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Res. 00572-2016 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 09/06/2016
OutcomeResultado
The First Chamber denies the nullity appeal against the arbitral award, confirming the tribunal's jurisdiction, that the award was rendered within the regulatory deadline, and that there was no due process violation.La Sala Primera declara sin lugar el recurso de nulidad contra el laudo arbitral, confirmando la competencia del tribunal, que el laudo se dictó dentro del plazo reglamentario y que no hubo violación al debido proceso.
SummaryResumen
The First Chamber of the Costa Rican Supreme Court hears a nullity appeal against an arbitral award from the Chamber of Commerce's Conciliation and Arbitration Center. The underlying case involves Canadian buyers who purchased shares in Horizon Lounge S.A. with the intent to obtain usufruct rights over a villa in Guanacaste, only to discover that the property did not exist as represented, that it was held in trust as collateral for a personal loan by the seller's spouse, and that the company faced administrative and environmental proceedings because the villas were built without permits and within a protected area, risking demolition. The arbitral tribunal dismissed the buyers' claim for damages and granted the seller's counterclaim for the balance of the purchase price. On appeal, the Chamber rejects the nullity motion: it confirms the existence of an arbitration agreement and the tribunal's jurisdiction, that the award was rendered within the regulatory deadline, and that the challenge to the evidentiary assessment does not amount to a due process violation. The decision does not address the environmental merits, but the context reveals serious irregularities in the construction of a tourism development in a protected area and ongoing administrative proceedings before the Municipality of Carrillo and the Environmental Administrative Tribunal.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoce un recurso de nulidad contra un laudo arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. El caso subyacente involucra a compradores canadienses que adquirieron acciones de Horizon Lounge S.A. con el fin de obtener usufructo de una villa en Guanacaste, pero luego descubrieron que la finca no existía como se les representó, que estaba en fideicomiso por un préstamo personal del cónyuge de la vendedora, y que la sociedad enfrentaba procesos administrativos y ambientales porque las villas se construyeron sin permiso y dentro de una zona protegida, con riesgo de demolición. El tribunal arbitral rechazó la demanda de los compradores por daños y perjuicios y acogió la reconvención por el saldo del precio. En casación, la Sala desestima el recurso: confirma que hubo convenio arbitral y que el tribunal era competente, que el laudo se dictó dentro del plazo reglamentario, y que el reclamo sobre valoración probatoria no constituye violación al debido proceso. La sentencia no se pronuncia sobre el fondo ambiental, pero el contexto revela graves irregularidades en la construcción de un desarrollo turístico en zona protegida y procesos administrativos ante la Municipalidad de Carrillo y el Tribunal Ambiental Administrativo.
Key excerptExtracto clave
IV.- Regarding the deadline for the award. The parties did not establish such a deadline but agreed to resolve their dispute before the Arbitration Center of the Chamber of Commerce of Costa Rica. Furthermore, in Resolution No. 1 at 9:30 a.m. on September 23, 2014, it was indicated: “The Tribunal shall conduct the proceedings guided by the Rules...” (Volume II, folio 515) and neither party raised any objection. Therefore, it must be accepted that they submitted to the rules of the Center, specifically the Arbitration Rules, by choosing that alternative dispute resolution mechanism. Article 21, paragraph 5) of said rules provides: “The maximum period for issuing an award is one hundred fifty-five business days, counted from the notification of the demand to all parties.” Consequently, if the notification of the demand was made to the parties by email on December 2, 2014 (Volume II, folio 632), the Center's Directorate reported that the offices would be closed: from 5:00 p.m. on Friday, December 12, 2014, until 8:30 a.m. on Tuesday, December 16, 2014 (folio 629); from 12:00 p.m. on Friday, December 19, 2014, until 8:30 a.m. on Monday, January 5, 2015 (folio 616); from 5:00 p.m. on Friday, March 27, 2015, until 8:30 a.m. on Monday, April 6, 2015 (folio 1181), so those periods did not count. The Tribunal rendered the award on July 27, 2015 (Volume III, folios 1400-1454), which means that 152 business days elapsed from the notification of the demand. Therefore, since the period of 155 business days established in the Rules was not exceeded, it cannot be accepted that the award was rendered outside the deadline; consequently, this challenge must be dismissed.IV.- Sobre el plazo para laudar. Las partes no establecieron ese plazo, pero acordaron resolver su diferencia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Además, en la resolución no. 1 de las 9 horas 30 minutos del 23 de setiembre de 2014, se indicó “El Tribunal dirigirá el proceso guiado por el Reglamento…” (tomo II, folio 515) y las partes no expresaron objeción alguna. Por ende, debe admitirse se sometieron a la reglas del Centro, concretamente, al Reglamento de Arbitraje al elegir esa forma de solución alterna de conflictos. Dicho reglamento en su artículo 21 inciso 5) dispone, “El plazo máximo para laudar es de ciento cincuenta y cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la demanda a todas las partes.” En consecuencia, si el traslado de la demanda se notificó a las partes por medio de correo electrónico el 2 de diciembre de 2014 (tomo II, folio 632). La Dirección del Centro comunicó que las oficinas estarían cerradas: a partir de las 17 horas del viernes 12 de diciembre de 2014 hasta las 8 horas 30 minutos del martes 16 de diciembre de 2014 (folio 629); de las 12 horas del viernes 19 de diciembre de 2014 hasta las 8 horas 30 minutos del lunes 5 de enero de 2015 (folio 616); de las 17 horas del viernes 27 de marzo de 2015 hasta las 8 horas 30 minutos del lunes 6 de abril de 2015 (folio 1181), por lo que no correrían los plazos. Y el Tribunal dictó el laudo el 27 de julio de 2015 (tomo III, folios 1400-1454), es decir, transcurrieron 152 días hábiles a partir de la notificación de la demanda. Por ende, al no haberse excedido el plazo de 155 días hábiles estipulado en el Reglamento, no puede admitirse que el laudo haya sido dictado fuera del plazo, en consecuencia, el cargo deberá rechazarse.
