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Res. 00225-2016 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 10/03/2016

Annulment for Failure to Address State's Arguments in Litigation over Arenal-Monteverde Protected ZoneNulidad por omisión de argumentos de la Procuraduría en litigio sobre Zona Protectora Arenal-Monteverde

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OutcomeResultado

Annulment for procedural defectsAnulación por vicios procesales

The First Chamber annuls the Agrarian Tribunal's judgment that had partially upheld the possessory claim, because it failed to analyze the arguments raised by the Attorney General's Office as an interested party.Se anula la sentencia del Tribunal Agrario que había declarado con lugar parcialmente la demanda posesoria, por haber omitido analizar los argumentos de la Procuraduría General de la República como parte interesada.

SummaryResumen

The First Chamber of the Supreme Court annuls a judgment of the Agrarian Tribunal that had recognized the Monteverde Conservationist Association as the legitimate possessor with better rights over lands within the Arenal-Monteverde Protected Zone. The Chamber does not rule on the merits; it identifies a serious procedural defect: the lower court completely ignored the objections and legal arguments repeatedly raised by the Attorney General's Office in defense of the State's natural heritage. The State argued the lands are forested, lie within a protected wild area, and exceed 300 hectares, which precludes recognizing possessory rights over public domain lands. The Tribunal, without analyzing these arguments and merely adding a caveat "without prejudice to the State's rights," partially upheld the claim. The Chamber grants the State's cassation appeal, annuls the judgment, and remands for a new decision that addresses all State defenses.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia anula una sentencia del Tribunal Agrario que había reconocido a la Asociación Conservacionista de Monteverde como poseedora legítima y con mejor derecho sobre terrenos en la Zona Protectora Arenal-Monteverde, en perjuicio de los demandados. La Sala Primera no analiza el fondo del asunto, sino que detecta un vicio procesal grave: la sentencia de segunda instancia ignoró por completo las objeciones y fundamentos jurídicos planteados reiteradamente por la Procuraduría General de la República en defensa del patrimonio natural del Estado. La Procuraduría había alegado que los terrenos son boscosos, están en un área silvestre protegida y superan las 300 hectáreas, impidiendo reconocer derechos de posesión sobre bienes demaniales. El Tribunal, sin analizar estos argumentos y con una simple salvedad de "sin perjuicio de los derechos del Estado", acogió parcialmente la demanda. La Sala declara con lugar el recurso de casación de la Procuraduría, anula el fallo y ordena al Tribunal dictar nueva sentencia considerando todas las defensas estatales.

Key excerptExtracto clave

X.- As the appealing state attorneys point out, the arguments they invoke as grounds for their grievance were raised at various stages of these proceedings. However, the Tribunal not only failed to rule on them, but also decided without confronting its own reasoning with those aspects, as if the State had not even participated in this case. Despite the objections raised by the Attorney General's Office and the legal justifications supporting them, seeking to have the disputed claims dismissed, the appellate court declared that the plaintiff "...since 1989, has exercised a possessory right, for more than one year, as owner, behaving as the true owner (without prejudice to any rights the State may have) exercising genuine ecological possession..." (...) It is not enough to add the reservation of deciding "without prejudice to the rights of the State," when the State expressly and repeatedly opposed the parties' claims precisely in defense of the public domain, particularly the State's natural heritage, and made all its arguments to that effect. Therefore, as the appellants argue, Articles 99, 153, 155 and 594(3) of the Civil Procedure Code are violated, because the challenged decision suffers from incongruence due to an infra petita defect. Likewise, Article 22(ch) of the Agrarian Jurisdiction Law is infringed, since although the Attorney General's Office was a party to this case, it was not treated as such, its arguments being ignored, which also violates the procedural equality principle under Article 98(2) of the Civil Procedure Code, a provision likewise challenged.X.- Como apuntan los procuradores recurrentes, las manifestaciones que invocan, en fundamento del agravio, fueron planteadas en las diferentes oportunidades en que su representada gestionó en este proceso. Sin embargo, el Tribunal no solo dejó de pronunciarse sobre ellas, sino que resolvió sin confrontar su criterio con esos aspectos, como si aquélla ni siquiera hubiese participado en este proceso. Pese a los cuestionamientos que la Procuraduría emitió y a las justificaciones jurídicas en su apoyo, para lograr que las pretensiones debatidas se desestimaran, el órgano de segunda instancia declaró que la actora “…desde el año 1989, es la que ejercita un derecho de posesión, de más de un año, a título de dueña, pues se ha comportado como la verdadera propietaria (ello sin perjuicio de los eventuales derechos que le puedan corresponder al Estado) ejerciendo una verdadera posesión ecológica…”. (...) No basta con hacer la reserva de resolver “sin perjuicio de los derechos del Estado”, cuando resulta ser que éste planteó, en forma expresa e insistente, oposición a lo pretendido por las partes, precisamente, en orden a la tutela que ha pretendido hacer del demanio público, en particular, el patrimonio natural del Estado frente a lo requerido por los litigantes, y todas las argumentaciones a ese respecto. En esta virtud, como lo señalan los impugnantes, se quebrantan los artículos 99, 153, 155 y 594 inciso 3) todos del Código Procesal Civil, pues la resolución combatida adolece de incongruencia por defecto de infrapetita. Asimismo, se vulnera el canon 22 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción Agraria, habida cuenta de que siendo la Procuraduría parte en este proceso, en realidad, no se le atendió como tal, al desconocerse sus manifestaciones, incurriéndose, también, en la desigualdad procesal que contempla el precepto 98, inciso 2), del Código Procesal Civil, norma que también se acusa vulnerada.

Pull quotesCitas destacadas

  • "No basta con hacer la reserva de resolver “sin perjuicio de los derechos del Estado”, cuando resulta ser que éste planteó, en forma expresa e insistente, oposición a lo pretendido por las partes, precisamente, en orden a la tutela que ha pretendido hacer del demanio público, en particular, el patrimonio natural del Estado frente a lo requerido por los litigantes, y todas las argumentaciones a ese respecto."

    "It is not enough to add the reservation of deciding 'without prejudice to the rights of the State,' when the State expressly and repeatedly opposed the parties' claims precisely in defense of the public domain, particularly the State's natural heritage, and made all its arguments to that effect."

    Considerando X

  • "No basta con hacer la reserva de resolver “sin perjuicio de los derechos del Estado”, cuando resulta ser que éste planteó, en forma expresa e insistente, oposición a lo pretendido por las partes, precisamente, en orden a la tutela que ha pretendido hacer del demanio público, en particular, el patrimonio natural del Estado frente a lo requerido por los litigantes, y todas las argumentaciones a ese respecto."

    Considerando X

  • "...la sentencia recurrida conculca los numerales 98 inciso 2), 99, 153 párrafo primero, 155 párrafo primero incisos 2) y 3) puntos ch), d) y e), como también el 594 inciso 3), todos del Código Procesal Civil, acerca del dictado de resoluciones congruentes con los hechos tenidos por probados y también con las cuestiones de fondo fijadas por las partes sobre las pretensiones, en tanto el Tribunal resolvió el litigio sin considerar las objeciones de su representada..."

    "...the challenged judgment violates Articles 98(2), 99, 153 paragraph one, 155 paragraph one subparagraphs 2 and 3 items ch), d) and e), as well as 594(3), all of the Civil Procedure Code, regarding the issuance of decisions consistent with the facts deemed proven and also with the substantive issues raised by the parties on the claims, since the Tribunal decided the case without considering its client's objections..."

    Considerando VIII

  • "...la sentencia recurrida conculca los numerales 98 inciso 2), 99, 153 párrafo primero, 155 párrafo primero incisos 2) y 3) puntos ch), d) y e), como también el 594 inciso 3), todos del Código Procesal Civil, acerca del dictado de resoluciones congruentes con los hechos tenidos por probados y también con las cuestiones de fondo fijadas por las partes sobre las pretensiones, en tanto el Tribunal resolvió el litigio sin considerar las objeciones de su representada..."

    Considerando VIII

  • "En esta virtud, como lo señalan los impugnantes, se quebrantan los artículos 99, 153, 155 y 594 inciso 3) todos del Código Procesal Civil, pues la resolución combatida adolece de incongruencia por defecto de infrapetita."

    "Therefore, as the appellants argue, Articles 99, 153, 155 and 594(3) of the Civil Procedure Code are violated, because the challenged decision suffers from incongruence due to an infra petita defect."

    Considerando X

  • "En esta virtud, como lo señalan los impugnantes, se quebrantan los artículos 99, 153, 155 y 594 inciso 3) todos del Código Procesal Civil, pues la resolución combatida adolece de incongruencia por defecto de infrapetita."

    Considerando X

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Date of Resolution: March 10, 2016 at 11:00 a.m.

Analyzed by: SALA PRIMERA *981603160296AG* RES : 000225-F-SI-2016 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven o'clock on March tenth, two thousand sixteen.

Ordinary proceeding established in the Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, by the ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA DE MONTEVERDE, represented by its generalissimo agent without limit of sum, Yúber Rodríguez Santamaría, forestry engineer; against NORMA BADILLA NAVARRO, homemaker; OLGER BADILLA NAVARRO, single, farmer; JOSÉ GUSTAVO BADILLA JIMÉNEZ, farmer; ESMERALDA ZAMORA JIMÉNEZ, homemaker, resident of San José; and, ROY CANET ZAMORA, occupation not indicated, resident of San José. The State appears as an interested third party, represented by its Environmental Procurador, Dr. José J. Barahona Vargas, marital status unknown, resident of San José. Also appearing as special judicial attorneys, for the plaintiff, Lic. Marco Vinicio Retana Mora, resident of Cartago; for the co-defendants Badilla Navarro and Badilla Jiménez, Licda. Ligia María Arias Rodríguez, resident of Heredia; and, for the co-defendants Zamora Jiménez and Canet Zamora, Lic. Álvaro José Meza Lázarus, resident of San José. All are of legal age and, with the exceptions noted, married, attorneys, and residents of Puntarenas.

