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Res. 01254-2012 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 04/10/2012
OutcomeResultado
The plaintiff's appeal is dismissed and the State's appeal is granted, annulling the cost exemption imposed in the second instance and reinstating the cost order against the losing party.Se rechaza el recurso de la actora y se acoge el del Estado, anulando la exoneración de costas impuesta en segunda instancia y restableciendo la condena en costas a la parte vencida.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court of Justice heard an ordinary lawsuit filed by Shang Gi La de Santa Ana S.A. against the State, seeking nullity of Opinion C-444-2005 of the Attorney General's Office, Executive Decree 33707-MINAE declaring of public interest the partial expropriation of its property, and other administrative acts related to the expropriation process. The company argued that the Attorney General exceeded its powers by interpreting Article 1 of Law 7524 (which created Las Baulas National Marine Park) and replacing the phrase "seaward" with "landward," thereby including its land within the park boundaries and ordering expropriation. The Administrative Court declared the claim against the Attorney General's opinion inadmissible as a non-challengeable act, and dismissed the remaining claims. The Administrative Appeals Court upheld the decision but exempted the plaintiff from costs. Both parties appealed in cassation. The Chamber upheld the inadmissibility of the action against the Attorney General's opinion, confirmed the validity of the expropriation decree based on a harmonious interpretation of Law 7524, the environmental protection purposes of the park (which include terrestrial, not just marine, protection), and precedents of the Constitutional Chamber. The State's appeal was granted, annulling the cost exemption and upholding the cost order against the plaintiff.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoció de un proceso ordinario presentado por la sociedad Shang Gi La de Santa Ana S.A. contra el Estado, en el que se solicitaba la nulidad del dictamen C-444-2005 de la Procuraduría General de la República, del Decreto Ejecutivo 33707-MINAE que declaró de interés público la expropiación parcial de su finca, y de otros actos administrativos relacionados con el proceso expropiatorio. La empresa argumentó que la Procuraduría se extralimitó en sus competencias al interpretar el artículo 1 de la Ley 7524 (que creó el Parque Nacional Marino Las Baulas) y sustituir la frase "aguas adentro" por "aguas afuera", lo que permitió incluir su terreno dentro de los límites del parque y ordenar la expropiación. El Juzgado Contencioso Administrativo declaró inadmisible la pretensión contra el dictamen de la Procuraduría por tratarse de un acto no impugnable, y rechazó las demás pretensiones. El Tribunal Contencioso Administrativo confirmó en lo sustancial, pero exoneró a la actora del pago de costas. Ambas partes recurrieron en casación. La Sala resolvió mantener la inadmisibilidad de la acción contra el dictamen de la Procuraduría, y confirmar la validez del decreto expropiatorio, basándose en la interpretación armónica de la Ley 7524, los fines de protección ambiental del parque (que incluyen protección terrestre, no solo marina), y los precedentes de la Sala Constitucional. Se acogió el recurso del Estado y se anuló la exoneración de costas, manteniendo la condena en costas impuesta a la actora en primera instancia.
Key excerptExtracto clave
XVIII.- Based on the assessment of constitutional precedents; international environmental protection regulations, endangered species and leatherback turtles; Article 1 of Law 7524, interpreted in conjunction with Articles 2 and 5 thereof; and the purposes of both Executive Decree 20518-MIRENEM and the aforementioned Law, it is more than clear that the Park boundaries include terrestrial protection. The judges of both instances rightly considered these aspects to assess the disputed phrase of Article 1 and its contradiction with the full text of the Law, regarding the boundaries that the appellant considers to be "seaward." The judges thus concluded that, in this case, the Park parameters must be deemed to include terrestrial protection, thereby providing the basis ordered for expropriating part of the plaintiff's property. XX.- Regarding the alleged infringement of Article 10 of the Civil Code, according to this provision, judges, as enforcers of the law for the resolution of specific cases, must interpret the relevant precepts for that purpose. In carrying out the required interpretation, they must reconcile various evaluative criteria. In this respect, as established by the lower court and endorsed in the appealed judgment, there is a contradiction in Law 7524. That is, the phrase "seaward" is not a clarification to emphasize that the Park is exclusively marine, as the appellant suggests. Rather, the phrase contradicts the purpose of environmental protection of the Park, especially of the leatherback turtle, obviously in its various life stages that include spawning, nesting, birth, and movement from the beach to the sea. This contradiction is resolved, in the judicial function, by using technical criteria such as those indicated in said Article 10 of the Civil Code.XVIII.- De acuerdo con la valoración de los precedentes constitucionales; normativa internacional proteccionista del ambiente, especies en peligro de extinción y de las tortugas baula; artículo 1 de la Ley 7524, interpretado de consuno con los numerales 2 y 5 Ibidem.; también de los propósitos tanto del Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM como de la susodicha Ley, está más que claro que los límites del Parque abarcan la protección terrestre. Los jueces de ambas instancias, con buen tino, consideraron esos aspectos a fin de valorar la frase en discordia del canon 1 y la contrariedad que presenta con el texto íntegro de la Ley, respecto a los límites que el casacionista estima ser “aguas adentro”. Es así como los juzgadores concluyeron que, en el caso concreto, hay que estimar que los parámetros del Parque comprenden la tutela en tierra, con lo que procede la base dispuesta para expropiar parte del inmueble de la actora. XX.- En lo atinente a la aducida infracción del canon 10 del Código Civil, según esta norma, los jueces, como aplicadores del derecho para la solución del caso concreto, deben interpretar los preceptos pertinentes a ese fin. En el ejercicio de la exégesis que han de llevar a cabo, requieren congeniar diversos criterios valorativos. En este predicado, como lo establece el A quo y se avala en el fallo impugnado, existe una contradicción en la Ley 7524. Es decir, la frase “aguas adentro” no es una aclaración para destacar que el Parque es solo marino, como lo hace ver el casacionista. Antes bien, la locución contraría el propósito de la tutela ambiental del Parque, en especial, de la tortuga baula, obviamente, en sus diversas fases de vida que incluye el desove, anidación, nacimiento y desplazamiento hacia el mar desde la playa. Esa contradicción se suple, en la labor jurisdiccional, mediante el empleo de criterios técnicos como los señalados en el aludido precepto 10 del Código Civil.
Pull quotesCitas destacadas
"El casacionista sostiene y reitera, que de no decretarse la invalidez y nulidad del criterio de la Procuraduría C-444-2005, tampoco se podría declarar respecto a los actos posteriores, por cuanto constituye el sustento jurídico, técnico o asesor y el soporte de estos. El razonamiento daría lugar, por sí mismo, al rechazado del resto de las censuras del recurso, pues la Sala concuerda con los juzgadores de ambas instancias en cuanto a la procedencia de la defensa de actos no susceptibles de impugnación del aludido pronunciamiento de la Procuraduría."
"The appellant maintains and reiterates that if the invalidity and nullity of the Attorney General's Opinion C-444-2005 is not declared, it could not be declared with respect to subsequent acts either, since it constitutes the legal, technical or advisory basis and support for them. This reasoning would, in itself, lead to the dismissal of the remaining objections in the appeal, as the Chamber agrees with the judges of both instances regarding the appropriateness of the defense of non-challengeable acts against the said opinion of the Attorney General."
Considerando VIII
"El casacionista sostiene y reitera, que de no decretarse la invalidez y nulidad del criterio de la Procuraduría C-444-2005, tampoco se podría declarar respecto a los actos posteriores, por cuanto constituye el sustento jurídico, técnico o asesor y el soporte de estos. El razonamiento daría lugar, por sí mismo, al rechazado del resto de las censuras del recurso, pues la Sala concuerda con los juzgadores de ambas instancias en cuanto a la procedencia de la defensa de actos no susceptibles de impugnación del aludido pronunciamiento de la Procuraduría."
Considerando VIII
"De conformidad con el canon 10 citado, no es suficiente con estimar el texto gramatical de una norma, por ejemplo, la frase “aguas adentro”, para con ello establecer el verdadero significado de toda la Ley. Deben valorarse el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, la realidad del tiempo de aplicación, como también su espíritu y finalidad."
"In accordance with Article 10 cited, it is not sufficient to consider the grammatical text of a provision, for example, the phrase 'seaward,' in order to establish the true meaning of the entire Law. The context, historical and legislative background, the reality of the time of application, as well as its spirit and purpose, must be assessed."
Considerando XX
"De conformidad con el canon 10 citado, no es suficiente con estimar el texto gramatical de una norma, por ejemplo, la frase “aguas adentro”, para con ello establecer el verdadero significado de toda la Ley. Deben valorarse el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, la realidad del tiempo de aplicación, como también su espíritu y finalidad."
Considerando XX
"Existe una contradicción en la Ley 7524. Es decir, la frase “aguas adentro” no es una aclaración para destacar que el Parque es solo marino, como lo hace ver el casacionista. Antes bien, la locución contraría el propósito de la tutela ambiental del Parque, en especial, de la tortuga baula, obviamente, en sus diversas fases de vida que incluye el desove, anidación, nacimiento y desplazamiento hacia el mar desde la playa."
"There is a contradiction in Law 7524. That is, the phrase 'seaward' is not a clarification to highlight that the Park is only marine, as the appellant claims. Rather, the phrase contradicts the purpose of environmental protection of the Park, especially of the leatherback turtle, obviously in its various life stages that include spawning, nesting, birth, and movement from the beach to the sea."
Considerando XX
"Existe una contradicción en la Ley 7524. Es decir, la frase “aguas adentro” no es una aclaración para destacar que el Parque es solo marino, como lo hace ver el casacionista. Antes bien, la locución contraría el propósito de la tutela ambiental del Parque, en especial, de la tortuga baula, obviamente, en sus diversas fases de vida que incluye el desove, anidación, nacimiento y desplazamiento hacia el mar desde la playa."
Considerando XX
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**SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-** San José, at nine o'clock on the fourth of October two thousand twelve.
Ordinary proceeding established in the Administrative Litigation and Civil Treasury Court of the Second Judicial Circuit of San José by **SHANG GI LA DE SANTA ANA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, represented by its unlimited general agent, M., […]; against the **STATE**, represented by its deputy prosecutor, Gloria Solano Martínez, […]. Appearing also, as special judicial attorney for the plaintiff, is Mr. Luis Eduardo Vargas Jiménez. […].
**WHEREAS** 1.- Based on the facts it set forth and the legal provisions it cited, the plaintiff established an ordinary proceeding, the amount of which was deemed inestimable, so that the judgment declares: “(…) absolutely null and inapplicable because they violate the legal system, the challenged administrative acts, which are: 1.- The binding opinion of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) C-444-2005 of December 23, 2005. 2.- The Executive Decree 33.707-MINAE-2007 that declares of public interest the partial expropriation of that land owned by my principal. 3.- The undated resolution issued by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment and Energy that initiated the administrative process for the partial expropriation of my principal's property registered in the Province of Guanacaste under real folio registration number […], and all actions taken in that process, so that the judgment declares those acts absolutely null for being contrary to the Law and the public powers attributed to the public entities that issued them, for being based on erroneous considerations, and all acts deriving from them, and suspend all expropriation proceedings for my principal's property. 4.- I also request that the State be ordered to pay personal and procedural costs.” 2.- The State representative answered negatively and raised the defenses of inadmissibility of the action due to formal defects that prevent a ruling on the merits and acts not subject to challenge. Furthermore, the defense of lack of right.
3.- Judge Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, in judgment 2071-2010, issued at 1:00 p.m. on July 20, 2010, resolved: “The defense of inadmissibility due to formal defects that prevent a ruling on the merits is rejected. The defense of inadmissibility because the acts are not subject to challenge is upheld only with respect to the opinion of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) C-444-2005 of December 23, 2005, and consequently, claim number one of the lawsuit is declared inadmissible. The defense of lack of right with respect to the other claims is upheld. Consequently, the lawsuit is dismissed in all its aspects. Procedural and personal costs are borne by the plaintiff, together with their respective interest.” 4.- The plaintiff appealed and the Administrative Litigation Tribunal, Section Two, composed of Judges Sandra M. Quesada Vargas, Francisco Jiménez Villegas, and Judith Reyes Castillo, in judgment 02-2011-SII, issued at 4:00 p.m. on January 28, 2011, ordered: “The evidence for a better resolution offered by the plaintiff is rejected. The judgment is partially reversed, only regarding the award of costs, to exonerate the losing party from paying them. In all other respects, the challenged judgment is affirmed.” 5.- Both parties file respective cassation appeals.
6.- The legal requirements have been observed in the proceedings before this Chamber.
Judge León Feoli writes for the Court **CONSIDERING** I.- By Executive Decree 20518-MIRENEM of June 5, 1991, published in La Gaceta 129 on July 9, 1991, the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park (the Park, hereinafter) was founded, whose articles describe its extension. Law 7524 of July 10, 1995, published in La Gaceta 154 on August 16, 1995, elevated the creation of that Park to legal status. It ordered that the boundaries, according to the Villarreal and Matapalo cartographic sheets from the National Geographic Institute (IGN), are: starting from a point located at coordinates N 259,100 and E 332,000, following a straight line until reaching another imaginary line parallel to the coast, 125 meters inland from the ordinary high tide mark. This imaginary line continues forming the boundary in a southeasterly direction, ending at the point with coordinates N 225,000 and E 335,050. It also includes the estuaries of […]; their mangroves; the hill located immediately behind […], the 50-meter public zone, measured from the ordinary high tide mark, between Punta San Francisco and the San Francisco estuary, and the territorial waters of Tamarindo Bay, between Punta Conejo and the southern end of Playa Langosta, up to the ordinary high tide mark boundary.
