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Res. 01283-2017 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 26/10/2017
OutcomeResultado
The First Chamber outright rejects the first five grounds of the cassation appeal for lack of legal foundation and dismisses the sixth on the merits, upholding the judgment that denied the quantification of damages.La Sala Primera rechaza de plano los primeros cinco motivos del recurso de casación por falta de fundamentación jurídica y rechaza por el fondo el sexto, confirmando la sentencia que negó la liquidación de daños y perjuicios.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court hears an appeal filed by Avalon International Inc. S.A. against the judgment of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court which, in the enforcement stage of a criminal conviction, dismissed the quantification of damages. The plaintiff sought compensation for losses arising from the crime of extortion committed by officials of the Municipality of La Unión, which halted its "Los Geranios" real estate project. The enforcement judge found that the criminal judgment limited the temporal scope of the crime to the period between October 8 and December 2, 2004, and that the claimed damages lacked a direct causal link with the proven facts. On appeal, the plaintiff alleged various procedural defects: lack of clear determination of proven facts, lack of reasoning, and omission of evidence. The First Chamber examines each grievance and concludes that the first five lack the legal foundation required by Article 139(3) of the Contentious Administrative Procedure Code. As for the sixth, although admissible, it is dismissed on the merits, as the Chamber finds the appealed judgment duly reasoned and the appellant's arguments actually refer to improper evaluation of evidence, a defect that was not properly raised. Consequently, all six grounds of appeal are rejected without costs.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoce un recurso de casación interpuesto por Avalon International Inc. S.A. contra la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que, en etapa de ejecución de sentencia penal, rechazó la liquidación de daños y perjuicios. La actora pretendía el resarcimiento de perjuicios derivados de la comisión de un delito de concusión por parte de funcionarios de la Municipalidad de La Unión, que paralizó su proyecto urbanístico "Los Geranios". La Jueza de Ejecución consideró que la sentencia penal condenatoria delimitó el espacio temporal del delito entre el 8 de octubre y el 2 de diciembre de 2004, y que los daños reclamados carecían de nexo causal directo con los hechos probados. En casación, la parte actora alegó diversos vicios procesales: falta de determinación de hechos probados, falta de motivación, y preterición de prueba. La Sala Primera analiza cada agravio y concluye que los primeros cinco carecen de la fundamentación jurídica exigida por el artículo 139.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo. En cuanto al sexto, aunque admisible, lo desestima por el fondo, al constatar que la sentencia impugnada está debidamente motivada y que los argumentos del recurrente se refieren a indebida valoración probatoria, vicio que no fue adecuadamente invocado. En consecuencia, se rechazan los seis motivos del recurso sin condena en costas.
Key excerptExtracto clave
Considering XVI: "[...] From the arguments and evidence provided by the plaintiff, it is concluded that the material damage claimed as economic damages and losses lacks a cause-and-effect relationship with the criminal act that led to the conviction of the defendants in the criminal proceedings and the partial granting of the civil action for damages. In the judgment being enforced, the criminal facts were deemed proven and the criminal judges determined the temporal scope of the crime from October 8, 2004 to December 2, 2004; furthermore, in the criminal proceedings it was not proven that there were further delays in the construction process due to a broader network of municipal officials, or that the defendant Zúñiga Trigueros used influence over the Municipal Council or other municipal officials. [...] Thus, it is clear to this judge that at no time did the criminal judges attribute civil liability for actions after December 2, 2004 to the defendants [...]. Therefore, the necessary causal link between the harmful conduct—the crime committed by municipal officials—and the material damages being claimed in this proceeding is not found, given that this is a summary proceeding and can only analyze the claimed damages and losses based on the facts deemed proven in the judgment being enforced and the right affected, which in this case was the crime committed during a time period clearly defined in the criminal judgment, and the civil action was granted in the abstract within the time period established in the judgment as the temporal scope of the crime's effects." Considering XVII: "[...] This Chamber considers that the challenged judgment is duly reasoned. The enforcement judge, in light of the criminal court's ruling, concluded that the criminal judges delimited the temporal scope of the crime and, therefore, of any resulting damages. She provided clear and precise reasons why, according to the enforceable judgment, there was no causal link between the ruling and the damages and losses quantified in this proceeding."Considerando XVI: "[...] De las argumentaciones y de la prueba aportada por el accionante, se concluye que el daño material que reclama por daños y perjuicios económicos, no encuentra una relación de causa-efecto, con el hecho delictivo que dio lugar a condena de los imputados en el proceso penal y declaratoria con lugar de la acción civil resarcitoria. En la sentencia que se ejecuta, se tuvo por acreditados los hechos delictivos y los señores Jueces penales tuvieron por delitimado el espacio temporal del delito desde el día ocho de octubre del 2004 al dos de diciembre del 2004, a su vez en el proceso penal no se logró acreditar que hayan habido mayores atrasos en el proceso constructivo justificado en una mayor red de funcionarios municipales, o que el imputado Zúñiga Trigueros hubiera utilizado influencias sobre el Consejo Municipal, u otros funcionarios municipales. [...] Con esto, es claro para esta juzgadora que en ningún momento los señores jueces penales endilgaron responsabilidad civil respecto a acciones posteriores al día dos de diciembre del 2004 a los imputados [...]. Por ende, no se encuentra el necesario nexo causal entre la conducta dañosa, sea el delito cometido por funcionarios municipales, y los daños materiales que se vienen reclamando en la presente vía, ya que en esta vía, al ser de carácter sumario, únicamente pueden entrarse a analizar los daños y perjuicios que se reclaman, con base en los hechos que se tuvieron por demostrados en el fallo que se ejecuta y el derecho afectado, que en el caso que nos ocupa fue el delito cometido en un período de tiempo claramente delimitado en la sentencia penal y la acción civil se aprobó en abstracto dentro del período de tiempo acreditado en sentencia como la circunscripción temporal de los efectos de delito." Considerando XVII: "[...] esta Sala estima que la sentencia cuestionada se encuentra debidamente motivada. La Jueza de Ejecución, a la luz de lo resuelto en sede penal, concluyó que las personas juzgadoras penales delimitaron el espacio temporal del delito y, por ende, de los eventuales daños y perjuicios irrogados. Brindó las razones, claras y precisas, por las cuales, de conformidad con la sentencia ejecutoria, no existía nexo causal entre lo resuelto y los daños y perjuicios liquidados en esta lite."
Pull quotesCitas destacadas
"esta Sala estima que la sentencia cuestionada se encuentra debidamente motivada. La Jueza de Ejecución, a la luz de lo resuelto en sede penal, concluyó que las personas juzgadoras penales delimitaron el espacio temporal del delito y, por ende, de los eventuales daños y perjuicios irrogados."
"This Chamber considers that the challenged judgment is duly reasoned. The enforcement judge, in light of the criminal court's ruling, concluded that the criminal judges delimited the temporal scope of the crime and, therefore, of any resulting damages."
Considerando XVII
"esta Sala estima que la sentencia cuestionada se encuentra debidamente motivada. La Jueza de Ejecución, a la luz de lo resuelto en sede penal, concluyó que las personas juzgadoras penales delimitaron el espacio temporal del delito y, por ende, de los eventuales daños y perjuicios irrogados."
Considerando XVII
"no se encuentra el necesario nexo causal entre la conducta dañosa, sea el delito cometido por funcionarios municipales, y los daños materiales que se vienen reclamando en la presente vía, ya que en esta vía, al ser de carácter sumario, únicamente pueden entrarse a analizar los daños y perjuicios que se reclaman, con base en los hechos que se tuvieron por demostrados en el fallo que se ejecuta y el derecho afectado."
"The necessary causal link between the harmful conduct—the crime committed by municipal officials—and the material damages being claimed in this proceeding is not found, given that this is a summary proceeding and can only analyze the claimed damages and losses based on the facts deemed proven in the judgment being enforced and the right affected."
Considerando XVI
"no se encuentra el necesario nexo causal entre la conducta dañosa, sea el delito cometido por funcionarios municipales, y los daños materiales que se vienen reclamando en la presente vía, ya que en esta vía, al ser de carácter sumario, únicamente pueden entrarse a analizar los daños y perjuicios que se reclaman, con base en los hechos que se tuvieron por demostrados en el fallo que se ejecuta y el derecho afectado."
Considerando XVI
"los motivos del recurso deben indicarse de manera clara y precisa, con la fundamentación fáctica y jurídica del caso (precepto 139 inciso 3) del CPCA)."
"The grounds of the appeal must be set forth clearly and precisely, with the factual and legal foundation of the case (Article 139(3) of the CPCA)."
Considerando III
"los motivos del recurso deben indicarse de manera clara y precisa, con la fundamentación fáctica y jurídica del caso (precepto 139 inciso 3) del CPCA)."
Considerando III
Full documentDocumento completo
*140012441027CA* Res. 001283-A-S1-2017 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-sixth of October of two thousand seventeen.
In the proceeding for execution of the judgment issued in criminal court, established by AVALON INTERNATIONAL INC. SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-378008, represented by its general agent without limit of sum, Cornelio Urbina Paniagua, civil engineer, bearer of identity card number 105270117, against the MUNICIPALITY OF THE CANTON OF LA UNIÓN DE CARTAGO, represented by its mayor, Julio Antonio Rojas Astorga, bearer of identity card number 302350106; the attorney-in-fact of the executing company filed a cassation appeal challenging judgment number 251-2016, issued by the Contentious Administrative and Civil Treasury Court at 15:00 hours on February 16, 2016.
Judge Solís Zelaya writes
CONSIDERING
I.In the first objection, folio 524, the appellant announces that he brings it under the ground provided in subsection 1) point c) of canon 137 of the Contentious Administrative Procedure Code -CPCA-: “Lack of clear and precise determination, in the judgment, of the facts accredited by the Court or for having relied on illegitimate evidentiary means or those introduced illegally into the proceeding.” This is because, he notes, according to this rule, there must be a clear and precise determination in the decision of the facts accredited by the Court. The requirement of proper, clear, complete, and legitimate reasoning, he comments, has been widely developed, he says, in doctrine and national jurisprudence. It responds, he clarifies, to a need to explain and justify to the parties the reasons for a particular decision, echoing the evidence provided, either accepting it or rejecting it, but not omitting all consideration of evidentiary means and elements proposed by the parties in the trial for the demonstration of their theory of the case. His represented party, he points out, in strict adherence to what was decided in the condemnatory criminal judgment, no. 88-09 of 13 hours 30 minutes on March 10, 2009, issued by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of San José, supplemented by the resolution of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice no. 2011-595 of 12 hours 24 minutes on May 20, 2011 -both final rulings-, availed itself, in this execution of judgment proceeding, both in its written phase -in the preliminary hearing- and in the trial stage, to set forth, in the brief of execution of judgment, the respective claims with evidentiary support and to liquidate the damages caused to its represented party. This, he states, having been ordered to pay them (even if in abstract form), in attention to the facts that served as the basis for the decision being executed and what was requested. He says, he proved, with elements of conviction incorporated into the adversarial process and without any objection from the party against which enforcement is sought, that there were real and true damages, as a direct consequence between what was decided in the criminal court and what was requested in the contentious trial, verifying the causality of the intended compensation. Work was done, he states, to prove the factual assumptions that demonstrated the necessary causal link between what was requested in this specific case and the facts that justified the award of damages declared in the criminal court. He provided, he indicates, suitable evidence, he reiterates, aimed at demonstrating the real existence of such damages; as well as the economic amounts subject to this execution of judgment. All of which, he notes, should have been duly weighed by the judge to rule on what was requested regarding the claimed indemnities. Although, he accepts, it is the exclusive power of the Court to arrive at a clear and precise determination of proven or unproven facts; it is also so, he comments, that there must exist -in the judgment- that determination of proven lists, with an indication of clear evidentiary support, so that, he adds, it can sustain and decide on the outcome of the trial and the parties can know the reasons the Court had to reach its conclusion. In an inexplicable manner, he affirms, and despite the Judge making a series of conclusive considerations, she omitted the required consideration of the evidentiary list. It was sufficient for her, he affirms, to consider as proven facts the content of the operative parts of both criminal judgments (see Considering I of the challenged decision) where, precisely, the condemnation is verified -in abstract form- against the Municipality of La Unión to pay, in favor of the civil plaintiff, Avalon International Inc. S.A., the damages caused, as well as the costs of that action. Subsequently, he adds, in Considering II, as an unproven fact, she indicated that the executing company had suffered material damages as a consequence of the facts that gave rise to the criminal conviction. She stated: there is no evidence in the record. Without prejudice to weighing what is set forth in Considering III of the decision, he indicates, it was indispensable to comply with the requirement of subsection c) of numeral 137 of the CPCA; that is, with proper reasoning, clear, complete, logical, not contradictory; which is significant for the parties to know the reasons why it was concluded that there was no existence of material damages, as a consequence of the facts that gave rise to the criminal conviction. Upon examining the decision rendered, he asserts, a clear reasoning is not accredited for the fact held as unproven, in light of the factual framework contained in the brief of execution of judgment that begins at folio 238 and whose factual and legal grounds, which support its petitions, it presented at the opening of the debate, backing them with the evidence incorporated into the contentious trial. It is not that the judge, he indicates, was obliged to accept them; but rather they should have been subject to assessment and, at the same time, support their respective list of proven or unproven facts with evidence. He points out that point d) of the indicated numeral 137 ibid is also violated, due to the absence of reasoning; which, in his opinion, prevents knowing the reasons the Judge had to reach the conclusions contained in the decision. This, he refers, was of transcendental importance when she decided to hold, as an unproven fact, that the executing company had material damages as a consequence of the facts that gave rise to the criminal conviction and, even more so, he recounts, when she added that there was no evidence in the record. The foregoing, he estimates, is decisive in a sound and correct resolution of this matter, because, had all the proofs incorporated into the process (documentary and testimonial) been weighed, it is clear that the decision could have been different. He concludes that the reasoning requirement provided in point c) of canon 137 ejusdem was not met, regarding a clear and precise determination of the facts accredited in the decision by the Court.
