration activities are carried out during their operation. /To participate in specific, joint, or combined operations for the systematic and permanent observation of the State's border space, from land, sea, or air, using visual, electronic, or other means, with the purpose of detecting, alerting, and preventing possible violations at the international boundary and carrying out police control in the area of responsibility and, consequently, combating the criminal phenomenon. /To carry out surveillance and protection actions in border areas in furtherance of its mission or in coordination with other institutions in matters of humanitarian aid and stabilization in cases of natural disasters or those caused by human beings. /To carry out national and international crime prevention actions in the border strips. /To execute strategic intelligence plans that guide the actions of the Border Police. /To execute actions that contribute to the integration processes and improvement of citizen security for the communities and populations of the country's border areas. /To execute prevention and repression actions against smuggling, trafficking in persons, human smuggling (coyotaje), illicit trafficking of drugs and prohibited substances, deforestation, environmental contamination, slaughter of livestock and protected animals, endangered species, among others. /To gather information resulting from patrolling in the border areas, to produce and provide timely and reliable police intelligence. /To verify and report on the maintenance and conservation of border markers (hitos fronterizos)." The above allows concluding that the plaintiff's police functions are comparable to those assigned to members of the Civil Guard and Rural Assistance Guard, that is, those framed in numeral 22 mentioned so many times. This being the case, there is no reason to change the criterion that the Chamber has been maintaining in this regard: if the functions attributed to border police officers are analogous to those of the civil guard and rural guard officers, it is evident that their salary composition must be equal to that of the latter, as it is the tasks performed by both groups that require this wage supplement (plus salarial) to be paid; because, as was stated, their lives are also at risk in the execution of their duties, so that what is equitable is the recognition thereof in their salaries. This does not mean that this Chamber is unaware of the principles of legality and budgetary legality, but between them and the principles of equality and equal pay, the latter must prevail to avoid discrimination. On the other hand, it must be noted that, even if the Ministry of Public Security is subject to the guidelines and directives issued by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority, the jurisdictional bodies are not obligated to apply regulations that create, without any basis, a situation of inequality. In this sense, article 8 of the Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial), as relevant, states: "Judicial officers may not [...] 2.- Apply decrees, regulations, agreements, and other provisions contrary to any other higher-ranking rule." By reason of the foregoing, there is no merit in varying what was resolved by the Court (in the same vein, see rulings number 2993, of 11:05 hours on October 26, 2022; 2987, of 10:35 hours on October 26, 2022; 2982, of 10:10 hours on October 26, 2022; 1076, of 15:50 hours on May 13, 2021; 861, of 11:35 hours on April 28, 2021; 856, of 11:10 hours on April 28, 2021; among others).

IV.- ON INTEREST AND INDEXATION (INDEXACIÓN): The State's attorney challenges that the ruling ordered the payment of legal interest and indexation (indexación) jointly. She considers that this means the plaintiff will receive the inflation component doubly, which entails an undue economic advantage and illicit enrichment in his favor. The grievance is not admissible. First, the plaintiff's claim is the payment of the high risk (alto riesgo) operations incentive, and, according to what was resolved in the previous considering clause (considerando), this will result in an increase in the amount of his salary, in addition to the retroactive differences. These sums constitute monetary debts, so the regulation in Article 565 of the Labor Code is applicable, a rule that establishes that, in cases where payment of monetary sums is ordered, the debtor must pay legal interest and the adjustment of the principal economic items, updating them to present value by the same percentage in which the consumer price index for the Metropolitan Area has varied. That rule does not establish that one or the other of these items (interest and indexation/indexación) will be paid, but rather both; hence, the arguments on which the State relies to refute the award are not tenable in the face of the obligation imposed by law (see, in a similar vein, the vote of this Chamber number 1538, of 9:25 hours on September 12, 2018). Now, it must be taken into account that, even if the interest rate may contemplate the inflation rate, the fact is that both figures compensate for different factors. Indexation (indexación) is intended to remedy the loss of the value of money occurring over time in relation to inflation, and interest compensates for the opportunity cost, for not having been able to dispose of the money in a timely manner (with identical orientation, consult decision No. 148 of 10:00 hours on February 12, 2014, and No. 931 of 11:50 hours on June 5, 2018). Thus, it must be understood that indexation (indexación) and legal interest are not mutually exclusive items. Consequently, as they are regulated by law, they do not imply enrichment without cause due to double payment, as the State representative alleges.