Pull quotesCitas destacadas
"La existencia del acuerdo arbitral no permite discusión alguna, si bien su redacción no es clara, porque alude tanto a los tribunales comunes como a la conciliación y al arbitraje, lo cierto es que permite colegir que las partes estuvieron de acuerdo en acudir a los medios de resolución alterna de conflictos para dilucidar los conflictos suscitados con ocasión del referido contrato."
"The existence of the arbitration agreement leaves no room for discussion. Although its wording is unclear, referring both to ordinary courts and to conciliation and arbitration, it can reasonably be inferred that the parties agreed to resort to alternative dispute resolution methods to settle conflicts arising from said contract."
Considerando III
"La existencia del acuerdo arbitral no permite discusión alguna, si bien su redacción no es clara, porque alude tanto a los tribunales comunes como a la conciliación y al arbitraje, lo cierto es que permite colegir que las partes estuvieron de acuerdo en acudir a los medios de resolución alterna de conflictos para dilucidar los conflictos suscitados con ocasión del referido contrato."
Considerando III
"El plazo máximo para laudar es de ciento cincuenta y cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la demanda a todas las partes."
"The maximum period for issuing an award is one hundred fifty-five business days, counted from the notification of the demand to all parties."
Considerando IV
"El plazo máximo para laudar es de ciento cincuenta y cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la demanda a todas las partes."
Considerando IV
"El último motivo deberá denegarse, ya que no corresponde a la violación del principio del debido proceso, sino a un tema de índole probatorio, ajeno a las causales taxativas de nulidad dispuestas en el precepto 67 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social."
"The last ground must be dismissed, as it does not constitute a violation of due process but rather a matter of evidence, unrelated to the exhaustive grounds for nullity set forth in Article 67 of the Law on Alternative Dispute Resolution and the Promotion of Social Peace."
Considerando V
"El último motivo deberá denegarse, ya que no corresponde a la violación del principio del debido proceso, sino a un tema de índole probatorio, ajeno a las causales taxativas de nulidad dispuestas en el precepto 67 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social."
Considerando V
Full documentDocumento completo
*150002010004AR* Res. 000572-F-S1-2016 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours thirty minutes on June ninth, two thousand sixteen.
Appeal for annulment (recurso de nulidad) of the award rendered in the arbitration proceeding filed before the Conciliation and Arbitration Center of the Chamber of Commerce of Costa Rica by MAUREEN LOUISE LAFORGE, Canadian national, occupation not indicated, resident of Canada, SCOTT CLAYTON LAFORGE, Canadian national, hotel manager, resident of Canada, both represented by their general agent (apoderado generalísimo), Jimmy Rodríguez Montero, resident of Guanacaste; against SANDRA BATEMAN, businesswoman, resident of Guanacaste, represented by her special judicial agent (apoderado especial judicial) María Lourdes Delgado Lobo, divorced, attorney, resident of Guanacaste. The special judicial agents for the defendant include Rodrigo Atmetlla Molina. The individuals are of legal age, and with the exceptions noted, married, attorneys, residents of San José.
WHEREAS
1.- Based on the facts on which they showed agreement and disagreement, respectively, the plaintiffs appear before the Arbitral Tribunal, so that the award declares: “…what clause EIGHT stipulates: “The assignor-endorser expressly acknowledges that the stipulations made to the assignees-endorsee (sic) in this contract, have been the basis (sic) that has led the parties to enter into this contract, and that for the same reason the assignor-endorser accepts in advance to pay as conventional penalty (pena convencional) to the assignees-endorsees the sum corresponding to the damage caused, or up to the actual market value of the total price of the shares, in the event that any of the declarations and guarantees granted by the assignor-endorser are or prove to be in the future, false or incorrect and that this causes harm to the assignees-endorsees. Such situations has (sic) caused us substantial moral damage because due to all the inconveniences and time we had to invest to elucidate what is stated in this request, it has cost even Scout his job where he earned enough to live comfortably, but now we had to adjust our way of life because we had to live in a mobile home, because my husband's job included a dwelling. Our anguish is enormous, because we invested our savings in the purchase of the supposed villa and we have nowhere to get more, even my husband has to take medication for high blood pressure. We cannot live peacefully because we wanted to change our residence to Costa Rica, but our stay in Costa Rica has been one of anguish, pain, anxiety, uncertainty and fear, paradoxical since this country boasts a beauty of peace. Regarding material damage: March 2013 plane ticket and vehicle rental, taking into account only 66 percent that I spent working on this case in the sum of $3027.00. For translation expenses the sum of 700 dollars. In May regarding hotel and plane ticket and meals on the trip $1395.00; transportation in Costa Rica for seven days $525.00. Translation services 300 dollars. In August the flight $1089.00; transportation service in Costa Rica $3000.00 for 40 days. Translation services 1500 dollars. All these expenses were made (sic) by me due to the option to purchase-sale deed with false data and to file the respective criminal complaints and to investigate the administrative process (sic) and for meetings with the lawyer I hired for all these needs. Payments made (sic) to Mr. Roberto Quirós through a NON OFFICIAL and unstamped invoice, in the sum of $1250.00. Fee I had to pay for the release of the property to Horizon Lounge S.A. $1100.00. Photocopies for shareholders' meeting and other needs- (sic) $235.00. Calls from Canada (sic) since December 2012 $196.00. There are still more expenses that we must pay because there are open administrative processes that are likely to generate million-dollar expenses to finish them. In addition to recent expenses and everything amounts to ONE HUNDRED TWELVE THOUSAND DOLLARS (sic). There is a close relationship between the violations of clauses 3 and 4 of the contract, which were determining factors for signing the contract, because had we found out about the problems the company was facing we would not have done the deal and the damages caused. In addition to the above, there is a real possibility of demolishing Villas, there are real possibilities of a million-dollar payment for environmental damage, million-dollar expenses in experts, lawyers for the processes.” 2.- The agent of the defendant responded negatively and raised the defense (excepción) of lack of right.