II.- While the bill for that Law was being processed, the words "inland" were added after the phrase "125 meters from the ordinary high tide mark" through a motion by a deputy. As stated, this is how it was defined in that regulation. Through pronouncement C-444-2005 of December 23, 2005, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) (hereinafter, the Attorney General's Office), addressing an inquiry from the Ministry of Environment and Energy (MINAE), concluded, fundamentally: "1) There is an error in the drafting of Article 1 of the law creating the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park, Law 7524 of July 10, 1995, because it is not possible to draw the boundary of the park if the imaginary line starting from a straight line beginning at coordinates N 259,100 and E 332,000 and ending at coordinates N 255,000 and E 335,050, according to the Matapalo and Villareal (sic) cartographic sheets from the National Geographic Institute (IGN), runs inland, because its ending point, according to the indicated coordinates, is on land. 2) The noted error gives rise to a normative antinomy that can be resolved through legal interpretation, because it is a contradictory provision that cannot be applied as drafted. The land location of the point defined by coordinates N 255,000 and E 335,050 excludes the seaward tracing of the imaginary line referred to in Article 1, such that either the expression 'inland' is disregarded, or different coordinates are fixed as the ending point for that line. 3) Based on systematic interpretation and in light of the purpose of the law creating the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park, the antinomy must be resolved by disregarding the expression 'inland,' so that it is understood that the tracing of the imaginary line starting from a straight line beginning at coordinates N 259,100 and E 322,000 and ending at coordinates N 255,000 and E 335,050, according to the Villareal (sic) and Matapalo cartographic sheets from the National Geographic Institute (IGN), runs on land at a distance of one hundred twenty-five meters from the ordinary high tide mark." III.- By Executive Decree 33707-MINAE of February 14, 2007, published in La Gaceta 73 on April 17, 2007, the partial acquisition, by expropriation, of a part of the property of the Guanacaste Province, real folio registration number […], Province of Guanacaste, belonging to the company Shang Gi La de Santa Ana S.A., was declared of public interest, it being understood as included within the aforementioned Park.
IV.- This company sued the State. Fundamentally, it requested that the judgment declare the nullity of the following administrative pronouncements: 1.- The "binding opinion" C-444-2005 of December 23, 2005, from the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República). 2.- Executive Decree 33707-MINAE of February 14, 2007, which declared the partial expropriation of its property of public interest. 3.- The undated resolution issued by the System of Conservation Areas (Sistema de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment and Energy, which initiated the said expropriation process, as well as everything acted upon in the latter, and that its proceedings be suspended. It also requested that the defendant be ordered to pay both costs of the proceeding. The State raised the defenses of inadmissibility of the action due to: 1.- formal defects that prevent a decision on the merits, 2.- acts not subject to challenge. Furthermore, lack of right. Of these, the Court rejected the one described in point 1. It upheld the second one regarding the Attorney General's Office's (Procuraduría General de la República) opinion C-444-2005 of December 23, 2005. Consequently, it declared the first claim inadmissible. It admitted the defense of lack of right regarding all other claims, which it dismissed. It imposed both costs and interest on the plaintiff. The Tribunal reversed only the award of costs. Instead, it exonerated the losing party. Both litigants appeal to this Chamber.
**Plaintiff's cassation appeal on procedural grounds** V.- The plaintiff's attorney points out that the appealed judgment upheld the defense of inadmissibility because the act is not subject to challenge, regarding the Attorney General's Office's (Procuraduría General de la República) opinion C-444-2005. In that sense, claim number one of the lawsuit was rejected. The Tribunal, he notes, based its decision on Articles 18 and 60 of the Law Regulating the Administrative Litigation Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, LRJCA). He maintains that it considered that the pronouncement of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) responded to an inquiry from the MINAE, and the act that produced effects on the plaintiff's rights was Executive Decree 33707-MINAE, the basis for the expropriation purpose, since the opinion of the advisory body does not produce effects on the legal sphere of the plaintiff. He criticizes that the judges omitted to analyze that the opinion of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) served as a preparatory act for the Executive Decree that declared a strip of land owned by his principal of public interest. The head of MINAE, he affirms, made an express inquiry to the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) about the scope of Section 1 of Law 7524, in relation to doubts about the boundaries of the Park. Once the opinion substituted the phrase "inland" with "seaward," it ordered the expropriations on the area, considering it part of the Park. Consequently, it has the characteristics of a preparatory act, since that was the use given to it and the effects it produced in the subsequent administrative acts. In his opinion, the opinion was subject to the expropriatory acts as provided in Article 120, subsection 2), of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP), considering that the internal act—opinion—will be linked to the external one—declaration of public interest. By not understanding it this way, he estimates, it also infringed that norm, which subjects one act to another, thereby producing a fusion. In this sense, he invokes canon 163, subsection 2), Ibid., which establishes that the defects inherent in preparatory acts may be challenged jointly with the main act, unless these, in turn, have their own effect. This precept was violated in the questioned judgment, by not accepting that the pronouncement of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) can be challenged as a preparatory act jointly with the main one, as was done in this case. He accuses a violation of sections 18 and 60 of the LRJCA, due to improper interpretation and application, since the assumptions of Article 18 are different from what is regulated in Article 163, subsection 2), of the LGAP. That norm provides for the challenge of procedural acts when they directly or indirectly decide the merits of the matter, in such a way that they terminate that avenue, make its continuation impossible, or suspend it. Logically, he adds, it is regulating something different from the matter addressed here. The judges, he clarifies, in order to decree the inadmissibility of the lawsuit regarding the issue under examination, pigeonholed themselves within the concept of precept 18 and did not observe other possibilities that the legal system establishes, as is the case of the indicated canon 163, subsection 2), of the LGAP. Furthermore, he points out, Section 60, subsection c), of the LRJCA is violated, considered to decree inadmissibility because they are "acts not subject to challenge, pursuant to Article 21," which he transcribes, referring to the LRJCA. He estimates that a rule is applied that does not regulate the specific assumption, since we are not in the presence of consented acts, nor resolutions that terminate the administrative avenue. Nor before the annulment for the purpose of inapplicability of a consented act towards the future. But rather the challenge of an act that took on the nature of a preparatory act and was challenged together with the main acts pursuant to the cited Article 163 of the LGAP. In his opinion, Section 60, subsection c), of the LRJCA is infringed by improper interpretation and application, which causes the nullity of the declaration of inadmissibility. On the other hand, he argues, it is possible to interpret the possibility that the opinion of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) is an act subject to direct challenge because it is an act with its own effects. This is because, according to provisions 2, 3, and 6 of its Organic Law, the opinions and pronouncements it issues constitute administrative jurisprudence and are of mandatory compliance for the Public Administration. According to canon 120, subsection 1), of the LGAP, he continues, administrative acts are external and internal, depending on whether or not they are intended for the administered party. In this case, he estimates, the opinions or pronouncements of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) are administrative acts that resolve inquiries directed to the Public Administration and the State, and therefore must be conceptualized as internal. Regarding these, he explains, section 122, subsection 1), Ibidem., indicates that they lack value before the State's general legal system when issued to the detriment of the individual, but acquire it when they are to their benefit. That implies that if they are favorable to the administered party, the latter can enforce them. For its part, he adds, rule 123, subsection 1), Ibid., provides that "…internal acts that are regulated by law, regulation, or any other state norm shall have external relevance before administered parties and common courts, notwithstanding what is stated in Article 122." In his opinion, the internal acts issued by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), through reports, opinions, and pronouncements (regulated in its Organic Law, sections 2, 3, and 6), directed to the Public Administration and whose observance and application is mandatory for the latter, also have external relevance before administered parties, that is, legal interest for them insofar as it benefits or harms them. In this sense, he states, there is standing to challenge them directly or indirectly through judicial avenue, insofar as they are part of an administrative proceeding and serve for the issuance of favorable or unfavorable acts. He gives as an example the application of Article 173 of the LGAP, regarding the nullity of favorable acts for the administered party that contain evident and manifest nullity defects. Before this declaration, it is necessary for the Administration to consult the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) according to the matter. Once the nullity is decreed based on the technical opinion, the administered party can assert their rights in court and must also challenge the opinion issued by these bodies in favor of the nullity. This challenge, he argues, is of a preparatory act that became binding for the Public Administration. If it is not properly challenged, the dismissal of the lawsuit could result. Note, he emphasizes, the binding nature that the legal system confers on the opinions of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) has a special connotation in relation to their challengeability, because the Administration is obliged to observe, respect, and apply them. In his view, they constitute special acts that can be preparatory or have their own effects, depending on the case, and that bind the acts as established in precept 120 of the LGAP. In his opinion, it is appropriate to challenge them indirectly in court, along with the administrative acts that directly affect the administered party and have been based on some opinion, pronouncement, report, or determination of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), as is the case sub lite. He adds, its challengeability can also be seen according to sections 18 and 20, subsection 4), of the LRJCA. For this reason, the claim for nullity as requested in the lawsuit is proper. In his opinion, the aforementioned canon 18 points out the situations in which the action will be admissible: against the provisions and acts of the Administration. According to Article 1 of the Organic Law of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), he argues, this is the superior consultative, technical, and legal body of the Public Administration, of which it forms part. According to norm 1 of the LGAP, its opinions are administrative acts; consequently, they are subject to challenge pursuant to the guideline being analyzed. He adds, it will proceed against final acts. Opinions have that character, as well as autonomy. However, he clarifies, in the terms of the precept being examined, it is more related to the final act of an administrative procedure that becomes final when it becomes firm. Likewise, when they are procedural acts, if they directly or indirectly decide the merits of the matter, in such a way that they terminate that avenue or make its continuation impossible or suspend it. Within an administrative procedure, he explains, the opinion could be conceptualized as procedural. But in the specific case, he points out, it cannot necessarily be categorized as such since it was issued, as the Tribunal correctly states, on the occasion of a request from MINAE, without an administrative procedure existing. The opinion, he warns, was requested before the expropriation procedures were initiated. Based on it, the decision was made to initiate them, and the administrative decisions to declare his principal's lands of public interest were justified. In this way, the opinion is fundamentally being discussed, since it is the only thing that allows MINAE to extend the Park area. By analogy, he sets forth, Article 20, subsection 4), of the LRJCA allows challenging it, because the acts of individual application—declaration of public interest—and the others of an expropriatory nature, are based on it. This concerns the system of indirect challenge of general acts that serve as a basis for one of individual application. By not understanding it this way, the Tribunal is accused of violating provisions 18 and 20, subsection 4), Ibidem.; 120, 122, and 123, all in their first subsections, of the LGAP. It did not consider that the opinion is an internal administrative act with external relevance because it is regulated in the Organic Law of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) and affects the administered party. In that same sense, he notes, sections 2, 3, subsection a), and 6 Ibid. are violated by not giving the act regulated by law the scope it legally has. Likewise, canon 10, subsection 1), point a), of the LRJCA, which allows demanding the declaration of illegality and the annulment of administrative acts and provisions, by those who have a legitimate and direct interest in it. In the present case, he argues, more than an interest, there is an affected subjective right that confers standing to seek nullity. He states that for the Tribunal, the plaintiff did not demonstrate, in its argument, the existence of a legitimate interest or subjective right derived directly from the indicated advisory opinion, an essential aspect to admit the challenge of the act pursuant to sections 10 and 18 of the LRJCA. However, he objects, the judges do not understand that this substituted, by way of interpretation, the scope of norm 1 of Law 7524, and changed the boundaries of the Park. This is how a part of his principal's property could be included. Consequently, he refutes, there is a legitimate interest in its challenge and a violated subjective right, because the property was affected starting from that pronouncement, and the subsequent acts were executed because of the opinion. He attributes breach of Article 158, subsection 2), of the LGAP, by not hearing or resolving the allegation that it is an invalid act, substantially inconsistent with the legal system. This is so, he accuses, because as alleged in the lawsuit, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) exceeded its powers and invaded the separation of powers, by issuing its opinions: OJ-105-2004 and C-444-2005, by determining that the expression "inland" contained in canon 1 of Law 7524 was inapplicable and should be replaced by "seaward." The Attorney General pointed out that the error gives rise to a normative antinomy that can be resolved through legal interpretation, because it is a contradictory provision that cannot be applied as drafted. On this point, he adds, this illegitimate substitution of the phrase was challenged, with the argument that "inland" could in no way be considered an error of the legislator. This is because, expressly, the term had been included in the text of the related precept 1, through a motion by a deputy since, as was also stated, it involved the creation of a marine park, whose greatest and main extension had been created in the sea. If you will, he explains, the phrase "inland" was rather explanatory and not erroneous, since it was intended to make everyone: officials, tourists, and property owners, clear about the boundaries. Furthermore, he asserts, protection existed on land, because Law 7149 or Law Creating the Tamarindo National Wildlife Refuge, which is in force, established it in the turtle nesting zone. Quoting Wikipedia, he highlights that it consists of a marine park, consisting of a protected sea (or lake) area, both for recreational use purposes and also, mostly, for the purpose of preserving a specific habitat and ensuring that the ecosystem is sustained for the organisms existing in it. He sets forth that most marine parks are designated by governments and organized as aquatic national parks. Thus, he insists, the expression "inland" has logic and basis in a specific motion by a legislator. Therefore, the Attorney General's Office's (Procuraduría General de la República) opinion that the phrase is erroneous loses weight and credibility. However, he warns, the substitution with "seaward," which it made in its legal reports, allowed the boundaries to be extended and provided the basis for MINAE to order the expropriations of the newly included areas, which harms the plaintiff since part of its property was affected, as stated in the lawsuit. The Attorney General who issued the reports, he argues, considers that there is a legal antinomy that must be resolved through interpretation. But this entails an error, he affirms, since there is no antinomy in the phrase "inland." He alludes to the Dictionary of the Spanish