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Res. 03002-2022 Sala Segunda de la Corte · Sala Segunda de la Corte · 26/10/2022

Denial of police risk pay to SINAC park rangersDenegatoria de plus por riesgo policial a guardaparques del SINAC

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The majority denies the cassation appeals, upholding that park rangers are not entitled to police risk pay, while a dissenting minority grants it on wage equality grounds.La mayoría declara sin lugar los recursos de casación, confirmando que los guardaparques no tienen derecho al plus salarial por riesgo policial, aunque una minoría disidente lo concede por igualdad salarial.

SummaryResumen

The Second Chamber of the Supreme Court of Justice rules on a cassation appeal in an ordinary labor proceeding brought by a SINAC security officer (park ranger) against the State, claiming payment of the police risk salary supplement. The majority confirms the lower court decision dismissing the claim, holding that although the Forestry Law (Art. 54), the National Parks Service Law (Art. 9), and the Wildlife Conservation Law (Art. 16) grant park rangers police authority status, this authority is limited to reporting and denouncing violations—mere collaborative duties—and not the substantive police functions performed by Public Force bodies. The majority considers that, despite the danger faced, the ranger's duties (control and protection of natural resources, installation surveillance, patrols, etc.) do not reach the level of dangerousness inherent to police functions and thus do not meet the requirements of Article 91 of the General Police Law. The procedural challenges are also dismissed (failure to timely oppose the 'pure law' declaration), and the cost exemption for the good-faith plaintiff is upheld. Judges Varela Araya and Pereira Retana dissent, applying the principle of wage equality and granting the supplement on the grounds that actual exposure to risk justifies recognition.La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia resuelve un recurso de casación en un proceso ordinario laboral presentado por un oficial de seguridad del SINAC (guardaparques) contra el Estado, en el cual el actor reclama el pago del plus salarial por riesgo policial. El tribunal, por mayoría, confirma la sentencia de instancia que declaró sin lugar la demanda, al considerar que si bien la Ley Forestal (art. 54), la Ley del Servicio de Parques Nacionales (art. 9) y la Ley de Conservación de Vida Silvestre (art. 16) confieren a los guardaparques carácter de autoridad policial, esta se limita a denunciar y reportar infracciones, constituyendo obligaciones de mera colaboración y no funciones policiales sustantivas como las que desempeñan los cuerpos de la Fuerza Pública. La mayoría estima que, aunque el trabajador corre peligro, sus labores (control y protección de recursos naturales, vigilancia de instalaciones, patrullajes, etc.) no equivalen al grado de peligrosidad propio de la función policial, por lo que no se cumple el supuesto del artículo 91 de la Ley General de Policía. Además, se declaran sin lugar los recursos por razones procesales (falta de oposición oportuna a la declaratoria de puro derecho) y se confirma la exoneración en costas al actor por haber litigado de buena fe. Las magistradas Varela Araya y Pereira Retana salvan el voto y, aplicando el principio de igualdad salarial, conceden el plus al considerar que la exposición real al riesgo justifica el reconocimiento.

Key excerptExtracto clave

V.- ON THE SALARY SUPPLEMENT: […] It is true that sections 54 of the Forestry Law, 1996, 9 of the National Parks Service Law, and 16 of the Wildlife Conservation Law provide that officials serving as park rangers have police authority status; however, those provisions clearly establish that such authority is limited to reporting and denouncing violations to the competent authorities, i.e., their duties are merely collaborative and therefore different from those of Public Force officers. […] Hence, the majority of this Chamber considers that the duties performed by the plaintiff as a park ranger do not fit within the legal and jurisprudential parameters required to be entitled to the recognition of the police risk incentive. Finally, although there is no doubt that the plaintiff faces danger like police officers, that circumstance is not sufficient to conclude that he holds such a status.V.- SOBRE EL PLUS SALARIAL: […] Es cierto que en los numerales 54 de la Ley Forestal, 1996, 9 de la Ley del Servicio de Parques Nacionales y 16 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se dispone que las personas funcionarias que fungen como guardaparques tienen carácter de autoridad policial; sin embargo, dichas normas establecen con claridad que esa autoridad se limita a denunciar y reportar ante las autoridades competentes las respectivas infracciones, o sea que sus obligaciones son de mera colaboración y, por ende, distintas a los servidores y las servidoras de la Fuerza Pública. […] De ahí que la mayoría de esta Sala considera que las funciones desempeñadas por el accionante, como guardaparques, no encajan dentro de los parámetros legales y jurisprudenciales necesarios para ser acreedor del reconocimiento del incentivo por riesgo policía. Finalmente, aunque no hay duda de que el promovente corre peligro como los y las policías, esa circunstancia no es suficiente para concluir que ostenta esa investidura.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Es cierto que en los numerales 54 de la Ley Forestal, 1996, 9 de la Ley del Servicio de Parques Nacionales y 16 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se dispone que las personas funcionarias que fungen como guardaparques tienen carácter de autoridad policial; sin embargo, dichas normas establecen con claridad que esa autoridad se limita a denunciar y reportar ante las autoridades competentes las respectivas infracciones, o sea que sus obligaciones son de mera colaboración y, por ende, distintas a los servidores y las servidoras de la Fuerza Pública."

    "It is true that sections 54 of the Forestry Law, 1996, 9 of the National Parks Service Law, and 16 of the Wildlife Conservation Law provide that officials serving as park rangers have police authority status; however, those provisions clearly establish that such authority is limited to reporting and denouncing violations to the competent authorities, i.e., their duties are merely collaborative and therefore different from those of Public Force officers."

    Considerando V

  • "Es cierto que en los numerales 54 de la Ley Forestal, 1996, 9 de la Ley del Servicio de Parques Nacionales y 16 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se dispone que las personas funcionarias que fungen como guardaparques tienen carácter de autoridad policial; sin embargo, dichas normas establecen con claridad que esa autoridad se limita a denunciar y reportar ante las autoridades competentes las respectivas infracciones, o sea que sus obligaciones son de mera colaboración y, por ende, distintas a los servidores y las servidoras de la Fuerza Pública."

    Considerando V

  • "Finalmente, aunque no hay duda de que el promovente corre peligro como los y las policías, esa circunstancia no es suficiente para concluir que ostenta esa investidura."

    "Finally, although there is no doubt that the plaintiff faces danger like police officers, that circumstance is not sufficient to conclude that he holds such a status."

    Considerando V

  • "Finalmente, aunque no hay duda de que el promovente corre peligro como los y las policías, esa circunstancia no es suficiente para concluir que ostenta esa investidura."

    Considerando V

  • "Las suscritas consideran procedente acoger el recurso formulado por la parte actora, anular el fallo impugnado y, en su lugar, declarar parcialmente con lugar a demanda. En consecuencia, se debe condenar al Estado a pagarle al actor el plus por riesgo policial y las diferencias generadas respecto del aguinaldo y el salario escolar…"

    "The undersigned consider it appropriate to grant the appeal filed by the plaintiff, set aside the challenged judgment, and instead partially uphold the claim. Consequently, the State must be ordered to pay the plaintiff the police risk supplement and the resulting differences in Christmas bonus and school salary…"

    Voto salvado de las Magistradas Varela Araya y Pereira Retana

  • "Las suscritas consideran procedente acoger el recurso formulado por la parte actora, anular el fallo impugnado y, en su lugar, declarar parcialmente con lugar a demanda. En consecuencia, se debe condenar al Estado a pagarle al actor el plus por riesgo policial y las diferencias generadas respecto del aguinaldo y el salario escolar…"

    Voto salvado de las Magistradas Varela Araya y Pereira Retana

  • "…realiza funciones policiales consistentes en vigilar los bienes de la nación (concretamente los recursos naturales, en sus múltiples variedades que están expuestos en los parques nacionales) para lo cual ponen en riesgo su integridad física, por ser el guardaparques el único con esa autoridad policial dentro de las áreas nacionales protegidas…"

    "…he performs police functions consisting of guarding the nation's assets (specifically natural resources, in their many varieties exposed in national parks) for which he puts his physical integrity at risk, as the park ranger is the only one with such police authority within protected national areas…"

    Voto salvado de las Magistradas Varela Araya y Pereira Retana

  • "…realiza funciones policiales consistentes en vigilar los bienes de la nación (concretamente los recursos naturales, en sus múltiples variedades que están expuestos en los parques nacionales) para lo cual ponen en riesgo su integridad física, por ser el guardaparques el único con esa autoridad policial dentro de las áreas nacionales protegidas…"

    Voto salvado de las Magistradas Varela Araya y Pereira Retana

Full documentDocumento completo

**CONSIDERING:** **I.- BACKGROUND:** Through his special judicial representative, the plaintiff stated that he works for the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), hereinafter SINAC, providing his services as a Civil Service 2 security officer, since November 1, 1992. According to his account, he performs prevention, control, and protection functions for natural resources, which involves detaining and reporting offenders, in addition to having to travel in official vehicles and on foot in prevention actions, cooperating in police work. He indicated that the foregoing means they have to confront armed persons and dangerous animals that put their lives at risk. Therefore, he requested that the State be ordered to pay the salary bonus for police risk (riesgo policial), along with the differences generated in vacation pay, year-end bonus (aguinaldo), and school bonus (salario escolar), as well as interest, indexation, and both costs (images 1-11 of the court's virtual file). The State's representation responded negatively and, regarding the plaintiff, raised the defenses of material res judicata, unenforceability of the claim, payment, and lack of right. It requested that the claim be dismissed and the plaintiff be ordered to pay costs and interest. Should the matter be resolved otherwise, it requested to be exonerated from costs (images 72-91 of the court's virtual file). The lower court (a quo) dismissed the claim and resolved the matter without special assessment of costs (images 312-325 of the court's virtual file).

