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Res. 01220-2015 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 22/10/2015
OutcomeResultado
The First Chamber dismisses the Municipality of Liberia's cassation appeal, upholding the liability for unauthorized solid waste dumping, and defers the determination of environmental impact and remediation to the enforcement phase.La Sala Primera desestima el recurso de casación de la Municipalidad de Liberia, confirmando la condena por depósito no autorizado de desechos sólidos, y deja para ejecución de sentencia la determinación del impacto ambiental y su reparación.
SummaryResumen
The Supreme Court's First Chamber upholds the Administrative Court's ruling that the Municipality of Liberia is liable for dumping solid waste on two private farms without permission since 2007. The plaintiff, Tres Inversionistas S.A., claimed the municipality invaded its land, affecting 25,518 m² and 43,651 m². The Municipality filed a cassation appeal arguing the owner had given tacit consent, that environmental harm was unproven, and that its statute-of-limitations defenses should have succeeded. The Chamber dismisses the appeal for lack of proper legal reasoning: the appellant failed to identify the substantive norms breached or explain how they were violated. On the merits, the trial court found the municipality engaged in unlawful and abnormal conduct by dumping waste without permission or treatment, triggering strict liability under articles 190 and 195 of the General Public Administration Act. The Chamber endorses the factual findings: the owner expressly objected in 2008, and the municipal witnesses were not credible. The determination of environmental impact and damages is deferred to the enforcement phase due to insufficient expert evidence from the plaintiff. The appeal is rejected outright, with no order as to costs.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirma la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que condenó a la Municipalidad de Liberia a reparar el daño causado por depositar basura sin autorización en dos fincas privadas desde 2007. La parte actora –Tres Inversionistas S.A.– alegó que el municipio invadió sus predios, afectando 25.518 m² y 43.651 m², respectivamente. El Ayuntamiento interpuso recurso de casación argumentando que existió consentimiento tácito del propietario, que el daño ambiental no fue probado y que las excepciones de prescripción y caducidad debieron prosperar. La Sala desestima el recurso por falta de fundamentación jurídica y técnica: el casacionista no identificó las normas de fondo violadas ni explicó cómo se produjo la infracción. En el fondo, el Tribunal de instancia dio por probada la conducta ilícita y anormal al depositar los desechos sin permiso ni tratamiento, configurando responsabilidad objetiva conforme a los artículos 190 y 195 de la LGAP. La Sala avala el razonamiento factual: el propietario manifestó su oposición expresa en 2008 y los testigos municipales no resultaron creíbles. Se deja para ejecución de sentencia la determinación del impacto ambiental y su cuantificación ante la insuficiencia de las pruebas periciales de la actora. Se rechaza de plano el recurso, sin condena en costas.
Key excerptExtracto clave
First, it has been proven that the Municipality of Liberia caused harm to the properties registered as Folio Real 30878-000 and 34528-000, owned by the plaintiff. The conduct that caused the damage was precisely the dumping of solid waste on the plaintiff's farms, without any permit, authorization, or consent. […] At the apex of our legal system, Article 45 establishes the inviolability of private property. Therefore, the conduct of dumping trash on farms adjacent to the municipal landfill constitutes an infringement of a fundamental right, guaranteed by the Political Constitution. Furthermore, Articles 21 and 50 of the Constitution protect the right to health and a healthy and ecologically balanced environment. The act of dumping trash on private property implicates these constitutional rights, sufficient to constitute the unlawful and abnormal conduct required by the General Public Administration Act as a basis for liability. […] The dumping of trash on the plaintiff's properties generates additional harm, as evidenced by the expert report of Engineer Moisés Arias, which even determined its extent and location. Despite this, the environmental impact and its magnitude have not been duly proven. For this reason, under Article 122(m)(iii) of the Contentious-Administrative Procedural Code, the determination of the consequences caused by the solid waste dumping on the plaintiff's properties, as well as the method of remediation, is deferred to the sentence execution phase...En primer término, se ha probado que la Municipalidad de Liberia causó un daño, en las propiedades que responden a los números de folio real del Partido de Guanacaste 30878-000 y 34528-000, propiedad de la parte accionante. La conducta que produjo el menoscabo, fue precisamente el depósito de desechos sólidos en las fincas de la demandante, sin que existiera permiso, autorización o consentimiento de su parte. […] Nuestro ordenamiento jurídico en su cúspide, en el artículo 45, dispone la inviolabilidad de la propiedad privada. De esa forma, la conducta encaminada a tirar basura en las fincas aledañas al vertedero municipal, se configura en una afectación a un derecho fundamental, garantizado, como se expuso anteriormente, por la Constitución Política. Por otro lado, la Carta Política en sus artículos 21 y 50, protegen el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El hecho, de depositar basura en una propiedad privada, implica afectación a éstos derechos de rango constitucional, suficiente para configurar la conducta ilícita y anormal que dispone la Ley General de la Administración Pública como criterio de imputación. […] El depósito de basura en las propiedades de la parte actora, genera un daño adicional, evidenciado por el informe pericial del Ingeniero Moisés Arias, que incluso se determinó su extensión y ubicación. Pese a lo anterior, el impacto al medio ambiente y su magnitud no se encuentran debidamente acreditados. Por esa razón, de conformidad con el artículo 122 inciso m) iii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se deja para la fase de ejecución de sentencia la determinación de las consecuencias que generó el depósito de desechos sólidos en las propiedades de la parte actora, así como la forma en la que se debe llevar a cabo su reparación...
Pull quotesCitas destacadas
"La conducta que produjo el menoscabo, fue precisamente el depósito de desechos sólidos en las fincas de la demandante, sin que existiera permiso, autorización o consentimiento de su parte."
"The conduct that caused the damage was precisely the dumping of solid waste on the plaintiff's farms, without any permit, authorization, or consent."
Considerando X
"La conducta que produjo el menoscabo, fue precisamente el depósito de desechos sólidos en las fincas de la demandante, sin que existiera permiso, autorización o consentimiento de su parte."
Considerando X
"El hecho, de depositar basura en una propiedad privada, implica afectación a éstos derechos de rango constitucional, suficiente para configurar la conducta ilícita y anormal que dispone la Ley General de la Administración Pública como criterio de imputación."
"The act of dumping trash on private property implicates these constitutional rights, sufficient to constitute the unlawful and abnormal conduct required by the General Public Administration Act as a basis for liability."
Considerando X
"El hecho, de depositar basura en una propiedad privada, implica afectación a éstos derechos de rango constitucional, suficiente para configurar la conducta ilícita y anormal que dispone la Ley General de la Administración Pública como criterio de imputación."
Considerando X
"El Tribunal no encuentra en este momento la manera de determinar esos alcances y cómo debe ser reparado. [...] se deja para la fase de ejecución de sentencia la determinación de las consecuencias que generó el depósito de desechos sólidos en las propiedades de la parte actora, así como la forma en la que se debe llevar a cabo su reparación."
"The Court cannot at this time determine the extent of those consequences or how they must be repaired. [...] the determination of the consequences caused by the solid waste dumping on the plaintiff's properties, as well as the method of remediation, is deferred to the sentence execution phase."
Considerando XVIII
"El Tribunal no encuentra en este momento la manera de determinar esos alcances y cómo debe ser reparado. [...] se deja para la fase de ejecución de sentencia la determinación de las consecuencias que generó el depósito de desechos sólidos en las propiedades de la parte actora, así como la forma en la que se debe llevar a cabo su reparación."
Considerando XVIII
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Sala Primera de la Corte Date of the Resolution: October 22, 2015 at 14:06 Case File: 09-002671-1027-CA Reviewed by: SALA PRIMERA *090026711027CA* Res. No. 001220-A-S1-2015 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours six minutes of October twenty-second, two thousand fifteen.
In the ordinary proceeding filed by TRES INVERSIONISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its special judicial attorneys-in-fact Federico Torrealba Navas, Alexander Araya Zúñiga and Adelita Olivares Ferrero, holders of identity card numbers, in that order, 107050781, 108870596 and 111240620 against the MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, represented by its Mayor, Luis Gerardo Castañeda Días, holder of identity card number 900330681; the representative of the defendant Municipality filed a cassation appeal challenging judgment number 6-2014-V, issued by the Fifth Section of the Administrative Appeals Court at 8 hours 30 minutes of January 27, 2014.
Magistrate Solís Zelaya drafts
CONSIDERANDO
I.In the second ground of disagreement, folio 1007, the appellant alleges a lack of grounds for the appealed ruling. He invokes violations of precepts 169 of the Political Constitution; 2 of the Municipal Code; 4, 5, 10, 11, 13, 16 subsection 1), 190, 195 of the General Public Administration Law; 317 of the Civil Procedure Code; 10, 12, 36, 39, 42, 66, 119 of the Administrative Procedure Code; 134 of the Forest Law (Ley Forestal); and 279 subsection 1 of the Civil Code. He says, in this litigation, that the erroneous assessment of the evidence entails the existence of a lack of grounds. The judges, he explains, lacked certain and sufficient criteria to award the judgment in the way they did. When the ruling is handed down, he alleges, it must be supported by doctrinal legal grounds, applicable to the truth discovered in the adversarial process; "support which grants the guarantee of due process to the party and deduces the constitutional authority of the judge.
This judgment is not the exemplary case." For the Municipality, he states, it had the claimant's permission to deposit garbage on its properties. If it was in disagreement, he asks, why did it file this lawsuit until 2009, when garbage had existed on its properties since 2005? The judges, he affirms, did not take the factual dimension in its proper proportion. When the law must be applied to the specific case, legal hermeneutics is invalidated by a judicial coercive declaration that does not resolve the problem; but rather, promotes environmental damage, by the Court indicating that "despite the foregoing, the impact on the environment and its magnitude is not duly accredited." The judges, he states, could not grant an aspect that the claimant did not prove without violating the rules of sound rational criticism. The contested judgment, he concludes, lacks grounds because it disregarded the evidence in its integral and real dynamic.
II.Regarding what was stated in the previous section, it is necessary to indicate that numeral 139 subsection 3 of the Administrative Procedure Code (CPCA) provides a necessary material requirement, both for the admissibility of the appeal and for its subsequent review on the merits. This is the reasoning of the appeal which, due to the characteristics of cassation, must be clear and precise. In this sense, it must contain, as provided by the precept under discussion, the factual and legal grounds of the case. Factual, to the extent that it shows disagreement with the facts that have been held as proven or unproven (which leads to the weighing of the evidence), or with the circumstances occurring in the violation of procedural rules. Legal, when it is a problem stated regarding the application, omission or incorrect interpretation of any rule that forms part of the block of legality, including, of course, constitutional principles, or that which also operates by reflex or indirect effect, after the facts of the challenged judgment are modified.
