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Res. 01207-2015 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 21/10/2015

Penalty on Papagayo Tourism Pole concessionaire for failing to start proceedings due to water shortageSanción a concesionaria en Polo Turístico Papagayo por no iniciar trámites por falta de agua

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The First Chamber summarily rejected grievances one, three, four, five, and six; admitted the second and seventh but dismissed them on the merits, upholding the judgment that denied the claim to annul the ICT penalty.La Sala Primera rechazó de plano los agravios primero, tercero a sexto; admitió el segundo y séptimo pero los desestimó por el fondo, confirmando la sentencia que declaró sin lugar la demanda de nulidad de la sanción del ICT.

SummaryResumen

Brueton Ligne S.A. challenged before the Administrative Court a penalty of 25% of the performance bond imposed by the Costa Rican Tourism Board (ICT) for failing to start the construction procedures in its concession at the Gulf of Papagayo Tourism Pole. The company argued that the lack of water availability in the area constituted a material impossibility that exempted it from liability, and that the ICT was obligated to provide basic infrastructure, including water. The Court dismissed the claim, reasoning that even though environmental viability could not be obtained without water, the concessionaire could have filed other paperwork (such as a preliminary project) and, crucially, failed to notify the ICT and request an extension. On cassation appeal, the First Chamber of the Supreme Court summarily rejected most of the grievances for procedural defects (lack of legal basis, mixing of arguments) and dismissed the remaining ones, confirming that the claimant did not prove the ICT was responsible for providing drinking water (as that falls to AyA) and that proven facts alone do not warrant exemption from costs. It emphasizes that such public-domain concessions entail legal and contractual duties of timely compliance which the concessionaire did not satisfy.Brueton Ligne S.A. impugnó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una sanción del 25% de la garantía de cumplimiento impuesta por el ICT por no haber iniciado los trámites para construir en su concesión del Polo Turístico Golfo de Papagayo. La empresa alegó que la falta de disponibilidad de recurso hídrico en la zona constituía una imposibilidad material que la eximía de responsabilidad, y que el ICT era el obligado a proveer la infraestructura básica, incluida el agua. El Tribunal declaró sin lugar la demanda, razonando que aunque no era posible obtener la viabilidad ambiental sin agua, la concesionaria podía haber presentado otros trámites (como un anteproyecto) y, sobre todo, omitió comunicar al ICT la situación y solicitar una prórroga. En casación, la Sala Primera rechazó de plano la mayoría de los agravios por defectos técnicos (falta de fundamentación jurídica, mezcla de argumentos) y desestimó el resto, confirmando que la actora no acreditó que el ICT tuviera la obligación de dotar agua potable (pues es de AyA) y que no basta con tener hechos probados para exonerarse de costas. Subraya que en este tipo de concesiones de dominio público existen deberes legales y contractuales de cumplimiento puntual que la concesionaria no satisfizo.

Key excerptExtracto clave

Although not expressly stated, it appears –according to the plaintiff's argument– a quasi exception of non-performance (exceptio non adimpleti contractus), insofar as it claims not to have performed because the counterparty did not perform. Certainly Article 8 of Law 6758, cited numerous times, provides that the ICT must supply the works and basic infrastructure for the entire development of the project; it is also true that it has not been established that this institution is responsible for providing or guaranteeing drinking water to the concessionaires, taking into account that in the area the service provider is AyA, whose functions, competences, and objectives are clearly stated in its own law. In any case, it is reiterated that it has been duly established that the concessionaire, the plaintiff here, did not timely communicate to the ICT the unavailability of drinking water, nor did it request an extension due to such circumstance, so that said institution could take the necessary corrective measures.Aunque no se dice expresamente, parece desprenderse de acuerdo con lo argumentado por la parte actora, una cuasi excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus), en tanto se alega no haber cumplido, por no haber cumplido la contraparte. Ciertamente el artículo 8 de la citada tantas veces, de la Ley 6758, dispone que el ICT debe proveer las obras y la infraestructura básica para el desarrollo total del proyecto, también lo es, que no se ha acreditado que corresponda a esa institución dotar o garantiza el agua potable a los concesionarios, tomando en consideración que en la zona el proveedor del servicio es el AyA, cuyas funciones, competencias y objetivos están claramente señalados en su propia ley. En todo caso, se insiste sobre el tema, ha quedado debidamente establecido que la concesionaria, aquí actora, no comunicó oportunamente al ICT de la no disponibilidad de agua potable, ni solicitó una prórroga en virtud de tal circunstancia, de modo tal que dicha institución pudiera tomar las medidas correctivas necesarias.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La actora simple y sencillamente, desatendió cumplir con su obligación de dar inicio a los trámites para obtener los permisos necesarios para la construcción dentro de los seis meses siguientes a la suscripción del contrato, conforme lo estipulaba la cláusula sexta, sin siquiera comunicar a la Dirección Ejecutiva del Polo Turístico Golfo de Papagayo del ICT, la circunstancia que le impedía dar inicio al trámite de los permisos, solicitando de esa manera una prórroga."

    "The plaintiff simply disregarded her obligation to start the proceedings to obtain the necessary construction permits within six months after signing the contract, as stipulated in clause six, without even notifying the Executive Directorate of the Gulf of Papagayo Tourism Pole (ICT) of the circumstance that prevented her from starting the permit process, thereby requesting an extension."

    Considerando XIII, razonamiento del Tribunal

  • "La actora simple y sencillamente, desatendió cumplir con su obligación de dar inicio a los trámites para obtener los permisos necesarios para la construcción dentro de los seis meses siguientes a la suscripción del contrato, conforme lo estipulaba la cláusula sexta, sin siquiera comunicar a la Dirección Ejecutiva del Polo Turístico Golfo de Papagayo del ICT, la circunstancia que le impedía dar inicio al trámite de los permisos, solicitando de esa manera una prórroga."

    Considerando XIII, razonamiento del Tribunal

  • "No comprende esta Cámara, como la actora se aventura en un proyecto de tal envergadura, sin haber realizado los estudios y análisis correspondientes a fin de determinar la viabilidad, no solo económica, sino técnica, ambiental y legal del proyecto."

    "This Chamber does not understand how the plaintiff embarks on a project of such magnitude without having conducted the corresponding studies and analysis to determine the viability, not only economic, but also technical, environmental, and legal, of the project."

    Considerando XIII, razonamiento del Tribunal

  • "No comprende esta Cámara, como la actora se aventura en un proyecto de tal envergadura, sin haber realizado los estudios y análisis correspondientes a fin de determinar la viabilidad, no solo económica, sino técnica, ambiental y legal del proyecto."

    Considerando XIII, razonamiento del Tribunal

  • "El precepto 13 de la Ley 6758 contempla, como único efecto ante los supuestos ahí previstos, la cancelación de la concesión. No gradúa ni dimensiona los incumplimientos. En consecuencia, a nivel reglamentario, se establece un marco flexible de actuación y apreciación, que le permita a la Administración ponderar y ajustar la sanción a las diversas conductas que se puedan presentar en la compleja y variada relación contractual, en aras de preservar la continuación de la concesión, sin que deba procederse –en todos los casos- a su cancelación."

    "Section 13 of Law 6758 contemplates, as the sole effect under the scenarios provided therein, the cancellation of the concession. It does not grade or scale non-compliance. Consequently, at the regulatory level, a flexible framework for action and assessment is established, allowing the Administration to weigh and adjust the penalty to the various behaviors that may arise in the complex and varied contractual relationship, in order to preserve the continuity of the concession, without necessarily proceeding—in all cases—to its cancellation."

    Considerando XIII, razonamiento del Tribunal

  • "El precepto 13 de la Ley 6758 contempla, como único efecto ante los supuestos ahí previstos, la cancelación de la concesión. No gradúa ni dimensiona los incumplimientos. En consecuencia, a nivel reglamentario, se establece un marco flexible de actuación y apreciación, que le permita a la Administración ponderar y ajustar la sanción a las diversas conductas que se puedan presentar en la compleja y variada relación contractual, en aras de preservar la continuación de la concesión, sin que deba procederse –en todos los casos- a su cancelación."

    Considerando XIII, razonamiento del Tribunal

  • "Un acto administrativo –como el analizado en esta lite-, es razonable en el tanto la conducta prevista en la norma jurídica se haya verificado en la realidad; que no exista causa eximente del incumplimiento de la prestación; que la sanción se encuentre contemplada y responda a los supuestos normativos que justifican su imposición."

    "An administrative act—such as the one analyzed in this litigation—is reasonable insofar as the conduct provided for in the legal norm has occurred in reality; there is no exonerating cause for non-performance of the obligation; the sanction is provided for and corresponds to the normative assumptions that justify its imposition."

    Considerando XIII, razonamiento del Tribunal

  • "Un acto administrativo –como el analizado en esta lite-, es razonable en el tanto la conducta prevista en la norma jurídica se haya verificado en la realidad; que no exista causa eximente del incumplimiento de la prestación; que la sanción se encuentre contemplada y responda a los supuestos normativos que justifican su imposición."

    Considerando XIII, razonamiento del Tribunal

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

GRANDE NORMAL PEQUEÑA First Chamber of the Court Date of Resolution: October 21, 2015 at 08:45 Case File: 12-001821-1027-CA Reviewed by: FIRST CHAMBER *120018211027CA* Res. 001207-A-S1-2015 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.- San José, at eight forty-five hours on the twenty-first of October, two thousand and fifteen.

In the ordinary proceeding filed by BRUETON LIGNE SOCIEDAD ANÓMIMA, legal identification number 3-101-468308, represented by its special judicial attorneys-in-fact Vivian Conejo Torres and Belkis Rosa Gallardo, attorneys, holders of identification numbers 601320830 and 800810010, respectively, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, represented by its special judicial attorney-in-fact Jimy Álvarez García, attorney, with identification number 601900632 and its special judicial attorneys-in-fact Mónikha Cedeño Castro, Flor de María Arce Chacón, Marlene Marenco Vargas and Roxana Rodríguez Araya, attorneys, holders of identification numbers 109370091, 203090774, 107290897 and 204250589, respectively; and the STATE, represented by the deputy prosecutor Jorge Andrés Oviedo Álvarez, attorney, holder of identification number 401580773; the special judicial attorney-in-fact of the plaintiff entity, licensed attorney Belkis Rosa Gallardo, filed a cassation appeal challenging judgment number 41-2014-IV, issued by the Fourth Section of the Contentious-Administrative Tribunal at 11:00 hours on May 16, 2014.

