Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 00223-2018 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 08/03/2018

Cassation denied: constitutional expropriation order must be followedRechazo de casación: debe cumplirse la orden constitucional de expropiación

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

RejectedRechazado

The First Chamber flatly rejects AyA's cassation appeal for lack of legal grounds, confirming the obligation to comply with the expropriation order derived from the Constitutional Chamber.La Sala Primera rechaza de plano el recurso de casación del AyA por falta de fundamentación jurídica, confirmando que debe cumplirse la orden de expropiación emanada de la Sala Constitucional.

SummaryResumen

The First Chamber of the Supreme Court flatly rejects the cassation appeal filed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) against the Administrative Court's ruling that ordered the continuation of expropriation proceedings for a property in the Limón district. The plaintiff had obtained constitutional protection (vote 2010-11878) declaring that restrictions imposed by AyA had emptied the essential content of her property right, ordering the start of expropriation. The Administrative Court, despite the First Chamber having declared its jurisdiction for an ordinary proceeding, considered that the matter essentially involved enforcing that constitutional judgment. In its ruling, the Court determined that the Constitutional Chamber's order was not to conduct new feasibility studies, but to value the property and compensate. AyA alleged procedural defects (defenselessness, lack of reasoning, res judicata) and substantive violations (breach of the principle of adherence to science and technique, lack of expropriation cause), insisting that later studies ruled out the need for the property for public purposes. The First Chamber, however, finds that the appellants did not meet the technical requirements for cassation argument: they mixed grounds, did not challenge the lower court's reasoning, and omitted the necessary normative linkage. It emphasizes that as long as the Constitutional Chamber does not change its position, AyA's obligation is to comply with what was decided, clothed in constitutional res judicata, making the appeal inadmissible.La Sala Primera de la Corte rechaza de plano el recurso de casación interpuesto por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que ordenó continuar el proceso expropiatorio de un inmueble en el Partido de Limón. La actora había obtenido un amparo constitucional (voto 2010-11878) que declaró que las restricciones impuestas por el AyA vaciaron el contenido esencial de su derecho de propiedad, ordenando iniciar la expropiación. El Tribunal Contencioso, pese a que la Sala Primera había declarado su competencia para un proceso de conocimiento, consideró que en esencia se trataba de ejecutar aquella sentencia constitucional. En su sentencia, el Tribunal determinó que la orden de la Sala Constitucional no era realizar nuevos estudios de procedencia, sino valorar el inmueble e indemnizar. El AyA alegó vicios procesales (indefensión, falta de motivación, cosa juzgada) y sustantivos (violación al principio de vinculación a la ciencia y la técnica, falta de causa expropiandi), insistiendo en que estudios posteriores descartaron la necesidad del bien para fines públicos. La Sala Primera, sin embargo, encuentra que los recurrentes no cumplieron con los requisitos técnicos de fundamentación del recurso de casación: mezclaron motivos, no combatieron los fundamentos del fallo impugnado y omitieron la necesaria vinculación normativa. Enfatiza que mientras la Sala Constitucional no varíe su posición, la obligación del AyA es acatar lo resuelto, revestido de cosa juzgada constitucional, por lo que el recurso es inadmisible.

Key excerptExtracto clave

This Chamber shares the Court's view that, despite what this Chamber stated in resolution no. 1366-C-S1-2014 at 9:40 a.m. on October 23, 2014, where it declared that jurisdiction over this proceeding corresponds to the Administrative Court, this is not an ordinary proceeding, since in essence it seeks to enforce what was decided by the Constitutional Chamber in its vote no. 2010-11878 at 10:18 a.m. on July 9, 2010, due to ICAyA's omission, by which it granted the amparo filed by the plaintiff against that entity... In that vote, a right is established in favor of Mrs. Musmanni Aguilar and, in counterpart, a duty for the defendant entity. Mrs. Cristina is granted the right to be expropriated so she may be compensated, as the essential content of her property was emptied. For its part, ICAyA must initiate the expropriation process, meaning, to value that property. As rightly indicated in the appealed ruling, the Constitutional Chamber, contrary to the appellants' claims, does not order carrying out studies to determine the feasibility of expropriation. What that Chamber ordered is to determine the value of the affected property... as long as the Constitutional Chamber does not change its position expressed in that vote... ICAyA's obligation is to proceed immediately to compliance... it being inadmissible, as the defendant intends, to determine the eventual feasibility of the expropriation ordered at the constitutional level.Esta Cámara comparte el criterio del Tribunal, en el sentido de que esta lite, pese a lo expuesto por esta Sala en la resolución no. 1366-C-S1-2014 de las 9 horas 40 minutos del 23 de octubre de 2014, en donde declaró que el conocimiento de este proceso corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo, no es un procedimiento de conocimiento, pues, en esencia, se pretende ejecutar lo resuelto por la Sala Constitucional en su voto no. 2010-11878 de las 10 horas 18 minutos del 9 de julio de 2010, debido a la omisión del ICAyA, mediante el cual acogió el recurso de amparo interpuesto por la aquí actora en contra de ese ente... En dicho voto, se establece un derecho a favor de la señora Musmanni Aguilar y, como contra partida, un deber para el ente demandado. A doña Cristina se le confiere el derecho a ser expropiada, a fin de ser indemnizada al vaciársele el contenido esencial de su propiedad. Por su parte, el ICAyA debe iniciar el proceso expropiatorio, entiéndase, valorar dicha finca. Como bien se indica en la sentencia recurrida, la Sala Constitucional, distinto a lo alegado por las recurrentes, no ordena efectuar los estudios respectivos para determinar la procedencia de la expropiación. Lo dispuesto por dicha Cámara es determinar el valor del inmueble afectado... en el tanto la Sala Constitucional no varíe su posición externada en dicho voto... la obligación del ICAyA es proceder, en forma inmediata, a su cumplimiento... deviniendo improcedente, por lo tanto, como lo pretende la parte demandada, determinar la eventual procedencia de la expropiación ordenada en sede constitucional.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La Sala Constitucional, distinto a lo alegado por las recurrentes, no ordena efectuar los estudios respectivos para determinar la procedencia de la expropiación. Lo dispuesto por dicha Cámara es determinar el valor del inmueble afectado."

    "The Constitutional Chamber, contrary to what the appellants claim, does not order carrying out studies to determine the feasibility of expropriation. What that Chamber ordered is to determine the value of the affected property."

    Considerando IX

  • "La Sala Constitucional, distinto a lo alegado por las recurrentes, no ordena efectuar los estudios respectivos para determinar la procedencia de la expropiación. Lo dispuesto por dicha Cámara es determinar el valor del inmueble afectado."

    Considerando IX

  • "Mientras la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no varíe su posición respecto a la situación planteada en un inicio por la señora Musmanni Aguilar, la obligación de las administraciones públicas es proceder en forma inmediata a su cumplimiento."

    "As long as the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice does not change its position regarding the situation initially brought by Mrs. Musmanni Aguilar, the obligation of the public administrations is to proceed immediately to compliance."

    Considerando VIII (cita de sentencia del Tribunal)

  • "Mientras la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no varíe su posición respecto a la situación planteada en un inicio por la señora Musmanni Aguilar, la obligación de las administraciones públicas es proceder en forma inmediata a su cumplimiento."

    Considerando VIII (cita de sentencia del Tribunal)

  • "Cabe también recalcar que fueron las mismas actuaciones del Instituto, las que llevaron a la Sala a resolver en la forma ya señalada al haber dictado la resolución que estableció las limitaciones en esa zona."

    "It should also be emphasized that it was the Institute's own actions that led the Chamber to rule in the way already indicated, by having issued the resolution that established the restrictions in that zone."

    Considerando VIII (cita de sentencia del Tribunal)

  • "Cabe también recalcar que fueron las mismas actuaciones del Instituto, las que llevaron a la Sala a resolver en la forma ya señalada al haber dictado la resolución que estableció las limitaciones en esa zona."

    Considerando VIII (cita de sentencia del Tribunal)

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

**SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at eleven hours and one minute on March eight, two thousand eighteen.

In the declaratory proceeding established by CRISTINA MUSMANNI AGUILAR, bearer of identity card number 104010701, subsequently succeeded by the company Sarquís Dejuk Sociedad Anónima, with legal entity identification number 3-101-700922, represented by Yamil Sarquis Dejuk, with identity card number 700340761, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, represented by its general judicial attorneys Kattya Ramírez Barrera, bearer of identity card number 108330261, and Eugenia Solís Cambronero, bearer of identity card number 108030746; the representatives of the defendant entity filed a cassation appeal challenging judgment number 113-2016-VIII, issued by the Eighth Section of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda at 13:00 hours on October 31, 2016.

Magistrate Solís Zelaya writes **CONSIDERANDO** **I.** In the first challenge for breach of procedural rules, folio 7, the appellants invoke the principle of the non-extendability of jurisdiction—canon 169 of the Ley Orgánica del Poder Judicial. Specifically, they allege the defect of defenselessness of the party, as provided for in numerals 119.1 and 137.1, subsection b) *in fine* of the Código Procesal Contencioso Administrativo –CPCA– and, consequently, they point out the transgression of precepts 153 and 165 of the Código Procesal Civil –CPC–. They consider that the appealed judgment breached the regulations concerning due process by violating the right of defense, as well as the possibility of discussing a judgment originating from another Court in an ordinary proceeding. In the answer to the complaint, they point out, the preliminary defense provided for in article 179 of the CPCA was raised, considering that the jurisdiction to hear this proceeding was the Juzgado and not the Tribunal Contencioso Administrativo, as it was considered to be the execution of a judgment. The foregoing, they explain, was in compliance with the provisions of ruling no. 443-2010 at 7:45 a.m. on February 10, 2010, issued by the Tribunal Contencioso Administrativo; as well as resolution no. 1460-2012 at 9:30 a.m. on September 7, 2012, the latter being specifically derived from a case similar to the subject matter of this litis, with the Juzgado Contencioso indicating: “[...] the Chamber does not say it is the entire farm (finca), the Chamber does not say it is a part of the farm (finca), the Chamber does not say it is a specific part, but rather that it will be appropriate in that execution proceeding to determine what right corresponds to it [...]”. They transcribe, in its relevant part, resolution no. 572-2014 of the Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, issued at 13:40 on March 12, 2014, in which the preliminary defense raised for lack of jurisdiction by reason of subject matter was upheld. Subsequently, they add, the Court of Appeals referred the case file to this Chamber in order to definitively resolve the disagreement raised, regarding the jurisdiction to hear this proceeding. This Chamber, in resolution no. 1366-C-S1-2014 at 9:40 a.m. on October 23, 2014, they emphasize, ordered that its adjudication corresponded to the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. The challenged judgment, they assert, disregarded and departed from what was decided by this Chamber, by indicating that there was an incorrect interpretation regarding the jurisdiction to hear the proceeding, since, contrary to what this decision-making body ordered, it pointed out that the proceeding should have been processed as a judgment execution of the Constitutional Court, because the order given to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados –ICAyA– was to initiate the expropriation proceeding for the property. They affirm that this Chamber has been clear concerning the principle of non-extendability of jurisdiction. They reproduce, in its relevant part, what was considered in resolution no. 511-C-S1-2013 at 9:05 a.m. on April 30, 2013. The foregoing, they note, generates a state of legal uncertainty, with the evident breach of procedural rules. Also, they add, the principle of res judicata is violated, since, they state, everything indicates that what was decided by the superior body, in this case this Chamber, can be modified by the inferior body, without any statement being made in that regard during the trial phase; rather, it is not until the issuance of the written judgment that said situation is made known. They copy, as relevant, what was considered in the challenged ruling. What has been indicated, they comment, demonstrates an absolute uncertainty regarding the application of procedural rules. It went, they conclude, from an objection of lack of jurisdiction so that the matter be resolved by the Sala Constitucional, to an ordinary declaratory proceeding; which the Court then converted into an execution proceeding, which was resolved as a purely legal proceeding, even though documentary evidence was accepted and testimonial evidence was taken, without ICAyA being given the opportunity to address the course of the procedure, which entails a breach of the right of defense and a violation of due process.