3.- The defendant filed a counterclaim against the plaintiffs, so that the judgment declares: “1. That the counterclaim defendants be obliged to pay the entire owed balance of principal, interest and costs of this process within a peremptory period of thirty calendar days. 2. In case of non-compliance with the above, the counter-defendants must vacate villa 16, and the Board of Directors (sic) of Horizon Lounge S.A. must be notified of said situation so that the replacement of the share certificate proceeds, in accordance with the provisions of the Contract, clause (sic) 12, the related Contract thus being rescinded. 3. Likewise, they must be ordered to pay both costs of this process.-” 4.- The agent of the counterclaim defendants responded negatively and raised no exceptions.
5.- The Arbitral Tribunal of the Conciliation and Arbitration Center of the Chamber of Commerce of Costa Rica, composed of the Arbitrators Fabio Guerrero Díaz, Walter Niehaus Bonilla and Alejandro Delgado Faith, in the award rendered at 11:00 hours on July 27, 2015, ordered: “…a. All claims brought by MAUREEN LOUISE LAFORGE and SCOTT CLAYTON LAFORGE are dismissed. b. The defense of lack of right raised by SANDRA BATEMAN is granted (sic). c. The counterclaim filed by SANDRA BATEMAN against MAUREEN LOUISE LAFORGE and SCOTT CLAYTON LAFORGE is granted, accepted in these terms: d. By virtue of the non-compliance and lack of payment of the price of share certificate number one hundred and six, MAUREEN LOUISE LAFORGE and SCOTT CLAYTON LAFORGE must pay SANDRA BATEMAN the sum of sixty-four thousand three hundred ninety-four dollars (sic) twenty-four cents (US$64,394.24), legal tender in the United States of America to complete the total purchase price of share certificate number one hundred and six of the company named Horizon Lounge Sociedad Anónima, e. MAUREEN LOUISE LAFORGE and SCOTT CLAYTON LAFORGE must pay SANDRA BATEMAN default interest at five percent annually on the sum of sixty-four thousand three hundred ninety-four dollars (sic) twenty-four cents (US$64,394.24), legal tender in the United States of America, calculated from July nineteenth, two thousand thirteen to January sixth, two thousand fifteen in the sum of four thousand seven hundred thirty-six dollars (sic) ninety-five cents (US$7,736.95), legal tender in the United States of America. f. Starting from the day after this award is notified, the counterclaim defendants MAUREEN LOUISE LAFORGE and SCOTT CLAYTON LAFORGE have a period of thirty calendar days to pay SANDRA BATEMAN the amounts of principal and interest that this award declares as owed. g. Once the period of thirty calendar days counted from the issuance of this award has expired without (sic) MAUREEN LOUISE LAFORGE and SCOTT CLAYTON LAFORGE having paid the amount of principal and interest, the counterclaimant Sandra Bateman may apply to the administration of Horizon Lounge to have share certificate number one zero six cancelled and registered (sic) in the SHAREHOLDERS' Register with SANDRA BATEMAN as the new holder of the certificate issued. h. The personal, procedural costs and expenses of the arbitration process, both for the claim and the counterclaim, are charged to the losing party, the plaintiffs-counterclaim defendants MAUREEN LOUISE LAFORGE and SCOTT CLAYTON LAFORGE… 2. Payment of the ordered sums as well as the registration in the Shareholders' Register of Horizon Lounge Sociedad Anónima shall be fulfilled in the ordered terms. 3. In relation to the requested eviction (desalojo), according to what was judged, the counterclaim defendants (sic) MAUREEN LOUISE LAFORGE and SCOTT CLAYTON LAFORGE and any other occupant of villa sixteen must vacate it immediately after the period of thirty calendar days has elapsed without having paid (sic) the principal and interest. If they do not do so, the defendant-counterclaimant SANDRA BATEMAN is entitled to resort to the administrative eviction channel or to the enforcement procedure in the jurisdictional courts, as deemed appropriate…” 6.- The representative of the plaintiff party filed an appeal for annulment against the arbitration award.
7.- In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of the law have been observed. The alternate magistrate Vargas Vargas participates in the decision of this matter.
Judge Molinari Vílchez writes.