RESULTANDO

1. Based on the facts set forth and legal provisions cited, the plaintiff association filed an ordinary lawsuit, seeking a judgment declaring: "1)- That the Asociación Conservacionista de Monteverde is the legitimate and exclusive possessor, in the capacity of owner, of the lands that the defendants Norma Badilla Navarro, Olger Badilla Navarro and José Gustavo Badilla Jiménez seek to title, as graphically represented by the surveyed plans (planos catastrados) numbers A-234.816-95 (sic), A-228.020-95 (sic) and A-234.819-95, respectively. That likewise the Asociación Conservacionista de Monteverde is the legitimate and exclusive possessor, in the capacity of owner, of the lands that the defendants Roy Canet and Esmeralda Zamora Jiménez seek to possess, as declared in the ad-perpetuam memorial proceedings (informaciones ad-perpetuam) processed as follows: defendant Esmeralda Zamora, under case file (expediente) number 319-96, conducted before the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, and defendant Roy Canet, under case file number 346-96, conducted before the Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. In the alternative, it requests a declaration that the Asociación Conservacionista de Monteverde holds the better right of possession (mejor derecho de posesión) over those same lands, to the exclusion of that which the defendants claim to hold; 2)- That the Asociación Conservacionista de Monteverde has exercised such possession with all legal requirements, giving those lands the corresponding social function by conserving and defending the forest, given that they are located entirely within the Zona Protectora Arenal-Monteverde, created by Decrees number 6778-A of February 2, 1977 and number 20172-MIRENEM of January 24, 1991; 3)- That the private sales (compraventas privadas) through which the defendants Norma Badilla Navarro, Olger Badilla Navarro and José Gustavo Badilla Jiménez acquired those same lands are null, not only as to form, for not having been granted by public deed (escritura pública), but also on the merits, by virtue of the better right of possession held by the Asociación Conservacionista de Monteverde; 4)- That any evidentiary value or legal effect be denied and consequently the evidence sought to be gathered in the ad-perpetuam memorial proceedings be declared null, processed as follows: of defendant Esmeralda Zamora, that of case file number 319-96, conducted before the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, and of defendant Roy Canet, that of case file number 346-96, conducted before the Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 5)- That consequently, the possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) conducted before the juzgado mixto of San Ramón, under the following case files: 491-96 brought by Norma Badilla Navarro; 492-96 brought by Olger Badilla Navarro and 493-96 brought by José Gustavo Badilla Jiménez, must be deemed terminated in the state in which they were suspended; 6)- That the defendants must pay both costs of this proceeding." 2. The defendants answered negatively. Norma and Olger, both with surnames Badilla Navarro, and José Gustavo Badilla Jiménez, did not raise defenses (excepciones). Co-defendant Esmeralda Zamora Jiménez and co-defendant Roy Canet Zamora, for their part, raised the defenses of lack of right (falta de derecho), lack of standing (falta de legitimación) active and passive, lack of interest (falta de interés), expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción), and necessary joinder of plaintiffs (litis consorcio activo necesario).

3. Badilla Navarro and Badilla Jiménez filed a counterclaim (reconvención) against the plaintiff Association, seeking a judgment declaring: "1) That I am the sole possessor of the land I seek to title, according to surveyed plan A-234818-95 (sic); 2) That my possession has been public, peaceful, continuous, and in the capacity of owner, configuring possession suitable for usucapion (usucapión); 3) That the private sale executed and the private contracts for distribution of possessory rights are valid, both as to form and substance; 4) That the possessory information proceedings processed under case file No. (sic) A 491-96 of the Juzgado Mixto de San Ramón be continued; 5) That the plaintiff be ordered to pay the personal and procedural costs of this action; 6) That the surveyed plans of the Asociación Conservacionista be declared null, numbers A-803142-89, A-803145-89 and A-803144-89; 7) That criminal proceedings be initiated, if your authority deems it, against the surveyor Francisco Reyes Rojas, for the crime of ideological falsehood (falsedad ideológica), article 358 of the Código Penal; 8) That a judicial inspection (reconocimiento judicial) of the zone be conducted to verify the inaccuracy of the plaintiff's plans." 4. The counterclaim defendant answered negatively without raising defenses.

5. Judge Carlos González Mora, in judgment no. 34-2008 of 8 a.m. on August 12, 2008, resolved: "Pursuant to articles 50 of the Constitución Política de Costa Rica, 8 and 11 of the Ley de Tierra y Colonización No. (sic) 2825 of October 14, 1961, Ley Forestal No. (sic) 7575 of April 16, 1996, Ley de Informaciones Posesorias No. (sic) 5257 of July 31, 1973, articles 1, 2, 5, 6, 15, 23, 26, 53, 54, and 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, 317 of the Código Procesal Civil applied supplementally, Decreto Ejecutivo No. (sic) 20172-MIRENEM of January 24, 1991, it is declared as follows: REGARDING THE CLAIM OF THE ASOCIACION (sic) CONSERVACIONISTA MONTEVERDE. The defenses of expiration and positive and negative statute of limitations raised by co-defendants Roy Canet Zamora and Esmeralda Zamora Jiménez are denied. The defenses of lack of standing and lack of right raised by co-defendants Roy Canet Zamora and Esmeralda Zamora Jiménez are granted, and the claim against them is declared without merit in all its aspects, both principal and alternative. Likewise, for lack of standing and lack of right, the claim of the Asociación Conservacionista Monteverde against Norman (sic) Badilla Navarro, Olger Badilla Navarro, José Gustavo Badilla Jiménez is declared without merit in all its aspects, both principal and alternative. REGARDING THE COUNTERCLAIMS OR CROSS-ACTIONS: For lack of standing and lack of right, the counterclaims of NORMAN (sic) BADILLA NAVARRO, OLGER BADILLA NAVARRO and JOSE (sic) GUSTAVO BADILLA JIMENEZ (sic) against the Asociación Conservacionista Monteverde are declared without merit in all their aspects. This proceeding, both the claim and the counterclaims, is resolved without special award of costs".

6. The Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, composed of judges Tatiana Rodríguez, Andrea Ruiz, and Enrique Ulate, with the last drafting, in judgment 1042-F-13 of 2:09 p.m. on November 7, 2013, ordered: "The appealed judgment is PARTIALLY REVOKED, insofar as it granted the defenses of lack of standing and lack of right, raised by co-defendants Roy Canet Zamora and Esmeralda Zamora Jiménez, and declared the principal and alternative claim without merit in all its aspects. Likewise, insofar as it declared lack of standing and lack of right, to dismiss the claim, in its principal and alternative claim, against Norman Badilla Navarro, Olger Badilla Navarro and José Gustavo Badilla Jiménez. In its place, it is resolved: The defenses of lack of standing and of lack of right are denied, as the plaintiff, Asociación Conservacionista Monteverde, holds a right of agrarian and ecological possession (posesión agraria y ecológica) and is actively legitimized to sue. Consequently, the ordinary agrarian claim is partially GRANTED, in the aspects to be stated, it being understood that those not expressly granted are denied: 1) Without prejudice to the rights of the State, the Asociación Conservacionista de Monteverde is the legitimate and exclusive possessor, with better right of possession, of the lands that the defendants Norma (sic) Badilla Navarro, Olger Badilla Navarro and José Gustavo Badilla Jiménez seek to title, as graphically represented by the surveyed plans numbers A-234.816-95 (sic), A-228.020-95 (sic) and A-234.819-95, respectively. 2) Without prejudice to the rights of the State, likewise, the Asociación Conservacionista de Monteverde is the legitimate and exclusive possessor, with better right of possession, of the lands that the defendants Roy Canet and Esmeralda Zamora Jiménez seek to possess, as declared in the ad-perpetuam memorial proceedings processed as follows: defendant Esmeralda Zamora under case file number 319-96, conducted before the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, and defendant Roy Canet, under case file number 346-96, conducted before the Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 3) The Asociación Conservacionista de Monteverde has exercised such possession with all legal requirements, giving those lands the corresponding social function by conserving and defending the forest, given that they are located entirely within the Zona Protectora Arenal-Monteverde created by Decrees number 6778-A of February 2, 1977 and number 20172-MIRENEM of January 24, 1991; 4) That the private sales through which the defendants Norma Badilla Navarro, Olger Badilla Navarro and José Gustavo Jiménez acquired those same lands are null, not only as to form, for not having been granted by public deed, but also on the merits, by virtue of the better right of possession held by the Asociación Conservacionista de Monteverde; 5) That any evidentiary value or legal effect be denied and consequently the evidence sought to be gathered in the ad-perpetuam memorial proceedings is declared null, processed as follows: of defendant Esmeralda Zamora, that of case file number 319-96, conducted before the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, and of defendant Roy Canet, that of case file number 346-96 conducted before the Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 6) That consequently, the possessory information proceedings conducted before the juzgado mixto of San Ramón, under the following case files: 491-96 brought by Norma Badilla Navarro; 492-96 brought by Olger Badilla Navarro and 493-96 brought by José Gustavo Badilla Jiménez, must be deemed terminated in the state in which they were suspended. In all other matters subject to appeal, the judgment is affirmed." 7. Co-defendants Roy Canet Zamora and Esmeralda Zamora Jiménez, as well as the state representative, filed an appeal in cassation (recurso de casación).

8. The procedures before this Chamber have observed the legal requirements. The alternate judge Jorge Alberto López González participates in the decision of this matter.