In both the procedural violation and the evidentiary one, along with the legal reasons (always necessary), those of a factual nature may concur and, in that sense, the indicated grounds must be directed in both aspects, under penalty of inadmissibility. Furthermore, it is necessary to clarify that the indication of those canons relating to the value of the poorly appreciated evidentiary element or elements is exempted from the legal grounds, by express legal mandate. Similarly, it is unnecessary to cite the rules that the lower court erroneously used and mentioned to issue and reason its decision, because they appear in the appealed ruling itself. And of course, it is not at all essential to cite the precepts that establish the requirements, deadlines and basic rules for the admission of the appeal. Before citing the latter, what is essential is that they are complied with, that they are put into practice when preparing and filing the cassation.
Thus, the grounds provided by law can be understood, broadly speaking, as that technical-legal argumentation in which a series of articles or legal rules are mentioned, interwoven or concatenated with each other and reasonably linked in a double perspective: with the arguments of the appeal and with the judgment being attacked. To the extent that a set of legal rules (or if necessary, a single one of them) is cited, relevant and clearly linked to the contested judgment (whether in the support of fact or law) and the arguments of the appeal, there is legal grounding. Jurisprudential additions or eventual doctrinal citations will sometimes reinforce the allegations made, but, in general, they do not make up their essence. As this Chamber has already indicated interpreting Article 139 under reference, "it is required that the appeal has a minimum legal grounding... the reasons on which its action is based must be explained, combating the legal arguments of the appealed judgment and setting forth, at least, some normative reference that supports it" (Resolution no. 318-A-2008, at 14 hours 25 minutes of May 8, 2008).
The grounds are, therefore, foreign to the confused deployment of rules and allegations; to the mixture of unintelligible arguments or the simple exposition of opinions on the appropriateness or justice of the case, or even, to the recounting of the errors considered committed in the appealed judgment, without support in legal rules or criteria. Hence, if the appeal completely omits that technical-normative relationship to which reference has been made, or the one it makes is manifestly and evidently impertinent or disconnected from the case, it must be understood that it lacks "total legal grounding", and therefore, fails to comply with the necessary requirement established in numeral 139.3, which is sanctioned with outright rejection, pursuant to the provisions of Article 140 subsection c) of the same Procedural Code.
III.In the case under study, the appellant forgets that this procedural instance does not correspond to an ordinary appeal (such as an appeal). Nor is it sufficient, it is insisted, to state a series of general and merely argumentative disagreements. It is necessary, as noted in the preceding recital, to contrast what was decided with the violation that, in his opinion, took place. As determined from the analysis of the objection, the appellant does not systematically and specifically combat the grounds of the challenged decision. The crux of what was alleged by the appellant lies in an evidentiary problem, both due to erroneous grounds of the judgment and due to incorrect weighing of the evidence. In his opinion, his represented party had the respective permission from the representative of the claimant company to carry out the garbage deposit on its properties. In addition, he points out, the judges stated, regarding the alleged environmental damage, that its impact and magnitude were not duly accredited.
Therefore, he considers, they could not grant an aspect that the claimant did not prove. The judgment, he notes, lacks grounds, by disregarding the evidence in its integral and real dynamic. The grievance is informal. The appellant does not identify which means of conviction were incorrectly weighed. Nor does he specify which substantive provisions were, in his opinion, violated; likewise omitting the reasons for how it happened. In this sense, in the epigraph of the objection he indicates: "Rules violated: Political Constitution Article 169, the Municipal Code 2 [sic], General Public Administration Law Articles 4, 5, 10, 11 and 16 subsection I., 190, 195, Article 317 of the Civil Procedure Code, Administrative Procedure Code, 10, 12, 36, 42, 66, 119 and subsequent and concordant and 134 and subsequent and concordant, Forest Law (Ley Forestal), Civil Code Article 279 subsection I." Then, at folio 1008, under the title "LEGAL GROUNDS" he indicates: "I base my position on Articles 317 of the Civil Procedure Code, 75, 99 and 101 of the Administrative Contracting Law, 10, 11, 13, 113.2, 129 and 134 of the General Public Administration Law [sic]." As observed, these are rules from various normative bodies, of a different nature and regulation.
According to what was set forth in recital II of this judgment, it was essential for the appellant, according to cassation technique, to indicate, with clarity and precision, which ones were violated and to provide the reasons for how their breach occurs. However, the appellant did not comply with that obligation.
IV.By virtue of the reasons indicated, given the evident omission in combating in a systematic and specific manner the grounds of the appealed decision, not with simple and generic disagreements of criteria, the claim is insufficient to generate the review of the controversial ruling in this venue as it lacks legal grounds, therefore its outright rejection is imposed –numeral 140 subsection c) of the CPCA-.
V.In the first objection, folio 991, the appellant alleges an erroneous evidentiary assessment, with violation of canons 169 of the Political Constitution; 2 of the Municipal Code; 279 subsection 1 of the Civil Code; 317 of the Civil Procedure Code –CPC-; 10, 39, 41, 58, 66, 82.4 of the Administrative Procedure Code –CPCA-; 10, 11, 13, 113.2, 129 and 134 of the General Public Administration Law –LGAP-. He says, the contested judgment ordered that his represented party caused damages to the claimant's properties; as well as impairment, by virtue of the deposit of solid waste without there being a permit, authorization or consent. Such assertion, he affirms, is not true. From the evidence received in the oral and public trial, he maintains, with the testimony of the Municipality's witnesses, the permit that the City Council had to use the land was demonstrated. In addition, he continues, meetings were held with the participation of both the claimant's lawyers and the legal representative of the Municipality and the Departments that have some involvement in the issue of solid waste collection and treatment.
In these, he highlights, it was made clear, by the claimant, its permission to carry out the deposit of solid waste from the canton, until the construction of the sanitary landfill (relleno sanitario) began. The claimant, he points out, had an interest in obtaining profit from the final treatment of the garbage, through an agreement with the Municipality or some private company. It consented to this saturation, he continues, since it never prevented it in writing addressed to the Municipal Mayor's Office or the Council. On its properties, he alleges, it had guards, so its tolerance is evident. He reproduces, insofar as relevant, what was affirmed by testifying engineer Augusto Otárola Guerrero, Environmental Manager of the Local Government; as well as what was stated by deponent Renán Zamora Álvarez. It is clear, he argues, that his represented party, as well as its servants, are responsible for lawful conduct when they cause damages and losses; however, he adds, in this case, such a situation does not arise, since the claimant has acted with clear bad faith, by allowing the Municipality to deposit garbage on its properties, intentionally causing it to err.
Damage cannot be invoked, he affirms, if there was full knowledge and consent. He transcribes numerals 190 and 195 of the LGAP; as well as the opinion of the Procuraduría General de la República no. C-175-97, regarding compensable damage. There can be no damage, he notes, much less losses, because tolerance and consent exist. There is fault of the victim, as was demonstrated with the testimonies offered by his represented party. That is, an exemption from liability, therefore the Court carried out an erroneous evidentiary assessment. On the other hand, he adds, the judges indicated that the damage affected 25,518 square meters and 43,651 square meters, respectively, of the claimant company's properties. In addition, that throwing garbage on the farms constitutes an affectation of a fundamental right: the inviolability of private property, regulated in constitutional canon 45. He insists, the Court made a poor assessment of the means of conviction, since it was duly demonstrated in the oral and public trial, with the testimony of Engineer Otárola Guerrero, the permission that the Municipalidad de Liberia had to use those lands; and that, in addition, meetings were held in which both the claimant's lawyers and the legal representative of the City Council participated, as well as the Departments that have some involvement in the issue of solid waste collection and treatment.
There, he states, the claimant expressed its permission to carry out the deposit of solid waste until the construction of the sanitary landfill (relleno sanitario) began. The plaintiff company, he denounces, had an interest in obtaining profit from the final treatment of the garbage, through an agreement with the Local Government or some private company. It consented to that situation, he notes, because it did not prevent it in writing addressed to the Municipal Mayor's Office or the Council. On the properties, he insists, there are guards, so the tolerance is evident. There was no water or electricity, until his represented party intervened. With the testimony of Mr. Zamora Álvarez it is demonstrated that there were conversations with the representative of the claimant company and that the deposit of garbage was tolerated, until this proceeding was formalized. Therefore, he states, there can be no violation of private property, since the verbal consent of its owner's representative existed; in addition, the guards did not prevent the passage of the garbage trucks to deposit it on the property. He states that the expert report prepared by the Organismo de Investigación Judicial –OIJ- was assessed incorrectly because:
Her client, she reiterates, had the permission of the plaintiff to use that land. Likewise, she insists that a series of meetings were held between the attorneys of the plaintiff company and the legal representative of the Municipality, as well as the Departments involved in the collection and treatment of solid waste; in addition to the plaintiff company's interest in obtaining profits from the final treatment of the garbage through an agreement with the Local Government or a private company. The plaintiff company, she rebukes, by consenting to the situation, cannot claim the loss of its right of possession. It did not object, in writing addressed to the Mayor's Office or the Council, nor to the Department of Development and Urban Control, the body in charge of the solid waste collection and treatment process of the canton. Her client, she affirms, was clear about the urgent need to provide final disposal of the canton's solid waste.
The representatives of the plaintiff company were always aware of this and were tolerant, knowing that there was no other option. Consequently, she alleges, the plaintiff has not been dispossessed of its possession and there is no illegal invasion, because facultative acts or acts of mere tolerance on the part of the owner do not give the Municipality a right of possession. Regarding the defenses of statute of limitations (prescripción) and preclusion (caducidad) raised by her client, again, she affirms that the Court did not properly assess the evidence produced at trial. The claim, she concludes, was filed until October 2009, despite the fact that the plaintiff company has owned the properties since September 25, 2001, where garbage has existed since 2005, as acknowledged by the expert offered by the plaintiff, Alicia Gómez Cruz.
VII.Regarding its resolution on the merits, the administrative procedural legislation provides, in mandate 140, the possibility of flatly rejecting the cassation appeal when: “a) It is clear from the brief that the appealed resolution cannot be subject to cassation / b) It has been filed untimely / c) It completely lacks legal foundation or, having one, the Chamber or the Cassation Court clearly deduces the inadmissibility of the appeal, whether for procedural or substantive reasons.” (The underlining is supplied). In this last scenario, the legislator proposed an alternative that is expeditious in this matter. Thus, in order to resolve judicial processes promptly and fully, it allows those hearing this extraordinary appeal to determine from the outset if the approach is clearly inadmissible, despite compliance with strictly formal matters, such as filing within the deadline and respecting the cassation technique itself according to canon 139 ibid. This is because postponing the resolution of an appeal of this nature serves no purpose if its content clearly determines that the reproach raised will be dismissed.