II.Regarding what was related in the preceding section, it is necessary to indicate that numeral 139 subsection 3 of the CPCA provides a requirement of necessary material order, both for the admissibility of the appeal and for its subsequent evaluation on the merits. This is the reasoning of the appeal which, due to the characteristics of cassation, must be clear and precise. In this sense, it must contain, as provided by the precept under comment, the factual and legal grounding of the case. Factual, to the extent that it shows disagreement with the facts that have been held as proven or unproven (which leads to the weighing of the evidence), or with the circumstances occurring in the violation of procedural rules. Legal, when it concerns a problem that is set forth regarding the application, omission, or improper interpretation of any norm that makes up the body of law, including, of course, principles of constitutional rank, or that which also operates by reflexive or indirect effect, after the facts of the challenged judgment are modified. Both in the procedural infringement and in the evidentiary one, the legal reasons (always necessary) may concur with those of a factual nature, and, in that sense, the referenced grounds must be directed in both aspects, under penalty of inadmissibility. For its part, it is necessary to clarify that the indication of those canons relating to the value of the poorly assessed evidentiary element or elements is exempted from legal grounding, by express legal mandate. Likewise, it is unnecessary to cite the norms that the instance jurisdictional body erroneously used and mentioned to issue and reason its decision, because they appear in the same appealed ruling. And of course, it is not indispensable to cite the precepts that establish the requirements, deadlines, and basic rules for the admission of the appeal. Rather than the citation of the latter, what is essential is that they be fulfilled, that they be put into practice at the moment of preparing and filing the cassation. Thus, the grounding provided by law can be understood, grosso modo, as that technical-legal argumentation where a series of articles, or intertwined or concatenated legal rules are mentioned and reasonably linked in a double perspective: with the arguments of the appeal and with the judgment being attacked. To the extent that a set of legal norms is cited (or if applicable, a single one), relevant and clearly linked to the contested judgment (whether in its factual or legal support) and the arguments of the appeal, there is legal grounding. Jurisprudential additions or eventual doctrinal citations will occasionally reinforce the allegations made, but, generally, do not pertain to their essence. As this Chamber has already indicated interpreting article 139 of reference, “it is required that the appeal have at least minimal legal grounding ... the reasons on which it bases its action must be explained, combatting the legal arguments of the appealed judgment and setting forth, at least, some normative reference that provides support”. (Resolution no. 318-A-2008, of 14 hours 25 minutes on May 8, 2008). The grounding is, therefore, unrelated to the confused deployment of norms and allegations; to the mixture of unintelligible arguments or the simple exposition of opinions on the appropriateness or justice of the case, or else, to the recounting of the errors considered committed in the appealed judgment, without support in legal norms or criteria. Hence, if the appeal completely omits that technical-normative relationship to which reference has been made, or the one it performs is impertinent or unlinked to the case in a manifest and evident manner, it must be understood that it lacks “total legal grounding”, and therefore, fails to meet the necessary requirement established in numeral 139.3 of the CPCA, which is sanctioned with outright rejection, pursuant to the provisions of article 140 subsection c) of the same Code of reference. Likewise, this Chamber, repeatedly, has indicated that for an appeal to pass the admission control, it is necessary, in addition to the sufficient exposition of reasons, the corresponding mention and linking to the contested judgment of the substantive norms that are deemed violated. In this sense, resolutions numbers 354-A-S1-2011 of 14 hours 30 minutes on March 31, 2011, 1483-A-S1-2012 of 11 hours 13 minutes on November 14, 2012, 194-A-S1-13 of 10 hours 55 minutes on February 14, 2013, 1025-A-S1-2014 of 10 hours 45 minutes on July 31, 2014, and 977-A-S1-2016 of 12 hours on September 22, 2016, may be consulted, among many others.
III.In the case under study, the appellant forgets that this procedural instance does not correspond to an ordinary appeal (as is the appeal of apelación). Nor is it sufficient, it is insisted, to express a series of general and merely argumentative disagreements. It is necessary, as noted in the preceding considering, the contrast of what was decided with the infringement that, in his opinion, took place. In this line of thought, the appellant intermingles several hypotheses that are dissimilar to each other, but, due to the way he raises the grievance, are inseparable. He points out, firstly, the procedural ground provided in subsection 1) point c) of numeral 137 of the CPCA: lack of clear and precise determination, in the judgment, of the facts accredited by the Court. In this regard, this judicial body has stated: “IV.- One of the essential elements of any judgment is the setting of the factual framework that can be inferred from the evidentiary elements incorporated into the process based on the assessment carried out by the judges, according to the rules of sound criticism (article 82 of the CPCA), and in attention to the legal norms applicable to the specific case, since these allow establishing which facts acquire legal relevance (on this aspect, see the judgment of this Chamber no. 502-2010 of 8 hours 45 minutes on April 30, 2010). It is clear, then, that the establishment of these factual circumstances based on the evidence is one of the fundamental aspects of the judgment, to the extent that the resolution of the dispute depends on it. It is for this reason that this intellective work developed by the judges in relation to the facts of the case is capable of being reviewed from different perspectives in cassation court, which, furthermore, must not be confused, not only because they lead to different effects, but because they respond to diverse purposes. In this sense, the disagreement may be due to substantial aspects, when the factual framework that the Court held as proven is not consistent with the reality that emerges from the evidence (in which case it is an error of fact or law, provided in article 138 CPCA), or else, to procedural errors, whether for having relied on illegitimate evidentiary means or those introduced illegally into the process or for a defective formulation (lack of clear and precise determination of the facts). This last defect occurs when the Court, when establishing the pertinent factual framework for the specific case, formulates one or several facts in a confusing manner, in such a way that it is not possible to have an adequate understanding of what the factual situation it intends to make explicit is, or else, when there is a contradiction in the list of proven facts of such magnitude that it is impossible to be certain of what the assessment carried out by the judges during deliberation was. This responds to the purpose of the procedural grounds that give rise to this extraordinary means of challenge, which aim to guarantee that the processing of the different stages that make up the jurisdictional process has proceeded through the channels provided by the legal system, as well as that the judgment [sic] has been issued in the manner prescribed by the applicable adjective norms (in this sense, vote no. 687-F-S1-2010 of 13 hours on June 9, 2010). Therefore, any questioning regarding whether the setting of the facts performed is in accordance or not with the evidence exceeds the proper scope of this ground, forming part, on the contrary, of one of a substantive nature. […]” (Judgment no. 96 of 8 hours 55 minutes on March 22, 2012. In the same sense, resolution no. 846-A-S1-2016 of 19 hours 20 minutes on August 11, 2016, among others, may be consulted). This is not the situation in this litigation. The two facts that the Execution Judge held as proven are not confusing or contradictory to each other; therefore, this ground for breach of procedural rules does not apply. Subsequently, the appellant alleges “[…] but not omitting all consideration of evidentiary means and elements that the parties proposed in the trial for the demonstration of their theory of the case.” What is now invoked would generate a defect for indirect violation of substantive norms; specifically, for preterition of evidence. However, he does not specify what that element of conviction is; nor does he indicate any substantive norm as violated. Then, he points out “[…] this plaintiff party proving with evidence incorporated into the adversarial process and without any objection from the defendant party, that there were real and true damages as a direct consequence between what was decided in the criminal court and what was requested in the contentious trial, thus verifying the causality of the intended compensation.” That is, he affirms the existence of proven facts; however, the contested judgment did not hold them as such, so, that assertion would configure another indirect violation of substantive norms, but neither does he point out what that improperly assessed evidentiary element is; nor does he mention any substantive norm as violated. Later, he indicates: “[…] providing suitable evidence aimed at demonstrating the real existence of such damages as well as the economic amounts subject to said execution of judgment, all of which should have been duly weighed by the judge of merit to rule on what was requested regarding the indemnities claimed in the contentious trial.” As this factual situation was not accredited, it would give rise to another cassation ground for indirect violation of substantive norms, but he does not point out which evidence was improperly assessed, nor the substantive norms violated. Subsequently, he alleges a new ground for breach of procedural rules, that provided in point d) of numeral 137 of the CPCA: lack of reasoning. Further on he insists on the improper assessment of the evidentiary body, when stating: “[…] The foregoing is decisive in a sound and correct resolution of this matter because, had all the proofs incorporated into the process (documentary and testimonial) been weighed, it is clear that the decision could have been different in said judgment […]”; but he again omits to point out which evidence he refers to; nor does he indicate any substantive norm as violated. The noted ambiguity conflicts with the technique of cassation, which requires that the grounds for the appeal must be indicated in a clear and precise manner, with the factual and legal grounding of the case (precept 139 subsection 3) of the CPCA). Ergo, the rejection of the present ground for disagreement is imposed.
IV.In the second censure, folio 526, he alleges the ground provided in subsection 1) point d) of precept 137 of the CPCA: lack of reasoning. This is because, he notes, the law requires that the reasoning must be clear, precise, detailed, and complete, so that the parties, and those who come to read what was resolved by the Court, can visualize and understand the reasons for rejecting the claims of one or another intervening party. The Considering sections III and IV of the challenged decision, he points out, show a description of what the Judge attributed to what was claimed in court by both contending parties. In section V, he continues, a statute of limitations defense (excepción de prescripción) raised in the debate was resolved. In section VI, she referred to the material damage. However, he notes, from the outset she alluded to numerals 179 and 189 of the CPCA, as applicable regulations to this case, for the purposes of analyzing the allegations of both parties and the evidence in the record. This is striking, then, because that regulation refers to the execution of judgments from constitutional processes, which is not the case in this litigation; which shows, he affirms, incorrect reasoning. In the same way, he states, the purported reasoning that the Judge provided is inadmissible when she refers to a “[...] water connection to the municipal aqueduct [...]” that never existed; but rather, according to the evidence provided in the debate, it was a matter of a disconnection from the aqueduct that affected the development of the real estate project. Following this, he points out, the Judge referred in an unintelligible manner “[…] to a breakdown of the costs for earthworks (movimientos de tierra) in the Los Geranios project [...] by resolution N.616-2005- SETEA”, evidencing the lack of proper clarity, composition, and style in the drafting of that transcription, which, he says, is out of tune with the requirement of proper reasoning of the decision rendered. He transcribes, in what is of interest to him, what was set forth in considering VI of the questioned judgment. Being faced with such a decisive conclusion, he states, and which has transcendental scope in the resolution of this matter, which rejected his pecuniary claims, the Judge should have referred to the corresponding intellective reasoning of her arguments with an indication of the evidence that supported her conclusions, in order to know the logical iter of her reasoning and conclusion, which she did not do. The assertions of the decision, he notes, where his claims were rejected, incur a flagrant defect of lack of reasoning. It left him, he asserts, devoid of the evidentiary elements -and the respective assessment thereof- that, according to the Judge, exist in support of her statements. The appellant makes a transcription of what was considered by the Execution Judge on pages 7, 8, and 9 of the judgment, but indicates “without it being a literal quote from the decision”. There is no doubt, he states, that those decisive conclusions for the resolution of this matter deserved and required describing the evidentiary means and elements that served as their basis. By not doing so, he conceives, the provisions of point d) of numeral 137 of the CPCA were not complied with. In his opinion, the simple generic mention of the existence of evidence was not enough, without its correlative citation and its obligatory factual and legal analysis. In the section of unproven facts of the criminal judgment, folio 1186, he affirms, it is indicated that “[…] the existence of actions after December second, two thousand four, by the accused Zúñiga Trigueros, nor by the accused Araya Esquivel and Zúñiga Guzmán, trying to influence the substitute mayor Rafael Matamoros Mesén, the Municipal Council of La Unión, its council members, and the municipal engineer Carlos González Chacón, tending to obstruct, prevent, or in some way delay the Los Geranios development project of the company Avalan International Inc. S.A., was not accredited.” This conclusion, he states, was taken up by the Judge in this process to conclude, erroneously (along with other assertions visible in the decision), that in the criminal court the “[...] temporal space of the crime was delimited from the eighth day of October two thousand four to the second of December two thousand four [...]” and, consequently, the criminal judges at no time attributed civil liability regarding actions after December 2, 2004 to the accused. In his opinion, the Criminal Court's conclusion does not mean that, by restricting the commission of the illicit act attributed to the municipal officials to that specific period -October 8 to December 2, 2004-, what concerned the damages caused to his principal, Avalon International, also had to be circumscribed to that same date. He says, it is a matter of an error of interpretation by the Judge (amplified by the lack of proper reasoning of her conclusion), by circumscribing the existence of the damages to the same date when, according to the Criminal Court, the illicit act was held to have been committed, in its various modalities of authorship, co-authorship, or complicity, which are the effects of the crime of the criminal type that was held as accredited and that merited the criminal sanction. It is not the same, he affirms, as the scope or effects of the damages caused, which could have been generated beyond a typical, unlawful, and culpable conduct, restricted to a certain date in its initial, final, or consummated commission. In his opinion, one thing is the “temporal space of the crime”, or rather, the effects of the crime, and another is the scope of the damages generated because of the unlawfulness deployed by the accused, and which the same Criminal Court recognized as caused, but without determining the amounts of the economic harm, which it left for execution of judgment. If one refers to the list of proven facts of the questioned judgment, he affirms, contrary to what was stated there in the contentious judgment, concerning that it could not be accredited that there were further delays in the construction process, in items 6 to 9, folio 1181 of the criminal judgment, the placing of obstacles on the company Avalon International for the approval of the project, if a bribe was not paid, is evidenced. It is verified by reading item 9, visible at folio 1183, he states, concerning the stoppage of the project if the payment of bribes to the municipal officials was not complied with, this to obtain municipal approvals for the project, such as earthworks (movimientos de tierra) and for other permits. It is verified, he adds, that on December 2, 2004, the permit for earthworks (movimiento de tierras) was given to the company Avalon International, and it was not until February 24, 2015, that the request for a change of the preliminary project for the Urbanización Los Geranios was approved, because the company could not develop the project as it had initially been conceived, structured, and paid for in various ways, to persons and companies, as was accredited in the trial, signifying the change of the project an irrefutable and irremediable economic loss for the company Avalon International, which was proven in the debate. Consequently, he affirms, the Judge's reasoning becomes incomplete -as well as erroneous-, by concluding that the Criminal Court did not attribute civil liability to the accused for actions after December 2, 2004, and for that reason she did not find a causal link between the crime committed by the municipal officials and the material damages claimed in this execution of judgment. It is not valid, he argues, the Judge's reasoning in concluding that, for said period -from October 8 to December 2, 2004-, no further delays in the construction process were accredited and, consequently, she dismissed the claims presented, along with the evidentiary framework, admitted as ordinary evidence and as evidence for better provision (para mejor resolver), which are specified in the audio of the debate. He is astonished, he indicates, that the Judge did not consider the damages committed to the detriment of his represented party, in the period established in the criminal process, with the evidence incorporated into the debate, with which, he indicates, she left his principal in clear abandonment, harm, and defenselessness. Given that, he states, the “effects of the crime,” whose authorship, complicity, division of functions, etc., can be restricted to a certain date, as the criminal judges did, are not the same as the damages derived from the illicit actions of the convicted municipal officials, which transcended the indicated period -October 8 to December 2, 2004-, and which he demonstrated with the evidence provided and incorporated into the adversarial process, which, he argues, were not subject to assessment by the Judge. Consequently, he alleges, the contested judgment does not contain valid, logical, clear, and complete reasoning, as the causal link between the harmful conduct, that is, the crime committed by municipal officials, and the material damages claimed, was not found. For that reason, he concludes, she rejected the amounts claimed for damages, consisting of earthworks (movimientos de tierras); changing the development from two stages to a single one; effect on interest for the purchase of the property; not building the houses, but only selling the lots; fees for the concept of professional services tariff; and extending the administration of the project for one more year.