**II.- CASSATION APPEALS (RECURSOS DE CASACIÓN):** Both parties appeal the decision and express the following grievances. The special judicial representative of the plaintiff party alleges, first, a violation of due process in relation to the declaration of the matter as one of pure law (puro derecho). In his view, the analysis of the facts should have been done assuming that what was at issue was not to be demonstrated, since it is a matter of pure law, and a matter of pure law assumes that what is stated in the claim and the answer must be assessed based on these and their effects, without waiting for any type of demonstration, since if something had to be proven, then the judgment was rendered illegally, as it required the proof that was offered. That is, what the lower court should have done is assess whether the duties performed by the plaintiff are those necessary to obtain the benefit of the professional risk plus according to the descriptive job manual. By reason of the foregoing, precisely because the judge feels that some things were not proven (which did not need to be proven, as it is a pure law proceeding), they provide a set of documentary evidence to demonstrate the true work. He explains that, unlike public force police officers, the “park rangers (guardaparques)” go further, since they not only detain an offender, but also prepare the complaint presented to the prosecutor's office, and these activities are not done by a police officer. In another vein, he accuses an omission in the application of professional risk regulations and environmental laws to the work of park rangers. He points out that according to environmental laws, their real work is police work, and their acts generate or may generate risks from which the right they seek derives. The defendant party appeals what was decided regarding the costs of the proceeding. It accuses a lack of factual justification for the plaintiff's exoneration from costs. It invokes numbers 562 and 563 of the Labor Code (Código de Trabajo). It points out that the appealed judgment not only lacks all justification to support, in a clear and specific manner, the reasons that led the trial judge to determine the appropriateness of the exoneration, but it is also inconsistent, since on one hand it determines the plaintiff's lack of right regarding his claim—as established by the legal system itself—but contrary to what is established, it decides to exonerate without a clear justification existing. It establishes that exoneration is not appropriate for a matter of normative “interpretation,” as such a premise is not found within those established in the legal norm, and that the individual was duly represented by a legal advisor.

**III.- REGARDING EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION:** Article 594 of the Labor Code, amended by Law 9343 (Labor Procedural Reform), provides that before the cassation body, only documentary or technical evidence that may have a decisive influence may be presented or ordered for better provision, according to the body's discretionary qualification. The plaintiff party provides a set of documentary evidence to demonstrate, according to his statement, his true work. In this Chamber's judgment, said document is not of decisive influence to correctly resolve the present matter, since it is considered that the case file contains sufficient and clear elements for its resolution. Likewise, it is important to note that this procedural institute cannot be used to supply the evidentiary insufficiency of the party that did not endeavor to bring to the case file, at the opportune procedural moment, the evidence supporting its position in the trial; since, in accordance with the principle of party presentation (principio dispositivo) governing evidentiary matters, the parties bear the responsibility not only to offer evidence but also to ensure that it is brought into the process at the opportune procedural moment. Pursuant to the foregoing, the documentary evidence offered for better resolution in the appeal is not admissible.

**IV.- REGARDING THE APPEAL FOR PROCEDURAL REASONS:** The plaintiff party requests the nullity of the judgment, as it considers that the lower court incurred a violation of due process, given that the matter was declared one of pure law (puro derecho). It is important to note that article 587 of the Labor Code establishes: “For procedural reasons, it shall be admissible when invoking: 1.- Any of the defects for which the nullity of proceedings is appropriate, provided that these have been alleged in any of the preceding phases of the proceeding and the claim has been dismissed.” In the matter under study, by means of the resolution issued at 8 hours and 52 minutes on July 29, 2020, a hearing was granted for the issuance of closing arguments (conclusiones) (image 288 of the court's virtual file), which were timely submitted by both parties (images 290-295 and 298-300 of the court's virtual file). Subsequently, the Court ordered the de-accumulation of the matter, clarifying that it was a matter of pure law (images 307-308 of the court's virtual file). This resolution was notified to both parties on March 19, 2022, through the duly designated means (images 309-310 of the court's virtual file); and no appeal was filed against it. Thus, opposition to the declaration of the proceeding as one of pure law (puro derecho) was not alleged at the opportune procedural moment; rather, it is only upon filing the appeal that the plaintiff party expresses disagreement. As indicated, for that argument to be admissible in cassation, it must have been alleged in the preceding phases of the proceeding, as required by article 587, subsection 1, of the Labor Code. Since this disagreement was not expressed before the Court, the objection is unaddressable.

**V.- REGARDING THE SALARY BONUS (PLUS SALARIAL):** Number 91 of the General Police Law (Ley General de Policía), No. 7410 of May 26, 1994 (added by article 3 of the Law for the Strengthening of the Civilian Police (Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista), No. 8096 of March 15, 2001; and its numbering shifted through ordinal 1 of the Law for the Creation of the School and Childhood Police (Ley de Creación de la Policía Escolar y de la Niñez), No. 8449 of June 14, 2005, which moved it from the former 85 to the current 91), stipulates: “An incentive called police risk (riesgo policial) is created, which consists of a salary bonus equivalent to eighteen percent of the base salary; it shall correspond to all officials who perform police functions that involve risk to their physical integrity, regardless of their location in the administrative structure (the preceding paragraph thus amended according to the partial annulment made by Constitutional Chamber (Sala Constitucional) resolution number 12017 of August 16, 2006. Emphasis added). In the aforementioned vote, it is indicated: “The granting of this salary incentive must be based, in each specific case, on defining the reasons why the corresponding employee's functions fit within the defined dangerousness premise.” Through Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 29597 of June 5, 2001, the “Regulation for the payment of police risk (Reglamento para el pago del riesgo policial)” was promulgated, article 1 of which reads: “The salary bonus called "Police Risk (Riesgo Policial)", is payable solely and exclusively to "police officers (servidores policiales)", by virtue of the fulfillment of the "police functions" that correspond to them by reason of the investiture, appointment, position, and post they hold, as members of the Public Force (Fuerza Pública), and that in the performance of their duties they run some imminent risk to their physical integrity, by reason of the dangerousness that the police function may entail. By reasoned resolution, it shall be reasoned in each specific case, what the dangerous circumstances consist of that imply some risk to the physical integrity of the officer, regardless of their location within the Ministry's administrative structure, and the fulfillment of the premises detailed in this regulation must also be verified” (The highlighting is added). For its part, article 2 states: “"Police officer (servidor policial)" is understood to mean: The person appointed to a police-position post in one of the police bodies whose competence is provided for by Law, to serve the State in the exercise of the police function, for which they are invested with public authority, in accordance with the Political Constitution and the Law. Consequently, for a person to be a police officer, the concurrence of the following conditions must occur: a) Investiture granted by the President of the Republic and the Branch Minister by means of an Executive Agreement. b) Constitutional oath for the performance and exercise of the public authority position. c) Appointment in a police-position post, in one of the Police Bodies that make up the Public Force, whose competence is constituted by Law. The appointment must be in accordance with the Law, according to the recruitment, selection, and appointment requirements and procedures established in the legislation regulating the service relationship and the police function. d) Perform police functions proper.” Subsequently, article 3 of the same regulatory body establishes that: “"Police functions" are understood to mean, without prejudice to what is established in other normative provisions of higher rank, those comprised within the generic statements of: defense of national sovereignty, maintenance of public order, vigilance and citizen security. Therefore, the functions performed by an official invested with authority are implied to guarantee: national security, the security of persons and property, the physical integrity and respect for the rights and freedoms of citizens, the maintenance of public order and tranquility, the prevention and repression of crime, the execution of decisions by jurisdictional and administrative bodies; for which purpose they have the investiture of public authority with powers to legitimately carry out: raids (allanamientos), seizures (decomisos), and arrests (detenciones), in accordance with the Political Constitution and the Law.” Similarly, the Constitutional Court (Tribunal Constitucional), in ruling number 4368-2003 at 15 hours and 28 minutes on May 21, 2003, in what is relevant, defined: “Article 12 of the Constitution provides, regarding the general function of the different police forces, that there shall be the necessary police forces for the vigilance and preservation of public order; this alludes to the principal task of the Public Force, which is to maintain public order in general, and ensure the safety of the inhabitants. This Chamber has also so affirmed, among many others, in judgments numbers 1588-91, 5882-93, and 884-98. Specifically, and on this point, it was said: "We can define the concept of public force as the set of security bodies -and their agents- which, under the dependency of the Executive Branch, have the purpose of maintaining public order and ensuring the safety of the inhabitants with fundamentally preventive and occasionally repressive functions. By constitutional provision -and surely for historical reasons since in them, as the sole armed body, rested the power that accompanies the possession and use of arms- the Constitution not only confers upon it the supreme command of it to the Executive Branch, but, for obvious reasons of officials of absolute loyalty, it also establishes -as an attribution of the President and the respective Minister- to appoint and remove the members that make up said public force (…). On the other hand, regarding the governing body of the police forces, constitutional article 140, in subsections 1), 6), and 16) establishes that the President of the Republic and the respective Minister of Government are responsible for freely appointing and removing members of the public force, maintaining the order and tranquility of the Nation, taking the necessary measures for the safeguarding of public freedoms, and disposing of the public force to preserve order, defense, and security of the country; and subsection 3) of article 139 idem indicates that whoever exercises the Presidency of the Republic is exclusively responsible for exercising the supreme command of the public force (Constitutional Chamber resolutions, numbers 10134-1999 and 1049-2001). It is also of interest to refer to the concept of police function, which is extracted from the General Police Law, article 6, which includes, within the Police forces, the following, which have public security in their charge: the Civil Guard (Guardia Civil), the Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural), the police in charge of the control of unauthorized drugs and related activities; the Border Police (Policía de Fronteras), the Immigration and Alien Police (Policía de Migración y Extranjería), the Tax Control Police (Policía del Control Fiscal), the State Security Directorate (Dirección de Seguridad del Estado), the Traffic Police (Policía de Tránsito), the Penitentiary Police (Policía Penitenciaria) and the other police forces, whose competence is provided for by law. According to article 2 idem, the members of the Police forces are public officials, obliged to observe and comply with the Political Constitution, international treaties, and current laws; among their functions, according to number 4, are: to monitor and preserve public order, prevent manifestations of crime, and cooperate to repress them in the manner determined in the legal system. In accordance with the foregoing, and also based on numbers 10, 44, 45, 47, 52, 59, 69, and 70 of the General Police Law, all members of all police forces of the Executive Branch become recipients of all the imperatives that the Administrative Police in a Republic must fulfill, as well as all the rights that correspond to them as public servants in the different administrative areas…” (Emphasis added). In the case under analysis, the trial judge concluded that the officer was not in the factual circumstances required to qualify for the intended benefit, since they do not perform properly police functions (unproven fact). The appellant alleges that this decision is unjustified because various norms in our legal system ratify the police powers of those who serve as park rangers (guardaparques). It is true that numbers 54 of the Forestry Law (Ley Forestal), 1996, 9 of the National Parks Service Law (Ley del Servicio de Parques Nacionales), and 16 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre), provide that the officials serving as park rangers (guardaparques) have the character of police authority; however, these norms clearly establish that this authority is limited to reporting and informing the competent authorities of the respective infractions, meaning their obligations are merely for collaboration and, therefore, distinct from those of the officers of the Public Force. Thus, article 54 of the Forestry Law, No. 7575 of February 13, 1996, stipulates: “The officials of the State Forestry Administration shall have the character of police authority; as such, and in accordance with this law, they must report to the competent authorities the infractions committed. The police authorities shall be obligated to collaborate with the officials of the State Forestry Administration, whenever they require it to fully comply with the functions and duties that this law imposes on them. For the fulfillment of their attributions, these officials, identified with their respective card, shall have the right to transit and conduct inspections on any rural or industrial forest property, except for the dwelling houses located on it; as well as to seize the timber and other forest products illegally harvested or processed, and to sequester, as a guarantee of a potential sanction, the equipment and machinery used in the illicit act. They shall also seize the means of transport used as an instrument or facilitator for the commission of the crime, after the respective record is drawn up. All the foregoing must be placed at the order of the competent judicial authority, within a period not exceeding three days”. For its part, ordinal 9 of the National Parks Service Law, No. 6084 of August 24, 1977, reads: “Whosoever contravenes the provisions of article eight shall be immediately expelled from the National Park and placed at the order of the corresponding judicial authorities, by the employees of the National Parks Service, who for that purpose shall have the character of police authorities”. Finally, canon 16 of the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 30, 1992, provides that: “For the faithful fulfillment of the obligations established in this law, wildlife inspectors, forest inspectors, park rangers (guardaparques), and duly accredited SINAC officials for those purposes and in the performance of their duties are empowered to detain, transit, enter, and conduct inspections, within any estate and vessel, as well as in the industrial and commercial facilities involved, as well as to seize the organisms, parts, products, and derivatives of wildlife, together with the equipment used in the commission of a crime or activity prohibited by this law. In the case of private domiciles, permission from the competent judicial authority or the owner must be obtained” (The highlighting is added). Therefore, it is considered that it is not possible to equate the functions of persons serving as park rangers (guardaparques) with those of persons who make up the police bodies, since the degree of dangerousness between the exercise of both positions is not the same (in the same vein, consult votes of this body number 1469, of 10:40 hours on August 7, and number 948, of 12:00 hours on May 29, both of 2020). As explained previously, police bodies must, as part of their functions, guarantee national security, not only of persons but also of property, ensure respect for the rights and freedoms of all citizens, maintaining public order and tranquility, preventing and repressing crime, and executing the decisions of jurisdictional and administrative bodies. In contrast, as was accredited, the purpose of the position held by the petitioner is: “* Coordinate, supervise, and execute the control and protection tasks carried out in the Wild Protected Areas (ASP) of the ACTo, based on what is established in the Prevention, Protection, and Control Plan for the Wild Protected Areas. / * Execute surveillance tasks of the facilities, assets, and persons in the ASP of the ACTo where they work. / * Operate the equipment necessary for the execution of the Prevention, Protection, and Control activities of the ASP where they work, such as the handling of vessels and outboard motors, driving official vehicles, among others. / * Attend to and document complaints from civil society related to environmental crimes in the ACTo. / * Follow up on the scheduling of control and protection patrols within the ASP where they are posted, considering the number of available officials, resources, schedules, and any other details that need to be integrated. / * Lead the control and protection patrols, supervising the work performed by officials before, during, and after the patrol, reviewing that the corresponding reports or complaints are made, and that the activity is recorded in the corresponding logbook or record. / * Support the execution of activities of other ACTo programs when requested, to aid in the control, management, conservation, and sustainable development of forest resources, protected wild areas, watersheds, water systems, and environmental resources. / * Participate in operations, patrols, and necessary inspections when requested, to ensure the efficient fulfillment of auxiliary tasks that contribute to the conservation and sustainable development of forest resources, protected wild areas, watersheds, water systems, and environmental resources. / * Control that visitors remain within the zones established for tourist use according to the General Management Plan of the Wild Protected Area. / * Control and evaluate the different activities under their responsibility, in order to detect and correct failures, as well as propose improvements and innovations related to the way of developing the work within the Wild Protected Area. / * Report to the immediate superior any deterioration, damage, or fault in the equipment, tools, weapons, or infrastructure so that it can be addressed by the Administration of the ACTo. / * Coordinate the security and surveillance tasks under their charge with other bodies as appropriate: Public Force, Coast Guard, Border Police, and other police bodies. / * Supervise and control the adequate fulfillment of the provisions related to the provision of weapons, ammunition, their maintenance and security, and ensure that weapons are kept inside the weapons storage room when officials are in leisure time. / * Evaluate the security conditions of the institution, building or office, protected wild area, for which they work, in order to detect failures or anomalies that threaten the work to be carried out and propose pertinent solutions. / * Keep buildings, offices, storage rooms, and any other infrastructure within the Wild Protected Area where they work clean and strictly orderly. / * Execute cleaning and maintenance tasks of the green areas, and of the terrestrial and aquatic trails within the Wild Protected Area where they work, to facilitate access for officials and visitors to said areas and minimize the negative effects caused by nature. / * Keep work tools such as vessels, outboard motors, vehicles, chainsaws, pressure washers, pumps, among others, clean and in good condition. / * Participate in training sessions, workshops, and meetings when requested. / * Prepare and present verbal or written reports to their immediate superior about anomalies or negligence committed by any official of the Wild Protected Area. / * Attend to, guide, resolve queries, and provide information to superiors, colleagues, and the general public, related to the activity under their charge. / * Follow up and carry out the activities established in the Environmental Management Plan of the Wild Protected Area where they work. / * Execute other tasks typical of the position they hold or others of similar complexity and responsibility” (see proven fact two and images 220-224 of the court's virtual file). Hence, the majority of this Chamber considers that the functions performed by the plaintiff, as a park ranger (guardaparques), do not fit within the legal and jurisprudential parameters necessary to be entitled to the recognition of the police risk (riesgo policía) incentive. Finally, although there is no doubt that the petitioner faces danger like police officers, this circumstance is not sufficient to conclude that they hold that investiture. Thus, it is not possible to accept the claim made by the plaintiff party, and we are also not facing any scenario that makes it possible to apply the rule of the most favorable norm to the worker.