CONSIDERING
I.- According to the record, on July 16, 2014, Mrs. Maureen Louise Laforge and Mr. Scott Clayton Laforge filed an arbitration claim against Mrs. Sandra Bateman before the Conciliation and Arbitration Center of the Chamber of Commerce of Costa Rica. They state that on February 15, 2013, they signed a contract called “Contract of Assignment, Nominative Endorsement and Definitive Transfer of Company Shares,” with Mrs. Sandra, where they established that HORIZON LOUNGE S.A. was the owner of property 500129304 and that they were acquiring share certificate no. 16 of said company, which gave them the right to the usufruct of villa no. 16, for which they paid $71,650.00 and the balance of $69,570.98 would be paid in 172 consecutive monthly installments, starting from March 18, 2013. However, upon requesting the plan for said villa, they realized that the property number indicated in the contract and the plan did not exist; that said company had a property that was in a trust agreement (fideicomiso) in the name of FIDUCIARIA CUSCATLÁN, guaranteeing a personal loan of Mr. Garth, husband of Mrs. Sandra. Furthermore, they found out that an administrative proceeding was being followed against HORIZON LOUNGE S.A. in the Municipality of Carrillo because it did not have a permit for the construction of the villas and another process was being processed before the Environmental Tribunal because some of the villas were built within a protected zone and demolition was requested. By virtue of the foregoing and as what was sold were shares of the company and not a villa as offered, they request: compliance with the provisions of clause eight which establishes the payment of a conventional penalty to the assignees endorsees for the damage caused, which they quantify at $112,000.00 for moral and material damage; as well as both costs. The special agent of the defendant responded negatively, raised the defense of lack of right and filed a counterclaim to oblige the defendants to pay the entire owed balance within a peremptory period of 30 calendar days; in case of non-compliance, they must vacate villa no. 16 and notify the Board of Directors of HORIZON LOUNGE S.A. so that the replacement of the share certificate proceeds in accordance with the contract, the contract thus being rescinded; the payment of both costs. The agent of the counterclaim defendant plaintiff party responded negatively. The Tribunal accepted the defense of lack of right. It dismissed the claim. It upheld the counterclaim in the following terms: it ordered the counterclaim defendants to pay Mrs. Bateman the sum of $64,394.24 to complete the total purchase price of share certificate no. 16 of the company HORIZON LOUNGE S.A.; as well as default interest at 5% annually on said sum, calculated from July 19, 2013 to January 6, 2015, in the sum of $4,736.95 and both costs. It granted a period of 30 calendar days to pay the indicated amounts.
II.- The “judicial agent” of the plaintiff party files an appeal for annulment. They allege the following grounds: First, lack of jurisdiction of the Tribunal to resolve the dispute. They base this ground on two arguments, on one hand, they allude that clause sixteen of the contract is unclear, because it establishes that in case of conflict the parties may go to the ordinary courts, to conciliation or to arbitration. A situation, they affirm, the Tribunal acknowledged in point 47 of the award where it stated, “we see from the clause that there is a contradiction, on one hand it says that any dispute regarding the application of the contract will be resolved by the ordinary Courts, but on the other hand, in case of a conflict arising, the parties submit it to arbitration.” On the other hand, they state that prior to filing the arbitration process, a criminal complaint for estafa (fraud) was filed based on the facts serving as the basis for this claim, a situation made known to the Tribunal. Therefore, they consider that said decision-making body should have declared itself incompetent ex officio and referred the matter to the ordinary courts or suspended the arbitration process until the criminal process was resolved to avoid contradictory judgments. Second, the award was rendered outside the deadline. They mention that since no deadline was established for rendering the award and that the Arbitration Rules of the Conciliation and Arbitration Center of the Chamber of Commerce does not establish a deadline, the one-month deadline provided in article 151 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil, hereinafter CPC) should have been applied supplementarily. Said deadline, they warn, was amply exceeded, as the process lasted 150 days from the time the arbitration claim was served to the conclusion of the process; they add that 95 days elapsed between the issuance of the conclusions and the rendering of the award, a period they qualify as out of the ordinary. Third, violation of the principle of due process. They indicate that documentary proof was presented: copies of the pieces of the criminal process, the administrative process before the Municipality, depositions where the trust agreement was released, and a literal certification of the property of HORIZON LOUNGE S.A. to demonstrate when the process began and that Mrs. Sandra knew about it. They point out that the Tribunal admitted all the documentary evidence offered by the parties, however, the award lacks these pieces of evidence to substantiate it, evidencing a violation of due process which impacted the facts not proven.
III.- Regarding the jurisdiction of the Arbitral Tribunal. This is given by the parties when they sign an agreement establishing that disputes of an economic nature related to their contract or legal relationship be submitted to arbitration. In this case, the parties established, “CLAUSE SIXTEEN: This Contract has legal force in the Republic of Costa Rica, and any dispute regarding its application shall be resolved by the ordinary Courts of Costa Rica. However, in the event of a conflict regarding this contract the parties agree to resort to conciliation and arbitration, using for this purpose the Arbitration Center of the Chamber of Commerce of Costa Rica, the losing party having to bear the total cost of the conciliation or arbitration. Being in accordance with our will and understanding the obligations and rights mutually imposed [sic], we sign…” (volume I, folio 461). The existence of the arbitration agreement does not allow any discussion, although its wording is not clear, because it alludes to both the ordinary courts and conciliation and arbitration, what is certain is that it allows us to infer that the parties agreed to resort to alternative dispute resolution methods to elucidate the conflicts arising on the occasion of said contract. A situation confirmed by the appellant party when they chose to file an arbitration claim against Mrs. Bateman, which surprises this Chamber due to their novel argument. Furthermore, the defendant did not raise the defense of lack of jurisdiction, evidencing their consent to resolve the dispute through arbitration. Consequently, the lack of jurisdiction of the Tribunal based on the non-existence of the arbitration agreement will be rejected. On the other hand, regarding the mentioned criminal complaint, it should be noted that its filing does not imply the incompetence of the Arbitral Tribunal as the appellant wrongly assumes, since in that type of process what is discussed is whether or not a crime was constituted, a purpose different from what was discussed before the arbitration forum. Regarding the suspension of the arbitration process as provided in precept 202 of the CPC applied supplementarily, that discussion is unrelated to the issue of the jurisdiction of the arbitral body; therefore, the Chamber will not elaborate on its appropriateness. By virtue of the reasons indicated, the charge must be denied.