Language and includes extensive footnotes to explain what an antinomy is, as a contradiction between two legal precepts or rational principles. For it to occur, he argues, there must be, according to the dictionary, doctrine, jurisprudence, and the very pronouncements of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), two contradictory norms. These do not exist, he maintains, much less two phrases that clash within the same norm. In his judgment, this erroneous appreciation by the Attorney General allowed him to manipulate the concepts of the legal provision he was analyzing, give it a content that was never intended by the legislator, and substitute a phrase that was rather inserted with the objective of making the provision absolutely clear and defined, never to produce confusion. In his opinion, there is no doubt about the powers conferred on the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) as the consultative body of the Public Administration. However, he claims, the issue under debate is not that, but rather what are the limits it has regarding the interpretation, delimitation, and scope of a specific norm and, in this case, of a specific phrase contained in an article of a particular law. The Political Constitution, he argues, conferred the power to interpret the legal system to the Legislative Branch and the Judicial Branch (Articles 121, subsection 1), and 152), without prejudice to the minor exegesis that officials of the Executive Branch and the Public Administration in general may perform, concerning their powers and functionalities. But these cannot have the scope of changing the terms of a law, in reason of compliance with the principle of legality contained in canon 11 of the Magna Carta and legal certainty. Furthermore, Article 121, subsection 1), Ibid., grants the Legislative Assembly the power to give authentic interpretation to laws, for situations where it is difficult to apply them because they are ambiguous, inexact, inconclusive, or contain terms or phrases that can give rise to diverse interpretations, requiring clarification of the terms and scope and ensuring the legal certainty upon which that interpretation is based, that is, emanating from the same body that issued the text. This power, he affirms, is unique, exclusive, non-delegable, and non-substitutable of the Legislative Branch. Consequently, when the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) interprets that in section 1 of Law 7524, "seaward" should be understood instead of the phrase "inland," it performs an illegitimate and unconstitutional act, by which it substitutes the terms in which it was drafted and, consequently, supplants and arrogates to itself that constitutional power, thus infringing Article 121, subsection 1), of the Magna Carta, as well as the norms contained in the Organic Law of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) that confer consultative, but not legislative, powers. The matter of substituting the legal system, he affirms, is a power of the Legislative Branch and, in its case, of the Constitutional Chamber in the cases provided for in canon 10 of the Political Constitution and developed in the Law of Constitutional Jurisdiction. Not even through authentic interpretation can the Congress substitute a norm or phrase of a law, without incurring a reform or new legislation, because the substituted text can radically change the content and scope of the norm, turning it into something new. In addition to this, the interpretation of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) violates provisions 13 of the National Parks Service Law; 3 of the Convention for the Protection of Flora, Fauna and Scenic Beauties of the American Countries; 38 of the Organic Environmental Law, when they indicate that the boundaries of the Park can only be varied by law. That substitution carried out by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), he asserts, allowed the Public Administration, specifically MINAE, to issue condemnatory acts that would not have been brought into legal existence had it not been for its existence; expropriation procedures tainted with absolute nullity, for being based on null criteria of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República). He reiterates, by substituting "inland" with "seaward," it allowed MINAE to include properties that by law were not included within the Park. The basis and legitimacy of the declaration of public interest for expropriating the properties was considering that they were included in it, according to the pronouncement of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República). He points out, these illegality defects of the legal reports contaminated the administrative acts issued by the indicated Ministry; consequently, they suffer from the same illegitimacy. There are defects in the cause and in the content of the act that declares the public interest and orders the expropriation, since it is based on a null act. On the other hand, he states, regarding legislative competence in intervening in formally enacted and current laws, there is a legitimate mechanism to correct material errors. The legal system allows corrections of a material nature to be published in La Gaceta, for recently enacted laws, by way of an errata list, but without changing the meaning and scope of the approved norm. This procedure, he notes, was not even applicable in this case, since it did not concern a material error. However, if the Legislative Assembly had done so, it would have conferred legitimacy. The Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), he estimates, upon studying Article 1 of Law 7524 and noticing the "alleged error," which in reality does not exist, should have requested its correction from Congress and recommended that MINAE not apply the precept until the alleged defect was corrected. That Power, if it was appropriate, would correct material errors through an errata list, through an authentic interpretation, or by reforming the Article, thus adjusting the phrase and the content. By not following that procedure, he maintains, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) infringed sections 11 and 39 of the Political Constitution. This regulation, he adds, confers upon the Judicial Branch, in precept 152, the power to resolve conflicts of legal interest and to the judges the power to interpret, delimit, integrate, and disregard the legal system for that purpose. But never the competence to substitute a law, article, or a phrase, as the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) did. Furthermore, the exegesis carried out by legal operators must be done according to what Article 10 of the Civil Code provides, as the Constitutional Chamber, he affirms, has established.
The conduct of the Office of the Attorney General (Procuraduría), it asserts, exceeded its limits and invaded constitutional powers, because it legislated and substituted, *extra legem*, phrases of a legal norm, which changed the content and scope. This directly affected a group of administered parties, since the consequences of that intervention extended to the issuance of ablative acts over properties that were not originally included within the Park, such as the plaintiff's property. In addition to these constitutional norms, it accuses, precepts 2 and 3 of the Organic Law of the Office of the Attorney General were violated. It indicates that the administrative act declaring its represented party's property to be of public interest stems from the fact that it is within the Park because the report so allows it to be understood. It questions: how can the invalidity of this act be requested without attacking the basis that supported it, if this basis lies precisely in the opinion of the Office of the Attorney General which is null for infringing the legal system? On this particular point, it adds, if the facts are not true, if the supporting norm is unconstitutional, and the right invoked and applied does not exist or was repealed, the elements of the act are affected and it becomes null. Consequently, it concludes, if the opinion of the Office of the Attorney General is null for infringing the legal system and it served as the basis for issuing an administrative act, or at least the public administrator trusted in the authority and legitimacy of that opinion to issue the act, the nullity cannot be disregarded. Therefore, this error must refer to the act that served as its basis or authorization for the subsequent one. If that invalidity is not analyzed or declared, it argues, the subsequent act could not be decreed invalid either. That is, if the legal, technical, or advisory basis is invalid, as is the case here, it must be attacked so that the act supported by it may also fall. In summary, it explains, the judges consider that the invalidity of the opinion of the Office of the Attorney General cannot be analyzed, and consequently, they cannot rule on the invalidity of the subsequent act. But the illegitimacy lies only in the former. By applying Articles 18 and 60 of the Contentious-Administrative Jurisdiction Regulatory Law (LRJCA), it affirms, they ruin the case, as the infringement of the legal system committed by the Office of the Attorney General goes unpunished and, therefore, the subsequent acts based on that opinion are clothed in legality. Without it, the declarations of public interest could not have been born, because the properties were outside the Park before the opinion and ended up inside after the interpretation made by the Office of the Attorney General with a criterion that has such gross defects as to render it absolutely invalid.
VI.- The contested judgment resolves, in Considering IV, point 1, the plaintiff's appeal regarding the declaration of inadmissibility of the action against the Office of the Attorney General's opinion C-444-2005. Among other things, the Court indicated that the appellant's allegations are merely a reiteration of what was set forth in the complaint, not reproaches against the grounds of the first-instance ruling. It therefore held that they do not constitute true grievances. Nonetheless, it analyzed the reasoning of the A quo and deemed it correct in ordering inadmissibility regarding the point concerning the aforementioned pronouncement. Moreover, it must be assessed, the Court also highlighted: "The plaintiff has also failed to demonstrate in its argumentative discourse the existence of a legitimate interest or subjective right derived directly from the indicated consultative opinion, an essential aspect for admitting the challenge of the act as expressed by numerals 10 and 18 of the cited Regulatory Law." In any case, the Court analyzed the administrative conduct challenged in the complaint; which was dismissed on the merits, a decision endorsed by the Ad quem. In light of the foregoing, it is not appropriate, by way of cassation, to resolve the defects that the Ad quem highlighted in the appeal. In any case, regarding these specific topics, and likewise regarding the novel assertions included about the nature of a preparatory act that can be challenged jointly with the principal act, it must be noted that canon 608 of the Civil Procedure Code (CPC) makes it impossible for this Chamber to analyze matters not proposed or debated in a timely manner by the litigants. It should be noted that the appeal brief and the statement of grievances actually argue that the pronouncement of the Office of the Attorney General is not a preparatory act. Moreover, it is evident how in the appeal now being heard, there is a confluence of highly disparate statements to qualify the nature of that act. It is simultaneously argued that it is a preparatory act challengeable jointly with the principal act, an act susceptible to direct challenge for having its own effects, an internal act, an act with external relevance to administered parties, and a definitive act. This diversity of argumentative lines compromises the clarity and precision required in presenting the charges, as well as the concrete and compelling reasoning expected when setting forth those criticisms. In any event, it is worth highlighting that the plaintiff not only challenged the aforementioned opinion of the Office of the Attorney General. It challenged the administrative conduct manifested in Executive Decree 33707-MINAE, which declared the partial expropriation of its property to be of public interest. Also, the resolution of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of MINAE, which gave course to the referred expropriation process, as well as everything carried out in the latter. It is clear, then, that the section of the appeal under examination presents aspects referring to the substantive issues concerning these latter points, including the aforementioned pronouncement of the Office of the Attorney General, all of which will be subject to examination and decision in the subsequent Considering sections. For the time being, the rejection of the objections under study is required.
Appeal on substantive grounds by the plaintiff VII.- The cassation appellant formulates four charges. First: erroneous interpretation and application of Article 1 of Law 7524 and breach of "other legal norms." The A quo, as well as the Ad quem, it indicates, considered that then-deputy Hernán Fournier Origgi submitted, during the process to approve the indicated Law, a motion intended to add, after the phrase "125 meters from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria)," the words "waterward (aguas adentro)." It was considered that the purpose was to give an exclusively marine character to the Park. However, for the Judge, even though the words "waterward (aguas adentro)" were incorporated into the final text upon acceptance of the motion, the rest of the Law maintains an evident contradiction with those terms. This, the Court assessed, because both the coordinates and the express mention of potential expropriations open the possibility of including private lands. On this issue, the appellant argues that the judges of both instances accept that, upon acceptance of that motion, canon 1 of Law 7524 established that the 125 meters had to be measured "waterward (aguas adentro)," starting from the coordinates specified there. That is, the text of the norm is clear and precise in indicating "waterward (aguas adentro)" and not outward. However, it continues, the first-instance ruling, endorsed by the Superior Court, indicates that the boundaries must take into consideration the coordinates, and the last cited phrase evidently contradicts them, the rest of the Law's text, and its objectives, as it refers to expropriations of privately owned land. Regarding this point, the plaintiff's representative questions whether they have the knowledge to interpret coordinates either on a map or at the site. Likewise, whether the fact that the Law contains references to expropriations of privately owned properties allows changing the terms of Article 1. Regarding the contested judgment, it affirms, it highlights, in the Court's view, the confrontation of the phrase with the objectives of the Law, the environmental public interest, and the national and international legal system governing the matter. Also, that proof of a property's location within the area of said coordinates is sufficient to determine its incorporation within the Park's boundaries. Despite this, it objects, it does not explain how the phrase confronts precept 1 of the Law and the objectives, nor does it even explain what those are. Nor how it contradicts the environmental public interest and the governing national and international legal system, nor what these aspects consist of. In the same vein, the interpretative criteria that the Ad quem claims to employ for its solution are not understood. It lacks technical criteria to state that the 125 meters are outward from the water and not waterward, contradicting the text of numeral 1 Ibidem, which, as stated, it breaches by virtue of an erroneous interpretation and application to the specific case. In the same denounced error, it argues, the Attorney General incurred when issuing the opinion that served MINAE to decree the expropriations. The illegitimate substitution of the phrase has been fought, it explains, since pursuant to the legislative motion, "waterward (aguas adentro)" was included in the text of the referred norm and was thus clearly established, besides the fact that the deputy was emphatic that it was a marine park, which in its greatest and principal extension had been created in the sea. Moreover, it reiterates, the phrase "waterward (aguas adentro)" was rather an explanation and not an error, as the intention was for everyone: officials, tourists, and owners, to be clear about the boundaries. Furthermore, it reaffirms, on land there was protection under Law 7149, Creation of the Tamarindo National Wildlife Refuge, precisely in the turtle nesting area. It insists, in the case under study, it is a marine park, for the protection of recreational use, to preserve a specific habitat, and ensure the ecosystem is sustained for the organisms existing in it. Thus, it alleges, the expression "waterward (aguas adentro)" has logic and basis in the legislator's motion, so the criterion of the Office of the Attorney General and the judges, that the phrase is erroneous, loses weight and credibility. The aforementioned substitution, it argues, allowed the boundaries to be extended and provided grounds for MINAE to order the expropriations, which affects the plaintiff, as part of her property was included. The Attorney General, it insists, maintains that there is a "legal antinomy (antinomia jurídica)" that must be resolved through interpretation, and the judges here change it to "contradiction." However, it states, that official errs, as there is no antinomy in the phrase "waterward (aguas adentro)." To this effect, it cites the Dictionary of the Spanish Language, from which it explains, according also to doctrine, jurisprudence, and the pronouncements of the Office of the Attorney General itself, it argues, two contradictory norms. This does not happen in the present case, it affirms, much less two phrases that collide in the same legal provision, as the judges have wanted to see it. The Attorney General's error allowed him to manipulate the concepts of the norm he was analyzing, give it a content never intended by the legislator, and substitute a phrase and insert it for clarification and definition, never to produce doubt or confusion. Also, it adds, the Court manipulated Article 1 of Law 7524, giving it a different content than the one