Judge López González drafts

CONSIDERANDO

I.- The Asociación Conservacionista de Monteverde (the Association, hereinafter), sued Ólger and Norma, both Badilla Navarro, José Gustavo Badilla Jiménez, Esmeralda Zamora Jiménez and Roy Canet Zamora. It requested a judgment declaring: 1.- It is the legitimate and exclusive possessor, in the capacity of owner, of the lands that co-defendants José Gustavo Badilla Navarro, Ólger and Norma Badilla Navarro seek to title, as graphed by surveyed plans A-234816-95, A-228020-95 and A-234819-95. Also of the properties that co-defendants Roy Canet Zamora and Esmeralda Zamora Jiménez seek to possess, as declared in the ad-perpetuam memorial proceedings they are processing under case files 319-96 and 346-96 in the contentious-administrative jurisdiction. In the alternative, that it be decreed that it holds the better right of possession over those lands, to the exclusion of that which the co-defendants claim to hold. 2.- It has exercised possession with all legal requirements, giving those properties the corresponding social function, by conserving and defending the forest, given that they are located entirely within the Zona Protectora Arenal-Monteverde, created by Decrees 6778-A of February 2, 1977 and 20172-MIRENEM of January 24, 1991. 3.- The private sales, by which José Gustavo Badilla Jiménez, Norma and Ólger Badilla Navarro acquired those lands, are null, not only as to form, for not having been granted by public deed, but also on the merits, by virtue of the better right of possession held by it. 4.- Any evidentiary value or legal effect shall be denied and, consequently, the nullity of the evidence sought to be gathered in the ad-perpetuam memorial proceedings must be established; of Esmeralda Zamora, in case file 319-96 of the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; of Roy Canet, in case file 346-96 of the Juzgado Primero of the same jurisdiction. 5.- The possessory information proceedings conducted in the Juzgado Mixto de San Ramón, case files: 491-96, brought by Norma Badilla Navarro, 492-96 by Ólger Badilla Navarro and 493-96 by José Gustavo Badilla Jiménez, must be deemed terminated in the state in which they were suspended. 6.- The co-defendants shall pay both costs of this proceeding. They answered negatively. José Gustavo Badilla Jiménez, Norma and Ólger Badilla Navarro did not raise defenses. Esmeralda Zamora Jiménez and Roy Canet Zamora raised the defenses of expiration, positive and negative statute of limitations, necessary joinder of plaintiffs, lack of: right, current interest and standing in its dual modality. They requested the de-cumulation of the claims and actions. José Gustavo Badilla Jiménez, Norma and Ólger Badilla Navarro counterclaimed against the Association, so that the judgment orders: 1.- They are the sole possessors of the lands they seek to title, according to surveyed plan A-234818-95. 2.- The possession has been public, peaceful, continuous, and in the capacity of owners, suitable for usucapion. 3.- The private sale and contracts for distribution of possessory rights are valid, both as to form and substance. 4.- The possessory information proceedings, case file 491-96 of the Juzgado Mixto de San Ramón, shall continue. 5.- The counterclaim defendant plaintiff shall pay the personal and procedural costs. 6.- The surveyed plans of the counter-defendant are null, numbers A-803142-89, A-803145-89 and A-803144-89. 7.- If the Court so deems, criminal proceedings shall be initiated against the surveyor Francisco Reyes Rojas, for the crime of ideological falsehood, according to article 358 of the Código Penal. 8.- A judicial inspection of the zone must be conducted, to verify the inaccuracy of the counterclaim defendant plaintiff's plans, who opposed without raising defenses. Furthermore, it requested that the Procuraduría General de la República (the Procuraduría, hereinafter) be considered a party, pursuant to the provisions of article 22 subsection ch) of the Ley de la Jurisdicción Agraria. The latter appeared and actively participated throughout the process.

II.- Regarding the claim, the Trial Court denied the defenses of expiration and positive and negative statute of limitations; it granted those of lack of standing in its dual modality and lack of right, raised by co-defendants Canet Zamora and Zamora Jiménez. It declared the principal and alternative claims against the two of them without merit. For lack of standing and lack of right, it dismissed the claim, in all its aspects, against José Gustavo Badilla Jiménez, Norma and Ólger Badilla Navarro. By virtue of lack of right and lack of standing in its dual modality, it declared the counterclaims filed by these three without merit. It resolved without an award of costs. The Ad quem partially revoked the first instance ruling, insofar as it granted the defense of lack of standing and declared the claim without merit in all its aspects. It denied that defense and declared: the co-defendants may not title in their favor the properties described in surveyed plans numbers A-234818-95 of Norma Badilla Navarro, A-284020-95 of Ólger Badilla Navarro and A-234819-95 of José Gustavo Badilla Jiménez, and the unregistered lands that Roy Canet Zamora and Esmeralda Zamora claim to possess, which measure respectively 128 hectares 4743.67 square meters, according to plan A-771547-2002, and 240 hectares 5150.30 square meters, according to plan A-771548-2002. It ordered the archiving of the possessory information proceedings being processed for the registration of those lands. It ordered that the ad-perpetuam memorial proceedings processed by Esmeralda Zamora Jiménez and Roy Canet Zamora shall have no legal effect whatsoever to generate any right of possession over the property in question. In all other matters, it affirmed the resolution of the A quo. This Chamber annulled the second instance ruling, fundamentally, because the plaintiff did not allege, contrary to the Ad quem's resolution, an interest based on the defense of the right to a healthy environment. It added, in order to apply that type of standing, the plaintiff should have invoked the defense of the right in question, in light of the presence of diffuse interests (intereses difusos), "a circumstance not observed in the instant case and which, moreover, would mandatorily bring the knowledge of the matter to the Jurisdicción Contencioso Administrativa, as a public domain asset (bien demanial) is present, with the necessary inclusion of the State as a necessary party (litis consorte)". It stated, in the specific case, the presentation has been based on the allegation of a better right, that is, on an alleged legitimate interest in a personal capacity, not on behalf of the community. It deemed the pronouncement incongruent, annulled it, and returned the case file to the Tribunal. The latter, with a new composition, partially revoked the first instance ruling. It denied the defenses of lack of standing and lack of right, as the plaintiff holds a right of agrarian and ecological possession and is legitimized to bring action. It partially granted the claim and ordered: 1.- "Without prejudice to the rights of the State", the plaintiff is the legitimate and exclusive possessor, with better right of possession, of the lands that co-defendants José Gustavo Badilla Jiménez, Norma and Ólger Badilla Navarro seek to title, as graphed by plans A-234816-95, A-228020-95 and A-234819-95. 2.- "Without prejudice to the rights of the State", the Association is the legitimate and exclusive possessor, with better right of possession, of the lands that co-defendants Roy Canet Zamora and Esmeralda Zamora Jiménez seek to possess, according to what was declared in the ad-perpetuam memorial proceedings, processed under case files 346-96 and 319-96 of the Juzgados Primero and Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 3.- The plaintiff has exercised that possession with all legal requirements, giving those properties the corresponding social function by conserving and defending the forest, given that they are located entirely within the Zona Protectora Arenal-Monteverde, created by Decrees 6778-A of February 2, 1977 and 20172-MIRENEM of January 24, 1991. 4.- The private sales, by which José Gustavo Badilla Jiménez, Ólger and Norma Badilla Navarro acquired those lands, are null, not only as to form, for not being granted by public deed, but also on the merits, by virtue of the better right of possession held by the plaintiff. 5.- Any evidentiary value or legal effect is denied and, consequently, the evidence sought to be gathered in the ad-perpetuam memorial proceedings, processed under case files 346-96 and 319-96 of the Juzgados Primero and Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, is declared null. 6.- The possessory information proceedings managed by José Gustavo Badilla Jiménez, Ólger and Norma Badilla Navarro, case files 491-96 and 492-96 of the Juzgado Mixto de San Ramón, must be deemed terminated in the state in which they were suspended. In all other matters, it affirmed the appealed judgment.

III.- Co-defendants Canet Zamora and Jiménez Zamora appeal before this Chamber; furthermore, the Procuraduría appeals. By virtue of how this matter is resolved, only the grievances of a procedural nature will be addressed, not the substantive objections. As will be explained, they could not be analyzed by this Chamber, given that it was incumbent upon the Ad quem to examine the statements made by the Procuraduría throughout the process, which have not only been part of the debate, but also constitute, in essence, the foundation of the grievances now invoked.

Appeal of Canet Zamora and Zamora Jiménez IV.- The attorney for the aforementioned defendants alleges that due process (debido proceso) and the right of defense of his clients were affected. He believes the Tribunal violated the principle of congruence (principio de congruencia), the legal logic of the adversarial process, the substantive rules regarding possession, the principle of evidentiary assessment and contradicted itself between the proven facts (hechos probados) and the unproven facts (hechos indemostrados) generating incongruence. He denounces that the judgment only cites, without analysis, articles 263 and 859, both of the Código Civil, which, by themselves, cannot sustain it. Furthermore, he states, it is impossible to distinguish whether there is a lack of application, improper normative interpretation, or another type of violation, as the entire reasoning lacks reference to legal provisions. In his view, procedural minimums and the principle of prohibition of arbitrariness in the resolution of the case, as well as in the legal situation of the parties, should have been met. He refers to the principle of contradiction and expresses that the appealed judgment lacks normative foundation and is merely a reflection of the judges' feelings, in a process that should not be resolved in equity (equidad) but in law (derecho).

V.- Incongruence, as a ground for appeal for procedural reasons, consists of the disharmony between what was requested or debated and what was resolved. Situations where, in the appellant's opinion, there is a mismatch between proven and unproven facts, do not qualify as the identified defect. It could be a problem of reasoning, inherent to substantive aspects, as are also questions concerning the improper application or interpretation of substantive precepts, as well as issues related to the judgment's statement of reasons. The statements that make up the grievance under review present a diversity of facets, but none of them is a matter for an appeal on procedural grounds; furthermore, they do not determine how they affect the interests and rights of the petitioning party involved in the present matter. For the reasons stated, its rejection is mandated.

Appeal of the Procuraduría General de la República VI.- The state representatives allege that the appealed judgment contains contradictory provisions, because despite the Ad quem adopting the proven and unproven facts of the first instance judgment, it resolved the merits of the case contrary to them and infringing articles 98 subsection 2), 99, 153 first paragraph, 155 first paragraph and subsections 2 and 3, items ch), d) and e), and 594 subsection 3), all of the Código Procesal Civil, concerning the issuance of resolutions and the duty of congruence they must maintain regarding proven and unproven events.

VII.- The charge is similar to that raised by co-defendants Canet Zamora and Jiménez Zamora, therefore, reference is made to the resolution in Considerando V of this judgment, in order to deny it without unnecessary reiteration.