V.- ON COSTS: The appellant also seeks to have the cost award imposed on her client revoked because she deems that the client has proceeded in good faith and in application of the principle of legality, and that there was improper application of numerals 562 and 563 of the Labor Code. In this matter, the appealed judgment upheld the principal claims of the complaint; in fact, it was granted in all its terms, so the State was the losing party. Furthermore, the plaintiff had to resort to the judicial process in defense of legitimate rights, regarding which the defendant party has shown opposition even in this last instance, a situation that rules out good faith. In this area, the rule is to impose the payment of those expenses on the losing party (Article 562 of the Labor Code); that is, the award of costs is a consequence derived from the rejection of the claim or the defense, which caused the other party – the victorious one – the investment of time and resources. That is the reason for the award and not a supposed act of bad faith. Numeral 563 certainly authorizes exoneration in that item, when the procedural conduct of the losing party has been with evident good faith; however, this Chamber does not find that the State's procedural conduct has been in that condition, especially when the thesis of subjection to budgetary legality has been dismissed. By reason of the foregoing, the ruling on said expenses must be upheld.

VI.- FINAL CONSIDERATIONS: Based on the reasons set forth, it is appropriate to dismiss the appeal.

THEREFORE:

The appeal is dismissed.

Res: 2024002937 MLONGAN Luis Porfirio Sánchez Rodríguez Julia Varela Araya Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia Rafael Antonio Ortega Telleria Digitally Signed Document -- Verification Code --  1 Telephones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 and 2295-4406. Facsimile: 2295-3009. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:47:56.

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Sala Segunda de la Corte Clase de asunto: ordinario Analizado por: SALA SEGUNDA Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente  Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA Res: 2024002937 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas diecisiete minutos del ocho de noviembre de dos mil veinticuatro .

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado Civil, Trabajo, Agrario, Familia, Penal Juvenil y Contra la Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala (Materia Laboral), por [Nombre 001], soltero, policía y vecino de Alajuela; contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada María Catalina Ceciliano Amador, estado civil ignorado, vecina de San José. Figura como abogada de asistencia social de la actora, la licenciada Kerllyn Adriana Jiménez Steller, de calidades desconocidas. Todos mayores y abogados, con la excepción indicada.

Redacta el Magistrado Sánchez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: El actor promovió la presente acción para que en sentencia se condene al Estado a pagarle el incentivo denominado Alto Riesgo de forma retroactiva y hacia futuro. Asimismo, pretendió el reconocimiento de intereses, indexación y las costas del proceso. La contestación fue rendida en términos negativos y se opuso la excepción de falta de derecho. Mediante sentencia n.° 33 de las 11:36 horas del 19 de febrero de 2024, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, declaró con lugar la demanda. Conminó a la parte accionada a cancelar el incentivo reclamado a partir del 30 de agosto de 2013 y mientras el actor se mantenga en el puesto que le otorga el derecho. Ordenó también el pago de intereses e indexación y le impuso las costas fijando las personales en el 15% del total de la condenatoria.