**VI.- REGARDING COSTS (COSTAS):** The State's representation objects that the losing plaintiff was exonerated from paying both costs. In labor matters, the issue of costs is regulated in articles 562 and 563 of the Labor Code. Based on this regulation, the rule is to order the losing party in the litigation to pay both costs of the trial, as argued by the State's representative. However, pursuant to article 563 of the cited Code, a person may be exempted from paying these expenses if they are in any of the scenarios indicated in that number, that is: when the losing party litigated with evident good faith; when the propositions partially succeeded; or when there is reciprocal defeat. The present matter was resolved without a special sanction for these expenses, it being considered that: “(…) the plaintiff falls within the premises for exoneration from the payment of costs.

Their claim cannot be considered reckless, as it involves a matter of interpretation of the rules applicable to the case, and therefore it gave grounds to believe that they had a right to the granting of the claimed police risk allowance (riesgo policial)." However, the State's representation asserts that this acquittal is unfounded, insofar as the issue of "regulatory interpretation" is not a premise contemplated in numeral 563 ibidem. It is true that this premise is not contemplated in the cited rule, but the Trial Court's decision to exonerate the unsuccessful official from paying this item, as seen in the operative part of the appealed judgment, was because it classified him as a litigant in good faith (subsection 1 of ordinal 563 of the Labor Code); which this Chamber shares. Procedural good faith refers to the party's conviction that the claimed right assists them and, in the present case, it is evident that the losing party, in light of the special regulations that grant park rangers (guardaparques) the character of police authority in the performance of their duties, could have considered that they were entitled to claim the supplement called police risk allowance (riesgo policial), even though their interpretation, as analyzed, was not correct. Hence, the exoneration ordered by the Trial Court is considered in accordance with the law.

VII.- FINAL CONSIDERATION: As a corollary of the foregoing, it is appropriate to declare the cassation appeals filed without merit.

VIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES VARELA ARAYA AND PEREIRA RETANA: The undersigned magistrates dissent from the majority vote for the reasons set forth below. There are laws that regulate several of the police tasks carried out by park rangers (guardaparques) and even recognize their character as police authorities: A) Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, rule 54: "The officials of the State Forest Administration shall have the character of police authority, as such and in accordance with this law, they must report the infractions committed to the competent authorities. The police authorities shall be obliged to collaborate with the officials of the State Forest Administration, whenever they require it to fully comply with the functions and duties that this law imposes on them. For the fulfillment of their attributions (atribuciones), these officials, identified with their respective card, shall have the right to transit and carry out inspections on any rustic or industrial forest property, except in the dwelling houses located therein; as well as to confiscate illegally harvested or industrialized timber and other forest products and to seize, as a guarantee of a possible sanction, the equipment and machinery used in the illicit act (acto ilícito). They shall also confiscate the means of transport that serves as an instrument or facilitator for the commission of the crime, after drawing up the respective record. All of the foregoing must be placed at the disposal of the competent judicial authority, within a period not exceeding three days." B) National Parks Service Law (Ley del Servicio de Parques Nacionales), No. 6084 of August 24, 1977, in its ordinals 8 and 9, in what is of interest for resolving this case, in order, state: "...2) Hunting or capturing wild animals, collecting or extracting any of their products or remains... 8) Carrying firearms, harpoons or any other instrument that can be used for hunting... 11) Causing any type of environmental contamination. 12) Extracting stones, sands, gravel or similar products..." "ARTICLE 9. - Anyone who contravenes the provisions of article eight shall be immediately expelled from the National Park and placed at the disposal of the corresponding judicial authorities, by the employees of the National Parks Service, who for this purpose shall have the character of police authorities." (The highlighting is added by the drafter). C) Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre), No. 7317 of October 30, 1992, mandate 16: "For the faithful fulfillment of the obligations established in this law, wildlife inspectors, forest inspectors, park rangers (guardaparques) and officials of SINAC duly accredited for those purposes and in the performance of their duties are empowered to detain, transit, enter and carry out inspections, within any farm and vessel, as well as in the industrial and commercial facilities involved, as well as to confiscate the organisms, parts, products and derivatives of wildlife, together with the equipment used in the commission of a crime or activity prohibited by this law. In the case of private domiciles, the permission of the competent judicial authority or the owner must be obtained." (The highlights are ours). From the foregoing, it is inferred with absolute clarity that park rangers (guardaparques) carry out police tasks, such as detaining, inspecting, confiscating, evicting, patrolling, and attending to complaints, for which they have the character of police authority, thereby exposing themselves, by that mere fact, to risks to their physical integrity. Therefore, although their position is not classified as a police one, this does not exclude them from the aforementioned risks, as they must confront individuals who, within the national parks, are caught committing crimes, by incurring in one of the conducts typified by law as criminal. That mere fact, plus the competence and obligation to detain them when caught in the commission of the crime, and the confiscation of the products removed from the national park, are, by their nature, dangerous and place them in a real condition of exposing even their lives, since they even confront those who have weapons to commit crimes. Thus, no other conclusion can be reached. So, this is a case of analyzing the legal reality that obligates park rangers (guardaparques) and not whether they bring testimonial evidence to demonstrate the risks they face, because the laws under which their work is governed, by themselves, place them in a condition of risk, so they should not be treated unequally compared to those who hold proper police positions.