VIII.Prior to the analysis of what was stated by the appellant, it is necessary to state that the objection is confusing. The cassation appellant adduces a series of disparate aspects among themselves, which contradicts the cassation technique, which obliges the cassation appellant to set forth their objections to the questioned judgment with clarity and precision –article 139 subsection 3) of the CPCA. However, this Chamber analyzes it as follows. As a first aspect, folios 1001 and 1007, the appellant affirms that the Court rejected the defenses of preclusion (caducidad) and statute of limitations (prescripción), despite the fact that the expert offered by the plaintiff, Alicia Gómez Cruz, affirmed that since 2005 there had been garbage on the plaintiff company's properties. He indicates that said company has owned the estates since September 25, 2001; however, it filed the claim in 2009. Therefore, he explains, the aforementioned defenses were raised.
In this regard, it is necessary to point out, as noted, that the cassation appellant, in the heading of the reproach, cited as violated a series of rules from different regulatory bodies, which regulate various situations. In the objection under analysis, he does not indicate which of all of them is the applicable one; much less does he explain, with due rigor, how it was breached. This renders this part of the objection under study informal.
IX.Notwithstanding the foregoing, and for greater abundance of reasons, the judges, in considering I of the contested judgment, stated, in what is of interest: “I.-ON THE EXCEPTION OF STATUTE OF LIMITATIONS (PRESCRIPCIÓN) AND PRECLUSION (CADUCIDAD). [...] Regarding the point under discussion, the plaintiff is correct in affirming that the applicable statute of limitations (prescripción) period for civil treasury matters is 4 years. It must be borne in mind that the Code of Administrative Procedure contains a special rule that regulates the preclusion (caducidad) of the action in this type of process. Thus, in what is of interest, article 41 of Law No. 8508 provides: [...] The statute of limitations (prescripción) period for the substantive right, to which the cited canon refers, is that provided by article 198 of the General Law of Public Administration, Law No. 6227, which is 4 years. In accordance with the foregoing, the defendant is incorrect in indicating that the applicable statute of limitations rule to the case is that of article 39 of the Code of Administrative Procedure, since, as set forth, there is a special rule.
On the other hand, if the facts are from 2007, as the defendant itself acknowledged in the oral trial, from that date, at the time the claim was filed, said fatal period had not elapsed. For this reason, in accordance with what has been stated, the exceptions of statute of limitations (prescripción) and preclusion (caducidad) raised by the defendant Municipality must be rejected.” The cassation appellant does not challenge the basis put forward by the Court to reject the defenses of statute of limitations (prescripción) and preclusion (caducidad). His argument is divorced from the reasons provided by the judges. The cassation appellant did not question what was stated in the contested judgment regarding the inadmissibility of those defenses, since this is a civil treasury process, to which the four-year prescriptive period provided in canon 198 of the LGAP applies, as provided by precept 41 of the CPCA; reason for which, if the reproached facts occurred in 2007, as the defendant itself acknowledged in the oral and public trial, from that date to the moment the process was initiated -October 23, 2009- the four-year period had not elapsed.
In this regard, he limited himself to reiterating the argument presented during the process, without linking it to the contested ruling. Consequently, what is alleged in the cassation appeal is futile in terms of breaking the questioned ruling.
X.As a second issue, folios 992 to 995, the cassation appellant says that the Court improperly assessed the testimonial evidence provided by his client –specifically, the statements of witnesses Augusto Otárola Guerrero and Renán Zamora Álvarez–, since, by it, it is determined that the permission, tolerance, or consent of the plaintiff was given for the City Council to use its properties as a deposit for the solid waste of the canton of Liberia. Consequently, he indicates, there is no damage, much less damages (perjuicios); furthermore, he affirms, the exemption from liability for the victim's fault is configured. He adduces that precepts 190 and 195 of the LGAP are violated. Regarding that argument, it should be noted that the judges, in the proven facts preceded by numbers 7, 9, 10, and 11 of the contested judgment, stated: “7) That in 2007, approximately, the Municipality of Liberia invaded the plaintiff's properties and began to deposit solid waste (statements of Mr. Michael Stanley Mc Ginnis, audiovisual support of the trial, starting at 16:54:52, disc 1, January 22, 2013). [...]
XI.As a third aspect, folios 995 to 997, the appellant challenges the Court's conclusion that the damage caused to the plaintiff company's properties affected 25,518 square meters of one and 43,651 square meters of the other. In this regard, he insists on his theory that with the statement of Messrs. Otárola Guerrero and Zamora Álvarez, the permission that the Municipality had to make use of the lands is demonstrated. Likewise, he indicates, the expert opinion submitted by the OIJ was erroneously assessed. Finally, he indicates, there are other topographic surveys carried out, which account for a smaller area than that indicated by the Court. The cassation appellant does not indicate which substantive rule is violated by the foregoing. In this sense, as noted, in the heading of the grievance he indicates: “FIRST GROUND. ERRONEOUS ASSESSMENT OF THE EVIDENCE.- Rules violated: article 317 of the Code of Civil Procedure, 10, 39, 41, 58, 66, 82.4, of the Code of Administrative Procedure, 10, 11, 13, 113.2, 129 AND 134 of the General Law of Public Administration, Political Constitution article 169, the Municipal Code 2, Ley Forestal, Civil Code article 279 subsection 1.” Afterward, at folio 1008, in the heading “LEGAL GROUNDS” he indicates: “I base myself on article 317 of the Code of Civil Procedure, 75, 99 and 101 of the Law of Administrative Contracting, 10, 11, 13, 113.2, 129 and 134 of the General Law of Public Administration.” As can be observed, these are rules of different nature and regulation.
It was essential for the appellant, in accordance with the cassation technique, to specify, with clarity and precision, which is the substantive provision violated and to provide the reasons for how its transgression occurs. By not complying with said obligation, what is alleged becomes informal.
XII.Notwithstanding the foregoing, and for greater abundance of reasons, it is necessary to indicate, first of all, regarding what was affirmed concerning witnesses Otárola Guerrero and Zamora Álvarez, reference is made to what was recorded in the preceding section of this judgment. Secondly, in the proven fact identified with number 14, the judges indicated: “That the area affected by solid waste on the plaintiff's property, under real folio 30878-000, is 25,518 square meters. The area affected by solid waste deposit on the plaintiff's property, registration 34528-000 is 43,651 square meters, which is grouped into three sectors, the first of 38,123 square meters, the second of 672 square meters, and the third of 4,856 square meters (folios 896-900 of the judicial file, statement of Mr. Moisés Sancho Arias, in audiovisual support of the trial, starting at 9:06:25, disc 2, January 7, 2014).” Then, in considering VIII, in what is relevant, they stated: “[...] Said damage affected 25,518 square meters of the first and 43,651 square meters of the second. [...] On the other hand, in accordance with a document, visible on folio 329 to 331 of the judicial file, by geographer Marco Garro, the survey found on folio 770, as well as the statement of Mr.
Mauricio Molina Jiménez, the Municipality acknowledged the existence of only one hectare as the invaded area, by virtue of a re-staking of the boundaries of its land, which directly affected the placement of the plans and consequently the magnitude of the damage. This evidence contradicted what was provided by the plaintiff in relation to the aspect of the extent of the alleged damage. For this reason, evidence was requested for a better resolution, given the doubt that arose in relation to the plans that appeared registered in the Registry from 1972 and to those referred to by both parties, from the years 1986 and 2008, as well as for the difference in areas that existed between one and the other. In accordance with the evidence produced, the Court was able to verify that between the properties under real folio No. 30878-000 and No. 56577-000, owned by the plaintiff and defendant, respectively, there is no overlap understood as usurpation, but rather it is the product of the segregation that occurred from the Municipality's land.
The foregoing by virtue of the fact that, as of today, property under number 30878-000 is registrally associated with plan G-0003427-1972, which does not contain the segregation of the lot owned by the Municipality No. 56577-000. Said overlap that appears at the plan level has no incidence whatsoever on the magnitude of the damage to the affected areas on the plaintiff's property, which has been determined. For the reasons stated, the arguments presented by the defendant entity are not admissible in this venue, which would allow it to be exempted from liability.” As is clearly determined, the judges, to define the affected area of the plaintiff company's properties, did not only rely on the expert report from the OIJ; but also on the statement given by the expert engineer Moisés Sancho Arias, whose statement is recorded in the recording minutes at 9:06:25 of the oral and public trial hearing held on January 7, 2014, and whose review was conducted by the Court at folios 944 to 945, without the appellant showing any objection. Consequently, what was indicated by the cassation appellant is futile in terms of breaking the ruling.
XIII.In a fourth aspect, folios 998 to 999, the appellant affirms that the Court indicated that the Political Constitution, in its precepts 21 and 50, protects the right to health and a healthy and ecologically balanced environment. That the act of depositing garbage on private property transgresses them, configuring the illicit and abnormal conduct provided in the LGAP. The appellant states that the statements of engineer Otárola Guerrero and Mr. Zamora Álvarez were improperly assessed, since with them the permission that the City Council had to make use of the plaintiff's properties is determined; as well as the meetings held. Likewise, he indicates, Eng. Otárola Guerrero affirmed that what was carried out was a controlled dump (vertedero controlado), which he described. Regarding the cassation appellant's reiteration that what was affirmed by the witnesses offered by his client demonstrates the permission or acquiescence it had to use the plaintiff company's properties, reference is made to what was indicated in considering X of this ruling.
Regarding the fact that, with what was stated by witness Otárola Guerrero, it is accredited that the City Council carried out a controlled dump (vertedero controlado), as already stated, apart from the fact that the Court completely discredited what was affirmed by him, based on the proven facts preceded by numbers 7, 9, 10, and 11; as well as in unproven fact number five, where it is affirmed: “That the Municipality of Liberia deposited the solid waste on the plaintiff's properties respecting the technical regulations for a sanitary landfill (there is no evidence in the records).”, it is that in considering VIII of the questioned judgment, in what is of interest, the Court considered: “In the first place, it has been proven that the Municipality of Liberia caused damage to the properties corresponding to real folio numbers of the Partido de Guanacaste 30878-000 and 34528-000, owned by the plaintiff.
The conduct that produced the impairment was precisely the deposit of solid waste on the plaintiff's properties, without the existence of permission, authorization, or consent on its part. [...] Our legal system, at its apex, in article 45, provides for the inviolability of private property. Thus, the conduct aimed at throwing garbage on the properties adjacent to the municipal dump constitutes an affectation of a fundamental right, guaranteed, as stated previously, by the Political Constitution. On the other hand, the Political Charter, in its articles 21 and 50, protects the right to health and a healthy and ecologically balanced environment. The act of depositing garbage on private property implies an affectation of these constitutionally-ranked rights, sufficient to configure the illicit and abnormal conduct provided by the General Law of Public Administration as a criterion for imputation.