II.- AGRAVIOS: La representante estatal muestra disconformidad con lo resuelto. Considera que, con la concesión del sobresueldo se violentan los principios de legalidad y legalidad presupuestaria. Cita un extracto de la resolución de la Sala Constitucional número 5500, de las 14:33 horas del 5 de julio de 2000, para hacer ver que el presupuesto nacional aprobado por los entes competentes deberá ser otorgado y gastado en la forma como ordena la norma aprobada, por lo que solo otra ley podrá modificar el destino del presupuesto. Manifiesta que lo resuelto trasgrede el principio de legalidad presupuestaria, pues dispone algo distinto a lo estipulado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Alega desconocimiento de la competencia exclusiva de dicha entidad como ente rector de la política salarial del Sector Público y, por ende, el carácter vinculante de sus pronunciamientos y disposiciones en materia salarial para la Administración Pública. Aduce que la sentencia incurre en una indebida valoración del régimen probatorio, con violación del artículo 481 del Código de Trabajo, en tanto no existe elemento probatorio de que el actor realice funciones consideradas de alto riesgo, de peligrosidad o riesgo inminente del funcionario, que son las retribuidas por el incentivo. Apoya su argumento en la resolución número 2016-0131 de esta Sala. Agrega que, de llegar a considerarse que ambos incentivos (riesgo policial y alto riesgo policial) se crearon con la finalidad de otorgarse en virtud de las funciones puras y simples, de ser servidor policial, se estaría desvirtuando su esencia y equiparando ambos incentivos lo que implicaría un doble pago por las mismas condiciones de trabajo y haría de dicho reconocimiento, abiertamente indebido y contrario a derecho. Insiste en que lo resuelto contradice el criterio emitido por la Autoridad Presupuestaria en el oficio STAP-0683-2000 de 12 de abril de 2000, donde se indica que solo se aplicaría a los funcionarios que están enmarcados en los artículos 21 y 22 de la LGAP. A lo anterior, adiciona lo regulado por el artículo 55 de la ley n.° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, según el cual, los incentivos, compensaciones o pluses salariales solo pueden crearse por medio de ley. Insiste en la violación al principio de legalidad si no hay norma que contemple la posibilidad jurídica de otorgar el reconocimiento del incentivo de alto riesgo al funcionario nombrado en un código presupuestario no contemplado dentro de los códigos autorizados para percibir este incentivo. Sostiene que por analogía no es posible llenar un vacío legal ni crearse un plus que es reserva de ley, por lo que solicita la anulación del fallo y, en su lugar, se desestime la demanda. Cita sentencias del Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, así como por esta Sala, donde se trató de agentes a quienes no les corresponde atender allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes en los que se exponga de forma directa su vida e integridad física. En otro orden de ideas, la recurrente acusa indebida interpretación y aplicación del artículo 565 del Código de Trabajo, en cuanto se condena al pago de intereses sobre el principal al mismo tiempo que a la indexación. Considera que la indexación no puede aplicarse cuando concomitantemente se han otorgado intereses legales, debido a que el interés legal, ya contiene un componente indexatorio. Dice que reconocer el pago de ambas situaciones convierte en más gravosa la condena y conlleva un enriquecimiento ilegítimo de la parte actora, por lo que dicho extremo debe rechazarse. Por último, protesta la condena en costas por cuanto esa representación ha actuado de buena fe, sus actuaciones siempre han estado amparadas en disposiciones del ordenamiento jurídico, en estricto cumplimiento del Principio de Legalidad, que rige las actuaciones de la Administración. La defensa no fue maliciosa sino, conforme los términos de la demanda, la prueba incorporada a los autos, normativa y antecedentes jurisprudenciales. Sustenta la pretensión de exoneración en costas en el numeral 563 inciso 1, del Código de Trabajo. Con base en esos argumentos solicita se declare sin lugar la demanda y se deje sin efecto la condenatoria en costas en contra del demandado.