**II.** Regarding what was related in the preceding section, it is necessary to indicate that numeral 139, subsection 3 of the CPCA provides for a material requirement necessary both for the admissibility of the appeal and for its subsequent assessment on the merits. This refers to the statement of reasons for the appeal, which, given the characteristics of cassation, must be clear and precise. In this sense, it must contain, as the precept under comment provides, the factual and legal basis of the case. Factual, insofar as it shows disagreement with the facts that have been deemed proven or unproven (which leads to the weighing of evidence), or with the circumstances that occurred in the violation of procedural rules. Legal, when it involves a problem raised concerning the application, omission, or improper interpretation of any norm that constitutes part of the legal framework, including, of course, principles of constitutional rank, or that which also operates by reflexive or indirect effect, after the facts of the challenged judgment are modified. Both in procedural and evidentiary violations, reasons of a factual nature can concur, along with legal reasons (always necessary), and in that sense, the referenced grounds must be directed on both fronts, under penalty of inadmissibility. For its part, it is necessary to clarify that the legal basis is exempted, by express legal mandate, from the indication of those canons related to the value of the poorly assessed evidentiary element or elements. Similarly, it is unnecessary to cite the rules that the lower court misapplied and mentioned to issue and reason its decision, as they are stated in the same appealed ruling. And of course, it is not indispensable to cite the precepts that establish the requirements, deadlines, and basic rules for the admission of the appeal. Rather than citing the latter, what is essential is that they be complied with, put into practice when drafting and filing the cassation appeal. Thus, the basis provided by law can be understood, roughly speaking, as that technical-legal argumentation in which a series of articles, or interwoven or concatenated legal rules, are mentioned and reasonably linked from a double perspective: with the arguments of the appeal and with the attacked judgment. To the extent that a set of legal norms (or if applicable, a single one) is cited, relevant and clearly linked to the attacked judgment (whether in its factual or legal support) and to the arguments of the appeal, there is a legal basis. Jurisprudential additions or eventual doctrinal citations will sometimes reinforce the allegations made, but generally do not constitute their essence. As this Chamber has already indicated in interpreting the referenced article 139, “it is required that the appeal have a minimum legal basis ... the grounds upon which it supports its action must be explained, contesting the legal arguments of the appealed judgment and recording, at least, some normative reference that supports it” (Resolution no. 318-A-2008, at 14:25 on May 8, 2008). The basis is, therefore, foreign to the confusing deployment of rules and allegations; to the mixture of unintelligible arguments or the simple exposition of opinions on the appropriateness or justice of the case, or, alternatively, to the recounting of the errors considered committed in the appealed judgment, without support in legal rules or criteria. Hence, if the appeal completely omits that technical-normative relationship that has been referred to, or the one it makes is impertinent or evidently and manifestly disconnected from the case, it must be understood that it lacks “total legal basis”, and therefore, it fails to comply with the requirement established in numeral 139.3, which is sanctioned with outright rejection, in accordance with the provisions of article 140, subsection c) of the same referenced Code. Similarly, this Chamber has repeatedly pointed out that, for an appeal to pass the admission control, it is necessary, in addition to a sufficient statement of grounds, the corresponding mention and link to the challenged judgment of the substantive norms esteemed to have been infringed. In this regard, one may consult, among many others, resolutions of this Chamber numbers 354-A-S1-2011 at 14:30 on March 31, 2011, 1483-A-S1-2012 at 11:13 on November 14, 2012, 194-A-S1-13 at 10:55 on February 14, 2013, 1025-A-S1-2014 at 10:45 on July 31, 2014, and 977-A-S1-2016 at 12:00 on September 22, 2016. The appellants omitted this requirement. They indicated as breached rules, firstly, precepts 1348, 1349, 1360, and 1361 of the Civil Code; however, they merely mentioned them; they did not explain, with the required rigor, how each one of them was violated in the questioned judgment. Note that all four regulate different situations.

**III.** In the case under study, the appellants forget that this procedural instance does not correspond to an ordinary appeal (such as an apelación). Nor is it sufficient, it is insisted, to express a series of general and merely argumentative disagreements. It is necessary, as noted in the preceding section, to contrast what was decided with the infringement that, in their view, occurred. The cassation appellants intermix or allude to several different hypotheses, but, due to the manner in which the challenge is raised, they are inseparable from each other. In the heading of the challenge, as noted in considerando I of this resolution, they announce that they are raising it for the procedural defect of defenselessness of the party—canon 137, subsection 1), sub-paragraph b)—, which they reiterate on folios 8 and 10 by stating, in its relevant part: “[...] it is considered that the regulations concerning due process were violated due to violation of the right of defense [...] without the Institute being given the opportunity to address the course of the procedure, which entails a breach of the right of defense and a violation of due process.” However, on folio 8, immediately after the foregoing transcription, they affirm “[...] as well as to the possibility of discussing a judgment originating from another court in an ordinary proceeding.”; which constitutes another procedural aspect, although the cassation appellants do not identify the cassation ground. Both in the heading of the challenge and on folio 9, they invoke another procedural aspect, but they also fail to indicate under which cassation ground it falls, when they allude to the principle of non-extendability of jurisdiction. Finally, on the already indicated folio 10 they point out: “The foregoing generates a state of uncertainty and an evident breach of procedural rules, as well as of the principle of res judicata, for everything indicates that what was decided by the superior body, in this case the Sala Primera, can be modified by the inferior body [...]”, and if what is now alleged were to occur, it would constitute another breach of procedural rules, specifically, that provided for in canon 137, subsection 1), sub-paragraph i) of the CPCA: contradiction with res judicata. The referred ambiguity conflicts with the technique that must prevail in drafting the cassation appeal, which requires that the grounds or objections be indicated clearly and precisely (article 139, subsection 3) of the CPCA).

**IV.** In the second grievance for breach of procedural rules, folio 11, the appellants invoke the defect of lack of reasoning—canons 119.1 and 137, subsection 1, sub-paragraph d) of the CPCA—. The Court, they note, did not address relevant issues raised for the analysis and resolution of the case. They express that it simply considered that, even though this Chamber, by means of resolution no. 1366-C-S1-2014, declared the jurisdiction of the Tribunal Contencioso for the adjudication of this proceeding, without further legal or factual analysis, it resolved that it was a judgment execution. Furthermore, without greater reasoning, it ordered ICAyA “[...] to complete the expropriation procedure at the administrative level for the farm (finca) of Partido de Limón 4844-000 within a maximum period of three months from the finality of this resolution, at which time the respective administrative appraisal must be approved by the Institute's Board of Directors and notified to the plaintiff company.” The foregoing, they state, without considering that their represented entity complied with what was ordered, as stated in the case file. ICAyA, they indicate, initiated the expropriation process, just as the Chamber indicates. From the technical studies carried out, they argue, it was determined that the property was not required for a public purpose. As there is no cause for expropriation, they add, it was not appropriate for a farm (finca) of approximately 47,000 square meters to be acquired with public funds, the maintenance and tax payment of which would have to be borne by all Costa Ricans. The Sala Constitucional, they note, ordered the expropriation process to be initiated in order to compensate according to the law. It is recorded in the case file, they affirm, that ICAyA carried out the studies that this process entails. However, they insist, having determined both the non-existence of public utility and of a cause for expropriation, compensation against the law cannot be made. They ask themselves: how could a property be acquired through expropriation that will not be destined for any public purpose; where, they reiterate, there is no *causa expropiandi*? Their represented entity, they allege, has not possessed said land; nor is there any specific impact that prevents its disposition. The Court did not analyze, they state, as a matter of legality when reasoning the judgment, that the mere fact that the property was located within the 72 square kilometers comprised in the macro hydrogeological study, according to Board of Directors Agreement 2007-177, did not entail a direct impact on the property. They say that there is no analysis that, according to the agreement provided, it does not refer to any particular property, as a specific study of each farm (finca) is required to determine if there is an impact. The generality of a study that establishes recommendations, for example, they state, or a regulation that subjects certain types of properties to public domain by their very nature or vocation, or declares certain types of properties to be of public utility, does not imply that the State must proceed, in all cases, to expropriate and compensate; rather, there must be, under criteria of science and technique, with its power of authority (potestad de imperio), specific technical studies that justify a public interest that benefits the community. Applying the judgment's reasoning, they allege, ICAyA “would have to acquire 72 square kilometers” of the province of Limón, which is, by all accounts, unreasonable and disproportionate. It should not be turned into an imposition on the State or the Institute, they affirm, solely because the properties are found within a zone of a macro study, without having specific analyses of each estate (heredad). In this litis, they add, specific studies were also carried out on the plots of land (fundos) located in zone 6 and registered in the Public Registry, Partido de Limón, real folios 112375-000 and 112376-000, properties of the protected company, according to ruling 12043-2008 included in the judgment, where ICAyA was ordered to initiate the expropriation process. Those technical environmental studies, they comment, were carried out on both farms (fincas) owned by the company MASARDE S.A., determining that the entirety of the farms (fincas) was not required, so only a portion of land that was technically justified for a public purpose was expropriated. It is inappropriate, they believe, for the Court to compel the continuation of an expropriation process that would turn out to be illegal, as there is no *causa expropiandi* as they have reiterated. The questioned judgment, they explain, was based on a resolution of the Chamber—without specifying which one—alleging that there was a right in favor of Mrs. Musmanni Aguilar. They consider that expropriation cannot be claimed as a subjective right. Since it is agreed upon in the exercise of the power of authority (poder de imperio) of the Public Administration, it requires a prevailing and evident purpose, which is its primary or determining cause. Its justification is the satisfaction of a public need or cause of public utility. They copy, in their interest, what was considered by the Court in the challenged judgment. It follows from this reasoning of the judgment, they indicate, that the Court erroneously ordered, without the Chamber (without indicating which judicial body it refers to) having ordered it, the value of the land to be determined. They insist that the expropriation process must be carried out in accordance with the Law; it does not provide for merely appraising a piece of land, technical criteria, plans, and the definition of areas that justify a public interest must be considered. Otherwise, they point out, the State and its institutions would have many idle properties, vulnerable to being invaded, which is not reasonable from any perspective. If, just by the mere fact of being within a study zone, they continue, ICAyA must expropriate, according to the Court's reasoning, Moín would have to be expropriated, without any cause mediating. The Court argues erroneously and confuses the judgment, they assert, by indicating “[...] it is not that a new study be done to determine the appropriateness of the expropriation [...]”. There is confusion on the part of the Court in considering that “it is not to do another study”; it is not clear what it refers to as “another study”; throughout the entire proceeding, it has been pointed out that the Board of Directors agreement comprises a macro analysis of 72 square kilometers, which does not contain specific information on each property in that entire sector of Moín, and that it is necessary to carry out each specific case to determine if there is any impact or not. Once the expropriation process began, according to the environmental studies performed, they note, it was determined that there are no springs (afloramientos) or water bodies that justify its expropriation. The judgment is confusing, they affirm, by indicating “[...] For its part, AyA has been maintaining that the expropriation is not appropriate because the need to do so has varied, according to the subsequent studies that were made of the property [...]”. They clarify that it is not that “the need has varied”; that is an erroneous statement. Only one specific study of this property exists, and it was carried out as part of the studies within the expropriation process. Upon initiating the expropriation process as ordered by the Chamber (they do not specify which judicial body they refer to), they note, it was determined that there was no need to expropriate, because the property would not be useful or necessary for the community. A specific study was done within the coordinates of the farm (finca) of Mrs. Cristina Musmanni, and said property was never required. It is not that the need “has varied”, they point out, it is that this need never existed. The Board of Directors agreement, which comprises the macro hydrogeological study, they note, does not refer to any particular property so as to affirm that it is a necessity to acquire a specific property or that its need “has varied”. The judgment is confusing, they assert, by indicating that “[...] this matter deserves a very particular but at the same time brief analysis [...]” arguing, with little analysis of the case, that it is a “judgment execution”. The foregoing, they say, creates confusion according to what was developed throughout the entire judicial process, including in the hearings, also affecting public funds, due to the cost generated by the process. If that is the Court's position—that it was another type of proceeding—, they express, it should have been resolved at the appropriate time, always being questionable if a resolution of this Chamber already existed granting jurisdiction over the case. There is also a violation of procedural regulations by the Court, they conclude, by declaring, at the trial hearing, the case “complex” pursuant to article 111 of the CPCA, justifying the issuance of the judgment in the following days, and subsequently, in the judgment, indicating that the matter deserves “[...] a very particular but brief analysis [...]”, which causes confusion when reasoning the judgment.