Magistrate Solís Zelaya writes

CONSIDERING

I.For a better analysis, the grievances filed are reordered in accordance with cassation technique -article 150 of the Contentious-Administrative Procedure Code (CPCA)-. In the first objection, third according to the order of the appeal, folio 364, the appellant argues erroneous evidentiary assessment, with violation of canons 82 subsections 1, 4, 5 and 83 of the Contentious-Administrative Procedure Code –CPCA-. She points out that the witness provided by the Instituto Costarricense de Turismo –ICT-, architect Ronald Peña, stated that it was the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados –AyA- to supply water. However, she adds, in response to questions posed by the Tribunal, regarding the moment when there was availability of the water resource (recurso hídrico) in the Papagayo Sur area, he indicated: “[…] those are some wells called Cacique Agua utility I don't know what, which belonged to a concessionaire named Costa Cacique, which according to an agreement [sic], that quantity of water, those three wells provided more than the quantity of water we have in all of Papagayo. A portion was negotiated for them, I don't know what percentage, a portion for the developers in Playa Hermosa and another portion for the Papagayo concessionaires because there was a tripartite negotiation, the new aqueduct was partly handled by Acueductos y Alcantarillados [sic], another part by the ICT and another by a private company." Furthermore, in response to another question from the judges, regarding whether the availability of water was currently guaranteed, he answered: "Yes, of course, we are making an investment of nearly five and a half million dollars to bring water from the west bank of the Tempisque River, a well drilling field has already been made together with Acueductos y Alcantarillados, through agreements, a concessionaire also donated one and a half million dollars to make a tank and the budget is being refined, which is approximately five and a half million dollars, where we are going to bring the water so that concessionaires can no longer [sic] say that there is no water to not build." In the same vein, she continues, when answering the complaint, the ICT representative stated: "The ICT has resolved the water resource problem together with Acueductos y Alcantarillados" (page 21 of the answer to the complaint, folio 232 of the judicial file). Although the date on which the water problem was resolved is not mentioned, she comments, witness Ronald Peña pointed out that it was in 2012, adding that since 2008 there was no water resource in the Papagayo Sur area. Also, the deponent clarified that the Papagayo project is divided into Papagayo Norte and Sur, where the Brueton Ligne concession is located and that, in this latter sector, Papagayo Sur, there was no water, hence the efforts to supply the area with the resource necessary for its development. In the appellant's view, these answers make it clear that, although the aqueducts are administered by AyA, because the law so orders, in the Papagayo area the ICT has the responsibility of providing the necessary infrastructure to develop the area, including the water supply. If it were not so, she affirms, it would not be making agreements and multi-million dollar investments to bring the water resource to the concessions. Despite the foregoing, she comments, the challenged judgment, in considering VII, stated that it was not proven that it was the ICT's responsibility to provide or guarantee potable water to the concessionaires. By not carrying out a correct assessment of the testimonial evidence provided by the ICT –statement of witness Ronald Peña-, she argues, with which it was clear that this institution is obliged to provide water to the concessionaires for the development of the area, the challenged judgment concluded that this point was not proven and, based on that, dismissed the complaint. Had that testimony been correctly considered, she concludes, it would have been proven that, in addition to being obliged by law, the ICT was aware of its duty to provide the water resource so that the concessionaires could carry out their projects, and that is why it invests multi-million sums to bring water to the place. In the second grievance, fourth according to the order followed by the appellant, folio 365, she recriminates violation of substantive law due to incorrect evidentiary assessment, with violation, again, of precepts 82 subsections 4, 5 and 83 of the CPCA. In section VII of the contested judgment, she disserts, it was indicated that her principal did not inform the ICT of the lack of water in the area, so that it could take the necessary corrective measures. That conclusion, she disagrees, is in open contradiction with what is stated a few lines above in the same resolution, to the effect that the ICT is not responsible for supplying water. If it is not the competent entity, what corrective measures could it take? However, what catches her attention, she affirms, is that there is evidence, both documentary and testimonial, provided by the ICT itself, which demonstrates that this institution was the one that communicated to the concessionaires the existence or not of the water resource so that they could proceed to request the water availability certificate (carta de disponibilidad de agua). So, she states, it is the ICT that must inform and guide the concessionaires. In this regard, she reproduces, in what is of interest, what was stated by witness Ronald Peña regarding the question posed by the president of the Tribunal, as to whether AyA regularly informs the ICT of the availability of water in the area. With that evidence, she states, it is demonstrated that the ICT is informed of when there is water and when there is not; moreover, that it is the one who communicates the existence to the concessionaires, so that they can go to AyA to request the availability certificate and begin to carry out the procedures. That is to say, she clarifies, the information passes through the ICT before reaching the concessionaires. The judgment, she states, did not assess this, which is also recorded in the concession file (folios 377 to 380, letters from Henry Wong to the concessionaires). By not assessing that evidence, she affirms, it was concluded that the ICT did not know of the lack of water, when it is clear that it did. Likewise, she notes, by concluding that this entity was unaware that there was no water in Papagayo Sur, when it indeed knew, the resolution indicates that there is no violation of good faith. However, in her view, from all the evidence in the file, it is clear that the ICT approved the partial transfer of the concession to the principal knowing that, at that time, there was no water resource. The witness, she concludes, emphasized that the Executing Office does not approve any transfer if water does not exist; consequently, she questions, was there an oversight by the ICT, which it now seeks to charge to the concessionaire? In the third objection, fifth as formulated by the appellant, folio 366, she claims violation of substantive law due to erroneous assessment of the evidence, with violation, again, of canons 82 subsections 4, 5 and 83 of the CPCA. She reproduces, in what is of interest, what was considered by the judges in section VI of the challenged ruling. The evidence provided was incorrectly analyzed, she affirms. As she demonstrated, she notes, the ICT was aware that there was no water in the area and, therefore, of the circumstance that prevented starting the permit procedure. In the same way, she adds, it was aware that it was part of the solution to that issue. So much so, she points out, that, despite the existence of two reports from legal advisory from the years 2009 and 2010, which list the concessionaires that were in breach, it is not until 2011 that an investigation into a possible violation by the plaintiff begins. As was alleged in the complaint, she states, by that year -2011-, all the contract deadlines had expired and the procedure was opened to determine why the project had not been built, determining that it was due to a lack of water resource. The judges, she sustains, determined that the sanction was appropriate because the concessionaire did not initiate the procedures nor request an extension of the deadlines due to the lack of water that prevented the project's construction. At that conclusion, she argues, they arrived based on the testimony of Arch. Ronald Peña. This witness, she continues, repeatedly stated that, in the concession, there was water, not because he specifically remembered it, or because he had seen a document proving it; but because, without water, a concession is not granted. She transcribes, in what is of interest, what was stated by the deponent. With that declaration, she specifies, it is demonstrated that, in cases where water does not exist, the concessions are put in default (mora), because, in the words of the witness, they cannot be obliged to build, provided it is proven that there is none. From what the deponent stated, she says, it is also obtained, first, that the ICT approved the partial assignment of the concession made by Océano Uno Cristal del Pacífico S.A. to its principal, knowing that there was no water in the Papagayo Sur area; and, second, that being aware of that, the concession should have been placed in default, until such time as a water resource existed. Thus, she notes, it was the ICT's role to manage that information, not the concessionaire's. The official letter mentioned by the witness, no. CDP-29-2012, indicating to the concessionaires that they must carry out the procedures that do not require a water resource availability certificate, she points out, is subsequent, not only to the granting of the concession; but also, to the agreement that imposed the sanction, which is discernible from the case records. Similarly, she continues, it is on record that the plaintiff performed acts on June 5, 2008, before the concession was registered in her name. During that time, she states, she processed the water resource availability certificate, in order to initiate the project procedures. A missive that was issued in the name of Océano Uno Cristal del Pacífico S.A., because, when it was requested, the assignment in the name of her client had not yet been registered –proven fact number 7-. She requested quotes to process the environmental viability (viabilidad ambiental) before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental –SETENA- (proven fact no. 8). She presented a preliminary project (anteproyecto) to the Executing Office of the Tourism Hub –statement by Ronald Peña in response to a question from the ICT representative, which she transcribes in what is of interest-. That is to say, she explains, her principal, despite not being the registered title holder of the concession, carried out procedures to start the project, stopping once she verified that there was no water resource availability and that, without it, she could not complete the procedures –evidence no. 8, where the plaintiff is informed that environmental viability could not be processed without water, and testimony of Mr. Edwin Castro-. The Tribunal's conclusion is not true, she argues, regarding the plaintiff's neglect of her obligation to initiate procedures. Regarding the extension, she alleges, the ICT knew about the lack of water resource. For that reason, she warns, it should have placed the concession in a state of default and not blame the concessionaire for not communicating something it already knew. Even, she adds, witness Ronald Peña indicated that sanctions were imposed for not having initiated procedures, which contradicts his statement that, if it is proven that no water exists, the concession is placed in default, and it cannot be demanded that it be completed. By incorrectly analyzing the evidence in the case records, she considers, the Tribunal concluded that the sanction was appropriate, because the plaintiff did not carry out any procedure or request an extension from the ICT. Had it been correctly assessed, she notes, it would have been concluded that the concessionaire carried out the procedures to start construction, but could not continue due to the lack of water resource. A situation that, she states, was known to the ICT at all times. Therefore, she alleges, the appropriate action was to place the concession in default. Even, she continues, if one were to follow the thesis that the concessionaire should have communicated the lack of water to the ICT and that this was a circumstance that prevented her from continuing with the project, it is something that was duly demonstrated in the administrative procedure and, even so, they proceeded to impose the sanction. The sanction, she states, was not imposed for not having carried out procedures or for not having demonstrated the existence of an exemption; but for not complying with the deadlines established in the contract, which was materially impossible, due to the lack of water. This, she concludes, the ICT knew, and it was its responsibility to resolve.

II.Regarding what was related in the previous section, it is necessary to indicate that numeral 139 subsection 3 of the CPCA provides a material requirement necessary, both for the admissibility of the appeal and for its subsequent evaluation on the merits. This concerns the motivation of the appeal which, due to the characteristics of cassation, must be clear and precise. In this sense, it must contain, as the precept under commentary provides, the factual and legal foundation of the case. Factual, insofar as it shows disagreement with the facts that have been considered proven or unproven (which leads to the weighing of the evidence), or with the circumstances occurring in the violation of procedural rules. Legal, when it is a problem presented about the application, omission, or improper interpretation of any rule that makes up the block of legality, including, of course, principles of constitutional rank, or that which also operates by reflex or indirect effect, after the facts of the challenged judgment are modified. Both in procedural violation and in evidentiary violation, legal reasons (always necessary) may concur with factual reasons, and in that sense, the referenced foundations must be directed in both aspects, under penalty of inadmissibility. For its part, it is necessary to clarify that the legal foundation is exempted, by express legal mandate, from the indication of those canons relating to the value of the poorly assessed evidentiary element or elements. Likewise, it is unnecessary to cite the rules that the jurisdictional body of instance erroneously used and mentioned to issue and reason its decision, because they appear in the same appealed ruling. And of course, it is not at all indispensable to cite the precepts that establish the requirements, deadlines, and basic rules for the admission of the appeal. Before citing the latter, what is essential is that they be fulfilled, that they be put into practice when preparing and filing the cassation. Thus, the legally prescribed foundation can be understood, grosso modo, as that technical-legal argumentation in which a series of articles, or legal rules are mentioned, intertwined or concatenated with each other and reasonably linked in a double perspective: with the arguments of the appeal and with the judgment being attacked. To the extent that a set of legal norms (or if applicable, a single one) is cited, pertinent and clearly linked to the contested judgment (whether in the factual or legal support) and the arguments of the appeal, there is a legal foundation. Jurisprudential additions or eventual doctrinal citations will sometimes reinforce the allegations made, but generally do not constitute their essence. As this Chamber has already indicated interpreting article 139 cited, "it is required that the appeal have a minimum legal foundation ... the reasons on which it bases its petition must be explained, combating the legal arguments of the appealed judgment and consigning, at least, some normative reference that gives it support" (Resolution no. 318-A-2008, of 14 hours 25 minutes of May 8, 2008). The foundation is, therefore, foreign to the confused display of rules and allegations; to the mixture of unintelligible arguments or to the simple exposition of opinions on the appropriateness or justice of the case, or to the recounting of the errors considered to have been committed in the appealed judgment, without support in legal norms or criteria. Hence, if the appeal completely omits that technical-normative relationship referred to, or the one it makes is impertinent or manifestly and evidently disconnected from the case, it must be understood that it lacks a "total legal foundation," and therefore, fails to comply with the necessary requirement established in numeral 139.3, which is sanctioned with outright rejection, in accordance with the provisions of article 140 subsection c) of the same Procedural Code.

III.In the case under study, the appellant forgets that this procedural instance does not correspond to an ordinary appeal (such as appeal). Nor is it sufficient, it is insisted, to manifest a series of general and merely argumentative disagreements. It is necessary, as noted in the previous consideration, to contrast what was decided with the violation that, in her view, took place. The crux of what the appellant alleged, in the three objections under study, consists of the improper assessment of both testimonial evidence –statements of Messrs. Ronald Peña and Edwin Castro-, as well as the answer to the complaint and documentary evidence in the judicial and concession files. This is because, she states, with those elements of conviction, it is demonstrated that, at the time the concession was granted to her principal, there was no water resource (recurso hídrico) in the area, the ICT being responsible for providing it to the concessionaires. Consequently, in her view, the concession granted to her principal should have been placed in default (mora) and the objected sanction not imposed on her. Should what was recriminated occur, as the appellant well alleged, it would configure a ground for cassation due to violation of substantive rules; specifically, due to indirect violation of law, by not having adequately appreciated those means of conviction. In accordance with what was indicated in the previous section, this Chamber, repeatedly, has pointed out that, in order for an appeal to pass the admissibility control, in addition to a sufficient exposition of reasons, the corresponding mention and linkage with the challenged judgment of the substantive rules considered infringed is required. In this sense, one may consult, among many others, resolutions numbers 354-A-S1-2011 of 14 hours 30 minutes of March 31, 2011, 1483-A-S1-2012 of 11 hours 13 minutes of November 14, 2012, 194-A-S1-13 of 10 hours 55 minutes of February 14, 2013 and 1025-A-S1-2014 of 10 hours 45 minutes of July 31, 2014. The appellant omitted this requirement. She did not indicate any substantive norm as infringed. She limited herself to invoking precepts 82 and 83 of the CPCA, which are procedural norms; she does not even specify how those norms were transgressed. This renders the indicated objections informal, thus imposing their rejection.

IV.In the fourth objection, first according to the order of the appeal, folio 362, the appellant alleges direct violation, by improper application, of canons 130, 131 and 133 of the Ley General de la Administración Pública –LGAP-. She affirms, as she pointed out in the complaint and in the conclusions of the oral trial, that the challenged agreements are not consistent with the purpose assigned by Law no. 6758, Law that "Regulates the Execution of the Papagayo Tourism Project". She reproduces the first numeral of that legislation. Similarly, she copies precept 2 subsection q) of its Regulation. Papagayo, she notes, must be, as those mandates indicate, the productive tourism development of the Golfo de Papagayo Tourism Project. The contested judgment, she affirms, considered that the sanction fulfills a corrective or reparatory purpose –considering VII-, in order to guarantee compliance with the objectives of said Law. However, she alleges, it was demonstrated that, despite the imposition of the sanction, the project could not be developed without water, such that, on the date the complaint was filed, April 2012, construction on the concession was still not underway because there was still no water resource and not for reasons attributable to her principal. Therefore, she manifests, the sanction imposed by the ICT does not protect the public interest. It does not fulfill a general or specific purpose, since the productive tourism development of the concession has not been achieved. The only thing it does, she affirms, is punish the concessionaire for not presenting a document communicating something that said entity already knew, which was the lack of water and whose solution was not the responsibility of the concessionaires, but of the ICT and AyA. By not being consistent with the purpose assigned to them by the Law, which is the development of the Tourism Project, she points out, the challenged administrative acts lack one of their constituent elements and, therefore, become null. Had precepts 128, 130, 131 and 133 of the LGAP been correctly applied, she concludes, the judgment would have determined that one of the constituent elements of the administrative act was missing and declared the nullity of the agreement that imposed the sanction.

V.In light of what the appellant stated, should the filed objection occur, it would configure a violation of substantive norms, but due to indirect violation of law, not direct as it was formulated. In this sense, the appellant, at folio 363, in what is of interest, affirms: "Nevertheless, in the process itself, it was demonstrated that, despite the imposition of the sanction, the project could not be developed without water, such that, on the date the complaint was filed, in April [sic] 2012, construction on the concession was still not underway, because there was still no water resource, and not for reasons attributable to my principal. [...] The only thing it does is punish the concessionaire for not presenting a document to the ICT communicating something that it already knew, which was the lack of water, and whose solution was not is not [sic] the responsibility of the concessionaires but of the ICT and AyA." As can be deduced from the appellant's statements, an evidentiary aspect underlies. She alleges factual situations that require proof and, therefore, she should have indicated which factual element was improperly assessed by the judges; which was not done. This imposes its rejection.

VI.In the fifth grievance, sixth according to the order followed in the appeal, folio 368, the appellant claims a lack of application of precepts 11 and 19 of the LGAP. She indicates that these precepts establish that the Public Administration must act subject to the legal system; furthermore, that the regime of constitutional rights is reserved to the law. In the complaint, she manifests, it was adduced that the imposed sanction is not contemplated in the Law; rather, it was established by regulation. It was argued, she continues, that the types contemplated in the Law and the Regulation are open, thereby violating the principle of legality (principio de tipicidad) in matters of administrative sanctions. Nonetheless, she claims, the challenged judgment established that the regulation can develop the law, provided it does not prohibit what the law permits or authorize what the law prohibits. Likewise, she adds, it considered that there is no violation of the principles of reasonableness and proportionality, in imposing a sanction equivalent to more than US $40,000.00, without explaining why those postulates are not infringed. She copies canons 18 and 19 of the Regulation to the indicated Law, no. 25439-MP-TUR of August 27, 1996, and its reforms. The judgment, she argues, made no reference to the argument put forward regarding the lack of specificity (falta de tipicidad) of the sanctionable conducts indicated in article 18 of the Regulation. This lack of specificity, she explains, entails that the ICT, in this case, has the discretionary power to assess the non-compliance and determine the type of sanction to impose, violating what is prescribed in the mentioned canons of the LGAP. Regarding the sanctions provided for in regulatory numeral 19, she points out, the Tribunal considered it reasonable to establish milder ones than those provided for in the Law, which benefits the concessionaires. However, she reproaches, it did not indicate why it was feasible for the ICT, through a regulation, to modify the sanctions to be imposed on the concessionaires and to exercise a power not contemplated in the Law. As can be inferred from the appealed ruling, she indicates, the only thing attributable to her principal is not having communicated to the ICT that she did not have a water resource, which, she says, was known to the institution. She questions, why impose such a strict sanction, of more than US $40,000.00, for a minor non-compliance, which had no consequences, since it was demonstrated that it was impossible to develop the project without water? Why was a minor non-compliance not considered, imposing a written reprimand, so that the concessionaire was warned that she had to communicate all her actions to the ICT? It is neither reasonable nor proportional, she notes, that for not delivering to that entity a document proving something it already knew, such a burdensome financial sanction is imposed on the concessionaire. For this reason, she explains, she has insisted, since the filing of the complaint, that a regulation cannot develop what the law does not permit. Nor can the Administration, she adds, based on a regulation, determine a degree of non-compliance without a legality parameter to do so. Had the indicated articles been applied, she alleges, the judgment would have concluded that the Regulation used to support the imposed sanction is illegal, for containing open types and sanctions not established in the Law; furthermore, the agreements are null for contravening the principles of legality and reservation of law. In any event, she concludes, the sanction was imposed for a serious fault and not a minor one.