VIII.- In the opinion of the appellant procuradores, the Tribunal violated canon 22 subsection ch) of the Ley de la Jurisdicción Agraria, in relation to articles 98, 99, 153, 155 and 594, all of the Código Procesal Civil. They argue that, based on the first norm, the plaintiff requested that because the lands mentioned in the claim are within the Zona Protectora Arenal-Monteverde, the Procuraduría be considered a party. The Trial Court ordered that all actions be notified to it. In a writing dated February 18, 2002, the procuradores stated that the property in litigation is an extensive virgin forest, located within a protected wilderness area, whose ownership the plaintiff claims over an area of 1266 hectares 5770 square meters, and the co-defendants claim to have bought and have also sustained their title. For this reason, they affirm, they requested that improper rights affecting the natural heritage (patrimonio natural) of the State not be recognized in this process, as the legal system prevents accepting possessory acts exceeding 300 hectares. Indeed, they refer, they offered evidence on the matter. Furthermore, they point out, they argued about the impossibility of alleging ten-year possession for usucapion, for those occupying lands that exceed the limits established by law. They recount how the plaintiff did not agree with the state's thesis. They affirm that the first instance judgment acknowledged the appearance and statements of the Procuraduría. However, they object, the Ad quem grants claims from the lawsuit and declares the plaintiff is the legitimate and exclusive possessor, with better right of possession, over the lands that the co-defendants seek to title and possess, without prejudice to the rights of the State. The violation of Article 22 subsection ch) of the Ley de la Jurisdicción Agraria occurs, they argue, because the Tribunal resolves the process as if the State had not been a party and without analyzing the substantive issues it raised to that effect. He criticizes that the phrase “without prejudice to the rights of the State”, stated in Considerando VII and in the "Por Tanto", of the contested pronouncement, finds no explanation in the development of the technical legal reasoning. They insist, being effectively a party to the process, it nevertheless recognizes the plaintiff as the legitimate and exclusive possessor over the five unregistered lands, with surveyed plans covering a total area of 1266 hectares 5770 square meters and exceeding the maximum permitted limit of 300 hectares. They reaffirm, they are primary forests (bosque primario), within a protected wilderness area, disregarding the objections raised in the initial appearance and during the process. These were formulated, they recount, regarding the order issued at 2:50 p.m. on July 14, 2006, which granted a hearing on the clarification of the expert report. Also, based on the judicial inspection on July 24, 2006, pointing out that all the unregistered lands, subject of the litigation, constituted virgin forest, in an area difficult to access, typical of the tropical rainforest. In the hearing granted by the order issued at 1:44 p.m. on January 17, 2007, regarding the incident of documents, new facts and their annexed documentation, according to a writing dated January 19, 2007, they stated that the lands in litigation are part of the natural heritage. That same criterion, they assert, was maintained in the brief of April 23, 2008, pointing out objections to the witnesses and aspects concerning the documentary evidence, all related to the possessory claims of the parties, which have been stated as carried out in the capacity of owners, over large extensions of natural forests. They add, they contended that the opening of paths, trails, or tracks in areas of steep slope, and the construction of huts adjacent to watercourses, could only be classified as environmental damage, which prevents recognizing rights of ten-year possession. Likewise, given that the witnesses established that the original transferors exceeded the area of 300 hectares, set by Law as the maximum limit for possessing unregistered lands, they argued that no right was generated. Therefore, that flawed occupation was not protected by the legal system and the defect is transmitted to subsequent acquirers. They add, that the first instance judge raised the same questions, when analyzing the evidence produced and the observations raised, considering, among other things, the creation of the Zona Protectora Arenal-Monteverde and that the lands in litigation could not be reduced to private ownership because they are part of state heritage, and it was up to the individuals to demonstrate compliance with the requirements of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias.

But the plaintiff and the co-defendants did not manage to prove it, they object, despite the burden of proof being theirs, and the presentation of plans is not sufficient, by virtue of the provisions of numeral 301 of the Civil Code. In summary, they emphasize, the appealed judgment violates numerals 98 subsection 2), 99, 153 first paragraph, 155 first paragraph subsections 2) and 3) points ch), d) and e), as well as 594 subsection 3), all of the Civil Procedure Code, regarding the issuance of resolutions consistent with the facts deemed proven and also with the substantive issues established by the parties regarding the claims, since the Court resolved the litigation without considering the objections of its represented party relating to the aspects indicated.

IX.- Indeed, in multiple proceedings, the Procuraduría has opposed the declaration of rights in favor of the litigants, over the assets subject to the proceeding, so as not to harm the natural heritage of the State. Citing doctrine, regulations, judicial pronouncements, statements by the parties, and pieces of the case file, it expressed, among other things: 1.- The lands in litigation are covered in forest (bosque) and are located in a protected wild area, over which both parties claim to have rights. 2.- It is not possible to accept the existence of possessors on lands covered by forest. 3.- Public assets cannot be the object of possession. 4.- The simple tolerance or delay of the Administration in curbing the actions of private individuals over those assets does not grant them any right. 5.- The contracts and acts wielded by the administered parties over a segment of public domain real estate, by virtue of the nature of the asset, the absence of competent title, and their contravention of prohibitive laws, as occurs in this case, become absolutely null. 6.- The land survey (levantamiento de agrimensura) cadastre also does not confer property or possession rights. 7.- Public domain (demanio) assets affected by law can only be disaffected in the same manner, the regulatory route, judicial resolution, or administrative action being improper. 8.- In public domain things, the principle of inmatriculation governs, and registry inscription is not necessary to consolidate that domain, its declaration and affectation to public use being sufficient. 9.- The law is of higher hierarchy and prevails over administrative acts, against which no one may claim ignorance. 10.- For the purposes of consolidating possession rights, the areas subject to possessory acts, according to the law, may not exceed 300 hectares. 11.- The granting of real rights to private individuals over public domain things is forbidden to the jurisdictional function, which is entirely the responsibility of the Administration, under the concession regime. 12.- It is impossible to resolve, without the intervention of the State, real claims of private individuals that encompass public domain assets. These statements became part of the debate; therefore, of obligatory consideration for the judges when delivering their judgments. The first-instance ruling expressly recognizes, at folio 1853: “The Procuraduría General de la República appeared in the process in defense of the interests of the State and requests that the Natural Heritage of the State not be harmed, nor that undue rights or possessions over the same be recognized to the parties through judicial resolution.” Based on arguments from that entity, it reiterated the public nature of the lands in conflict and how it is not appropriate to uphold the claims of the complaint and the counterclaim, because: “…the lands in litigation are currently totally covered in forest and are located within the Arenal-Monteverde protective zone (zona protectora). As they are unregistered lands covered in forest, in accordance with Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, in order to approve the titling of these lands, it must be demonstrated that ecological possession (posesión ecológica) has been exercised over said assets—whether personally or transmitted—for at least ten years before the affectation of said assets to the public domain” (folio 1868). “…in this agrarian process, the testimonies given do not manage to demonstrate that any of the parties exercised exclusive, continuous, public, peaceful, good faith possession, nor as owner, over the lands in litis, at least ten years prior to the affectation of the assets to the public domain” (folio 1872). “…it is not possible to demonstrate that any of the parties possessed (…) at least ten years prior to the affectation of the forest lands to the public domain” (folio 1962). Again, the rejection of claims was essentially due, “…to a lack of proof demonstrating possession (…), under the terms required by law to prevail over other possessors or to acquire by usucapion (usucapir), at least ten years prior to the date of creation of the protected wild area, Arenal-Monteverde protective zone, created by Decreto Ejecutivo number 20172-MIRENEM of January 24, 1991” (folios 1963, 1964). From the foregoing, it is clear, it is not possible to separate the reiterated arguments of the Procuraduría from the debate. The latter did not appeal the first-instance ruling, since the complaint and the counterclaim were denied. The plaintiff and the co-defendants Canet Zamora and Jiménez Zamora did so. The appellate body, in the appealed judgment, recorded: “The State intervenes as an interested party, through the Procuraduría General de la República” and recognized: “The Procuraduría General de la República appeared in the process in defense of the interests of the State and requests that the Natural Heritage of the State not be harmed, nor that undue rights or possessions over the same be recognized to the parties through judicial resolution.” However, it resolved solely on the basis of the grievances of the appellants, ignoring the considerations set forth by the Procuraduría which, as has been insisted, formed the basis of the litigation. Article 60 of the Ley de la Jurisdicción Agraria states that the appeal (recurso de apelación) shall be governed in its procedure, as pertinent, by the provisions of Section IX, Chapter II, Title VII, of the Labor Code. This normative body, in canon 502, third paragraph, provides that the second-instance body “…may confirm, amend, or revoke, partially or totally, what was resolved by the Judge, even if the case file came to it only on appeal by one of the parties.” The Ad quem must arrive at those possibilities by assessing the object of the debate; thus, it was necessary to consider the statements of the Procuraduría, which it considered an interested party regarding the defense of the natural heritage of the State, specifically concerning the rights that the plaintiff, the co-defendants, and the counterclaimants have disputed in this matter. By way of illustration, numeral 610 of the Civil Procedure Code requires this Chamber, when it upholds a recourse on substantive grounds: “…shall quash the judgment, and in the same resolution decide the process on the merits, in accordance with the merit of the case record, addressing the defenses of the party opposing the appellant, omitted or pretermitted in the lower court’s resolution, when, having resolved victoriously for that party in the second instance, it could not have filed the cassation appeal (recurso de casación).” By parity of reasoning, if the Court upholds substantive grievances of the appeal, it will address the merit of the case record, in order to then proceed with its substantive decision, which implies analyzing the debate, formed by the claims and oppositions of the implicated parties, in the specific case, also the arguments of the Procuraduría.

X.- As the appellant procuradores point out, the statements they invoke as the basis for the grievance were raised at the different opportunities when their represented party acted in this process. However, the Court not only failed to rule on them, but also resolved without confronting its criteria with those aspects, as if the former had not even participated in this process. Despite the questions that the Procuraduría issued and the legal justifications in their support, to ensure that the debated claims were dismissed, the second-instance body declared that the plaintiff “…since the year 1989, is the one exercising a possession right (derecho de posesión), of more than one year, as owner, since she has behaved as the true owner (this without prejudice to the eventual rights that may correspond to the State) exercising a true ecological possession…”. It added: “To declare said possession right, excluding any other private third party – and without prejudice to the rights that may correspond to the State – it is important to consider (…) that the Arenal-Monteverde Forest Reserve (Reserva Forestal Arenal-Monteverde), created by Law number 6778-A of February 2, 1977, and expanded by virtue of Decreto Número 20172-MIRENEM, of January 24, 1991, with which the Arenal Monteverde Protective Zone was created (…) comprises the lands in litigation…”. It ruled that the plaintiff acquired “…a legitimate possession right, exercised in materiality, for more than one year (…) it has been the Asociación Conservacionista de Monteverde who has exercised possession as owner (…) said possession right prescribed in her favor, favorably for the Asociación…”. It stated: “…the cause from which the Asociación Conservacionista Monteverde derives its title is not only legitimate, since its possessory rights are backed by plans and deeds, but is also real, since it is from that date that it begins to exercise ecological possession, as owner, in a stable and effective manner, which is consolidated – to the detriment of third parties, after one year of exercising said possession (…) the Asociación consolidated an ecological possession right, of more than one year, without prejudice to the rights that may belong to the State…”. Then, in the operative part, it resolved, among other things: “1) Without prejudice to the rights of the State, the Asociación Conservacionista de Monteverde is the legitimate and exclusive possessor, with the better right of possession (mejor derecho de posesión) over the lands… 2) Without prejudice to the rights of the State, likewise (…) she is the legitimate and exclusive possessor, with the better right of possession, over the lands…”. The Court recognizes the possibility that the State may have rights. Even so, it dispensed with any analysis of the statements that the Procuraduría repeatedly set forth regarding the nature of the assets in litigation and the impossibility, in its view, of upholding the claims of the plaintiff, which applies equally to the counterclaimants. That entire line of argument was ignored, even though it should have been part of the factual and legal analysis in the second-instance ruling. Indeed, in the latter, it resolves in contradiction with the opposing positions of the Procuraduría without any pronouncement on them. It is not enough to make the reservation of resolving “without prejudice to the rights of the State,” when it turns out that the State expressly and insistently posed opposition to what was sought by the parties, precisely in order to seek protection of the public domain (demanio público), in particular, the natural heritage of the State, against what was required by the litigants, and all the argumentations in that regard. Accordingly, as the challengers indicate, Articles 99, 153, 155, and 594 subsection 3) of the Civil Procedure Code are violated, because the challenged resolution suffers from incongruence due to the defect of being infra petita. Likewise, canon 22 subsection ch) of the Ley de la Jurisdicción Agraria is infringed, given that although the Procuraduría is a party in this process, in reality, it was not treated as such, its statements being disregarded, also incurring in the procedural inequality contemplated in precept 98, subsection 2), of the Civil Procedure Code, a norm that is also alleged to have been violated.