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: La recurrente objeta el reconocimiento del incentivo por Operaciones de Alto Riesgo pues desde su óptica, se violenta el principio de legalidad ordinaria y presupuestaria. En ese sentido, refiere la presunta imposibilidad del ente demandado de conceder el plus reclamado, dada la sujeción a las decisiones de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Esta Sala ha tenido la oportunidad de conocer asuntos similares donde se ha concluido que la negativa de ese órgano técnico de extender el pago a otros cuerpos policiales –entre ellos, la Policía de Fronteras- resulta contraria a derecho, en tanto las personas integrantes de ese cuerpo policial se encuentran en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que autorizó ese incentivo, razón por la cual tenían derecho a las mismas consecuencias jurídicas. El acuerdo de creación del sobresueldo se previó para aquellas personas servidoras cuyas funciones y competencias se enmarcan en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, que corresponden a las asignadas a las Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural. El último numeral citado regula las atribuciones de esos cuerpos policiales así: “a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. /b) Mantener la tranquilidad y el orden públicos. /c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. /d) Mantener el respecto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. /e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional”. En este caso quedó acreditado que el actor se encuentra nombrado como Agente de Fronteras y sus labores son policiales (hechos probados 2 y 4 de la sentencia recurrida). El ordinal 4 de la Ley antes mencionada estipula que “Las fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad; se encargarán de vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el ordenamiento jurídico”. El artículo 8 siguiente regula las atribuciones de las fuerzas policiales, entre las cuales cabe destacar las que guardan plena correspondencia con las reguladas en el numeral 22 trascrito: “a) Resguardar el orden constitucional. /b) Prevenir potenciales violaciones de la integridad territorial de la República. /c) Velar por la integridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía. /d) Asegurar la vigilancia y el mantenimiento del orden público…”. De esa manera, aun cuando la Policía de Fronteras tiene como competencia específica resguardar la soberanía territorial y sus atribuciones concretas son las de “a) Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, las marítimas y las aéreas, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias. /b)Velar por el respeto a la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes garantes de la integridad del territorio nacional, las aguas territoriales, la plataforma continental, el mar patrimonial o la zona económica exclusiva, el espacio aéreo y el ejercicio de los derechos correspondientes al Estado” (ordinales 23 y 24 de la Ley General de Policía), eso no la excluye del cumplimiento de aquellas otras competencias generales, que concuerdan con las reguladas en el artículo 22 referido. Luego, del Manual de Clases Policiales aportado al expediente, se desprende que la naturaleza del trabajo realizado por un Agente II, se describe así: “Ejecución de labores policiales especializadas que requieren de la aplicación de conocimientos teórico – prácticos en el campo policial, desarrolladas a nivel nacional, orientadas a la protección de la soberanía nacional, integridad territorial, vigilancia, mantenimiento del orden público, la seguridad de los habitantes y sus bienes y la prevención del delito”. Por su parte, en la descripción de las actividades genéricas de la clase, se enumeran, entre otras, las siguientes: “Apoyar a otras dependencias y unidades policiales y actuar en situaciones especiales, a fin de restablecer el orden público, así como en actividades de rescate, en casos de emergencia y desastres naturales o provocados por el ser humano. /Participar en las diferentes acciones policiales planeadas y ordenadas, de acuerdo con los requerimientos institucionales. /Realizar acciones de prevención y represión en su área de jurisdicción, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, evasión fiscal, trata de personas en sus diferentes modalidades y acciones tendientes a la protección del patrimonio natural”. Asimismo, en la descripción de las actividades específicas del cargo de Agente de Fronteras se establecen las que de seguido se consignan: “Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias durante la operación de las mismas. /Participar en operativos propios, conjuntos o combinados para la observación sistemática y permanente del espacio fronterizo del Estado, desde tierra, mar o aire, utilizando medios visuales, electrónicos u otros, con el propósito de detectar, alertar e impedir posibles violaciones en el límite internacional y efectuar el control policial en el área de responsabilidad y por ende, el combate al fenómeno criminal. /Realizar acciones de vigilancia y de protección a las zonas fronterizas en desarrollo de su misión o en coordinación con otras instituciones en materia de ayuda humanitaria, estabilización en casos de desastres naturales o provocados por el ser humano. /Realizar acciones de prevención de delitos nacionales e internacionales en las franjas fronterizas. /Ejecutar los planes de inteligencia estratégica que orientan el accionar de la Policía de Frontera. /Ejecutar acciones que coadyuven en los procesos de integración y mejora de la seguridad ciudadana de las comunidades y poblaciones de las zonas fronterizas del país. /Ejecutar acciones de prevención y represión contra el contrabando, trata de personas, coyotaje, tráfico ilícito de drogas y sustancias prohibidas, deforestación, contaminación ambiental, destace de ganado y animales protegidos, especies en extinción, entre otros. /Recopilar información producto del patrullaje en las zonas fronterizas, para producir y suministrar inteligencia policial oportuna y confiable. /Verificar e informar sobre el mantenimiento y conservación de los hitos fronterizos”. Lo anterior permite concluir que las funciones policiales del accionante son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de la Guardia Civil y Guarda de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 tantas veces mencionado. Así las cosas, no hay razón para cambiar el criterio que ha venido manteniendo la Sala a este respecto: si las funciones atribuidas a los policías de fronteras son análogas a las de los oficiales de la guardia civil y la guardia rural, es evidente que la composición de su salario debe ser igual al de estos últimos, en el tanto son las tareas que desempeñan unos y otros, las que hacen que deba cancelarse este plus salarial; por cuanto, como se dijo, en la ejecución de sus labores también se encuentran en riesgo sus vidas, de manera que lo equitativo es el reconocimiento de aquel en sus salarios. Lo anterior no significa que esta Sala desconoce los principios de legalidad y legalidad presupuestaria, pero entre ellos y los principios de igualdad e igualdad salarial deben prevalecer estos últimos para no generar discriminación. Por otro lado, debe señalarse que, aun cuando el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre sujeto a los lineamientos y directrices emanados de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, los órganos jurisdiccionales no están obligados a aplicar una normativa que crea, sin sustento alguno, una situación de desigualdad. En ese sentido, el ordinal 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que interesa, reza: “Los funcionarios que administran justicia no podrán […] 2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones contrarias a cualquier otra norma de rango superior”. En razón de lo expuesto, no hay mérito para variar lo resuelto por el Juzgado (en igual sentido, se pueden consultar las sentencias números 2993, de las 11:05 horas del 26 de octubre de 2022; 2987, de las 10:35 horas del 26 de octubre de 2022; 2982, de las 10:10 horas del 26 de octubre de 2022; 1076, de las 15:50 horas del 13 de mayo de 2021; 861, de las 11:35 horas del 28 de abril de 2021; 856, de las 11:10 horas del 28 de abril de 2021; entre otras).