VII.In the present objection, the appellant does not properly challenge the appealed judgment. She intermingles or alludes to several different hypotheses; but, due to the way the objection is framed, they become inseparable from each other. In this sense, at folios 368, 369 and 370, she invokes direct violation of law by pointing out: "Violation of substantive law due to lack of application of articles 11 and 19 of the Ley General de la Administración Pública. / The mentioned articles indicate that the Public Administration must act subject to the legal system and that the regime of constitutional rights is reserved to the law. [...] This lack of specificity implies that the Administration, the ICT in this case, has the discretionary power to assess the non-compliance and determine the type of sanction to impose, in violation of what is established in articles 11 and 19 of the Ley General de la Administración Pública. [...] It is precisely for this reason that it has been insisted, from the moment of the filing of the complaint, that a regulation cannot develop what the Law does not permit, nor can the Administration, based on a regulation, determine a degree of non-compliance without a legality parameter to do so."

Had the cited articles been applied, the judgment would have concluded that, indeed, the Regulation used to support the imposed sanction is illegal because it contains open-ended offenses and sanctions not established in the Law and that, furthermore, the agreements are null for contravening the principles of legality and legal reserve, and that in any case the sanction was considered a serious fault and not a minor one." Then, at folio 369, it asserts the existence of a defect due to a breach of procedural rules, specifically, that provided in section 1) subparagraph d) of article 137 of the CPCA: lack of reasoning, when it states: "Likewise, it considers that there is no infringement of the principle of reasonableness and proportionality by imposing a sanction equivalent to more than forty thousand dollars, but it does not explain why said principles are not infringed." Also, on that same folio, it alleges another procedural breach due to lack of reasoning: "Regarding the sanctions established in article 19, the Court considered that it is reasonable to establish sanctions that are more lenient than those indicated by the Law, which benefits the concessionaires. / However, the Court did not indicate why, if it is feasible for the ICT by means of a Regulation to modify the sanctions to be imposed on the concessionaire and to be able to exercise a power that does not appear in the Law, it did not consider what type of fault the plaintiff had committed." Likewise, on that same folio -369- it invokes another cassation ground for breach of procedural rules: inconsistency, stating: "The judgment makes no reference whatsoever to the argument put forward by this representation regarding the lack of specificity of the sanctionable conduct indicated in article 18 of the Regulation." At folio 370, it points out an indirect breach of law: "Why impose such a strict sanction, of more than Forty thousand dollars, for a minor non-compliance, which had no consequences since it was demonstrated that it was impossible to develop the project without water?" Finally, on that same folio, it invokes the transgression of substantive norms, specifically, principles of Constitutional Law, stating: "It is not reasonable or proportional that for not delivering to the ICT a document proving something that institute already knew, such a burdensome financial sanction is imposed on the concessionaire." The aforementioned ambiguity conflicts with the technique that must prevail in the drafting of the cassation appeal, which requires that the grounds or objections must be stated clearly and precisely (article 139, subsection 3) of the CPCA).

VIII.Consequently, in light of the evident omission to systematically and specifically challenge the foundations of the appealed resolution, not with simple and generic disagreements of opinion, the claims under analysis are insufficient to generate a review of the contested ruling in this venue, as they lack legal foundation, therefore their outright rejection is warranted –subsection c) of numeral 140 of the CPCA-.

IX.In the sixth criticism, the second according to the order followed by the appellant, folio 363, it reproaches a breach –due to non-application– of article 8 of the Law that “Regulates the Execution of the Papagayo Tourism Project”, which it transcribes. According to this norm, it explains, it was stated in the complaint and proven in the proceedings that the ICT has the legal obligation to build the necessary works and basic infrastructure for the total development of the project; which, it adds, includes the supply of water, an aspect that was fully demonstrated. However, it argues, in considerando VII of the challenged judgment, it is indicated that it was not accredited that it was the ICT's responsibility to provide or guarantee potable water to the concessionaires, since the provider in the area is AyA. The foregoing, it affirms, constitutes an error by the Court, since the referred article is clear in that the ICT must provide the infrastructure for the development of the area. Had that numeral been applied, it alleges, the judgment would have concluded that, in its capacity as administrator of the Tourism Project, the ICT has the obligation to supply water to the concessionaires, so that they can develop the works in the area and, given its non-compliance, it could not sanction the concessionaires for not having started them within the contract deadlines or for not communicating to it that there was no water, since that was within its knowledge. In the seventh and last objection, folio 370, the appellant claims that canon 222 of the Civil Procedure Code –CPC– was breached due to non-application. It says, the judgment ordered the plaintiff company to pay both sets of costs. However, it adds, said precept indicates that a litigant acting in good faith may be exempted from their payment. The judging persons, it continues, deemed all the facts of the complaint as proven, which demonstrates that its principal did not come to this process based on false facts, or that it was seeking an illegal benefit. The complaint was filed with the firm conviction that it is backed by law, it argues, a conviction that is still maintained. By not applying said numeral, it concludes, the Court condemned its principal to bear the costs of the proceedings, causing greater harm.

X.In accordance with the provisions of articles 134 and 139 of the CPCA, the two preceding objections to the challenged judgment are admissible.

XI.Regarding their resolution on the merits, the contentious procedural legislation provides, in mandate 140, the possibility of outrightly rejecting the cassation appeal when: “a) It is clear from the document that the appealed resolution cannot be subject to cassation / b) It has been filed untimely / c) It completely lacks legal foundation or, having it, the Chamber or the Cassation Court clearly deduces the inadmissibility of the appeal, whether for procedural or substantive reasons”. (The underlined text is supplied). In this last scenario, the legislator proposed an alternative that is expedient in this matter. Thus, in order to resolve judicial processes promptly and fully, it allows those who hear this extraordinary appeal to determine from the outset whether the claim is clearly inadmissible, despite compliance with strictly formal matters, such as filing within the deadline and respecting the technique of cassation itself according to canon 139 ibid. The foregoing because nothing is gained by postponing the resolution of an appeal of this nature, if from its content it is determined, with absolute clarity, that the formulated reproach will be dismissed.

XII.What is stated in the sixth criticism is confusing. At first, it would seem that the appellant invokes an indirect breach of law, when it states: “Based on the indicated article, it was stated in the complaint and proven during the proceedings that the ICT has the legal obligation to build the necessary works and basic infrastructure for the total development of the project. This infrastructure includes the supply of water, which was fully demonstrated. However, in Considerando VII, specifically on page 37 of the judgment, it is indicated that it has not been accredited that it corresponds to the ICT to provide or guarantee potable water to the concessionaires, since the provider in the area is AyA.” Nevertheless, immediately thereafter, it is interpreted that it accuses a direct breach of law –folio 364–, when noting: “This constitutes an error by the Court, since the mentioned article is clear in that the ICT must provide the infrastructure for the development of the area, a postulate that requires no proof whatsoever. It is a legal mandate, not a fact subject to proof.” In this regard, it is necessary to transcribe the proven facts marked with numbers 7, 9, and 18: “7) That by official letter number OP-RCH-2008-030 of June 11, 2008, from the Chorotega Region-Papagayo Office of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it is reported that regarding the provision of services for the property described in cadastral plan G-0767904-2002, there is no availability of potable water, nor is there availability of sanitary sewerage (folio 26 of the judicial file) […] 9) That among the requirements to initiate the procedures to obtain environmental viability (viabilidad ambiental), the consulting firm INFOREST, INGENIEROS FORESTALES, S.A., specified the need to have a water availability note from the institution providing the service in the area (fifth fact of the complaint and folio 45 of the judicial file) […] 18) That by certification 2011-054 of May 19, 2011, from the Chorotega Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and addressed to the plaintiff, it is reported that regarding the request for availability of potable water and sanitary sewerage filed before that Unit on May 5, 2011, concerning the procedure for construction of apartments, corresponding to the concession area, there is no availability of potable water or sewerage in front of the property (folio 29 and 30 of the administrative procedure file).” (The highlighting is from the original). From this factual picture, it is determined, contrary to what was stated by the appellant, the judging persons accredited that the institution providing the service in the area, which was within the knowledge of the plaintiff, is AyA and not the ICT. Consequently, what is alleged in the criticized point under study, if it were to occur, would configure an indirect breach of law; because what the appellant affirms conflicts with what was deemed proven. Ergo, it will be analyzed as such. However, it becomes informal, as no evidence is indicated as improperly assessed, which mandates its rejection.