V.In the present ground of disagreement, the appellant incurs the same error as in the previous censure. He alleges three different hypotheses, but, due to the way he raises the objection, they are indissoluble from each other. Initially, he invokes and refers to the procedural defect of lack of reasoning in the judgment. He indicates, the resolution omitted “[…] the corresponding intellective reasoning of its arguments and indication of the evidence that supports [sic] its conclusions, in order to know the logical iter of its reasoning and conclusion, and it did not do so […]”. Regarding this procedural defect, this Chamber has repeatedly indicated: “V. […] the LACK OF REASONING, as a reproach capable of being reviewed through the extraordinary cassation appeal, in the terms of the indicated canon of the CPCA, should not be understood as a mechanism to question the legal foundations of the judgment. It arises when the reasoning of the decision is omitted, either because it does not exist, or because its development is extremely confusing or contradictory, in such a way that it prevents having clarity as to the reasoning that derived in the decision adopted in the operative section of the judgment, which would violate the procedural rights of the parties, specifically, that of due process. It is not about determining whether the judge ruled on all the claims incorporated into the process, but on the contrary, that the decision has the grounds on which the corresponding decision was adopted.
Similarly, it must be borne in mind that this is a ground of a procedural nature, which implies that it concerns potential breaches of the adjective provisions that regulate the procedural path or the judgment, as well as the legal relationship that binds the parties and the judge within the framework of a judicial process, and from which rights and obligations derive. Thus, this ground should not be confused with a mechanism to discuss the application of the Law or the assessment of the evidence carried out by the adjudicator in the considerandos of the resolution, for which the procedural Code establishes autonomous grounds (article 138 ibidem), since otherwise the specific cassation ground would be distorted." (Judgment no. 323-11 of 9:50 a.m. on March 31, 2011. In the same vein, see rulings numbers 814 of 9:05 a.m. on July 5, 1285 of 9:20 a.m. on October 11, both of the year 2012, 315-S1-2015 of 10:45 a.m. on March 12, 2015; as well as resolutions 662-A-S1-2015 of 9:54 a.m. on June 10, 2015, and 97 of 3:30 p.m. on January 26, 2017). As will be set forth later, when analyzing the last objection, this Chamber considers that the questioned judgment does not incur the indicated defect of lack of reasoning. However, it is necessary to state now that what was affirmed by the cassation appellant in the censure under study is confusing, since, later, he indicated that reasoning does exist, but it is incomplete. In this regard, he stated: "Consequently, the adjudicator's reasoning becomes incomplete—in addition to erroneous—when concluding that the Criminal Court did not attribute civil liability to the accused for actions subsequent to December 2, 2004, and for that reason—she—does not find a causal link between the crime committed by the municipal servants and the material damages being claimed in this judgment execution." Likewise, immediately thereafter, he again accepts that there is reasoning, but, for him, it is not valid: "It is clear then that the trial judge's reasoning is not valid when she concludes that for said period from October 8, 2004, to December 2, 2004, no major delays in the construction process were accredited and consequently she desists from considering the legitimate claims we presented to her in the trial held in conjunction with the evidentiary table we brought to trial and which was admitted as ordinary evidence and as evidence for better resolution, and which are specified in the audio of the debate." Finally, he reiterates that reasoning does exist, but it is not valid, logical, clear, and complete: "Consequently, the reasoning contained in the appealed judgment is not valid, logical, clear, and complete when the a-quo does not find the causal link between the harmful conduct, that is, the crime committed by municipal officials, and the material damages being claimed in this proceeding, and for that reason the a-quo proceeds to reject the amounts claimed for damages consisting of [...]". Then, the cassation appellant alleged improper assessment of the criminal judgment, visible on folios 1 to 82 of the judicial expediente, because the Adjudicator, upon taking up what was ordered therein, concluded that, in that venue, the temporal space of the crime was delimited to the period from October 8 to December 2, both dates of the year 2004; consequently, that the criminal adjudicators did not attribute responsibility for actions subsequent to December 2, 2004. In his opinion, the damages inflicted on his client are not limited to that moment. He even alleges that from that criminal judgment it is determined that the Criminal Court attributed civil liability to those accused therein for material damages caused to his represented party, regarding actions subsequent to December 2, 2004. Likewise, he alleges pretermission of evidence, through which it was demonstrated that the damages, derived from the illicit actions of the municipal servants convicted in the criminal venue, transcended beyond the period from October 8 to December 2, 2004. These last two allegations, should they occur, would cause the indirect violation of substantive norms. However, the cassation appellant omitted to indicate the substantive norms violated and, in the latter case, also the pretermitated evidence. Due to the ambiguity and imprecision indicated, the rejection of this objection is mandatory.
VI.In the third charge against the appealed judgment, folio 532, the appellant again reiterates the ground provided in subsection 1) point d) of canon 137 of the CPCA: lack of reasoning. He states that unclear, incomplete, incoherent, and illegitimate reasoning occurs when, on page 9 of the appealed judgment, the Adjudicator concluded that both the evidence offered in the complaint and that proposed in trial for better resolution do not constitute necessary elements of conviction to accredit the causal link, since the facts were established from the enforceable judgment. The evidence indicated, he notes, is in relation to facts occurring after the actions that served as the basis for the declaration in favor, in the abstract, of the civil compensatory action, and therefore, as indicated in the appealed judgment, it does not constitute suitable evidence for determining the claimed damage. He questions: but to which evidentiary elements does the Adjudicator refer to reach her conclusions? It is clear, he indicates, that she should have indicated them and reasoned about their admissibility or inadmissibility. It was not sufficient, he continues, to elaborate a judicial reasoning of her own on aspects of the trial held. It is not up to the parties to guess about the evidentiary aspect to which the Judge wished to refer. Simply and plainly, he argues, she had to transcribe it to be able to understand the logical path of her reasoning. By not doing so, he says, she leaves them devoid of the required substantiation. If the Judge's thesis were correct, he continues, and indeed, what the Criminal Court wanted to restrict in that period were the damages generated to his represented party—and not the criminal effects of the offense—she was obliged to provide proper reasoning—valid, legitimate, and complete. She should have, at least, carried out a critical and objective analysis of the documentary and testimonial evidence contained in the judicial file, in order to weigh that also, during the period she accepted, damages were produced to the assets of his represented party, which have a clear causal link with the illicit acts attributed to the responsible parties, criminally convicted, and which, he affirms, served as the basis for this judgment execution; which, he indicates, the Adjudicator did not weigh, to consider the extent of the damage. The judgment, he affirms, suffers from a serious defect of lack of reasoning or incomplete, incoherent, unclear, and illegitimate reasoning. Not only in the judgment execution brief, in the summary of the factual and legal grounds given at the beginning of the debate; but also, in the evidence incorporated into the adversarial proceedings, he asserts, he made the Adjudicator see his legitimate claims for pecuniary reparation for the damages caused, due to the illicit act of the convicted municipal officials. For this reason, he notes, there is no reason for the unproven fact included in the appealed judgment: "That the plaintiff company had material damages as a consequence of the facts that gave rise to the criminal conviction (there is no evidence in the file)". In the judgment execution brief, he adds, as well as in the compensatory claims set forth in summary form in the contentious trial, for which he provided evidence that was timely incorporated, it was claimed, as an inflicted damage, that concerning the earthworks (movimientos de tierra) carried out by Avalon International, as a consequence of the permit granted by the Municipality. His represented party, he explains, submitted on November 18, 2004, to the Municipality of La Unión, an application for earthworks (movimiento de tierra), which was done through document number 035035, the original of which was presented to the Judge and was admitted; since, as was feared, the documentation that had to be complete and entirely contained within the administrative expediente provided by the Municipality of La Unión was not, as accredited by the audio of the trial. It being true, as it is and as proven in trial, he notes, his represented party carried out the earthworks (movimientos de tierra) that had been authorized through the permit legally granted on December 2, 2004, a date even within the temporal space highlighted by the Adjudicator, which should have been duly weighed in the intellectual reasoning that had to be carried out in the ruling, but it was not. With said evidence, accepted in the trial, he indicates, his represented party provided the Municipality of La Unión with a sketch of the earthworks (movimiento de tierra) to be carried out. This document, he argues, contemplates: the cutting of the topsoil and the drawer cut of roads and fill of classified material; however, said sketch and the requested extremes do not appear in the administrative expediente provided by the Municipality of La Unión as evidence provided to the trial, despite the fact that said documentation is decisive in the resolution of his legitimate claims. With it, he indicates, it is demonstrated that his client was in compliance with the law and that the earthworks (movimientos de tierra) carried out were those authorized by the Local Government. The Judge, he affirms, omitted to assess that on December 2, 2004, when the earthworks (movimiento de tierras) permit was formally and lawfully granted to his represented party, also, on that day, his client gave the go-ahead to the company Rogbre, S.A. to bring in the machinery and begin all the earthworks (movimientos de tierra) on the project—as shown by the documentary evidence provided to the trial—and which is authorized on the last day of the parameter erroneously established by the Judge, a permit that appears on folio 141 of the judicial file. He also proved, he adds, with documentary evidence and with the testimony of Mr. Cornelio Urbina Paniagua, received at trial—and likewise disregarded and without any weighing by the Adjudicator—that said earthworks (movimiento de tierra) had a total cost of ₡12,293,000.00, equivalent, at the exchange rate of the invoices, to US $24,803.79, patrimonial damage for Avalon International, which is duly supported by invoices numbers 905, 909, 1054, 1057, 1062, 1068, 1072, 1075, 1085, and 1119, visible on folios 210 to 219 of the judicial file, and which the judge omitted to assess in her issued ruling. Similarly, and related to the earthworks (movimiento de tierra), he notes, seen as a causal link between the facts that served as the basis for the criminal resolution being executed and what is requested in this process, he argues, it was claimed that the date on which the municipal permit was granted to carry out said earthworks (movimientos de tierra) is even contained within the temporal space indicated by the Adjudicator—from October 8 to December 2, 2004—bearing in mind the facts that served as the basis for the decision being executed in this proceeding, the criminal sentencing Court, in a final judgment at 4:30 p.m. on March 17, 2009, established as a proven fact, folio 22 of the judicial expediente, that the convicted accused were detained and separated from their positions—as public officials—from December 3, 2004, until March 23, 2005. Mr. Zúñiga Trigueros, he adds, was reinstated only until March 30, 2005, and was again separated, all of which hindered the continuity of the urban development project given the illicit acts reported against the Mayor and other municipal officials. Thus, he points out, it was recorded in the minutes of assemblies of the plaintiff company, as demonstrated at trial and incorporated as evidence. All of which, he maintains, demonstrates a clear causal link between those facts of criminal and civil conviction and what is being executed in this venue. However, he states, this was not assessed by the Adjudicator in the ruling. She omitted, he says, a proper weighing of the claim duly set forth and accredited at trial with admitted evidence. Had she done so, he concludes, she would have determined a monetary award as the economic loss claimed by Avalon International.
VII.As occurred in the two previous grievances, in this one, the cassation appellant invokes several hypotheses that are dissimilar from each other, but, due to the manner of raising the objection, indivisible, which contradicts cassation technique. In this regard, in a first moment, he reproaches the procedural defect of lack of reasoning. However, he affirms "Likewise, unclear, incomplete, incoherent, and illegitimate reasoning occurs [...]"; that is, he accepts that reasoning exists. Then, he criticizes the incorporation, in the appealed judgment, of the only unproven fact. To that effect, he indicates, in the initial brief of this execution process he alleged and provided evidence, which was admitted. He claimed, as damage, that concerning the earthworks (movimiento de tierra) that his client carried out in accordance with the permit granted by the Municipality executed. He relates that on November 18, 2004, he submitted to the Local Government a request for earthworks (movimiento de tierra), which he proves with original document number 35035, which, he indicates, he proposed at the hearing and was admitted. With said document, as well as the permit granted on December 2, 2004, visible on folio 141, he alleges, he demonstrates that he carried out the authorized earthworks (movimiento de tierra). However, he lectures, such means of conviction were pretermitted by the Execution Judge. Likewise, he states, with the testimony of Mr. Cornelio Urbina Paniagua and invoices numbers 905, 909, 1054, 1057, 1062, 1068, 1072, 1075, 1085, and 1119, he accredits the cost that said earthworks (movimiento de tierra) had. Yet, the Adjudicator also pretermitted those elements of conviction. Finally, he indicates, with the criminal judgment of 4:30 p.m. on March 17, 2009, as well as the Minutes of Assembly of the executing company, it is demonstrated that, as the then-Mayor of La Unión was in prison and, after having been reinstated in his position, was separated from office, this hindered the continuity of the urban development project, which has a causal link with the damages liquidated in this process. However, said evidence was also pretermitted. These last three aspects, should they occur, would constitute indirect violations of law. However, they are informal. The cassation appellant omitted to indicate the substantive norm violated. The ambiguity referred to, it is reiterated, contradicts cassation technique, which mandates the rejection of the grievance under consideration.
VIII.In the fourth censure, folio 537, the challenger invokes, once again, the ground provided in subsection 1) point d) of precept 137 of the CPCA: lack of reasoning. He affirms that in the debate held he argued a relation of facts upon which he based the indemnification claim, proper to the liquidation of judgment issued in the criminal venue. He points out, he notes, together with the evidence provided and, later, in the conclusions that, as a consequence of the facts that served as the basis for civilly condemning the accused and the Municipality, from November 23, 2004, his represented party had requested the executed Local Government for the change of the preliminary project. This request, he indicates, was made through document number 4-094-04 UC, admitted as evidence number two at trial, as shown in the audio of the debate. This variation, he explains, was made within the temporal parameter established by the Criminal Court's judgment; that, for the purposes of the Judge's interpretation—erroneous—, his client could only claim damages that might have occurred in that period. Even so, he asserts, the claims complying with that temporal budget, inexplicably, the Adjudicator did not analyze or weigh the documentary evidence and the testimony of Cornelio Urbina Paniagua; means of conviction, he notes, incorporated into the adversarial proceedings. This, he notes, entails a lack of reasoning that left his principal defenseless. Had she done so, he says, she would have verified the causal link between the facts that served as the basis for the criminal resolution at 1:30 p.m. on March 10, 2009, vote no. 88-09 of the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of San José; as well as the legitimate object of the claim in this lite. Also, he adds, the onerous economic damage and loss claimed at trial that it meant for his represented party, Avalon International Inc. S.A., to be forced to change the construction process from two stages to a single one, as a direct consequence of the illicit act of the convicted municipal servants, which led to the Municipality of La Unión being condemned, jointly and severally, in its capacity as civilly responsible party, for the actions of its servants, to pay patrimonial damages and losses caused to the offended company. He even relates, he demonstrated that the claim operated in the same temporal space that the Judge accepted, that is, between October 8 and December 2, 2004, which entails that the Adjudicator should have referred in her resolution to said event, accepting or not such claim. By omitting the respective substantiation, he comments, she incurs a procedural violation. Had she dedicated time to weighing the claim presented, he explains, she would have corroborated that his client was forced to make decisions that even went against its first proposal for the development of the construction project and, also, against its own projected, invested, and spent assets. She should have done so, he indicates, because at that moment they faced a dire reality: the Mayor, who was the head of the Municipality, and two Councilors, part of the Municipal Council, were manipulating and conditioning the granting of permits, a situation that forced the executing company to have to change the original concept of the development: from construction in two stages to a single one. Urban developments, he explains, are usually designed and developed in two stages, with the intention that the proceeds from the sale of the first would finance the construction of the second. However, he continues, having public officials who conditioned the delivery of municipal permits to the construction company, the Board of Directors of the executing company was forced to make the decision to build the project in a single stage, which was accredited with the documentation incorporated into the debate, consisting of certified minutes of the Shareholders' Assemblies of the executing company, visible on folios 190 and 191, minute number 4, dated November 18, 2004, which were not objected to by the executed party or by the Adjudicator. According to the first, second, and third agreements of the Book of Assembly Minutes, he affirms, his represented party was forced to have to duplicate the financial burden, even to have to seek additional bank financing to be able to face the construction of the project in a single stage, since, he explains, the idea was not to have to request more permits and process the entire project at once, interests and financial burden that are visible in invoices numbers 1 and 3 on folios 133 and 134, for the sums of US $42,000.00 and US $120,387.65, documentary evidence that was also not weighed by the Adjudicator. Had she assessed them, he states, she would have verified the causal link between the facts that served as the basis for the criminal resolution at 1:30 p.m. on March 10, 2009, vote no. 88-09 of the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of San José, and the legitimate object of the claim submitted. This entire situation, he estimates, generated, among its harmful consequences to his represented party, having to extend the project administration for one more year with the construction company, a company with which, from August 30, 2004, it had signed a contract for professional services. This included project administration, construction of the urbanization and houses, design of the urbanization and houses, a contract visible on folios 221 to 223 of the judicial file. Likewise, on folio 226 appears the invoice of Constructora Proyecta, S.A., issued to Avalon, for the sum of $120,000.00 for project administration, dated November 16, 2004. Elements of conviction offered at the preliminary hearing and, later, incorporated into the debate; but, he concludes, pretermitted by the Judge.