**V.** The manner in which the present objection is formulated is confusing. According to the heading, the appellants announce that they are raising it for the procedural defect of lack of reasoning. However, on folio 11, they indicate in its relevant part: “The Court did not address relevant issues in the judgment that were raised for the analysis and resolution of the case [...]”; if what is argued were the case, it would constitute a procedural defect, but for a violation of the principle of congruence, not for the alleged one. Subsequently, on that same folio, the cassation appellants add “[...] it simply considers that even though the Sala Primera, through resolution 1366-C-S1-2014, declares the jurisdiction of the Tribunal Contencioso for the adjudication of the proceeding, without further legal or factual analysis, it resolves through judgment 113-2016-VIII that it is a Judgment Execution and without greater reasoning, orders the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to '... complete the expropriation procedure at the administrative level for the farm (finca) of Partido de Limón 4844-000 within a maximum period of three months from the finality of this resolution, at which time the respective administrative appraisal must be approved by the Institute's Board of Directors and notified to the plaintiff company.' [...] It was not analyzed by the Court as a matter of legality when reasoning the judgment, that the mere fact that the property was located within the 72 square kilometers that the macro hydrogeological study comprises, according to Board of Directors Agreement 2007-177, did not entail a direct impact on the property.”, what is now pointed out would give rise to the announced defect of lack of reasoning. On that same folio 11, as well as on 12 and 13, they state: “The foregoing without considering that AyA complied with what was ordered, as stated in the case file; AyA initiated the legal expropriation process just as the Chamber indicates, and from the technical studies carried out, it was determined that the property was not required for a public purpose. As there is no cause for expropriation, it would not be appropriate for the Institute, with public funds, to acquire a farm (finca) of approximately 47,000 square meters, the maintenance and tax payment of which would have to be borne by all Costa Ricans. The Sala Constitucional ordered the expropriation process to be initiated in order to compensate according to the law. / It is recorded in the case file that AyA carried out the studies that the expropriation process entails; however, having determined that there is no public utility or cause for expropriation, it could not compensate against the law. How could a farm (finca) be acquired through expropriation that will not be destined for any public purpose, where, it is reiterated, there is no causa expropiandi. Neither has AyA possessed said land, nor is there any specific impact on the property by AyA that prevents its disposition. [...] No reference is made in the judgment that, according to the agreement provided, it does not refer to any particular property, as a specific study of each farm (finca) is required to determine if there is any impact. [...] It should not be turned into an imposition on the State or the Institute solely because the properties are found in a zone of a macro study, without having specific studies of each farm (finca). / In the same manner as in the specific case, specific studies were carried out on the farms (fincas) also located in zone 6 and registered in the Public Registry, Partido de Limón, Real Folio registration numbers 112375-000 and 112376-000, property of the also protected company, according to ruling 012043-2008 included in the judgment, which ordered AyA to initiate the expropriation process. / From these technical environmental studies, specific ones were carried out on both farms (fincas) owned by the company MASARDE S.A., and it was determined in that case that the entirety of the farms (fincas) was not required, so only a portion of land that was technically justified for a public purpose was expropriated. / It is inappropriate for the Court to compel the continuation of an expropriation process that would turn out to be illegal, as there is no causa expropiandi as has been reiterated. / The Court's judgment is based on a resolution of the Chamber alleging that there is a right in favor of Mrs. Musmanni Aguilar. It must be considered that expropriation cannot be claimed as a subjective right, since expropriation is agreed upon in exercise of the power of authority (poder de imperio) of the Public Administration and requires a prevailing and evident purpose, which is its primary or determining cause, and its justification is the satisfaction of a public need or cause of public utility. [...] The Court argues erroneously and confuses the judgment, by indicating \"...it is not that a new study be done to determine the appropriateness of the expropriation...\" There is confusion on the part of the Court in considering that \"it is not to do another study\"; it is not clear what it refers to as \"another study\"; throughout the entire proceeding, it has been pointed out that the Board of Directors agreement comprises a macro study of 72 square kilometers, which does not contain specific information on each property in that entire sector of Moín, and that it is necessary to carry out each specific case to determine if there is any impact or not. In the specific case, once the expropriation process began, according to the environmental studies performed, it was determined that there are no springs (afloramientos) or water bodies that justify its expropriation. / The judgment is confusing by indicating \"...For its part, AyA has been maintaining that the expropriation is not appropriate because the need to do so has varied, according to the subsequent studies that were made of the property...\" / It must be clarified that it is not that \"the need has varied\"; that is an erroneous statement. Only one specific study of this property exists, and it was carried out as part of the studies within the expropriation process. Upon initiating the expropriation process, as ordered by the Chamber, it was determined that there is no need to expropriate because the property would not be useful or necessary for the community. A specific study was done within the coordinates of the farm (finca) of Mrs. Cristina Musmanni, and said property has never been required; it is not that the need \"has varied\", it is that this need never existed. / The Board of Directors agreement that comprises the macro hydrogeological study does not refer to any particular property so as to affirm that it is a necessity to acquire a specific property or that its need \"has varied\".” In the foregoing transcription, an evidentiary aspect underlies. That is, the improper valuation of factual elements; therefore, if what was asserted were the case, it would give rise to a breach for violation of substantive norms, specifically, for error of law. Then, at folio 12, the appellants affirm: “Applying the same reasoning of the judgment, AyA \"would have to acquire 72 square kilometers\" of the province of Limón, which is, by all accounts, unreasonable and disproportionate. [...] Under this reasoning, the State and its institutions would have many idle properties, vulnerable to being invaded, which is not reasonable from any perspective.” From what was transcribed, it is determined that what was alleged would constitute another cassation ground for violation of substantive norms, specifically, the cause provided for in article 138, subsection d): violation of the principles of Constitutional law.

Likewise, at folios 12 and 13, the appellants note: “It emerges as part of this reasoning of the judgment that the Trial Court erroneously ordered, without the Chamber having ordered—as the Trial Court expressly indicates—the determination of the value of the land. […] If the Trial Court’s position was that this was a different proceeding, it should have been resolved at the appropriate time, the decision being always questionable, given that a resolution of the First Chamber already existed, granting it competence over the case, coming from a Superior instance, such as the First Chamber.” What has been outlined, if it occurred, would imply a cassation ground for violation of procedural rules provided for in Article 137, subsection 1), subparagraph i): contradiction of res judicata (cosa juzgada). Furthermore, at folio 13, the appellants indicate: “The judgment is confusing when it indicates that ‘...this matter deserves a very particular but at the same time brief analysis...’ arguing, with little analysis of the case, that it concerns an ‘execution of judgment (ejecución de sentencia)’. The foregoing creates confusion according to what has developed throughout the entire judicial process, including the hearings, also affecting public funds, due to the cost generated by the process.” What has now been indicated is ambiguous. On one hand, it is initially interpreted that the procedural defect of lack of reasoning (falta de motivación) is being alleged; however, when it is indicated that it causes bewilderment according to what has developed throughout the entire judicial process, it is understood that reference is being made to the existing evidentiary material, which would entail a cassation ground for violation of substantive rules. In the last paragraph of folio 13, the appellants state: “There is also a violation of procedural regulations by the Trial Court, by declaring the case ‘complex’ at the trial hearing, pursuant to Article 111 of the Contentious Administrative Procedure Code, justifying the issuance of the judgment within the following days and subsequently, in the judgment, indicating that the matter deserves ‘...a very particular but brief analysis...’, which causes confusion when it comes to reasoning the judgment.” In addition to not explaining how it “causes confusion when it comes to reasoning the judgment”; contrary to what is alleged by the appellants, what was affirmed at the trial hearing, regarding the complexity of the proceeding, in order to have more time to issue the respective ruling—canon 111 of the CPCA—and what was stated in the judgment regarding that “the matter deserves a very particular but brief analysis”, not only does not constitute any contradiction; but, furthermore, it also does not entail any cassation ground. As indicated in the previous grievance, the ambiguity highlighted conflicts with cassation technique.

VI.In the third censure, the first for violation of substantive rules, folio 14, the appellants invoke violation of the principles of linkage to science and technique and legality—Articles 119.1 and 138, subsections c) and d) in fine of the CPCA—and, consequently, of Articles 11 and 16, subsection 1 of the General Law of Public Administration –LGAP–. This is because, they say, the Trial Court did not consider or apply the provisions of the aforementioned canon 16, subsection 1 of the LGAP, which establishes the impossibility of issuing acts contrary to univocal rules of science or technique or to elementary principles of justice, logic, or convenience. In this dispute (lite), they indicate, we are before the exercise of one of the powers of their represented entity, regarding environmental responsibility aimed at the protection of water resources, where the application of the aforementioned principle of linkage to science and technique is a core aspect for decision-making. A postulate that, they add, governs environmental matters, insofar as administrative decisions, which may have an impact on the environment, require technical support to back them and, in such condition, limits and conditions the discretion of the Administration in its actions. In such condition, they state, it limits and conditions the discretion of the Administration in its actions. They reproduce, as pertinent, what was stated by the Constitutional Chamber in rulings numbers 14293-05, 11562-06, 17126-06, and 12716-12. The ICAyA, according to its Constitutive Law No. 2726, they state, is responsible for defining protection areas for the public supply of drinking water. Even with an existing Constitutional Chamber ruling to expropriate, they argue, it is the Institute's responsibility, through specific technical studies, to determine which area is required for protection, in accordance with the principles of science and technique, where that same judicial body has ratified this power held by their client. They copy, as relevant to their interest, what was considered by that decision-making body in ruling no. 2015-1487 of 2:30 p.m. on February 3, 2015. Due to the foregoing, they explain, the ICAyA carried out the expropriation process. It verified the boundaries, topographic surveys, and environmental studies that would determine, specifically on Mrs. Musmanni's farm, the conditions and characteristics of her property. Through a technical criterion and study by the Institute's hydrogeologists, they affirm, it was concluded that the property subject to the process is not required. There are no outcrops of water bodies requiring direct and particular protection. Therefore, they indicate, there is no cause for expropriation. Furthermore, it has been indicated and reiterated that the owner could dispose of the property. However, they object, the ICAyA is being forced to indemnify, through the expropriation process, a piece of land that will not satisfy any public interest. Canons 11 of the LGAP are violated, they affirm, by forcing the ICAyA to “continue with an expropriation process” that does not contain a cause “expropiandi”. The act of “declaration of public utility (declaratoria de utilidad pública)” that the Institute's Board of Directors would have to adopt, as ordered by the Trial Court, would be illegal. It would be contravening said norm by “expropriating” a property without a public interest to satisfy, as established by Expropriation Laws numbers 6313 and 7495 and their amendments; as well as Article 45 of the Political Constitution. In addition to the above, they continue, Article 5 of Law No. 7495 and its amendments empowers the State and public entities to expropriate when the property is necessary to fulfill public purposes. It clearly establishes when to expropriate; as well as the condition that the property be necessary for the “fulfillment of a public purpose”, which does not exist. This would lead to constituting an illegal act by not complying with this precept and transferring those assets to the public domain through an expropriation process. The administrative act decreeing the expropriation, they add, must be reasoned, expressly indicating the public interest upon which the acquisition of the property sought to be expropriated would be based. Precept 7 of the LGAP, they add, is violated by not considering general principles of law and the case law on the “causa expropiandi”. Furthermore, in the case of Mr. Jesús Sarquís, whose property is included in the same environmental technical study as Mrs. Musmanni's and whose lands are adjacent and are not required for a public purpose. In this dispute (lite), they state, despite the judgment referring to the case of Mr. Jesús Sarquís, the Trial Court did not consider what was stated on several occasions regarding ruling 2013-13635 of the Constitutional Chamber, which forms part of the reiterated case law concerning the importance of reasoning the expropriatory act and in which the Chamber considered that, in the absence of a technical justification supporting the declaration of public interest required to acquire the land “[...] it is not possible to initiate the ordered expropriation procedure [...]”. A ruling subsequent to the environmental technical study that included both properties in zone 6; furthermore, they conclude, of reiterated case law on the “legally verified interest”, which is required in the expropriation process, together with the importance of the technical studies of the specialized entity that allow for defining the public interest in each specific case and that must prevail over the private interest.

VII.In the grievance under analysis, the appellants insist on their thesis, put forward during the processing of the case, that their represented entity, in order to expropriate a property, must conform to the principle of “linkage to science and technique”. Therefore, it is essential to conduct specific technical studies to determine the area to be protected and declare the public interest. In this case, according to their indication, the technical study carried out determined that the plaintiff's property is not required, as there are no outcrops of water bodies requiring direct and particular protection. Consequently, there is no cause for expropriation. Moreover, they point out, the owner can dispose of the farm. In summary, they indicate, their represented entity is being forced to expropriate a farm that will not satisfy any public interest.

VIII.On this particular matter, and in order to have a complete understanding, it is necessary to transcribe, as relevant and despite its length, what was considered by the judges. “IV. SUBJECT OF THE PROCESS AND POSITION OF THE PARTIES: In accordance with the claims of the plaintiff, in synthesis, the subject of the process is that AyA be ordered to expropriate the farm located in Partido de Limón 4844-000, as so ordered by the Constitutional Chamber in judgment 2010-11878, of ten hours eighteen minutes on July ninth, two thousand ten, which has not been carried out by the Institute, thus constituting an omissive conduct by the Public Administration. Likewise, it requests in the alternative, that should the expropriation be deemed not applicable, AyA be ordered to pay the damages for the period during which the limitations on the property remained in force. For its part, AyA has been maintaining that the expropriation is not applicable because the need for it has changed, according to the subsequent studies conducted on the property. / V. ON THE MERITS OF THE MATTER: It is this Trial Court's criterion that this matter deserves a very particular, but at the same time brief, analysis, because despite what was indicated by the First Chamber of Justice, in resolution 1366-C-S1-2014, in which the competence of this Trial Court was declared, what it essentially concerns is the execution of a judgment (ejecución de una sentencia) of the Constitutional Court, the [sic] aforementioned 2010-11788, in which it was established, both in the reasoning part and the operative part, that because the content of the right of property in the plaintiff's farm had been emptied, one could not speak of property limitations, but of expropriation, therefore ordering the initiation of the procedures for the respective process. Although the Institute's subsequent refusal to comply with what was ordered by the Constitutional Chamber constitutes an administrative omission, it is the judgment that frames the scope of action, both for the administrative entity and for the jurisdictional bodies in general and particularly for this Trial Court. Thus, we must begin from what was considered by the aforementioned Chamber to decide on the merits of the claims in the process. For this purpose, the ruling is transcribed as relevant: / From the foregoing jurisprudential precedent, it follows that the challenged act, that is, the ‘recommendations’ on land use in Zone 6, are limitations that empty the attributes of the right of property of the protected party of their content. Consequently, it is appropriate to grant the remedy filed against Acueductos y Alcantarillados, and order it to carry out the respective expropriation process, in accordance with what the Chamber has already resolved for this specific situation. Likewise, it is appropriate to dismiss it in relation to the sued Municipality, given that it did not issue the appealed act. / Therefore: / The remedy is granted solely against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Oscar [sic] Núñez Calvo, in his capacity as Executive President of that Institute, or whoever holds that position, is ordered to immediately issue the corresponding provisions and instructions to initiate the legal expropriation process for the protected party's farm, registered in the National Registry, Partido de Limón, under registration number 00004844 OOP, so that she may be indemnified in accordance with the law. The foregoing, under warning that failure to comply with this order will incur the crime of disobedience, and that, pursuant to Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued in an amparo remedy (recurso de amparo), and does not carry it out or does not have it carried out, provided the crime is not more severely penalized. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment (ejecución de sentencia) of the Contentious-Administrative Jurisdiction. Let this judgment be personally notified to Oscar [sic] Núñez Calvo, in his stated capacity, or to whoever holds that position. Let it be communicated.” (The highlighting is not from the original). / The Chamber reaches the foregoing conclusion, based on the agreement adopted by the Institute's Board of Directors in Article 6, subsection a) of Ordinary Session 2007-20, in which the so-called ‘Estudio Hidrológico Y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón y la Actualización de la Zona de Protección DGAMB-2007-031’ was made official, establishing a series of limitations for zone 6, where the property subject to this process is located, which were considered of expropriatory nature for the plaintiff's property. The declaration made by the recently cited judgment establishes a right in favor of Mrs. Musmanni Aguilar, as well as an obligation against the Institute; the first, to be expropriated so that she may be indemnified for the value of her property, since the exercise of her right was rendered void. The obligation, for its part, consists of initiating the expropriation procedures to determine the value of the land. This Chamber emphasizes this last aspect, because what was ordered by the Chamber, once the right to compensation had been declared, is not that a new study be conducted to determine the appropriateness of the expropriation, but rather, it is reiterated, to establish the value to be indemnified. It is also worth emphasizing that it was the Institute's own actions that led the Chamber to resolve in the manner already indicated, having issued the resolution that established the limitations in that zone. AyA proceeded erroneously by beginning to seek justifications for not complying with what was ordered, even though the Chamber reiterated the content of the ruling in resolutions 2011-10632, of ten hours forty-six minutes on August twelfth, two thousand eleven, and 2012-7395, of fifteen hours five minutes on June sixth, two thousand twelve. Even in resolution 2012-12723, of nine hours on September fourteenth, two thousand twelve, in which a non-execution promoted by Mrs. Musmanni was dismissed, the Chamber nonetheless indicated to AyA that once the applicant complied, it must begin the expropriation. Therefore, this Chamber reproaches the Institute's actions, through its officials, for failing to execute within a reasonable time and for disregarding the authority and sacredness of the decisions of the Judicial Branch's resolutions, to the detriment of the right of a citizen, which constitutes an arbitrary and undemocratic exercise of public power. As long as the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice does not vary its position regarding the situation initially raised by Mrs. Musmanni Aguilar, the obligation of public administrations is to proceed immediately to its fulfillment and not let more than ten years pass, not only of inactivity but of attempting to breach what was decided by the Chamber, without this Trial Court being able in any way to vary the judgment in question, which for this Chamber constitutes Constitutional Res Judicata (Cosa Juzgada Constitucional), to determine a supervening inappropriateness of the expropriation, which is why we do not proceed to analyze the evidence or the arguments made by the Institute in this regard. Therefore, despite what was previously noted regarding that this is not a plenary proceeding, the right of Mrs. Musmanni Aguilar to be expropriated having already been declared by the Constitutional Chamber, and AyA's actions and omissions being more related to the execution of a ruling, in compliance with what was ordered by the First Chamber, we proceed to grant the expropriatory claims of the lawsuit filed by Mrs. Musmanni Aguilar, succeeded by the company Sarquís Dejuk S.A., in terms of ordering the expropriation of Partido de Limón 48400-000, currently owned by the plaintiff Sarquís Dejuk S.A. Due to the manner in which it is resolved, we omit any ruling on the subsidiary claim for compensation for the imposed limitations.” (Only the discontinuous underlining is supplied).