XIII.Notwithstanding the foregoing, and due to its importance for the resolution of the criticized point under analysis, it is necessary to transcribe, in the relevant part, despite its length, what was considered by the judging persons. “VI.- ON THE MERITS OF THE MATTER: In the present proceeding, the administrative act is challenged whereby the Board of Directors of the ICT imposed on the plaintiff, alleging non-compliance with its contractual obligations, a sanction consisting of the execution of 25% of the amount rendered as a performance bond. Fundamentally, the plaintiff's position revolves around maintaining that it has an exemption from liability, by virtue of being unable to initiate the necessary procedures and permits due to the lack of water resource availability, which constitutes the requirement and condition without which it cannot undertake the project. […] It is thus established, that the plaintiff intends to exempt itself from liability for the non-compliance with the obligations deriving from clause six of the concession contract, due to the lack of water resources in the concession area, which, in its view, constituted an indispensable condition to initiate any procedure, diligence, permit, or authorization before the various administrative bodies, which according to their powers, had to grant, approve, extend them, or give their approval. We must therefore determine whether we are in the presence of an insurmountable situation, to such a degree that it constitutes an impossibility of performance, due to subjective reasons or objective causes, for which the obligor cannot fulfill the required performance due to a definitive obstacle to carrying it out and, furthermore, that it is not attributable to it. Certainly, according to the evidence adduced in the proceedings, specifically from the testimony given by Mr. Edwin José Castro Bonilla, as well as the quotation presented by the consulting firm INFOREST INGENIEROS FORESTALES, S.A., it is concluded that it is not possible to obtain environmental viability (viabilidad ambiental) without first proving that there is water availability to develop the project. The witness, whose spontaneous, direct, sincere, and clear statement lends credibility to this Chamber, also stated that it is feasible to file some other procedures before SETENA, even without water availability, but that it is not advisable to do so due to the very high costs they demand, given the risk that they could be lost if, finally, environmental availability is not granted. But it was also indicated that a preliminary project can be filed before the Colegio de Arquitectos e Ingenieros to process and obtain approvals and permits from different administrative units, even without the environmental viability granted by SETENA. It was also extracted that, during a period of time at least between the signing of the deed of assignment and granting of the concession and the initiation of the administrative procedure, there was no water resource availability in the project area. Despite this, it was also proven that the plaintiff did not communicate to the ICT, prior to the establishment of the administrative procedure against it, that it did not have water resource availability, nor did it request an extension by virtue of that circumstance to initiate the permit procedures before the various competent administrative bodies (declaration of Ronald Peña Flores). The scenario consequently posed by the plaintiff is that it did not initiate or file any procedure, by virtue of the lack of water resources, as it was not convenient to invest large amounts of money in other procedures if it did not have the certainty of obtaining the environmental availability (disponibilidad ambiental) to develop the project. A position that from a commercial or business perspective is understandable, but not shared, because it does not take into consideration that its condition as holder of a concession for the use and enjoyment of a public domain asset, with a clear purpose of development and infrastructure investment in a specific area, in accordance with the purposes of Law 6758, confers upon it a series of obligations and duties, not only contractual or administrative, but also legal, which consequently had to be punctually fulfilled, or at least adequately justify, and to satisfaction, the reasons that prevented it. The plaintiff simply and plainly failed to comply with its obligation to initiate the procedures to obtain the necessary construction permits within six months following the signing of the contract, as stipulated in clause six, without even communicating to the Executive Directorate of the Polo Turístico Golfo de Papagayo of the ICT the circumstance that prevented it from starting the permit processing, thereby requesting an extension. It should be noted, in greater abundance, that said clause introduced a parameter for assessing non-compliance in the sense that it was not considered as such when the non-obtainment of the permits was due to delays in their issuance by the entities and bodies competent to issue them, not attributable to the concessionaire. However, we are not even in that situation, because, as was proven, the plaintiff omitted any procedure in that regard.- VII.- OF THE GROUNDS FOR DISAGREEMENT WITH THE ADMINISTRATIVE ACT BEING CHALLENGED: The plaintiff alleges the nullity of the administrative act by which it was imposed a sanction for the non-compliance in initiating the procedures to obtain the permits to develop the project in the concession area, based on four grounds: 1- Nullity of the challenged agreements for lack of grounds (motivo) and reasoning (motivación): […] At this point, we must return to what was said above, when developing the nullity of the administrative act. It was stated that the grounds (article 133 LGAP) is the legal presupposition, the conditioning fact that gives genesis to the administrative act. Thus, the grounds of the administrative act constitutes the presupposition or conditioning fact for the issuance of an administrative act, in other terms, it constitutes the reason for being of the administrative act, what obliges or permits its issuance. It can consist of a legal act or fact provided for by the legal norm. In this regard, a conceptual error is noted in the plaintiff's approach, since it confuses the element grounds with the purpose of the administrative act. Indeed, if the grounds constitutes the fact or conduct that the legal norm provides as a legal presupposition for the issuance of an administrative act, it must consequently be specified that protecting the public interest is not the grounds that justifies the issuance of the challenged act; that would be its purpose, its aim, as it could generally be attributed in general and abstract terms to every administrative act. In reality, the grounds of the administrative act at hand derives from the combination of articles 13 of Law 6758 and 18 of its regulation. The first provides that a granted concession will be cancelled when any of the following cases occur: […] and article 18 of the regulation establishes that: […] It is thus established that the legal presupposition, which justifies the issuance of the administrative act, is constituted by conduct attributable to the concessionaire, which, in the present case, is non-compliance with its contractual obligations, which implies the failure to execute the required performance. That grounds, the non-compliance with a contractual obligation, originates a sanction (content) that has a corrective or remedial purpose (specific purpose) in order to guarantee compliance with the objectives of Law 6758 (general purpose). Given that the plaintiff's non-compliance with the obligations deriving from clause six of the concession contract has been demonstrated, the grounds of the administrative act is considered realized, verified, or proven, making the formulated objection inadmissible. The plaintiff further argues that the administrative act lacks proper substantiation or reasoning […] Remember again here, that to state reasons or substantiate an administrative act is to explain or justify the reasons why the Administration issues an administrative act. To do this, it must specify the facts or conduct it took into consideration and how these fit with the legal presupposition provided in the applicable legal norm. From the review of the challenged agreement, it is evident that it provides adequate substantiation or reasoning, given that the Administration first verifies whether the imputed fact or conduct has been verified, whether or not an exemption exists that justifies the non-compliance, and redirects, in an exercise of subsumption, to apply the corresponding sanction according to the applicable norm. It is not the substantiation that the plaintiff adduces as that which justifies the administrative act it challenges; the Administration, by doing so, merely evidences that the grounds alleged by the concessionaire does not constitute an exemption from liability for the non-compliance with its obligations. The plaintiff also argues that the amount of the imposed sanction was not justified, merely stating that the bond is executed at 25%, an amount considered \"a reasonable percentage\", without any argument being put forward regarding the reasons on which the Institute bases arriving at said percentage. […] Article 19 of the Regulation to Law 6758 provides: […] As can be seen, the norm does not contemplate a system or parameter to graduate or provide the percentage at which the bond should be executed. This assumes that the norm is based on the consideration that it should be executed in its entirety, without considering the degree of non-compliance or the damages and losses caused. Despite this, the defendant Administration mitigated its application and instead of executing 100% of the performance bond, resorting supplementarily to the provisions of article 41 of the Regulation to the Administrative Contracting Law, decided to partially execute it at 25%, considering it reasonable, which makes this objection untenable and therefore it is rejected. 2.- Illegality of the agreement that imposed the sanction due to prior non-compliance by the ICT and non-existence of non-compliance by the concessionaire, in accordance with Clause Six of the Concession Contract: The plaintiff now argues that it is unreasonable, excessive, and disproportionate to be sanctioned for a fact that is completely beyond its control, such as the lack of water in the area granted under concession, Papagayo Sur. […] This objection has already been duly addressed and resolved, so it is unnecessary to refer to it again, sufficing to refer to what has already been said on this aspect of the complaint. The plaintiff points out that in accordance with article 8 of Law 6758, the ICT has the obligation to build the basic infrastructure for the project's development, which includes providing the area with water resources. […] Although not expressly stated, it seems to emerge, according to what was argued by the plaintiff, a quasi-exception of unfulfilled contract (exceptio non adimpleti contractus), insofar as it alleges not having performed, because the counterparty did not perform. Certainly, article 8 of the oft-cited Law 6758 provides that the ICT must provide the works and basic infrastructure for the total development of the project, but it is also true that it has not been accredited that it corresponds to that institution to provide or guarantee potable water to the concessionaires, taking into consideration that in the area the service provider is AyA, whose functions, powers, and objectives are clearly stated in its own law. In any case, on this topic, it is reiterated that it has been duly established that the concessionaire, the plaintiff here, did not timely communicate to the ICT the non-availability of potable water, nor did it request an extension by virtue of such circumstance, so that said institution could take the necessary corrective measures. Nor is there a violation of good faith, insofar as having or not having water resources at a given moment, due to the area in which the concession is located, depends on variable factors according to the climate, demand, or provision of services and infrastructure. Nor does this Chamber understand how the plaintiff ventures into a project of such magnitude without having carried out the corresponding studies and analyses to determine the viability, not only economic, but also technical, environmental, and legal, of the project. 3- Nullity and unconstitutionality of the principles of legality, legal reserve, and specificity (tipicidad) in administrative matters: At this point, the plaintiff originally sought the unconstitutionality of article 13 of Law 6758, a claim that was timely withdrawn, without prejudice to the clear and manifest incompetence of this Court to hear a material claim that corresponds exclusively and excludably to the Constitutional Chamber. However, it directed its attention and claim towards the declaration of nullity of articles 18 and 19 of the Regulation to Law 6758, considering that they violate the principles of legality and legal reserve by establishing different sanctions than those established in the law, and by using general formulas or open-ended types, which constitutes a violation of the principle of specificity. The mentioned articles 18 and 19 of the Regulation to Law 6758 provide in order: […] Article 13 of Law 6758 provides: […] It should be noted here that the reviewed provision contemplates the cancellation of the concession as the sole effect in the event of the provided scenarios, in such a way that it does not graduate or dimension the non-compliances, so that at the regulatory level, always within the conduct set by the law, a flexible framework for action and assessment is allowed, enabling the Administration to weigh and adjust the sanction to the diverse conduct that may arise in the complex and varied contractual relationship, in order to preserve the continuation of the concession, without inexorably having to proceed to the outright cancellation of the concession in all cases. From this perspective, it is clear that the formulated objections lack foundation and must thus be rejected. 4.- Illegality and unconstitutionality of the challenged agreements for infringement of the principle of reasonableness.- Referring, citing constitutional jurisprudence to this effect, that the financial sanction and the order to begin processing the permits, including the financial sanction and the order to begin processing the permits within a period of three months, must be suitable for effectively achieving the intended objective and necessary to protect the public interest, and must also satisfy that need and yield a greater benefit than the harm caused to the individual. It denies that it is possible to comply within the period agreed in the contract with the development of the works, due to the lack of water resources, so the challenged act will not achieve compliance with those deadlines, it is not necessary to protect the public interest because it has not been threatened at any time by the concessionaire's actions, and in any case it does not satisfy that need since the project remains halted anyway. The reasonableness of the challenged act is not measured based on the parameters advocated by the plaintiff, regardless of whether the Constitutional Chamber has used them for the purpose of determining the reasonableness of public acts in general. An administrative act, such as the one at hand, is reasonable as long as the conduct provided for in the legal norm has been verified in reality, there is no exempting cause for the performance, and the sanction is contemplated and responds to the normative presumptions that justify its imposition. All of which has been abundantly demonstrated in this case; likewise, observe that it is the same argumentation and justification that the plaintiff has used throughout this proceeding and that has been rejected. By virtue of all the foregoing, having rejected each and every one of the formulated objections, given that the administrative act, from a formal standpoint, regarding subject (competence), was issued by the competent and legitimized administrative body, corresponding to the Board of Directors of the ICT, following the prescribed procedure and form, besides the grounds (motivo) being legitimate and existing in reality and legally, as taken into account to issue the act, the content being lawful, possible, clear, and precise, in accordance with the powers emanating from articles 13 of Law 6758 and 18 and 19 of its Regulation, and corresponding to the purpose desired by the legal system, there is no recourse but to reject the filed complaint in its entirety, denying the annulment claims regarding the administrative acts and the challenged regulatory articles, as the conditions for it do not concur, as set forth. Given that the indemnification claim depended on the acceptance of the complaint in its main claim, that claim not being accepted, the accessory claim for damages and losses is consequently denied as well.” (The highlighting is from the original).

XIV.From the preceding transcription, it is determined that the Court put forward several arguments to declare the inadmissibility of the complaint: 1) the plaintiff company stated that it did not initiate or file any procedure due to the lack of water resources –it was not convenient to invest large amounts of money in other requirements if it did not have the certainty of obtaining the environmental availability (disponibilidad ambiental) to develop the project–, a situation that, from a commercial or business perspective, it understands but does not share. It did not take into account its condition as holder of a concession for the use and enjoyment of a public domain asset, with a clear purpose of development and infrastructure investment in the area –according to Law No. 6758–. Therefore, it assumed a series of duties, not only contractual or administrative, but also legal, which it had to punctually fulfill or, at least, adequately justify, and to satisfaction, the reasons that prevented it. 2) Despite the fact that it is not possible to obtain environmental viability (viabilidad ambiental) without first having water resource availability to develop the project and it is not advisable –due to the high costs– to file other procedures before SETENA, even if feasible; the truth is that a preliminary project could be filed before the Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, in order to process and obtain approvals and permits from different administrative units. 3) The plaintiff did not communicate to the ICT, prior to the initiation of the administrative procedure against it, that it lacked water resource availability, nor did it request an extension, by virtue of that circumstance, to initiate the permit procedures before the various competent administrative bodies. 4) It failed to comply with its obligation to commence the procedures to obtain the necessary construction permits within six months following the signing of the contract, as mandated by clause six. This, without even communicating to the Executive Directorate of the Polo Turístico Golfo de Papagayo of the ICT the circumstance that prevented it from starting the permit processing, thereby requesting an extension. 5) That clause introduced a parameter for assessing non-compliance, but we are not in that situation, as the plaintiff omitted any procedure. 6) There is a conceptual error in the plaintiff company's approach, confusing the grounds (motivo) with the purpose of the challenged act. It is not protecting the public interest –that would be its purpose or aim–. Its grounds derive from the relationship between canons 13 of Law No. 6758 and 18 of its Regulation. The legal presupposition that justifies the issuance of the challenged administrative act is conduct attributable to the concessionaire: the non-compliance with its contractual obligations –failure to execute the required performance–.

This gives rise to a sanction –content– that has a corrective or remedial purpose –specific objective–, in order to guarantee fulfillment of the objectives of the indicated Law –general objective–. The non-compliance of the plaintiff with the obligations deriving from clause six of the concession contract was demonstrated; therefore, the grounds for the administrative act were deemed proven. 7) The challenged resolution provides adequate reasoning or motivation, since the Administration verified, first of all, whether the alleged fact or conduct occurred, whether or not there is a defense that would justify the non-compliance, and then subsumed the conduct, in an exercise of legal subsumption, to apply the corresponding penalty, in accordance with the applicable rule. The Administration demonstrated that the justification alleged by the concessionaire does not constitute a defense that exempts it from liability for non-compliance with its obligations. 8) Article 19 of the Regulation to Law No. 6758 does not provide for a system or parameter to grade or apportion the percentage at which the guarantee must be executed. The rule assumes that it must be executed in its entirety, without considering the degree of non-compliance or the damages caused. However, the ICT attenuated its application. Instead of executing 100% of the performance guarantee, applying, in a supplementary manner, article 41 of the Regulation to the Administrative Procurement Law, it [executed] it at 25%, deeming that reasonable. 9) Article 8 of Law No. 6758 prescribes that the ICT must provide the works and basic infrastructure for the total development of the project. Nevertheless, it was not proven that it was its responsibility to provide or guarantee potable water to the concessionaires, since the service provider in the area is the AyA, whose functions, powers, and objectives are set forth in its enabling legislation. In any event, it was demonstrated that the concessionaire did not timely notify the ICT of the unavailability of potable water, nor did it request an extension based on that circumstance, so that said entity could take the necessary corrective measures. 10) Nor is there any violation of good faith, since whether or not water resources (recurso hídrico) are available at a given time, in the project area, depends on variable factors: climate, demand, or the provision of services and infrastructure. 11) The Tribunal does not understand how the plaintiff ventured into a project of such magnitude without having conducted the corresponding studies and analyses to determine not only its economic viability, but also its environmental and legal viability. 12) Article 13 of Law 6758 provides, as the sole consequence for the scenarios contemplated therein, the cancellation of the concession. It does not grade or measure non-compliance. Consequently, at the regulatory level, a flexible framework of action and assessment is established that allows the Administration to weigh and adjust the sanction to the diverse range of conduct that may arise in the complex and varied contractual relationship, in order to preserve the continuation of the concession, without having to proceed –in all cases– with its cancellation. 13) The reasonableness of the challenged act is not established based on the parameters indicated by the plaintiff. An administrative act –like the one analyzed in this litigation– is reasonable insofar as the conduct contemplated in the legal rule has been verified in reality; there is no cause exempting from the non-compliance with the obligation; the sanction is contemplated and corresponds to the regulatory scenarios that justify its imposition. All of which was demonstrated in this proceeding. And, 14) The challenged administrative act, from a formal standpoint –subject, competence– was issued by the titular and legitimate administrative body, since it corresponds to the Board of Directors (Junta Directiva) of the ICT, following the prescribed procedure and form. Furthermore, the grounds are legitimate and exist in reality and legally, just as they were taken into account when issuing it. Its content is lawful, possible, clear, and precise, in accordance with the powers emanating from articles 13 of Law No. 6758; 18 and 19 of its Regulation, and it corresponds to the purpose intended by the legal order. The appellant, in light of what is alleged in the grievance under review, does not challenge all the arguments provided by the Tribunal for dismissing the lawsuit. She limits herself to questioning only one, specifically, the one identified as number 9, concerning the interpretation to be given to article 8 of Law No. 6758. Ergo, since the remaining arguments remain intact, what is stated by the cassation appellant is an innocuous argument for the purpose of overturning the judgment.

XV.Regarding what is asserted by the appellant in the seventh and final objection, it is necessary to point out the following. She cites numeral 222 of the CPC as having been violated. However, this rule is not applicable to this proceeding, because within the CPCA there is a specific one that regulates the alleged situation: article 193. Nevertheless, since both provisions –222 of the CPC and 193 of the CPCA– regulate the Tribunal's power to exempt from the payment of costs in similar terms; and, since the appellant explains what the violation consists of, without there being any doubt as to her objection, this Chamber deems the noted defect to be remedied. Along this line of thought, the indicated article of the CPCA provides: “In judgments and orders having the character of a judgment, the losing party shall be ordered to pay personal and procedural costs, a ruling that must be made ex officio. Notwithstanding the foregoing, the losing party may be exempted from the payment of costs, when: / a) The judgment is rendered based on evidence the existence of which the opposing party could not plausibly have been aware of and, for that reason, the party's opposition was adjusted. / b) By the nature of the issues debated, there existed, in the Tribunal's judgment, sufficient reason to litigate” (emphasis added). The appellant argues that because all the facts of the complaint were deemed proven, her represented party should have been exempted from the payment of costs. However, this Chamber disagrees with that criterion. Even if it were true that the judges deemed all the facts of the complaint proven because the defendant party accepted them, that does not, per se, imply that it litigated in good faith. It is essential to contrast that factual scenario with the applicable regulations. In this litigation, this Chamber considers, given the subject matter of the proceeding and the manner in which it was resolved, that there are no sufficient grounds for the plaintiff company to have litigated. Consequently, it was necessary to apply the rule of ordering the payment of costs by the losing party, just as the judges did. Ergo, the infringement of the numeral under discussion does not occur.