IV.- SOBRE LOS INTERESES Y LA INDEXACIÓN: La apoderada del Estado reclama que se haya condenado a pagar intereses legales e indexación de forma conjunta. Considera que ello significa que el actor recibirá el rubro inflacionario en partida doble, lo cual apareja una ventaja económica indebida y un enriquecimiento ilícito a su favor. El agravio no es de recibo. En primer lugar, la pretensión del accionante es el pago del incentivo de operaciones de alto riesgo y, según lo resuelto en el anterior considerando, ello redundará en un incremento en el monto de su salario, además de las diferencias retroactivas. Estas sumas constituyen deudas dinerarias, por lo que es aplicable lo regulado en el artículo 565 del Código de Trabajo, norma que establece que, en casos en los que se condene a pagar sumas dinerarias, el deudor deberá pagar intereses legales y la adecuación de los extremos económicos principales, actualizándolos a valor presente en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del área Metropolitana. Esa norma no establece que se pagará uno u otro de esos extremos (intereses e indexación), sino ambos; de ahí que los argumentos en que se ampara el Estado para refutar la condena no son atendibles ante la obligación que impone la ley (véase en un sentido similar, el voto de esta Sala número 1538, de las 9:25 horas del 12 de setiembre de 2018). Ahora bien, debe tomarse en cuenta que, aun cuando la tasa de interés pueda contemplar la de la inflación, lo cierto es que ambas figuras compensan factores distintos. La indexación se prevé para remediar la pérdida del valor del dinero ocurrida por el transcurso del tiempo en relación con la inflación y los intereses compensan el costo de oportunidad, por no haber podido disponerse del dinero en forma oportuna (en idéntica orientación, consúltese el fallo n.° 148 de las 10:00 horas del 12 de febrero de 2014 y el n.° 931 de las 11:50 horas del 5 de junio de 2018). Así, debe entenderse que la indexación y los intereses legales no son extremos excluyentes. En consecuencia, al estar regulados por ley, no implican un enriquecimiento sin causa por doble pago, como alega la representante estatal.

V.- SOBRE LAS COSTAS: La recurrente también pretende se revoque la condena en costas impuesta a su representado porque estima que se ha procedido de buena fe y en aplicación del principio de legalidad, por lo que se dio una indebida aplicación de los numerales 562 y 563 del Código de Trabajo. En este asunto, en la sentencia recurrida se acogieron las pretensiones principales de la demanda; de hecho, esta se declaró con lugar en todos sus extremos, por lo que el Estado resultó vencido. Además, el actor tuvo que acudir al proceso judicial en defensa de derechos legítimos, respecto de los cuales, la parte accionada ha mostrado oposición incluso en esta última instancia, situación que descarta la buena fe. En esta materia, la regla es imponer el pago de esos gastos a la parte vencida (artículo 562 del Código de Trabajo); es decir, la condena en costas es una consecuencia derivada de la improcedencia de la demanda o bien, de la defensa; que provocaron para la otra parte -la victoriosa- la inversión de tiempo y recursos. Esa es la razón de la condena y no, un supuesto de actuación de mala fe. El numeral 563 ciertamente autoriza la exoneración en ese rubro, cuando la actuación procesal de la parte vencida ha sido con evidente buena fe; sin embargo, no encuentra la Sala que el actuar procesal del Estado haya sido en esa condición, sobre todo cuando la tesis de la sujeción a la legalidad presupuestaria ha sido desestimada. En razón de lo anterior, debe mantenerse lo resuelto sobre dichos gastos.

VI.- CONSIDERACIONES FINALES: Con sustento en las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.

Res: 2024002937 MLONGAN Luis Porfirio Sánchez Rodríguez Julia Varela Araya Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia Rafael Antonio Ortega Telleria Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --  1

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    • Ley General de Policía Arts. 21-24
    • Código de Trabajo Art. 565
    • Ley Orgánica del Poder Judicial Art. 8
    • Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas n.° 9635 Art. 55

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