IX.This Chamber shares the Trial Court's criterion, in the sense that this dispute (lite), despite what was stated by this Chamber in resolution no. 1366-C-S1-2014 of 9:40 a.m. on October 23, 2014, wherein it declared that the knowledge of this process corresponds to the Contentious-Administrative Court, is not a plenary proceeding (procedimiento de conocimiento), because, in essence, what is sought is to execute what was resolved by the Constitutional Chamber in its ruling no. 2010-11878 of 10:18 a.m. on July 9, 2010, due to the ICAyA's omission, through which it granted the amparo remedy filed by the plaintiff herein against that entity, ordering, as pertinent: “Oscar [sic] Núñez Calvo, in his capacity as Executive President of that Institute, or whoever holds that position, is ordered to immediately issue the corresponding provisions and instructions to initiate the legal expropriation process for the protected party's farm, registered in the National Registry, Partido de Limón, under registration number 00004844 OOP, so that she may be indemnified in accordance with the law. The foregoing, under warning that failure to comply with this order will incur the crime of disobedience, and that, pursuant to Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued in an amparo remedy, and does not carry it out or does not have it carried out, provided the crime is not more severely penalized. […]”. (The highlighting and underlining are from the original). Similarly, we adopt what was indicated in the sense that, in said ruling, a right is established in favor of Mrs. Musmanni Aguilar and, as a counterpart, a duty for the defendant entity. Ms. Cristina is granted the right to be expropriated, in order to be indemnified because the essential content of her property was emptied. For its part, the ICAyA must initiate the expropriatory process, understood as valuing said farm. As is correctly indicated in the appealed judgment, the Constitutional Chamber, unlike what is alleged by the appellants, does not order carrying out the respective studies to determine the appropriateness of the expropriation. What was ordered by said Chamber is to determine the value of the affected property. Likewise, correct is the position of the judges, which was not contested by the appellants, rendering futile the arguments in the instant grievance aimed at breaking the challenged judgment, in the sense that as long as the Constitutional Chamber does not vary its position expressed in said ruling (an aspect that was so established in the sole unproven fact, by indicating: “That the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has varied the scope of resolution 201 [sic] -11878 of ten hours eighteen minutes on July ninth, two thousand ten.”), the ICAyA's obligation is to proceed immediately to its fulfillment, not letting time pass without acting in accordance with what was decided. Likewise, which was also not challenged, the Trial Court is correct in pointing out the impossibility of varying what was resolved by said Chamber—because it is covered, as procedural law scholars indicate, by the “tombstone slab” of res judicata (cosa juzgada), in this case, constitutional—thus making it inappropriate, therefore, as the defendant party intends, to determine the potential appropriateness of the expropriation ordered at the constitutional level. This was evidenced by the Constitutional Chamber itself in ruling no. 2011-10632 of 10:46 a.m. on August 12, 2011, granting the disobedience proceeding filed by Mrs. Musmanni Aguilar against the president of the ICAyA for failing to execute what was resolved in ruling no. 2010-11878, where it ordered: “The disobedience proceeding filed is granted. Consequently, Oscar [sic] Núñez Calvo, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, is reiterated to proceed to the full compliance with the provisions of judgment 2010011878 of 10:18 a.m. on July 09, 2010, under the warning of forwarding certified copies to the Public Prosecutor's Office for the investigation of the crime of disobedience.” Corollary, in addition to sharing what was resolved by the Trial Court, since the grounds put forward by the judges were not properly contested, it is insisted, what was reproached by the appellants in the grievance under analysis is innocuous for the purpose of varying what was resolved.

X.In the fourth complaint, the second for violation of substantive rules, folio 16, the appellants invoke violation, by non-application, of precepts 1 and 5 of the Expropriation Law No. 7495 and its amendments; 1 of the Expropriation Law No. 6313, which give concrete form to the expropriatory power established in canon 45 of the Political Constitution. Said regulations are infringed, they indicate, by disregarding that there must be a “causa expropiandi” justifying the expropriation of the property; as well as a legally verified public interest, which does not exist in the specific case. The property subject to expropriation must be necessary for the fulfillment of public purposes. According to the specific technical study, they state, conducted on Mrs. Musmanni's property, as they have reiterated, it was concluded that it is not of interest since there are no water outcrops to protect. As proof of this, they point out, the same study by the UEN Gestión Ambiental concluded that said outcrops do not exist. The property was included according to drawing 7-1615160-2012 of Mr. Jesús Sarquís, adjacent to Mrs. Musmanni's property located in zone 6. In this case, they note, cited in the judgment, having no causa expropiandi, the Constitutional Chamber, through ruling 2013-13635 of 2:30 p.m. on October 15, 2013, as they explained to the Trial Court, considered that, lacking a technical justification supporting the declaration of public interest required to acquire the land “[...] it is not possible to initiate the ordered expropriation procedure [...]”. For which reason, they add, in the same ruling, it ordered their client “[...] to arrange what is necessary so that Jesús Sarquís Dejuk is compensated for the limitations suffered by the property on his property, registered in the Immovable Property Registry under the Real Folio system of Partido de Limón, registration number 00112374-001 [...]”. The object of expropriation, they state, is not in the assets, but in the situation motivating the removal from private ownership, due to that obligation to satisfy needs or fulfill the “causa expropiandi”. The Trial Court did not consider, they argue, that lacking a “causa expropiandi”, Article 16 of the Expropriation Law is violated, because, by forcing their represented entity to expropriate the land without fulfilling any public purpose, it would generate, a priori, the need for the reversion (retrocesión) of the property. The Trial Court, they state, based its proven fact no. 24 on the evidence offered by the Institute, referring to the environmental technical report attached via document SUB-G-AID-UEN-PyC-2013-1123 of September 2, 2013, by AyA's UEN Gestión Ambiental. In that report, prepared by the Institute's hydrogeologists, it is determined that the property is not required because there are no water outcrops requiring protection. This, they conclude, shows that the Trial Court, despite considering it a proven fact, creates confusion by the way it resolved.

XI.In the present ground for dissent, the appellants do not question the grounds put forward by the judges to grant the filed lawsuit. They insist on the existence of a technical study, prepared by the ICAyA after the Constitutional Chamber's judgment, which concludes that the property in litigation is not of interest to the institution; but without linking their statement to the challenged judgment. Consequently, since the arguments provided by the Trial Court in the challenged ruling are not contested, what is alleged by the appellants becomes futile for the purpose of breaking the decision.

XII.In the fifth and final grievance, the third for violation of substantive rules, folio 17, the appellants allege violation of precept 45 of the Political Constitution, which establishes expropriation based on legally verified public interest; which, according to their indication, in the case of Mrs. Cristina Musmanni Aguilar's property, it was verified, through a hydrogeological technical study, that none exists and, even with this criterion, the judgment does not analyze or assess this aspect that determines the expropriation. Likewise, they note, canon 49 ibid is transgressed, given that the Contentious-Administrative Jurisdiction is not guaranteeing the legality of the administrative function, by being forced to expropriate a piece of land without a public interest to satisfy. The control of constitutionality and legality, they affirm, binds not only the Administration but also the judges, so that compliance with the assessment of legality is fulfilled. Also violated, they point out, is the principle of due process (debido proceso), within which the principle of “legality and reasonableness” of all jurisdictional resolutions is inscribed, according to rulings 300-90 and 1739-92 of the Constitutional Chamber. Said Chamber, they maintain, recognized the closely related principle of a “just sentence and the requirement of reasoning for all jurisdictional resolutions”. As it has indicated “[...] the due reasoning of the judgment is an essential content of due process [...]”. They allude to rulings numbers 1739-92 and 923-94. In this dispute (lite), they state, the violation of this principle is evident, since the Trial Court, having to comply with what was ordered by this Chamber in resolution no. 1366-C-S1-2014 of 9:40 a.m. on October 23, 2014, without analyzing aspects of legality, without reasoning and in a confusing manner, argued that it concerns a different proceeding: “execution of judgment (ejecución de sentencia)”, which had already been resolved at the appropriate time. The result, they note, is an unreasoned judgment. The ruling, they say, recognized a supposed specific impact on Mrs. Musmanni's property, currently owned by the company Sarquís Dejuk, without the record containing a single piece of evidence proving that their client had prevented her from using her property; on the contrary, the plaintiff has been told that she can dispose of her real property. It is the Judge's duty, they assert, which this Chamber has recognized, to analyze the incidents and substantive issues raised by the parties, which allow for the reasoning of the judgment. Similarly, they add, the principle of legality is violated by ordering their principal to “expropriate” the plaintiff's land without there being, as they have reiterated, an expropriatory cause; rather, they add, with a technical criterion from the specialized technical area, it is specifically established that said land is not required. Their client, they indicate, must act within a framework of legality, as established in constitutional norm number 11 and canon 11 of the LGAP. Said constitutional precept, they comment, provides that the Administration's acts must be regulated by written norm, meaning subjection to the Constitution, the law, and other regulations of the legal system, linked to the “principle of juridicity of the Public Administration”. These principles are violated by not obeying the norms (precepts 45 of the Political Constitution; 1, 5 of Law No. 7595 and its amendments; 1 of Law No. 6313). The declaration of public utility (declaratoria de utilidad pública), they affirm, would violate the principle of legality. In their view, the constitutional principles of reasonableness and proportionality are also violated. The judgment does not analyze, they note, that the owner can dispose of her real property, as has been reiterated; however, they allege, under the argument of being located in zone 6, it is not proportional, without a specific study of each farm determining whether there is a direct impact or not, to force their principal to acquire 47,000 square meters, because it is located within a macro study. The ICAyA, they indicate, initiated the expropriation process and, through a hydrogeological study, it was determined that there is no public interest to satisfy.

It becomes an argument outside the principles of reasonableness and proportionality, they conclude, to argue that, because it is located in a macro study area, which is 72 square kilometers, a piece of land must be expropriated without considering technical criteria as a specialized entity in the matter.

XIII.In the present grievance, the appellants, as occurred in the two previous ones, omit to contest the grounds put forth by the Tribunal to uphold the filed claim. This, as has been indicated, renders what was pointed out futile for overturning the contested judgment. On the other hand, and by way of further reasoning, the cassation appellants invoke several dissimilar hypotheses, but, by the way the objection is structured, inseparable from one another. They allege transgression of substantive norms by indirect violation, as the technical hydrogeological study was neither analyzed nor assessed. They also invoke breaches of procedural norms, pointing out the transgression of the principle of due process and the lack of reasoning of the judgment. Likewise, they argue the violation of constitutional principles – legality, reasonableness, and proportionality. As already indicated, such ambiguity conflicts with the technique of cassation.