XI.- By reason of the foregoing, it is necessary to decree the nullity of the appealed judgment, as provided in Article 610 of the Civil Procedure Code, and to remit the case file to the Court for a new ruling as lawfully corresponds.

POR TANTO

The recourse of the co-defendants Canet Zamora and Zamora Jiménez is rejected. The recourse of the Procuraduría General de la República is declared with merit. The contested ruling is annulled. The case file shall return to the Court for its new ruling in accordance with the law.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vílchez Jorge Alberto López González It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 08:12:11.

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Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA *981603160296AG* RES : 000225-F-SI-2016 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas del diez de marzo de dos mil dieciséis.

Proceso ordinario establecido en el Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, por la ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA DE MONTEVERDE, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Yúber Rodríguez Santamaría, ingeniero forestal; contra NORMA BADILLA NAVARRO, ama de casa; OLGER BADILLA NAVARRO, soltero, agricultor; JOSÉ GUSTAVO BADILLA JIMÉNEZ, agricultor; ESMERALDA ZAMORA JIMÉNEZ, ama de casa, vecina de San José; y, ROY CANET ZAMORA, de oficio no indicado, vecino de San José. Interviene como tercero interesado, el Estado, representado por su Procurador Ambiental, el Dr. José J. Barahona Vargas, de estado civil ignorado, vecino de San José. Figuran además, como apoderados especiales judiciales, de la actora, el Lic. Marco Vinicio Retana Mora, vecino de Cartago; de los codemandados Badilla Navarro y Badilla Jiménez, la Licda. Ligia María Arias Rodríguez, vecina de Heredia; y, por los codemandados Zamora Jiménez y Canet Zamora, el Lic. Álvaro José Meza Lázarus, vecino de San José. Todos son mayores de edad y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de Puntarenas.

RESULTANDO

1. Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la sociedad actora estableció demanda ordinaria, para que en sentencia se declare: "1)- Que la Asociación Conservacionista de Monteverde es legítima y exclusiva poseedora, en calidad de propietaria, de los terrenos que pretenden titular los demandados Norma Badilla Navarro, Olger Badilla Navarro y José Gustavo Badilla Jiménez, según lo representan gráficamente los planos catastrados número A-234.816-95 (sic), A-228.020-95 (sic) y A-234.819-95, respectivamente. Que igualmente la Asociación Conservacionista de Monteverde es legítima y exclusiva poseedora, en calidad de propietaria, de los terrenos que pretenden poseer los demandados Roy Canet y Esmeralda Zamora Jiménez, según lo declarado en las informaciones ad-perpetuam tramitadas así: la demandada Esmeralda Zamora, bajo el expediente número 319-96, seguido ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y el demandado Roy Canet, bajo el expediente número 346-96, seguido ante el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Subsidiariamente, solicita se declare que a la Asociación Conservacionista de Monteverde le asiste el mejor derecho de posesión sobre esos mismos terrenos, en exclusión de la que pretenden tener los demandados; 2)- Que la Asociación Conservacionista de Monteverde ha ejercido tal posesión con todos los requisitos legales, dando a esos terrenos la correspondiente función social al conservar y defender el bosque, toda vez que se encuentran ubicados en su totalidad dentro de la Zona Protectora Arenal- Monteverde, creada mediante Decretos número 6778-A del 2 de febrero de 1977 y número 20172-MIRENEM del 24 de enero de 1991; 3)- Que las compraventas privadas según las cuales los demandados Norma Badilla Navarro, Olger Badilla Navarro y José Gustavo Badilla Jiménez adquirieron esos mismos terrenos son nulas, no solo por la forma, al no haber sido otorgadas en escritura pública, sino por el fondo, en virtud del mejor derecho de posesión que asiste a la Asociación Conservacionista de Monteverde; 4)- Que se priva de cualquier valor probatorio o efecto jurídico y en consecuencia se declara nula la prueba que se pretendió recabar en las informaciones ad-perpetuam tramitadas así: de la demandada Esmeralda Zamora, la del expediente número 319-96, seguido ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y del demandado Roy Canet, la del expediente número 346-96, seguido ante el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 5)- Que en consecuencia, las diligencias de información posesoria seguidas ante el juzgado mixto de San Ramón, bajo los siguientes expedientes: 491-96 promovido por Norma Badilla Navarro; 492-96 promovido por Olger Badilla Navarro y 493-96 promovido por José Gustavo Badilla Jiménez, deben darse por terminadas en el estado en que fueron suspendidos; 6)- Que los demandados deben pagar ambas costas de este proceso.” 2. Los demandados contestaron negativamente. Norma y Olger, ambos de apellidos Badilla Navarro y, José Gustavo Badilla Jiménez, no opusieron excepciones. La codemandada Esmeralda Zamora Jiménez y el codemandado Roy Canet Zamora, por su parte, interpusieron las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés, caducidad, prescripción y litis consorcio activo necesario.

3. Badilla Navarro y Badilla Jiménez plantearon reconvención en contra de la Asociación actora, a fin de que en sentencia se declare: "1) Que soy la única poseedora del terreno que pretendo titular, de acuerdo al plano catastrado A-234818-95 (sic); 2) Que mi posesión ha sido pública, pacífica, continua y en calidad de dueño, configurándose la posesión apta para la usucapión; 3) Que la compraventa privada realizada y los contratos privados de distribución de derechos de posesión son válidos, tanto por la forma como por el fondo; 4) Que se continúe con las diligencias de información posesoria tramitada bajo el expediente Nº (sic) A 491-96 del Juzgado Mixto de San Ramón; 5) Que se condene al actor a pagar las costas personales y procesales de este proceso; 6) Que se declare la nulidad de los planos catastrados de la Asociación Conservacionista números A-803142-89, A-803145-89 y A-803144-89; 7) Que se inicie si su autoridad lo considera, la demanda penal contra el topógrafo Francisco Reyes Rojas, por el delito de falsedad ideológica, artículo 358 del Código Penal; 8) Que se realice reconocimiento judicial sobre la zona para comprobar la inexactitud de los planos de la actora." 4. La actora reconvenida contestó negativamente sin oponer excepciones.

5. El juez Carlos González Mora, en sentencia n.° 34-2008 de las 8 horas del 12 de agosto de 2008, resolvió: " Con base en los artículos 50 de la Constitución Política de Costa Rica, 8 y 11 de la Ley de Tierra y Colonización Nº (sic) 2825 del 14 de Octubre de 1961, Ley Forestal Nº (sic) 7575 del 16 de abril de 1996, Ley de Informaciones Posesorias Nº (sic) 5257 del 31 de julio de 1973, artículos 1, 2, 5, 6, 15, 23, 26, 53, 54, y 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 317 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, Decreto Ejecutivo Nº (sic) 20172-MIRENEM del 24 de enero de 1991, se declara lo siguiente: EN CUANTO A LA DEMANDA DE LA ASOCIACION (sic) CONSERVACIONISTA MONTEVERDE. Se rechazan las excepciones de caducidad y prescripción positiva y negativa opuestas por los codemandados Roy Canet Zamora y Esmeralda Zamora Jiménez. Se acogen las excepciones de falta de legitimación activa y falta de derecho opuestas por los codemandados Roy Canet Zamora y Esmeralda Zamora Jiménez, y se declara sin lugar en todos sus extremos, pretensión principal y subsidiaria, la demanda contra ellos. Asimismo, por falta de legitimación y falta de derecho, se declara sin lugar en todos sus extremos, pretensión principal y subsidiaria, la demanda de la Asociación Conservacionista Monteverde contra Norman (sic) Badilla Navarro, Olger Badilla Navarro, José Gustavo Badilla Jiménez. SOBRE LAS CONTRADEMANDAS O RECONVENCIONES: Por falta de legitimación activa y falta de derecho, se declaran sin lugar en todos sus extremos las reconvenciones de NORMAN (sic) BADILLA NAVARRO, OLGER BADILLA NAVARRO y JOSE (sic) GUSTAVO BADILLA JIMENEZ (sic) contra la Asociación Conservacionista Monteverde. Se resuelve este proceso, tanto la demanda como las reconvenciones, sin especial condenatoria en costas"." 6. El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los jueces Tatiana Rodríguez, Andrea Ruiz y Enrique Ulate, con redacción del último, en sentencia 1042-F-13 de las 14 horas 9 minutos del 7 de noviembre de 2013, dispuso: “Se REVOCA parcialmente la sentencia apelada, en cuanto acogió las excepciones de falta de legitimación activa y falta de derecho, opuestas por los co-demandados Roy Canet Zamora y Esmeralda Zamora Jiménez, y declaró sin lugar en todos sus extremos la pretensión principal y subsidiaria. Asimismo, en cuanto declaró la falta de legitimación y falta de derecho, para declarar sin lugar demanda, en su pretensión principal y subsidiaria, en contra de Norman Badilla Navarro, Olger Badilla Navarro y José Gustavo Badilla Jiménez. En su lugar se resuelve: Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y de falta de derecho, por ostentar la actora, Asociación Conservacionista Monteverde, un derecho de posesión agraria y ecológica y estar legitimada activamente para demandar. En consecuencia se declara parcialmente CON LUGAR, la demanda ordinaria agraria, en los extremos que se dirán, entendiéndose por denegados aquellos que no se otorguen expresamente: 1) Sin perjucio de los derechos del Estado, la Asociación Conservacionista de Monteverde es legítima y exclusiva poseedora, con mejor derecho de posesión de los terrenos que pretenden titular los demandados Norma (sic) Badilla Navarro, Olger Badilla Navarro y José Gustavo Badilla Jiménez, según lo representan gráficamente los planos catastrados número A-234.816-95 (sic), A-228.020-95 (sic) y A-234.819-95, respectivamente. 2) sin perjuicio de los derechos del Estado, igualmente, la Asociación Conservacionista de Monteverde es legítima y exclusiva poseedora, con mejor derecho de posesión, de los terrenos que pretenden poseer los demandados Roy Canet y Esmeralda Zamora Jiménez, según lo declarado en las informaciones ad-perpetuam tramitadas así: la demadada Esmeralda Zamora bajo el expediente número 319-96, seguido ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y el demandado Roy Canet, bajo expediente número 346-96, seguido ante el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 3) La Asociación Conservacionista de Monteverde ha ejercido tal posesión con todos los requisitos legales, dando a esos terrenos la correspondiente función social al conservar y defender el bosque, toda vez que se encuentran ubicados en su totalidad dentro de la Zona Protectora Arenal- Monteverde creada mediante Decretos número 6778-A del 2 de febrero de 1977 y número 20172-MIRENEM del 24 de enero de 1991; 4) Que las compraventas privadas según las cuales los demandados Norma Badilla Navarro, Olger Badilla Navarro y José Gustavo Jiménez adquirieron esos mismos terrenos son nulas, no solo por la forma, al no haber sido otorgadas en escritura pública, sino por el fondo, en virtud del mejor derecho de posesión que asiste a la Asociación Conservacionista de Monteverde; 5) Que se priva de cualquier valor probatorio o efecto jurídico y en consecuencia se declara nula la prueba que se pretendió recabar en las informaciones ad-pertetuam tramitadas así: de la demandada Esmeralda Zamora, la del expediente número 319-96, seguido ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y del demandado Roy Canet, la del expediente número 346-96 seguido ante el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 6) Que en consecuencia, las diligencias de información posesoria seguidas ante el juzgado mixto de San Ramón, bajo los siguientes expediente: 491-96 promovido por Norma Badilla Navarro; 492-96 promovido por Olger Badilla Navarro y 493-96 promovido por José Gustavo Badilla Jiménez, deben darse por terminadas en el estado en que fueron suspendidos. En lo demás, objeto de apelación, se confirma la sentencia.” 7. Los codemandados Roy Canet Zamora y Esmeralda Zamora Jiménez, así como el representante estatal, formularon recurso de casación.