The undersigned judge considers that, although Article 91 of the General Police Law had as recipients of the police risk allowance (riesgo policial) supplement, the officials who perform police functions and that these imply a risk to their physical integrity, we must take into consideration that it sets as a requirement that it involves constant or permanent exposure to risk. The work of park rangers (guardaparques) is so risky that there is a legislative initiative, file No. 16626, which aims to issue a law called "Law of Wage Justice for Park Rangers (Guardaparques) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and Operationalization of the Protected Wild Areas Trust," because it considers that police risk (riesgo policial) means the danger to which the official who works in prevention, control, and protection of natural resources, in the category of police authority, of the Ministry of Environment and Energy is exposed. Although it is only a bill and for that very reason is not binding on those who judge in these cases, it is true that this initiative recognizes and aims to protect a reality of risk, such as that to which park rangers (guardaparques) are exposed, day after day, due to the nature of their obligations, without the denial of the supplement claimed in this process being determined by the fact that their post is not within the police category, because this does not exempt them from the risks that the rules governing them impose and qualify them as police for the functions they must perform. For these reasons, the undersigned believe that the salary treatment on the issue of the police risk allowance (riesgo policial) supplement must be granted, because fundamentally in both categories of posts, they run a risk to their physical integrity and, perhaps it is greater for park rangers (guardaparques), since they have to confront individual or organized criminality (poachers, among other criminal phenomena) and even carry out house raids, with prior authorization from criminal judges, sufficient regulatory requirements to declare that their situation is perhaps of a higher degree of dangerousness than that of simple police officers of other police forces that exist in our system. Only that in the case of park rangers (guardaparques), the assets they must protect are not people, but this does not make them any less relevant for the country, to the degree that it has enacted laws and created infrastructure for their execution, all with the purpose of protecting those assets of interest to the entire community, such as marine, wildlife, and forest resources, which are threatened by individual or collective actions of people willing to commit crimes, who generate an imminent risk, due to the expected reaction upon being discovered and detained by the park rangers (guardaparques), who have the obligation to make the detentions and subsequent delivery to other authorities for the processing of the corresponding criminal sanctions.

Based on the reasons indicated above and, considering these judges that due to the park ranger (guardaparques) position held by the plaintiff, as it is cataloged that their functions are within the police category, as is clear from the supra-cited rules, they do meet the requirement of exposure to risk to their physical integrity in the performance of the position (certain risk), therefore, they do have the right to receive the supplement called "police risk allowance (riesgo policial)," since it is not the category of the position that justifies and seeks to remunerate that supplement, but the real exposure to suffering damage to their physical integrity due to the fulfillment of their obligations, by reason of the assigned position. Thus, in our opinion, the plaintiff fits the premises of the rule created to remunerate, under the cited supplement, all those officials of the police forces who, as stated, are exposed to suffering injuries when combating criminality (without the asset they protect being the determining factor for its application), since they perform police functions consisting of guarding the nation's assets (specifically the natural resources, in their multiple varieties that are exposed in the national parks) for which they put their physical integrity at risk, since the park ranger (guardaparques) is the only one with that police authority within the protected national areas, where as a result of their tasks, as indicated before, they confront varied criminality (illegal hunting, fishing, and logging), infractions of the wildlife law, among others carried out with risk. Consequently, the police risk allowance (riesgo policial) supplement must be recognized, based on the principle of salary equality, of constitutional rank.

It is worth adding that in resolution No. 4368-2003, from the Constitutional Chamber, reference was made to the principle of equality, in the following terms: "... regarding the principle of equality, it is important to recall what the Full Court indicated, when it acted as the constitutional court: 'The Principle of Equality before the law is only violated if a law grants different treatment, without justified reason, to persons who are in the same situation, that is, that for the same category of persons, the regulations must be equal.' (Extraordinary session of August eleventh, nineteen eighty-three). Likewise, in an extraordinary session of June twenty-eighth, nineteen eighty-four, it considered: 'Equality before the law means not only equal treatment in equal conditions, since it would be contrary to this principle to apply the same measure in different conditions. But it must be emphasized that not every difference constitutes a legitimate cause to establish different treatment, even less so, without any restriction, because the difference may refer to irrelevant aspects, which do not affect the core of the case, besides the fact that the constitutional breach could also occur by excess, that is, when exorbitant measures are adopted in relation to the differences that could justify some different treatment.' These concepts served as support for the subsequent jurisprudential development that this Constitutional Court has made regarding the principle in question, enshrined both in domestic law (specifically in Article 33 of the Political Constitution), and in International Law (in the various international human rights instruments in force in our country). In relation to this principle, two key ideas have been given; first, insofar as it implies equal treatment among equals and unequal treatment for the unequal (to this effect, judgments numbers 7182-94, 1474-93, 5972-94 and 6097-94); and second, as to the constitutional possibility of establishing differentiated situations among unequal persons, under the condition that these are reasonable and proportionate. Thus, in subsequent judgments, it has been expressed: 'The principle of equality, contained in Article 33 of the Political Constitution, implies that in all cases, equal treatment must be given regardless of the possible differentiating elements of legal relevance that may exist; or what is the same, not all inequality necessarily constitutes discrimination. Equality, as this Chamber has stated, is only violated when the inequality is devoid of an objective and reasonable justification. But furthermore, the cause of justification for the act considered unequal must be evaluated in relation to its purpose and its effects, in such a way that there must necessarily exist a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the purpose itself. That is, equality must be understood in terms of the circumstances that occur in each specific case in which it is invoked, in such a way that universal application does not prohibit contemplating different solutions in different situations, with diverse treatment. All of the above means that equality before the law cannot imply material equality or real and effective economic equality.' (Judgments numbers 1770-94, from nine hours eighteen minutes on April fifteenth, nineteen ninety-four, and 1045-94 from eleven hours fifty-one minutes on February eighteenth, nineteen ninety-four)" (The highlighting is not from the original). And regarding the principle of salary equality, in vote No. 12017-2006, the constitutional oversight body pointed out: "On the principle of salary equality and following the thesis contained in the partially transcribed judgment, the Court has indicated that it is not discriminatory to establish salary differences provided that such different treatment has a reasonable foundation, that is, it addresses particular and objective circumstances that justify it. Thus, in judgment 1997-1320 from 14:54 hours on March fourth, nineteen ninety-seven, the Chamber stated: 'It is evident that from the constitutional articles that are considered infringed (33, 57, 68 and 74), a clear purpose can be derived that, in salary matters, there exists a balanced and fair treatment for the different work activities, whether or not they are of a professional nature. This Chamber has reiterated this in its various pronouncements. But, as has also been explained, that balanced treatment supposes –as in any other case where an equality dispute is at stake– that the differences that exist between the various activities are recognized, so that those that are different are not equated nor are those that are equal differentiated, in such a way that undue privileges result from overvaluing some, or injustices because others are undervalued.' (The highlighting is not from the original). From that jurisprudential line, it is inferred, without a doubt, that different salary treatment on the issue of the supplement claimed would only be justified, in the specific case, if the plaintiff, due to the position and the legal responsibilities they hold, were not exposed to risks to their physical integrity, since that is the fundamental basis that the legislator had when creating that supplement and, in order to avoid interpretations that have been against park rangers (guardaparques), by the mere fact of not having positions formally cataloged as police, is intended to be regulated in the aforementioned legal initiative.

Thus, the undersigned consider it appropriate to uphold the appeal filed by the plaintiff, annul the contested ruling, and, in its place, declare the claim partially granted. Consequently, the State must be ordered to pay the plaintiff the police risk allowance (riesgo policial) supplement and the differences generated with respect to the Christmas bonus (aguinaldo) and school salary (salario escolar), but not as to vacations, since the granting of differences in those only occurs when the plaintiff has been paid any sum for that concept, by way of compensation, and this was not proven in the case file. On the awarded sums, the payment of interest and indexation must be recognized, as provided in Article 565 of the Labor Code, so the interest for rights arising prior to the effective date of the Labor Procedural Reform Law (Ley de Reforma Procesal Laboral) –July 25, 2017– shall be paid as provided in numeral 1163 of the Civil Code, and for rights that arose after July 25, 2017, as indicated in canon 497 of the Commerce Code. These are recognized from the date each right became claimable and until effective payment. Regarding indexation, a distinction must also be made between rights arising before and after the effective date of the current Labor Code. Rights that arose before July 25, 2017, shall be indexed from the moment they became claimable and until the date of effective payment. Regarding those that arose subsequently, indexation must be calculated from the month prior to the date of filing of the claim, that is, from September 4, 2019, and until one month before the date of effective payment, as provided in canon 565 ibidem. In addition, the defendant must make the respective legal deductions, including the employer-worker contributions and all obligations corresponding to Social Security, in the terms outlined in numeral 567 of the Labor Code. In another vein, deeming that it is a debatable issue regarding the right that assists park rangers (guardaparques) to receive the supplement for the risk they run, in the exercise of the legal obligations inherent to the position, this appeal by the State is declared without merit.

THEREFORE: The cassation appeals filed are declared without merit. Magistrates Varela Araya and Pereira Retana dissent. They declare the appeal filed by the plaintiff granted and deny that of the State. They annul the contested ruling and, in its place, declare the claim partially granted. They order the State to pay retroactively to the plaintiff the police risk allowance (riesgo policial) bonus, from the effective date of the Law that created it, which dates from March fifteenth, two thousand one, as well as the differences generated in Christmas bonuses (aguinaldos) and school salaries (salarios escolares). On the resulting amounts, they grant the payment of legal interest, from the date each right became claimable and until effective payment, which they order to be calculated for rights arising before July twenty-fifth, two thousand seventeen, as provided in numeral one thousand one hundred sixty-three of the Civil Code, and for those that arose after July twenty-fifth, two thousand seventeen, as provided in canon four hundred ninety-seven of the Commerce Code. Likewise, they grant the payment of indexation of the amount owed, for rights that arose before July twenty-fifth, two thousand seventeen, from the moment they became claimable and until the date of effective payment, and regarding those that arose subsequently, from September fourth, two thousand nineteen, and until one month before the date of effective payment, as provided in canon five hundred sixty-five of the Labor Code. In relation to the differences granted, they authorize the defendant to make the respective legal deductions, including the employer-worker contributions and all obligations corresponding to Social Security. They resolve this matter without special imposition of costs.