it was given upon approval. Therefore, it states, the crux is to determine the limits that jurisdictional bodies have regarding the interpretation, delimitation, and scope of a specific norm and a concrete phrase contained within it. Constitutionally, it repeats, competence to interpret the legal system has been conferred on two bodies: the Legislative Branch and the Judicial Branch (provisions 121.1 and 152 of the Political Constitution), without prejudice to the minor interpretation that officials of the Executive Branch and the Public Administration in general may make regarding their competencies and functionalities. But these interpretations cannot change the terms of a law, by reason of compliance with the principle of legality contained in precept 11 of the General Public Administration Law (LGAP), as well as that of legal certainty. According to canon 121, subsection 1), of the Magna Carta, it explains, the Legislative Assembly provides the authentic interpretation of laws, for cases where it becomes difficult to apply them due to being ambiguous, inexact, incomplete, or containing terms or phrases that may give rise to different meanings. It is a power of constitutional rank, unique, exclusive, non-delegable, and irreplaceable. In this way, it notes, when the judges consider that in Article 1 of Law 7524, the phrase "waterward (aguas adentro)" must be understood as "landward (aguas afuera)," for even if they do not say so expressly, that is the result of their interpretation, they commit an illegitimate and unconstitutional act, through which they substitute the terms in which the Law was drafted and, consequently, arrogate legislative competence, violating the aforementioned precept, as well as Article 8 of the Organic Law of the Judicial Branch. The substitution of the legal system, it continues, is the power of the Legislative Assembly and, where appropriate, of the Constitutional Chamber in the cases provided for in numeral 10 of the Political Constitution, developed in the Law of Constitutional Jurisdiction. It is so restricted, it affirms, that not even through authentic legislative interpretation can a norm or phrase of a law be substituted without incurring reform or new legislation, as it would radically change the content and scope, turning it into something new, as the Constitutional Chamber has pronounced. Furthermore, it reproaches, the Court infringes Articles 13 of the National Parks Service Law; 3 of the Convention for the Protection of Flora, Fauna and Scenic Beauties of the Countries of America; 38 of the Organic Law of the Environment. Those precepts, it alleges, are very clear in stating that the Park's boundaries can only be varied by Law. It reiterates, a legitimate mechanism exists to correct material errors. It consists of publishing corrections in the official gazette La Gaceta for recently enacted laws via errata, without this allowing the meaning and scope of the approved legal norm to be changed. The erroneous interpretation of the indicated Article 1, it adds, occurs because other alternatives provided for in the legal system are not observed. The Ad quem violated provisions 11 and 39 of the Political Constitution, following the line of the Office of the Attorney General, without realizing that, faced with a Law they considered self-contradictory or difficult to apply, they chose to interpret it in favor of the State and not the citizens, without any legal basis in its support. The Magna Carta, numerals 152 and following, it refers, confers on the Judicial Branch the power to resolve conflicts of legal interest. Additionally, it empowers judges to interpret, delimit, integrate, and disapply the legal system for that purpose, in accordance with canon 10 of the Civil Code. But never the competence to substitute a law, an article, or a phrase, as happened in the sub judice. It transcribes a ruling of the Constitutional Chamber on the scope of the cited norm which, it adds, together with doctrine in general, establishes that not even the Judicial Branch, with full powers to interpret the Law and resolve conflicts of legal interest, can change a single letter of the law. Much less substitute a text on the premise that it is a contradiction which, as demonstrated, does not exist. In the present case, it alleges, the judges exceeded their limits and invaded constitutional powers, because they legislated and substituted, *extra legem*, phrases of a norm, varying the content and scope. That interpretation affects its represented party, as it allows confirming and giving legitimacy to the administrative acts that ordered the expropriation, validating the opinion of the Office of the Attorney General which is accused of being illegitimate. To this effect, it maintains, they violated Articles 121 of the Political Constitution and 10 of the Civil Code. Second: it reproaches the Court for considering that the plaintiff's property is within the Park. It argues that MINAE precisely understood it this way by interpreting "landward (aguas afuera)" instead of waterward, in accordance with the opinion of the Office of the Attorney General. The Ad quem, it adds, considers it proven that the area to be expropriated is within the coordinates 255,000 N and 334,000 E, based on the lower end of the cadastral map […] on folio 7 of the administrative file. It warns that the map is from the year 2005 and the opinions of the Office of the Attorney General, attacked for defects of nullity, are OJ-105-2004 of February 10, 2004, and C-444-2005 "of September 16, 2005." Based on them, the administrative procedures, maps, expert reports on the value of the lands, decrees of public interest, etc. are initiated. Consequently, it warns, if the opinions are considered valid, everything else will also be. So, if the Office of the Attorney General indicated that it is "landward (aguas afuera)" and not "waterward (aguas adentro)," as stated in opinion C-444-2005, of course the property will be within the Park. The Court, it argues, copies part of the first-instance ruling, in that it establishes that the Executive Secretary of the National System of Conservation Areas certified, on April 11, 2007, that the property corresponding to cadastral map […] is located inside. The Judge then states: "The plaintiff has not provided any evidence that refutes the corresponding cadastral map, regarding a location in different geographic coordinates or that demonstrates falsehood in said document or in said certification." On the contrary, it alleges, the transcribed texts are precisely evident proof that from the substitution of the phrases, resulting from the judges' interpretation in the same line as the Office of the Attorney General, everything else goes in that direction towards "outward" or "landward (tierra adentro)," making it logical that the expropriated land is within the Park. It adds, they erroneously interpret Article 1 of Law 7524 by validating the administrative acts, since they are based on the same exegesis made by the Office of the Attorney General. Furthermore, they infringe canon 10 of the Civil Code, by substituting a norm without being authorized, producing nullity of the acts. Likewise, it denounces an error of fact in appraising the certification from SETENA of April 11, 2007, giving it a value it does not deserve, for being evidence based on interpretative errors of precept 1 of Law 7524. This defect infringes Article 45 of the Political Constitution, guarantor of the free right to property. Also numerals 261, 264, and 266 of the Civil Code, which ensure the tenure of land in private hands and confer all inherent property rights. Third: it questions the interpretation the judges make of ruling number 2008-8713 of the Constitutional Chamber. It considers they erred regarding the cause or reason for the ordered expropriation acts, which affect its represented party. It explains that it is one thing to understand that a portion of the property is within the Park, in accordance with Article 1 of Law 7524, which the Constitutional Chamber never indicated. Another, that the portion sought to be expropriated is in the maritime-terrestrial zone and is part of the natural protection of the leatherback turtle. The judges are confused on this, it adds, by considering the acts or conduct of the Public Administration valid, understanding that the portion of land is within the Park's boundaries in accordance with the cited canon 1. Likewise, by conceiving, among other considerations, that this was what the Constitutional Chamber resolved. What it ordered, it affirms, is that the maritime-terrestrial zone should be understood as included as a natural protection area for the different sea turtles, as part of the environment used by them during their life cycle. It is an assessment by that Chamber, based on an analysis of national and international norms, but it does so with the objective of declaring the unconstitutionality of the Zoning Regulation enacted by the Municipality of Santa Cruz. But in its 'POR TANTO', the only thing it declares is that unconstitutionality. It does not determine the Park's boundaries or interpret numeral 1 of Law 7524. The Court erred, it accuses, by believing that the Chamber validated the terms of that precept, which is not true, because it is absolutely clear that a lack of protection was caused, in its view, to the leatherback turtle, by determining that the 125 meters are "waterward (aguas adentro)," contrary to what the judges have been doing, substituting the norm to the point of twisting its literal meaning and making it say the opposite. It maintains that what the Chamber said was: "Subsequently, the Legislative Assembly enacts the Law called 'Creation of the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park,' Law No. 7524 of July 10, 1995, published in La Gaceta No. 154 of August 16, 1995, with which it establishes as boundaries the following: 'The Las Baulas de Guanacaste National Marine Park is created, whose boundaries, according to the Villarreal and Matapalo cartographic sheets at a scale of 1:50,000 of the National Geographic Institute, will be the following: starting from a point located at coordinates N 259,100 and E 332,000, it follows a straight line until reaching an imaginary line parallel to the coast, one hundred and twenty-five meters distant from the ordinary high-water mark waterward (aguas adentro). Along this imaginary line, the boundary continues in a southeasterly direction, ending at the point at coordinates N 255,000 and E 335,050. The Park will also encompass the estuaries [...] and their mangroves; the hill located immediately behind Playa Ventanas, El Morro Hill, Capitán Island, Verde Island, the fifty-meter public zone, measured from the ordinary high-water mark, between Punta San Francisco and the San Francisco Estuary, and the territorial waters of Tamarindo Bay, comprised between Punta Conejo and the southern end of Playa Langosta, up to the ordinary high-water mark line" (emphasis not in original)... This legislation similarly demarcates the area of the National Park's boundaries, however, with a significant change, because evidently from the text of the previous norm, it inverts the Park's protection, leaving it opposed to what the Executive Branch established through Decree No. 20518-MIRENEM, published in La Gaceta No. 129 of July 9, 1991, in the Article 1 transcribed above, since the Law establishes that the initial line of the National Park is defined from the ordinary high-water mark 'waterward (aguas adentro)'. Note, it points out, the Chamber did not interpret whether the term 'waterward (aguas adentro)' was an error and should therefore be interpreted 'landward (aguas afuera)'. It instead highlights that it is a significant change, but even so respects what the legislator decided. Even more, and to reinforce the thesis, that Chamber added: "The problem that arises, as seen above, is that the Las Baulas National Marine Park does not formally extend to two hundred meters from the ordinary high-water mark line," which is the current situation after the correction of the Park's boundaries by Law 7524. In its view, this confirms that the Chamber understood that the legislator, rightly or wrongly, indicated that the 125 meters are "waterward (aguas adentro)" and not "outward," which is why it expressly stated that the Park does not extend towards the maritime-terrestrial zone. That Chamber also considered: "The Municipality of Santa Cruz contributes to the unconstitutionality action the Minutes of Session No. 004 of June 7, 1995, in which the Third Full Commission hears two motions amending the bill's text. Additionally, this Chamber has had before it Amparo appeal No. 06-014727-0007-CO, within which a copy of legislative file 11202, which gave rise to Law No. 7524, is provided. From the evidence provided by the Municipality to the file, the purpose of the bill creating the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park is evident, which is left truncated or mutilated by a motion from Deputy Fournier Origgi, which strangely strips away the intended protection that the Costa Rican State owes to the leatherback turtles. The bill for the Law creating the Park was being processed to provide protection '...until reaching an imaginary line parallel to the coast and 125 meters distant from the ordinary high-water mark.' The legislator at that time intended those boundaries to contain the main source of threat to wildlife and marine life, hence indicating that the park extends along a line parallel to the 'coast'. In this sense, the Dictionary of the Royal Spanish Academy defines 'coast', in its first and commonly used meaning, as: 'Shore of the sea, a river, a lake, etc., and land near it.', with which the legal definition of the Park's boundary in no way excludes the beach area. Unfortunately, Deputy Fournier Origgi's motion modifies Article 1°, when proposing to add, after 125 meters from the ordinary high-water mark, 'waterward (aguas adentro)' with which the legal protection originally intended for the leatherback turtle was hindered, in the worst case by the legislator." With the foregoing, it states, the discussed topic is sealed, since the Constitutional Chamber interprets, with absolute transparency, that the protection originally intended for the turtle was hindered, when the norm was approved including Deputy Fournier's motion. In this sense, it argues, there is an incorrect interpretation by the judges, in considering that the referred Chamber moved the Park's boundaries, when in reality it never did. They were established in Article 1 of Law 7524. They were not varied by the Constitutional Court. What it did, it states, was make a legal consideration about the maritime-terrestrial zone. But, in the "POR TANTO", it simply declares the unconstitutionality of a Zoning Regulation, without saying anything about the Park's boundaries. In this way, it maintains, numerals 1 of the mentioned Law; 45 of the Political Constitution are violated due to disrespect for the property right enshrined therein; 261 and 264 of the Civil Code on the same right and its scope. In summary, it affirms, the challenged administrative acts have defects of illegality that the judges have not seen or understood. Those ablative acts start from the assumption that the expropriated portion is within the Park's boundaries. The Court bases itself on the interpretation made by the Office of the Attorney General in the opinion already discussed, approves it, and relies on the indicated ruling of the Constitutional Chamber, which aggravates the errors committed. It adds, the latter only understands, without being the subject of an express pronouncement nor resolving with binding character, that the maritime-terrestrial zone must be understood as a protection area for the leatherback turtle because it is where they nest. It interprets this after the issuance of the challenged administrative acts, and thus it cannot serve as their basis, motive, or cause. Nor does it have the capacity to validate the illegitimacy of those acts that are based on another cause suffering from defects of nullity. Furthermore, it affirms, provisions 158 and 160 of the LGAP are infringed, because the administrative conduct opposes the legal system and contradicts the logic of canon 1 of Law 7524. By considering that the pronouncement of the Constitutional Chamber is binding in accordance with Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the Court has incorrectly assessed the scope of what was ordered in that pronouncement and infringed that precept. The ruling is not binding insofar as it does not refer to the Park's boundaries, but to the unconstitutionality of a Zoning Regulation. See, it adds, norm 155, fourth paragraph, of the Civil Procedure Code (CPC) determines which is the operative part, with *erga omnes* application in the constitutional jurisdiction. Likewise, it states, even if this effect were considered in the referred ruling, it must be understood that the boundaries set forth in Article 1 of Law 7524 were not varied by it. Therefore, it argues, the cause or motive of the challenged administrative acts continues, after what has been analyzed, with a defect of nullity. By disregarding this, the judges infringe canon 158 of the LGAP, insofar as it provides that an act substantially inconsistent with the legal system will be invalid, which is proven, because the Park's boundaries are not those established by the Office of the Attorney General or the MINAE officials. Article 132 Ibidem. is violated, it accuses, insofar as it states that the content must be lawful. As has been analyzed, it explains, that lawfulness does not exist, because it stems from an incorrect interpretation of the legal system and of reality. Numeral 163.2 of the same regulation is also infringed, by not agreeing to review the opinion of the Office of the Attorney General and thus not acknowledging the defects of nullity it suffers, because according to this provision, the defects inherent to "preparatory acts shall be challenged jointly with the act, unless those are, in turn, acts with their own effect." These acts of the Office of the Attorney General were challenged, it recounts, together with those of expropriation, whether they are considered preparatory or with their own effects. It attributes violation of Articles 18 of the General Expropriations Law, insofar as the declaration of public interest is based on the assumption that the land to be expropriated is the correct one and fulfills the intended public purposes; 2 of Law 7524, by ordering the expropriation of lands located within the Park's boundaries.