XIV.By virtue of the reasons stated, given the evident omission to systematically and specifically contest the grounds of the appealed decision, and not with simple and generic disagreements of criterion, the preceding claims are insufficient to generate review of the contested judgment in this venue as they lack legal foundation, for which reason the outright rejection of the appeal filed is imposed (numeral 140 inciso c) of the CPCA).

POR TANTO

The appeal filed is rejected outright.mjiménez Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vilchez Yazmín Aragón Cambronero Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *8H0Y47747QWBY61*

Secciones

Marcadores

Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA *130052401027CA* Res. 000223-A-S1-2018 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas uno minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho .

En el proceso de conocimiento establecido por CRISTINA MUSMANNI AGUILAR, portadora de la cédula de identidad número 104010701, posteriormente sucedida por la empresa Sarquís Dejuk Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número 3-101-700922, representada por Yamil Sarquis Dejuk, con cédula de identidad número 700340761 contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, representado por sus apoderadas generales judiciales Kattya Ramírez Barrera, portadora de la cédula de identidad número 108330261 y Eugenia Solís Cambronero, portadora de la cédula de identidad número 108030746; las representantes del ente demandado formularon recurso de casación impugnando la sentencia número 113-2016-VIII, emitida por la Sección Octava del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a las 13 horas del 31 de octubre de 2016.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

CONSIDERANDO

I.En la primera censura por quebranto de normas procesales, folio 7, invocan las recurrentes el principio de improrrogabilidad de la competencia -canon 169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -. En concreto, alegan el vicio de i ndefensión de la parte, según lo previsto por los numerales 119.1 y 137.1 inciso b) in fine del Código Procesal Contencioso Administrativo –CPCA- y , consecuentemente, señalan la transgresión de los preceptos 153 y 165 del Código Procesal Civil –CPC-. La sentencia recurrida, consideran, quebrantó la normativa referente al debido proceso por violación al derecho de defensa, así como la posibilidad de discutir una sentencia proveniente de otro Tribunal en un proceso ordinario. En el escrito de contestación a la demanda, señalan, se interpuso la defensa previa dispuesta en el artículo 179 del CPCA, por considerar que la competencia para conocer este proceso era el Juzgado y no el Tribunal Contencioso Administrativo, al considerarse se estaba ante la ejecución de una sentencia. Lo anterior, explican, en cumplimiento de lo dispuesto en el fallo no. 443-2010 de las 7 horas 45 minutos del 10 de febrero de 2010, emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo; así como también de la resolución no. 1460-2012 de las 9 horas 30 minutos del 7 de setiembre de 2012, siendo esta puntualmente derivada de un caso similar al objeto de esta lite, indicando el Juzgado Contencioso: “[...] no dice la Sala que sea toda la finca, no dice la Sala que sea una parte de la finca, no dice la Sala que sea tal parte específica, sino que le corresponderá en ese proceso de ejecución determinar cuál es el derecho que le corresponde [...]”. Transcriben , en lo de su interés, la resolución no. 572-2014 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dictada a las 13 horas y 40 minutos del 12 de marzo de 2014, en donde se declaró con lugar la defensa previa interpuesta de falta de incompetencia por razón de la materia. Posteriormente, agregan, el Tribunal de Apelaciones remitió el expediente ante esta Cámara a fin de resolver en definitiva la inconformidad planteada, referente a la competencia para conocer este proceso. Esta Sala, en resolución no. 1366-C-S1-2014 de las 9 horas 40 minutos del 23 de octubre de 2014, destacan, se dispuso que su conocimiento correspondía al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. La sentencia impugnada, aseveran, desconoció y se apartó de lo resuelto por esta Cámara, al indicar que existió una incorrecta interpretación respecto de la competencia para conocer del proceso, pues, contrario a lo dispuesto por este órgano decisor, señaló que el proceso debió tramitarse como una ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional, por cuanto la orden dada al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados –ICAyA- fue iniciar el proceso expropiatorio del inmueble. Afirman, esta Sala ha sido clara tocante al principio de improrrogabilidad de la competencia. Reproducen, en lo de su interés, lo considerado en la resolución no. 511-C-S1-2013 de las 9 horas 5 minutos del 30 de abril de 2013. Lo expuesto, apuntan, genera un estado de incerteza jurídica, con el evidente quebranto a las normas procesales. También, añaden, se vulnera el principio de cosa juzgada, ya que, manifiestan, todo indica que lo resuelto por el superior, en este caso esta Cámara, puede ser modificado por el inferior, sin hacerse ninguna manifestación en ese sentido durante la etapa de juicio; sino que es hasta el dictado de la sentencia escrita que se hace de conocimiento dicha situación. Copian, en lo conducente, lo considerado en el fallo impugnado. Lo indicado, comentan, demuestra una absoluta incerteza en cuanto a la aplicación de normas procesales . S e pasó, concluyen, de una excepción de falta de competencia para que el asunto fuera resuelto por la Sala Constitucional, a un proceso ordinario de conocimiento; el cual, luego el Tribunal convirtió en uno de ejecución, el cual se reso lvió como un proceso de puro derecho, aun cuando se aceptó la prueba documental y se practicó prueba testimonial, sin que pudiera darse oportunidad al ICAyA para referirse al curso del procedimiento, lo que conlleva quebranto al derecho de defensa y violación al debido proceso.

II.En torno a lo relacionado en el apartado anterior, es menester indicar, el numeral 139 inciso 3 del CPCA prevé un requerimiento de orden material necesario tanto para la admisibilidad del recurso como para su posterior valoración por el fondo. Se trata de la motivación del recurso que, por las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido, debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados o por indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas), o con las circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales. Jurídica, cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional, o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada. Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria, pueden concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico y, en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión, porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia atacada. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como ya lo ha indicado esta Sala interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima ... deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento ” (Resolución no. 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo de 2008). La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza, resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c) del mismo Código de referencia. De igual manera, esta Sala, en forma reiterada, ha señalado, para que un recurso pase el control de admisión, se precisa, además de la suficiente exposición de motivos, la correspondiente mención y vinculación con la sentencia cuestionada de las normas de fondo que se estimen infringidas. En este sentido, pueden consultarse, entre muchas otras, las resoluciones de esta Cámara números 354-A-S1-2011 de las 14 horas 30 minutos del 31 de marzo de 2011, 1483-A-S1-2012 de las 11 horas 13 minutos del 14 de noviembre de 2012, 194-A-S1-13 de las 10 horas 55 minutos del 14 de febrero de 2013, 1025-A-S1-2014 de las 10 horas 45 minutos del 31 de julio de 2014 y 977-A-S1-2016 de las 12 horas del 22 de setiembre de 2016 Los recurrentes omitieron este requisito. Señalaron como normas quebrantadas, en primer lugar, los preceptos 1348, 1349, 1360 y 1361 del Código Civil; sin embargo, se limitaron a mencionarlas, no explicaron, con el rigor debido, cómo fue conculcada cada una de ellas en la sentencia cuestionada. Nótese que las cuatro regulan situaciones diferentes.

III.En el caso en estudio, las recurrentes olvidan que esta instancia procesal no corresponde a un recurso ordinario (como es la apelación). Tampoco es suficiente, se insiste, manifestar una serie de disconformidades generales y meramente argumentativas. Es menester, según se apuntó en el apartado anterior, el contraste de lo decidido con la infracción que, en su criterio, tuvo lugar. Las casacionista entremezclan o aluden a varias hipótesis distintas, pero, por la forma cómo se plantea el reparo, inseparables ente sí. En el epígrafe del reparo, según se anotó en el considerando I de esta resolución, avisan que lo interponen por el vicio procesal de indefensión de la parte –canon 137 inciso 1) apartado b)-, lo cual reiteran a folios 8 y 10 al manifestar, en lo de interés: “[…] se considera que se violó la normativa referente al debido proceso por violación al derecho de defensa […] sin que pudiera darse oportunidad al Instituto para referirse al curso del procedimiento, lo que conlleva un quebranto al derecho de defensa y una violación al debido proceso. ” No obstante, a folio 8, inmediatamente después de lo antes transcrito, afirman ”[…] así como a la posibilidad de discutir una sentencia proveniente de otro tribunal en un proceso ordinario.”; lo cual constituye otro aspecto de orden procesal, aunque las casacionistas no identifican el motivo casacional. Tanto en el epígrafe del reparo, como a folio 9, invocan otro aspecto procesal, pero tampoco señalan en cual motivo casacional se enmarca, cuando aluden al principio de improrrogabilidad de la competencia. Por último, en ya indicado folio 10 señalan: “ Lo indicado genera un estado de incerteza y un evidente quebranto a las normas procesales, así como al principio de cosa juzgada, pues todo indica que lo resuelto por el superior, en este caso la Sala Primera, puede ser modificado por el inferior […]”, de darse lo ahora alegado, configuraría otro quebranto de normas procesales, concretamente, el previsto en el canon 137 inciso 1) apartado i) del CPCA: contradicción con la cosa juzgada. La ambigüedad referida riñe con la técnica que debe imperar en la redacción del recurso de casación, la cual impone que los motivos u objeciones deban indicarse en forma clara y precisa (artículo 139 inciso 3) del CPCA).