IX.In the charge subject to analysis, the appellant again intermingles several hypotheses that are dissimilar to each other, but due to the way the censure is structured, they are inseparable. In this regard, the cassation appellant, in the first place, again invokes the procedural ground of lack of reasoning in the judgment. However, immediately thereafter, and regarding what he calls "change of the preliminary project"—that is, going from construction in two stages to a single stage—, which, he affirms, was requested on November 23, 2004, to the executed Municipality; he reproaches the pretermission or improper assessment of several evidentiary elements, by not considering that situation as generating the claimed damages and losses, namely: 1) brief addressed to the Municipality of La Unión, number 4-094-04 UC, admitted as evidence number two; 2) the testimony of Mr. Cornelio Urbina Paniagua; 3) Certification of the Book of Minutes of Shareholders' Assembly of the executing company, visible on folios 190 and 191, specifically, minute number four—first, second, and third agreements—of November 18, 2004; 4) invoices numbers 1 and 3 on folios 133 and 134, for US $42,000.00 and US $120,387.65; 5) professional services contract signed with the company that administered and built the project, which had to be extended for one more year, visible on folios 221 to 223; and 6) invoice that Constructora Proyecta S.A. issued to the executing company, visible on folio 226, for the sum of US $120,000.00, for project administration, dated November 16, 2004. The foregoing, different from what was indicated by the cassation appellant, should it occur, would generate a defect due to indirect violation of substantive norms. However, it is informal. The appellant did not cite the substantive norms that in his opinion were violated. The ambiguity indicated mandates the rejection of the grievance under study.
X.In the fifth attack on the questioned judgment, folio 540, the appellant again invokes the ground for violation of procedural norms provided in subsection 1) point d) of numeral 137 of the CPCA: lack of reasoning. He indicates, as yet another onerous economic loss, the object of his claim in the judgment execution, which was not assessed by the Judge, it was claimed, by reason of the actions of the municipal servants convicted in the criminal venue, that his represented party was forced to extend the project administration for one more year, due to the change of the original concept of the development from two stages to a single one. This situation which, he continues, in practice is not usual, given the high cost it represents in construction, designs, permits, financial burden, urbanization designs, homes, environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) and construction permits, among others. He extended, he insists, the development project administration with Constructora Proyecta S.A. for one additional year, by the decision to modify the project from two stages to one, in order to avoid greater obstacles and crime attempts by the officials of the Municipality of La Unión. Said company, as designer and administrator, had to generate the construction plans again and change the project from two stages to one. In the documentary evidence contained in the file, folios 221 to 223, admitted in trial, he affirms, the professional services contract signed between Avalon and Constructora Proyecta S.A., dated August 30, 2004, appears. As a product of the change, he indicates, his represented party committed to pay monthly the sum of US $10,000.00, for a period of 12 additional extension months, for a total of US $120,000.00. The foregoing, he explains, because the warehouse, security personnel, guard salary payment (which was included in said amount), temporary installations, and others remained in the development; in addition to the modification of plans, partial fixed office expenses, processing of the new plans; which would be included within that payment. Invoice number 430, dated November 16, 2004, for an amount of US $120,000.00, appears. The contract addendum is dated January 15, 2005, which runs on folio to folios 224 and 225; however, it is a direct consequence of the extension and delay of the project and has a causal link with the decisions taken by the Board of Directors of Avalon. There is no justification whatsoever, he notes, for the Judge to have failed to weigh said evidence. Had she done so, he concludes, she would have verified the causal link between the facts that served as the basis for the criminal resolution at 1:30 p.m. on March 10, 2000, vote no. 88-00 of the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of San José.
XI.In the censure under study, the appellant again incurs the same error as in the preceding grievances: he alleges several hypotheses that are dissimilar to each other, but inseparable, given the way he raises the grievance. In this regard, in a first place, he alleges lack of reasoning. However, later, concerning the one-year extension of the project administration, in which, he indicates, his client was forced by the change of the original concept of the development from two stages to a single one, generating extra expenses. He invokes the pretermission of the following evidentiary elements: 1) professional services agreement signed with Constructora Proyecta S.A., on August 30, 2004, on folios 221 to 223; 2) invoice number 430 dated November 16, 2004, for US $120,000.00, corresponding to the payment of US $10,000.00 per month for 12 additional extension months; 3) contract addendum, dated January 15, 2005, visible on folios 224 and 225. The foregoing, different from what was indicated by the cassation appellant, and as has already been set forth, should it occur, would cause an indirect violation of substantive norms. However, the objection is informal. The appellant omitted to indicate the substantive norms he considers violated. The ambiguity referred to mandates the rejection of this grievance.
XII.In merit of the reasons noted, given the evident omission to systematically and specifically combat the grounds of the appealed resolution, not with simple and generic arguments of opinion, the five preceding claims are insufficient to generate a review of the ruling challenged in this venue as they lack legal substantiation, and therefore their outright rejection is mandatory—numeral 140 subsection c) of the CPCA—.
XIII.In the sixth and last ground of disconformity, folio 542, the appellant alleges the cassation ground provided in subsection 1) point d) of canon 137 of the CPCA: lack of reasoning. He transcribes, in what is of his interest, what was considered by the Adjudicator in Section VI of the questioned judgment. The Judge, he affirms, made several references to the evidence offered and admitted in trial. However, he adds, she did not stop to identify any particular piece, nor weigh them according to his petitions in order to know the logical path of a valid reasoning, in order to know the reasons for their rejection. That is, he argues, why they do not constitute suitable means of conviction for the determination of the claimed damage. It is not sufficient, he indicates, for an adjudicator, of any matter, to indicate that the evidence is not suitable or does not offer sufficient elements of judgment to accredit or not a causal link; without even describing those evidentiary means or considering their due analysis, to know what the descriptive and analytical reasoning referring to each one is. This form of generic and abstract description, he concludes, is not valid, and leaves the parties in doubt as to knowing the reasons the adjudicator had for rejecting the claims.
XV.Regarding its resolution on the merits, the contentious procedural legislation provides, in mandate 140, the possibility of outright rejection of the cassation appeal when: "a) It is clear from the brief that the appealed resolution cannot be the object of cassation / b) It was filed untimely / c) It totally lacks legal substantiation or, having it, the Chamber or the Cassation Court clearly deduces the inadmissibility of the appeal, whether for procedural or substantive reasons." (The underlining is supplied). In this last case, the legislator proposed an alternative that in this matter is innovative and expeditious, in such a way that, in the interest of resolving judicial processes promptly and properly, it allows those hearing this extraordinary appeal, to determine from the outset if the pleading is clearly inadmissible, despite compliance with strictly formal matters, such as filing within the time limit and respect for cassation technique, in accordance with canon 139 ibidem. The foregoing by virtue of the fact that postponing the resolution of an appeal of this nature leads nowhere, if it is determined from its content, with absolute clarity, that the reproach raised will be dismissed.
XVI.
Given the importance for resolving the objection under review, it is necessary, despite its length, to transcribe, as pertinent, what was considered by the Execution Judge in Section VI of the challenged judgment, regarding material damage: “[…] From the arguments and the evidence provided by the claimant [sic], it is concluded that the material damage claimed for economic losses and damages does not find a cause-and-effect relationship with the criminal act that gave rise to the conviction [sic] of the accused [sic] in the criminal proceedings and the ruling partially upholding the civil action for damages. In the judgment being executed, the criminal acts were taken as proven [sic] and the criminal judges delimited [sic] the temporal scope of the crime from October 8, 2004, to December 2, 2004. Furthermore, in the criminal proceedings, it was not possible to prove that there had been greater delays in the construction process justified by a broader network of municipal officials, or that the accused Zúñiga Trigueros had used influence over the Municipal Council or other municipal officials. The ruling establishes in its fifth considering clause, titled 'on the civil action,' where the collegiate court analyzed the patrimonial repercussions, taking as proven facts for the civil action those that were deemed accredited and constitutive of the crime of concusión, partially upholding the civil action for damages. If we observe the proven facts of the judgment visible at folios 15 to 27 of the case file, express reference was made from the beginning of the municipal procedures for the urban development project called 'Urbanización Los Geranios,' with the presentation of the preliminary project on October 8, 2004, and also regarding each of the meetings between the accused and the plaintiff's representatives, with the crime being considered consummated on December 2, 2004, a date on which the permit for earthworks (movimientos de tierras) was also granted to the plaintiff company. It is also worth highlighting that the proven facts indicated it was not possible to prove the existence of actions subsequent to December 2 by the accused Zúñiga Trigueros, nor by the defendants Araya Esquivel and Zúñiga Guzmán, aimed at obstructing, preventing, or in any way delaying the Los Geranios urban development project. Thus, it is not possible to extend the scope of the judgment regarding the commission of the crime having caused delays or impediments in the execution of the urban development project, as intended by the plaintiff, given that the criminal court expressly mentioned that this argument could not be proven in the criminal venue, in the section on the civil action for damages. Therefore, this judge does not share the plaintiff's assertions that the judgment did not delimit a time period for the purpose of recognizing patrimonial damages. With this, it is clear to this judge that at no time did the criminal judges attribute civil liability for actions subsequent to December 2, 2004, to the defendants, as expressly indicated by the ruling when it states '(...) In this project, there were other delays not attributable to the criminal defendants and civil defendants. It was thus proven that on January 18, 2005, SETENA official communication no. 2448-2004 was notified to the Los Geranios project, communicating that they have six months to submit the environmental management plan; the project is suspended by order of SETENA; and in ordinary session no. 231 of the Municipal Council of La Unión held on February 24, 2005, with the presence of Mayor Rafael Ángel Matamoros Mesén, the request for recommendations was approved. Therefore, as we can see, the effects of the crime do not extend to those dates, but rather there were some delays stemming from other sources (...).' Consequently, the necessary causal nexus is not found between the harmful conduct, i.e., the crime committed by municipal officials, and the material damages being claimed in this proceeding, since in this pathway, being of a summary nature, one can only analyze the claimed damages and losses based on the facts taken as proven in the judgment being executed and the affected right, which in the case at hand was the crime committed within a time period clearly delimited in the criminal judgment, and the civil action was approved in the abstract within the time period accredited in the judgment as the temporal circumscription of the crime's effects. As a corollary, the undersigned Judge considers that the amount claimed for damages and losses, for the concept of earthworks, moving from two stages to a single stage of development, effect on interest on the purchase of the property, not building the houses but only selling the lots, professional fees, and extending the project administration for one more year, merits [sic] being rejected, given that, as established by regulations and jurisprudence, for any type of compensation to proceed, the causal nexus must be proven between the conduct subject to sanction by the Trial Court and the existence of a certain, real, and effective damage, and not an expectation, such as the one the plaintiff had for the execution of his urban development project. Likewise, both the evidence offered in the claim and the evidence for better provision offered at trial do not provide the evidentiary elements necessary to prove said causal nexus, given that the facts are established from the judgment being executed, and the evidence provided relates to facts occurring subsequent to the actions that served as the basis for the ruling partially upholding the civil action for damages in the abstract, for which reason they do not constitute suitable evidence for determining the claimed damage. Being in the sentence execution venue, only damages resulting from the actions that led to the conviction and the ruling partially upholding the civil action for damages can be awarded, which was the commission of the crime, for which no arguments of fact and law or suitable evidence have been contributed to the case file that would allow proving material damage to the plaintiff based on the criminal conduct subject to the criminal conviction. Consequently, its rejection is decreed, as is hereby ordered, upholding the lack of legal standing raised by the defendant Municipality.”
XVII.In light of the foregoing transcription, and contrary to what was stated by the appellant in cassation, this Chamber considers that the challenged judgment is duly reasoned. The Execution Judge, in light of what was resolved in the criminal venue, concluded that the criminal judges delimited the temporal scope of the crime and, therefore, that of any eventual damages and losses caused. She provided clear and precise reasons why, in accordance with the executable judgment, there was no causal nexus between what was resolved and the damages and losses liquidated in this proceeding. Likewise, she pointed out that the evidence offered by the executing company, both in its claim and in the trial for better provision, did not provide elements of conviction to prove the causal nexus “[…] given that the facts are established from the judgment being executed, and the evidence provided relates to facts occurring subsequent to the actions that served as the basis for the ruling partially upholding the civil action for damages in the abstract, for which reason they do not constitute suitable evidence for determining the claimed damage.”; a reason for which it was irrelevant. As a corollary, it is clear that the appealed resolution does not incur the imputed defect. The Judge discounted the value of each and every one of the means of conviction offered by the executing party, both with its liquidation brief and those requested for better provision during the trial, for the purpose of demonstrating the claimed damages and their causal nexus with the judgment under execution. Consequently, if the executing company disagreed with that decision, it should have challenged what was resolved, but alleging an indirect violation of law, for improper valuation of those evidentiary elements, which it did not do. Ergo, the dismissal of the grievance on its merits must be imposed.
XVIII.By virtue of the reasons stated, under the protection of numeral 140, subsection c) of the CPCA, the grievance under study must be dismissed outright on the merits. Due to the specific manner in which it is resolved, it is considered that it must be done without an award of costs for the appeal.
POR TANTO
The first five objections are dismissed outright. The last (sixth) is admitted, and it is dismissed outright on the merits, without an award of costs.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vílchez Yazmín Aragón Cambronero MJIMENEZ Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, e-mail [email protected] Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:15:53.
Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA *140012441027CA* Res. 001283-A-S1-2017 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.