IV.- Regarding the deadline to render the award. The parties did not establish this deadline, but agreed to resolve their dispute before the Arbitration Center of the Chamber of Commerce of Costa Rica. Furthermore, in resolution no. 1 of 9 hours 30 minutes on September 23, 2014, it was indicated “The Tribunal will direct the process guided by the Regulations…” (volume II, folio 515) and the parties expressed no objection. Therefore, it must be admitted that they submitted to the rules of the Center, specifically, to the Arbitration Rules upon choosing that form of alternative dispute resolution. Said regulations in article 21, subsection 5) provide, “The maximum deadline to render the award is one hundred fifty-five business days, counted from the notification of the claim to all parties.” Consequently, if the service of the claim was notified to the parties via email on December 2, 2014 (volume II, folio 632). The Management of the Center communicated that the offices would be closed: from 17 hours on Friday, December 12, 2014, until 8 hours 30 minutes on Tuesday, December 16, 2014 (folio 629); from 12 hours on Friday, December 19, 2014, until 8 hours 30 minutes on Monday, January 5, 2015 (folio 616); from 17 hours on Friday, March 27, 2015, until 8 hours 30 minutes on Monday, April 6, 2015 (folio 1181), therefore the deadlines would not run. And the Tribunal rendered the award on July 27, 2015 (volume III, folios 1400-1454), that is, 152 business days elapsed from the notification of the claim. Therefore, since the deadline of 155 business days stipulated in the Regulations was not exceeded, it cannot be admitted that the award was rendered outside the deadline; consequently, the charge must be rejected.
V.- The last ground must be denied, since it does not correspond to a violation of the principle of due process, but rather to a matter of an evidentiary nature, unrelated to the exhaustive grounds for annulment established in precept 67 of the Law on Alternative Dispute Resolution and Promotion of Social Peace (Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social). In that sense, the appellant claimed that the admitted evidence was not used to substantiate the award.
VI.- Considering the reasons stated, the appeal for annulment will be declared without merit.
THEREFORE
The appeal for annulment is declared without merit.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vílchez Ana Isabel Vargas Vargas KARIAS 2 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:14:24.
Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA *150002010004AR* Res. 000572-F-S1-2016 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . San José, a las quince horas treinta minutos del nueve de junio de dos mil dieciséis.
Recurso de nulidad del laudo dictado en el proceso arbitral establecido ante la Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica por MAUREEN LOUISE LAFORGE, de nacionalidad canadiense, no indica ocupación, vecina de Canadá, SCOTT CLAYTON LAFORGE, de nacionalidad canadiense, administrador hotelero, vecino de Canadá, ambos representados por su apoderado generalísimo, Jimmy Rodríguez Montero, vecino de Guanacaste; contra SANDRA BATEMAN, empresaria, vecina de Guanacaste, representada por su apoderado especial judicial María Lourdes Delgado Lobo, divorciada, abogada, vecina de Guanacaste. Figuran como apoderados especiales judiciales, de la demandada, Rodrigo Atmetlla Molina. Las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades hechas, casados, abogados, vecinos de San José.
RESULTANDO
1.- Con fundamento en los hechos en que mostraron acuerdo y desacuerdo, respectivamente, acuden los actores ante el Tribunal Arbitral, a fin de que en laudo se declare: “…lo que establece la cláusula OCTAVA: “El cedente-endosante reconoce expresamente que las estipulaciones hechas a los cesionarios-endosatario (sic) en este contrato, han sido el fundamente (sic) que ha llevado a las partes a suscribir el presente contrato, y que por lo mismo el cedente-endosante acepta de antemano pagar como pena convencional a los cesionario-endosatarios la suma correspondiente al daño causado, o hasta el valor real de mercado del precio total de las acciones, en caso que alguna de las declaraciones y garantías otorgadas por el cedente-endosante sean o resulten ser en el futuro, falsas o incorrectas y que por ello cause un perjuicio a los cesionario-endosatarios. Tales situaciones nos ha (sic) provocado un daño moral cuantioso porque debido a todos los inconvenientes y tiempo que tuvimos que invertir para dilucidar lo que consta en este requerimiento, ha costado que hasta Scout perdiera su trabajo donde percibía lo suficiente para vivir cómodamente, pero ahora tuvimos que ajustar nuestro modo de vida porque tuvimos que vivir en una casa móvil, porque el trabajo de mi esposo incluía casa de habitación. Nuestra angustia es enorme, porque invertimos en la compra de la supuesta villa nuestros ahorros y no tenemos de donde sacar más, hasta mi esposo tienen que tomar medicamentos para la presión arterial. No podemos vivir tranquilamente porque queríamos cambiar la residencia a Costa Rica, pero nuestra estadía en Costa Rica ha sido de angustia, dolor, zozobra, incertidumbre y miedo, paradójico pues este país ostenta una hermosura de paz. En cuanto al daño material: Marzo del 2013 pasaje de avión y alquiler del vehículo, tomando en cuenta solamente un 66 por ciento que pasé trabajando en este caso en la suma de $3027.00. Por gastos de traducción la suma de 700 dólares. En mayo en cuanto a hotel y pasaje del avión y comidas en el viaje $1395.00; transportación en Costa Rica por siete días $525.00. Servicios de traducción 300 dólares. En agosto el vuelo $1089.00; servicio de