To the foregoing, must be added the fact that the deposit of waste materials was carried out without any treatment, which aggravates the illegality and abnormality of the present case, due to the impact this generates on the environment.” As was already stated, the factual basis of the indicated proven facts –based on which it is determined, not only that there was no permission from the plaintiff; but also, that the garbage deposit was done without any treatment– is, in addition to the statement of witnesses Michael Stanley Mc Ginnis and Alexander Araya Zúñiga, the documents visible on folios 58 and 59 of the judicial file. The cassation appellant does not question what was affirmed by said deponents nor the content of such documents. Hence, what was stated is futile in terms of breaking the ruling.
XIV.As a fifth topic, folio 999, the appellant states that the Court concluded that the deposit of waste materials was carried out without any treatment, which aggravated the illegality and abnormality of the action, due to the impact on the environment. Again, he indicates the testimony of engineer Otárola Guerrero, who affirmed that it was a controlled dump (vertedero controlado), was improperly assessed. He affirms that the breach of constitutional precept 45 was not configured since the due permission of the plaintiff company was available. Nor of constitutional precepts 21 and 50, since the regulations referring to the controlled dump (vertedero controlado) concept were complied with. Regarding the assertion that the City Council had the respective permission of the plaintiff company, reference is made to what was already indicated in the preceding considerings of this judgment. As for what was carried out by the Municipality on the plaintiff company's properties was a controlled dump (vertedero controlado), the appellant does not indicate the regulations referring to that concept as violated, which renders what was stated informal. In any case, in the preceding section of this ruling, the reasons were provided for which this Chamber considers that what was alleged is not admissible.
XV.In a sixth aspect, folios 1000 to 1001, the cassation appellant states that the Court determined the causal link between the supposed illicit and abnormal conduct of his client and the damage, for which reason it condemned his client to repair it and acknowledge the damages (perjuicios). In this regard, he affirms that the City Council had the need to seek an alternative measure, which represented a lesser impact both environmentally and on the health of the inhabitants of the canton. It deposited the waste in a controlled dump (vertedero controlado) with the approval of the representative of the plaintiff company. This, he comments, was demonstrated with the testimonies of engineer Otárola Guerrero and Mr. Zamora Álvarez. The cassation appellant omits to point out any rule whatsoever as violated. As already noted, it was essential for him to do so clearly and precisely, in accordance with the cassation technique; in addition to providing the reasons for how its transgression occurs. By not complying with that duty, what is alleged becomes informal. In any case, what has now been stated has already been the object of analysis in preceding considerings, so reference is made to what was set forth there.
XVI.As a seventh argument, folios 1001 to 1002, the appellant states that the Court's disbelief regarding the testimony of engineer Augusto Otárola Guerrero, related to the acquiescence of Mr. Mc Ginnis to receive garbage on the lands of his client, is unfounded. He affirms that, at that moment, he was not in charge of the environmental health area; therefore, he had no responsibility for that topic. Consequently, his statement, apart from having been made under oath and coming from a public official and judicial expert, must be considered valid.
The appellant fails to indicate which substantive rule is violated by the court’s purported error. Ergo, the complaint is procedurally defective. In any event, as already noted, the lack of consent from the plaintiff company’s representative to deposit solid waste from the canton of Liberia on its properties was credited by the adjudicators, not only through the testimony of Mr. Mc Ginnis, but also that of licenciado Alexander Araya Zúñiga and the documents visible at folios 58 and 59 of the judicial file, without the cassation appellant challenging that factual basis.
XVII.In an eighth point, folios 1002 to 1004, the cassation appellant indicates that the expert opinion issued by the OIJ was improperly assessed. Furthermore, he says, there are other topographic surveys showing a smaller area. However, the appellant does not indicate any substantive rule as having been violated. Ergo, the claim is procedurally defective. In any event, when the third issue invoked by the appellant was examined, in Considerando XII, the reasons were set forth for which this Chamber considers that the argument outlined concerning the alleged improper assessment of the expert opinion issued by the OIJ is inconsequential to overturn the judgment, and thus it refers back to what was stated there.
XVIII.As a ninth aspect, folios 1004 to 1005, regarding the reparation of environmental harm (reparación del daño ambiental) and the loss of value of the plaintiff company’s properties, he states that the Court considered that the impact on the environment and its magnitude are not duly accredited. Consequently, he argues, it could not grant a claim that the plaintiff did not prove. He adds, through the testimony of engineer Augusto Otárola Guerrero, it is determined that the plaintiff’s farms are located in a marginal zone that does not even support livestock. It is completely arid. They are located in an area with the lowest rainfall index, with tall grasses and occasional saplings (brinzales), with natural gullies (cárcavas naturales), battered by strong winds, and with limited ecological niches. There is no forest cover (bosque) on the land. Consequently, it is not true that his represented party, through its actions in safeguarding public health and the environment, caused serious harm to the environment.
Furthermore, he reiterates, the Municipality had the permission of the representative of the plaintiff company to deposit the solid waste from the canton of Liberia. The complaint is procedurally defective; the appellant does not identify any substantive rule as having been breached. Notwithstanding the foregoing, and for the sake of further reasoning, it is once more insisted, regarding the lack of consent (anuencia) of the plaintiff company, that reference be made to what was indicated in previous sections. Similarly, the Court discredited entirely what was stated by Ing. Otárola Guerrero; however, the appellant does not challenge that situation. On the other hand, regarding the cassation appellant’s assertion that the Court could not grant claims that the plaintiff failed to prove, due to the significance this has for resolving that objection, it is necessary to transcribe, as pertinent, what was considered by the adjudicators in section VIII of the appealed judgment.
“Established the obligation to repair and analyzed the arguments of the defendant as a theory of the case to refute the lawsuit, which are not accepted, as explained previously, the appropriate course is to carry out the analysis of the claims of the plaintiff, which refer to the reparation of harm (reparación del daño). With respect to the reparation of environmental harm, a claim that the plaintiff supports with the report of Mr. Barrantes Molina, who carried out that assessment, upon applying the rules of sound critical analysis, some doubts arise for the Court (audiovisual support of the trial, starting at 12:17:16 of the first disc). First, as reviewed supra, Mr. Barrantes was clear in indicating that, due to his profession, he did not determine the harm, he only made his assessment, based on the reports of Mrs. Alicia Gómez Cruz and Martín Cruz Maroto. On the other hand, he mentioned that he visited the site once, when the harm had already occurred, which is why he could not determine the condition of the affected area prior to the event, nor at the moment when the plaintiff acquired the properties.
To calculate the harm, he relied on aerial photographs from 1950, 2000, and a NASA photograph from 2005, as well as his interpretation of them. He also took into account the state of the other areas of the property. Upon contrasting these explanations by Mr. Barrantes with the requirements of the buffer zone (zona de amortiguamiento), visible at folio 75 of the judicial file, 5,000 trees are counted there, along with supplies for planting them and labor. Despite the above, there is no evidence in the case file that this number of trees existed when the plaintiff acquired the lands subject to litigation. Furthermore, Mr. Barrantes indicated that he used as a parameter the state of the surrounding, unaffected areas; however, the quantity of trees per square meter that existed on the surface of these areas used as a parameter has not been demonstrated in this case. Nor is the species of tree that supposedly grew in the indicated regeneration process specified.
While Mr. Barrantes explained that the forest that regenerates in that zone cannot be compared to that of Monteverde, as an example, he was not precise in indicating the type of forest and ecosystem that develops there, in order to determine the type of tree and plant species that must be planted and their specific cost, to be able to restore the site. Thus, the assessment of the environmental harm (daño ambiental) is, for the Court, confusing and incongruent. Second, Mr. Barrantes mentioned that another component of the methodology to which he assigned a value is the social aspect; however, this item is not clear, since it concerns a private property, which has not been shown to fulfill any social function directly affecting a specific social group, in order to establish a compensation amount. Third, Mr. Barrantes emphatically indicated that his assessment corresponds to the day of the visit, and thus it may change over time.
Given this situation, if the plan is approved at this moment, as the plaintiff requests, a different situation could arise at the time it is executed. For that reason, it would not be appropriate to approve the assessment as the plaintiff requests, considering, moreover, according to the expert report rendered by the expert from the Forensic Engineering Section that the affected area is larger. In accordance with the foregoing, it is impossible for this Chamber to grant claim number six of the lawsuit, which consists of approving the repair plan, which is based on Mr. Barrantes’ report, as well as the sum determined therein. On the other hand, it is important to make a consideration regarding the report of Mrs. Gómez Cruz, which attempts to demonstrate the impact on the land’s geomorphology, including the alleged disappearance of a hill (loma), as well as the impact on surface and underground waters.
Although Mrs. Gómez Cruz stated in the oral and public trial that she performed a diagnosis of the harm caused by the solid waste deposit (depósito de desechos sólidos), for the Court, it is not precise regarding the issue of geomorphological impact, the disappearance of the hill, and the impact on surface and subterranean waters. On these aspects, although she mentions them, her report is incomplete, as she did not carry out other tests or studies to determine with certainty the existence of this type of water. Nor did she locate the hill, its extension, and impact with the required precision. Her assertions on this matter in the oral and public trial were based on mere suppositions, since she expressly indicated not having carried out specific tests. Regarding surface waters, it is noteworthy that she only referred to the Quebrada Arena, but did not indicate whether there were others that were affected, since Engineer Moisés Arias mentioned the existence of another creek, the Zopilota.
Mrs. Gómez also did not determine the state of these waters before the harmful event occurred. With respect to the alleged hill, although she indicated that it had disappeared, she could not specify its dimensions and location. The foregoing does not imply that the Court is unaware of the potential existence of these consequences as a product of the solid waste deposit, consequences that would constitute the effects and magnitude of the harm, caused by the Municipality on the plaintiff’s properties. Nor is the Collegiate Body unaware that it must be repaired, as it is the inescapable consequence of a determination of liability. The substantive issue in this regard is the manner or how its repair must be carried out, given that, as explained supra, the consequences of this harm and the manner of its reparation are not duly accredited. For that reason, the Court does not find, at this time, a way to determine those scopes and how it must be repaired.
The trash deposit on the plaintiff’s properties generates additional harm, evidenced by the expert report of Engineer Moisés Arias, whose extension and location were even determined. Despite the above, the impact on the environment and its magnitude are not duly accredited. For that reason, in accordance with article 122 subsection m) iii) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the determination of the consequences generated by the solid waste deposit on the plaintiff’s properties, as well as the manner in which its reparation must be carried out, is left for the judgment enforcement phase, all subject to the evidence that demonstrates it at that stage.” The cassation appellant does not challenge that reasoning, especially the application of canon 122 subsection m) item iii). Ergo, as that argument remains intact, the claim is inconsequential to overturn the judgment.