IV.En el segundo agravio por quebranto de normas procesales, folio 11, invocan las recurrentes el vicio de falta de motivación –cánones 119.1 y 137 inicso 1 apartado d) del CPCA-. El Tribunal, apuntan, no abordó temas relevantes expuestos para el análisis y resolución del caso. Simplemente, expresan, consideró que, aun cuando esta Sala, mediante resolución no. 1366-C-S1-2014, declaró la competencia del Tribunal Contencioso para el conocimiento de este proceso, sin mayor análisis jurídico ni fáctico, resolvió que se trataba de una ejecución de sentencia. Además, sin mayor fundamentación, le ordenó al ICAyA “[...] finalice con el trámite de expropiación en sede administrativa de la finca del Partido de Limón 4844-000 en el plazo máximo de tres meses a partir de la firmeza de la presente resolución, lo cual deberá de estar aprobado por la Junta Directiva del Instituto el respectivo avalúo administrativo y notificado a la sociedad actora.” Lo anterior, exponen, sin considerar que su representado cumplió lo ordenado, según consta en el expediente. El ICAyA, indican, inició el proceso de expropiación, tal y como lo indica la Sala. De los estudios técnicos realizados, arguyen, se determinó que no se requería el inmueble para un fin público. Al no existir causa de expropiación, agregan, no procedía que, con fondos públicos, se adquiriera una finca de, aproximadamente, 47.000 metros cuadrados, la cual tendrían que asumir su mantenimiento y pago de impuestos todos los costarricenses. La Sala Constitucional, apuntan, ordenó iniciar el proceso de expropiación a efecto de indemnizar de acuerdo a la ley. Consta en el expediente, afirman, que el ICAyA realizó los estudios que conlleva ese proceso. No obstante, insisten, al haberse determinado tanto la inexistencia de utilidad pública como de causa de expropiación, no se puede indemnizar contra la ley. Se cuestionan ¿cómo podría adquirir, mediante expropiación, una propiedad que no será destinada a ningún fin público; donde, reiteran, no existe causa “expropiandi”? Su representado, alegan, no ha poseído dicho terreno; tampoco existe afectación concreta que impida su disposición. No analizó el Tribunal, exponen, como un aspecto de legalidad al momento de motivar la sentencia, que por el simple hecho de que la propiedad se encontraba dentro de los 72 kilómetros cuadrados comprendidos en el estudio hidrogeológico macro, según el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177, no conllevaba una afectación directa a la propiedad. No se analiza, dicen, que según el acuerdo aportado, no hace referencia a ninguna propiedad en particular, por cuanto se requiere de un estudio puntual de cada finca para determinar si existe afectación. De la generalidad de un estudio que establece recomendaciones, por ejemplo, exponen, o una norma que somete al dominio público cierto tipo de inmuebles por su propia naturaleza o vocación, o declara de utilidad pública cierto tipo de inmuebles, no implica que el Estado deba proceder, en todos los casos, a expropiar e indemnizar; sino que, deben existir, bajo criterios de la ciencia y la técnica, con su potestad de imperio, estudios puntuales técnicos que justifiquen un interés público que beneficie a la colectividad. Aplicándose el razonamiento de la sentencia, alegan, a ICAyA “tendría que adquirir 72 kilómetros cuadrados ” de la provincia de Limón, siendo, a todas luces, irrazonable y desproporcionado. No se debe convertir en una imposición al Estado o al Instituto, afirman, únicamente porque los bienes se encuentren dentro de una zona de un estudio macro, sin que se cuente con análisis puntuales de cada heredad. En esta lite, agregan, también se efectuaron los estudios puntuales en los fundos ubicados en la zona 6 e inscritas en el Registro Público, partido de Limón, folios reales 112375-000 y 112376-000, propiedades de la sociedad amparada, según el voto 12043-2008 incluido en la sentencia, donde se le ordenó al ICAyA iniciar el proceso de expropiación. Dichos estudios técnicos ambientales, comentan, se realizaron en ambas fincas propiedad de la sociedad MASARDE S.A., determinándose que no se requería la totalidad de las fincas, por lo que se solo se expropió una porción de terreno que se justificaba técnicamente para destinarse a un fin público. No procede, estiman, que el Tribunal obligue a continuar con un proceso de expropiación que vendría a ser ¡legal, al no existir causa “expropiandi” según lo han reiterado. La sentencia cuestionado, explican, se basó en una resolución de la Sala –sin precisar cuál- aduciendo que existía un derecho a favor de la señora Musmanni Aguilar. Consideran, la expropiación no puede alegarse como un derecho subjetivo. Toda vez que se acuerda es ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y exige una finalidad prevalente y evidente, la cual es su causa primera o determinante. Su justificación es la satisfacción de una necesidad pública o causa de utilidad pública. Copian, en lo de sus intereses, lo considerado por el Tribunal en la sentencia impugnada. Se desprende, como parte de esta fundamentación de la sentencia, indican, que el Tribunal dispuso, de forma errada, sin que la Sala (sin indicar al cuál órgano judicial se refiere) lo ordenara, determinar el valor del terreno. Insisten, el proceso de expropiación debe realizarse conforme a la Ley; no prevé valorar un terreno únicamente, tienen que considerarse criterios técnicos, planos, definición de áreas que justifiquen un interés público. De lo contrario, señalan, el Estado y sus instituciones tendrían muchas propiedades ociosas, vulnerables a ser invadidas, lo cual no es razonable desde ninguna óptica. Si por el simple hecho de estar dentro de una zona de estudio, prosiguen, el ICAyA debe expropiar, según la fundamentación del Tribunal, se tendría que expropiar Moín, sin que medie una causa. Argumenta de forma equivocada el Tribunal y confunde en la sentencia, aseveran, al indicar “[...] no es a [sic] que se haga un nuevo estudio para determinar la procedencia de la expropiación [...]”. Existe confusión por parte del Tribunal al considerar que “no es hacer otro estudio”, no se tiene claro a qué se refiere con “otro estudio”, en todo el proceso se ha señalado que el acuerdo de Junta Directiva comprende un análisis macro de 72 kilómetros cuadrados, que no contiene información puntual de cada propiedad en todo ese sector de Moín y que se requiere llevar a cabo en cada caso concreto para determinar la afectación o no. Una vez iniciado el proceso de expropiación, según los estudios ambientales realizados, anotan, se determinó que no existen afloramientos ni cuerpos de agua que justifiquen su expropiación. Resulta confusa la sentencia, afirman, al indicar “[...] Por su parte el AyA ha venido sosteniendo que no procede la expropiación por haber variado la necesidad de hacerlo, de acuerdo con los estudios posteriores que se hicieron de la propiedad [...]”. Aclaran, no es que “ ha variado la necesidad”, esa es una afirmación errada. Solo existe un estudio puntual de esa propiedad y se realizó como parte de los estudios dentro del proceso de expropiación. Al iniciar el proceso de expropiación como lo ordenó la Sala (no precisan a cuál órgano judicial se refieren), anotan, se determinó que no existía necesidad de expropiar, porque el bien no sería útil ni necesario para la colectividad. Se hizo un estudio puntual dentro de las coordenadas de la finca de la señora Cristina Musmanni y nunca se requirió dicho inmueble. No es que “ha variado” la necesidad, señalan, es que no existió esa necesidad. El acuerdo de Junta Directiva, que comprende el estudio hidrogeológico macro, apuntan, no hace referencia a propiedad alguna en particular como para afirmar que es una necesidad adquirir determinado inmueble o que “ha variado” su necesidad. Es confusa la sentencia, aseveran, al indicar que “[...] este asunto merece un análisis muy particular pero a la vez breve [...] " argumentando, con poco análisis del caso, que se trata de una "ejecución de sentencia”. Lo anterior, dicen, crea confusión de acuerdo a lo desarrollado en todo el proceso judicial, incluso en las audiencias, afectando además fondos públicos, por el costo que generó el proceso. Si esa es la posición del Tribunal -de que se trataba de otro proceso-, expresan, debió haber sido resuelto en su oportunidad, siendo siempre cuestionable, si ya existía una resolución de esta Sala, donde se le otorgaba la competencia del caso. También existe violación a la normativa procesal por parte del Tribunal, concluyen, al declarar, en la audiencia de juicio, el caso “complejo” conforme al artículo 111 del CPCA, justificando el dictado de la sentencia dentro de los siguientes días y, posteriormente, en la sentencia, indicar que el asunto merece “[...] un análisis muy particular pero breve a la vez [...]”, lo que provoca confusión al momento de motivar la sentencia.

V.La manera como se formula la presente objeción es confusa. De conformidad con el epígrafe, anuncian las recurrentes que la interponen por el vicio procesal de falta de motivación. No obstante, a folio 11, en lo de interés indican: “El Tribunal no abordó temas en la sentencia relevantes que fueron expuestos para el análisis y resolución del caso […]”; de darse lo argüido configuraría un vicio procesal, pero por violación al principio de congruencia, no por el alegado. De seguido, en ese mismo folio, agregan las casacionistas “[…] simplemente considera que aún cuando [sic] la Sala Primera mediante resolución 1366-C-S1-2014, declara la competencia del Tribunal Contencioso, para el conocimiento del proceso, sin mayor análisis jurídico ni fáctico, resuelve mediante sentencia 113-2016-VIII, que se trata de una Ejecución de Sentencia y sin mayor fundamentación, ordena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que "...finalice con el trámite de expropiación en sede administrativa de la finca del Partido de Limón 4844-000 en el plazo máximo de tres meses a partir de la firmeza de la presente resolución, lo cual deberá de estar aprobado por la Junta Directiva del Instituto el respectivo avalúo administrativo y notificado a la sociedad actora. […] No fue analizado por parte del Tribunal como un aspecto de legalidad al momento de motivar la sentencia, que por el simple hecho de que la propiedad se encontraba dentro de los 72 kilómetros cuadrados que comprende el estudio hidrogeológico macro, según el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177, no conllevaba una afectación directa a su propiedad.”, lo ahora señalado, daría lugar al vicio anunciado de falta de motivación. En ese mismo folio 11, así como en el 12 y 13, manifiestan: “ Lo anterior sin considerar que el AyA cumplió con lo ordenado, según consta en el expediente; el AyA inició el proceso legal de expropiación tal y como lo indica la Sala, y de los estudios técnicos realizados se determinó que no se requería el inmueble para un fin público. Al no existir causa de expropiación, no procedería que el Instituto, con fondos públicos adquiera una finca de 47.000 metros cuadrados aproximadamente, la cual tendrían que asumir su mantenimiento y pago de impuestos todos los costarricenses. La Sala Constitucional ordenó iniciar el proceso de expropiación a efecto de que se indemnice de acuerdo a la ley. / Consta en el expediente que el AyA realizó los estudios que conlleva el proceso de expropiación, no obstante, al haberse determinado que no existe utilidad pública ni una causa de expropiación, no podría indemnizar contra la ley. Cómo podría adquirir mediante expropiación una finca que no será destinada a ningún fin público, donde se reitera, no existe causa expropiandi. Ni el AyA ha poseído dicho terreno, ni existe ninguna afectación concreta en el inmueble, por parte del AyA, que impida su disposición. […] No se hace referencia en la sentencia a que [sic] según consta en el acuerdo aportado éste no hace referencia a ninguna propiedad en particular, por cuanto se requiere de un estudio puntual de cada finca para determinar si existe alguna afectación. […] No se debe convertir en una imposición al Estado o al Instituto únicamente porque los bienes se encuentran en una zona de un estudio macro, sin que se cuente con estudios puntuales de cada finca. /De igual forma que en el caso concreto, se realizaron los estudios puntuales en las fincas ubicadas también en la zona 6 e inscritas en el Registro Público, Partido de Limón Folio Real matrícula 112375- 000 y 112376-000, propiedad de la sociedad también amparada, según el voto 012043-2008 incluido en la sentencia, que le ordenaba al AyA iniciar el proceso de expropiación. / De dichos estudios técnicos ambientales se realizaron puntuales [sic] en ambas fincas propiedad de la sociedad MASARDE S.A. y se determinó en ese caso que no se requería la totalidad de las fincas, por lo que se expropió únicamente, una porción de terreno que se justificaba técnicamente para destinarse a un fin público. / No procede que el Tribunal obligue a continuar con un proceso de expropiación que vendría a ser ¡legal al no existir causa expropiandi como se ha reiterado. / La sentencia del Tribunal se basa en una resolución de la Sala aduciendo que existe un derecho a favor de la señora Musmanni Aguilar. Debe considerarse que la expropiación no puede alegarse como un derecho subjetivo, toda vez que la expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y exige una finalidad prevalente y evidente que es su causa primera o determinante y su justificación es la satisfacción de una necesidad pública o causa de utilidad pública. […] Argumenta de forma equivocada el Tribunal y confunde en la sentencia, al indicar "...no es a que se haga un nuevo estudio para determinar la procedencia de la expropiación..." Existe confusión por parte del Tribunal al considerar que "no es hacer otro estudio", no se tiene claro a que se refiere con "otro estudio", en todo el proceso se ha señalado que el acuerdo de Junta Directiva comprende un estudio macro de 72 kilómetros cuadrados, que no contiene información puntual de cada propiedad en todo ese sector de Moín y que se requiere llevar a cabo de cada caso concreto para determinar la afectación o no. En el caso concreto, una vez iniciado el proceso de expropiación, según los estudios realizados ambientales se determinó que no existen afloramientos ni cuerpos de agua que justifiquen su expropiación. / Resulta confusa la sentencia al indicar "...Por su parte el AyA ha venido sosteniendo que no procede la expropiación por haber variado la necesidad de hacerlo, de acuerdo con los estudios posteriores que se hicieron de la propiedad..." / Se debe aclarar que no es que "ha variado la necesidad", esa es una afirmación errada. Únicamente existe un estudio puntual de esta propiedad y se realizó como parte de los estudios dentro del proceso de expropiación. Al iniciar el proceso de expropiación, como ordenó la Sala, se determinó que no existe ninguna necesidad de expropiar porque el bien no vendría a ser útil ni necesario para la colectividad. Se hizo un estudio puntual dentro de las coordenadas de la finca de la señora Cristina Musmanni y nunca se ha requerido dicho inmueble, no es que "ha variado " la necesidad, es que nunca existió esa necesidad. / El acuerdo de Junta Directiva que comprende el estudio hidrogeológico macro no hace referencia a ninguna propiedad en particular como para que se afirme que es una necesidad adquirir determinado inmueble o que "ha variado" su necesidad.” En lo anteriormente transcrito, subyace un aspecto probatorio. Es decir, la indebida valoración de elementos fácticos; por ende, de darse lo aseverado daría lugar a un quebranto por violación de normas sustantivas, en concreto, por error de derecho. Luego, a folio 12 afirman las recurrentes: “Aplicándose el mismo razonamiento de la sentencia por parte de AyA se "tendría que adquirir 72 kilómetros cuadrados" de la provincia de Limón, siendo a todas luces irrazonable y desproporcionado. […] Bajo este razonamiento el Estado y sus instituciones tendrían muchas propiedades ociosas, vulnerables a ser invadidas lo cual no es razonable desde ninguna óptica.” De lo transcrito, se determina que lo alegado configuraría otro motivo casacional por violación de normas sustantivas, en concreto, la causal prevista en el artículo 138 incido d): violación a los principios del Derecho constitucional. Asimismo, a folios 12 y 13, apuntan las casacionistas: “ Se desprende como parte de esta fundamentación de la sentencia, que el Tribunal dispuso de forma errada sin que la Sala ordenara como expresamente lo indica el Tribunal determinar el valor del terreno. […] Si esa era la posición del Tribunal de que se trataba de otro proceso, debió haber sido resuelto en su oportunidad, siendo siempre cuestionable lo resuelto, si ya existía una resolución de la Sala Primera, donde se le otorgaba la competencia del caso, viniendo de una instancia Superior, como lo es la Sala Primera.” Lo reseñado, de darse, implicaría el motivo de casación por violación a normas procesales previsto en ordinal 137 inciso 1) apartado i): contradicción a la cosa juzgada. Por otra parte, a folio 13, indican las casacionistas: “Es confusa la sentencia al indicar que "...este asunto merece un análisis muy particular pero a la vez breve ..." argumentando con poco análisis del caso, que se trata de una "ejecución de sentencia". Lo anterior crea confusión de acuerdo a lo desarrollado en todo el proceso judicial, incluso en las audiencias, afectando además fondos públicos, por el costo que generó el proceso.” Lo ahora indicado es ambiguo. Por un lado, al inicio se interpreta que se alega el vicio procesal de falta de motivación; sin embargo, cuando se indica que causa desconcierto según lo desarrollado en todo el proceso judicial, se entiende que se alude al material probatorio existente, lo que entrañaría un motivo casacional por violación de normas sustantivas.. En el último párrafo del folio 13 manifiestan las recurrentes: “Existe además violación a la normativa procesal por parte del Tribunal, al declarar en la audiencia de juicio, el caso "complejo" conforme al artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo, justificando el dictado de la sentencia dentro de los siguientes días y posteriormente en la sentencia, indicar que el asunto merece "...un análisis muy particular pero breve a la vez...", lo que provoca confusión al momento de motivar la sentencia.” Además de no explicarse cómo se “provoca confusión al momento de motivar la sentencia ”; distinto a lo alegado por las recurrentes, lo afirmado en la audiencia de juicio, en torno a la complejidad del proceso, a fin de contarse con más tiempo para emitir el respectivo fallo –canon 111 del CPCA- y lo expuesto en la sentencia en torno a que “el asunto merece un análisis muy particular pero breve a la vez”, no solo no configura contradicción alguna; sino, además, tampoco entraña causal de casación alguna. Como se indicó en el agravio anterior, la ambigüedad puesta en evidencia riñe con la técnica de la casación.