XVI.By virtue of the reasons set forth, under the protection of what is prescribed in numeral 140, subsection c) of the CPCA, it is appropriate to dismiss, outright and on the merits, the grievance under review. Due to the particular manner in which it is resolved, it is deemed that this must be done without a special award of costs (article 150, subsection 3, ibid).

POR TANTO

The first, third, fourth, fifth, and sixth grievances, according to the structure followed by the cassation appellant in her appeal, are dismissed outright. The second and seventh objections, following the same order, are admitted, and are dismissed outright on the merits, without a special award of costs.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vílchez Lupita Chaves Cervantes MJIMENEZ

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Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA *120018211027CA* Res. 001207-A-S1-2015 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de octubre de dos mil quince.

En el proceso de conocimiento interpuesto por BRUETON LIGNE SOCIEDAD ANÓMIMA, cédula de persona jurídica número 3-101-468308, representada por sus apoderadas especiales judiciales Vivian Conejo Torres y Belkis Rosa Gallardo, abogadas, portadoras de la cédulas de identidad números 601320830 y 800810010, respectivamente, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, representado por su apoderado especial judiciales Jimy Álvarez García, abogado, con cédula de identidad número 601900632 y sus apoderadas especiales judiciales Mónikha Cedeño Castro, Flor de María Arce Chacón, Marlene Marenco Vargas y Roxana Rodríguez Araya, abogadas, paradoras de las cédulas de identidad números 109370091, 203090774, 107290897 y 204250589, respectivamente; y el ESTADO, representado por el procurador adjunto Jorge Andrés Oviedo Álvarez, abogado, portador de la cédula de identidad número 401580773; la apoderada especial judicial de la entidad de la empresa actora, licenciada Belkis Rosa Gallardo, formuló recurso de casación impugnando la sentencia número 41-2014-IV, emitida por la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo a las 11 horas del 16 de mayo de 2014.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

CONSIDERANDO

I.Para un mejor análisis, se reordenan los agravios interpuestos conforme a la técnica de la casación -artículo 150 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA)-. En la primera censura, tercera según el orden del recurso, folio 364, arguye la recurrente errónea valoración probatoria, con quebranto de los cánones 82 incisos 1, 4, 5 y 83 del Código Procesal Contencioso Administrativo –CPCA-. Señala, el testigo aportado por el Instituto Costarricense de Turismo –ICT-, arquitecto Ronald Peña, manifestó que era obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados –AyA- suministrar el agua. Empero, agrega, ante preguntas realizadas por el Tribunal, en torno al momento en que hubo disponibilidad del recurso hídrico en la zona de Papagayo Sur, indicó: “[…] esos son unos pozos que se llamaban Cacique Agua utilidad no sé qué, que eran de una concesionaria que se llamaba Costa Cacique, que según acuerdo [sic], esa cantidad de agua, esos tres pozos daban más que la cantidad de agua que tenemos en todo Papagayo. Se negoció una parte para ellos, no sé qué porcentaje, una parte para los desarrolladores en Playa Hermosa y otra parte para los concesionarios de Papagayo porque tuvo una negociación tripartita, una parte del acueducto nuevo lo metió acueductos y alcantarillados [sic], otra parte el ICT y otra una empresa privada.” Además, ante otro cuestionamiento de las personas juzgadoras, respecto a si la disponibilidad de agua se encontraba garantizada en la actualidad, respondió: “Sí, claro, estamos haciendo una inversión de cerca de cinco millones y medio de dólares para traer agua desde la margen oeste del río Tempisque, ya se hizo un campo de perforación de pozos junto con Acueductos y Alcantarillados, por convenios, ya un concesionario también donó millón y medio de dólares para hacer un tanque y se está puliendo el presupuesto que anda aproximadamente en cinco millones y medio de dólares, donde vamos a traer el agua para ya que no [sic] tengan los concesionarios que decir que no hay agua para no construir.” De la misma manera, prosigue, al contestar la demanda, el representante del ICT afirmó: “El ICT ha resuelto el problema del recurso hídrico en conjunto con Acueductos y Alcantarillados” (página 21 de la contestación de la demanda, folio 232 del expediente judicial). A pesar de no mencionarse la fecha en que se resolvió el problema de agua, comenta, el testigo Ronald Peña señaló que fue en el año 2012, agregando que desde el 2008 no existía recurso hídrico en la zona de Papagayo Sur. También, aclaró el deponente que el proyecto Papagayo se divide en Papagayo Norte y Sur, donde se encuentra la concesión de Brueton Ligne y que, en este último sector, Papagayo Sur, no existía agua, de ahí que los esfuerzos para proveer a la zona con el recurso necesario para su desarrollo. En criterio de la casacionista, estas respuestas dejan claro que, aunque los acueductos sean administrados por el AyA, porque así lo ordena la ley, en el área de Papagayo el ICT tiene la responsabilidad de proveer la infraestructura necesaria para desarrollar la zona, incluyendo el suministro de agua. Si no fuera así, afirma, no estaría realizando convenios e inversiones millonarias para traer el recurso hídrico hasta las concesiones. A pesar de lo expuesto, comenta, la sentencia cuestionada, en el considerando VII, manifestó que no se acreditó que le correspondiera al ICT dotar o garantizar de agua potable a los concesionarios. Al no efectuarse una valoración correcta de la prueba testimonial aportada por el ICT –manifestación del testigo Ronald Peña-, arguye, con la que quedó claro que esa institución está obligada a proveer agua a los concesionarios para el desarrollo de la zona, en la sentencia impugnada se concluyó que no se probó dicho extremo y, con base en eso, desestimó la demanda. De haberse considerado en forma correcta dicho testimonio, concluye, se hubiera tenido por probado que, además de estar obligado por ley, el ICT tenía conocimiento de su deber de proveer el recurso hídrico para que los concesionarios realizaran sus proyectos, siendo por esa razón que invierte montos millonarios a fin de llevar agua al lugar. En el segundo agravio, cuarto acorde al orden seguido por la casacionista, folio 365, recrimina violación de la ley sustantiva por incorrecta valoración probatoria, con quebranto, nuevamente, de los preceptos 82 incisos 4, 5 y 83 del CPCA. En el apartado VII de la sentencia combatida, diserta, se indicó que su mandante no le comunicó al ICT la inexistencia de agua en la zona, a fin de que pudiera tomar las medidas correctivas necesarias. Esa conclusión, disiente, está en abierta contradicción con lo que se dice unos renglones arriba de la misma resolución, en cuanto a que el ICT no es el responsable de suministrar el agua. Si no es el competente ¿qué medidas correctivas podría tomar? Empero, lo que le llama la atención, afirma, es que existe prueba, tanto documental como testimonial, aportada por el propio ICT, que demuestra que esa institución era la que comunicaba a los concesionarios la existencia o no del recurso hídrico para que procedieran a solicitar la carta de disponibilidad de agua. De manera que, expresa, es el ICT quien debe informar a los concesionarios y orientarlos. Al respecto, reproduce, en lo de su interés, lo afirmado por el testigo Ronald Peña a raíz de la pregunta efectuada por presidente del Tribunal, en el sentido de si AyA, regularmente, informa al ICT de la disponibilidad de agua en la zona. Con esa prueba, enuncia, se demuestra que el ICT está informado de cuándo existe agua y cuándo no; además, que es quien comunica de la existencia a los concesionarios, para que puedan acudir a AyA a solicitar la carta de disponibilidad y comenzar a realizar los trámites. Es decir, aclara, la información pasa a través del ICT antes de llegar a los concesionarios. La sentencia, expresa, no valoró esto, que también consta en el expediente de la concesión (folios 377 a 380, cartas de Henry Wong a las concesionarias). Al no valorar esa prueba, afirma, se concluyó que el ICT no sabía de la inexistencia de agua, cuando es claro que sí. Asimismo, acota, al concluir que ese ente desconocía que no había agua en Papagayo Sur, cuando sí lo sabía, la resolución indica que no existe violación de buena fe. Empero, en su criterio, de toda la prueba que consta en el expediente, queda claro que el ICT aprobó el traspaso parcial de la concesión al mandante conociendo que, en ese momento, no existía recurso hídrico. El testigo, concluye, hizo hincapié en que la Oficina Ejecutora no aprueba ningún traspaso si no existe agua; en consecuencia, se cuestiona ¿existió un descuido del ICT, que ahora se pretende cobrar a la concesionaria? En la tercera objeción, quinta según la formuló la recurrente, folio 366, se reclama quebranto a la ley sustantiva por errónea valoración de la prueba, con infracción, otra vez, de los cánones 82 incisos 4, 5 y 83 del CPCA. Reproduce, en lo de su interés, lo considerado por las personas juzgadoras en el apartado VI del fallo cuestionado. Se analizó incorrectamente la probanza aportada, afirma. Como demostró, acota, el ICT era conocedor de que no existía agua en la zona y, por tanto, de la circunstancia que impedía dar inicio al trámite de los permisos. De igual manera, agrega, de que era parte de la solución de ese tema. Tan es así, señala, que, a pesar de la existencia de dos informes de la asesoría legal de los años 2009 y 2010, donde se enlistan las concesionarias que estaban incumpliendo, no es sino hasta el año 2011 que se comienza a investigar una posible infracción por parte de la actora. Como se alegó en la demanda, expresa, para ese año -2011-, todos los plazos del contrato se habían vencido y el procedimiento se abrió para determinar por qué no se había construido el proyecto, determinándose que fue por falta de recurso hídrico. Las personas juzgadoras, sostiene, determinaron que la sanción era procedente porque la concesionaria no dio inicio a los trámites ni solicitó prórroga de los plazos por la falta de agua que impedía la construcción del proyecto. A esa conclusión, alega, llegaron con fundamento en el testimonio del Arq. Ronald Peña. Este testigo, prosigue, manifestó reiteradamente que, en la concesión había agua, no porque él lo recordara de manera específica, o porque hubiese visto un documento que lo probara; sino porque, sin agua no se otorga una concesión. Transcribe, en lo de su interés, lo afirmado por el deponente. Con esa declaración, precisa, se demuestra que, en los casos en que no existe agua, las concesiones se dejan en mora, porque, en palabras del testigo, no se les puede obligar a que se construya, siempre y cuando se compruebe que no hay. De lo afirmado por el deponente, dice, también se obtiene, primero, que el ICT aprobó la cesión parcial de concesión hecha por Océano Uno Cristal del Pacífico S.A. a su poderdante, sabiendo que no existía agua en la zona de Papagayo Sur; y, segundo, que al estar al tanto de eso, la concesión debió haberse puesto en mora, hasta tanto existiera recurso hídrico. De tal manera, acota, era al ICT al que le correspondía manejar esa información y no a la concesionaria. El oficio mencionado por el testigo, no. CDP-29-2012, donde se indica a las concesionarias que deben realizar los trámites que no requieran carta de disponibilidad de recurso hídrico, señala, es posterior, no solo al otorgamiento de la concesión; sino también, del acuerdo que impuso la sanción, lo cual se desprende de los autos. De igual manera, prosigue, consta que la actora realizó actos el 5 de junio de 2008, antes de que la concesión quedara inscrita a su nombre. Durante ese tiempo, expresa, gestionó la carta de disponibilidad de recurso hídrico, con el fin de iniciar los trámites del proyecto. Misiva que fue emitida a nombre de Océano Uno Cristal del Pacífico S.A., porque, cuando se solicitó, la cesión a nombre de su patrocinada aún no se había inscrito –hecho probado número 7-. Solicitó cotizaciones para tramitar la viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –SETENA- (hecho probado no. 8). Presentó un anteproyecto en la Oficina Ejecutora del Polo Turístico –declaración de Ronald Peña ante pregunta del representante del ICT, la cual transcribe en lo de su interés-. Es decir, explica, su mandante, a pesar de no ser registralmente titular de la concesión, efectuó trámites para iniciar el proyecto, deteniéndose una vez que comprobó que no había disponibilidad del recurso hídrico y que, sin él, no podía terminar los trámites –prueba no. 8, donde se le indica a la actora que no se podía tramitar la viabilidad ambiental sin agua y testimonio del señor Edwin Castro-. No es cierta la conclusión del Tribunal, arguye, en cuanto a que la actora desatendió su obligación de iniciar trámites. En cuanto a la prórroga, alega, el ICT conocía la falta de recurso hídrico. Por esa razón, advierte, debió poner la concesión en estado de mora y no culpar a la concesionaria por no comunicarle algo que ya conocía. Incluso, agrega, el testigo Ronald Peña indicó que las sanciones se imponían por no haber iniciado trámites, lo que se contradice con su declaración de que, si se demuestra que no existe agua, se pone en mora la concesión, no pudiéndose exigir que se concluya. Al analizar incorrectamente la prueba que consta en autos, considera, el Tribunal concluyó que la sanción era procedente, porque la actora no efectuó ningún trámite ni solicitó prórroga al ICT. De haberse valorado correctamente, apunta, se hubiera concluido que la concesionaria realizó los trámites para iniciar la construcción, pero no pudo continuar por falta del recurso hídrico. Situación que, expresa, en todo momento fue del conocimiento del ICT. Por tanto, alega, lo procedente era que la concesión se pusiera en mora. Incluso, continúa, si se siguiera la tesis de que la concesionaria debió comunicarle al ICT la inexistencia de agua y que esa era una circunstancia que le impedía continuar con el proyecto, es algo que quedó debidamente demostrado en el procedimiento administrativo y, aún así, se procedió a imponerle la sanción. La sanción, expresa, no se impuso por no haber realizado trámites o no haberse demostrado la existencia de una eximente; sino por no cumplirse con los plazos establecidos en el contrato, lo cual era materialmente imposible, por la inexistencia de agua. Esto, concluye, el ICT lo conocía y era su responsabilidad resolver.

II.En torno a lo relacionado en el apartado anterior, es menester indicar que el numeral 139 inciso 3 del CPCA prevé un requerimiento de orden material necesario, tanto para la admisibilidad del recurso cuanto para su posterior valoración por el fondo. Se trata de la motivación del recurso que, por las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido, debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados o por indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas), o con las circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales. Jurídica, cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional, o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada. Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico y, en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión, porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es para nada indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como ya lo ha indicado esta Sala interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima ... deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento” (Resolución no. 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza, resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c) del mismo Código de rito.