En el proceso de ejecución de la sentencia emitida en sede penal, establecido por AVALON INTERNATIONAL INC. SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número 3-101-378008, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Cornelio Urbina Paniagua, ingeniero civil, portador de la cédula de identidad número 105270117 contra la MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO, representada por su alcalde, Julio Antonio Rojas Astorga, portador de la cédula de identidad número 302350106; el apoderado de la sociedad ejecutante formuló recurso de casación impugnando la sentencia número 251-2016, emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a las 15 horas del 16 de febrero de 2016.
Redacta el magistrado Solís Zelaya
CONSIDERANDO
I.En el primer reparo, folio 524, anuncia el casacionista que lo interpone por la causal prevista en el inciso 1) punto c) del canon 137 del Código Procesal Contencioso Administrativo -CPCA-: “Falta de determinación clara y precisa, en la sentencia, de los hechos acreditados por el Tribunal o por haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso.” Ello por cuanto, anota, según dicha norma, debe existir una determinación clara y precisa en el fallo, de los hechos acreditados por el Tribunal. La exigencia de una debida, clara, completa y legítima motivación, comenta, ha sido ampliamente desarrollada, dice, en doctrina y en la jurisprudencia nacional. Responde, aclara, a una necesidad de explicarle y justificarle a las partes las razones de un determinado fallo, haciendo eco de las pruebas aportadas, sea aceptándolas o rechazándolas, pero no omitiendo toda consideración a medios y elementos probatorios propuestos por las partes en el juicio para la demostración de su teoría del caso. Su representada, apunta, en estricto apego a lo fallado en la sentencia penal condenatoria, no. 88-09 de las 13 horas 30 minutos del 10 de marzo de 2009, emitida por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, complementada con la resolución de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia no. 2011-595 de las 12 horas 24 minutos del 20 de mayo de 2011 -ambos pronunciamientos firmes-, se avocó, en este proceso de ejecución de sentencia, tanto en su fase escrita -en la audiencia preliminar- como en la etapa de juicio, a exponer, en el memorial de ejecución de sentencia, los reclamos respectivos con respaldo probatorio y liquidar los daños y perjuicios generados a su representada. Esto, expone, al haberse condenado a su pago (aunque fuera en forma abstracta), en atención a los hechos que sirvieron de fundamento a la decisión que se ejecuta y lo solicitado. Dice, acreditó, con elementos de convicción incorporados al contradictorio y sin objeción alguna de la parte ejecutada, que existieron daños y perjuicios reales y verdaderos, como consecuencia directa entre lo fallado en sede penal y lo pedido en el juicio contencioso, verificando la causalidad del pretendido resarcimiento. Se trabajó, expone, en acreditar los supuestos de hecho que demostraban el necesario nexo causal entre lo solicitado en este caso concreto y los hechos que justificaron la condena de daños y perjuicios declarados en sede penal. Aportó, indica, pruebas idóneas, reitera, dirigidas a demostrar la existencia real de tales daños; así como los montos económicos objeto de esta ejecución de sentencia. Todo lo cual, anota, debió ser debidamente ponderado por la juzgadora para pronunciarse sobre lo peticionado en cuanto a las indemnizaciones redamadas. Si bien, acepta, es facultad exclusiva del Tribunal arribar a una determinación clara y precisa de hechos probados o no demostrados; también lo es, comenta, debe existir -en sentencia- esa determinación de elencos probados, con indicación de un claro respaldo probatorio, de manera que, agrega, pueda sustentar y decidir sobre el resultado del juicio y puedan las partes conocer las razones que tuvo el Tribunal para arribar a su conclusión. De manera inexplicable, afirma, y no obstante que la Jueza realizó una serie de consideraciones conclusivas, omitió la exigida consideración al elenco probatorio. Le bastó, afirma, tener por hechos demostrados el contenido de las partes dispositivas de ambas sentencias penales (véase Considerando I del fallo cuestionado) donde, precisamente, se verifica la condenatoria -en forma abstracta- a la Municipalidad de La Unión a pagar, a favor de la actora civil, Avalon International Inc. S.A., los daños y perjuicios causados, así como las costas de dicha acción. Posteriormente, agrega, en el Considerando II, como un hecho no probado, indicó que la sociedad ejecutante hubiese tenido daños materiales a consecuencia de los hechos que dieron lugar a la condenatoria penal. Manifestó: no hay prueba en autos. Sin perjuicio de ponderar lo que se expone en el Considerando III del fallo, indica, resultaba indispensable cumplir con la exigencia del inciso c) del numeral 137 del CPCA; sea, con una debida motivación, clara, completa, lógica, no contradictoria; lo cual tiene trascendencia para que las partes conozcan las razones por las cuales se concluyó sobre la no existencia de daños materiales, como consecuencia de los hechos que dieron lugar a la condenatoria penal. Al examinar el fallo dictado, asevera, no se acredita una clara motivación del hecho tenido por no probado, de cara al cuadro de hechos contenidos en el memorial de ejecución de sentencia que inicia a folio 238 y cuyos fundamentos de hecho y de derecho, que sustentan sus peticiones, presentó en la apertura del debate, respaldándolos con las pruebas incorporadas al juicio contencioso. No es que la persona juzgadora, indica, estuviera obligada a acogerlos; sino que debían ser objeto de valoración y, a la vez, respaldar con pruebas su respectivo elenco de hechos probados o no probados. Se conculca también, señala, el punto d) del indicado numeral 137 íbid, por la ausencia de motivación; lo que, en su criterio, impide conocer las razones que tuvo la Juzgadora para arribar a las conclusiones contenidas en el fallo. Esto, refiere, resultaba de trascendental importancia, cuando decidió tener, como un hecho no probado, que la sociedad ejecutante tuviera daños materiales a consecuencia de los hechos que dieron lugar a la condenatoria penal y, más aún, relata, cuando agregó que no hubo pruebas en los autos. Lo anterior, estima, resulta decisivo en una sana y correcta resolución de este asunto, pues, de haberse ponderado todas las probanzas incorporadas al proceso (documental y testimonial), es claro que la decisión pudo haber sido otra. Se incumplió, concluye, con la exigencia de motivación prevista en el punto c) del canon 137 ejúsdem, respecto a una determinación clara y precisa de los hechos acreditados en el fallo por el Tribunal.
II.En torno a lo relacionado en el apartado anterior, es menester indicar que el numeral 139 inciso 3 del CPCA prevé un requerimiento de orden material necesario, tanto para la admisibilidad del recurso cuanto para su posterior valoración por el fondo. Se trata de la motivación del recurso que, por las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido, debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados o indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas), o con las circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales. Jurídica, cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional, o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada. Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico y, en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión, porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estos últimos, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica donde se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como ya lo ha indicado esta Sala interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima ... deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento”. (Resolución no. 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo de 2008). La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza, resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito establecido en el numeral 139.3 del CPCA, que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c) del mismo Código de referencia. Asimismo, esta Sala, en forma reiterada, ha señalado, para que un recurso pase el control de admisión, se precisa, además de la suficiente exposición de motivos, la correspondiente mención y vinculación con la sentencia cuestionada de las normas de fondo que se estimen infringidas. En este sentido, pueden consultarse, entre muchas otras, las resoluciones números 354-A-S1-2011 de las 14 horas 30 minutos del 31 de marzo de 2011, 1483-A-S1-2012 de las 11 horas 13 minutos del 14 de noviembre de 2012, 194-A-S1-13 de las 10 horas 55 minutos del 14 de febrero de 2013, 1025-A-S1-2014 de las 10 horas 45 minutos del 31 de julio de 2014 y 977-A-S1-2016 de las 12 horas del 22 de setiembre de 2016.
III.En el caso en estudio, el casacionista olvida que esta instancia procesal no corresponde a un recurso ordinario (como es el de apelación). Tampoco resulta suficiente, se insiste, manifestar una serie de disconformidades generales y meramente argumentativas. Es menester, según se apuntó en el considerando anterior, el contraste de lo decidido con la infracción que, en su criterio, tuvo lugar. En esta línea de pensamiento, el recurrente entremezcla varias hipótesis disímiles entre sí, pero, por la manera cómo plantea el agravio, resultan inseparables. Señala, en primer término, la causal procesal prevista en el inciso 1) punto c) del numeral 137 del CPCA: falta de determinación clara y precisa, en la sentencia, de los hechos acreditados por el Tribunal. Al respecto, este órgano judicial ha señalado: “IV.- Uno de los elementos esenciales de cualquier sentencia es la fijación del cuadro fáctico que se logra inferir de los elementos probatorios incorporados al proceso con base en la valoración realizada por los juzgadores, según las reglas de la sana crítica (artículo 82 del CPCA), y en atención a las normas jurídicas aplicables al caso concreto, toda vez que estas permiten establecer cuáles hechos adquieren relevancia jurídica (sobre este aspecto, véase la sentencia de esta Sala no. 502-2010 de las 8 horas 45 minutos del 30 de abril de 2010). Resulta claro, entonces, que el establecimiento de estas circunstancias fácticas con base en la prueba es uno de los aspectos fundamentales de la sentencia, en la medida en que de esta depende la solución del diferendo. Es por tal razón que esta labor intelectiva desarrollada por los juzgadores en relación con los hechos del caso es pasible de ser revisada desde distintas ópticas en sede casacional, las cuales, además, no deben ser confundidas, no solo porque conducen a efectos distintos, sino porque responden a finalidades diversas. En este sentido, la inconformidad puede obedecer a aspectos sustanciales, cuando el cuadro fáctico que tuvo por demostrado el Tribunal no es conteste con la realidad que se desprende de las pruebas (en cuyo caso se trata de un error de hecho o de derecho, previstos en el artículo 138 CPCA), o bien, a yerros procesales, ya sea por haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o introducidos en forma ilegal al proceso o por una defectuosa formulación (falta de determinación clara y precisa de los hechos). Este último vicio se produce cuando el Tribunal, al establecer el cuadro fáctico pertinente para el caso concreto, formula uno o varios hechos de manera confusa, de forma tal que no sea posible tener un adecuado entendimiento de cuál es la situación fáctica que pretende explicitar, o bien, cuando exista una contradicción en el elenco de hechos probados de tal envergadura que sea imposible tener certeza de cuál fue la valoración realizada por los juzgadores al deliberar. Esto responde a la finalidad de las causales procesales que dan cabida a este medio impugnaticio extraordinario, las cuales tienen por objetivo garantizar que la tramitación de las distintas etapas que conforman el proceso jurisdiccional hayan discurrido por los cauces previstos por el ordenamiento jurídico, así como que las sentencia [sic] se haya dictado en la forma prescrita por las normas adjetivas aplicables (en este sentido, voto no. 687-F-S1-2010 de las 13 horas del 9 de junio de 2010). Por ello, cualquier cuestionamiento relativo a si la fijación de los hechos realizada resulta acorde o no a las pruebas excede el ámbito propio de esta causal, formando parte, por el contrario, de una de índole sustantivo. […]” (Sentencia no. 96 de las 8 horas 55 minutos del 22 de marzo de 2012. En igual sentido puede consultarse, entre otras, la resolución no. 846-A-S1-2016 de las 19 horas 20 minutos del 11 de agosto de 2016). Este no es el supuesto de esta lite. Los dos hechos que tuvo por probados la Juzgadora de Ejecución no son confusos ni contradictorios entre sí; por ende, no se configura esta causal por quebranto de normas procesales. De seguido, alega el casacionista “[…] pero no omitiendo toda consideración a medios y elementos probatorios que las partes propusieron en el juicio para la demostración de su teoría del caso.” Lo ahora invocado, generaría un vicio por quebranto indirecto de normas sustantivas; en concreto, por preterición de prueba. Sin embargo, no precisa cuál es ese elemento de convicción; tampoco indica norma sustantiva alguna como trasgredida. Luego, señala “[…] acreditando ésta parte actora con pruebas incorporadas al contradictorio y sin objeción alguna de la parte demandada, que existieron daños y perjuicios reales y verdaderos como consecuencia directa entre lo fallado en sede penal y lo pedido en el juicio contencioso, verificando así la causalidad del pretendido resarcimiento.” Es decir, afirma la existencia de hechos probados; empero, la sentencia impugnada no los tuvo como tales, por lo que, ese aserto, configuraría otro quebranto indirecto de normas sustantivas, pero tampoco señala cuál es ese elemento probatorio indebidamente valorado; ni menciona norma de fondo alguna como violada. Posteriormente, indica: “[…] aportando pruebas idóneas dirigidas a demostrar la existencia real de tales daños así como los montos económicos objeto de dicha ejecución de sentencia, todo lo cual debió ser debidamente ponderado por la juzgadora de mérito para pronunciarse sobre lo peticionado en cuanto a indemnizaciones [sic] reclamadas en el juicio-contencioso.” Al no haberse acreditado tal situación fáctica, originaría otro motivo casacional por trasgresión indirecta de normas sustantivas, mas no señala cuál es la prueba indebidamente valorada, ni las normas de fondo conculcadas. Posteriormente, alega una nueva causal por quebranto de normas procesales, la prevista en el punto d) del numeral 137 del CPCA: falta de motivación. Más adelante insiste en la indebida valoración del acervo probatorio, al manifestar: “[…] Lo anterior resulta decisivo en una sana y correcta resolución de éste asunto pues de haberse ponderado todas las probanzas incorporadas al proceso (documental y testimonial), es claro que la decisión pudo haber sido otra en dicha sentencia […].”; pero vuelve a omitir señalar a cuál prueba se refiere; tampoco indica norma de fondo alguna como conculcada. La ambigüedad reseñada riñe con la técnica de la casación, la cual impone que los motivos del recurso deben indicarse de manera clara y precisa, con la fundamentación fáctica y jurídica del caso (precepto 139 inciso 3) del CPCA). Ergo, se impone el rechazo del presente motivo de disconformidad.