8. En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. Interviene en la decisión de este asunto el magistrado suplente Jorge Alberto López González.

Redacta el magistrado López González

CONSIDERANDO

I.- La Asociación Conservacionista de Monteverde (la Asociación, en lo sucesivo), demandó a Ólger y a Norma, ambos Badilla Navarro, José Gustavo Badilla Jiménez, Esmeralda Zamora Jiménez y Roy Canet Zamora. Solicitó se declare en sentencia: 1.- Es la legítima y exclusiva poseedora, en calidad de propietaria, de los terrenos que buscan titular los codemandados José Gustavo Badilla Navarro, Ólger y Norma Badilla Navarro, como lo grafican los planos catastrados A-234816-95, A-228020-95 y A-234819-95. También de los inmuebles que pretenden poseer los coaccionados Roy Canet Zamora y Esmeralda Zamora Jiménez, según lo declarado en las informaciones ad-perpetuam que ellos tramitan en los expedientes 319-96 y 346-96 en la vía Contencioso Administrativa. Subsidiariamente, se decrete le asiste el mejor derecho de posesión sobre esos fundos, con exclusión del que aducen tener los codemandados. 2.- Ha ejercido la posesión con todos los requisitos legales, dando a esos inmuebles la correspondiente función social, al conservar y defender el bosque, toda vez que se encuentran ubicados en su totalidad dentro de la Zona Protectora Arenal-Monteverde, creada mediante Decretos 6778-A del 2 de febrero de 1977 y 20172-MIRENEM del 24 de enero de 1991. 3.- Las compraventas privadas, con las cuales José Gustavo Badilla Jiménez, Norma y Ólger Badilla Navarro adquirieron esos terrenos, son nulas, no solo por la forma, al no haber sido otorgadas en escritura pública, sino también por el fondo, en virtud del mejor derecho de posesión que a ella le asiste. 4.- Se privará de cualquier valor probatorio o efecto jurídico y, en consecuencia, deberá establecerse la nulidad de la prueba que se pretendió recabar en las informaciones ad-perpetuam; de Esmeralda Zamora, en el expediente 319-96 del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; de Roy Canet, en el expediente 346-96 del Juzgado Primero de esa misma jurisdicción. 5.- Las diligencias de información posesoria seguidas en el Juzgado Mixto de San Ramón, expedientes: 491-96, promovidas por Norma Badilla Navarro, 492-96 por Ólger Badilla Navarro y 493-96 por José Gustavo Badilla Jiménez, deben darse por terminadas en el estado en que fueron suspendidas. 6.- Los codemandados pagarán ambas costas de este proceso. Ellos contestaron negativamente. José Gustavo Badilla Jiménez, Norma y Ólger Badilla Navarro no opusieron excepciones. Esmeralda Zamora Jiménez y Roy Canet Zamora formularon las defensas de caducidad, prescripción positiva y negativa, litis consorcio activo necesario, falta de: derecho, interés actual y legitimación en su doble modalidad. Solicitaron la desacumulación de las pretensiones y acciones. José Gustavo Badilla Jiménez, Norma y Ólger Badilla Navarro reconvinieron a la Asociación, a fin de que en sentencia se disponga: 1.- Son los únicos poseedores de los terrenos que pretenden titular, de acuerdo con el plano catastrado A-234818-95. 2.- La posesión ha sido pública, pacífica, continua y en calidad de dueños, apta para usucapir. 3.- La compraventa y los contratos privados de distribución de derechos de posesión son válidos, tanto por la forma como por el fondo. 4.- Continuarán las diligencias de información posesoria, expediente 491-96 del Juzgado Mixto de San Ramón. 5.- La actora reconvenida pagará las costas personales y procesales. 6.- Son nulos los planos catastrados de la contrademandada, números A-803142-89, A-803145-89 y A-803144-89. 7.- De considerarlo así el Juzgado, se iniciará causa penal contra el topógrafo Francisco Reyes Rojas, por el delito de falsedad ideológica, según el artículo 358 del Código Penal. 8.-Debe practicarse el reconocimiento judicial sobre la zona, para comprobar la inexactitud de los planos de la accionante reconvenida, quien se opuso sin plantear excepciones. Además, pidió se tuviera como parte a la Procuraduría General de la República (la Procuraduría, en adelante), al tenor de lo establecido en el artículo 22 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción Agraria. Ésta se apersonó gestionando activamente a lo largo del proceso.

II.- En cuanto a la demanda, el Juzgado rechazó las excepciones de caducidad y prescripción positiva y negativa; acogió las de falta de legitimación en su doble modalidad y falta de derecho, opuestas por los codemandados Canet Zamora y Zamora Jiménez. Declaró sin lugar las pretensiones principales y la subsidiaria contra ellos dos. Por falta de legitimación y de derecho, rechazó la demanda, en todos sus extremos, respecto a José Gustavo Badilla Jiménez, Norma y Ólger Badilla Navarro. En virtud de la falta de derecho y de legitimación en la doble modalidad, declaró sin lugar las reconvenciones planteadas por estos tres. Resolvió sin condenatoria en costas. El Ad quem revocó parcialmente el fallo de primera instancia, en cuanto acogió la defensa de falta de legitimación activa y declaró sin lugar la demanda en todos su extremos. Rechazó esa excepción y declaró: los codemandados no podrán titular a su favor los bienes descritos en los planos catastrados números A-234818-95 de Norma Badilla Navarro, A-284020-95 de Ólger Badilla Navarro y A-234819-95 de José Gustavo Badilla Jiménez, y los terrenos sin inscribir que Roy Canet Zamora y Esmeralda Zamora alegan poseer, los cuales miden respectivamente 128 hectáreas 4743.67 metros cuadrados, según plano A-771547-2002, y 240 hectáreas 5150.30 metros cuadrados, conforme al plano A-771548-2002. Ordenó el archivo de las informaciones posesorias que se tramitan para la inscripción de esos terrenos. Dispuso, no tendrán efecto jurídico alguno, para generar algún derecho de posesión sobre el inmueble de marras, las informaciones ad-perpetuam tramitadas por Esmeralda Zamora Jiménez y Roy Canet Zamora. En lo demás, confirmó lo resuelto por el A quo. Esta Sala anuló el fallo de segunda instancia, en lo fundamental, por cuanto la actora no alegó, contrario a como lo resolvió el Ad quem, que le acrece un interés difuso basado en la defensa del derecho a un ambiente sano. Añadió, para poder aplicar ese tipo de legitimación, la demandante debió invocar la defensa del derecho en cuestión, en orden a la presencia de intereses difusos, “circunstancia que no se observa en la especie y que por demás, llevaría el conocimiento del asunto en forma obligatoria a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al estar presente un bien demanial, con necesaria integración del Estado como litis consorte”. Expuso, en el caso concreto, la presentación se ha sustentado en el alegato de un mejor derecho, es decir, en un supuesto interés legítimo a título personal, no para la colectividad. Estimó que el pronunciamiento era incongruente, lo anuló y devolvió el expediente al Tribunal. Éste, con nueva integración, revocó parcialmente el fallo de primera instancia. Rechazó las excepciones de falta de legitimación y falta de derecho, por ostentar, la actora, derecho de posesión agraria y ecológica, además de estar legitimada para accionar. Acogió en forma parcial la demanda y dispuso: 1.- “Sin perjuicio de los derechos del Estado”, la actora es legítima y exclusiva poseedora, con mejor derecho de posesión, de los terrenos que buscan titular los codemandados José Gustavo Badilla Jiménez, Norma y Ólger Badilla Navarro, según grafican los planos A-234816-95, A-228020-95 y A-234819-95. 2.- “Sin perjuicio de los derechos del Estado”, la Asociación es la legítima y exclusiva poseedora, con mejor derecho de posesión, de los fundos que pretenden poseer los codemandados Roy Canet Zamora y Esmeralda Zamora Jiménez, de acuerdo con lo declarado en las informaciones ad-perpetuam, tramitadas en los expedientes 346-96 y 319-96 de los Juzgados Primero y Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 3.- La demandante ha ejercido esa posesión con todos los requisitos legales, dando a esos bienes la correspondiente función social al conservar y defender el bosque, toda vez que se encuentran ubicados en su totalidad en la Zona Protectora Arenal-Monteverde, creada mediante Decretos 6778-A del 2 de febrero de 1977 y 20172-MIRENEM del 24 de enero de 1991. 4.- Las compraventas privadas, según las cuales José Gustavo Badilla Jiménez, Ólger y Norma Badilla Navarro adquirieron esos terrenos, son nulas, no solo por la forma, al no otorgarse en escritura pública, sino por el fondo, en virtud del mejor derecho de posesión que asiste a la actora. 5.- Se priva de cualquier valor probatorio o efecto jurídico y, en consecuencia, se declara nula, la prueba que se pretendió recabar en las informaciones ad-perpetuam, tramitadas en los expedientes 346-96 y 319-96 de los Juzgados Primero y Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 6.- Deben darse por terminadas, en el estado en que se suspendieron, las diligencias de información posesoria, gestionadas por José Gustavo Badilla Jiménez, Ólger y Norma Badilla Navarro, expedientes 491-96 y 492-96 del Juzgado Mixto de San Ramón. En lo demás, confirmó la sentencia apelada.