However, it criticizes that the declaration was made over a property that is not part of it. Consequently, in its opinion there is a defect that affects the cause or reason for the declared public interest. Fourth: regarding the expropriation mandate, it opines, it was alleged in this proceeding that the expropriation of a part of its represented party's property is illegal, because it is not true that it is located within the limits of the Park. However, the judges consider that the Constitutional Chamber, in related judgment number 2008-18529, ordered the Ministry of Environment and Energy to carry out the expropriations of the private farms located within the limits. This is true, it clarifies, but not that it specifically ordered the expropriation of the plaintiff's land. This is because, as has been demonstrated in the record, it is not included therein. Consequently, it denounces, there is an erroneous assessment of the indicated ruling and a violation of Articles 1 and 2 of Ley 7524, on which the judges also rely to consider that the expropriatory acts are legitimate.
VIII.- The appellant maintains and reiterates that if the invalidity and nullity of the Procuraduría’s opinion C-444-2005 is not decreed, neither could it be declared regarding the subsequent acts, as it constitutes the legal, technical, or advisory basis and support for these. This reasoning would itself lead to the rejection of the rest of the appeal's criticisms, as this Chamber agrees with the judges of both instances regarding the appropriateness of the defense of acts not subject to challenge concerning the aforementioned pronouncement of the Procuraduría. However, in any case, the appealed judgment, which relies heavily on the trial court's judgment, resolves correctly by dismissing the claims for nullity of Decreto Ejecutivo 33707-MINAE and the resolution of the Sistema de Áreas de Conservación of that Ministry that processed the expropriatory proceeding regarding part of the plaintiff's property. Above all, one must take into account, in this regard, the continuous reference the judges have made to the judgments of the Constitutional Chamber, insofar as they address core aspects related to the present matter, as will be further elaborated below.
IX.- It should be noted that the contested judgment approves the list of proven and unproven facts contained in the first instance judgment, “…as it is a faithful reflection of the evidentiary material incorporated into the proceeding.” This consideration refers to what the lower court judge deemed accredited, as that was the factual and evidentiary basis assessed by the Superior Court. The first proven fact states that a bill aimed at creating the Park was presented, “…with the purpose of keeping the respective zone safe from all destruction and alteration…”; and, essentially, to protect various species of flora and fauna, especially sea turtles. The second adds that this bill contemplated the Tamarindo National Wildlife Refuge area, plus a 200-meter-wide strip measured from the ordinary high-water mark. The third reports the contours and limits of this Refuge, including the area known as Playa Grande. The fifth establishes that two deputies submitted a motion “…aimed at ensuring that financing for land acquisition be made with resources from the National Budget of the Republic and donations”; which was approved. According to the sixth, they formulated another motion by virtue of which “…the lands included in the delimitation shall be subject to expropriation and shall be considered part of the created National Park, until they are acquired by the State.” That was also approved. The seventh determines that the then-deputy, Hernán Fournier Origgi, presented, while the bill was being processed, a motion aimed at adding, after the phrase “125 meters from the ordinary high-water mark”, the words “aguas adentro” (seaward). It adds that this motion was approved. It is worth noting here that the Law was enacted and Article 1 indicates that the boundaries, according to the Villarreal and Matapalo cartographic sheets of the Instituto Geográfico Nacional, are: starting from a point located at coordinates N 259,100 and E 332,000, it continues in a straight line until reaching another imaginary line parallel to the coast, 125 meters distant from the ordinary high-water mark “aguas adentro” (seaward). Along this imaginary line, the boundary continues in a southeasterly direction, until ending at the point of coordinates N 225,000 and E 335,050. It also encompasses the estuaries […]; their mangroves; the hill located immediately behind Ventanas beach, El Morro hill, Capitana Island, Verde Island, the 50-meter public zone, measured from the ordinary high-water mark, between Punta San Francisco and the San Francisco estuary, and the territorial waters of Tamarindo Bay, included between Punta Conejo and the southern end of Langosta beach, up to the ordinary high-water mark. In addition to this, precept 2 provides that to comply with this Law, the competent institution shall manage the expropriations, whether of all or part of the farms included in the zone delimited in the previous article. Furthermore, private lands, included within this delimitation, shall be subject to expropriation, being considered part of the Park until they are acquired by the State, through purchase, donations, or expropriations. Canon 5 determines that the acquisition of the lands subject to this Law shall be financed with funds from the National Budget and from public or private, national or international donations. Continuing with the list of proven facts from the lower court judge, the eighth indicates that according to legal opinion C-444-2005, the Procuraduría concluded that there is an error in the drafting of Article 1 of Ley 7524 creating the Park. Also, that this error gives rise to a normative antinomy that can be resolved through legal interpretation, because it is a contradictory provision that cannot be applied as drafted. Therefore, it adds, the expression “aguas adentro” (seaward) is rendered inapplicable, or other coordinates are fixed as the endpoint of that line. Based on a systematic interpretation and considering the purpose of the Law, the antinomy must be resolved by rendering the expression “aguas adentro” (seaward) inapplicable. Thus, it shall be understood that the path of the imaginary line runs over land at a distance of 125 meters from the ordinary high-water mark. The tenth fact indicates that by virtue of Decreto Ejecutivo 33713-MP-PLAN-MTSS, the partial acquisition, via expropriation, of the farm of the Guanacaste party, real folio number […], belonging to the plaintiff company, was declared of public interest, as it is located within the coordinates of the Park.
X.- With this evidentiary basis and in order to cite Ley 7524, the debate is largely limited to a matter of law application, as both what the Law provides, mainly in precepts 1, 2, and 5, and what has been proven, regarding the opinion upheld by the Procuraduría in pronouncement C-444-205 and the State's purpose to expropriate part of the plaintiff's property, considering it included within the Park boundaries, have been considered. In this sense, an analysis of the direct violations alleged in the appeal proceeds, as it does not appear that the guidance provided by the evidence has been disregarded, at least regarding the core aspects of the present matter that will be addressed below, without prejudice to what will be said on the issue of the location of the plaintiff's land.
XI.- While it is true that an erroneous interpretation and application of Article 1 of Ley 7524 is alleged regarding the contentious phrase “aguas adentro” (seaward), the norm and, even more so, that phrase, should not be assessed in isolation. They must be interpreted together with other provisions that make up the Law and give it its integral meaning according to its context, background, spirit, and purpose, as well as the social reality of the time in which these precepts must be applied. Likewise, its exegesis must be carried out in accordance with the pronouncements of the Constitutional Chamber, cited by the judges of both instances, which are of decisive influence in this particular matter. Numeral 1 Ibidem, alluding to the limits of the Park, after the starting point from the coordinates it indicates, adds: “…continues in a straight line until reaching an imaginary line parallel to the coast, one hundred twenty-five meters distant from the ordinary high-water mark seaward (aguas adentro)”. The cassation appellant considers it to be a marine park; furthermore, that it does not include land, as is the case with that of his represented party. Despite this, the same canon under comment adds that the Park encompasses estuaries, mangroves, hills, islands, beaches, and the 50-meter public zone. Therefore, it is not exclusively about protecting species at sea. Likewise, according to Articles 2 and 5 Ibid., for the fulfillment of the protection purposes, it is provided that the expropriations of all or part of the private farms and lands included in the zone be managed, which also determines that the environmental protection of the species extends to the land and not only the sea.
XII.- For its part, the Constitutional Chamber, in judgment 2008-007549 of 4:38 p.m. on April 30, 2008, heard an amparo appeal where, among other things, the appellants there stated that the cited Park receives 80% of the leatherback turtles that nest on the Pacific coast of Costa Rica, and that the species is declining alarmingly, to the point that it is considered endangered. They emphasized that it includes, among other lands, 125 meters of buffer zone, necessary for the turtles to nest without human presence. Also, that 75 meters of the maritime-terrestrial zone (restricted zone) is in private hands, which significantly affects nesting. They indicated that for this reason the Park Creation Law provided that MINAE had to expropriate these farms, which has been prolonged beyond what is reasonable. Likewise, the then-Minister of Finance reported that the aforementioned Law, in Article 2, stipulates that the competent institution shall manage the expropriations of all or part of the farms included in the delimited zone of the Park. This official reported on budgetary issues, financing, and efforts related to the expropriations. The judgment also indicates that the ad-hoc General Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) stated that the Law by which the Park was created respects the private character of the farms it encompasses until the expropriation is verified, and reported on the work carried out to expropriate these lands. The Minister of Environment and Energy of that time expounded to the Constitutional Chamber on issues related to the risk status of the leatherback turtle and the conservationist purposes of regulations such as the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, including the restoration of habitat and nesting sites. He alluded to the State's obligation to pay for the lands included within the limits of National Parks, and how the ministry under his charge formally initiated expropriation procedures, as well as the state's will and interest to acquire the lands within the Park under examination and the protection measures pertaining to not granting construction permits in the area. Mr. Mario Andrés Boza Loría, within the processing of the amparo appeal, explained the conservation purposes of the Baulas Trust to protect endangered sea turtles. He said that this organization was directly involved in the creation of the Park. He added that it has sought international aid to collaborate with the Government of Costa Rica in the purchase of land. He highlighted the purpose of the Law under examination, aimed at that protection, but also explained the regrettable reduction in the nesting of these turtles in that Park and on its beaches. He stated that it contemplates a terrestrial area of 75 meters within the restricted zone, to allow turtle nesting free of light and sound pollutants. However, it has not been possible to expropriate the necessary lands to consolidate the Park, due to great pressure from tourism development in that area. He related how environmental viabilities and permits are being processed and granted for construction there, putting the fragile sea turtle population at serious risk, which is located precisely in the terrestrial zone of the beaches included in the Law, where they nest. He reported that MINAE has initiated the administrative procedures for the purchase of lands located within the Park, in compliance with the provisions of the aforementioned Law and the Decretos Ejecutivos (Executive Decrees), where the acquisition of various properties is declared of public interest. In the Considerative part, the Constitutional Chamber highlighted, as the object of the appeal, the appellants' claim regarding violations generated by the omission of the authorities of MINAE, Ministry of Finance, SETENA, to expropriate private properties within the Park, despite the aforementioned Law establishing that obligation to protect the nesting of leatherback turtles, which are endangered. Also, that the Ministry of Finance has not reserved the necessary resources to cover the value of the lands to their owners, while SETENA has granted several environmental viabilities without verifying compliance with the requirements contemplated in the regulatory system. Also, that the Municipality of Santa Cruz granted various construction permits without requiring the aforementioned viability. Regarding the omission to expropriate private lands within the Park, despite the obligation imposed in Ley 7524 to safeguard leatherback turtle nesting, it cited Article 2 concerning expropriations of private lands included within the Park and stated: “…draws the deep attention of the Constitutional Court that Ley Nº 7524 entered into force on August 16, 1995; so the period elapsed for the Executive Branch to begin the expropriation of these properties, of almost ten years, is unjustified and injures the rights protected in Articles 21 and 50 of the Political Constitution, insofar as the State evades its obligation to take the appropriate and necessary measures, in accordance with international law and based on the most reliable scientific data available, for the protection, conservation, and recovery of sea turtle populations and their habitats, among them, the restriction of human activities that may seriously affect sea turtles, especially during the periods of reproduction, incubation, and migration, under the terms of the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, approved through Ley Nº 7906 of September 24, 1999. By virtue of the foregoing, the appropriate action is to grant the amparo insofar as it is directed against the Ministry of Environment and Energy – for its omission to initiate, with due speed, the expropriation procedures referred to in Ley Nº 7524 of July 10, 1995 –, not without first warning the respondent, in accordance with the provisions of Article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, that it must not incur in the future in the acts or omissions that gave basis to the acceptance of the appeal”. It concluded and emphasized that the granting of the amparo lies in the fact that MINAE has delayed in initiating the expropriation procedures for private lands located within the Park, under the terms of Ley 7524.
XIII.- In summary, it is evident how the Constitutional Chamber addressed the various details surrounding the amparo appeal, such as the state of danger, on land, of the protected species; the specific risk situations; the statements aimed at evidencing and justifying terrestrial protection, in its natural habitat, nesting, and buffer zone of the leatherback turtle. Also, the purposes to expropriate those private properties included within the Park, to achieve the fulfillment of its conservationist goals. The foregoing would make no sense if it had interpreted, assessed, and ordered, as the appellant claims, that according to Article 1 of Ley 7524 and the statement of motives that originated the incorporation of the phrase “aguas adentro” (seaward), the Park is exclusively marine.