Luis Porfirio Sánchez Rodríguez Julia Varela Araya Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia Sandra María Pereira Retana Res: 2022003002 AVMIRANDAS/LGCV 1 Observations from SALA SEGUNDA Dissenting vote of Magistrates Varela Araya and Pereira Retana Classification prepared by SALA SEGUNDA of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for onerous purposes is prohibited.

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Sala Segunda de la Corte Clase de asunto: ordinario Analizado por: SALA SEGUNDA Sentencia con Voto Salvado Sentencias Relacionadas Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Laboral Tema: Riesgo policial Tema: Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma Tema: Exoneración en costas (exención en costas) SE DENIEGA PLUS SALARIAL POR RIESGO POLICIAL A GUARDAPARQUES. Oficial de seguridad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). “Es cierto que en los numerales 54 de la Ley Forestal, 1996, 9 de la Ley del Servicio de Parques Nacionales y 16 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se dispone que las personas funcionarias que fungen como guardaparques tienen carácter de autoridad policial; sin embargo, dichas normas establecen con claridad que esa autoridad se limita a denunciar y reportar ante las autoridades competentes las respectivas infracciones, o sea que sus obligaciones son de mera colaboración y, por ende, distintas a los servidores y las servidoras de la Fuerza Pública.” No hay duda de que “el promovente corre peligro como los y las policías”, mas, “esa circunstancia no es suficiente para concluir que ostenta esa investidura”. INATENDIBLE RECURSO POR RAZONES PROCESALES. No se “alegó la oposición a la declaratoria del proceso de puro derecho en el momento procesal oportuno” (artículo 587 inciso 1° del Código de Trabajo). SIN ESPECIAL CONDENA EN COSTAS. [3002-22] ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: Laboral Tema: Principio de igualdad salarial y no discriminación Tema: Riesgo policial LAS MAGISTRADAS VARELA ARAYA Y PEREIRA RETANA SALVAN EL VOTO. APLICAN PRINCIPIO DE IGUALDAD SALARIAL. Consideran que el actor sí tiene derecho a recibir el plus denominado "riesgo policial, pues, por el puesto de guardaparques que ocupa y “estar catalogado que sus funciones están dentro de la categoría de policía”, como se desprende de la normativa citada, “sí reúne el requisito de exposición a riesgo a su integridad física en el desempeño del cargo (riesgo cierto)”. Afirman que estos funcionarios “se ven expuestos a sufrir lesiones al combatir la criminalidad” y aunque los bienes que deben proteger no son personas, sí “realizan funciones policiales consistentes en vigilar los bienes de la nación (concretamente los recursos naturales, en sus múltiples variedades…)”. [3002-22] ... 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Redacta la Magistrada Chacón Artavia, y, CONSIDERANDO: I.- ANTECEDENTES: Por medio de su apoderado especial judicial, el actor manifestó que labora para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante SINAC, prestando sus servicios como oficial de seguridad de Servicio Civil 2, desde el 1 de noviembre de 1992. Según expuso, cumple funciones de prevención, control y protección de los recursos naturales, lo que implica detener y denunciar a los infractores, además de tener que desplazarse en vehículos oficiales y a pie en acción de prevención, cooperando en labores policiales. Indicó que lo anterior produce que tengan que enfrentarse con personas armadas y a animales peligrosos que ponen en riesgo su vida. Por ello, solicitó se condene al Estado al pago del plus salarial por riesgo policial, junto con las diferencias generadas en vacaciones, aguinaldo y salario escolar, así como intereses, indexación y ambas costas (imágenes 1-11 del expediente virtual del Juzgado). La representación estatal contestó de forma negativa y respecto al accionante planteó las excepciones de cosa juzgada material, de inoponibilidad de la demanda, de pago y de falta de derecho. Pidió se declare sin lugar la demanda y se condene a la parte accionante al pago de costas e intereses. De resolverse lo contrario, requirió se le exonere en costas (imágenes 72-91 del expediente virtual del Juzgado). La a quo declaró sin lugar la demanda y resolvió el asunto sin especial condena en costas (imágenes 312-325 del expediente virtual del Juzgado). II.- RECURSOS DE CASACIÓN: Ambas partes recurren lo fallado y expresan los siguientes agravios. El apoderado especial judicial de la parte actora alega, en primer orden, violación al debido proceso en relación a la declaratoria de puro derecho. A su juicio, el análisis de los hechos se debía hacer asumiendo que de lo que se trataba no era de demostrar, pues es un asunto de puro derecho y el asunto de puro derecho lo que hace es partir de que lo expuesto en la demanda y la contestación hay que valorarlos partiendo de estos y de sus efectos, sin esperar demostraciones de ningún tipo, pues si hubiera que probar algo, entonces la sentencia se hizo ilegalmente, pues requería de la prueba que se ofreció. Es decir, la a quo lo que debía hacer es valorar si las labores que despliega el actor son las propias para obtener el beneficio del plus del riesgo profesional según el manual descriptivo de puestos. En razón de lo anterior, precisamente por el hecho de que la jueza siente que no se probaron algunas cosas (las cuales no había que probar, pues es un proceso de puro derecho), aportan un conjunto de pruebas documentales para demostrar la verdadera labor. Explica que, a diferencia de los policías de la fuerza pública, los “guardaparques” van más allá, pues no solo detienen a un infractor, sino que él prepara la denuncia que se le presenta a la fiscalía, y estas actividades no las hace un policía. En otro orden, acusa aplicación omisa de las normas del riesgo profesional y las leyes ambientales a la labor de los guardaparques. Hace ver que conforme las leyes ambientales, su labor real es de policía, y sus actos generan o pueden generar riesgos de los cuales deriva el derecho que requiere. La parte demandada recurre lo resuelto respecto a las costas del proceso. Acusa falta de fundamentación fáctica que justifique la exoneración de costas de la parte actora. Invoca los numerales 562 y 563 del Código de Trabajo. Señala que la sentencia recurrida no solo carece de toda justificación que sustente, de manera clara y puntual, los motivos que llevaron al juez de instancia a determinar la procedencia de la exoneración, sino que resulta incongruente, toda vez que por una parte determina la falta de derecho del actor sobre su reclamo -tal y como lo establece el mismo ordenamiento jurídico-, pero de forma contraria a lo establecido decide exonerar sin que exista una justificación clara. Establece que no es procedente la exoneración por un tema de “interpretación ” normativa, pues tal presupuesto no se encuentra dentro los establecidos en la norma legal, así como que el mismo se encontraba debidamente representado por un asesor legal. III.- SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: El artículo 594 del Código de Trabajo reformado por la Ley 9343 (Reforma Procesal Laboral), dispone que ante el órgano de casación solo podrán presentarse u ordenarse para mejor proveer pruebas documentales o técnicas que puedan ser de influencia decisiva, según calificación discrecional del órgano. La parte accionante aporta un conjunto de pruebas documentales para demostrar, según su dicho, su verdadera labor. A juicio de la Sala, dicho documento no es de influencia decisiva para resolver con acierto el presente asunto, ya que se estima que en autos se cuenta con elementos suficientes y claros para su resolución. Asimismo, es importante acotar que este instituto procesal no puede ser utilizado para suplir la insuficiencia probatoria de la parte que no procuró traer a los autos, en el momento procesal oportuno, la prueba que da sustento a su posición en juicio; puesto que, de conformidad con el principio dispositivo que rige la materia probatoria, las partes ostentan la responsabilidad no solo de ofrecer la prueba sino también de procurar que esta sea traída al proceso en el momento procesal oportuno. Conforme lo expuesto, la prueba documental ofrecida para mejor resolver en el recurso no es de recibo. IV.- SOBRE EL RECURSO POR RAZONES PROCESALES: La parte actora solicita la nulidad de la sentencia, pues considera que la a quo incurrió en violación al debido proceso, dado que el asunto se declaró de puro derecho. Es importante indicar que el artículo 587 del Código de Trabajo establece: “Por razones procesales será admisible cuando se invoque: 1.- Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan sido alegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamación se haya desestimado”. En el asunto bajo estudio, por medio de la resolución de las 8 horas y 52 minutos del 29 de julio del 2020, se concedió audiencia para la emisión de conclusiones (imagen 288 del expediente virtual del Juzgado), las cuales fueron rendidas oportunamente por ambas partes (imágenes 290-295 y 298-300 del expediente virtual del Juzgado). Luego, el Juzgado ordenó la desacumulación del asunto, aclarando que se trataba de un asunto de puro derecho (imágenes 307-308 del expediente virtual del Juzgado). Esa resolución fue notificada a ambas partes el 19 de marzo del 2022, en los medios debidamente señalados (imágenes 309-310 del expediente virtual del Juzgado); y, contra esta no se interpuso recurso alguno. Así las cosas, no se alegó la oposición a la declaratoria del proceso de puro derecho en el momento procesal oportuno, sino que es hasta la presentación del recurso que la parte actora se muestra disconforme. Tal como se indicó, para que ese argumento sea admisible en casación, debe haber sido alegado en las fases precedentes del proceso, según lo requiere el artículo 587, inciso 1° del Código de Trabajo. Al no haberse manifestado esa inconformidad ante el Juzgado, el reproche es inatendible. V.- SOBRE EL PLUS SALARIAL: El numeral 91 de la Ley General de Policía, n.º 7410 del 26 de mayo de 1994 (adicionado por el artículo 3 de la Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista, n.° 8096 del 15 de marzo de 2001; y corrida su numeración mediante el ordinal 1 de la Ley de Creación de la Policía Escolar y de la Niñez, n.° 8449 del 14 de junio de 2005, que lo trasladó del antiguo 85 al 91 actual), estatuye: “Créase un incentivo denominado riesgo policial, el cual consiste en un plus salarial equivalente a un dieciocho por ciento del salario base; corresponderá a todos los funcionarios que desarrollen funciones policiales que impliquen riesgo a su integridad física, independientemente de la ubicación en la estructura administrativa (así reformado el párrafo anterior de acuerdo con la anulación parcial hecha por resolución de la Sala Constitucional número 12017 del 16 de agosto de 2006. El resalto es agregado). En el voto supracitado, se indica: “El otorgamiento de este incentivo salarial deberá fundamentarse, en cada caso concreto, definiendo las razones por las cuales las funciones del empleado correspondiente encuadran dentro del supuesto de peligrosidad definido”. Por medio del Decreto Ejecutivo N.