III.- Impugnan ante esta Sala los codemandados Canet Zamora y Jiménez Zamora; además, la Procuraduría. En virtud de cómo se resuelve este asunto, se atenderán solo los agravios de naturaleza procesal, no las censuras de fondo. Conforme se explicará, no podrían analizarse por esta Cámara, habida cuenta de que le correspondía al Ad quem examinar las manifestaciones externadas por la Procuraduría a lo largo del proceso, las cuales no solo han sido parte del debate, sino que también constituyen, en esencia, el fundamento de los agravios ahora invocados.

Recurso de Canet Zamora y Zamora Jiménez IV.- El apoderado de los susodichos accionados alega se afectó el debido proceso y el derecho de defensa de sus mandantes. Estima, el Tribunal vulneró el principio de congruencia, la lógica jurídica del contradictorio, las normas de fondo referidas a la posesión, el principio de apreciación de la prueba y se contradijo entre los hechos probados y los indemostrados generando incongruencia. Denuncia, en el fallo solo se citan, sin análisis, los artículos 263 y 859, ambos del Código Civil, los cuales, por sí solos, no pueden sostenerlo. Además, afirma, es imposible distinguir si existe falta de aplicación, indebida interpretación normativa u otro tipo de quebranto, pues todo el razonamiento carece de referencia a disposiciones jurídicas. A su juicio, debió cumplirse con los mínimos procesales y el principio de interdicción de la arbitrariedad en la resolución del caso, como también en la situación jurídica de las partes. Alude al principio de contradicción y expresa, la sentencia recurrida carece de fundamento normativo y es solo un reflejo de los sentimientos de los jueces, en un proceso que no se debe resolver en equidad sino en derecho.

V.- La incongruencia, como causal de impugnación por razones procesales, consiste en la desarmonía entre lo pedido o debatido y lo resuelto. Situaciones en las que, a criterio del recurrente, existe desajuste de los hechos probados e indemostrados, no califica como el vicio señalado. Podría tratarse de un problema en la fundamentación, propio de aspectos de fondo, como también lo son las cuestiones atinentes a aplicación o interpretación indebida de los preceptos sustantivos, al igual que los temas relacionados con la motivación del fallo. Las manifestaciones que conforman el agravio en examen presentan diversidad de aristas, pero ninguna de ellas es materia del recurso por motivos procesales; además, no determinan cómo afectan los intereses y derechos de la parte gestionante, implicados en el presente asunto. Por las razones expuestas se impone su rechazo.

Recurso de la Procuraduría General de la República VI.- Alegan los representantes estatales, la sentencia recurrida contiene disposiciones contradictorias, pues pese a que el Ad quem hizo suyos los hechos acreditados e indemostrados de la sentencia de primera instancia, resolvió el fondo contrariándolos e infringiendo los artículos 98 inciso 2), 99, 153 párrafo primero, 155 párrafo primero e incisos 2 y 3, puntos ch), d) y e), y 594 inciso 3), todos del Código Procesal Civil, atinentes al dictado de las resoluciones y al deber de congruencia que deben mantener respecto a los eventos probados e indemostrados.

VII.- El cargo es similar al que expusieron los codemandados Canet Zamora y Jiménez Zamora, por lo que se remite a lo resuelto en el considerando V de esta sentencia, para así denegarlo sin incurrir en reiteraciones innecesarias.

VIII.- A juicio de los procuradores recurrentes, el Tribunal quebrantó el canon 22 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción Agraria, en relación con los numerales 98, 99, 153, 155 y 594, todos del Código Procesal Civil. Exponen, con fundamento en la primera norma, la actora solicitó que por estar los terrenos referidos en la demanda dentro de la Zona Protectora Arenal-Monteverde, se tuviera como parte a la Procuraduría. El Juzgado ordenó notificarle todo lo actuado. En escrito del 18 de febrero de 2002, los procuradores expresaron, el bien en litigio es un extenso bosque virgen, localizado dentro de un área silvestre protegida, cuyo dominio pretende la accionante en una superficie de 1266 hectáreas 5770 metros cuadrados, y los codemandados alegan haber comprado y también han sostenido su titularidad. Por ello, afirman, solicitaron no reconocer en este proceso, derechos indebidos que afecten el patrimonio natural del Estado, pues el ordenamiento jurídico impide aceptar actos posesorios superiores a las 300 hectáreas. Incluso, refieren, ofrecieron prueba sobre el particular. Además, señalan, argumentaron sobre la imposibilidad de alegar posesión decenal para usucapir, a quienes ocupen terrenos que exceden los límites fijados por ley. Narran cómo la actora no estuvo de acuerdo con la tesis estatal. Afirman, la sentencia de primera instancia dio cuenta del apersonamiento y manifestaciones de la Procuraduría. Sin embargo, objetan, el Ad quem acoge pretensiones de la demanda y declara, la actora es legítima y exclusiva poseedora, con mejor derecho de posesión, en los terrenos que pretenden titular y poseer los codemandados, sin perjuicio de los derechos del Estado. El quebranto al numeral 22 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción Agraria se produce, argumentan, porque el Tribunal resuelve el proceso como si el Estado no hubiere sido parte y sin analizar las cuestiones de fondo que al efecto planteó. Censura, la frase “sin perjuicio de los derechos del Estado”, enunciada en el considerando VII y en el “Por Tanto”, del pronunciamiento impugnado, no encuentra explicación en el desarrollo de la fundamentación técnica jurídica. Insisten, siendo efectivamente parte del proceso, aun así le reconoce a la accionante ser la legítima y exclusiva poseedora sobre los cinco terrenos sin inscribir, con planos catastrados que abarcan un área total de 1266 hectáreas 5770 metros cuadrados y exceden el máximo permitido de 300 hectáreas. Reafirman, son de bosque primario, dentro de un área silvestre protegida, desatendiendo las objeciones planteadas en el apersonamiento inicial y durante el proceso. Éstas las formularon, reseñan, ante el proveído de las 14 horas 50 minutos del 14 de julio del 2006, que dio audiencia sobre la aclaración del informe pericial. También, con base en el reconocimiento judicial el 24 de julio de 2006, haciendo ver que todos los terrenos sin inscribir, objeto del litigio, constituían bosque virgen, en zona de difícil acceso, propia del bosque tropical lluvioso. En la audiencia otorgada mediante el proveído de las 13 horas 44 minutos del 17 de enero de 2007, respecto al incidente de documentos, hechos nuevos y su documentación anexa, según escrito de 19 de enero de 2007, manifestaron, los terrenos en litigio son parte del patrimonio natural. Ese mismo criterio, aseveran, lo sostuvieron en el libelo del 23 de abril de 2008, señalando objeciones a los testigos y aspectos atinentes a la prueba documental, todo ello relacionado con las pretensiones posesorias de las partes, que se han dicho realizadas a título de dueñas, sobre amplias extensiones de bosques naturales. Agregan, reclamaron que la abertura de senderos, picas o carriles en áreas de fuerte pendiente, y la construcción de ranchos contiguos a los cursos de agua, solo podían calificarse como daños ambientales, lo cual impide reconocer derechos de posesión decenal. Asimismo, en vista de que los testigos establecieron que los transmitentes originarios superaban la cabida de 300 hectáreas, fijada por Ley como límite máximo para poseer terrenos si inscribir, adujeron no se generaba ningún derecho. Por ende, esa ocupación viciada no la amparaba el ordenamiento jurídico y el defecto se transmite a los posteriores adquirentes. Añaden, iguales cuestionamientos hizo el juzgador de primera instancia, al analizar la prueba evacuada y las observaciones planteadas, considerando, entre otras cosas, la creación de la Zona Protectora Arenal-Monteverde y los terrenos en litigio no podían reducirse a dominio particular por ser parte del patrimonio estatal, correspondiendo a los particulares demostrar el cumplimiento de los requisitos del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. Pero la actora y los codemandados no lograron acreditarlo, objetan, pese a corresponderles la carga probatoria, sin bastar la presentación de planos, en virtud de lo previsto en el numeral 301 del Código Civil. En síntesis, resaltan, la sentencia recurrida conculca los numerales 98 inciso 2), 99, 153 párrafo primero, 155 párrafo primero incisos 2) y 3) puntos ch), d) y e), como también el 594 inciso 3), todos del Código Procesal Civil, acerca del dictado de resoluciones congruentes con los hechos tenidos por probados y también con las cuestiones de fondo fijadas por la partes sobre las pretensiones, en tanto el Tribunal resolvió el litigio sin considerar las objeciones de su representada relativas a los aspectos señalados.