IV.En la segunda censura, folio 526, aduce la causal prevista en el inciso 1) punto d) del precepto 137 del CPCA: falta de motivación. Ello por cuanto, acota, la ley exige que la motivación debe ser clara, precisa, circunstanciada y completa, a fin de que las partes, y quienes lleguen a leer lo resuelto por el Juzgado, puedan visualizar y comprender las razones para rechazar los reclamos de una u otra parte interviniente. Los Considerandos III y IV del fallo cuestionado, apunta, evidencian una descripción de lo que la Jueza le atribuyó a lo reclamado en juicio por ambas partes contendientes. En el apartado V, prosigue, se resolvió una excepción de prescripción opuesta en el debate. En el VI, se refirió al daño material. No obstante, acota, de entrada aludió a los numerales 179 y 189 del CPCA, como normativa aplicable a este caso, para efectos de analizar los alegatos de ambas partes y las probanzas que constan en autos. Llama la atención, pues, esa normativa está referida a la ejecución de sentencias de procesos constitucionales, que no es el caso de esta lite; lo cual evidencia, afirma, una incorrecta motivación. De la misma manera, expone, es inadmisible la pretendida motivación que brindó la Juzgadora cuando se refiere a una “[...] conexión de agua al acueducto municipal [...]” que nunca existió; sino más bien, según las pruebas aportadas al debate, se trató de una desconexión al acueducto y que afectaba el desarrollo del proyecto inmobiliario. De seguido, señala, la Juzgadora se refirió de manera ininteligible “[…] a un desglose en los costos por movimientos de tierra en el proyecto Los Geranios [...] mediante resolución N.616-2005- SETEA”, evidenciándose la falta de una debida claridad, composición y estilo en la redacción de esa transcripción, lo cual, dice, desafina con la exigencia de una debida motivación del fallo dictado. Transcribe, en lo de su interés, lo expuesto en el considerando VI de la sentencia cuestionada. Al estarse ante una conclusión tan decisiva, expone, y que tiene trascendental alcance en la resolución del presente asunto, que rechazó sus reclamos pecuniarios, la Jueza debió referirse a la correspondiente motivación intelectiva de sus argumentos con indicación de las pruebas que respaldaban sus conclusiones, a fin de conocer el íter lógico de su razonamiento y conclusión, lo cual no hizo. Las aseveraciones del fallo, anota, donde se rechazaron sus pretensiones, se incurre en un flagrante vicio de falta de motivación. Se le dejó, asevera, ayuno de los elementos probatorios -y la respectiva valoración de los mismos- que según la Juzgadora existen en respaldo de sus manifestaciones. El casacionista efectúa una transcripción de lo considerado por la Jueza de Ejecución en las páginas 7, 8 y 9 de la sentencia, pero indica “sin que sea una cita literal del fallo”. No hay duda, expone, que esas conclusiones decisivas, para la resolución del presente asunto, merecían y requerían describir los medios y elementos probatorios que le sirvieron de base. Al no hacerlo, concibe, se incumplió con lo preceptuado en el punto d) del numeral 137 del CPCA. En su criterio, no bastaba con la simple mención genérica a la existencia de pruebas, sin su correlativa cita y su obligado análisis fáctico y jurídico. En el apartado de hechos no probados de la sentencia penal, folio 1186, afirma, se indica que “[…] no se acreditó la existencia de acciones posteriores al dos de diciembre de 2004 por parte del imputado Zúñiga Trigueros, ni de los imputados Araya Esquivel y Zúñiga Guzmán, tratando de influenciar al alcalde suplente Rafael Matamoros Mesén, al Consejo Municipal de la Unión, sus regidores y al ingeniero municipal Carlos González Chacón, tendentes a obstaculizar, impedir o de alguna forma atrasar el proyecto urbanístico los Geranios de la sociedad Avalan International Inc. S.A.” Tal conclusión, manifiesta, la retomó la Juzgadora en este proceso para concluir, erróneamente (junto a otras aseveraciones visibles en el fallo), que en sede penal se delimitó el “[...] espacio temporal del delito desde el día ocho de octubre del 2004 al dos de diciembre del 2004 [...]” y, en consecuencia, las personas juzgadoras penales, en ningún momento, le endilgaron responsabilidad civil tocante a acciones posteriores al día 2 de diciembre de 2004 a los imputados. En su opinión, la conclusión del Tribunal Penal no significa que, al restringir la comisión del ilícito atribuido a los funcionarios municipales a ese determinado período -8 de octubre al 2 de diciembre de 2004-, se tuviera que circunscribir lo concerniente a los daños y perjuicios causados a su mandante, Avalon International, también a esa misma fecha. Dice, se está ante un error de interpretación de la Juzgadora (ampliado ante la falta de una debida motivación de su conclusión), al circunscribir la existencia de los daños y perjuicios a la misma fecha cuando según el Tribunal Penal se tuvo por cometido el ilícito, en sus diversas modalidades de autoría, coautoría o complicidad, que son los efectos del delito del tipo penal que se tuvo por acreditado y que ameritó la sanción penal. No es lo mismo, afirma, que los alcances o efectos de los daños y perjuicios causados, que pudieron generarse más allá de una conducta típica, antijurídica y culpable, restringida a determinada fecha en su comisión inicial, final o consumada. En su criterio, una cosa es el “espacio temporal del delito”, o bien, los efectos del delito, y otra, los alcances de los daños y perjuicios generados a causa de la ilicitud desplegada por los imputados, y que el mismo Tribunal Penal reconoció como causados, pero sin determinar los montos del perjuicio económico, lo cual dejó para ejecución de sentencia. Si se remite a la relación de hechos probados de la sentencia cuestionada, afirma, contrario a lo ahí señalado, en la sentencia contenciosa, concerniente a que no se logró acreditar que hubiese mayores atrasos en el proceso constructivo, en los acápites del 6 al 9, folio 1181 de la sentencia penal, se evidencia la puesta de obstáculos a la compañía Avalon International para la aprobación del proyecto, si no se pagaba una dádiva. Se verifica con la lectura del acápite 9, visible a folio 1183, expone, concerniente a la paralización del proyecto si no se cumplía con el pago de sobornos a los funcionarios municipales, esto para obtener aprobaciones municipales para el proyecto, como lo eran los movimientos de tierra y para otros permisos. Se verifica, añade, que para el 2 de diciembre de 2004, se da el permiso para el movimiento de tierras a la empresa Avalon International, y no es hasta el 24 de febrero de 2015 que se aprobó la solicitud de cambio del anteproyecto Urbanización Los Geranios, porque la empresa no pudo desarrollar el proyecto como inicialmente había sido concebido, estructurado y cancelado en diversas formas, personas y empresas, tal y como se acreditó en juicio, significando el cambio del proyecto una irrefutable e irremediable pérdida económica para la empresa Avalon International lo cual se probó en el debate. Por consiguiente, afirma, deviene incompleta -además de errada- la motivación de la juzgadora, al concluir que el Tribunal Penal no endilgó responsabilidad civil a los imputados respecto de acciones posteriores al 2 de diciembre de 2004 y, por tal motivo no encontró un nexo causal entre el delito cometido por los servidores municipales y los daños materiales reclamados en esta ejecución de sentencia. No es válida, arguye, la motivación de la Jueza al concluir que, para dicho período -del 8 octubre al 2 diciembre de 2004-, no se acreditaron mayores atrasos en el proceso constructivo y, consecuentemente, desestimó los reclamos presentados, junto al cuadro probatorio, admitido como prueba ordinaria y para mejor resolver, los que están especificados en el audio del debate. Le causa asombro, indica, que la Jueza no considerara los daños y perjuicios cometidos en perjuicio de su representada, en el período establecido en el proceso penal, con las probanzas incorporadas al debate, con lo cual, indica, dejó a su poderdante en claro abandono, perjuicio e indefensión. Toda vez que, expone, no es lo mismo los “efectos del delito” cuya autoría, complicidad, división de funciones, etc., pueden restringirse a una determinada fecha, como lo hicieron los juzgadores penales; que los daños y perjuicios derivados de las actuaciones ilícitas de los servidores municipales condenados, que trascendieron el período indicado -8 de octubre a 2 de diciembre 2004-, y que demostró con las pruebas aportadas e incorporadas al contradictorio, las cuales, argumenta, no fueron objeto de valoración por la Juzgadora. En consecuencia, alega, no contiene una motivación válida, lógica, clara y completa la sentencia impugnada, al no encontrarse el nexo causal entre la conducta dañosa, sea, el delito cometido por funcionarios municipales, y los daños materiales reclamados. Por tal motivo, concluye, rechazó los montos reclamados por concepto de daños y perjuicios, consistentes en los movimientos de tierras; pasar de dos etapas a una sola del desarrollo; efecto en intereses sobre la compra de la finca; no construir las casas, sino solo vender los lotes; honorarios por concepto de arancel de servicios profesionales y extender la administración del proyecto por un año más.
V.En el presente motivo de disconformidad incurre el casacionista en el mismo yerro que en la anterior censura. Alega tres hipótesis diferentes, pero, por la manera cómo plantea la objeción, resultan indisolubles entre sí. En un primer momento, invoca y se refiere al vicio procesal de falta de motivación de la sentencia. Indica, la resolución omitió “[…] la correspondiente motivación intelectiva de sus argumentos y señalización de las pruebas que respalda [sic] sus conclusiones, a fin de conocer el íter lógico de su razonamiento y conclusión, y no lo hizo […]”. Sobre este vicio procesal, en forma reiterada, esta Cámara ha indicado: “V. […] la FALTA DE MOTIVACIÓN, como reproche susceptible de ser revisado mediante el recurso extraordinario de casación, en los términos del canon señalado del CPCA, no debe entenderse como un mecanismo para cuestionar los fundamentos jurídicos de la sentencia. Surge cuando la motivación del fallo es omisa, ya sea porque no exista, o bien, por cuanto su desarrollo resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma tal que se impida tener claridad en cuanto a los razonamientos que derivaron en la decisión adoptada en el acápite dispositivo de la sentencia, lo que vulneraría los derechos procesales de las partes, en concreto, el del debido proceso. No se trata de determinar si el juzgador se pronunció sobre todas las pretensiones incorporadas al proceso, sino por el contrario, que el fallo cuente con los fundamentos sobre los cuales se adoptó la decisión correspondiente. De igual manera, debe tenerse presente, se trata de un motivo de índole procesal, lo cual implica que es atinente a eventuales incumplimientos de las disposiciones adjetivas que regulan el íter procesal o la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes y al juez en el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y obligaciones. Así las cosas, no debe confundirse esta causal con un mecanismo para entrar a discutir la aplicación del Derecho o la valoración de la prueba realizada por el juzgador en los considerandos de la resolución, para lo cual el Código de rito establece causales autónomas (artículo 138 íbid), ya que de lo contrario se desnaturalizaría el motivo casacional específico.” (Sentencia no. 323-11 de las 9 horas 50 minutos del 31 de marzo de 2011. En igual sentido, pueden consultarse, los fallos números 814 de las 9 horas 5 minutos del 5 de julio, 1285 de las 9 horas 20 minutos del 11 de octubre, ambos del año 2012, 315-S1-2015 de las 10 horas 45 minutos del 12 de marzo de 2015; así como las resoluciones 662-A-S1-2015 de las 9 horas 54 minutos del 10 de junio de 2015 y 97 de las 15 horas 30 minutos del 26 de enero de 2017). Como se expondrá más adelante, al analizarse el último reparo, esta Sala estima que la sentencia cuestionada no incurre en el vicio indicado de falta de motivación. No obstante, precisa referir ahora que lo afirmado por el casacionista en la censura de estudio resulta confuso, ya que, más adelante, indicó que sí existe motivación, pero es incompleta. En este sentido, señaló: “Por consiguiente deviene incompleta -además de errada- la motivación de la juzgadora al concluir que el Tribunal Penal no endilgó responsabilidad civil a los imputados respecto acciones [sic] posteriores al 2 de diciembre del 2004, y por tal motivo -ella- no encuentra un nexo causal entre el delito cometido por los servidores municipales y los daños materiales que se vienen reclamando en ésta ejecución de sentencia.” Asimismo, de seguido, vuelve a aceptar que hay motivación, pero, para él no es válida: “Es claro entonces que no resulta válida la motivación de la jueza de mérito cuando concluye que para dicho período que va del 8 octubre 2004 al 2 diciembre 2004, no se acreditaron mayores atrasos en el proceso constructivo y consecuentemente desiste de considerar los legítimos reclamos que le presentamos en el juicio celebrado en asocio del cuadro probatorio que le llevamos a juicio y que fuera admitido como prueba ordinaria y como prueba para mejor resolver, y que están especificados en el audio del debate.” Por último, reitera que sí existe motivación, pero no es válida, lógica, clara y completa: “En consecuencia no resulta una motivación válida, lógica, clara y completa contenida en la sentencia impugnada cuando el a-quo no encuentra el nexo causal entre la conducta dañosa, sea, el delito cometido por funcionarios municipales, y los daños materiales que se vienen reclamando en la presente vía, y por tal motivo procede el a-quo a rechazar los montos reclamados por concepto de daños y perjuicios consistentes en […]”. Luego, el casacionista alegó indebida valoración de la sentencia penal, visible a folios 1 a 82 del expediente judicial, porque la Juzgadora, al retomar lo ahí dispuesto, concluyó que, en esa sede, se delimitó el espacio temporal del delito al período comprendido del 8 de octubre al 2 de diciembre, ambas fechas del año 2004; en consecuencia, que las personas juzgadoras penales no achacaron responsabilidad sobre acciones posteriores al 2 de diciembre de 2004. En su criterio, los daños y perjuicios irrogados a su mandante no se circunscriben a ese momento. Incluso, alega, de esa sentencia penal se determina que el Tribunal Penal endilgó responsabilidad civil a los ahí imputados por los daños materiales ocasionados a su representada, respecto de acciones posteriores al 2 de diciembre de 2004. Asimismo, aduce preterición de prueba, mediante la cual se demostraba que los daños y perjuicios, derivados de las actuaciones ilícitas de los servidores municipales condenados en sede penal, trascendieron más allá del período comprendido del 8 de octubre al 2 de diciembre de 2004. Estos dos últimos alegatos, de darse, originarían el quebranto indirecto de normas sustantivas. Sin embargo, el casacionista omitió señalar las normas de fondo conculcadas y, en el último supuesto, además, las pruebas preteridas. Debido a la ambigüedad e imprecisión señaladas, se impone el rechazo del presente reparo.