° 29597 del 5 de junio de 2001 se promulgó el “Reglamento para el pago del riesgo policial” , cuyo numeral 1 reza: “El plus salarial denominado "Riesgo Policial", es pagadero única y exclusivamente a los "servidores policiales", en virtud del cumplimiento de las "funciones policiales" que les corresponde en razón de la investidura, nombramiento, puesto y cargo que ostentan, como miembros de la Fuerza Pública, y que en el desempeño de funciones se corra algún riesgo inminente para la integridad física , en razón de la peligrosidad que la función policial pueda significar. Mediante resolución fundada, se razonará en cada caso concreto, en qué consisten las circunstancias de peligrosidad que impliquen algún riesgo para la integridad física del servidor, independientemente de su ubicación dentro de la estructura administrativa del Ministerio, debiéndose constatar además, el cumplimiento de los supuestos que se detallan en el presente reglamento” (El resaltado es agregado) . Por su parte, el artículo 2 cita: “Se entiende por "servidor policial": La persona nombrada en un puesto de plaza policial de alguno de los cuerpos policiales cuya competencia esté prevista por Ley, para servir al Estado en el ejercicio de la función policial, para lo cual es investido de autoridad pública, de conformidad con la Constitución Política y la Ley. Por consiguiente, para que una persona sea servidor policial, debe darse el concurso de las siguientes condiciones: a) Investidura otorgada por el Presidente de la República y el Ministro del ramo mediante Acuerdo Ejecutivo. b) Juramentación constitucional para el desempeño y ejercicio del cargo de autoridad pública. c) Nombramiento en puesto de plaza policial, en alguno de los Cuerpos Policiales que conforman la Fuerza Pública, cuya competencia esté constituida por Ley. El nombramiento debe estar conformado a Derecho, según los requisitos y procedimientos de reclutamiento, selección y nombramiento establecidos en la legislación que regula la relación de servicio y la función policial. d) Desempeñar funciones policiales propiamente dichas”. Luego, el artículo 3 del mismo cuerpo normativo establece que: “Se entiende por "funciones policiales", sin perjuicio de lo que se establezca en otras disposiciones normativas de rango superior, aquellas que se comprenden dentro de los enunciados genéricos de: defensa de la soberanía nacional, mantenimiento del orden público, vigilancia y seguridad ciudadana. Se implican entonces, las funciones que realiza un funcionario investido de autoridad para garantizar: la seguridad nacional, la seguridad de las personas y de los bienes, la integridad física y el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos, el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, la prevención y represión de la delincuencia, la ejecución de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y administrativos; para lo cual cuenta con investidura de autoridad pública con atribuciones para realizar legítimamente: allanamientos, decomisos y detenciones, con arreglo en la Constitución Política y la Ley”. En igual sentido, el Tribunal Constitucional en el pronunciamiento número 4368-2003 de las 15 horas y 28 minutos del 21 de mayo del 2003, en lo interesa, definió: “El artículo 12 de la Constitución dispone, en cuanto a la función general de las distintas fuerzas de policía, que para la vigilancia y conservación del orden público habrá las fuerzas de policía necesarias; con ello se alude a la principal tarea de la Fuerza Pública, cual es mantener el orden público en general, y velar por la seguridad de los habitantes. Así lo ha afirmado también esta Sala, entre muchas otras, en sentencias números 1588-91, 5882-93 y 884-98. Concretamente, y sobre este punto, se dijo: "Podemos definir el concepto de fuerza pública como el conjunto de cuerpos de seguridad -y sus agentes- que bajo la dependencia del Poder Ejecutivo tienen como finalidad mantener el orden público y velar por la seguridad de los habitantes con funciones fundamentalmente preventivas y ocasionalmente represivas. Por disposición Constitucional -y seguramente por motivos históricos ya que en ellas descansaba como único cuerpo armado, el poder que apareja la tenencia y el uso de las armas- la Constitución no sólo confiere el mando supremo de ella al Poder Ejecutivo, sino que, por razones obvias de ser funcionarios de absoluta lealtad establece también -como atribución del Presidente y del respectivo Ministro- nombrar y remover a los miembros que componen dicha fuerza pública (…).Por otra parte, en lo que se refiere al órgano rector de las fuerzas de policía, el artículo 140 constitucional, en sus incisos 1), 6) y 16) establece que le corresponde al Presidente de la República y al respectivo Ministro de Gobierno nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas y disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país; y el inciso 3) del artículo 139 ídem señala que le corresponde, exclusivamente, a quien ejerce la Presidencia de la República, ejercer el mando supremo de la fuerza pública (resoluciones de la Sala Constitucional, números 10134-1999 y 1049-2001). Interesa también hacer referencia al concepto de función policial, el cual se extrae de la Ley General de Policía, artículo 6, que incluye, dentro de las fuerzas de Policía, a las siguientes, que tienen la seguridad pública a su cargo: la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no autorizadas y de actividades conexas; la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía del Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria y las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté prevista en la ley. De acuerdo con el artículo 2 ídem, los miembros de las fuerzas de Policía son funcionarios públicos, obligados a observar y cumplir la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes vigentes; entre sus funciones, de acuerdo con el numeral 4, se encuentran: vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el ordenamiento jurídico. De acuerdo con lo anterior, y también con base en los numerales 10, 44, 45, 47, 52, 59, 69 y 70 de la Ley General de Policía, todos los miembros de todas las fuerzas de policía del Poder Ejecutivo se constituyen en destinatarios de todos los imperativos que debe cumplir la Policía Administrativa en una República, así como de todos los derechos que les corresponde como servidores públicos en los distintos repartos administrativos…” (El resaltado es agregado). En el caso bajo análisis, la juzgadora de instancia concluyó que el servidor no se encontraba en los supuestos de hecho requeridos para optar por el beneficio pretendido, ya que no desempeña funciones propiamente policiales (hecho no probado). El recurrente alega que esa decisión es injustificada porque diversas normas en nuestro ordenamiento jurídico ratifican las competencias policiales de quienes se desempeñan como guardaparques. Es cierto que en los numerales 54 de la Ley Forestal, 1996, 9 de la Ley del Servicio de Parques Nacionales y 16 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se dispone que las personas funcionarias que fungen como guardaparques tienen carácter de autoridad policial; sin embargo, dichas normas establecen con claridad que esa autoridad se limita a denunciar y reportar ante las autoridades competentes las respectivas infracciones, o sea que sus obligaciones son de mera colaboración y, por ende, distintas a los servidores y las servidoras de la Fuerza Pública. Así, en el artículo 54 de la Ley Forestal, N.° 7575 del 13 de febrero de 1996, se estipula: “Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de autoridad de policía, como tales y de acuerdo con la presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas. Las autoridades de policía estarán obligadas a colaborar con los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, cada vez que ellos lo requieran para cumplir, cabalmente, con las funciones y los deberes que esta ley les impone Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito. También, decomisarán el medio de transporte que sirva como instrumento o facilitador para la comisión del delito, previo levantamiento del acta respectiva. Todo lo anterior deberá ponerse a la orden de la autoridad judicial competente, en un plazo no mayor de tres días” . Por su parte, el ordinal 9 de la Ley del Servicio de Parques Nacionales, N.° 6084 del 24 de agosto de 1977, reza: “Quien contraviniera lo dispuesto en el artículo ocho, será expulsado inmediatamente del Parque Nacional y puesto a la orden de las autoridades judiciales correspondientes, por los empleados del Servicio de Parques Nacionales, quienes para ese efecto tendrán el carácter de autoridades de policía” . Por último, en el canon 16 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, N.° 7317 del 30 de octubre de 1992, se dispone que: “Para el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, los inspectores de vida silvestre, los inspectores forestales, los guardaparques y funcionarios del SINAC debidamente acreditados para esos fines y en el desempeño de sus funciones están facultados para detener, transitar, entrar y practicar inspecciones, dentro de cualquier finca y embarcación, lo mismo que en las instalaciones industriales y comerciales involucradas, así como para decomisar los organismos, las partes, los productos y los derivados de vida silvestre, junto con el equipo utilizado en la comisión de un delito o actividad prohibida por esta ley. En el caso de los domicilios privados se deberá contar con el permiso de la autoridad judicial competente o del propietario” (Los resaltado son agregados). Por ello, se estima que no es posible equiparar las funciones de las personas que fungen como guardaparques con las de las personas que integran los cuerpos policiales, pues el grado de peligrosidad entre el ejercicio de ambos cargos no es el mismo (en igual sentido puede consultarse los votos de este órgano números 1469, de las 10:40 horas del 7 de agosto y el número 948, de las 12:00 horas del 29 de mayo, ambos del 2020). Como se explicó con anterioridad, los cuerpos policiales deben, como parte de sus funciones, garantizar la seguridad nacional, no solo de las personas sino también de los bienes, velar por el respeto de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, manteniendo el orden y la tranquilidad pública, previniendo y reprimiendo la delincuencia y ejecutando las decisiones de los órganos jurisdiccionales y administrativos. En cambio, según se tuvo por acreditado, el propósito del puesto que desempeña el promovente es: “* Coordinar, supervisar y ejecutar las labores de control y protección que se realizan en las ASP del ACTo, tomando como base lo establecido en el Plan de Prevención, Protección y Control de las ASP. / * Ejecutar labores de vigilancia de las instalaciones, activos y personas en el ASP del ACTo donde labora. / * Operar el equipo necesario para la ejecución de las actividades de Prevención, Protección y Control del ASP donde labora, como el manejo de embarcaciones y motores fuera de borda, conducción de vehículos oficiales, entre otros. / * Atender y documentar las quejas de la sociedad civil relacionadas a delitos ambientales en el ACTo. / * Dar seguimiento a la programación de los patrullajes de control y protección dentro de la ASP donde está destacado, considerando la cantidad de funcionarios disponibles, recursos disponibles, horarios, y cualesquiera otros detalles que sean necesarios integrar. / * Liderar las patrullas de control y protección, supervisando la labor que realizan los funcionarios antes, durante y después del patrullaje, revisando que se realicen los informes o denuncias correspondientes, y que la actividad se registre en el libro o bitácora correspondiente. / * Apoyar en la ejecución de actividades de otros programas del ACTo cuando se le solicite, para ayudar al control, manejo, conservación y desarrollo sostenible de recursos forestales, áreas silvestres protegidas, cuencas hidrográficas, sistemas hídricos y recursos ambientales. / * Participar en los operativos, patrullajes e inspecciones necesarias cuando se le solicite, para velar por el eficiente cumplimiento de tareas auxiliares que coadyuven a la conservación y desarrollo sostenible de recursos forestales, áreas silvestres protegidas, cuencas hidrográficas, sistemas hídricos y recursos ambientales. / * Controlar que los visitantes se mantengan dentro de las zonas establecidas para uso turístico según el Plan General de Manejo del ASP. / * Controlar y evaluar las diferentes actividades que tiene bajo su responsabilidad, con