III.En el caso en estudio, la recurrente olvida que esta instancia procesal no corresponde a un recurso ordinario (como es la apelación). Tampoco es suficiente, se insiste, manifestar una serie de disconformidades generales y meramente argumentativas. Es menester, según se apuntó en el considerando anterior, el contraste de lo decidido con la infracción que, en su criterio tuvo lugar. El meollo de lo alegado por la casacionista, en los tres reparos en estudio, consiste en la indebida valoración tanto de prueba testimonial –declaración de los señores Ronald Peña y Edwin Castro-, como de la contestación de la demanda y documental que consta en el expediente tanto judicial como de la concesión. Ello por cuanto, manifiesta, con esos elementos de convicción, se demuestra que, al momento de otorgársele la concesión a su poderdante no existía recurso hídrico en la zona, siendo el ICT el responsable de proveerlo a las y los concesionarias (os). Por consiguiente, en su criterio, la concesión otorgada a su mandante debió ponerse en estado de mora y no imponérsele la sanción objetada. De darse lo recriminado, como bien lo alegó la recurrente, configuraría un motivo de casación por quebranto de normas sustantivas; en concreto, por violación indirecta de ley, al no haberse apreciado adecuadamente esos medios de convicción. Acorde a lo indicado en el apartado anterior, esta Sala, en forma reiterada, ha señalado que, a efecto de que un recurso pase el control de admisión, se precisa, además de la suficiente exposición de motivos, la correspondiente mención y vinculación con la sentencia cuestionada de las normas de fondo que se estimen infringidas. En este sentido, pueden consultarse, entre muchas otras, las resoluciones números 354-A-S1-2011 de las 14 horas 30 minutos del 31 de marzo de 2011, 1483-A-S1-2012 de las 11 horas 13 minutos del 14 de noviembre de 2012, 194-A-S1-13 de las 10 horas 55 minutos del 14 de febrero de 2013 y 1025-A-S1-2014 de las 10 horas 45 minutos del 31 de julio de 2014. La casacionista omitió este requisito. No indicó norma sustantiva alguna como infringida. Se limitó a invocar los preceptos 82 y 83 del CPCA, que son normas procesales; incluso, ni siquiera precisa cómo fueron transgredidas esas normas. Esto torna informal los reparos indicados, imponiéndose, por ende, su rechazo.

IV.En el cuarto reparo, primero según el orden del recurso, folio 362, alega la casacionista quebranto directo, por indebida aplicación, de los cánones 130, 131 y 133 de la Ley General de la Administración Pública –LGAP-. Afirma, como lo señaló en la demanda y en las conclusiones del juicio oral, los acuerdos impugnados no son conformes con el propósito asignado por la Ley no. 6758, Ley que “Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo”. Reproduce el numeral primero de esa legislación. De igual manera, copia el precepto 2 inciso q) de su Reglamento. Papagayo, anota, debe ser, como lo indican dichos mandatos, el desarrollo turístico productivo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. La sentencia combatida, afirma, consideró que la sanción cumple un propósito correctivo o reparador –considerando VII-, en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la dicha Ley. Empero, alega, se demostró que, a pesar de la imposición de la sanción, el proyecto no podía desarrollarse sin agua, de manera tal que, a la fecha de la interposición de la demanda, abril de 2012, seguía sin construirse en la concesión porque aún no había recurso hídrico y no por causas atribuibles a su poderdante. Por lo tanto, manifiesta, la sanción interpuesta por el ICT no protege el interés público. No cumple un fin general ni concreto, pues no se ha logrado el desarrollo turístico productivo de la concesión. Lo único que hace, afirma, es castigar a la concesionaria por no presentar un documento comunicando algo que ya dicho ente conocía, que era la falta de agua y cuya solución no era competencia de los concesionarios, sino del ICT y AyA. Al no ser conformes con el propósito que les asigna la Ley, el cual es el desarrollo del Proyecto Turístico, apunta, los actos administrativos impugnados carecen de uno de sus elementos constitutivos y, por tanto, devienen nulos. De haberse aplicado correctamente los preceptos 128, 130, 131 y 133 de la LGAP, concluye, la sentencia habría determinado que faltaba uno de los elementos constitutivos del acto administrativo y declarado la nulidad del acuerdo que interpuso la sanción.

V.A la luz de lo afirmado por la recurrente, de darse el reparo interpuesto, configuraría un quebranto de normas sustantivas, pero por violación indirecta de ley, no directa como se formuló. En este sentido, la casacionista, a folio 363, en lo de interés, afirma: “Sin embargo, en el propio proceso se demostró que, a pesar de la imposición de la sanción, el proyecto no podía desarrollarse sin agua de manera tal, que a la fecha de interposición de la demanda, en Abril [sic] 2012, seguía sin construirse en la concesión, porque aún no había recurso hídrico y no por causas atribuibles a mi poderdante. […] Lo único que hace es castigar a la concesionaria por no presentar un documento al ICT comunicando algo que ya éste conocía, que era la falta de agua, y cuya solución no era no es [sic] competencia de los concesionarios sino del ICT y de AyA.” Como se deduce de lo afirmado por la casacionista, subyace un aspecto de orden probatorio. Alega situaciones fácticas que requieren demostración y, por tanto, debió señalar cuál es ese elemento fáctico indebidamente valorado por las personas juzgadoras; lo cual no se hizo. Esto impone su rechazo.

VI.En el quinto agravio, sexto según el orden seguido en el recurso, folio 368, reclama la recurrente falta de aplicación de los preceptos 11 y 19 de la LGAP. Indica, estos preceptos establecen que la Administración Pública debe actuar sometida al ordenamiento jurídico; además, que el régimen de los derechos constitucionales está reservado a la ley. En la demanda, manifiesta, se adujo que la sanción impuesta no está contemplada en la Ley; sino, fue establecida mediante reglamento. Se argumentó, prosigue, que los tipos contemplados en la Ley y el Reglamento son abiertos, por lo que violan el principio de tipicidad en materia de sanciones administrativas. No obstante, reclama, la sentencia cuestionada estableció que el reglamento puede desarrollar la ley, siempre y cuando no prohíba lo que aquella permita o no autorice lo que prohíba. Asimismo, añade, consideró que no existe infracción a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, al imponer una sanción que equivale a más de US. $40.000,00, sin explicar por qué no se infringen esos postulados. Copia los cánones 18 y 19 del Reglamento a la indicada Ley, no. 25439-MP-TUR del 27 de agosto de 1996 y sus reformas. La sentencia, arguye, no hizo referencia alguna al argumento esgrimido en cuanto a la falta de tipicidad de las conductas sancionables indicadas en el artículo 18 del Reglamento. Esa falta de tipicidad, explica, conlleva que el ICT, en este caso, cuenta con la potestad discrecional de valorar el incumplimiento y determinar el tipo de sanción a imponer, infringiéndose lo preceptuado en los mencionados cánones de la LGAP. Tocante a las sanciones previstas en el numeral 19 reglamentario, apunta, el Tribunal consideró que es razonable que se establezcan más leves a las previstas en la Ley, lo cual va en beneficio de los concesionarios. Empece, reprocha, no indicó por qué era factible que el ICT, mediante reglamento, modificara las sanciones a imponerle a los concesionarios y ejerciera una potestad que no está contemplada en la Ley. Según se desprende del fallo recurrido, indica, lo único achacable a su poderdante es que no comunicó al ICT que no disponía de recurso hídrico, lo cual, dice, era de conocimiento de la institución. Se cuestiona ¿por qué imponer una sanción tan estricta, de más de US. $40.000,00, por un incumplimiento menor, que no tuvo consecuencias, ya que se demostró que era imposible desarrollar el proyecto sin contar con agua. Por qué no se consideró un incumplimiento leve, imponiéndose una amonestación escrita, de forma que el concesionario estuviera apercibido de que debía comunicarle al ICT todas las gestiones que hacía? No es razonable ni proporcional, acota, que por no entregar a ese ente un documento demostrando algo que ya conocía, se imponga una sanción patrimonial tan gravosa para el concesionario. Por esta razón, explica, ha insistido, desde la imposición de la demanda, que un reglamento no puede desarrollar lo que la ley no le permite. Tampoco puede la Administración, añade, con base en un reglamento, determinar un grado de incumplimiento sin un parámetro de legalidad para hacerlo. De haberse aplicado los artículos señalados, alega, la sentencia hubiera concluido que el Reglamento utilizado para fundamentar la sanción impuesta es ilegal, por contener tipos abiertos y sanciones no establecidas en la Ley; además, los acuerdos son nulos por contravenir los principios de legalidad y reserva de ley. En todo caso, concluye, la sanción se impuso por una falta grave y no leve.

VII.En la presente censura, la recurrente no cuestiona en debida forma la sentencia impugnada. Entremezcla o alude a varias hipótesis distintas; pero, por la forma como se plantea el reparo, resultan inseparables ente sí. En este sentido, a folios 368, 369 y 370, invoca quebranto directo de ley al señalar: “Violación de ley sustantiva por falta de aplicación de los artículos 11 y 19 de la Ley General de la Administración Pública. / Los artículos mencionados indican que la Administración Pública debe actuar sometida al ordenamiento jurídico y que el régimen de los derechos constitucionales está reservado a la ley. […] Esta falta de tipicidad implica que la Administración, el ICT en este caso, tiene la potestad discrecional de valorar el incumplimiento y determinar el tipo de sanción a imponer, en violación de lo establecido en los artículos 11 y 19 de la Ley General de la Administración Pública. […] Es precisamente por esta razón que se ha insistido, desde el momento de la interposición de la demanda, en que un reglamento no puede desarrollar lo que la Ley no le permite, ni puede la Administración, con base en un reglamento, determinar un grado de incumplimiento sin un parámetro de legalidad para hacerlo. / De haberse aplicado los artículos indicados, la sentencia habría concluido que efectivamente, el Reglamento utilizado para fundamentar la sanción impuesta es ilegal por contener tipos abiertos y sanciones no establecidas en la Ley y que, además, los acuerdos son nulos por contravenir los principios de legalidad y reserva de ley, y que en todo caso la sanción se consideró una falta grave y no leve.” Luego, folio 369, afirma la existencia de un vicio por quebranto de normas procesales, en concreto, el previsto en el inicio 1) acápite d) del artículo 137 del CPCA: falta de motivación, cuando indica: “Igualmente, considera que no hay infracción al principio de razonabilidad y proporcionalidad al imponer una sanción que equivale a más de cuarenta mil dólares, pero no explica por qué no se infringen dichos principios.” Asimismo, en ese mismo folio, aduce otro quebranto procesal por falta de motivación: “En cuanto a las sanciones establecidas en el artículo 19, el Tribunal consideró que es razonable que se establezcan sanciones más leves a la que indica la Ley, lo cual va en beneficio de los concesionarios. / Sin embargo, no indicó el Tribunal por qué, si [sic]es factible que el ICT mediante Reglamento modifique las sanciones a imponer a la concesionaria y que pueda ejercer una potestad que no aparece en la Ley, no consideró qué tipo de falta había cometido la actora.” De igual manera, en ese mismo folio -369- invoca otro motivo casacional por quebranto de normas procesales: incongruencia, al manifestar: “La sentencia no hace referencia alguna al argumento esgrimido por esta representación en cuanto a la falta de tipicidad de las conductas sancionables indicadas en el artículo 18 del Reglamento.” A folio 370 señala un quebranto indirecto de ley: “¿Por qué imponer una sanción tan estricta, de más de Cuarenta mil dólares, por un incumplimiento menor, que no tuvo consecuencias ya que se demostró que era imposible desarrollar el proyecto sin contar con agua?” Finalmente, en ese mismo folio, invoca la transgresión de normas sustantivas, en concreto, de principios del Derecho Constitucional, al indicar: “No es razonable ni proporcional que por no entregar a ICT un documento demostrando algo que ya ese instituto conocía, se imponga una sanción patrimonial tan gravosa para el concesionario.” La ambigüedad referida riñe con la técnica que debe imperar en la redacción del recurso de casación, la cual impone que los motivos u objeciones deban indicarse en forma clara y precisa (artículo 139 inciso 3) del CPCA).

VIII.En consecuencia, ante la evidente omisión en combatir de manera sistemática y específica los fundamentos de la resolución recurrida, no con simples y genéricas disconformidades de criterio, los reclamos en análisis resultan insuficiente para generar la revisión del fallo controvertido en esta sede, al carecer de fundamentación jurídica, por lo que se impone su rechazo de plano –numeral 140 inciso c) del CPCA-.

IX.En la sexta censura, segunda acorde al orden segundo por la casacionista, folio 363, recrimina quebranto –por falta de aplicación- del artículo 8 de la Ley que “Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo”, el cual transcribe. De acuerdo a esta norma, explica, se manifestó en la demanda y probó en el proceso, que el ICT tiene la obligación legal de construir las obras necesarias y la infraestructura básica para el desarrollo total del proyecto; lo cual, agrega, incluye el suministro de agua, aspecto que quedó plenamente demostrado. Empero, arguye, en el considerando VII de la sentencia cuestionada, se indica que no se acreditó que le correspondiera al ICT dotar o garantizar de agua potable a los concesionarios, ya que el proveedor en la zona es AyA. Lo anterior, afirma, constituye un yerro del Tribunal, ya que el referido artículo es claro en el sentido de que el ICT debe proveer la infraestructura para el desarrollo de la zona. De haberse aplicado ese numeral, alega, la sentencia habría concluido que, en su condición de administrador del Proyecto Turístico, el ICT tiene la obligación de suministrar agua a los concesionarios, a fin de que puedan desarrollar las obras en la zona y, ante su incumplimiento, no podía sancionar a los concesionarios, por no haberlas iniciado dentro de los plazos del contrato o por no comunicarle que no existía agua, pues eso era de su conocimiento. En la sétima y última objeción, folio 370, la recurrente alega quebrantado el canon 222 del Código Procesal Civil –CPC- por falta de aplicación. Dice, la sentencia condenó a la empresa actora al pago de ambas costas. Sin embargo, agrega, dicho precepto señala que se podrá eximir de su pago al litigante de buena fe. Las personas juzgadoras, prosigue, tuvieron por probado todos los hechos de la demanda, lo cual demuestra que su poderdante no acudió a este proceso con base en hechos falsos, o que estuviera buscando un beneficio ilegal. Se interpuso la demanda con la firme convicción de que está respaldada por el derecho, argumenta, convicción que aún se mantiene. Al no actuar dicho numeral, concluye, el Tribunal condenó a su mandante a reconocer las costas del proceso, causándole un perjuicio mayor.