VI.En la tercera censura, primera por quebranto de normas sustantivas, folio 14, invocan las recurrentes transgresión a los principios de vinculación a la ciencia y la técnica y legalidad -artículos 119.1 y 138 incisos c) y d) in fine del CPCA- y, consecuentemente, de los numerales 11 y 16 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública –LGAP-. Ello por cuanto, dicen, el Tribunal no consideró ni aplicó lo dispuesto en el referido canon 16 inciso 1 de la LGAP, el cual establece la imposibilidad de emitirse actos contrarios a reglas univocas de la ciencia o de la técnica o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. En esta lite, indican, se está ante el ejercicio de una de las competencias de su representado, en cuanto a responsabilidad ambiental orientada a la protección del recurso hídrico, donde la aplicación del aludido principio de vinculación a la ciencia y a la técnica es un aspecto medular para la toma de decisiones. Postulado que, añaden, rige la materia ambiental, en tanto las decisiones administrativas, que pueden tener incidencia en el ambiente, requieren de un sustento técnico que las respalde y, en tal condición, limita y condiciona la discrecionalidad de la Administración en su actuar. En tal condición, exponen, limita y condiciona la discrecionalidad de la Administración en su actuar. Reproducen, en lo conducente, lo expuesto por la Sala Constitucional en los votos números 14293-05, 11562-06, 17126-06 y 12716-12. Al ICAyA, conforme su Ley constitutiva no. 2726, manifiestan, le corresponde la definición de las áreas de protección para abastecimiento poblacional de agua potable. Aún existiendo un voto de Sala Constitucional de expropiar, arguyen, le corresponde, mediante estudios técnicos puntuales, determinar cuál área se requiere para la protección, conforme a los principios de la ciencia y la técnica, donde ese mismo órgano judicial ha ratificado esa potestad que le asiste a su patrocinado. Copian, en lo de su interés, lo considerando por dicho órgano decisor en el fallo no. 2015-1487 de las 14 horas 30 minutos del 3 de febrero de 2015. Debido a lo anterior, explican, el ICAyA llevó a cabo el proceso de expropiación. Verificó los linderos, levantamientos topográficos, estudios ambientales que determinarían, puntualmente en la finca de la señora Musmanni, las condiciones y características de su propiedad. Mediante un criterio y estudio técnico de hidrogeólogos del Instituto, afirman, se concluyó que el inmueble objeto del proceso no se requiere. No existen afloramientos de cuerpos de agua que requieran de una protección directa y particular. Por ende, indican, no existe una causa de expropiación. Además, se ha indicado y reiterado que la propietaria podía disponer del bien. No obstante, objetan, se obliga al ICAyA a indemnizar, mediante el proceso de expropiación, un terreno el cual no va a satisfacer ningún interés público. Se vulnera, afirman, el canon 11 de la LGAP , al obligar al ICAyA a “continuar con un proceso de expropiación” que no contiene una causa “expropiandi”. El acto de “declaratoria de utilidad pública” que tendría que adoptar la Junta Directiva del Instituto, tal y como lo ordena el Tribunal, sería ilegal. Estaría contraviniendo dicha norma al “expropiar” un bien sin que exista un interés público que satisfacer tal y como lo establecen las Leyes de Expropiaciones números 6313 y 7495 y sus reformas; así como el numeral 45 de la Constitución Política. Aunado a lo anterior, prosiguen, el artículo 5 de la Ley no. 7495 y sus reformas, faculta al Estado y entes públicos a expropiar cuando el bien sea necesario para cumplir los fines públicos. Establece claramente cuándo expropiar; así como la condición de que el bien sea necesario para el “cumplimiento de un fin público”, el cual no existe. Lo que conllevaría a constituirse en un acto ilegal al no cumplirse con este precepto e ingresar esos bienes al patrimonio público mediante un proceso de expropiación. El acto administrativo donde se decreta la expropiación, agregan, debe ser motivado, indicando expresamente el interés público en que fundaría la adquisición del bien que se quiere expropiar. El precepto 7 de la LGAP, agregan, se quebranta al no considerarse principios generales del derecho y la jurisprudencia sobre la “causa expropiandi”. Además, en el caso del señor Jesús Sarquís, cuya propiedad se incluye en el mismo estudio técnico ambiental de la señora Musmanni y cuyos terrenos colindan y no se requieren para un fin público. En esta lite, expresan, a pesar de que la sentencia hace referencia al caso del señor Jesús Sarquís, no consideró el Tribunal lo expuesto en varias oportunidades sobre el voto 2013-13635 de la Sala Constitucional, el cual forma parte de la jurisprudencia reiterada tocante a la importancia de la motivación del acto expropiatorio y en el cual la Sala consideró que, al no existir una justificación técnica que ampare la declaratoria de interés público que se requiere para adquirir el terreno “[...] no resulta posible incoar el procedimiento de expropiación ordenado [...]”. Voto posterior al estudio técnico ambiental que incluyó ambas propiedades de la zona 6; además, concluyen, de reiterada jurisprudencia sobre el “interés legalmente comprobado”, que se exige en el proceso de expropiación, aunado a la importancia de los estudios técnicos del ente especializado que permiten definir el interés público en cada caso concreto y que debe prevalecer sobre el interés particular.

VII.En el agravio en estudio, las casacionistas insisten en su tesis, expuesta durante la tramitación del proceso, de que su representado, para poder expropiar un bien, requiere ajustarse al principio de “vinculación a la ciencia y a la técnica”. Por ende, resulta indispensable efectuar estudios técnicos puntuales para determinar el área a proteger y declarar el interés público. En este caso, según indican, del estudio técnico realizado se determinó que el bien de la actora no se requiere, al no existir afloramientos de cuerpos de agua que requieran de una protección directa y particular. En consecuencia, no existe una causa para expropiar. Por demás, señalan, la propietaria puede disponer del fundo. En resumen, indican, se obliga a su representado a expropiar una finca que no va a satisfacer ningún interés público.

VIII.Sobre el particular, y a efecto de tener un compresión cabal, es menester transcribir, en lo de interés y pese a su extensión, lo considerado por las personas juzgadoras. “IV. OBJETO DEL PROCESO Y POSICIÓN DE LAS PARTES: De acuerdo con las pretensiones de la parte actora, en síntesis, el objeto del proceso es que se ordene al AyA que se le expropie la finca del Partido de Limón 4844-000, por así haber sido ordenado por el Sala Constitucional en la sentencia 2010-11878, de las diez horas dieciocho minutos del nueve de julio de dos mil diez, lo cual no ha sido realizado por el Instituto, por lo que se ha venido dando una conducta omisiva de la Administración Pública. De igual forma solicita en forma subsidiaria, que en caso de determinarse la no procedencia de la expropiación, se le ordene al AyA, el pago de los daños y perjuicios por el plazo en que se mantuvieron vigentes las limitaciones a la propiedad. Por su parte el AyA ha venido sosteniendo que no procede la expropiación por haber variado la necesidad de hacerlo, de acuerdo con los estudios posteriores que se hicieron de la propiedad. / V. DEL FONDO DEL ASUNTO: Es criterio de este Tribunal que este asunto merece un análisis muy particular, pero a la vez breve, pues pese a lo indicado por la Sala Primera de Justicia, en la resolución 1366-C-S1-2014, en la que se declara la competencia de este Tribunal, en el fondo de lo que se trata es de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional, la [sic] ya mencionada 2010-11788, en la que se estableció, tanto en la parte considerativa como en la dispositiva, que al haberse vaciado el contenido del derecho de propiedad en la finca de la actora, no podía hablarse de limitaciones de la propiedad, sino de expropiación, por lo que se ordenó el inicio de los trámites del respecto [sic] procedimiento. Si bien la negativa ulterior del Instituto de cumplir con lo dispuesto por la Sala Constitucional es una omisión administrativa, es la sentencia la que encuadra el marco de acción, tanto del ente administrativo, como de los órganos jurisdiccionales en general y particularmente de este Tribunal. Es así, como ha de partirse de lo considerado por la mencionada Sala, para decidir el fondo de las pretensiones del proceso. A este efecto, se transcribe el fallo en lo que interesa: / Del anterior precedente jurisprudencial se desprende que el acto impugnado, es decir, las "recomendaciones" sobre el uso del suelo en la Zona 6, son limitaciones que vacían de contenido los atributos del derecho de propiedad de la amparada. En consecuencia, procede estimar el recurso formulado contra Acueductos y Alcantarillados, y ordenarle que realice el respectivo proceso de expropiación, de acuerdo con lo que la Sala ya ha resuelto para esta concreta situación. Asimismo, corresponde desestimarlo en relación con la Municipalidad accionada, dado que no dictó el acto recurrido. / Por tanto: / Se declara con lugar el recurso únicamente contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se ordena a Oscar [sic] Núñez Calvo, en su calidad de Presidente Ejecutivo de ese Instituto, o a quien ocupe ese cargo, dictar en forma inmediata las disposiciones e instrucciones correspondientes, para que se inicie el proceso legal de expropiación de la finca de la amparada, inscrita en el Registro Nacional, Partido de Limón, bajo la matrícula 00004844 OOP, a efecto de que se le indemnice de acuerdo con la ley. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no ¡a hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al pago de ¡as costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Notifíquese esta sentencia en forma personal a Oscar [sic] Núñez Calvo, en su condición dicha, o a quien ocupe ese cargo. Comuní q uese". (El resaltado no es del original). / La Sala llega a la anterior conclusión, en razón del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto en el artículo 6 inciso a) de la Sesión Ordinaria 2007-20, en el cual se oficializó el denominado "Estudio Hidrológico Y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón y la Actualización de la Zona de Protección DGAMB-2007-031'', en el cual se establecieron una serie de limitaciones para la zona 6, donde se encuentra ubicada la propiedad objeto de este proceso, que son las que se consideraron de naturaleza expropiatoria para la propiedad de la actora. La declaración hecha por la sentencia recién citada, establece un derecho a favor de la señora Musmanni Aguilar, así como una obligación en contra del Instituto, el primero de ser expropiada para que se le indemnice el valor de su propiedad, al haberse hecho nugatorio el ejercicio de su derecho. La obligación, por su parte, consiste en el inicio de los trámites de expropiación, para determinar el valor del terreno. Enfatiza en este último aspecto esta Cámara, pues lo ordenado por la Sala, al haber sido declarado el derecho de indemnización, no es a que se haga un nuevo estudio para determinar la procedencia de la expropiación, sino, se reitera, para establecer el valor por indemnizar. Cabe también recalcar que fueron las mismas actuaciones del Instituto, las que llevaron a la Sala a resolver en la forma ya señalada al haber dictado la resolución que estableció las limitaciones en esa zona. Erróneamente procedió el AyA al empezar a buscar justificaciones para no cumplir con lo ordenado, a pesar de que la Sala reiteró el contenido del voto en las resoluciones 2011-10632, de las diez horas cuarenta y seis minutos del doce de agosto de dos mil once, 2012-7395, de las quince horas cinco minutos del seis de junio de dos mil doce. Inclusive, en la resolución 2012-12723, de las nueve horas del catorce de setiembre de dos mil doce, en la que se declaró sin lugar una inejecución promovida por la señora Musmanni, pese a ello, la Sala le indicó al AyA que una vez que la gestionante cumpliera, debía iniciar con la expropiación. Por ello, reprocha esta Cámara las acciones del Instituto a través de sus funcionarios, de no ejecutar en un tiempo razonable y desconocer la autoridad y sacralidad de las decisiones de las resoluciones del Poder Judicial, en perjuicio del derecho de una administrada, lo cual se constituye en un ejercicio arbitrario y antidemocrático del poder público. Mientras la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no varíe su posición respecto a la situación planteada en un inicio por la señora Musmanni Aguilar, la obligación de las administraciones públicas es proceder en forma inmediata a su cumplimiento y no dejar que transcurran más de diez años, no solo de inactividad, sino de tratar de incumplir lo resuelto por la Sala, sin que este Tribunal pueda en forma alguna variar la sentencia en cuestión, que para esta Cámara constituye Cosa Juzgada Constitucional, para determinar una improcedencia de la expropiación sobreviniente, razón por la cual no se entran a analizar las pruebas ni los argumentos hechos por el Instituto en este sentido. Por ello, pese a lo apuntado anteriormente en cuanto a que no se trata de un proceso de conocimiento al estar ya declarado el derecho de la señora Musmanni Aguilar de ser expropiada por la Sala Constitucional, y estar las acciones y omisiones del AyA más relacionadas con la ejecución de un fallo, en acatamiento de lo dispuesto por la Sala Primera, se procede a acoger las pretensiones expropiatorias de la demanda interpuesta por la señora Musmanni Aguilar, sucedida por la sociedad Sarqu ís Dejuk S.A., en cuanto a ordenar la expropiación del Partido de Limón 48400-000, propiedad en la actualidad de la actora Sarquís Dejuk S.A. Por la forma en que se resuelve se omite pronunciamiento en cuanto a la pretensión subsidiaria de indemnización de las limitaciones impuestas. ” (Solo lo subrayado en discontinuo es suplido).