VI.En el tercer cargo en contra de la sentencia impugnada, folio 532, el recurrente vuelve a reiterar la causal prevista en el inciso 1) punto d) del canon 137 del CPCA: falta de motivación. Manifiesta, concurre una motivación no clara, incompleta, incoherente y no legítima cuando, en la página 9, de la sentencia recurrida, la Juzgadora concluyó que tanto la prueba ofrecida en la demanda como aquella para mejor resolver propuesta en juicio, no constituyen elementos de convicción necesarios para acreditar el nexo causal, ya que los hechos fueron fijados desde el fallo ejecutorio. La probanza señalada, acota, es con relación a hechos ocurridos con posterioridad a las actuaciones que sirvieron de fundamento para la declaratoria con lugar, en abstracto, de la acción civil resarcitoria, por lo que, según se indica en la sentencia impugnada, no constituyen prueba idónea para la determinación del daño reclamado. Se cuestiona ¿pero a cuáles elementos probatorios se refiere la Juzgadora para arribar a sus conclusiones? Es claro, señala, que debía indicarlos y razonar sobre ellos en su admisibilidad o inadmisibilidad. No bastaba, prosigue, con elaborar un razonamiento judicial propio sobre aspectos del juicio celebrado. No le corresponde a las partes adivinar sobre el aspecto probatorio al que quiso referirse la Jueza. Simple y llanamente, argumenta, tenía que transcribirlo, para poder conocer el íter lógico de su razonamiento. Al no hacerlo, dice, los deja ayunos de una exigida fundamentación. Si la tesis de la Jueza fuera correcta, prosigue y, en efecto, lo que el Tribunal Penal quiso restringir en ese lapso fueron los daños y perjuicios generados a su representada -y no los efectos penales del delito-, estaba obligada a una debida motivación –válida, legítima y completa-. Debió, al menos, realizar un análisis crítico y objetivo de la prueba documental y testimonial constante en autos, a fin de ponderar que también, durante el período que acogió, se produjeron daños y perjuicios al patrimonio de su representada, los cuales tienen un claro nexo causal con los actos ilícitos atribuidos a los responsables, condenados penalmente, y que, afirma, sirvieron de base a la presente ejecución de sentencia; lo cual, indica, la Juzgadora no ponderó, para considerar la extensión del daño. La sentencia, afirma, padece un grave vicio de falta de motivación o motivación incompleta, incoherente, no clara e ilegítima. No solo en el escrito de ejecución de sentencia, en el resumen de los fundamentos de hecho y de derecho dados al inicio del debate; sino también, en las pruebas incorporadas al contradictorio, asevera, le hizo ver a la Juzgadora sus legítimos reclamos a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios causados, debido al acto ilícito de las personas funcionarias municipales condenadas. Por esto, acota, no existe razón para el hecho no probado tenido en la sentencia impugnada: “Que la sociedad actora tuviera daños materiales a consecuencia de los hechos que dieron lugar a la condenatoria penal (no hay prueba en autos)”. En el escrito de ejecución de sentencia, añade, así como en los reclamos resarcitorios expuestos de manera resumida en el juicio contencioso, para lo cual aportó pruebas que fueron oportunamente incorporadas, se reclamó, como un daño y perjuicio infligido, lo concerniente a los movimientos de tierra que llevó a cabo Avalon International, como consecuencia del permiso otorgado por el Ayuntamiento. Su representada, explica, presentó el día 18 de noviembre de 2004, ante la Municipalidad de La Unión, solicitud de movimiento de tierra, lo cual se hizo mediante el documento número 035035, cuyo original le fue presentado a la Jueza y fue admitido; pues, como se temía, la documentación que debía estar completa y constante en su totalidad dentro del expediente administrativo aportado por la Municipalidad de la Unión, no lo estaba, tal y como se acredita con el audio del juicio. Siendo cierto, como lo es y probó en juicio, acota, su representada realizó los movimientos de tierra que le habían sido autorizados mediante el permiso legalmente otorgado el 2 de diciembre de 2004, fecha, incluso, dentro del espacio temporal resaltado por la Juzgadora, lo que debió ser debidamente ponderado en la motivación intelectiva que debió llevarse a cabo en el fallo, mas no se hizo. Con dicha prueba, aceptada en el juicio, señala, su representada aportó a la Municipalidad de La Unión un croquis del movimiento de tierra a realizar. Este documento, arguye, contempla: el corte de la capa vegetal y el de gaveta de calles y relleno de material clasificado; sin embargo, dicho croquis y los extremos solicitados no aparecen en el expediente administrativo aportado por la Municipalidad de La Unión como prueba aportada al juicio, a pesar de que dicha documentación es decisiva en la resolución de sus legítimos reclamos. Con ella, indica, se demuestra que su mandante estuvo a derecho y que los movimientos de tierra realizados fueron los que el Gobierno Local le autorizó. La Jueza, afirma, omitió valorar que el día 2 de diciembre de 2004, cuando el permiso de movimiento de tierras le fue otorgado de manera formal y a derecho a su representada, también, ese día, su patrocinada dio luz verde a la empresa Rogbre, S.A. para que metiera la maquinaria y empezara a hacer todos los movimientos de tierra en el proyecto -tal y como consta con la prueba documental aportada al juicio- y que se autoriza el último día del parámetro que erróneamente estableció la Jueza, permiso que consta al folio 141 de los autos. Probó también, añade, con prueba documental y con el testimonio del señor Cornelio Urbina Paniagua, recibido en juicio –e igualmente dejado de lado y sin ponderación alguna por la Juzgadora-, que dicho movimiento de tierra tuvo un costo total de ₡12.293.000,00, equivalente, al tipo de cambio de las facturas, US. $24,803.79, daño patrimonial para Avalon International, el cual se encuentra debidamente respaldado por las facturas números 905, 909, 1054, 1057, 1062, 1068, 1072, 1075, 1085 y 1119, visibles a folios 210 a 219 de los autos, y que la jueza omitió valorar en su fallo dictado. De igual manera, y relacionado con el movimiento de tierra, acota, visto como nexo causal entre los hechos que sirvieron de fundamento a la resolución penal que se ejecuta y lo pedido en este proceso, arguye, se reclamó que la fecha en que se concedió el permiso municipal para llevar a cabo dichos movimientos de tierra se encuentra, incluso, contenida entre en el espacio temporal señalado por la Juzgadora –del 8 de octubre al 2 de diciembre de 2004-, teniéndose presente los hechos que sirvieron de fundamento a la decisión que se ejecuta en esta vía, el Tribunal sentenciador penal, en resolución firme de las 16 horas 30 minutos del 17 de marzo de 2009, tuvo como un hecho probado, folio 22 del expediente judicial, que los imputados condenados fueron detenidos y separados de sus cargos -como funcionarios públicos- del 3 de diciembre de 2004 hasta que el 23 de marzo de 2005. El señor Zúñiga Trigueros, agrega, se reincorporó hasta el 30 de marzo de 2005 y fue, nuevamente separado, todo lo cual dificultó la continuidad del proyecto urbanístico ante los ilícitos denunciados contra el señor Alcalde y otras personas funcionarias municipales. Así, apunta, fue hecho constar en las actas de asambleas de la compañía actora, tal y como se demostró en juicio y se incorporaron como pruebas. Todo lo cual evidencia, sostiene, un claro nexo causal entre esos hechos de condena penal y civil y lo que se ejecuta en esta sede. Sin embargo, expresa, lo anterior no fue valorado por la Juzgadora en el fallo. Omitió, dice, una debida ponderación del reclamo debidamente expuesto y acreditado en el juicio con pruebas admitidas. De haberlo hecho, concluye, habría determinado un reconocimiento económico como perjuicio económico reclamado por Avalon International.
VII.Al igual que acontece en los dos agravios anteriores, en el presente, el casacionista invoca varias hipótesis disímiles entre sí, pero, por la forma de plantear el reparo, indivisibles, lo cual riñe con la técnica de la casación. En este sentido, en un primer momento, recrimina el vicio procesal de falta de motivación. No obstante, afirma “Igualmente concurre una motivación no clara, incompleta, incoherente y no legítima […]”; es decir, acepta que existe motivación. Luego, critica la incorporación, en la sentencia impugnada, del único hecho no probado. Al efecto indica, en el escrito inicial de este proceso de ejecución alegó y aportó prueba, la cual fue admitida. Reclamó, como daño y perjuicio, lo concerniente al movimiento de tierra que su patrocinada efectuó acorde al permiso otorgado por el Ayuntamiento ejecutado. Refiere, el 18 de noviembre de 2004, presentó al Gobierno Local solicitud de movimiento de tierra, lo que comprueba con el documento original número 35035, el cual, señala, lo propuso en la audiencia y le fue admitido. Con dicho documento, así como el permiso conferido el 2 de diciembre de 2004, visible a folio 141, alega, demuestra que efectuó el movimiento de tierra autorizado. No obstante, diserta, tales medios de convicción fueron preteridos por la Jueza de Ejecución. De igual manera, manifiesta, con el testimonio del señor Cornelio Urbina Paniagua y las facturas números 905, 909, 1054, 1057, 1062, 1068, 1072, 1075, 1085 y 1119, acredita el costo que tuvo dicho movimiento de tierra. Empero, la Juzgadora también pretirió esos elementos de convicción. Por último, señala, con la sentencia penal de las 16 horas 30 minutos del 17 de marzo de 2009, así como las Actas de Asamblea de la empresa ejecutante, se demuestra que, al haber permanecido en prisión el entonces Alcalde de La Unión y, luego de haberse reincorporado en su puesto, fuese separado del cargo; dificultaba la continuidad del proyecto urbanístico, lo cual tiene nexo causal con los daños liquidados en este proceso. Sin embargo, dicha probanza también fue preterida. Estos últimos tres aspectos, de darse, constituirían quebrantos indirectos de ley. No obstante, resultan informales. El casacionista omitió indicar la norma de fondo quebrantada. La ambigüedad referida, se reitera, contradice la técnica de la casación, lo cual impone el rechazo del agravio de mérito.
VIII.En la cuarta censura, folio 537, el impugnante invoca, una vez más, la causal prevista en el inciso 1) punto d) del precepto 137 del CPCA: falta de motivación. Afirma, en el debate celebrado argumentó una relación de hechos sobre los que basaba el reclamo indemnizatorio, propio de la liquidación de sentencia emitida en sede penal. Señaló, apunta, junto a las probanzas aportadas y, luego, en las conclusiones que, como consecuencia de los hechos que sirvieron de fundamento para condenar civilmente a los imputados y al Ayuntamiento, desde el 23 de noviembre de 2004, su representada había solicitado al Gobierno Local ejecutado, el cambio del anteproyecto. Esta solicitud, indica, se hizo mediante el documento número 4-094-04 UC, admitido como prueba número dos en el juicio, tal y como consta en el audio del debate. Esta variación, explica, se hizo dentro del parámetro temporal establecido por la sentencia del Tribunal Penal; que, para los efectos de la interpretación -errada- de la Jueza, su mandante solo podía reclamar los daños y perjuicios que se hubiesen dado en ese período. Aún así, asevera, cumpliendo los reclamos con ese presupuesto temporal, de manera inexplicable, la Juzgadora no analizó ni ponderó la prueba documental y el testimonio de Cornelio Urbina Paniagua; medios de convicción, acota, incorporada al contradictorio. Esto, anota, conlleva una falta de motivación que dejó indefensa a su poderdante. De haberlo hecho, dice, habría comprobado el nexo causal existente entre los hechos que sirvieron de fundamento a la resolución penal de las 13 horas 30 minutos del 10 de marzo de 2009, voto no. 88-09 del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José; así como el legítimo objeto del reclamo en esta lite. También, añade, se reclamó en el juicio el gravoso daño y perjuicio económico que significó para su representada, Avalon International Inc. S.A., el verse obligada a pasar el proceso constructivo de dos etapas a una sola, como consecuencia directa del actuar ilícito de las personas servidoras municipales condenadas, lo cual conllevó a que se condenara, en forma solidaria, a la Municipalidad de La Unión, en su carácter de responsable civil, por las actuaciones de sus personas servidoras, al pago de daños patrimoniales y perjuicios causados a la empresa ofendida. Incluso, relata, demostró que el reclamo operó en el mismo espacio temporal que tuvo como aceptado la Jueza, sea entre el 8 de octubre al 2 de diciembre de 2004, lo cual conlleva que la Juzgadora se refiriera en su resolución a dicho acontecimiento, aceptando o no tal reclamo. Al omitir la fundamentación respectiva, comenta, incurre en una violación procesal. De haber dedicado tiempo a ponderar el reclamo presentado, expone, habría corroborado que su mandante se vio obligada a tomar decisiones que, incluso, iban en contra de su primera propuesta de desarrollo del proyecto constructivo y, también, en contra de su propio patrimonio proyectado, invertido y gastado. Debió hacerlo, indica, porque en ese momento se tenía en frente una realidad nefasta: el Alcalde, quien era la cabeza de la Municipalidad y dos Regidores, parte del Consejo Municipal, estaban manipulando y condicionando el otorgamiento de los permisos, situación que obligó a la sociedad ejecutante a tener que cambiar el concepto original del desarrollo: de una construcción en dos etapas a una sola. Los desarrollos urbanísticos, explica, suelen diseñarse y desarrollarse en dos etapas, con la intención de que del producto de la venta de la primera, financie la construcción de la segunda. Sin embargo, prosigue, al tener funcionarios públicos que condicionaban la entrega de permisos municipales a la compañía constructora, la Junta Directiva de la sociedad ejecutante se vio forzada a tomar la decisión de construir el proyecto en una sola etapa, lo cual fue acreditado con la documental incorporada al debate, consistente en actas certificadas de las Asambleas de Socios de la sociedad ejecutante, visibles a folios 190 y 191, acta número 4, de fecha 18 de noviembre de 2004, que no fueron objetadas por la parte ejecutada ni tampoco por la Juzgadora. Según los acuerdos primero, segundo y tercero del Libro de Actas de Asambleas, afirma, su representada se vio obligada a tener que duplicar la carga financiera, incluso, a tener que buscar financiamiento bancario adicional para poder hacer frente a la construcción del proyecto en una sola etapa, ya que, expone, la idea era no tener que solicitar más permisos y tramitar todo el proyecto de una sola vez, intereses y carga financiera que es visible en las facturas números 1 y 3 de folios 133 y 134, por las sumas de US. $42.000,00 y US. $120.387,65, pruebas documentales que tampoco fueron ponderadas por la Juzgadora. De haberlas valorado, manifiesta, habría comprobado el nexo causal existente entre los hechos que sirvieron de fundamento a la resolución penal de las 13 horas 30 minutos del 10 de marzo de 2009, voto no. 88-09 del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, y el legítimo objeto del reclamo presentado. Toda esta situación, estima, generó, dentro de sus consecuencias perjudiciales a su representada, el tener que extender la administración del proyecto por un año más con la empresa constructora, compañía con la que, desde el día 30 de agosto de 2004 había firmado un contrato por servicios profesionales. Este incluía la administración del proyecto, la construcción de la urbanización y casas, diseño de la urbanización y de las casas, contrato visible a folios 221 a 223 de los autos. De igual manera, a folio 226 consta la factura de Constructora Proyecta, S.A., emitida a Avalon, por la suma de $120.000,00 por concepto de administración del proyecto, de fecha 16 de noviembre de 2004. Elementos de convicción ofrecidos en la audiencia preliminar y, luego, incorporados en el debate; pero, concluye, preteridos por la Jueza.
IX.En el cargo objeto de análisis, el recurrente vuelve a entremezclar varias hipótesis disímiles entre sí, pero por la forma cómo se estructura la censura, resultan inseparables. En este sentido, el casacionista, en primer término, vuelve a invocar la causal procesal de falta de motivación de la sentencia. Sin embargo, de seguido, y respecto a lo que denomina “cambio del anteproyecto” -es decir, pasar de una construcción en dos etapas a una de sola una etapa-, el cual, según afirma, fue solicitado el 23 de noviembre de 2004 al Ayuntamiento ejecutado; recrimina la preterición o indebida valoración de varios elementos probatorios, al no tenerse esa situación como generadora de los daños y perjuicios reclamados, a saber: 1) escrito dirigido a la Municipalidad de La Unión, número 4-094-04 UC, admitido como prueba número dos; 2) el testimonio del señor Cornelio Urbina Paniagua; 3) Certificación del Libro de Actas de Asamblea de Socios de la empresa ejecutante, visible a folios 190 y 191, en concreto, el acta número cuatro -acuerdos primero, segundo y tercero- del 18 de noviembre de 2004; 4) facturas números 1 y 3 de folios 133 y 134, por US $42.000,00 y US $120.387,65; 5) contrato de servicios profesionales suscrito con la empresa que administraba y construía el proyecto, el cual tuvo que prorrogarse por un año más, visible a folios 221 a 223 y 6) factura que Constructora Proyecta S.A. le emitió a la empresa ejecutante, visible a folio 226, por la suma de US. $120.000,00, por concepto de administración del proyecto, datada el 16 de noviembre de 2004. Lo anterior, distinto a lo señalado por el casacionista, de darse, generaría un vicio por violación indirecta de normas sustantivas. Empero, es informal. El recurrente no citó las normas de fondo a su juicio quebrantadas. La ambigüedad indicada, impone el rechazo del agravio en estudio.