XIX.In a tenth issue, folios 1005 to 1006, he states that, regarding the alleged ecological harm to springs (fuentes de agua), forest cover, fauna, etc., the professionals contracted by the plaintiff did not visit the properties. They relied on secondary sources and desk work. Therefore, he argues, their statements should be dismissed. What is stated by the cassation appellant is procedurally defective. He does not specify which evidence he is challenging. Nor does he identify any substantive rule as having been breached.
XX.As an eleventh and final complaint, folios 1006 to 1007, the appellant comments that the Court granted the plaintiff reparation for direct consequential harm (daño emergente) for the temporary loss of possession of its properties. However, he argues, such a loss of possession cannot be considered to have occurred because the affected area was smaller and because the permission of the representative of the plaintiff company was granted. Likewise, he affirms, the adjudicators did not specify that the direct consequential harm was for the area in which the right of possession was affected, thus being remiss in that aspect. The appellant intermingles or alludes to two distinct and inseparable hypotheses. On one hand, improper evidentiary assessment—regarding that the affected area was smaller and the permission or consent (consentimiento) of the plaintiff on which the Municipality relied—; but on the other hand, he points out a violation that, if it occurred, would constitute a cassation ground for violation of procedural rules, specifically, that set forth in article 137 subsection d) of the CPCA: lack of reasoning.
This, by indicating that the judgment was remiss, as the Court did not specify that the direct consequential harm was for the area that affected the right of possession. The indicated ambiguity conflicts with the technique that must govern the drafting of the cassation appeal, which requires that the grounds or objections be stated clearly and precisely (article 139 subsection 3) of the CPCA). In any case, if the objection were to be analyzed only as a breach of substantive rules, it is procedurally defective. The appellant fails to indicate which rule of that nature was violated by the Court; nor does he specify the evidence which, in his view, was improperly assessed.
XXI.By virtue of the reasons stated, under the provisions of numeral 140 subsection c) of the CPCA, the complaint under study must be dismissed outright on the merits. Due to the particular manner in which it is resolved, it is considered that it should be done without a special award of costs (costas) (article 150 subsection 3 ibid).
POR TANTO
The second complaint is dismissed outright. The first is admitted and dismissed outright on the merits, without a special award of costs. GDALEY Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales William Molinari Vilchez *C5ZN6T4SMUY61*
Sala Primera de la Corte *090026711027CA* Res. Nº 001220-A-S1-2015 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas seis minutos del veintidos de octubre de dos mil quince .
En el proceso de conocimiento interpuesto por TRES INVERSIONISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por sus apoderados especiales judiciales Federico Torrealba Navas, Alexander Araya Zúñiga y Adelita Olivares Ferrero, portadores de las cédulas de identidad, en ese orden, números 107050781, 108870596 y 111240620 contra la MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, representada por su Alcalde, Luis Gerardo Castañeda Días, portador de la cédula de identidad número 900330681; el representante del Ayuntamiento demandado formuló recurso de casación impugnando la sentencia número 6-2014-V, emitida por la Sección Quinta del Tribunal Contencioso Administrativo a las 8 horas 30 minutos del 27 de enero de 2014.
Redacta el magistrado Solís Zelaya
CONSIDERANDO
I.En el segundo motivo de disconformidad, folio 1007, alega el recurrente falta de fundamentación del fallo recurrido. Invoca quebrantados los preceptos 169 de la Constitución Política; 2 del Código Municipal; 4, 5, 10, 11, 13, 16 inciso 1), 190, 195 de la Ley General de la Administración Pública; 317 del Código Procesal Civil; 10, 12, 36, 39, 42, 66, 119 del Código Procesal Contencioso Administrativo; 134 de la Ley Forestal; y 279 inciso 1 del Código Civil. Dice, en esta lite, al haberse valorado erróneamente la prueba, conlleva la existencia de una falta de fundamentación. Las personas juzgadoras, expone, adolecieron de criterios ciertos y suficientes para estimar la condena de la manera en la que se hicieron. Cuando se dicta el fallo, alega, se debe sustentar con fundamentos jurídico doctrinales, aplicables a la verdad descubierta en el contradictorio; “apoyo que le otorga la garantía de juicio a la parte y deduce la investidura constitucional del juez.
No es el caso ejemplificante este juicio.” Para el Ayuntamiento, expresa, se contaba con el permiso de la parte actora para hacer el depósito de basura en sus propiedades. Si estaba inconforme, se cuestiona ¿por qué planteó esta demanda hasta el 2009, siendo que existía basura en sus propiedades desde el año 2005? Las personas juzgadoras, afirma, no tomaron la dimensión fáctica en su proporción. Cuando corresponde aplicar el derecho al caso concreto, la hermenéutica jurídica se encuentra invalidada por una declaración coercitiva judicial que no resuelve el problema; sino que, promueve un daño ambiental, al señalar el Tribunal que “pese a lo anterior, el impacto al medio ambiente y su magnitud no se encuentra debidamente acreditado.” No podían las personas juzgadoras, expresa, conceder un extremo que la parte actora no demostró sin conculcarse las reglas de la sana crítica racional. La sentencia cuestionada, concluye, carece de fundamento por inobservar la prueba en su integral y real dinamismo.
II.En torno a lo relacionado en el apartado anterior, es menester indicar que el numeral 139 inciso 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) prevé un requerimiento de orden material necesario, tanto para la admisibilidad del recurso cuanto para su posterior valoración por el fondo. Se trata de la motivación del recurso que, por las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido, debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados o por indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas), o con las circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales. Jurídica, cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional, o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada.
Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico y, en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión, porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es para nada indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la casación.
Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como ya lo ha indicado esta Sala interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima ... deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento” (Resolución no. 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008).
La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza, resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c) del mismo Código de rito.
III.En el caso en estudio, el recurrente olvida que esta instancia procesal no corresponde a un recurso ordinario (como es la apelación). Tampoco es suficiente, se insiste, manifestar una serie de disconformidades generales y meramente argumentativas. Es menester, según se apuntó en el considerando anterior, el contraste de lo decidido con la infracción que, en su criterio, tuvo lugar. Como se determina del análisis del reparo, el casacionista no combate de manera sistemática y específica los fundamentos de la resolución impugnada. El eje de lo alegado por el recurrente radica en un problema de orden probatorio, tanto por errónea fundamentación de la sentencia como por indebida valoración de la prueba. En su criterio, su representada contó con el respectivo permiso del representante de la empresa actora para efectuar el depósito de basura en sus propiedades. Además, señala, las personas juzgadoras manifestaron, tocante al supuesto daño ambiental, que su impacto y magnitud no se encontraba debidamente acreditado.
Por ello, estima, no podían conceder un extremo que la parte actora no demostró. La sentencia, apunta carece de fundamento, al inobservarse la prueba en su integral y real dinamismo. El agravio es informal. El recurrente no identifica cuáles son los medios de convicción indebidamente valorados. Tampoco concreta cuáles son las disposiciones de fondo en su criterio conculcadas; omitiendo, de igual manera, las razones de cómo sucedió. En este sentido, en el epígrafe del reparo señala: “Normas violentadas: Constitución Política artículo 169, el Código Municipal 2 [sic], Ley General de la Administración Pública Artículos 4, 5, 10, 11 y 16 inciso I., 190, 195, artículo 317 del Código Procesal Civil, Código Procesal Contencioso Administrativo, 10, 12, 36, 42, 66, 119 siguientes y concordantes y 134 siguientes y concordantes, Ley Forestal, Código Civil artículo 279 inciso I.” Luego, a folio 1008, en el título “FUNDAMENTOS DE DERECHO” indica: “Me fundamento en los artículo 317 del Código Procesal Civil, 75, 99 y 101 de la Ley de Contratación Administrativa, 10, 11, 13, 113.2, 129 y 134 de la Ley general [sic] de Administración [sic] Pública.” Como se observa, son normas de diversos cuerpos normativos, de distinta naturaleza y regulación.
De acuerdo a lo expuesto en el considerando II de esta sentencia, le resultaba imprescindible al recurrente, según la técnica de la casación, indicar, con claridad y precisión, cuáles resultaban transgredidas y brindar las razones de cómo se produce su quebranto. Empero, el casacionista no cumplió con esa obligación.
IV.En mérito de las razones apuntadas, ante la evidente omisión en combatir de manera sistemática y específica los fundamentos de la resolución recurrida, no con simples y genéricas disconformidades de criterio, el reclamo resulta insuficiente para generar la revisión del fallo controvertido en esta sede al carecer de fundamentación jurídica, por lo que se impone su rechazo de plano –numeral 140 inciso c) del CPCA-.
V.En el primer reparo, folio 991, alega el casacionista errónea valoración probatoria, con infracción de los cánones 169 de la Constitución Política; 2 del Código Municipal; 279 inciso 1 del Código Civil; 317 del Código Procesal Civil –CPC-; 10, 39, 41, 58, 66, 82.4 del Código Procesal Contencioso Administrativo –CPCA-; 10, 11, 13, 113.2, 129 y 134 de la Ley General de la Administración Pública –LGAP-. Dice, la sentencia cuestionada dispuso que su representada provocó daños en las propiedades de la parte actora; así como un menoscabo, en virtud del depósito de desechos sólidos sin que existiera permiso, autorización o consentimiento. Tal aseveración, afirma, no es cierta. De la prueba recibida en el juicio oral y público, sostiene, con la declaración de los testigos de la Municipalidad, se demostró el permiso que tenía el Ayuntamiento para hacer uso de los terrenos. Además, prosigue, se efectuaron reuniones con la participación tanto de los abogados de la parte actora como del representante legal de la Municipalidad y de los Departamentos que tienen alguna ingerencia en el tema de la recolección y tratamiento de los desechos sólidos.
En ellas, resalta, quedó claro, por parte de la demandante, su permiso para efectuar el depósito de los desechos sólidos del cantón, hasta cuando se iniciara la construcción del relleno sanitario. La parte actora, señala, tenía interés en obtener ganancia en el tratamiento final de la basura, mediante convenio con la Municipalidad o alguna empresa privada. Consintió esta saturación, prosigue, ya que nunca la impidió por escrito dirigido a la Alcaldía Municipal o al Concejo. En sus propiedades, alega, tenía guardas, por lo que se evidencia su tolerancia. Reproduce, en lo de su interés, lo afirmado por el testigo ingeniero Augusto Otárola Guerrero, Gestor Ambiental del Gobierno Local; así como lo expuesto por el deponente Renán Zamora Álvarez. Es claro, aduce, su representada, lo mismo que sus servidores, son responsables por conducta lícita cuando causen daños y perjuicios; empero, agrega, en este caso, tal situación no se presenta, ya que la parte actora ha actuado con clara mala fe, al permitirle a la Municipalidad depositar basura en sus heredades, haciéndola incurrir, adrede, en error.