XIV.- That same Chamber, in judgment 2008-008713 of 9:06 a.m. on May 23, 2008, resolved an unconstitutionality action filed by the representative of the conservationist organization Baulas Trust, against the “Zoning Regulation for the Cabo Velas District, Coastal Sector: from the Northern Sector of Playa Ventanas to the Southern Sector of Playa Langosta”, issued by the Municipality of Santa Cruz. The aforementioned judgment indicates that the petitioner stated that the Park was created by Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM and ratified by Ley 7524 to protect the nesting beaches of the leatherback turtle (Grande, Ventanas, and Langosta beaches). It includes the protection of the marine-coastal habitat, with the terrestrial ecosystem being necessary for the leatherback turtle to nest and perpetuate its species, constituting a minimum buffer zone necessary to ensure it nests without unregulated human presence and without the harmful effect of lights and noise from houses, hotels, domestic animals, or other human activities. This species is among those at greatest risk, declared by the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) since 1975, and nationally it is listed as an endangered species by the Regulations to the Wildlife Conservation Law since 1994, ratified by Decreto 32633-MINAE of March 10, 2005. However, the petitioner continued, the Municipality of Santa Cruz adopted the contested Regulation, based on false premises such as that the Park only protects a marine area. It alluded to the conflict between the expressions “aguas adentro” (seaward) and “aguas afuera” (offshore). It addressed the issue of who is competent for the administration of that zone, and that MINAE has already initiated the expropriation of approximately 190 farms affected by the Park declaration, which denotes that it is not only a marine park, as the Regulation suggests. It highlighted that another basis of the aforementioned regulation is that the leatherback turtle's habitat is at sea, so protection must be reinforced there. But it ignores, the petitioner stated, that all phases of an endangered species' life are important, for example, protection on nesting beaches. Also, that the objected regulation, more than a zoning plan, is a justification for developing tourism and urban infrastructure without sustainability criteria and without being based on technical studies, authorizing constructions within the Park boundaries, regardless of the irreversible environmental impact. Likewise, it denounced the violation of a series of national and international provisions whose purpose is the conservation of flora and fauna at a global level, as well as constitutional jurisprudence aimed at protecting environmental law. The representative of the Procuraduría informed that one of the basic arguments is that the Regulation includes in its geographic application area a terrestrial strip that forms part of the Park, created by Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM, establishing as boundaries a terrestrial portion of 125 meters from the ordinary high-water mark. That said Decreto was challenged before the Constitutional Chamber, alleging limitations on private property, a situation that was resolved in judgment number 1995-5894 of 9:51 a.m. on October 27, 1995, considering that a de facto expropriation had not occurred as alleged. It indicated that subsequently, Ley 7524 creating the Park was enacted, whose constitutionality was questioned, and the action was summarily dismissed. It explained that Article 1 generated doubt regarding the terrestrial area, as the imaginary line running between the points indicated in the Law, which runs parallel to the coast, is located seaward (aguas adentro), given that one of the coordinates is on land. In this aspect, it reported on the response to the consultation formulated by MINAE, maintaining the opinion that in the face of an interpretation that excludes the nesting beaches from the Park, the principle of interpretation, in accordance with the Magna Carta, leads to opting for the one that includes the terrestrial part, protecting the healthy and ecologically balanced environment, concluding that an error had been made in drafting Article 1, so the expression “aguas adentro” (seaward) should be rendered inapplicable. It then reiterated the grounds and conclusions of opinion C-444-2005 issued by the Procuraduría. It stated that the Zoning Regulation covers the area included between the coordinates set forth in the Law, authorizing therein the development and construction of buildings in accordance with the land uses provided for each of the zones, including Playa Grande. That is, the zoning includes the maritime-terrestrial zone that borders the 50 meters of public zone and extends over the remaining 75 meters that form part of the Park, and is under the administration of MINAE. Furthermore, it considered, regarding the claim of unconstitutionality in relation to international environmental treaties and instruments, the inclusion of the protected area within the territorial scope of the contested Regulation implies a reduction and deprotection of the Park. It objected that the protected zone is reduced through the alteration of its boundaries or the land-use regime, regardless of the management category, also ignoring the Park boundaries, in violation of international norms it indicated. It emphasized that the Costa Rican State holds the international obligation to undertake all efforts to ensure the integrity of the habitats necessary for the subsistence of the species “dermochelys coriacea”, as well as its nesting and incubation sites, which are the most important on the eastern littoral of the Pacific Ocean and, therefore, one of the crucial areas for its survival. The Municipal Mayor of Santa Cruz replied, arguing that the Park was regulated first by Decreto 20518-MIRENEM, but was ratified by Ley 7524 only regarding its creation, not its boundaries, as these were varied and moved “aguas adentro” (seaward). In the Consideration, the Constitutional Chamber indicated as the object of the challenge the conflict between the Law that created the Park and the Zoning Regulation. To resolve it, it stated, one must consider that several issues are in dispute regarding the spatial definition of the Park and the protection regime for the leatherback turtle in the national legal system. Also, constitutional normative supremacy, international protective treaties and instruments, the regulation within the territorial scope of application, and lands that form part of the Park. It considered that the right to private property, the distribution of competencies between the State and the Municipal Corporation, and the right to a healthy and ecologically balanced environment must be assessed. On the merits, among other aspects, it highlighted the importance of analyzing whether the alleged territorial affectation actually exists and the protection area that must be provided for the leatherback turtle. In this regard, it stated that this unconstitutionality action is closely related to the principle of binding nature of environmental regulations. It recognized the relevance that the location of the Park has for resolving the matter. To this end, it alluded to Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM and the boundaries established therein, indicating that subsequently, the Legislative Assembly issued Ley 7524 which established the boundaries, “…however, with a significant change, as evidently from the text of the prior norm, it reverses the protection of the National Park, ending up opposite to what the Executive Branch established through Decreto No. 20518-MIRENEM, published in La Gaceta No. 129 of July 9, 1991, in Article 1 transcribed above, as the Law establishes that the initial line of the National Park is defined from the ordinary high-water mark ‘seaward (aguas adentro)’. Hence the confusion that is generated, is aggravated by the enactment of the Zoning Regulation…”. It heeded the statements by the Procuraduría when indicating that the contested Regulation covers the geographic area located starting from coordinates 264,875 N and 335,000 E and ending at coordinates 269,425 N and 331,800 E, which constitutes the area where the development and construction of buildings is authorized, according to the land uses provided for the regulated zones: Playa Grande centro, norte y sur. Also, insofar as the Procuraduría argued that it extends over the 75 meters that form part of the Park. It made a dissertation on the right to private property and the background of the Playa Grande area with reference to precedents 1995-05893 and 1191-0447, issued by that same Court. Likewise, to the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, Ley 7906 of August 23, 1999, citing Article I, point 2, when it stipulates that the habitat of these animals is understood as all aquatic and terrestrial environments they use during any stage of their life cycle. Similarly, to Article III, regarding the area protected by the Convention, which covers the terrestrial territory of each of the Parties on the American continent, as well as marine areas. The Chamber added: “The sea turtles protected in the Inter-American Convention are listed in Anexo 1, which includes Dermochelys coriacea, the subject of protection in this unconstitutionality action, but it is worth clarifying that it is not the only one […] as other species may nest that equally require protection of the aquatic and terrestrial environments used in any of the stages of their life cycle. In this sense, our country, through this International Treaty, committed to exercising at all its governmental levels, the measures indicated in Article IV, which establishes the following: ‘1.- Each Party shall take the appropriate and necessary measures, in accordance with international law and based on the most reliable scientific data available, for the protection, conservation, and recovery of sea turtle populations and their habitats: a. In its terrestrial territory and in maritime areas over which it exercises sovereignty, sovereign rights, or jurisdiction, included in the Convention area […] c) To the extent possible, the restriction of human activities that may seriously affect sea turtles, especially during the periods of reproduction, incubation, and migration; d) The protection, conservation, and, as appropriate, restoration of sea turtle habitat and nesting sites, as well as the establishment of the necessary limitations regarding the use of these zones through, among other things, the designation of protected areas, as provided for in Anexo 2’ […]”. It added that both the transcribed provision and others applicable to the topic evidence a natural and immemorial affectation to the lands adjacent to the sea, protected first for security reasons in the 19th century, and now in the 21st for the protection of flora and fauna, which determines a form of special subjection on the owners. Moreover, it highlighted, in the issue at hand, the Municipality of Santa Cruz extended itself based on an interpretation of various norms, no longer on a matter that the Chamber has recognized as pertaining to strictly “local interests”, but one of national scope. This is because the zoning encroaches into areas declared a National Park. It stated that municipalities do not constitute absolutely autonomous entities that can carry out their policies and regulatory power excluding the public interests represented by the State. It analyzed the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre and its implications for the specific case. It highlighted that the problem is that the Park does not “formally” extend 200 meters from the ordinary high-water mark line, which forces it to question whether Article 73 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre deprives the State of the possibility of continuing the exercise of its jurisdiction, both in the public zone and in the restricted zone. Citing several precedents, it added that although the territory of a Refuge contains areas that would conceptually be included within the scope of application of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, it is certain that in accordance with Article 73 Ibid., its application is excluded from those lands. Equivalent reserves, such as national parks, would also be included, because considering the environmental protection purposes that inform them, their management must consider technical aspects in the matter, which are more proper to the respective specialized bodies than to municipal corporations. Hence, their administration is regulated by specific regulations.
On that basis, it considered that, since the Municipality is a corporation of an associative nature, the administration entrusted to it by the State through Law 6043 does not prevent it from retaking the entirety of the Zona Marítimo Terrestre and exercising jurisdiction over it. On the contrary, once protection zones have been declared via Executive Decree or special law, they shall be governed by that regulation without prejudice to what is established therein. But in no way can the reduction of the protected area go against what was previously declared. The Chamber also considered, in view of the copy of legislative file 11202 that gave rise to Law 7524, that evidently “…the purpose of the bill creating the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park was truncated or mutilated by a motion from Deputy Fournier Origgi, which strangely strips away the intended protection that the Costa Rican State owes to the leatherback turtles. The bill for the creation of the Park had been processed to provide protection ’…up to an imaginary line parallel to the coast and 125 meters distant from the ordinary high tide line.’ The Legislator at that time intended those limits to contain the main source of threat to wildlife and marine life, hence it is indicated that the park extends along a line parallel to the ‘coast.’ In this sense, the Dictionary of the Royal Spanish Academy defines ‘coast,’ in its first and commonly used meaning, as: ‘Shore of the sea, a river, a lake, etc., and land near it,’ with which the legal definition of the Park’s limit in no way excludes the beach area. Regrettably, Deputy Fournier Origgi’s motion modifies Article 1, when it proposes adding, after 125 meters from the ordinary high tide line, ‘seaward,’ with which the legal protection originally intended to be given to the leatherback turtle was hindered, in the worst of cases by the legislator.” Subsequently, it referred to ruling 1998-01822, where it established the presence of a national interest in which local interest participates. Also, to the creation of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, which was entrusted, due to its technical specialty and in its capacity as the governing body of the environmental sector, with the task of ‘Issuing, by executive decree, mandatory rules and regulations regarding the rational use and protection of natural resources, energy, and mines,’ empowering the Executive Branch so that, through MINAE, it proceeds with the establishment of protected areas. And if Law 6043 of March 2, 1977, granted the Municipalities the usufruct and administration (Article 3); however, it also set a series of exceptions to that general principle, among them, the one contained in the aforementioned Article 73, when it excludes its application to zones included in national parks and equivalent reserves, which shall be governed by the respective legislation. It highlighted the environmental protection work borne by the State that is sought to be achieved with Executive Decree 20518-MIRENEM, upon creating the Park, “…and its encumbrance must only be undertaken through a decision based on unequivocal technical and scientific criteria, in compliance with the legal requirements established in Article 38 of the Organic Law of the Environment.” Furthermore, regarding the area of protection that must be given to the leatherback turtle, it considered the precautionary principle applicable as a basis for granting the unconstitutionality action. It cited ruling 2006-17126 where it expressed that when there is a risk of serious or irreversible damage, or an objective doubt regarding it, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This, by virtue of the fact that subsequent coercion is ineffective in this matter, since in most cases the biological effects are irreversible, and repression may have moral significance but will hardly be compensatory for the environmental injuries. It concluded by stating: “The Las Baulas de Guanacaste National Park has a very clear purpose: the protection of the leatherback turtle spawning area, which, according to Executive Decree No. 20518-MIRENEM, is necessary to ensure the perpetuation of the leatherback turtle (Dermochelys coriacea) colony and other natural resources, from the tourist and ecological activity, regarding the nesting that occurs throughout the year. It calls this Chamber’s attention that the Park Creation Bill reiterates some criteria expressed by the Executive Decree, and the concern about hotel developments, because this will introduce lighting, waste, foot traffic, noise from outboard motors, music, discotheques, and automobiles that will come to destroy this natural habitat. Hence, a protection strip of two hundred meters from the ordinary high tide line was initially proposed during the legislative process; however, with the Affirmative Majority Ruling, even though those same justifications are maintained, it reduces the protection strip to 125 meters from the ordinary high tide line, in the same sense as the aforementioned Executive Decree does. As our country has committed internationally to observe the protection and ‘habitats of sea turtles,’ the unconstitutionality action must be granted, and in accordance with the precautionary principle, as well as that of the binding nature of environmental regulations, the Zona Marítimo Terrestre must equally be included as a necessary protection area for the different sea turtles that use that area as part of the environment utilized by them during the stages of their life cycle.” (The highlights do not appear in the original).