el fin de detectar y corregir fallas, así como proponer mejoras e innovaciones relacionadas con la forma de desarrollar el trabajo dentro del ASP. / * Reportar al superior inmediato sobre cualquier deterioro, daño o desperfecto en el equipo, herramientas, armas o infraestructura para que sea atendido por la Administración del ACTo. / * Coordinar las labores de seguridad y vigilancia a su cargo con otras instancias según corresponda: Fuerza Pública, Guardacostas, Policía Fronteras, y otros cuerpos policiales. / * Supervisar y controlar el adecuado cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la dotación de armas, municiones, mantenimiento y seguridad de las mismas, y velar porque las armas se mantengan dentro de la bodega de armas cuando los funcionarios se encuentran en tiempo de ocio. / * Evaluar las condiciones de seguridad de la institución, edificio u oficina, área silvestre protegida, para la cual labora, con el fin de detectar fallas o anomalías que atenten contra la labor a ejecutar y proponer las soluciones pertinentes. / * Mantener limpios y estrictamente ordenados los edificios, oficinas, bodegas, y cualquier otra infraestructura que se encuentre dentro del ASP donde labora. / * Ejecutar labores de limpieza y mantenimiento de las áreas verdes, y de los senderos terrestres y acuáticos dentro del ASP donde labora, para facilitar el acceso de funcionarios y visitantes a dichas áreas y minimizar los efectos negativos causados por la naturaleza. / * Mantener limpias y en buenas condiciones las herramientas de trabajo como embarcaciones, motores fuera de borda, vehículos, motosierras, hidrolavadoras, bombas, entre otros. / * Participar en capacitaciones, talleres, y reuniones cuando se le solicite. / * Elaborar y presentar informes verbales o escritos a su superior inmediato sobre anomalías o negligencias cometidas por algún funcionario del ASP. / * Atender, orientar, resolver consultas y suministrar información a superiores, compañeros y público en general, relacionadas con la actividad a su cargo. / * Dar seguimiento y realizar las actividades establecidas en el Plan de Gestión Ambiental del ASP donde labora. / * Ejecutar otras tareas propias del cargo que desempeña o de otros de similar complejidad y responsabilidad” (consultar hecho probado segundo e imágenes 220-224 del expediente virtual del Juzgado). De ahí que la mayoría de esta Sala considera que las funciones desempeñadas por el accionante, como guardaparques, no encajan dentro de los parámetros legales y jurisprudenciales necesarios para ser acreedor del reconocimiento del incentivo por riesgo policía. Finalmente, aunque no hay duda de que el promovente corre peligro como los y las policías, esa circunstancia no es suficiente para concluir que ostenta esa investidura. Así las cosas, no resulta posible acoger el reclamo formulado por la parte accionante y tampoco se está ante algún supuesto que hagan posible aplicar la regla de la norma más favorable al trabajador. VI.- SOBRE LAS COSTAS: La representación estatal objeta que se haya eximido al demandante perdidoso del pago de ambas costas. En materia laboral el tema de las costas está regulado en los artículos 562 y 563 del Código de Trabajo. Con sustento en esa normativa, la regla es condenar al vencido en el litigio a pagar ambas costas del juicio, tal y como lo adujo la representante del Estado. Sin embargo, al tenor del artículo 563 del Código citado se puede eximir del pago de esos gastos a quien se encuentre en alguno de los supuestos señalados en ese numeral, esto es: cuando el vencido haya litigado con evidente buena fe; cuando las proposiciones hayan prosperado parcialmente; o cuando haya vencimiento recíproco. El presente asunto se resolvió sin especial sanción en estos gastos, al considerarse que: “(…) el actor se encuentra dentro de los presupuestos de exoneración en el pago de las costas. Su pretensión no puede considerarse temeraria, pues se trata de un tema de interpretación de la normativa aplicable al caso, por lo que daba a lugar a pensar que tenía derecho al otorgamiento del riesgo policial reclamado”. No obstante, la representación estatal asegura que dicha absolutoria es infundada, en tanto el tema de “interpretación normativa” no es un presupuesto contemplado en el numeral 563 ibídem. Es cierto que ese supuesto no se encuentra contemplado en la norma citada, pero la decisión del Juzgado de exonerar al funcionario vencido del pago de este rubro, según se aprecia en la parte dispositiva de la sentencia recurrida, fue porque lo calificó como litigante de buena fe (inciso 1° del ordinal 563 del Código de Trabajo); lo cual comparte esta Sala. La buena fe procesal hace referencia al convencimiento que tiene la parte de que el derecho reclamado le asiste y, en el presente caso, es evidente que la parte perdidosa, a luz de la normativa especial que les otorga carácter de autoridad policial a los guardaparques en el desempeño de sus funciones, pudo considerar que le asistía derecho al reclamo del plus denominado riesgo policial, aun cuando su interpretación, como se analizó, no era acertada. De ahí que la exoneración dispuesta por el Juzgado se estima ajustada a derecho. VII.- CONSIDERACIÓN FINAL: Como corolario de lo expuesto, lo procedente declarar sin lugar los recursos de casación presentados. VIII.- VOTO SALVADO DE LAS MAGISTRADAS VARELA ARAYA Y PEREIRA RETANA: Las suscritas magistradas disienten del voto de mayoría por las razones que de seguido se expondrán. Existen leyes que regulan varias de las tareas policiales que ejercen los guardaparques e incluso les reconocen el carácter de autoridades de policía: A) Ley Forestal, n.° 7575 del 13 de febrero de 1996, precepto 54: “ Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de autoridad de policía , como tales y de acuerdo con la presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas. Las autoridades de policía estarán obligadas a colaborar con los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, cada vez que ellos lo requieran para cumplir, cabalmente, con las funciones y los deberes que esta ley les impone. Para el cumplimiento de sus atribuciones , estos funcionarios, identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito . También, decomisarán el medio de transporte que sirva como instrumento o facilitador para la comisión del delito, previo levantamiento del acta respectiva. Todo lo anterior deberá ponerse a la orden de la autoridad judicial competente, en un plazo no mayor de tres días”. B) Ley del Servicio de Parques Nacionales, n.° 6084 del 24 de agosto de 1977, en sus ordinales 8 y 9, en lo de interés para resolver este caso, por su orden, indican: "...2) Cazar o capturar animales silvestres, recolectar o extraer cualquiera de sus productos o despojos... 8) Portar armas de fuero, arpones o cualquier otro instrumento que pueda ser usado para cacería... 11) Provocar cualquier tipo de contaminación ambiental. 12) Extraer piedras, arenas, grava o productos semejantes..."“ARTÍCULO 9°. - Quien contraviniera lo dispuesto en el artículo ocho, será expulsado inmediatamente del Parque Nacional y puesto a la orden de las autoridades judiciales correspondientes, por los empleados del Servicio de Parques Nacionales, quienes para ese efecto tendrán el carácter de autoridades de policía ”. (El destacado se agrega por quien redacta). C) Ley de Conservación de Vida Silvestre, n.° 7317 del 30 de octubre de 1992, mandato 16: “Para el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, los inspectores de vida silvestre, los inspectores forestales, los guardaparques y funcionarios del SINAC debidamente acreditados para esos fines y en el desempeño de sus funciones están facultados para detener, transitar, entrar y practicar inspecciones, dentro de cualquier finca y embarcación, lo mismo que en las instalaciones industriales y comerciales involucradas, así como para decomisar los organismos, las partes, los productos y los derivados de vida silvestre, junto con el equipo utilizado en la comisión de un delito o actividad prohibida por esta ley. En el caso de los domicilios privados se deberá contar con el permiso de la autoridad judicial competente o del propietario” (Los resaltados son propios). De lo anterior se infiere, con meridiana claridad, que los guardaparques llevan a cabo labores policiales, tales como detener, inspeccionar, decomisar, desalojar, patrullar y atender denuncias, para las que tiene el carácter de autoridad de policía, exponiéndose, por ese solo hecho a riesgos para su integridad física, por lo que, aunque su puesto no esté catalogado como de policía, ello no los excluye de los riesgos antes señalados, pues deben de enfrentar a personas que dentro de los parques nacionales sean sorprendidos delinquiendo, por incurrir en alguna de las conductas tipificadas por la ley como delictivas. Ese solo hecho, más la competencia y obligación de detenerles, cuando sean sorprendidos en la comisión del delito, y decomiso de los productos substraídos del parque nacional, son por su naturaleza de carácter peligroso, que les pone en condición real de exponer hasta su vida, pues incluso enfrentan a quienes tienen armas para delinquir, entonces no otra cosa puede concluirse. Así que, este es un caso de análisis de la realidad legal que les obliga a los guardaparques y no de si traen prueba testimonial para demostrar los riesgos a los que se enfrentan, pues las leyes bajo las que su trabajo se rige, por sí solas los pone en condición de riesgo, de manera que no deben ser tratados en forma desigual con relación a los que tienen puestos propiamente de policías. Considera la suscrita juzgadora que, si bien el artículo 91 de la Ley General de Policía, tuvo como destinatarios del complemento por riesgo policial, a los funcionarios que desarrollen funciones policiales y que estas supongan un riesgo para su integridad física, debemos tomar en consideración que pone como requisito que se trate de una exposición constante o permanente al riesgo. Tan riesgoso es el trabajo de los guardaparques, que existe una iniciativa legislativa, expediente n.° 16626, que pretende emitir una le denominada "Ley de Justicia Salarial para los Guardaparques del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Operativización del Fideicomiso de Áreas Silvestres Protegidas", por considerar que significa riesgo policial aquel peligro al que está expuesto el o la funcionaria que labora en prevención, control y protección de los recursos naturales, en la categoría de autoridad de policía, del Ministerio de Ambiente y Energía. Si bien se trata solo de un proyecto de ley que por esa misma condición no es vinculante para quien juzga en estos casos, es lo cierto que esa iniciativa recoge y pretende tutelar una realidad de riesgo, como es a la que están expuestos los guardaparques, pues día a día, por la naturaleza de sus obligaciones, sin que para la denegatoria del plus que se reclama en este proceso sea determinante el que su plaza no está dentro de la categoría de policía, pues ello no le exime de los riesgos que las normas que lo rigen le imponen y califican de policía por las funciones que debe desempeñar. Por esas razones, las suscritas consideran que debe darse el trato salarial sobre el tema del plus de riesgo policial, pues en lo fundamental de ambas categorías de puestos, corren riesgo a la integridad física y, quizá es mayor el de los guardaparques, pues tiene que enfrentar la criminalidad individual u organizada (cazadores furtivos, entre otros fenómenos criminales) y hasta hacer allanamientos en casas, previa autorización de jueces penales, exigencias normativas suficientes para declarar que su situación es quizá con un grado mayor de peligrosidad que la de simples policías de otros cuerpos policiales que existen en nuestro sistema. Solo que en el caso de los guardaparques, los bienes que deben proteger no son personas, pero no por ello dejan de ser de relevancia