No se puede invocar daño, afirma, si había pleno conocimiento y consentimiento. Transcribe los numerales 190 y 195 de la LGAP; así como el dictamen de la Procuraduría General de la República no. C-175-97, en torno al daño indemnizable. No puede existir daño, apunta, mucho menos perjuicios, por mediar tolerancia y consentimiento. Existe culpa de la víctima, tal y como fue demostrado con los testimonios ofrecidos por su representada. Es decir, una eximente de responsabilidad, por lo que el Tribunal efectuó una errónea apreciación probatoria. Por otro lado, añade, las personas juzgadoras señalaron que el daño afectó 25.518 metros cuadrados y 43.651 metros cuadrados, respectivamente, de las propiedades de la empresa actora. Además, que tirar basura en las fincas, configura una afectación a un derecho fundamental: la inviolabilidad a la propiedad privada, regulada en el canon 45 constitucional.
Insiste, el Tribunal realizó una mala valoración de los medios de convicción, pues quedó debidamente demostrado en el juicio oral y público, con la declaración del Ing. Otárola Guerrero, el permiso con el que contaba la Municipalidad de Liberia para hacer uso de esos terrenos; y que, además, se efectuaron reuniones en donde participaron tanto los abogados de la accionante como el representante legal del Ayuntamiento, así como los Departamentos que tienen alguna ingerencia en el tema de la recolección y tratamiento de los desechos sólidos. Ahí, expresa, la parte actora manifestó su permiso para efectuar el depósito de los desechos sólidos hasta cuando se iniciara la construcción del relleno sanitario. La empresa demandante, denuncia, tenía interés en obtener ganancia en el tratamiento final de la basura, mediante convenio con el Gobierno Local o alguna empresa privada. Consintió esa situación, anota, pues no la impidió por escrito dirigido a la Alcaldía Municipal ni al Concejo.
En las propiedades, insiste, hay guardas, por lo que se evidencia la tolerancia. No existía agua ni luz, hasta que su representada intervino. Con la declaración del señor Zamora Álvarez se demuestra que existieron conversaciones con el representante de la empresa actora y que se toleró el depósito de la basura, hasta que se formalizó este proceso. Ergo, expresa, no puede existir violación a la propiedad privada, pues medió consentimiento verbal del representante de su propietaria; además, los guardas no impidieran el paso de los camiones recolectores de basura para depositarla en la finca. Manifiesta, la experticia elaborada por el Organismo de Investigación Judicial –OIJ-, se valoró indebidamente porque:
VII.En cuanto a su resolución por el fondo, la legislación procesal contenciosa prevé, en el mandato 140, la posibilidad de rechazar de plano el recurso de casación cuando: “a) Del escrito quede claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de casación / b) Se haya presentado extemporáneamente / c) Carezca de total fundamentación jurídica o, teniéndola, la Sala o el Tribunal de Casación deduzcan con claridad, la improcedencia del recurso, ya sea por razones procesales o de fondo”. (Lo subrayado es suplido). En este último supuesto, el legislador propuso una alternativa que en esta materia resulta expedita. De tal modo, en aras de resolver en forma pronta y cumplida los procesos judiciales permite, a quienes conocen este recurso extraordinario, determinar desde el inicio si el planteamiento es a todas luces improcedente, pese al cumplimiento de cuestiones estrictamente formales, tales como la presentación dentro del plazo y el respeto de la técnica misma de la casación conforme al canon 139 íbid. Lo anterior en virtud de que a nada conduce postergar la resolución de un recurso de esta naturaleza, si de su contenido se determina, con absoluta claridad, que el reproche planteado será desestimado.
VIII.Previo al análisis de lo señalado por el recurrente, es menester manifestar que la objeción es confusa. El casacionista aduce una serie de aspectos disímiles entre sí, lo cual contraría la técnica de la casación, que obliga al casacionista exponer, con claridad y precisión sus objeciones a la sentencia cuestionada –artículo 139 inciso 3) del CPCA. No obstante, esta Sala lo analiza de la siguiente manera. Como un primer aspecto, folios 1001 y 1007, el recurrente afirma que el Tribunal rechazó las defensas de caducidad y prescripción, a pesar de que la perito ofrecida por la parte actora, Alicia Gómez Cruz, afirmó que desde el año 2005 había basura en las propiedades de la empresa demandante. Indica, dicha compañía es propietaria de las heredades desde el 25 de setiembre de 2001; no obstante, formuló la demanda en el año 2009. Por ello, explica, fue que se interpusieron las indicadas defensas. Al respecto, precisa señalar, como se apuntó, el casacionista, en el epígrafe del reparo, citó como conculcadas una serie de normas de diferentes cuerpos normativos, que regulan diversas situaciones. En la objeción en análisis no indica cuál de todas ellas es la que resulta aplicable; menos, explica, con el rigor debido, la forma cómo resultó quebrantada. Ello torna informal esta parte de la objeción en estudio.
IX.Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento de razones, las personas juzgadoras, en el considerando I de la sentencia impugnada, en lo de interés, señalaron: “I.-SOBRE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD. […] Sobre el punto en discusión, lleva razón la parte actora al afirmar que el plazo de prescripción aplicable a los asuntos civiles de hacienda es de 4 años. Se debe tener presente que el Código Procesal Contencioso Administrativo, contiene una norma especial que regula la caducidad de la acción en este tipo de procesos. De esa forma, en lo que interesa, el artículo 41 de la Ley n.º 8508 dispone: […] El plazo de prescripción del derecho de fondo, al que hace referencia el canon citado, es el que dispone el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, Ley n.º 6227, que es de 4 años. De conformidad con lo expuesto, no lleva razón la parte demandada al indicar que la norma de prescripción aplicable al caso es la del artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pues como fue expuesto existe norma especial.
Por otra parte, si los hechos son del año 2007, como lo reconoció la misma parte demandada en el juicio oral, desde esa fecha, al momento en el que la demanda fue interpuesta, dicho plazo fatal no había transcurrido. Por ese motivo, de acuerdo con lo expuesto es que deben ser rechazadas las excepciones de prescripción y caducidad interpuestas por la Municipalidad demandada.” El casacionista no combate el fundamento esgrimido por el Tribunal, a efecto de rechazar las defensas de prescripción y caducidad. Su alegato se encuentra divorciado de las razones brindadas por las personas juzgadoras. No cuestionó el casacionista lo señalado en la sentencia combatida en torno a la improcedencia de esas defensas, pues este proceso es de naturaleza civil de hacienda, al cual se le aplica el plazo prescriptivo de cuatro años previsto en el canon 198 de la LGAP, según lo dispone el precepto 41 del CPCA; razón por la cual, si los hechos recriminados sucedieron en el año 2007, como lo reconoció la propia parte demandada en el juicio oral y público, desde esa data al momento en que se interpuso el proceso -23 de octubre de 2009- el plazo cuatrienal no había transcurrido.
Al respecto, se limitó a reiterar la argumentación expuesta durante el proceso, sin engarzarla con el fallo impugnado. En consecuencia, lo alegado en el recurso de casación resulta fútil a efecto de quebrar el fallo cuestionado.
X.Como un segundo tema, folios 992 a 995 el casacionista dice que el Tribunal apreció indebidamente la prueba testimonial aportada por su representada –concretamente, las declaraciones de los testigos Augusto Otárola Guerrero y Renán Zamora Álvarez-, ya que, con ella, se determina que se contó con el permiso, tolerancia o consentimiento de la parte actora para que el Ayuntamiento utilizara sus propiedades como depósito de los desechos sólidos del cantón de Liberia. En consecuencia indica, no existe daño, menos perjuicios; además, afirma, se configura la eximente de responsabilidad de culpa de la víctima. Aduce quebrantados los preceptos 190 y 195 de la LGAP. En torno a esa argumentación, debe indicarse que las personas juzgadoras, en los hechos probados antecedidos con los números 7, 9, 10 y 11 de la sentencia impugnada, señalaron: “7) Que en el año 2007, aproximadamente, la Municipalidad de Liberia invadió las fincas de la parte actora y comenzó a depositar desechos sólidos (declaraciones del señor Michael Stanley Mc Ginnis, soporte audiovisual del juicio, a partir de las 16:54:52, disco 1, 22 de enero del 2013). […]
XI.Como un tercer aspecto, folios 995 a 997, combate el recurrente la conclusión del Tribunal de que el daño ocasionado a las propiedades de la empresa actora afectó 25.518 metros cuadrados de una y 43.651 metros cuadrados de la otra. Al respecto, insiste en su teoría de que con la declaración de los señores Otárola Guerrero y Zamora Álvarez se demuestra el permiso que tenía la Municipalidad para hacer uso de los terrenos. Asimismo, señala, se valoró erróneamente el dictamen pericial presentado por el OIJ. Por último, indica, existen otros levantamientos topográficos realizados, que dan cuenta de un área menor a la señalada por el Tribunal. El casacionista no indica cuál norma de fondo se conculca con lo antes reseñado. En este sentido, como se anotó, en el epígrafe del agravio indica: “PRIMER MOTIVO. ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- Normas violentadas: artículo 317 del Código Procesal Civil, 10, 39, 41, 58, 66, 82.4, del Código Procesal Contencioso Administrativo, 10, 11, 13, 113.2, 129 Y 134 de la Ley General de Administración [sic] Pública, Constitución Política artículo 169, el Código Municipal 2, Ley Forestal, Código Civil artículo 279 inciso 1.” Después, a folio 1008, en el título “FUNDAMENTOS DE DERECHO” indica: “Me fundamento en los artículo 317 del Código Procesal Civil, 75, 99 y 101 de la Ley de Contratación Administrativa, 10, 11, 13, 113.2, 129 y 134 de la Ley general [sic] de Administración [sic] Pública.” Como se observa, se trata de normas de diferente naturaleza y regulación.
Le resultaba imprescindible al recurrente, acorde con la técnica de la casación, precisar, con claridad y precisión, cuál es la disposición de fondo quebrantada y brindar las razones de cómo se produce su trasgresión. Al no cumplir con dicha obligación, lo alegado se torna informal.