XV.- From all of the foregoing, it is clear that the Constitutional Chamber, once again, analyzed and resolved based on aspects that are also vital for the resolution of the present litigation. Indeed, in the unconstitutionality action against the aforementioned Zoning Regulation, issues concerning the protection of leatherback turtle nesting beaches, including playa Grande, where the appellant itself indicates its client’s property is located, were raised. The protectionist coverage, which encompasses the marine-coastal habitat, was also presented, highlighting how the terrestrial ecosystem is necessary for that turtle to nest and perpetuate its species, constituting a minimum buffer zone for that purpose. It was mentioned that the defendant Municipality adopted the challenged Regulation based on the premise that the Park only protects a marine area. In addition, the conflictive situation arising between the expressions “seaward” and “landward.” It was stressed that conservation must encompass all phases of that animal’s life, including nesting beaches, and how the tourist and urban infrastructure, which is also intended for playa Grande, can affect them. The interpretive doubts regarding Article 1 of Law 7524 as to the terrestrial portion were brought to its attention. The opinion of the Procuraduría that has been questioned in this proceeding was pointed out. Likewise, regarding the mention of national and international regulations protecting the species, the scope of which includes the territorial sphere, questioning how the contested Regulation reduces and deprotects the Park in that zone. It was insisted that the necessary habitat for the subsistence of the species “dermochelys coriacea” reaches its nesting and incubation sites. That was the argumentative basis presented to the Constitutional Chamber, from which it identified, precisely, the conflict between the Law that created the Park and the Zoning Regulation as the object of challenge. It is interesting to note that this Court considered it relevant to address the spatial definition of the Park and the regime of constitutional protection and international treaties safeguarding the leatherback turtle. Furthermore, it is noteworthy that it also assessed the right to private property and territorial encumbrance. The importance it attributed to the protectionist purpose of Executive Decree 20518-MIRENEM and the limits set forth therein is noteworthy. In this particular, it is observed how it indicated that, after the Decree, the Legislative Assembly issued Law 7524 which established the limits, inverting the Park’s protection in the opposite manner to what had been established, as the Law provides that the initial line is defined from the ordinary high tide line “seaward.” Despite all this, note that it highlighted that this causes confusion, which is worsened by the Zoning Regulation, of course, because it affects terrestrial protection. Moreover, the application of international treaties to protect sea turtles is highlighted. It should also be noted how it insisted that the habitat includes all environments, whether aquatic and terrestrial, that turtles use during the various phases of their life cycle. It is worth highlighting when it emphasized that the area protected by the Inter-American Convention for the Protection of Sea Turtles covers terrestrial territory as a place of spawning and nesting. Furthermore, upon concluding, that Chamber, based on the regulations it analyzed for that purpose, including Article 1 of Law 7524, determined the natural encumbrance borne by lands adjacent to the sea, which represents an interest of a national nature. And how it established that the zoning encroaches upon declared terrestrial areas of the Park. A crucial point of influence of the ruling discussed for the specific case lies in the analysis that the Constitutional Court made of the copy of the legislative file that gave rise to Law 7524. It is pointed out that it highlighted that the purpose of the Park creation bill was truncated or mutilated by Deputy Fournier Origgi’s motion. That caused it surprise, as it stated, because the intended protection that the Costa Rican State must provide to leatherback turtles was stripped away. In that sense, it underscored the protectionist purpose for the endangered species, considering the limits to contain the main source of threat to wildlife and marine life. Hence, it indicated that the Park extends along a parallel line to the coast, explaining that it includes the beach area. In addition, note that it lamented that with the aforementioned motion and the phrase “seaward,” the legal protection originally intended for the leatherback turtle was hindered in the worst of cases. On this point, one might think that with that dissertation that Court made it clear that the Park’s protection is only marine, without possibility of terrestrial protection. However, it was not so. Rather, what it did was highlight how the initiative of a deputy, by managing to have the phrase “seaward” included in the Law, hindered the integral protective purpose for the species at risk, because the full protection encompasses their habitat and life cycle, which also covers the terrestrial area, precisely where turtles nest, are born, and migrate to the sea. To that end, it highlighted the national interest in that protection, not only in accordance with precautionary principles with constitutional roots but through international regulations that care for these species in terrestrial zones. In summary, the basis for granting the unconstitutionality action against the challenged Regulation, insofar as it seeks to zone terrestrial areas with risk to the protection of turtles, regarding the matter of the Park’s limits and the protection sought with it, was not reduced to exclusively marine protection, as the appellant in cassation maintains. Rather, that Chamber concluded that the Park has as its very clear purpose the protection of the leatherback turtle spawning area. It considered this based on Executive Decree No. 20518-MIRENEM, also evaluating all the discussion of the text of canon 1 of Law 7524, and with the purpose of ensuring the perpetuity of the colony of that species and other natural resources, against the tourist and ecological activity that affects the terrestrial zone, regarding nesting. Similarly, it held that the Park Creation Bill reiterates some criteria expressed by the aforementioned Executive Decree. Moreover, it focused on the concern about hotel developments, lighting, waste, foot traffic, noise from outboard motors, music, discotheques, and automobiles, which would come to destroy this natural habitat, which undoubtedly alludes not only to the maritime sphere but above all to the terrestrial one. It also considered that even with the affirmative majority ruling in the creation of the aforementioned Law, the same justifications already indicated, encompassing the full and total protection of the protected species, were maintained. Despite all this, it is observed that it highlighted the application of the precautionary principle and that of the binding nature of environmental regulations, as well as the international commitment that Costa Rica has assumed in the protection and habitat of sea turtles, which includes terrestrial zones.
XVI.- In judgment 2008-018529 of 8 hours 58 minutes on December 16, 2008, the Constitutional Chamber resolved a recurso de amparo filed by some residents of the Park against SETENA. Among other things, they stated that within the Park and in its buffer zones, the construction of several large residential complexes, cabins, and hotels is intended, without a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) to establish their viability, regarding water for human consumption, wastewater, the resource the Park protects, its ecosystem, and the impact on nests and newly hatched species on the nesting beaches. The Secretary General of SETENA, in essence, acknowledged that leatherback turtles are critically endangered. She mentioned that the Park’s extension was clarified in the legal opinion of the Procuraduría OJ-015-2004. Furthermore, that due to previous recursos de amparo, an ordered precautionary measure was complied with, suspending the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) of projects located within the Park. As for the buffer zone, it is being evaluated through the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) procedures being developed at the site. The reporting magistrate ordered several offices and agencies to be given a hearing so that they could report “…on the current status of constructions on properties that are within the Las Baulas National Park,” regarding several aspects considered of interest for the resolution, including the determination of the nature of the assets (public and private) located there. The Secretary General of SETENA detailed “…the projects that are located within the Las Baulas National Marine Park” and others that are located on lands partly within and partly outside. The then Minister of Environment and Energy, Executive Secretary of the National Council of Conservation Areas (CONAC), and Superior Director of the National System of Conservation Areas, stated that his report was unified and coordinated with the Director of the Tempisque Conservation Area and the Park Administrator. He indicated that the current status of the leatherback turtle population, regarding the complex formed by playas Grande, Ventanas, and Langosta, supports colonies larger than several sites in the world. Therefore, it is considered that the Park maintains one of the most important sites for the survival of the leatherback turtle in the world, although in playa Grande and Langosta the colonies have shown a decreasing pattern due to various factors. Among them, he alluded to incidental fishing, adult individual mortality, egg poaching in playa Grande, uncontrolled urban and tourist development at nesting sites, misuse of lights, decrease in nests where there is direct influence of houses fronting the beach, removal of vegetation, erosion problems, invasion of exotic species in the nesting area, and land-use change (cambio de uso del suelo). He referred to the Park Management Plan, which defines three influence areas. The immediate influence area is the buffer zone, with biological-terrestrial, water, and urban development fragility. He explained that both the terrestrial and marine areas suffer strong human pressure due to the utilization especially of the 75-meter strip in which some buildings already exist. He added that the Park has, within its terrestrial territory, zones that do not belong to the State, so their expropriation is necessary to consolidate it. He alluded to the properties expropriated and placed in possession, and those in the administrative, judicial phase, and pending appraisal. He mentioned the environmental drawbacks of building regarding the impact on the nesting area. In the recitals section of the ruling under review, the Constitutional Court identified as the object of the recurso the amparo complaint regarding that within the Park and in its buffer zones, the construction of several large residential complexes, cabins, and hotels is intended, without first undergoing an environmental impact assessment (EIA) by SETENA to establish their viability, especially in the playa Grande sector. It noted the compliance with an ordered precautionary measure that suspended the environmental impact assessment (EIA) of projects located within the Park. Among the proven facts it listed: the Park was created by Executive Decree 20518-MIRENEM and then given legal rank through Law 7524 “…to protect the nesting beaches of the leatherback turtle, namely, playa Grande, playa Ventanas, and playa Langosta.” Moreover, that “…a series of lands located within the Las Baulas National Marine Park were susceptible to private appropriation….” That the referred turtle has been declared an endangered species and one of the most evident threats is uncontrolled tourist and urban development on the nesting beaches. Similarly: “That the Playa Grande area where the Las Baulas National Marine Park is located is considered to be of extreme vulnerability” and no type of productive activities should be permitted, only those focused on conservation. It also found that an integral impact assessment does not exist and has not been conducted, “…that the constructions within and in the buffer zone of the Las Baulas National Marine Park would produce on the adjoining natural resources: the leatherback turtle, the water resource, other wildlife, and the entire ecosystem in general.” That “…within the Las Baulas National Marine Park and its buffer zones, the construction of several large residential complexes, cabins, and hotels is intended.” That “…the Las Baulas National Marine Park has influence areas, with the 500-meter band along the continental boundary constituting the immediate influence area, which is the buffer zone and which constitutes an environmentally fragile area: biological-terrestrial fragility, water fragility, fragility due to urban development.” Similarly, it considered that the urban development proposed for playa Grande is far from being sustainable development, because if these projects are carried out within the 75-meter strip and without any control outside the protected area and its buffer zone, there will be irreversible environmental deterioration, with a direct impact on the most important nesting area in the entire Eastern Pacific for leatherback turtles and on the mangroves that the Park protects. It found it proven that the Municipality of Santa Cruz granted construction permits for projects located within the immediate influence area of the Park without the respective environmental feasibility approval (viabilidad ambiental). It detailed the projects “…situated INSIDE the Park […] that have environmental feasibility approval….” Also, the applications for environmental feasibility (viabilidad ambiental) being processed before SETENA “… that correspond to projects located INSIDE the Park…” (the emphasis is from the original). It reiterated that the core of the matter is centered on determining whether it is true that within the Park and in its buffer zone, constituted by a 500-meter band adjacent to the limits, the construction of several residential complexes is intended without having been subjected to an integral environmental impact assessment (EIA) by SETENA, but rather each project has been evaluated individually. It established that environmental feasibility (viabilidad ambiental) has indeed been granted to projects in said zone “…both to properties located within the park and to those in its buffer zone,” on an individual basis, without analysis of the integral impact that such constructions would produce on the entire ecosystem. It addressed the report of the Minister of Environment and Energy, regarding that the urban development proposed for playa Grande and Ventanas is far from sustainable, and that if these projects are carried out within the 75-meter strip and without any control outside the protected area and its buffer zone, there will be irreversible environmental deterioration, “…with a direct impact on the most important nesting area in the entire Eastern Pacific for leatherback turtles and on the mangroves that the Park protects.” It alluded to resolution 2007-010578 of 16 hours 40 minutes on July 25, 2007, when it indicated that the Park was created by Executive Decree 20518-MIRENEM, which affirms the importance of subjecting playa Grande, playa Langosta, and surrounding places to a special protection regime as they are located within the territorial limits of the Park, among the three globally important areas where leatherback turtles nest. It was also added, it states, that Law 7524 was subsequently enacted which, among other things, modified the limits originally established therein. Despite all this, it alluded to the fact that the explanatory memorandum clearly states that the absolute conservation and protection of the leatherback turtle “…and its nesting habitat,” constitute the main purpose of the Park’s creation. Furthermore, that other species of endangered turtles, flora, and fauna nest in the area. Moreover, it mentioned that the Park’s mangroves are fundamental as habitat for aquatic birds and breeding areas for different marine and forest species. It summarized, “…it is clear then from the foregoing, that the existence and protection of this park is fundamental from the standpoint of conservation and environmental protection.” Subsequently, it alluded to the fact that SETENA granted environmental feasibility (viabilidad ambiental) “…to projects situated, not only in the buffer zone of the Las Baulas National Marine Park but also within the Park itself,” individually without first having conducted an integral assessment of the zone. It indicated that two environmental feasibility approvals (viabilidades ambientales) were granted “…to projects within the park…” and there are others pending in the buffer zone. It evaluated the environmental impact that constructions within the Park and in the buffer zone would produce, among other dangers, for the turtles and their ecosystem. It interpreted this based on the precautionary principle that operates in environmental matters, “…as a potential risk to the entire ecosystem of the park, which is reiterated first when the MINAE report indicates that one of the threats to the leatherback turtle population is uncontrolled tourist and urban development on nesting beaches and that the urban development proposed for Playa Grande and Ventanas is far from being sustainable development.” It alluded to a technical report from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), which reported on the repercussions of productive activities in the beach zone. Also, the report from the Director of the National School of Biological Sciences of the National University, which indicates “…that the construction process being developed in the Park in question can cause serious short, medium, and long-term consequences for leatherback turtles and for the entire ecosystem in general.” By virtue of that, the Constitutional Court considered, regarding the danger of extinction of the leatherback turtle, “…the need to avoid construction processes near nesting sites.” It even noted that through Article 2 of Law 7524 “…the State is obligated to manage the expropriations of lands located within the Park, because it is in the public interest that said lands be under state protection.” It alluded to vote 2008-007549 of 17 hours 38 minutes on April 30, 2008, where it ordered the head of MINAE to “…proceed immediately and expeditiously with the expropriation procedures, in order to stop causing further damage to the environment. The foregoing reveals the great lack of coordination that exists within the Ministry of Environment and Energy itself, because on one hand the mandate to expropriate properties located within the Park is clear and on the other hand, SETENA grants or initiates the environmental feasibility (viabilidad ambiental) processing for certain projects located there. Certainly the error has been the State’s for having taken so long in the expropriation procedures and for not taking precautionary measures to conduct an integral assessment of the zone in light of the construction processes to be authorized.” It concluded by highlighting the importance of the existence and protection of the Park from the standpoint of environmental conservation. It questioned that SETENA has been granting environmental feasibility (viabilidad ambiental) “…to projects situated within the park and in its buffer zone…,” individually without having conducted an analysis of the integral impact that these constructions would produce on the entire ecosystem of the Park. Also, that the Municipality of Santa Cruz has authorized “…construction permits within the park and its buffer zone…,” even without the respective environmental feasibility (viabilidad ambiental). In consideration of the foregoing and the precautionary principle in environmental matters, it granted the recurso. By virtue of that, among other provisions, it annulled all environmental feasibility approvals (viabilidades ambientales) “…granted on properties located within the Park…” It ordered the head of MINAE to “…immediately continue with the expropriation processes for such properties,” and the Secretary General of SETENA, or whoever holds that position, to issue instructions within the scope of her competence not to process new feasibility approvals (viabilidad) “…within the park.” To the same official, in coordination with MINAE, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), and the Municipalities of Santa Cruz, Nandayure, Hojancha, Nicoya, and Carrillo, to conduct an integral study “…on the impact that constructions, and tourist and urban development in the buffer zone of the Las Baulas National Marine Park would produce on the environment and the necessary measures to be taken, in which it is evaluated whether it is also advisable to expropriate the properties located there, and it is expressly indicated the impact that noise, lights, water use for human consumption, blackwater and wastewater, human presence, and others would produce on the entire ecosystem of the zone, especially the leatherback turtle.” It ordered the suspension and made the validity of the environmental feasibility approvals (viabilidades ambientales) “…granted to properties located within the buffer zone (500-meter band) of the Las Baulas National Marine Park…” contingent upon the completion of the previous integral study. Also, the validity of construction permits granted to properties located there.