para el país, al grado que se ha ocupado de dictar leyes y crear infraestructura para su ejecución, todo con la finalidad de la tutela de esos bienes de interés para toda la colectividad, como son las riquezas marinas, silvestres y forestales, mismas que se ven amenazadas por acciones individuales o colectivas de personas dispuestas a delinquir, quienes generan un riesgo inminente, por la reacción esperable al ser descubiertos y detenidos por los guardaparques, quienes tienen la obligación de realizar las detenciones y posterior entrega a otras autoridades para el trámite de sanciones de tipo penal que corresponda. Con fundamento en las razones antes indicadas y, considerando estas juzgadoras que por el puesto de guardaparques que ocupa el actor, al estar catalogado que sus funciones están dentro de la categoría de policía, como se desprende de las normas supra citadas, sí reúne el requisito de exposición a riesgo a su integridad física en el desempeño del cargo (riesgo cierto) por lo que, sí tiene derecho a recibir el plus denominado "riesgo policial", pues no es la categoría del puesto lo que justifica y trata de remunerar ese plus, sino la real exposición a sufrir daños a su integridad física por el cumplimiento de sus obligaciones, en razón del cargo asignado, de modo que, en nuestro criterio, el accionante se ajusta a los presupuestos en la norma creada para retribuir, bajo el citado plus, a todos aquellos funcionarios de los cuerpos policiales que, como queda dicho, se ven expuestos a sufrir lesiones al combatir la criminalidad (sin que el bien que protegen sea lo determinante para su aplicación), pues realiza funciones policiales consistentes en vigilar los bienes de la nación (concretamente los recursos naturales, en sus múltiples variedades que están expuestos en los parques nacionales) para lo cual ponen en riesgo su integridad física, por ser el guardaparques el único con esa autoridad policial dentro de las áreas nacionales protegidas, donde producto de sus labores como se indicó antes, lo enfrentan a delincuencia variada (caza, pesca y tala ilegal), infracciones a la ley de vida silvestre, entre otras realizadas de riesgo. En consecuencia, se le ha de reconocer el plus por riesgo policial, con fundamento en el principio de igualdad salarial, de rango constitucional. Conviene agregar, que en la resolución n.° 4368-2003, de la Sala Constitucional, se hizo referencia al principio de igualdad, en los siguientes términos : “... en cuanto al principio de igualdad, es importante rescatar lo que la Corte Plena señaló, cuando fungió como tribunal constitucional: "El Principio de Igualdad ante la ley solamente se viola si una ley otorga un trato distinto, sin motivo justificado, a personas que se encuentren en igual situación, o sea, que para una misma categoría de personas las regulaciones tienen que ser iguales." (Sesión extraordinaria del once de agosto de mil novecientos ochenta y tres). Asimismo, en sesión extraordinaria del veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro consideró: "Igualdad ante la ley significa no solo trato igual en condiciones iguales, pues resultaría contrario a este principio aplicar una misma medida en condiciones diferentes. Pero debe hacerse hincapié en que no toda diferencia constituye causa legítima para establecer un distinto trato, menos aún, sin restricción alguna, pues la diferencia puede referirse a aspectos irrelevantes, que no afectan lo medular del caso además de que el quebranto constitucional también podría producirse por exceso , es decir, cuando se adoptan medidas exorbitantes en relación a las diferencias que pudieren justificar algún distinto trato." Estos conceptos sirvieron de sustento para el posterior desarrollo jurisprudencial que este Tribunal Constitucional ha hecho en torno al principio en cuestión, consagrado tanto en el derecho interno (propiamente en el artículo 33 de la Constitución Política), como en el Derecho Internacional (en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en nuestro país). En relación con este principio se han dado dos ideas claves; primero, en cuanto implica el trato igual entre iguales y desigual para los desiguales (al efecto, las sentencias números 7182-94, 1474-93, 5972-94 y 6097-94); y segundo, en cuanto a la posibilidad constitucional de establecer situaciones diferenciadas entre desiguales, bajo la condición de que éstas sean razonables y proporcionadas. Así, en posteriores sentencias se ha expresado: "El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, implica que en todos los casos, se deba dar un trato igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica, que pueda existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado desigual debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que ocurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación universal, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica real y efectiva." (Sentencias números 1770-94, de las nueve horas dieciocho minutos del quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro, y 1045-94 de las once horas cincuenta y un minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro)” (El destacado no es del original). Y en lo que atañe al principio de igualdad salarial, en el voto n. 12017-2006, el órgano contralor de constitucionalidad apuntó: “Sobre el principio de igualdad salarial y siguiendo la tesis contenida en la sentencia parcialmente transcrita, el Tribunal ha señalado que no resulta discriminatorio establecer diferencias salariales siempre y cuando ese trato diferente tenga un fundamento razonable, esto es, atienda a circunstancias particulares y objetivas que lo justifiquen. Así en la sentencia 1997-1320 de las 14:54 horas del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, la Sala señaló: “Es evidente que de los artículos constitucionales que se estima infringidos (33, 57, 68 y 74) se puede derivar un claro propósito de que, en materia salarial, exista un tratamiento equilibrado y justo para las distintas actividades laborales, tengan o no un carácter profesional. Esta Sala lo ha reiterado así en sus diversos pronunciamientos. Pero, como ha sido explicado también, ese trato equilibrado supone –como en cualquier otro caso en que esté de por medio una disputa de igualdad– que se reconozcan las diferencias que existen entre las diversas actividades, de modo que no se equiparen las que son distintas ni se diferencien las que son iguales, de forma tal que resulten indebidos privilegios por el hecho de sobrevaluar a unas, o injusticias porque se subvalúen otras”. (El destacado no es del original). De esa línea jurisprudencial se colige, sin lugar a dudas, que solo se justificaría, en el caso concreto, un trato salarial distinto en el tema del plus que se reclama, si el actor, por el puesto y las responsabilidades legales que tiene, no se viera expuesto a riesgos a su integridad física, pues esa es la base fundamental que tuvo el legislador al crear ese plus y, que para evitar las interpretaciones que han sido en contra de los guardaparques, por el solo hecho de no tener puestos catalogados formalmente como policías, quiere regularse en la iniciativa legal antes citada. Así las cosas, las suscritas consideran procedente acoger el recurso formulado por la parte actora, anular el fallo impugnado y, en su lugar, declarar parcialmente con lugar a demanda. En consecuencia, se debe condenar al Estado a pagarle al actor el plus por riesgo policial y las diferencias generadas respecto del aguinaldo y el salario escolar, no así de las vacaciones, por cuanto el otorgamiento de diferencias en aquellas solo ocurre cuando al demandante se le haya pagado suma alguna por ese concepto, a modo de compensación, y esto no fue acreditado en autos. Sobre las sumas otorgadas, se debe reconocer el pago de intereses e indexación, conforme lo dispone el artículo 565 del Código de Trabajo, por lo que los intereses por los derechos surgidos de previo al rige de la Ley de Reforma Procesal Laboral -25 de julio de 2017-, se pagarán conforme lo previsto en el numeral 1163 del Código Civil y por los derechos que surgieron a partir del 25 de julio de 2017, según lo indicado el canon 497 del de Comercio. Los cuales se reconocen a partir de la fecha de exigibilidad de cada derecho y hasta el efectivo pago. Respecto a la indexación también debe diferenciarse entre los derechos surgidos con anterioridad y posterioridad a la fecha del rige del actual Código de Trabajo. Los derechos que surgieron antes del 25 de julio de 2017 se indexarán a partir del momento en que resultaron exigibles y hasta la fecha del efectivo pago. Respecto de los que surgieron con posterioridad, la indexación ha de calcularse desde el mes anterior a la fecha de presentación de la demanda, o sea desde 04 de setiembre de 2019, y hasta un mes antes a la fecha del efectivo pago, conforme lo dispuesto en el canon 565 ibídem. Además, el demandado debe realizar las deducciones legales respectivas, incluyendo las cuotas obrero-patronales y todas las obligaciones correspondientes a la Seguridad Social en los términos referido en el numeral 567 del Código de Trabajo. En otro orden de ideas, por estimar que se trata de un tema opinable en cuanto al derecho que les asiste a los guardaparques a recibir el plus por el riesgo que corren, en el ejercicio de las obligaciones legales propias del cargo, declaró sin lugar el recurso del Estado. POR TANTO: Se declaran sin lugar los recursos de casación formulados. Las Magistradas Varela Araya y Pereira Retana salvan el voto. Declaran con lugar el recurso planteado por el accionante y deniegan el del Estado. Anulan el fallo impugnado y, en su lugar, declaran parcialmente con lugar la demanda. Condenan al Estado a pagarle de manera retroactiva al actor el sobresueldo de riesgo policial, desde la entrada en vigencia de la Ley que lo crea que data del quince de marzo de dos mil uno, así como las diferencias generadas en aguinaldos y salarios escolares. Sobre los montos resultantes otorgan el pago de los intereses legales, a partir de la fecha de exigibilidad de cada derecho y hasta el efectivo pago, los que disponen calcular por los derechos surgidos de previo al veinticinco de julio de dos mil diecisiete conforme lo previsto en el numeral mil ciento sesenta y tres del Código Civil, y por los que surgieron a partir del veinticinco de julio de dos mil diecisiete, según lo previsto en el canon cuatrocientos noventa y siete del Código de Comercio. De igual modo, conceden el pago de la indexación de lo adeudado, por los derechos que surgieron antes del veinticinco de julio de dos mil diecisiete, a partir del momento en que resultaron exigibles y hasta la fecha del efectivo pago, y respecto de los que surgieron con posterioridad, a partir del cuatro de setiembre de dos mil diecinueve y hasta un mes antes a la fecha del efectivo pago, conforme lo dispuesto en el canon quinientos sesenta y cinco del Código de Trabajo. En relación con las diferencias concedidas, autorizan al demandado a realizar las deducciones legales respectivas, incluyendo las cuotas obrero-patronales y todas las obligaciones correspondientes a la Seguridad Social. Resuelven, este asunto sin especial condena en costas.

Luis Porfirio Sánchez Rodríguez Julia Varela Araya Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia Sandra María Pereira Retana Res: 2022003002 AVMIRANDAS/LGCV 1 Observaciones de SALA SEGUNDA Voto salvado de las Magistradas Varela Araya y Pereira Retana Clasificación elaborada por SALA SEGUNDAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal
    • Wildlife Conservation Law 7317Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley Forestal 7575 Art. 54
    • Ley del Servicio de Parques Nacionales 6084 Art. 9
    • Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317 Art. 16
    • Ley General de Policía 7410 Art. 91

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