transporte en Costa Rica $3000.00 por 40 días. Servicios de traducción 1500 dólares. Todos estos gastos fueron hechos (sic) mi persona debido a la escritura de opción de compraventa con datos falsos y para realizar las denuncias penales respectivas y para investigar sobre los proceso (sic) administrativos y para reuniones con el abogado que contraté para todos estos menesteres. Pagos realizados (sic) el licenciado Roberto Quirós a través de una factura NO OFICIAL ni timbrada, en la suma de $1250.00. Cuota que tuve que pagar para la liberación de la finca a Horizon Lounge S.A. $1100.00. Fotocopias para asamblea de socios y otros menesteres- (sic) $235.00. Llamadas de Canada (sic) desde de diciembre 2012 $196.00. Todavía existen más gastos que debemos pagar porque existen procesos administrativos abiertos que es probable que generen gastos millonarios para terminarlos. Además de gastos recientes y todo asciende a CIENTO DOCE MIL DOLARES (sic). Existe una estrecha relación entre las violaciones de las cláusulas 3 y 4 del contrato, que fueron determinantes para firmar el contrato, porque de habernos dado cuenta de los problemas que enfrentaba la sociedad no hubiésemos hecho el negocio y los daños ocasionados. Unido a lo anterior, existe la posibilidad real de demoler Villas, existen posibilidades reales de un pago millonario por daño ambiental, gastos millonarios en peritos, abogados por los procesos.” 2.- La apoderada de la parte demandada contestó negativamente e interpuso la excepción de falta de derecho.
3.- La demandada planteó reconvención en contra de los actores, para que en sentencia se declare: “1. Que se obligue a los reconvenidos al pago de la totalidad del saldo adeudado de capital, intereses y costas de este proceso en un plazo perentorio de treinta días naturales. 2. En caso de incumplimiento de lo anterior deberán los contrademandados desalojar la villa 16, y se deberá notificar a la Junta directiva (sic) de Horizon Lounge S.A. de dicha situación para que se proceda a la reposición del título accionario, conforme a lo establecido en el Contrato, clausula (sic) 12, quedando de esta forma rescindido el Contrato relacionado. 3. Así mismo deberá condenárseles al pago de ambas costas de este proceso.-” 4.- El apoderado de los actores reconvenidos contestó negativamente y no opuso excepciones.
5.- El Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, integrado por los Árbitros Fabio Guerrero Díaz, Walter Niehaus Bonilla y Alejandro Delgado Faith, en laudo dictado a las 11 horas del 27 de julio de 2015, dispuso: “…a. Se rechazan todas las pretensiones deducidas por MAUREEN LOUISE LAFORGE y SCOTT CLAYTON LAFORGE. b. Se declara (sic) lugar la excepción de falta de derecho opuesta por SANDRA BATEMAN . c. Se declara con lugar la reconvención interpuesta por SANDRA BATEMAN contra MAUREEN LOUISE LAFORGE y SCOTT CLAYTON LAFORGE acogiéndose en estos términos: d. En virtud del incumplimiento y falta de pago del precio del título accionario número ciento seis, MAUREEN LOUISE LAFORGE y SCOTT CLAYTON LAFORGE deben pagarle a SANDRA BATEMAN la suma de sesenta y cuatro mi trescientos noventa y cuatro dólares (sic) veinticuatro centavos (US$64.394,24), moneda de curso legal en los Estados Unidos de América para completar el precio total de compra del título accionario número ciento seis de la sociedad denominada como Horizon Lounge Sociedad Anónima, e. MAUREEN LOUISE LAFORGE y SCOTT CLAYTON LAFORGE deben pagarle a SANDRA BATEMAN los intereses moratorios al cinco por ciento anual sobre la suma de sesenta y cuatro mi trescientos noventa y cuatro dólares (sic) veinticuatro centavos (US$64.394,24), moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, contados desde el diecinueve de julio del año dos mil trece al seis de enero del año dos mil quince en la suma de cuatro mil setecientos treinta y seis dólares (sic) noventa y cinco centavos (US$7.736,95), moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. f. A partir del día siguiente de notificado el presente laudo, los reconvenidos MAUREEN LOUISE LAFORGE y SCOTT CLAYTON LAFORGE tienen el plazo de treinta días naturales para pagarle a SANDRA BATEMAN los montos de principal e intereses que este laudo declara como adeudado. g. Vencido el plazo de treinta días naturales contados a partir del dictado de este laudo son (sic) que MAUREEN LOUISE LAFORGE y SCOTT CLAYTON LAFORGE hayan cancelado el monto de principal e intereses, la reconventora Sandra Bateman podrá acudir a la administración de Horizon Lounge para que se anule el certificado de acciones número uno cero seis y se inscrita (sic) en el REGISTRO DE Accionistas como nuevo titular del título que se emita a SANDRA BATEMAN . h. Son las costas personales, procesales y gastos del proceso arbitral, tanto de la demanda como de la reconvención a cargo de la parte perdidosa, los demandantes-reconvenidos MAUREEN LOUISE LAFORGE y SCOTT CLAYTON LAFORGE… 2. El pago de las sumas condenadas así como la inscripción en el Registro de Accionistas de Horizon Lounge Sociedad Anónima se cumplirá en los términos condenados. 3. Con relación al desalojo solicitado, de acuerdo con lo juzgado, los demandaos revonvenidos (sic) MAUREEN LOUISE LAFORGE y SCOTT CLAYTON LAFORGE y cualquier otro ocupante de la villa dieciséis deben desocuparlo inmediatamente después de transcurrido el plazo de treinta días naturales sin hacer (sic) cancelado el principal y los intereses. Si así no lo hicieren, la demandada-reconventora SANDRA BATEMAN está legitimada para acudir a la vía del desalojo administrativo o al trámite de ejecución en los tribunales jurisdiccionales, conforme lo considere pertinente…” 6.- El representante de la parte actora interpuso recurso de nulidad contra el laudo arbitral.