XII.Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento de razones, es menester indicar, en primer lugar, respecto a lo afirmado en torno a los testigos Otárola Gruerrero y Zamora Álvarez, se remite a lo consignado en el apartado anterior de esta sentencia. En segundo término, en el hecho demostrado identificado con el número 14, indicaron las personas juzgadoras: “Que el área afectada por desechos sólidos en el inmueble de la actora, bajo folio real 30878-000, es de 25.518 metros cuadrados. El área afectada por depósito de desechos sólidos en la propiedad de la accionante, matrícula 34528-000 es de 43.651 metros cuadrados, que se agrupa en tres sectores, el primero de 38.123 metros cuadrados, el segundo de 672 metros cuadrados y el tercero de 4856 metros cuadrados (folios 896-900 del expediente judicial, declaración del señor Moisés Sancho Arias, en soporte audiovisual del juicio, a partir de las 9:06:25, disco 2, 7 de enero del 2014).” Luego, en el considerando VIII, en lo conducente, manifestaron: “[…] Dicho daño afectó 25.518 metros cuadrados de la primera y 43.651 metros cuadrados en la segunda. […] Por otro lado, de conformidad con un documento, visible a folio 329 al 331 del expediente judicial, del geógrafo Marco Garro, el levantamiento que se encuentra a folio 770, así como la declaración del señor Mauricio Molina Jiménez, la Municipalidad reconocía la existencia únicamente de una hectárea como área invadida, en virtud de un replanteamiento de los linderos de su terreno, que incidía directamente en la colocación de los planos y consecuentemente en la magnitud del daño.
Esta prueba contradecía la que aportó la parte actora en relación con el aspecto de la extensión del daño alegado. Por ese motivo, se solicitó la prueba para mejor resolver, ante la duda que surgió en relación con los planos que aparecían inscritos registralmente del año 1972 y a los que hacían referencia ambas partes, de los años 1986 y 2008, así como por la diferencia de cabidas que existía entre unos y otros. De acuerdo con la prueba evacuada, el Tribunal pudo constatar, que entre las fincas bajo el folio real n.º 30878-000 y n.º 56577-000, propiedad de la actora y demandada, respectivamente, no existen un traslape entendido como usurpación, sino que es producto de la segregación que se produjo del terreno de la Municipalidad. Lo anterior en virtud de que al día de hoy la finca bajo número 30878-000, se encuentra registralmente asociada al plano G-0003427-1972, que no contiene la segregación del lote propiedad de la Municipalidad n.º 56577-000.
Dicho traslape que se presenta a nivel de planos no tiene incidencia alguna en la magnitud del daño de las áreas afectadas en la propiedad de la parte accionante, que ha sido determinado. Por lo expuesto, los alegatos que ha presentado la entidad demandada no son de recibo en esta sede, que permitan eximirla de la responsabilidad.” Como se determina claramente, las personas juzgadoras, para definir el área afectada de la fincas de la empresa actora, no solo se sustentaron en el informe pericial del OIJ; sino también en la declaración rendida por el perito ingeniero Moisés Sancho Arias, cuya declaración consta en el acta de grabación a las 9:06:25 de la audiencia del juicio oral y público celebrada el día 7 de enero de 2014 y cuya reseña efectuó el Tribunal a folios 944 a 945, sin que el recurrente mostrara objeción alguna. En consecuencia, lo indicado por el casacionista resulta fútil a efecto de quebrar el fallo.
XIII.En un cuarto aspecto, folios 998 a 999, el recurrente afirma que el Tribunal señaló que la Constitución Política, en sus preceptos 21 y 50, protege el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Que el hecho de depositar basura en una propiedad privada los transgrede, configurándose la conducta ilícita y anormal dispuesta en la LGAP. Refiere el recurrente, se apreciaron indebidamente las declaraciones del ingeniero Otárola Guerrero y del señor Zamora Álvarez, pues con ellas se determina el permiso con que contaba el Ayuntamiento de hacer uso de las propiedades de la parte actora; así como de las reuniones efectuadas. De igual manera, indica, el Ing. Otárola Guerrero afirmó que lo efectuado fue un vertedero controlado, el cual describió. Tocante a la reiteración que hace el casacionista, de que con lo afirmado por los testigos ofrecidos por su representada se demuestra el permiso o anuencia con que contaba para utilizar las propiedades de la empresa actora, se remite a lo señalado en el considerando X de este fallo.
Respecto a que, con lo señalado por el testigo Otárola Guerrero se acredita que el Ayuntamiento llevó a cabo un vertedero controlado, como ya se expuso, aparte de que el Tribunal le restó todo crédito a lo afirmado por él, con base en los hechos probados antecedidos con los números 7, 9, 10 y 11; así como en el no demostrado número cinco, en donde se afirma: “Que la Municipalidad de Liberia depositara los desechos sólidos en las propiedades de la accionante respetando normativa técnica de un relleno sanitario (no existe prueba en los autos).”, es que en el considerando VIII de la sentencia cuestionada, en lo de interés, el Tribunal consideró: “En primer término, se ha probado que la Municipalidad de Liberia causó un daño, en las propiedades que responden a los números de folio real del Partido de Guanacaste 30878-000 y 34528-000, propiedad de la parte accionante. La conducta que produjo el menoscabo, fue precisamente el depósito de desechos sólidos en las fincas de la demandante, sin que existiera permiso, autorización o consentimiento de su parte. […] Nuestro ordenamiento jurídico en su cúspide, en el artículo 45, dispone la inviolabilidad de la propiedad privada.
De esa forma, la conducta encaminada a tirar basura en las fincas aledañas al vertedero municipal, se configura en una afectación a un derecho fundamental, garantizado, como se expuso anteriormente, por la Constitución Política. Por otro lado, la Carta Política en sus artículos 21 y 50, protegen el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El hecho, de depositar basura en una propiedad privada, implica afectación a éstos derechos de rango constitucional, suficiente para configurar la conducta ilícita y anormal que dispone la Ley General de la Administración Pública como criterio de imputación. A lo anterior, se debe agregar el hecho de que el depósito de los materiales de desecho se llevó a cabo sin tratamiento alguno, lo cual agrava la ilicitud y anormalidad de la presente causa, por el impacto que esto genera en el ambiente.” Como ya fue expuesto, el sustento fáctico de los indicados hechos probados –con base en los cuales se determina, no solo que no hubo permiso de la parte actora; sino también, que el depósito de la basura se hizo sin tratamiento alguno- es, además de la declaración de los testigos Michael Stanley Mc Ginnis y Alexander Araya Zúñiga, los documentos visibles a folios 58 y 59 del expediente judicial. El casacionista no cuestiona lo afirmado por dichos deponentes ni el contenido de tales documentos. Ergo, lo señalado resulta fútil a efecto de quebrar el fallo.
XIV.Como un quinto tema, folio 999, manifiesta el recurrente que el Tribunal concluyó que el depósito de materiales de desecho se llevó a cabo sin tratamiento alguno, lo cual agravó la ilicitud y anormalidad de la actuación, debido al impacto en el ambiente. De nuevo, señala indebidamente valorado el testimonio del ingeniero Otárola Guerrero, quien afirmó que se trató de un vertedero controlado. Afirma, no se configuró el quebranto del precepto 45 constitucional ya que se contaba con el debido permiso de la sociedad actora. Tampoco de los preceptos 21 y 50 constitucionales, pues se cumplió con la normativa referente a la figura del vertedero controlado. Tocante al aserto de que el Ayuntamiento contaba con el respectivo permiso de la sociedad actora, se remite a lo ya indicado en los considerandos anteriores de esta sentencia. En cuanto a que lo efectuado por la Municipalidad en las fincas de la empresa demandante fue un vertedero controlado, el recurrente no indica la normativa referente a esa figura como conculcada, lo cual torna informal lo dicho. En todo caso, en el apartado anterior de este fallo se brindaron las razones por las cuales esta Cámara estima que lo alegado no es de recibo.
XV.En un sexto aspecto, folios 1000 a 1001, manifiesta el casacionista que el Tribunal determinó el nexo causal entre la supuesta conducta ilícita y anormal de su representada y el daño, razón por la cual condenó a su representada a repararlo y reconocer los perjuicios. Al respecto afirma, el Ayuntamiento tuvo la necesidad de buscar una medida alterna, que representara un menor impacto tanto ambiental como en la salud de los habitantes del cantón. Depositó los desechos en un vertedero controlado con la venia del representante de la sociedad actora. Esto, comenta, se demostró con los testimonios del ingeniero Otárola Gruerrero y del señor Zamora Álvarez. El casacionista omite señalar norma alguna como quebrantada. Como ya se apuntó, le resultaba imprescindible hacerlo de manera clara y precisa, acorde con la técnica de la casación; además de brindar las razones de cómo se produce su trasgresión. Al no cumplir con ese deber, lo alegado se torna informal. En todo caso, lo ahora manifestado ya ha sido objeto de análisis en considerandos anteriores, por lo que se remite a lo ahí expuesto.
XVI.Como un sétimo alegato, folios 1001 a 1002, refiere el recurrente que la incredulidad del Tribunal en torno al testimonio del ingeniero Augusto Otárola Guerrero, relacionado con la anuencia del señor Mc Ginnis de recibir basura en los terrenos de su representada, es infundada. Afirma, para ese momento, no tenía a cargo el área de sanidad ambiental; por ende, no tenía responsabilidad sobre ese tema. Consecuentemente, su declaración, aparte de haberse hecho bajo juramento y tratarse de un funcionario público y perito judicial, debe ser considerada como válida. El recurrente omite indicar cuál norma de fondo resulta transgredida por el eventual yerro del Tribunal. Ergo, el agravio resulta informa. En todo caso, como ya se ha señalado, la falta de anuencia del representante de la compañía actora para depositar los desechos sólidos del cantón de Liberia en sus propiedades, fue acreditado por las personas juzgadoras, no solo a través del testimonio del señor Mc Ginnis; sino también con el del licenciado Alexander Araya Zúñiga y los documentos visibles folios 58 y 59 del expediente judicial, sin que el casacionista cuestionara ese sustento fáctico.
XVII.En un octavo punto, folios 1002 a 1004, el casacionista indica que el dictamen pericial emanado del OIJ fue indebidamente valorada. Además, dice, existen otros levantamientos topográficos que dan cuenta de un área menor. Empero, el recurrente no indica norma alguna de fondo como conculcada. Ergo lo alegado es informal. En todo caso, cuando se estudió el tercer tema invocado por el recurrente, considerando XII, se expusieron las razones por las cuales esta Sala considera que el argumento esbozado en torno a la supuesta indebida valoración del dictamen pericial emanado del OIJ resulta anodino para quebrar el fallo, motivo por lo que se remite a lo ahí expuesto.