X.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 y 139 del CPCA, los anteriores dos reparos a la sentencia cuestionada resultan admisibles.

XI.En cuanto a su resolución por el fondo, la legislación procesal contenciosa prevé, en el mandato 140, la posibilidad de rechazar de plano el recurso de casación cuando: “a) Del escrito quede claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de casación / b) Se haya presentado extemporáneamente / c) Carezca de total fundamentación jurídica o, teniéndola, la Sala o el Tribunal de Casación deduzcan con claridad, la improcedencia del recurso, ya sea por razones procesales o de fondo”. (Lo subrayado es suplido). En este último supuesto, el legislador propuso una alternativa que en esta materia resulta expedita. De tal modo, en aras de resolver en forma pronta y cumplida los procesos judiciales permite, a quienes conocen este recurso extraordinario, determinar desde el inicio si el planteamiento es a todas luces improcedente, pese al cumplimiento de cuestiones estrictamente formales, tales como la presentación dentro del plazo y el respeto de la técnica misma de la casación conforme al canon 139 íbid. Lo anterior en virtud de que a nada conduce postergar la resolución de un recurso de esta naturaleza, si de su contenido se determina, con absoluta claridad, que el reproche planteado será desestimado.

XII.Lo afirmado en la sexta censura es confuso. En un primer momento, pareciera que la recurrente invoca quebranto indirecto de ley, cuando indica: “Con base en el artículo indicado, se manifestó en la demanda y se probó durante el proceso que el ICT tiene la obligación legal de construir las obras necesarias y la infraestructura básica para el desarrollo total del proyecto. Esta infraestructura incluye el suministro de agua, lo cual quedó plenamente demostrado. Sin embargo, en el Considerando VII, específicamente en la página 37 de la sentencia, se indica que no se ha acreditado que corresponda al ICT dotar o garantizar de agua potable a los concesionarios ya que el proveedor en la zona es el AyA.” No obstante, acto seguido, se interpreta que acusa un quebranto directo de ley –folio 364-, al anotar: “Esto constituye un yerro por parte del Tribunal, ya que el artículo mencionado es claro en que el ICT debe proveer la infraestructura para el desarrollo de la zona, postulado que no requiere prueba alguna. Es un mandato legal, no un hecho sujeto a prueba.” Al respecto, es menester transcribir los hechos probados marcados con los números 7, 9 y 18: “7) Que mediante oficio número OP-RCH-2008-030 del 11 de junio de 2008, de la Región Chorotega-Oficina de Papagayo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa que respecto a la provisión de servicios para la propiedad que se describe en el plano catastrado G-0767904-2002, no hay disponibilidad de agua potable, ni hay disponibilidad de alcantarillado sanitario (folio 26 del expediente judicial) […] 9) Que entre los requisitos para iniciar los trámites para obtener la viabilidad ambiental, la empresa consultora INFOREST, INGENIEROS FORESTALES, S.A., especificó la necesidad de contar con nota de disponibilidad de agua de la institución prestadora del servicio en la zona (hecho quinto de la demanda y folio 45 del expediente judicial) […] 18) Que mediante certificación 2011-054 del 19 de mayo de 2011 de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y dirigida a la actora, se informe [sic] que respecto a la solicitud de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario presentado ante esa Unidad el 5 de mayo de 2011 relativo al trámite de construcción de apartamentos, correspondiente al área de concesión, no existe disponibilidad de agua potable ni alcantarillado frente a la propiedad (folio 29 y 30 del expediente de procedimiento administrativo).” (Lo resaltado es del original). De tal cuadro fáctico, se determina, distinto a lo manifestado por la casacionista, las personas juzgadoras acreditaron que la institución prestadora del servicio en la zona, lo cual era de conocimiento de la accionante, es AyA y no el ICT. En consecuencia, lo aducido en el reparo en estudio, de darse, configuraría un quebranto indirecto de ley; pues lo que la recurrente afirma riñe con lo que se tuvo por probado. Ergo así será analizado. No obstante, deviene informal, ya que no se indica prueba alguna como indebidamente valorada, lo cual impone su rechazo.

XIII.Sin perjuicio de lo expuesto, y por la trascendencia para la solución del reparo en análisis, es menester transcribir, en lo de interés, pese a su extensión, lo considerado por las personas juzgadoras. “VI.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: En el presente proceso, se impugna el acto administrativo mediante el cual la Junta Directiva del ICT, impuso a la actora, aduciendo incumplimiento de sus obligaciones contractuales, una sanción que consiste en la ejecución del 25% del monto rendido a título de garantía de cumplimiento. Fundamentalmente la posición de la accionante gira en sostener que cuenta con una eximente de responsabilidad, en virtud que se vio imposibilitada de iniciar los trámites y permisos necesarios por la falta de disponibilidad de recurso hídrico, que constituye el requisito y condición sin el cual, no puede emprender el proyecto. […] Se tiene entonces, que la accionante pretende eximirse de responsabilidad ante el incumplimiento de las obligaciones que derivan de la cláusula sexta del contrato de concesión, ante la falta de recurso hídrico en el área de la concesión, lo que en su criterio, constituía una condición indispensable para iniciar cualquier trámite, diligencia, permiso o autorización ante las diversas instancias administrativas, que de acuerdo con sus competencias, tuvieran que otorgarlos, aprobarlos, extenderlos o dar su visto bueno. Toca entonces determinar si estamos en presencia de una situación insalvable, a tal grado que constituya una imposibilidad de cumplimiento, al presentarse razones subjetivas o bien causas objetivas, por las cuales el obligado no puede cumplir la prestación debida ante un obstáculo definitivo para llevarla a cabo y además que no le sea imputable. Ciertamente, conforme a las probanzas allegadas al proceso, en específico del testimonios rendido por el señor Edwin José Castro Bonilla, como de la cotización presentada por la empresa consultora INFOREST INGENIEROS FORESTALES, S.A., se concluye que no es posible obtener la viabilidad ambiental, sino [sic] se acredita de previo, contar con disponibilidad hídrica para desarrollar el proyecto. Manifestó además el testigo, cuya declaración espontánea, directa, sincera y clara, le merece credibilidad a esta Cámara, que es viable presentar algunos otros trámites ante SETENA, incluso sin contar con disponibilidad hídrica, pero que no es recomendable hacerlo por los gastos muy altos que demandan, dado el riesgo que corren de perderse sí [sic], finalmente, no se otorga la disponibilidad ambiental. Pero también, se indicó que un anteproyecto puede ser presentado ante el Colegio de Arquitectos e Ingenieros [sic] para tramitar y obtener aprobaciones y permisos ante distintas dependencias administrativas, sin contar aún con la viabilidad ambiental otorgada por SETENA. Se extrajo además, que durante un período de tiempo al menos entre la suscripción de la escritura de cesión y otorgamiento de la concesión y el inicio del procedimiento administrativo, no existía en la zona del proyecto disponibilidad de recurso hídrico. No obstante ello, también quedó probado que la actora no comunicó al ICT, previo a la instauración del procedimiento administrativo en su contra, que no contaba con disponibilidad de recurso hídrico, ni solicitó una prórroga en virtud de esa circunstancia para iniciar los trámites de permisos ante las diversas instancias administrativas competentes (declaración Ronald Peña Flores). El panorama en consecuencia que plantea la actora es, que no inició ni presentó tramite alguno, en virtud de la falta de recurso hídrico, por lo que no le resultaba conveniente invertir grandes cantidades de dinero en otros trámites, si no contaba con la seguridad de obtener la disponibilidad ambiental para desarrollar el proyecto. Posición que desde un prisma comercial o del giro del negocio se comprende, pero no se comparte, pues no toma en consideración que su condición de titular de una concesión de uso y disfrute de un bien de dominio público, con un claro propósito de desarrollo e inversión de infraestructura en una zona determinada, conforme a los fines de la Ley 6758, le confieren una serie de obligaciones y deberes, no solo contractuales o administrativos, sino también legales, que debían en consecuencia cumplirse puntualmente, o al menos justificar adecuadamente y a satisfacción los motivos que se lo impedían. La actora simple y sencillamente, desatendió cumplir con su obligación de dar inicio a los trámites para obtener los permisos necesarios para la construcción dentro de los seis meses siguientes a la suscripción del contrato, conforme lo estipulaba la cláusula sexta, sin siquiera comunicar a la Dirección Ejecutiva del Polo Turístico Golfo de Papagayo del ICT, la circunstancia que le impedía dar inicio al trámite de los permisos, solicitando de esa manera una prórroga. Nótese, a mayor abundamiento, que dicha cláusula, introducía un parámetro de valoración del incumplimiento en el sentido que no se consideraba tal, cuando la no obtención de los permisos se debería al atraso en su otorgamiento por los entes y órganos competentes para emitirlos, no imputables a la concesionaria. Sin embargo, ni siquiera nos encontramos ante esa situación, por cuanto, como se comprobó, la actora omitió todo trámite en tal sentido.- VII.- DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD CON EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPUGNA: La actora alega la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le impuso una sanción por el incumplimiento en iniciar los trámites para obtener los permisos para desarrollar el proyecto en el área concesionada, sustentada en cuatro motivos: 1- Nulidad de los acuerdos impugnados por falta de motivo y de motivación: […] En este punto debemos retomar lo dicho líneas arriba, al desarrollar la nulidad del acto administrativo. Se manifestó que el motivo (artículo 133 LGAP) es el presupuesto jurídico, el hecho condicionante que da génesis al acto administrativo. De tal manera que el motivo del acto administrativo constituye el supuesto o el hecho condicionante de la emisión de un acto administrativo, en otros términos, constituye la razón de ser del acto administrativo, lo que obliga o permite su emisión. Puede consistir en un acto o un hecho jurídico previsto por la norma jurídica. En tal sentido, se advierte una [sic] error conceptual en el planteamiento de la actora, puesto que confunde el elemento motivo con el fin del acto administrativo. En efecto, si el motivo constituye el hecho o conducta que prevé la norma jurídica a manera de presupuesto jurídico para la emisión de un acto administrativo, se debe precisar en consecuencia que no es el proteger el interés público el motivo que justifica el dictado del acto que se impugna, ese sería su fin, su propósito, como en general se le podría atribuir en términos generales y abstractos a todo acto administrativo. En realidad, el motivo del acto administrativo que nos ocupa, se deriva a partir de la conjugación de los artículos 13 de la Ley 6758 y 18 de su reglamento. El primero dispone que se cancelará una concesión otorgada cuando se de cualquiera de los siguientes casos: […] y el artículo 18 del reglamento establece que: […] Se tiene entonces que el presupuesto jurídico, que justifica el dictado del acto administrativo, lo constituye una conducta atribuible al concesionario, cual es, en el presente caso, incumplir sus obligaciones contractuales, lo que implica la falta de ejecución de la prestación debida. Ese motivo, el incumplimiento de una obligación de carácter contractual, origina una sanción (contenido) que tiene un propósito correctivo o reparador (fin concreto) en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley 6758 (fin general). Siendo que se ha demostrado el incumplimiento de la parte actora de las obligaciones que se derivan de la cláusula sexta del contrato de concesión, se tiene por realizado, verificado o comprobado el motivo del acto administrativo, por lo que resulta improcedente el reparo formulado. Argumenta además la actora que el acto administrativo carece de una debida fundamentación o motivación […] Recuérdese nuevamente acá, que motivar o fundamentar un acto administrativo, es explicar o justificar las razones por las cuales la Administración dicta un acto administrativo. Para ello, debe precisar los hechos o conductas que tomó en consideración y como éstas calzan con el supuesto jurídico previsto en la norma jurídica que se trate. De la revisión del acuerdo impugnado, se desprende que brinda una adecuada fundamentación o motivación, dado que la Administración comprueba en primer lugar si el hecho o conducta imputada se ha verificado, si existe o no eximente que justifique el incumplimiento y reconduce, en un ejercicio de subsunción a aplicar la sanción que corresponde de acuerdo con la norma aplicable. No es la fundamentación que aduce la demandante la que justifica el acto administrativo que impugna, la Administración con ello, lo único que hace es evidenciar que el motivo que alega la concesionaria no constituye una eximente de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones. Aduce además la actora, que no se justificó el monto de la sanción impuesta, consignándose únicamente que se ejecuta la garantía en un 25%, monto que se considera "un porcentaje razonable", sin que se esgrima argumento alguno en cuánto a las razones en que se fundamenta el Instituto para llegar a dicho porcentaje. […] El artículo 19 del Reglamento a la Ley 6758 dispone: […] Como se aprecia, la norma no contempla un sistema o parámetro para graduar o proporcionar el porcentaje en que se debe ejecutar la garantía. Ello supone, que la norma parte de la consideración que se debe ejecutar en su totalidad, sin considerar el grado de incumplimiento o los daños y perjuicios causados. No obstante ello, la Administración demandada, atenuó su aplicación y en lugar de ejecutar el 100% de la garantía de cumplimiento, recurriendo supletoriamente a lo dispuesto en el articulo 41 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, decidió ejecutarla parcialmente en un 25% al considerarlo razonable, lo que hace que este reparo resulte inatendible y por ende se rechaza. 2.- Ilegalidad del acuerdo que impuso la sanción por incumplimiento previo del ICT e inexistencia de incumplimiento por parte de la concesionaria, de conformidad con la cláusula Sexta del Contrato de concesión: Refiere ahora la actora, que resulta irrazonable, excesivo y desproporcional que fuera sancionada por un hecho que escapa totalmente a su control, como lo es la falta de agua en la zona que se dio en concesión, Papagayo Sur. […] Este reparo ha sido ya debidamente atendido y resuelto por lo que resulta innecesario referirse de nuevo, bastando con remitir a lo ya dicho sobre este extremo de la demanda. Apunta la actora que de conformidad con el artículo 8 de la Ley 6758, el ICT tiene la obligación de construir la infraestructura básica para el desarrollo del proyecto, lo cual incluye dotar a la zona de recurso hídrico. […] Aunque no se dice expresamente, parece desprenderse de acuerdo con lo argumentado por la parte actora, una cuasi excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus), en tanto se alega no haber cumplido, por no haber cumplido la contraparte. Ciertamente el artículo 8 de la citada tantas veces, de la Ley 6758, dispone que el ICT debe proveer las obras y la infraestructura básica para el desarrollo total del proyecto, también lo es, que no se ha acreditado que corresponda a esa institución dotar o garantiza el agua potable a los concesionarios, tomando en consideración que en la zona el proveedor del servicio es el AyA, cuyas funciones, competencias y objetivos están claramente señalados en su propia ley. En todo caso, se insiste sobre el tema, ha quedado debidamente establecido que la concesionaria, aquí actora, no comunicó oportunamente al ICT de la no disponibilidad de agua potable, ni solicitó una prórroga en virtud de tal circunstancia, de modo tal que dicha institución pudiera tomar las medidas correctivas necesarias. Tampoco hay violación a la buena fe, en tanto el contar o no con recurso hídrico en un momento determinado, por la zona en que está afincada la concesión, depende de factores variables de acuerdo con el clima, demanda o provisión de servicios e infraestructura. Tampoco entiende esta Cámara, como la actora se aventura en un proyecto de tal envergadura, sin haber realizado los estudios y análisis correspondientes a fin de determinar la viabilidad, no solo económica, sino técnica, ambiental y legal del proyecto. 3- Nulidad e inconstitucionalidad de los principios de legalidad, reserva de ley y tipicidad en materia administrativa: En este punto la accionante originalmente pretendía la inconstitucionalidad del articulo 13 de la Ley 6758, pretensión que fue desistida en su oportunidad, sin perjuicio de la clara y manifiesta incompetencia de este Tribunal de conocer una pretensión material que corresponde en forma exclusiva y excluyente a la Sala Constitucional. Sin embargo, dirigió su atención y pretensión a la declaratoria de nulidad de los artículos 18 y 19 del reglamento [sic] a la Ley 6758, al considerar que violan los principios de legalidad, reserva de ley al establecer sanciones diferentes a las establecidas en la ley, y al utilizar fórmulas generales o tipos abiertos, lo que constituye una violación al principio de tipicidad. Los mencionados artículos 18 y 19 del Reglamento a la Ley 6758 disponen por su orden: […] El artículo 13 de la Ley 6758 dispone: […] Adviértase acá, que la disposición reseñada contempla como único efecto ante los supuestos previstos la cancelación de la concesión, de forma tal, que no gradúa ni dimensiona los incumplimientos, por lo que a nivel reglamentario, siempre bajo las conductas fijadas en la ley, un marco flexible de actuación y apreciación, que permita a la Administración ponderar y ajustar la sanción a las diversas conductas que en el complejo y variada relación contractual se puedan presentar, en aras de preservar la continuación de la concesión, sin que inexorablemente deba proceder en todos los casos a la cancelación sin más de la concesión. Desde esta perspectiva es claro, que los reproches formulados carecen de fundamento y así deben ser rechazados. 4.- Ilegalidad e inconstitucionalidad de los acuerdos impugnados por infracción del principio de razonabilidad.- Refiere citando al efecto jurisprudencia constitucional que la sanción patrimonial y la orden de comenzar a tramitar los permisos, incluyendo la sanción patrimonial y la orden de comenzar a tramitar los permisos [sic] en un plazo de tres meses, debe ser apta para obtener efectivamente el objetivo pretendido y necesaria para proteger el interés público, debe además satisfacer esa necesidad e importar un beneficio superior al perjudicado [sic] que ocasiona al administrado. Niega que sea posible cumplir en el plazo convenido en el contrato con el desarrollo de las obras, por la falta de recurso hídrico, por lo que el acto impugnado no lograra el cumplimiento de esos plazos, no es necesario para proteger el interés público porque en ningún momento se ha visto amenazado por la actuación de la concesionaria y en todo caso no satisface esa necesidad ya que cualquier modo el proyecto sigue detenido. La razonabilidad del acto cuestionado no se mide en función de los parámetros que propicia la actora, independientemente que la Sala Constitucional los haya utilizado a efectos de determinar la razonabilidad de los actos públicos en general. Un acto administrativo, como el que nos ocupa, es razonable en tanto la conducta prevista en la norma jurídica se haya verificado en la realidad, que no exista causa eximente del cumplimiento de la prestación y la sanción se encuentre contemplada y responda a los supuestos normativos que justifican su imposición. Todo lo cual se ha demostrado abundantemente en este caso, de igual manera, obsérvese que se trata de la misma argumentación y justificación que a lo largo de este proceso ha utilizado la actora y que ha sido rechazada. En virtud de todo lo expuesto, habiéndose rechazado todos y cada uno de los reproches formulados, siendo que el acto administrativo desde un aspecto formal, en cuanto sujeto (competencia) se encuentra dictado por el órgano administrativo titular y legitimado por corresponder a la Junta Directiva del ICT, siguiendo el procedimiento y la forma prevista, además que el motivo es legítimo y existir real y jurídicamente, tal y como fue tomado en cuenta para dictar el acto, siendo el contenido lícito, posible, claro y preciso, de acuerdo con las facultades que emanan de los artículos 13 de la Ley 6758 y 18 y 19 de su reglamento [sic] y corresponder al fin querido por el ordenamiento jurídico, no queda más que rechazar en todos sus extremos la demanda interpuesta, denegando las pretensiones anulatorias respecto de los actos administrativos y los artículos reglamentarios impugnados, por no concurrir las condiciones para ello, conforme se expuso. Siendo que la pretensión indemnizatoria dependía del acogimiento de la demanda en su pretensión principal, no siendo acogida aquella, deviene de igual forma, denegada la pretensión accesoria de daños y perjuicios.” (Lo resaltado es del original).