IX.Esta Cámara comparte el criterio del Tribunal, en el sentido de que esta lite, pese a lo expuesto por esta Sala en la resolución no. 1366-C-S1-2014 de las 9 horas 40 minutos del 23 de octubre de 2014, en donde declaró que el conocimiento de este proceso corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo, no es un procedimiento de conocimiento, pues, en esencia, se pretende ejecutar lo resuelto por la Sala Constitucional en su voto no. 2010-11878 de las 10 horas 18 minutos del 9 de julio de 2010, debido a la omisión del ICAyA, mediante el cual acogió el recurso de amparo interpuesto por la aquí actora en contra de ese ente, disponiendo, en lo de interés: “ Se ordena a Oscar [sic] Núñez Calvo, en su calidad de Presidente Ejecutivo de ese Instituto, o a quien ocupe ese cargo, dictar en forma inmediata las disposiciones e instrucciones correspondientes, para que se inicie el proceso legal de expropiación de la finca de la amparada, inscrita en el Registro Nacional, Partido de Limón, bajo la matrícula 00004844 OOP, a efecto de que se le indemnice de acuerdo con la ley. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. […]”. (Lo resaltado y subrayado es del original). De igual manera, se prohija lo indicado en el sentido de que, en dicho voto, se establece un derecho a favor de la señora Musmanni Aguilar y, como contra partida, un deber para el ente demandado. A doña Cristina se le confiere el derecho a ser expropiada, a fin de ser indemnizada al vaciársele el contenido esencial de su propiedad. Por su parte, el ICAyA debe iniciar el proceso expropiatorio, entiéndase, valorar dicha finca. Como bien se indica en la sentencia recurrida, la Sala Constitucional, distinto a lo alegado por las recurrentes, no ordena efectuar los estudios respectivos para determinar la procedencia de la expropiación. Lo dispuesto por dicha Cámara es determinar el valor del inmueble afectado. De igual manera, es acertada la posición de las personas juzgadoras, lo cual no fue combatido por las casacionistas, tornándose fútil lo argumentado en el agravio de mérito a efecto de quebrar el fallo impugnado, en el sentido de que en el tanto la Sala Constitucional no varíe su posición externada en dicho voto (aspecto que así fue establecido en el único hecho no probado, al indicarse: “ Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia haya variado los alcances del de la [sic] resolución 201 [sic] -11878 de las diez horas dieciocho minutos del nueve de julio de dos mil diez.”) la obligación del ICAyA es proceder, en forma inmediata, a su cumplimiento, no dejar pasar el tiempo sin actuar conforme a lo decidido. Asimismo, lo cual tampoco fue impugnado, lleva razón el Tribunal al hacer ver la imposibilidad de variar lo resuelto por dicha Cámara -por estar revestido, como lo indican los doctrinarios procesalistas, de la “loza sepulcral” de la cosa juzgada, en este caso, constitucional- deviniendo improcedente, por lo tanto, como lo pretende la parte demandada, determinar la eventual procedencia de la expropiación ordenada en sede constitucional. Esto quedó en evidencia por la propia Sala Constitucional en el voto no. 2011-10632 de las 10 horas 46 minutos del 12 de agosto de 2011, al acoger la gestión de desobediencia formulada por la señora Musmanni Aguilar en contra del presidente del ICAyA por no ejecutar lo resuelto en el fallo no. 2010-11878, en donde dispuso: “Se acoge la gestión de desobediencia formulada. En consecuencia, se le reitera a Oscar [sic] Núñez Calvo, en calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, proceda al íntegro cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia 2010011878 de las 10:18 horas del 09 de julio de 2010, bajo la advertencia de testimoniar piezas al Ministerio Público para que se investigue el delito de desobediencia.” Corolario, además de compartirse lo resuelto por el Tribunal, al no combatirse en debida forma los fundamentos esgrimidos por las personas juzgadoras, se insiste, lo recriminado por las casacionistas en el reproche en estudio resulta anodino a efecto de variar lo resuelto.

X.En el cuarto reparo, segundo por quebranto de normas sustantivas, folio 16, invocan las recurrentes quebranto, por desaplicación, de los preceptos 1, 5 de la Ley de Expropiaciones no. 7495 y sus reformas; 1 de la Ley de Expropiaciones no. 6313, los cuales concretan la potestad expropiatoria establecida el canon 45 de la Constitución Política. Se conculca dicha normativa, indican, al desconocerse que debe existir una “causa expropiandi” que justifique la expropiación del inmueble; así como un interés público legalmente comprobado, lo cual en el caso concreto no existe. El bien afecto a la expropiación debe ser necesario para el cumplimiento de los fines públicos. Conforme al estudio técnico puntual, manifiestan, realizado en la propiedad de la señora Musmanni, como lo han reiterado, se concluyó que no es de interés ya que no existen afloramientos de agua que proteger. Prueba de ello, señalan, es que en el mismo estudio de la UEN Gestión Ambiental se concluyó que no existen dichos afloramientos. Se incluyó la propiedad conforme al plano 7-1615160-2012 del señor Jesús Sarquís, colindante con la de la señora Musmanni ubicada en la zona 6. En este caso, apuntan, citado en la sentencia, al no existir una causa expropiandi, la Sala Constitucional, mediante voto 2013-13635 de las 14 horas 30 minutos del 15 de octubre de 2013, tal y como lo expusieron al Tribunal, consideró que, al no existir justificación técnica que ampare la declaratoria de interés público requerida para adquirir el terreno “[...] no resulta posible incoar el procedimiento de expropiación ordenado [...]". Razón por la cual, agregan, en el mismo voto, ordenó a su patrocinado “[...] disponer lo necesario a efecto que se indemnice a Jesús Sarquís Dejuk por las limitaciones que sufrió el inmueble en su propiedad, inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo el sistema de Folio Real del Partido de Limón matrícula 00112374-001 [...]”. El objeto de la expropiación, exponen, no está en los bienes, sino en la situación que motiva la sustracción del patrimonio privado, por esa obligación de satisfacer las necesidades o cumplir con la “causa expropiandi”. El Tribunal no consideró, arguyen, que al no existir una “causa expropiandi” se vulnera el artículo 16 de la Ley de Expropiaciones, por cuanto, al obligar a su representado a expropiar el terreno sin cumplir ningún fin público, se estaría generando, de previo, la necesidad de la retrocesión del bien. El Tribunal, exponen, sustentó el hecho probado no. 24 en la prueba ofrecida por el Instituto, referente al informe técnico ambiental que anexado mediante documento SUB-G-AID-UEN-PyC-2013-1123 del 2 de setiembre de 2013, por la UEN Gestión Ambiental de AyA. En ese informe, realizado por hidrogeólogos del Instituto, se determina que no se requiere el inmueble por no existir afloramientos de agua que requieran ser protegidos. Esto, concluyen, evidencia que el Tribunal, a pesar de considerarlo un hecho probado, crea confusión por la manera como resolvió.

XI.En el presente motivo de disconformidad, las recurrentes no cuestionan los fundamentos esgrimidos por las personas juzgadoras a efecto de acoger la demanda interpuesta. Insisten en la existencia de un estudio técnico, elaborado por el ICAyA con posterioridad a la sentencia de la Sala Constitucional, en donde se concluye que el bien en litigio no resulta de interés para la institución; pero sin engarzar su dicho con la sentencia cuestionada. En consecuencia, al no combatirse los argumentos brindados por el Tribunal en el fallo cuestionado, lo alegado por las recurrentes se torna fútil a efecto de quebrar lo decidido .

XII.En el quinto y último agravio, tercero por violación de normas sustantivas, folio 17, alegan las casacionistas quebranto del precepto 45 de la Constitución Política, el cual establece la expropiación por interés público legalmente comprobado; lo cual, según indican, en el caso de la propiedad de la señora Cristina Musmanni Aguilar, se comprobó, mediante un estudio técnico hidrogeológico que no existe y, aún con este criterio, en la sentencia no se analiza, ni se valora este aspecto que determina la expropiación. De igual manera, anotan, se transgrede, el canon 49 íbid, en razón de que la Jurisdicción Contencioso Administrativa no está garantizando la legalidad de la función administrativa, al obligarse a expropiar un terreno sin que exista interés público que satisfacer. El control de constitucionalidad y legalidad, afirman, no solo vincula a la Administración, sino también a las personas juzgadoras, para que se cumpla con la valoración de legalidad. También se conculca, apuntan, el principio del debido proceso, dentro del cual se inscribe el de “legalidad y razonabilidad” de toda resolución jurisdiccional, según los fallos 300-90 y 1739-92 de la Sala Constitucional. Dicha Cámara, sostienen, reconoció el principio íntimamente relacionado de “sentencia justa y la exigencia de motivación de toda resolución jurisdiccional”. Según ha indicado “[...] la debida fundamentación de la sentencia es un contenido esencial del debido proceso [...]”. Aluden a los votos números 1739-92 y 923-94. En esta lite, manifiestan, se evidencia la violación a este principio, ya que el Tribunal, debiendo acatar lo dispuesto por esta Sala en la resolución no. 1366-C-S1-2014 de las 9 horas 40 minutos del 23 de octubre de 2014, sin entrar a analizar aspectos de legalidad, sin motivar y de una manera confusa, argumentó que se trata de otro proceso: “ejecución de sentencia”, lo cual ya había sido resuelto en su oportunidad. Se obtiene, anotan, como resultado, una sentencia sin motivación. Se reconoció en el fallo, dicen, una supuesta afectación concreta a la propiedad de la señora Musmanni, actualmente de la sociedad Sarquís Dejuk, sin que conste en autos una sola prueba que demuestre que su patrocinado le hubiese impedido hacer uso de su inmueble; por el contrario, se le ha manifestado a la actora que puede disponer de su bien inmueble. Es deber del Juzgador, aseveran, lo cual ha reconocido esta Sala, analizar las incidencias y cuestiones de fondo planteadas por las partes, que permitan motivar la sentencia. Asimismo, añaden, se violenta el principio de legalidad, al ordenar a su poderdante “expropiar” el terreno de la actora sin que medie, como lo han reiterado, una causa expropiatoria; más bien, agregan, con un criterio técnico del área técnica especializada se establece puntualmente que dicho terreno no se requiere. Su patrocinado, indican, debe actuar dentro de un marco de legalidad, tal y como se establece en la norma constitucional número 11 y el canon 11 de la LGAP. Dicho precepto constitucional, comentan, prevé que los actos de la Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que significa el sometimiento a la Constitución, a la ley y a otras normas del ordenamiento, ligado al “principio de juridicidad de la Administración Pública”. Se violentan esos principios al no obedecer las normas (preceptos 45 de la Constitución Política; 1, 5 de la Ley no. 7595 y sus reformas; 1 de la Ley no. 6313). La declaratoria de utilidad pública, afirman, violaría el principio de legalidad. En su criterio, los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad también son quebrantados. No se analiza en sentencia, anotan, que el propietario puede disponer de su bien inmueble, como se ha reiterado; sin embargo, alegan, bajo el argumento de encontrarse en zona 6, no resulta proporcional, sin un estudio puntual de cada finca que determine si existe una afectación directa o no, obligar a su poderdante a adquirir 47.000 metros cuadrados, por encontrarse dentro de un estudio macro. El ICAyA, indican, inició el proceso de expropiación y, mediante un estudio hidrogeológico, se determinó que no existe un interés público que satisfacer. Se convierte en un argumento fuera de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, concluyen, argumentar que, por encontrarse en una zona de estudio macro, como son 72 kilómetros cuadrados, deba expropiarse un terreno sin considerar criterio técnico como ente especializado en la materia.

XIII.En el presente agravio, las recurrentes, al igual que sucedió en los dos anteriores, omiten combatir los fundamentos esgrimidos por el Tribunal a efecto de acoger la demanda interpuesta. Esto, como se ha indicado, torna fútil lo señalado a efecto de quebrar el fallo cuestionado. Por otro lado, y a mayor abundamiento de razones, las casacionistas invocan varias hipótesis disímiles, pero, por la manera como se estructura la objeción, inseparables entre sí. Aducen transgresión de normas sustantivas por violación indirecta, al no haberse analizado ni valorado el estudio técnico hidrogeológico. También, invocan quebrantos a normas procesales, al señalar la transgresión del principio del debido proceso y la falta de motivación del fallo. De igual manera, arguyen la violación de principios constitucionales –legalidad, razonabilidad y proporcionalidad-. Como ya se indicó, dicha ambigüedad riñe con la técnica de la casación.

XIV.En mérito de las razones apuntadas, ante la evidente omisión en combatir de manera sistemática y específica los fundamentos de la resolución recurrida, no con simples y genéricas disconformidades de criterio, los anteriores reclamos resultan insuficientes para generar la revisión del fallo controvertido en esta sede al carecer de fundamentación jurídica, por lo que se impone el rechazo de plano del recurso interpuesto (numeral 140 inciso c) del CPCA).

POR TANTO

Se rechaza de plano el recurso interpuesto.mjiménez Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vilchez Yazmín Aragón Cambronero Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *8H0Y47747QWBY61*

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Water Law — Sources, Setbacks, and ConcessionsLey de Aguas — Fuentes, Retiros y Concesiones
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley de Expropiaciones No. 7495 Arts. 1, 5
    • Ley de Expropiaciones No. 6313 Art. 1
    • Constitución Política Art. 45
    • Código Procesal Contencioso Administrativo Art. 139 inciso 3), Art. 140 inciso c)

    Spanish key termsTérminos clave en español

    News & Updates Noticias y Actualizaciones

    All articles → Todos los artículos →

    Weekly Dispatch Boletín Semanal

    Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

    ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

    One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

    Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
    Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

    Stay Informed Mantente Informado

    Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

    Email Updates Actualizaciones por Correo

    Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

    Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

    WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

    Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

    Join Channel Unirse al Canal
    Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
    🙏