7.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. Participa en la decisión de este asunto la magistrada suplente Vargas Vargas.
Redacta el magistrado Molinari Vílchez
CONSIDERANDO
I.- Conforme a los autos, el 16 de julio de 2014, la señora Maureen Louise Laforge y el señor Scott Clayton Laforge presentaron requerimiento arbitral a la señora Sandra Bateman ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Señalan, el 15 de febrero de 2013 suscribieron un contrato denominado “Contrato de Cesión, Endoso Nominativo y Traspaso Definitivo de Acciones de Sociedad”, con doña Sandra donde establecieron que HORIZON LOUNGE S.A . era propietaria de la finca 500129304 y que adquirían el certificado accionario no. 16 de la citada sociedad, el cual les daba derecho al usufructo de la villa no. 16, por lo que cancelaron $71.650,00 y el saldo de $69.570,98 lo pagarían en 172 mensualidades consecutivas, a partir del 18 de marzo de 2013. Sin embargo, al solicitar el plano de la citada villa, se percataron que el número de finca indicado en el contrato y el plano no existían; que la citada sociedad tenía una finca que estaba en un fideicomiso a nombre de FIDUCIARIA CUSCATLáN, garantizando un préstamo personal del señor Garth, esposo de doña Sandra. Además, se enteraron que en la Municipalidad de Carrillo se seguía un procedimiento administrativo contra HORIZON LOUNGE S.A. porque no contaba con permiso para la construcción de las villas y ante el Tribunal Ambiental se tramitaba otro proceso porque algunas de las villas fueron construidas dentro de una zona protegida y se solicitó demolerlas. En mérito de lo dicho y al resultar lo vendido dos acciones de la sociedad y no una villa como se les ofreció, solicitan: el cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula octava que establece el pago de una pena convencional a los cesionarios endosatarios por el daño causado, la cual cuantifican en $112.000,00 por el daño moral y material; así como ambas costas. La apoderada especial de la demandada contestó negativamente, opuso la excepción de falta de derecho y presentó reconvención para que se obligue a los demandados al pago de la totalidad del saldo adeudado en un plazo perentorio de 30 días naturales; en caso de incumplimiento deben desalojar la villa no. 16 y notificar a la Junta Directiva de HORIZON LOUNGE S.A. a fin de que proceda a la reposición del título accionario conforme lo establecido en el contrato, quedando de esa forma rescindido el contrato; el pago de ambas costas. El apoderado de la parte actora reconvenida contestó negativamente. El Tribunal acogió la defensa de falta de derecho. Declaró sin lugar la demanda. Acogió la reconvención en los siguientes términos: ordenó a los reconvenidos pagar a la señora Bateman la suma de $64.394,24 para completar el precio total de la compra del título accionario no. 16 de la sociedad HORIZON LOUNGE S.A.; así como los intereses moratorios al 5% anual sobre dicha suma, contados a partir del 19 de julio de 2013 al 6 de enero de 2015 en la suma de $4.736,95 y ambas costas. Concedió el plazo de 30 días naturales para pagar los montos indicados.
II.- El “ apoderado judicial” de la parte actora plantea recurso de nulidad. Acusa los siguientes motivos: Primero, falta de competencia del Tribunal para resolver la controversia. Sustenta esa causal en dos argumentos, por un lado, alude que la cláusula décimo sexta del contrato no es clara, porque establece que en caso de conflicto las partes pueden acudir a los tribunales comunes, a la conciliación o al arbitraje. Situación, que afirma, reconoció el Tribunal en el punto 47 del laudo donde señaló, “ vemos de la cláusula que existe un contrasentido, por un lado dice que toda disputa sobre la aplicación del contrato serán los Tribunales comunes quien resolverá, pero por otro lado, en caso de surgir un conflicto, las partes lo someten a vía arbitral”. Por otra parte, manifiesta, previo a la interposición del proceso arbitral se presentó una denuncia penal por estafa sustentada en los hechos que sirven de base a la presente demanda, situación que se puso en conocimiento del Tribunal. Por ende, considera ese órgano decisor debió de oficio declararse incompetente y remitir el asunto a los tribunales ordinarios o suspender el proceso arbitral hasta que se resolviera el proceso penal para evitar sentencias contradictorias. Segundo, el laudo se dictó fuera del plazo. Menciona, en virtud de que no se estableció plazo para laudar y que el Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio no establece plazo, debió aplicarse supletoriamente el plazo de un mes dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal Civil (en adelante CPC). Dicho plazo, advierte, transcurrió sobradamente, ya que el proceso tuvo una duración de 150 días desde el traslado del requerimiento arbitral hasta la conclusión del proceso, añade entre la emisión de las conclusiones y el dictado del laudo transcurrieron 95 días, lapso que califica fuera de lo normal. Tercero, violación del principio del debido proceso. Indica, se presentó como prueba documental copia de las piezas del proceso penal, proceso administrativo ante la Municipalidad, testimonios donde se liberó el fideicomiso y certificación literal de la finca de HORIZON LOUNGE S.A. para demostrar desde cuando se inició el proceso y que doña Sandra lo conocía. Señala, el Tribunal admitió toda la prueba documental ofrecida por las partes, sin embargo en el laudo se echa de menos esas probanzas para fundamentarlo, evidenciando violación al debido proceso lo que incidió en los hechos no probados.