XIV.De la anterior transcripción, se determina que el Tribunal esgrimió varios argumentos para declarar la improcedencia de la demanda: 1) la empresa actora manifestó que no inició ni presentó trámite alguno por la falta del recurso hídrico –no le convenía invertir grandes cantidades de dinero en otros requisitos, si no contaba con la seguridad de obtener la disponibilidad ambiental para desarrollar el proyecto-, situación que, desde la perspectiva comercial o del giro negocial comprende, pero no comparte. No tomó en cuenta su condición de titular de una concesión de uso y disfrute de un bien de dominio público, con un claro propósito de desarrollo e inversión de infraestructura en la zona –conforme a la Ley no. 6758-. Por ello, asumió una serie de deberes, no solo contractuales o administrativos, sino también legales, que debía cumplir puntualmente o, al menos, justificar adecuadamente y a satisfacción los motivos que se lo impedía. 2) A pesar de que no es posible obtener la viabilidad ambiental si, previo, no se cuenta con disponibilidad del recurso hídrico para desarrollar el proyecto y, no ser recomendable –por los altos costos- presentar ante SETENA otros trámites, aún y cuando sea factible; lo cierto es que podía presentarse ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica un anteproyecto, a fin de tramitar y obtener aprobaciones y permisos ante distintas dependencias administrativas. 3) La actora no le comunicó al ICT, con antelación al inicio del procedimiento administrativo en su contra, que no contaba con disponibilidad de recurso hídrico ni solicitó una prórroga, en virtud de esa circunstancia, para iniciar los trámites de permisos ante las diversas instancias administrativas competentes. 4) Desatendió cumplir con su obligación de dar inicio a los trámites para obtener los permisos necesarios para la construcción, dentro de los seis meses siguientes a la suscripción del contrato, según lo mandaba la cláusula sexta. Ello, sin siquiera comunicar a la Dirección Ejecutiva del Polo Turístico Golfo de Papagayo del ICT la circunstancia que le impedía dar inicio al trámite de los permisos, solicitando una prórroga. 5) Esa cláusula introducía un parámetro de valoración del incumplimiento, pero no se está en esa situación, ya que la actora omitió todo trámite. 6) Existe un error conceptual en el planteamiento de la empresa actora, al confundir el motivo con el fin del acto cuestionado. No es proteger el interés público –ese sería su fin o propósito-. Su motivo se deriva de la relación de los cánones 13 de la Ley no. 6758 y 18 de su Reglamento. El presupuesto jurídico que justifica el dictado del acto administrativo impugnado es una conducta atribuible a la concesionaria: el incumplimiento de sus obligaciones contractuales -falta de ejecución de la prestación debida-. Esto origina una sanción –contenido- que tiene un propósito correcto o reparador –fin concreto-, en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la indicada Ley –fin general-. Se demostró el incumplimiento de la accionante de las obligaciones derivadas de la cláusula sexta del contrato de concesión; por lo que se tuvo por comprobado el motivo del acto administrativo. 7) El acuerdo cuestionado brinda una adecuada fundamentación o motivación, ya que la Administración comprobó, en primer lugar, si el hecho o conducta imputada se verificó, si existe o no eximente que justificara el incumplimiento y recondujo, en un ejercicio de subsunción, a aplicar la pena correspondiente, de acuerdo con la norma aplicable. La Administración evidenció que la justificación alegada por la concesionaria no constituye eximente de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones. 8) El canon 19 del Reglamento a la Ley no. 6758 no contempla un sistema o parámetro para graduar o proporcionar el porcentaje en que se debe ejecutar la garantía. La norma parte de la consideración de que se debe ejecutar en su totalidad, sin considerar el grado de incumplimiento o los daños y perjuicios causados. Empero, el ICT atenuó su aplicación. En lugar de ejecutar el 100% de la garantía de cumplimiento, actuando supletoriamente el canon 41 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la en un 25%, al considerarlo razonable. 9) El artículo 8 de la Ley no. 6758 preceptúa que el ICT debe proveer las obras y la infraestructura básica para el desarrollo total del proyecto. No obstante, no se acreditó que le correspondiera dotar o garantizar el agua potable a los concesionarios, pues el proveedor del servicio en la zona es el AyA, cuyas funciones, competencias y objetivos están señalados en su ley de creación. En todo caso, quedó demostrado que la concesionaria no le comunicó oportunamente al ICT la no disponibilidad del agua potable ni solicitó una prórroga en virtud de esa circunstancia, a fin de que dicho ente pudiera tomar las medidas correctivas necesarias. 10) Tampoco existe violación a la buena fe, pues, el contar o no con el recurso hídrico en un momento determinado, en la zona del proyecto, depende de factores variables: clima, demanda o provisión de servicios e infraestructura. 11) No comprende el Tribunal cómo la actora se aventuró en un proyecto de tal envergadura, sin haber efectuado los estudios y análisis correspondientes, para determinar la viabilidad no solo económica, sino también ambiental y legal. 12) El precepto 13 de la Ley 6758 contempla, como único efecto ante los supuestos ahí previstos, la cancelación de la concesión. No gradúa ni dimensiona los incumplimientos. En consecuencia, a nivel reglamentario, se establece un marco flexible de actuación y apreciación, que le permita a la Administración ponderar y ajustar la sanción a las diversas conductas que se puedan presentar en la compleja y variada relación contractual, en aras de preservar la continuación de la concesión, sin que deba procederse –en todos los casos- a su cancelación. 13) La razonablidad del acto cuestionado no se establece en función de los parámetros indicados por la actora. Un acto administrativo –como el analizado en esta lite-, es razonable en el tanto la conducta prevista en la norma jurídica se haya verificado en la realidad; que no exista causa eximente del incumplimiento de la prestación; que la sanción se encuentre contemplada y responda a los supuestos normativos que justifican su imposición. Todo lo cual se demostró en este proceso. Y, 14) El acto administrativo cuestionado, desde un aspecto formal –sujeto, competencia- fue dictado por el órgano administrativo titular y legitimado, por corresponder a la Junta Directiva del ICT, siguiendo el procedimiento y la forma prevista. Además, el motivo es legítimo y existe real y jurídicamente, tal y como fue tomado en cuenta para dictarlo. Su contenido es lícito, posible, claro y preciso, de acuerdo con las facultades que emanan de los artículos 13 de la Ley no. 6758; 18 y 19 de su Reglamento y corresponde al fin querido por el ordenamiento jurídico. La recurrente, a la luz de lo alegado en el agravio en estudio, no combate todos los argumentos brindados por el Tribunal a efecto de rechazar la demanda. Se limita a cuestionar solo uno, en concreto, el individualizado con el número 9, en torno a la interpretación que debe dársele al canon 8 de la Ley no. 6758. Ergo, al mantenerse incólumes los demás, lo señalado por la casacionista es un argumento anodino a efecto de quebrar el fallo.

XV.En cuanto a lo afirmado por la recurrente en el sétimo y último reparo, es menester apuntar lo siguiente. Cita como transgredido el numeral 222 del CPC. Empero, esta norma no es aplicable a este proceso, pues en el CPCA existe una específica que regula la situación alegada: el artículo 193. No obstante, como ambas disposiciones -222 del CPC y 193 del CPCA- regulan la facultad del Tribunal para exonerar del pago de las costas en parecidos términos; y, como la recurrente explica en qué consiste el quebranto, sin que exista duda de su objeción, esta Sala tiene por subsanado el defecto anotado. Dentro de esta línea de pensamiento, el indicado precepto del CPCA dispone: “En las sentencias y los autos con carácter de sentencia, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales, pronunciamiento que deberá hacerse de oficio. No obstante lo anterior, la parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas, cuando: / a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte. / b) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar” (el subrayado es agregado). La recurrente señala que por haberse tenido como probados todos los hechos de la demanda, debió exonerársele del pago de las costas a su representada. No obstante, esta Cámara disiente de ese criterio. Aún y cuando fuese cierto que las personas juzgadoras tuvieren por demostrados todos los hechos de la demanda porque la parte accionada los aceptare, no conlleva, per se, a que litigara de buena fe. Resulta indispensable contrastar ese cuadro fáctico con la normativa aplicable. En esta lite, estima esta Cámara, por el objeto del proceso y la forma cómo se resolvió, no le asiste suficiente motivo para litigar a la empresa actora. En consecuencia, se imponía aplicar la regla de imponer el reconocimiento de las costas a la parte vencida, tal y como lo hicieron las personas juzgadoras. Ergo, no se produce la infracción del numeral en comentario.

XVI.En mérito de las razones expuestas, al amparo de lo preceptuado en el numeral 140 inciso c) del CPCA, se impone desestimar de plano por el fondo el agravio en estudio. Debido a la particular forma como se resuelve, se estima que debe hacerse sin especial condenatoria en costas (artículo 150 inciso 3 íbid).

POR TANTO

Se rechazan de plano los agravios primero, tercero, cuarto, quinto y sexto, según la estructura seguida por la casacionista en su recurso. Se admiten el segundo y sétimo reproches, siguiendo el mismo orden, los cuales se rechazan de plano por el fondo, sin especial condenatoria en costas.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vílchez Lupita Chaves Cervantes MJIMENEZ

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    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley 6758 Art. 8
    • Ley 6758 Art. 13
    • Reglamento a la Ley 6758 Art. 18
    • Reglamento a la Ley 6758 Art. 19
    • Ley General de la Administración Pública Art. 133
    • Código Procesal Contencioso Administrativo Art. 193

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