IX.- Efectivamente, en múltiples gestiones, la Procuraduría se ha opuesto a que se declaren derechos a favor de los litigantes, sobre los bienes objeto del proceso, para no perjudicar el patrimonio natural del Estado. Con citas de doctrina, normativa, pronunciamientos judiciales, manifestaciones de las partes y piezas del expediente, expresó, entre otras cosas: 1.- Los terrenos en litigio están cubiertos de bosque y se localizan en un área silvestre protegida, sobre los que ambas partes aducen tener derechos. 2.- No es posible aceptar la existencia de poseedores en terrenos cubiertos por bosque. 3.- Los bienes públicos no pueden ser objeto de posesión. 4.- La simple tolerancia o tardanza de la Administración para poner freno a las acciones de particulares sobre aquéllos, no les otorga ningún derecho. 5.- Los contratos y actos esgrimidos por los administrados sobre un tramo inmobiliario demanial, en virtud de la naturaleza del bien, ausencia de titularidad hábil y contrariar leyes prohibitivas, como sucede en este caso, devienen absolutamente nulos. 6.- El catastro de levantamiento de agrimensura tampoco confiere derechos de propiedad o posesión. 7.- Los bienes del demanio afectados por ley, solo pueden desafectarse de la misma manera, siendo improcedente la vía reglamentaria, la resolución judicial o la actuación administrativa. 8.- En las cosas de dominio público rige el principio de inmatriculación y no es necesaria la inscripción registral para consolidar ese dominio, bastando su declaratoria y afectación al uso público 9.- La ley es de jerarquía superior, prevalece sobre los actos administrativos, contra lo cual nadie puede alegar ignorancia. 10.- Para efectos de consolidar derechos de posesión, las áreas objeto de los actos posesorios, conforme a la ley, no pueden superar las 300 hectáreas. 11.- El otorgamiento de derechos reales a particulares sobre cosas demaniales está vedado a la función jurisdiccional, el cual compete por entero a la Administración, bajo el régimen de concesión. 12.- Es imposible resolver, sin la intervención del Estado, pretensiones reales de particulares que abarcan bienes de dominio público. Estas manifestaciones pasaron a formar parte del debate; por ende, de obligada consideración para los juzgadores al verter sus sentencias. En el fallo de primera instancia se reconoce, expresamente, a folio 1853: “La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en defensa de los intereses del Estado y solicita no se perjudique el Patrimonio Natural del Estado, ni se reconozca mediante resolución judicial derechos o posesiones indebidos a las partes sobre los mismos”. Con fundamento en argumentaciones de ese ente, reiteró en la naturaleza pública de los terrenos en conflicto y en cómo no procede acoger las pretensiones de la demanda y la reconvención, por cuanto: “…los terrenos en litigio actualmente están totalmente cubiertos de bosque y se ubican dentro de la zona protectora Arenal-Monteverde. Al tratarse de terrenos sin inscribir cubiertos de bosque, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para poder aprobar la titulación de estos terrenos, se debe demostrar haber ejercido posesión ecológica sobre dichos bienes –ya sea en forma personal o transmitida- al menos desde diez años antes de la afectación de dichos bienes al dominio público” (folio 1868). “…en este proceso agrario, las declaraciones rendidas no lograr demostrar que alguna de las partes haya ejercido una posesión exclusiva, continua, pública, pacífica, de buena fe ni a título de dueño sobre los terrenos en litis, con al menos diez años de antelación a la afectación de los bienes al dominio público” (folio 1872). “…no se logra demostrar que ninguna de las partes haya poseído (…) con al menos diez años de antelación a la afectación de los terrenos de bosque al demanio público” (folio 1962). De nuevo, el rechazo de pretensiones se debió, en esencia, “…por falta de prueba que demuestre una posesión (…), en los términos requeridos por ley para prevalecer sobre otros poseedores o para usucapir, con antelación de al menos diez años a la fecha de creación del área silvestre protegida, zona protectora Arenal-Monteverde, creada mediante Decreto Ejecutivo número 20172-MIRENEM del 24 de enero de 1991” (folios 1963, 1964). De lo expuesto, es claro, no es posible escindir del debate los argumentos reiterados de la Procuraduría. Ésta no apeló del fallo de primera instancia, pues se denegaron la demanda y la reconvención. Lo hicieron la actora y los codemandados Canet Zamora y Jiménez Zamora. El órgano de alzada, en la sentencia recurrida, consignó: “Interviene como parte interesada el Estado, a través de la Procuraduría General de la República” y reconoció: “La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en defensa de los intereses del Estado y solicita no se perjudique el Patrimonio Natural del Estado, ni se reconozca mediante resolución judicial derechos o posesiones indebidos a las partes sobre los mismos”. Sin embargo, resolvió únicamente sobre la base de los agravios de los apelantes, soslayando las consideraciones expuestas por la Procuraduría que, según se ha insistido, conformaron la base del litigio. El artículo 60 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, señala, el recurso de apelación se regirá en su trámite, en lo pertinente, por las disposiciones de la Sección IX, Capítulo II, Título VII, del Código de Trabajo. Este cuerpo normativo, en el canon 502, párrafo tercero, dispone que el órgano de segunda instancia “…podrá confirmar, enmendar o revocar, parcial o totalmente, lo resuelto por el Juez, aunque el expediente le hubiere llegado sólo por apelación de alguna de las partes”. A esas posibilidades debe llegar el Ad quem valorando el objeto del debate; de este modo, precisaba considerar las manifestaciones de la Procuraduría, a quien tuvo como parte interesada en cuanto a la defensa del patrimonio natural del Estado, en punto, precisamente, a los derechos que la actora, los codemandados y los reconventores han disputado en el presente asunto. A modo de ilustración, el numeral 610 del Código Procesal Civil, exige a esta Sala, cuando acoge un recurso por razones de fondo: “…casará la sentencia, y en la misma resolución fallará el proceso en el fondo, de acuerdo con el mérito de los autos, atendiendo las defensas de la parte contraria al recurrente, omitidas o preteridas en la resolución de grado, cuando por haber resuelto victoriosa esa parte en segunda instancia, no hubiere podido interponer el recurso de casación”. Por paridad de razón, si el Tribunal acoge agravios sustantivos de la apelación, atenderá el mérito de los autos, para así proceder con su decisión de fondo, lo cual implica analizar el debate, conformado por las pretensiones y oposiciones de las partes implicadas, en el caso concreto, también las argumentaciones de la Procuraduría.

X.- Como apuntan los procuradores recurrentes, las manifestaciones que invocan, en fundamento del agravio, fueron planteadas en las diferentes oportunidades en que su representada gestionó en este proceso. Sin embargo, el Tribunal no solo dejó de pronunciarse sobre ellas, sino que resolvió sin confrontar su criterio con esos aspectos, como si aquélla ni siquiera hubiese participado en este proceso. Pese a los cuestionamientos que la Procuraduría emitió y a las justificaciones jurídicas en su apoyo, para lograr que las pretensiones debatidas se desestimaran, el órgano de segunda instancia declaró que la actora “…desde el año 1989, es la que ejercita un derecho de posesión, de más de un año, a título de dueña, pues se ha comportado como la verdadera propietaria (ello sin perjuicio de los eventuales derechos que le puedan corresponder al Estado) ejerciendo una verdadera posesión ecológica…”. Añadió: “Para declarar ese derecho de posesión, con exclusión de cualquier otro tercero particular –y sin perjuicio de los derechos que pueda corresponder al Estado- es importante considerar (…) que la Reserva Forestal Arenal-Monteverde, creada por Derecho número 6778-A del 2 de febrero de 1977, y ampliada en virtud del Decreto Número 20172-MIRENEM, del 24 de enero de 1991, con la cual se creó la Zona Protectora Arenal Monteverde (…) comprende los terrenos en litigio…”. Dispuso, la demandante adquirió “…un derecho de posesión legítimo, ejercido en la materialidad, por más de un año (…) ha sido la Asociación Conservacionista de Monteverde quien ha ejercido una posesión a título de dueña (…) le prescribió ese derecho de posesión, de manera favorable a la Asociación…”. Expuso: “…la causa de la cual deriva el título la Asociación Conservacionista Monteverde, no solamente es legítima, pues sus derechos posesorios están respaldados en planos y escrituras, sino que también es real, pues a partir de esa fecha es que comienza a ejercer una posesión ecológica, a título de dueña, en forma estable y efectiva, la cual se consolida –en perjuicio de terceros, al año de ejercicio de dicha posesión (…) la Asociación consolidó un derecho de posesión ecológica, de más de un año, sin perjuicio de los derechos que puedan pertenecer al Estado…”. Luego, en la parte dispositiva resolvió, entre otras cosas: “1) Sin perjuicio de los derechos del Estado, la Asociación Conservacionista de Monteverde es legítima y exclusiva poseedora, con mejor derecho de posesión de los terrenos… 2) Sin perjuicio de los derechos del Estado, igualmente (…) es legítima y exclusiva poseedora, con mejor derecho de posesión, de los terrenos…”. El Tribunal reconoce la posibilidad de que el Estado tenga derechos. Aún así, prescindió de todo análisis de las manifestaciones que, reiteradamente, expuso la Procuraduría sobre la naturaleza de los bienes en litigio y la imposibilidad, en su criterio, de que se acojan las pretensiones de la actora, lo que aplica igualmente para los reconventores. Toda esa línea argumentativa fue ignorada, pese a que debió ser parte del análisis fáctico y jurídico en el fallo de segunda instancia. Incluso, en éste se resuelve en contradicción con los planteamientos de oposición de la Procuraduría sin pronunciamiento alguno sobre ellos. No basta con hacer la reserva de resolver “sin perjuicio de los derechos del Estado”, cuando resulta ser que éste planteó, en forma expresa e insistente, oposición a lo pretendido por las partes, precisamente, en orden a la tutela que ha pretendido hacer del demanio público, en particular, el patrimonio natural del Estado frente a lo requerido por los litigantes, y todas las argumentaciones a ese respecto. En esta virtud, como lo señalan los impugnantes, se quebrantan los artículos 99, 153, 155 y 594 inciso 3) todos del Código Procesal Civil, pues la resolución combatida adolece de incongruencia por defecto de infrapetita. Asimismo, se vulnera el canon 22 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción Agraria, habida cuenta de que siendo la Procuraduría parte en este proceso, en realidad, no se le atendió como tal, al desconocerse sus manifestaciones, incurriéndose, también, en la desigualdad procesal que contempla el precepto 98, inciso 2), del Código Procesal Civil, norma que también se acusa vulnerada.

XI.- En razón de lo expuesto, se impone decretar la nulidad de la sentencia recurrida, como así lo dispone el artículo 610 del Código Procesal Civil, y remitir el expediente al Tribunal para el nuevo dictado como en derecho corresponde.

POR TANTO

Se rechaza el recurso de los codemandados Canet Zamora y Zamora Jiménez. Se declara con lugar el de la Procuraduría General de la República. Se anula el fallo impugnado. Vuelva el expediente al Tribunal para su nuevo dictado conforme a derecho.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vílchez Jorge Alberto López González

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    • Land Tenure, Titling, and Refugios PrivadosTenencia, Titulación y Refugios Privados
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley de la Jurisdicción Agraria Art. 22 inciso ch)
    • Código Procesal Civil Arts. 98 inciso 2), 99, 153, 155, 594 inciso 3)
    • Ley de Informaciones Posesorias Art. 7
    • Código Civil Art. 301

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