X.En el quinto embate a la sentencia cuestionada, folio 540, vuelve el recurrente a invocar la causal por quebranto de normas procesales prevista en el inciso 1) punto d) del numeral 137 del CPCA: falta de motivación. Señala, como un gravoso perjuicio económico más, objeto de su reclamo en la ejecución de sentencia, el cual no fue valorado por la Jueza, se reclamó, en razón de lo actuado por las personas servidoras municipales condenadas en sede penal, que su representada se vio obligada a extender la administración del proyecto por un año más, debido al cambio del concepto original del desarrollo de dos etapas a una sola. Esta situación que, prosigue, en la práctica no es usual, debido al alto costo que representa en construcción, diseños, permisos, carga financiera, diseños de la urbanización, viviendas, estudios de impacto ambiental y permisos de construcción, entre otros. Prorrogó, insiste, la administración del proyecto de desarrollo con Constructora Proyecta S.A. por un año adicional, por la decisión de modificar el proyecto de dos etapas a una, con el objeto de evitar mayores obstáculos e intentos de delito por parte de las personas funcionarias de la Municipalidad de La Unión. Dicha compañía, como diseñadora y administradora, tuvo que volver a generar los planos constructivos y cambiar de dos etapas a una el proyecto. En la prueba documental constante en autos, folios 221 a 223, admitida en el juicio, afirma, aparece el contrato de servicios profesionales suscrito entre Avalon y Constructora Proyecta S.A., de fecha 30 de agosto de 2004. Producto del cambio, indica, su representada se comprometió a pagar mensualmente la suma de US $10.000,00, por un período de 12 meses adicionales de prórroga, para un total de US$ 120.000,00. Lo anterior, explica, porque en el desarrollo quedó la bodega, personal de seguridad, pago de salario del guarda (el cual estaba incluido en dicho monto), instalaciones provisionales y otros; además de la modificación de planos, gastos fijos parciales de oficina, tramitología de los nuevos planos; lo que estaría comprendido dentro de ese pago. Consta la factura número 430, de fecha 16 de noviembre de 2004, por un monto de US. $120.000,00. La adenda del contrato está datada 15 de enero de 2005, la cual corre a folio a folios 224 y 225; sin embargo, es consecuencia directa de la extensión y el atraso del proyecto y tiene un nexo causal con las decisiones tomadas por la Junta Directiva de Avalon. No existe justificación alguna, acota, por la que la Jueza dejó de ponderar dichas pruebas. De haberlo hecho, concluye, habría verificado el nexo causal existente entre los hechos que sirvieron de fundamento a la resolución penal de las 13 horas 30 minutos del 10 de marzo de 2000, voto no. 88-00 del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José.
XI.En la censura en estudio, el recurrente vuelve a incurrir en el mismo yerro que en los agravios precedentes: alega varias hipótesis disímiles entre sí, pero inseparables, dada la manera cómo plantea el agravio. En este sentido, en un primer término, aduce falta de motivación. No obstante, luego, tocante a la prórroga de la administración del proyecto por un año más, en que, según indica, se vio obligada su mandante por el cambio del concepto original del desarrollo de dos etapas a una sola, le generó gastos extra. Invoca la preterición de los siguientes elementos probatorios: 1) convenio de servicios profesionales suscrito con Constructora Proyecta S.A., el 30 de agosto de 2004, a folios 221 a 223; 2) factura número 430 datada el 16 de noviembre de 2004, por US. $120.000,00, correspondiente al pago de US. $10.000,00 por mes durante 12 meses adicionales de prórroga; 3) adenda del contrato, fechada 15 de enero de 2005, visible a folios 224 y 225. Lo anterior, diferente a lo indicado por el casacionista, y según ya se ha expuesto, de darse, originaría un quebranto indirecto de normas sustantivas. No obstante, el reparo es informal. El recurrente omitió señalar las normas sustantivas a su juicio vulneradas. La ambigüedad referida, impone el rechazo del presente agravio.
XII.En mérito de las razones apuntadas, ante la evidente omisión en combatir de manera sistemática y específica los fundamentos de la resolución recurrida, no con simples y genéricas argumentaciones de criterio, los cinco reclamos anteriores resultan insuficientes para generar la revisión del fallo controvertido en esta sede al carecer de fundamentación jurídica, por lo que se impone su rechazo de plano –numeral 140 inciso c) del CPCA-.
XIII.En el sexto y último motivo de disconformidad, folio 542, alega el recurrente el motivo casacional previsto en el inciso 1) punto d) del canon 137 del CPCA: falta de motivación. Transcribe, en lo de su interés, lo considerado por la Juzgadora en el apartado VI de la sentencia cuestionada. La Jueza, afirma, hizo varias referencias a las pruebas ofrecidas y admitidas en juicio. Sin embargo, añade, no se detuvo a identificar alguna en particular, ni las ponderó conforme a sus peticiones para poder conocer el íter lógico de un razonamiento válido, a fin de poder conocer las razones de su rechazo. Es decir, arguye, el por qué no constituyen medios de convicción idóneos para la determinación del daño reclamado. No basta, indica, que una persona juzgadora, de cualquier materia, señale que las probanzas no son idóneas o no ofrecen suficientes elementos de juicio para acreditar o no un nexo causal; sin siquiera describir esos medios probatorios ni considerar su debido análisis, para conocer cuál es la motivación descriptiva y analítica referida a cada uno. Esta forma de descripción genérica y abstracta, concluye, no resulta válida, y deja a las partes en duda de conocer las razones que tuvo la persona juzgadora para rechazar las pretensiones.
XV.En cuanto a su resolución por el fondo, la legislación procesal contenciosa prevé, en el mandato 140, la posibilidad de rechazar de plano el recurso de casación cuando: “a) Del escrito quede claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de casación / b) Se haya presentado extemporáneamente / c) Carezca de total fundamentación jurídica o, teniéndola, la Sala o el Tribunal de Casación deduzcan con claridad, la improcedencia del recurso, ya sea por razones procesales o de fondo.” (Lo subrayado es suplido). En este último supuesto, el legislador propuso una alternativa que en esta materia resulta innovadora y expedita, de tal modo, en aras de resolver en forma pronta y cumplida los procesos judiciales permite, a quienes conocen este recurso extraordinario, determinar desde el inicio si el planteamiento es a todas luces improcedente, pese al cumplimiento de cuestiones estrictamente formales, tales como la presentación dentro del plazo y el respeto de la técnica de la casación, conforme al canon 139 íbid. Lo anterior en virtud de que a nada conduce postergar la resolución de un recurso de esta naturaleza, si de su contenido se determina, con absoluta claridad, que el reproche planteado será desestimado.
XVI.Debido a la trascendencia para la solución del reparo en estudio es menester, pese a su extensión, transcribir, en lo de interés, lo considerado por la Juzgadora de Ejecución en el apartado VI de la sentencia objetada, en torno al daño material: “[…] De las argumentaciones y de la prueba aportada por el accionante [sic], se concluye que el daño material que reclama por daños y perjuicios económicos, no encuentra una relación de causa-efecto, con el hecho delictivo que dio lugar a condena [sic] del los [sic] imputados en el proceso penal y declaratoria con lugar de la acción civil resarcitoria. En la sentencia que se ejecuta, se tuvo por acreditados [sic] los hechos delictivos y los señores Jueces penales tuvieron por delitimado [sic] el espacio temporal del delito desde el día ocho de octubre del 2004 al dos de diciembre del 2004, a su vez en el proceso penal no se logró acreditar que hayan habido mayores atrasos en el proceso constructivo justificado en una mayor red de funcionarios municipales, o que el imputado Zúñiga Trigueros hubiera utilizado influencias sobre el Consejo Municipal, u otros funcionarios municipales. Establece el fallo en el considerando quinto, que se titula "sobre la acción civil", en este apartado se analizó por parte del Tribunal colegiado, las repercusiones patrimoniales, teniendo como hechos probados para la acción civil los que se tuvieron por acreditados y constitutivos del delito de concusión, declarando parcialmente con lugar la acción civil resarcitoria. Si observamos los hechos probados de la sentencia visibles a folios 15 al 27 de los autos, se hizo referencia expresa desde el inicio de los tramites [sic] municipales el [sic] proyecto urbanístico denominado "Urbanización Los Geranios", con la presentación del anteproyecto el día 8 de octubre del 2004 y también respecto a cada una de las reuniones entre los imputados y los representantes de la actora, teniéndose por consumado el delito en fecha dos de diciembre del 2004, fecha que a su vez se otorgó el permiso para el movimiento de tierras a la empresa actora. Cabe resaltar a su vez, como en los hechos probados se indicó que no se logró acreditar la existencia de acciones posteriores al dos de diciembre por parte del acusado Zúñiga Trigueros, ni de los imputados Araya Esquivel y Zúñiga Guzmán, tendientes a obstaculizar, impedir, o de alguna forma atrasar el proyecto urbanístico Los Geranios, con lo que no es posible extender los alcances de la sentencia, en cuanto a que por la comisión del delito, se hayan ocasionado atrasados o impedimentos en la realización del proyecto urbanísticos, tal y como lo pretende la parte actora, siendo que expresamente el Tribunal penal hizo mención, a que no se logró tener dicho argumento por demostrado en sede penal, en el apartado sobre la acción civil resarcitoria, con lo que no se comparten las manifestaciones de la actora, en cuanto que la sentencia no delimitó un período de tiempo a efecto del reconocimiento de daños patrimoniales. Con esto, es claro para esta juzgadora que en ningún momento los señores jueces penales endilgaron responsabilidad civil respecto a acciones posteriores al día dos de diciembre del 2004 a los imputados, según lo indica expresamente el fallo, al señalar "(...) En este proyecto hubo otros atrasos no imputables a los acusados y demandados civiles, así se acredito que el día 18 de enero del 2005, se notifica el oficio de SETENA no. 2448-2004 al proyecto los Geranios por el que se comunica que cuentan con seis meses para presentar el plan de gestión ambiental, el proyecto se paraliza por orden de la SETENA y que en sesión de ordinaria n. 231 del Consejo Municipal de La Unión celebrada el 24 de febrero del 2005, con la presencia del Alcalde Rafael Ángel Matamoros Mesén se aprueba la solicitud de recomendaciones, entonces como vemos los efectos del delito no alcanza esas fechas, sino que hubo algunas demoras provenientes de otras fuentes (...)". Por ende, no se encuentra el necesario nexo causal entre la conducta dañosa, sea el delito cometido por funcionarios municipales, y los daños materiales que se vienen reclamando en la presente vía, ya que en esta vía, al ser de carácter sumario, únicamente pueden entrarse a analizar los daños y perjuicios que se reclaman, con base en los hechos que se tuvieron por demostrados en el fallo que se ejecuta y el derecho afectado, que en el caso que nos ocupa fue el delito cometido en un período de tiempo claramente delimitado en la sentencia penal y la acción civil se aprobó en abstracto dentro del período de tiempo acreditado en sentencia como la circunscripción temporal de los efectos de delito. Corolario, considera la suscrita Juzgadora que el monto reclamado por concepto de daños y perjuicios, por el concepto de movimientos de tierras, pasar de dos etapas a una sola etapa de desarrollo, efecto en intereses sobre la compra de la finca, no construir las casas, sino solo vender los lotes, honorarios por concepto de arancel de servicios profesionales y extender la administración del proyecto por un año más, ameritas [sic] ser rechazados, siendo que conforme lo ha establecido la normativa y la jurisprudencia, para que proceda cualquier tipo de indemnización debe de acreditarse el nexo de causalidad entre la conducta objeto de sanción por parte del Tribunal de Juicio y la existencia de un daño cierto, real y efectivo, y no una expectativa, como la que tenía el actor, de realización de su proyecto urbanístico. Asimismo tanto la prueba ofrecida en la demanda y la prueba para mejor resolver ofrecida en juicio, no vienen a ofrecer elementos de prueba necesarios para acreditar dicho nexo causal, dado que los hechos vienen fijados desde el fallo que se viene ejecutando, y la prueba aportada es con relación a hechos ocurridos con posterioridad a las actuaciones que sirvieron de fundamento para la declaratoria con lugar en abstracto de la acción civil resarcitoria, por lo que no constituyen prueba idónea para la determinación del daño que se reclama. Al encontrarnos en sede de ejecución de sentencia, únicamente pueden otorgarse daños producto de las actuaciones que dieron lugar a la condenatoria y declaratoria de parcialmente con lugar de la acción civil resarcitoria, cual fue la comisión del delito, de lo cual no se han aportado argumentos de hecho y de derecho o prueba idónea a los autos, que permita tener por acreditado un daño material al actor, con base en la conducta delictiva, objeto de la condenatoria penal, con lo se decreta su rechazo, como en efecto se dispone, acogiendo la falta de derecho interpuesta por la Municipalidad demandada.”
XVII.A la luz de lo anteriormente transcrito y distinto a lo señalado por el casacionista, esta Sala estima que la sentencia cuestionada se encuentra debidamente motivada. La Jueza de Ejecución, a la luz de lo resuelto en sede penal, concluyó que las personas juzgadoras penales delimitaron el espacio temporal del delito y, por ende, de los eventuales daños y perjuicios irrogados. Brindó las razones, claras y precisas, por las cuales, de conformidad con la sentencia ejecutoria, no existía nexo causal entre lo resuelto y los daños y perjuicios liquidados en esta lite. Asimismo, señaló que la prueba ofrecida por la empresa ejecutante tanto en su demanda como en el juicio para mejor resolver, no brindaba elementos de convicción para acreditar el nexo causal “[…] dado que los hechos vienen fijados desde el fallo que se viene ejecutando, y la prueba aportada es con relación a hechos ocurridos con posterioridad a las actuaciones que sirvieron de fundamento para la declaratoria con lugar en abstracto de la acción civil resarcitoria, por lo que no constituyen prueba idónea para la determinación del daño que se reclama.”; motivo por el cual resultaba intranscendente. Corolario, es claro que la resolución impugnada no incurre en el vicio imputado. La Juzgadora le restó valor a todos y cada uno de los medios de convicción ofrecidos por la parte ejecutante tanto con su escrito de liquidación como los solicitados para mejor resolver durante el juicio, a efecto de demostrar los daños reclamados y su nexo de causalidad con la sentencia en ejecución. En consecuencia, si la sociedad ejecutante no compartía esa decisión, debió impugnar lo resuelto, pero alegando un quebranto indirecto de ley, por indebida valoración de esos elementos probatorios, lo cual no hizo. Ergo, se impone el rechazo del agravio de mérito.
XVIII.En mérito de las razones expuestas, al amparo de lo preceptuado en el numeral 140 inciso c) del CPCA, se impone desestimar el agravio en estudio de plano por el fondo. Debido a la particular forma como se resuelve, se estima que debe hacerse sin condenatoria en costas del recurso.
POR TANTO
Se rechazan de plano los primeros cinco reparos. Se admite el último (sexto), el cual se rechaza de plano por el fondo, sin condenatoria en costas.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vílchez Yazmín Aragón Cambronero MJIMENEZ
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