XVIII.Como un noveno aspecto, folios 1004 a 1005, tocante a la reparación del daño ambiental, la pérdida del valor de las propiedades de la sociedad actora, señala, el Tribunal consideró que el impacto al ambiente y su magnitud no se encuentra debidamente acreditado. Por consiguiente, estima, no podía conceder un extremo que el actor no demostró. Agrega, con el testimonio del ingeniero Augusto Otárola Guerrero se determina que las fincas de la actora se encuentran en una zona marginal que no soporta ni la ganadería. Es completamente árido. Se ubican en una zona con el menor índice de precipitación, con pastos altos y ocasionales brinzales, con cárcavas naturales, azotada por fuertes vientos, con limitados nichos ecológicos. En el terreno no existe bosque. En consecuencia, no es cierto que su representada, con su actuar en resguardo de la salud pública y el ambiente, haya causado graves daños al ambiente.
Además, reitera, la Municipalidad contaba con el permiso del representante de la sociedad actora para hacer el depósito de los desechos sólidos del cantón de Liberia. El agravio resulta informal, el recurrente no señala norma alguna de fondo como quebrantada. Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento de razones, se insiste una vez más, en torno a la falta de anuencia de la empresa actora, se remite a lo indicado en apartados anteriores. De igual manera, el Tribunal le restó todo crédito a lo señalado por el Ing. Otárola Guerrero, empero, el recurrente no cuestiona tal situación. Por otro lado, respecto al aserto del casacionista de que el Tribunal no podía conceder extremos que el actor no logró demostrar, debido a la trascendencia que reviste para la solución de esa objeción, es menester transcribir, en lo conducente, lo considerado por las personas juzgadoras en el apartado VIII de la sentencia impugnada.
“Establecida la obligación de reparar y analizados los argumentos de la parte demandada como teoría del caso, para refutar la demanda los cuales no son de recibo, como se explicó anteriormente, lo procedente es llevar a cabo el análisis de las pretensiones de la parte accionante, que se refieren a la reparación del daño. En lo que respecta a la reparación del daño ambiental, pretensión que sustenta la parte actora en el informe del señor Barrantes Molina, quien llevó a cabo esa valoración, al aplicar las reglas de la sana crítica racional, le surgen algunas dudas al Tribunal (soporte audiovisual del juicio, a partir de las 12:17:16 del primer disco). En primer término, tal y como se reseñó supra, el señor Barrantes fue claro en indicar que con motivo de su profesión, no determinó el daño, solamente hizo su valoración, con base en los informes de la señora Alicia Gómez Cruz y Martín Cruz Maroto.
Por otro lado, mencionó que se hizo presente al lugar una vez, cuando los daños se habían producido, motivo por el cual, no pudo determinar la condición en la que se encontraba con anterioridad el área afectada, ni al momento en el que la parte actora adquirió las propiedades. Para calcular el daño, se basó en fotografías aéreas del año 1950, 2000 y de la NASA del año 2005, así como su interpretación. Tuvo en cuenta además el estado de las otras áreas de la propiedad. Al contrastar estas explicaciones del señor Barrantes, con los requerimientos de la zona de amortiguamiento, visibles a folio 75 del expediente judicial, se contabilizan allí 5.000 árboles, así como insumos para su siembra y mano de obra. Pese a lo anterior, no existe prueba en los autos de que esta cantidad de árboles se encontraban al momento en el que la parte actora adquirió los terrenos objeto de litis. Por otra parte, el señor Barrantes señaló que utilizó como parámetro el estado en el que se encontraban las áreas aledañas, no afectadas, no obstante, no se ha demostrado en esta causa la cantidad de árboles por metro cuadrado que se encontraban en la superficie de estas áreas utilizadas como parámetro.
Tampoco se precisa la especie de árbol que supuestamente había crecido en el proceso de regeneración indicado. Si bien el señor Barrantes explicó que el bosque que regenera en esa zona no se puede comparar al de Monteverde, como ejemplo, no fue preciso en indicar el tipo de bosque y ecosistema que allí se desarrolla, para poder determinar el tipo de especies de árboles y plantas que se deben sembrar y su costo específico, para poder restaurar el sitio. De ese modo, la valoración del daño ambiental, para el Tribunal resulta confusa e incongruente. En segundo término, el señor Barrantes mencionó, que otro de los componentes de la metodología, al que le asignó un valor, es a lo social, no obstante, no es claro este rubro, pues se trata de una propiedad privada, que no se ha demostrado cumpla alguna función social, que afecte de manera directa a un conglomerado social específico, para que se establezca un monto a resarcir.
En tercer lugar, el señor Barrantes fue enfático en indicar que su valoración corresponde al día de la visita, por lo que puede cambiar en el tiempo. Así planteadas las cosas, si el plan se aprueba en este momento, como lo solicita la parte actora, al momento en el que se ejecute, otra situación podría presentarse. Por ese motivo, no resultaría apropiado aprobar la valoración como lo solicita la parte actora, si se tiene en cuenta, incluso, de acuerdo con la pericia rendida por el perito de la Sección de Ingeniería Forense que el área afectada es mayor. De conformidad con lo expuesto, a esta Cámara le resulta imposible acceder a la pretensión número seis, de la demanda, que consiste en aprobar el plan de reparación, que se sustenta en el informe del señor Barrantes, así como la suma allí determinada. Por otra parte, resulta importante hacer una consideración en relación con el informe de la señora Gómez Cruz, que intenta demostrar la afectación del terreno en su geomorfología, que comprende la supuesta desaparición de una loma, así como la afectación a las aguas superficiales y subterráneas.
Si bien la señora Gómez Cruz manifestó en el juicio oral y público, que realizó un diagnostico del daño causado por el depósito de desechos sólidos, para el Tribunal no es preciso en cuanto al tema de la afectación geomorfológica, en la desaparición de la loma y la afectación a las aguas superficiales y subterránteas. En estos aspectos, si bien los menciona, su informe resulta incompleto, pues no llevó a cabo otras pruebas o estudios para determinar con certeza la existencia de este tipo de aguas. Tampoco ubicó la loma su extensión y afectación con la precisión requerida. Sus afirmaciones en el juicio oral y público, al respecto se basaron en meras suposiciones, pues expresamente indicó no haber llevado a cabo pruebas específicas. En lo que respecta a las aguas superficiales, llama la atención que únicamente hizo referencia a la quebrada arena, no obstante no indicó si existían otras que se encontraran afectadas, pues el Ingeniero Moisés Arias mencionó la existencia de otra quebrada, como la Zopilota.
Tampoco determinó la señora Gómez, cómo se encontraban éstas aguas antes de que ocurriera el evento dañoso. En lo que respecta a la supuesta loma, si bien señaló que había desaparecido, no pudo precisar sus dimensiones y ubicación. Lo anterior, no implica que el Tribunal desconozca la posible existencia de estas consecuencias como producto del depósito de desechos sólidos y que configurarían los efectos y magnitud del daño, por parte de la Municipalidad en las propiedades de la parte actora. Tampoco desconoce el Órgano Colegiado que deba ser reparado, ya que es la consecuencia ineludible de una determinación de responsabilidad. El tema de fondo al respecto, es la forma o cómo debe llevarse a cabo su reparación, dado que, como se explicó supra, las consecuencias de este daño y su forma de reparación no están debidamente acreditadas. Por ese motivo, el Tribunal no encuentra en este momento la manera de determinar esos alcances y cómo debe ser reparado.
El depósito de basura en las propiedades de la parte actora, genera un daño adicional, evidenciado por el informe pericial del Ingeniero Moisés Arias, que incluso se determinó su extensión y ubicación. Pese a lo anterior, el impacto al medio ambiente y su magnitud no se encuentran debidamente acreditados. Por esa razón, de conformidad con el artículo 122 inciso m) iii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se deja para la fase de ejecución de sentencia la determinación de las consecuencias que generó el depósito de desechos sólidos en las propiedades de la parte actora, así como la forma en la que se debe llevar a cabo su reparación, todo esto sujeto a la prueba que en esa sede lo demuestre.” El casacionista no combate ese fundamento, especialmente, la aplicación del canon 122 inciso m) apartado iii). Ergo, al mantenerse incólume esa argumentación, lo alegado resulta intrascendente para quebrar el fallo.
XIX.En un décimo tema, folios 1005 a 1006, manifiesta que, en torno a los supuestos daños ecológicos a fuentes de agua, bosque, fauna, etc., los profesionales contratados por la parte actora no visitaron las heredades. Se basaron en fuentes secundarias y en trabajos de escritorio. Por ello, estima, deben desestimarse sus declaraciones. Lo señalado por el casacionista es informal. No precisa cuál prueba es la que impugna. Tampoco señala norma de fondo alguna como quebrantada.
XX.Como un décimo primer y último alegato, folios 1006 a 1007, comenta el recurrente que el Tribunal le reconoció a la parte actora la reparación del daño emergente por la pérdida temporal de la posesión de sus propiedades. Sin embargo, estima, no puede considerarse que existió tal pérdida de la posesión porque el área afectada fue menor y porque se contó con el permiso del representante de la empresa actora. Asimismo, afirma, las personas juzgadoras no señalaron que el daño emergente fuera por el área en que se afectó el derecho de posesión, siendo omisa en ese aspecto. El recurrente entremezcla o alude a dos hipótesis distintas e inseparables. Por un lado, indebida valoración probatoria –tocante a que el área afectada era menor y al permiso o consentimiento de la parte actora con que contaba el Ayuntamiento-; mas, por el otro, señala un quebranto que, de darse, configuraría un motivo casacional por violación de normas procesales, en concreto, el dispuesto en el 137 inciso d) del CPCA: falta de motivación.
Ello, al indicar que la sentencia fue omisa, pues el Tribunal no señaló que el daño emergente lo fuera por el área que afectó el derecho de posesión. La ambigüedad indicada riñe con la técnica que debe imperar en la redacción del recurso de casación, la cual impone que los motivos u objeciones deban indicarse en forma clara y precisa (artículo 139 inciso 3) del CPCA). En todo caso, de analizarse el reparo solo por quebranto de normas sustantivas, resulta informal. El recurrente omite indicar cuál es la norma de esa naturaleza conculcada por el Tribunal; tampoco precisa la prueba que, a su juicio, fue indebidamente valorada.
XXI.En mérito de las razones expuestas, al amparo de lo preceptuado en el numeral 140 inciso c) del CPCA, se impone desestimar de plano por el fondo el agravio en estudio. Debido a la particular forma cómo se resuelve, se estima que debe hacerse sin especial condenatoria en costas (artículo 150 inciso 3 íbid).
POR TANTO
Se rechaza de plano el segundo agravio. Se admite el primero, el cual se rechaza de plano por el fondo, sin especial condenatoria en costas. GDALEY Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales William Molinari Vilchez *C5ZN6T4SMUY61*
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