III.- Sobre la competencia del Tribunal Arbitral. Esta es dada por las partes cuando suscriben un acuerdo donde establecen que las controversias de índole patrimonial relacionadas con su contrato o relación jurídica sean sometidas a arbitraje. En este caso, las partes establecieron, “CLAUSULA DECIMA SEXTA: El presente Contrato tiene fuerza legal en la República de Costa Rica, y toda disputa sobre su aplicación será resuelta por los Tribunales comunes de Costa Rica. Sin embargo, en caso de conflicto sobre el presente contrato las partes acuerdan acudir a la vía de la conciliación y el arbitraje, utilizando para tal efecto el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, debiendo asumir la parte perdidosa la totalidad del costo de la conciliación o el arbitraje. Siendo conforme con nuestra voluntad y entendiendo las obligaciones y derechos impuesto [sic] mutuamente, firmamos…” (tomo I, folio 461). La existencia del acuerdo arbitral no permite discusión alguna, si bien su redacción no es clara, porque alude tanto a los tribunales comunes como a la conciliación y al arbitraje, lo cierto es que permite colegir que las partes estuvieron de acuerdo en acudir a los medios de resolución alterna de conflictos para dilucidar los conflictos suscitados con ocasión del referido contrato. Situación que confirmó la parte recurrente cuando eligió formular requerimiento arbitral a la señora Bateman, por lo que sorprende a esta Sala su novedoso argumento. Además, la demandada no opuso la excepción de falta de competencia, evidenciando su anuencia a resolver el diferendo en la vía arbitral. En consecuencia, se rechazará la ausencia de competencia del Tribunal sustentada en la inexistencia del acuerdo arbitral. Por otra parte, sobre la denuncia penal mencionada, cabe indicar que su presentación no implica la incompetencia del Tribunal Arbitral como erróneamente lo supone el recurrente, ya que en ese tipo de proceso lo que se discute es la configuración o no de un delito, objeto diverso a lo discutido ante la vía arbitral. Tocante a la suspensión del proceso arbitral conforme lo dispone el precepto 202 del CPC aplicado supletoriamente, esa discusión es ajena al tema de la competencia del órgano arbitral, por ende, la Sala no profundizará sobre su procedencia. En mérito de las razones indicadas, el cargo deberá denegarse.
IV.- Sobre el plazo para laudar. Las partes no establecieron ese plazo, pero acordaron resolver su diferencia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Además, en la resolución no. 1 de las 9 horas 30 minutos del 23 de setiembre de 2014, se indicó “El Tribunal dirigirá el proceso guiado por el Reglamento…” (tomo II, folio 515) y las partes no expresaron objeción alguna. Por ende, debe admitirse se sometieron a la reglas del Centro, concretamente, al Reglamento de Arbitraje al elegir esa forma de solución alterna de conflictos. Dicho reglamento en su artículo 21 inciso 5) dispone, “El plazo máximo para laudar es de ciento cincuenta y cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la demanda a todas las partes.” En consecuencia, si el traslado de la demanda se notificó a las partes por medio de correo electrónico el 2 de diciembre de 2014 (tomo II, folio 632). La Dirección del Centro comunicó que las oficinas estarían cerradas: a partir de las 17 horas del viernes 12 de diciembre de 2014 hasta las 8 horas 30 minutos del martes 16 de diciembre de 2014 (folio 629); de las 12 horas del viernes 19 de diciembre de 2014 hasta las 8 horas 30 minutos del lunes 5 de enero de 2015 (folio 616); de las 17 horas del viernes 27 de marzo de 2015 hasta las 8 horas 30 minutos del lunes 6 de abril de 2015 (folio 1181), por lo que no correrían los plazos. Y el Tribunal dictó el laudo el 27 de julio de 2015 (tomo III, folios 1400-1454), es decir, transcurrieron 152 días hábiles a partir de la notificación de la demanda. Por ende, al no haberse excedido el plazo de 155 días hábiles estipulado en el Reglamento, no puede admitirse que el laudo haya sido dictado fuera del plazo, en consecuencia, el cargo deberá rechazarse.
V.- El último motivo deberá denegarse, ya que no corresponde a la violación del principio del debido proceso, sino a un tema de índole probatorio, ajeno a las causales taxativas de nulidad dispuestas en el precepto 67 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, en ese sentido el recurrente reclamó que las pruebas admitidas no se utilizaron para fundamentar el laudo.
VI.- Atendiendo a las razones señaladas, el recurso de nulidad se declarará sin lugar.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso de nulidad.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vílchez Ana Isabel Vargas Vargas KARIAS 2
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