XVII.- It is evident, according to the account presented, that the Constitutional Chamber was presented with the issue of whether within the Park and in its buffer zone, constructions are being authorized that harm, among other things, the ecosystem, the nests, and the newly hatched species on the nesting beaches, especially leatherback turtles that are endangered, mainly on playas Grande and Ventanas. Note, in this regard, how it considered the importance of specifying the risk that buildings produce within the Park (the highlighting is to make evident the Park’s extension to terrestrial zones and the basis for expropriating properties encompassed therein), regarding the buffer zones, due to biological-terrestrial fragility. Furthermore, it should be noted that it reiterated the importance of carrying out expropriations of private estates located within the Park. As for the proven facts, it also focused on issues of significance for this case. It expressly found it proven, even considering Law 7524, that the purpose is the protection of nesting beaches, including playa Grande. Subsequently, it analyzed the situation of the existence of private lands located within the Park. It assessed the conduct of integral assessments of the impact generated by constructions within the Park and that the urban development proposed for playa Grande is far from being sustainable development, considering that projects in the Park, without any control, would deteriorate the environment, with a direct impact on the most important nesting area in the entire Eastern Pacific for leatherback turtles and on the mangroves. It is observed, moreover, how detailed it has been regarding the projects situated within the Park with environmental feasibility (viabilidad ambiental) or with applications being processed. It stressed again the importance of subjecting beaches, among them playa Grande, to a special protection regime as they are located within the territorial limits of the Park.
It should also be taken into account that, after reiterating its focus on Law 7524 and stating that, among other things, it modified the limits originally established in the Executive Decree (Decreto Ejecutivo), it alluded to the fact that the statement of legislative intent clearly indicates that the absolute conservation of the leatherback turtle, its habitat, and nesting sites is the main purpose of the Park's creation. Thus, it is understood, based on that reasoning, that the habitat and nesting area are understood to be included within the Park, which determines the protection regarding construction projects that are built and may affect those areas, and likewise justifies the expropriation of privately owned properties. This is reinforced by insisting on the danger of the construction processes that have been taking place in the Park. As another piece of information of utmost importance, it highlights the mention it made of Article 2 of Law 7524, based on which the State was obliged to manage the expropriation of lands located within the Park, as it is of public interest that they be under state protection. Also of relevance is the allusion to ruling (voto) 2008-007549, regarding the order issued to proceed with the expropriation of properties located within the Park. Moreover, the objections it raised to the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental) were based on the fact that they constitute projects located in the Park. This whole panorama led to the fact that, in the operative part, it recurrently focused the provisions it adopted and its established orders, so that they are executed with respect to construction permits, environmental feasibilities, expropriation processes, and the realization of comprehensive studies concerning the impact of construction and tourism and urban development within the Park. It would make no sense for it to have granted the amparo appeal if it were not because it considered, as has been highlighted and repeated, even with verbatim quotations from those rulings, that the limits of the Park and the radius of environmental protection, as well as its purposes, include private lands; that is, it is not only a marine protection, but also a terrestrial one.
XVIII.- In accordance with the assessment of the constitutional precedents; international regulations protecting the environment, endangered species, and leatherback turtles; Article 1 of Law 7524, interpreted jointly with numerals 2 and 5 Ibid.; and also the purposes of both Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 20518-MIRENEM and the aforementioned Law, it is more than clear that the limits of the Park encompass terrestrial protection. The judges of both instances, with good judgment, considered those aspects in order to assess the disputed phrase of canon 1 and the contradiction it presents with the entire text of the Law, regarding the limits that the appellant (casacionista) considers to be "seaward" ("aguas adentro"). This is how the judges concluded that, in the specific case, it must be considered that the parameters of the Park include protection on land, whereby the established basis for expropriating part of the plaintiff's property proceeds. In this sense, the violations alleged in the first charge of the appeal are not foreseen. Nor are they, insofar as, from the text of the aforementioned canon 1 of Law 7524 and the acceptance of the motion of then-Congressman Fournier that incorporated the disputed phrase, it is determinative that the Park has an exclusively marine character. The importance must not be overlooked, not only of the rules establishing the expropriation of private lands, because although the appellant diminishes their value for the purposes of specifying that the conservation purposes of the Park encompass terrestrial areas, the truth is that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) itself has so highlighted, repeatedly, in the rulings analyzed, and as the Court (Tribunal) stated, after alluding to rulings (sentencias) 2008-7549, 2008-18529 and transcribing, in pertinent part, ruling 208-8713: "The constitutional precedent indicated above is binding, in accordance with Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), thus the issue of the boundaries or parameters of Las Baulas National Park (sic) is clearly defined…". Furthermore, the Constitutional Chamber (Cámara Constitucional), with full forcefulness, analyzed and substantiated its decisions adopted in the rulings that were examined, based on the environmental public interest and the national and international legal order governing the matter. The basis adopted by the judges of both instances in those precedents derives the application, in the present case, of those same reasonings because, in short, it is clear that the terrestrial protection of protected species is governed not only by internal regulations, including Law 7524 as a whole, but also by international provisions, as well as by the environmental precautionary principle, all of which this Chamber (Colegio) endorses. In any case, the first-instance judgment, on which the Court relies, details the legal scope of protection for leatherback turtles and their terrestrial aegis. In this understanding, the errors in the legal provisions alleged to have been violated in the third grievance have not been committed either. It is not true, moreover, as the plaintiff's representative seems to affirm, that with the protection provided by Law 7149 creating the Tamarindo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre de Tamarindo), any terrestrial protection of the Park should be understood as unjustified, for in no way has that Refuge been an obstacle for Law 7524 to have ordered the expropriation of private lands, as has been reiterated.
XIX.- In the present case, Articles 11, 39, 121, and 152 of the Political Constitution (Constitución Política); 11 of the LGAP; and 8 of the Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial) have also not been violated. It is not that the judges who have heard and resolved this matter exceeded their powers, nor can it be maintained that the Constitutional Chamber did so when it heard the amparo appeals and the action of unconstitutionality. In any case, this has been part of the debate. Therefore, in order to fulfill its attributions, that Chamber established criteria and parameters for application in the present case, based, among other things, on the interpretation it made of Law 7524. For this reason, it is feasible to affirm that the lower court (A quo) and the appellate court (Ad quem) did not change the terms of this regulation. Consider that it itself provides, as part of the environmental protection of the Park, for the expropriation of private lands, which explains why, for the specific case, its protection is not exclusively marine. As it does not represent a change in the limits of the Park, in the same sense, the objection regarding the alleged violation of Articles 13 of the National Parks Service Law (Ley de Servicios de Parques Nacionales); 3 of the Convention for the Protection of Flora, Fauna, and Scenic Beauties of the Countries of the Americas (Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y la Bellezas Escénicas de los Países de América); and 38 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), which, according to the appellant, establish that the limits can only be changed by Law, becomes inadmissible. In summary, what the judges of both instances have done, based on the pronouncements of the Constitutional Chamber, in the exercise of their powers, as well as in the interpretive work of the relevant norms to resolve the dispute (litis), entrusted within the exercise of jurisdictional authority and as indicated by Article 153 of the Magna Carta (Carta Magna) and 10 of the Civil Code (Código Civil), has been to establish the meaning of precept 1 of Law 7524, but also considering numerals 2 and 5 Ibid. Nor is it feasible to consider that an authentic interpretation is being made thereby, which, indeed, corresponds only to the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa). In the same sense, the legal system is not being replaced, but rather it is being interpreted whether the expropriations ordered in the Law proceed, as was sought to be done with respect to a part of the plaintiff's property, which has been the basis of the challenge in this proceeding.
XX.- Regarding the alleged violation of canon 10 of the Civil Code, according to this norm, judges, as appliers of the law for the solution of the specific case, must interpret the precepts relevant to that end. In the exercise of the exegesis they must carry out, they need to combine various evaluative criteria. In this predicate, as established by the lower court and endorsed in the contested judgment, there is a contradiction in Law 7524. That is, the phrase "seaward" ("aguas adentro") is not a clarification to highlight that the Park is only marine, as the appellant makes it seem. Rather, the phrase contradicts the purpose of the environmental protection of the Park, especially of the leatherback turtle, obviously, in its various life phases that include spawning, nesting, birth, and movement towards the sea from the beach. That contradiction is supplied, in the jurisdictional task, through the use of technical criteria such as those indicated in the aforementioned precept 10 of the Civil Code. Also considering other elements, as was stated, such as those provided by the Constitutional Chamber, the objectives of the Law, the environmental public interest, and the national and international legal order governing the matter. In accordance with the cited canon 10, it is not sufficient to consider the grammatical text of a norm, for example, the phrase "seaward" ("aguas adentro"), in order to establish the true meaning of the entire Law. The context, the historical and legislative background, the reality at the time of application, as well as its spirit and purpose, must be evaluated. In this predicate, the context to consider lies in conferring legal status on the Park, which was created by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) with the purpose of protecting certain species, particularly in areas that represent part of their life cycle and constitute danger zones, thus encompassing terrestrial protection. The Constitutional Chamber emphasized that even with the modification that seems to have been made to the limits in Law 7524, the conservation purpose remains unchanged, including terrestrial areas, as it so ordered repeatedly and is extracted, with all clarity, from the three analyzed rulings. In this regard, the historical and legislative background, even with the accepted motion of Congressman Fournier Origgi, shows that this protection was always taken into account, for even with Article 1 of Law 7524, the drafting and purpose of numerals 2 and 5 Ibid., concerning the expropriation of lands, are explainable based on considering that the protection is inclusive of terrestrial areas. The time of application is a factor of utmost importance, since it has been insistently highlighted how leatherback turtles have been and continue to be in grave danger of extinction, which urgently requires protective measures such as those that have been ordered in the Law creating the Park, including the expropriation processes of private properties that the same regulation contemplates, the execution of which the Constitutional Chamber has required, with the same character of urgency, attending to the postulates of that same Law. All of this is for the purpose of alleviating situations that affect this species on land, particularly in Playa Grande where, as the appellant recognizes, the plaintiff's farm is located. In this also lies the spirit and purpose, towards the full protection of turtles in their habitat, which largely presents serious risks in their life cycle developed on land. As was stated, these considerations are in no way altered by the existence of the Tamarindo National Wildlife Refuge, for Law 7524 has neither subordinated nor limited its scope based on that Refuge, nor has the Constitutional Court done so either.
XXI.- The following must be considered, regarding the grievance concerning the location of the part of the plaintiff's farm, which in the Court's opinion is within the Park and for which expropriation was ordered. It was proven for the Trial Court (Juzgado): "9).- That the Executive Secretariat of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) certified on April 11, 2007 that the farm corresponding to cadastral plan […] is located within the Mario […] Las Baulas de Guanacaste National Park, created according to executive decree (decreto ejecutivo) N.20518-MIRENEM of 07-09-91 and regulated in Law N. 7524 of August 16, 1995 […]. 12).- That the area to be expropriated is located between coordinates 255,000 N and 334,000 E […]. 13).- That the farm of the Guanacaste registry, real folio registration number […], is owned by Shang Gi La de Santa Ana Sociedad Anónima […]". To this effect, it relied on the certification folio 9 of the administrative file; folio 7 of the same dossier and cadastral plan […], and on its location therein, specifically, in the lower right corner; also, on the certification of the Public Registry (Registro Público), with reference to folios 3 and 4 of the cited file. On this point, the appellant's objection aims to question the location of the part of his client's property that is intended to be expropriated, because it must be considered that the limits of the Park and the 125 meters from the ordinary high tide line are seaward, in which case it would not be included within those boundaries and the expropriation decree would be unfounded. However, it was determined that terrestrial areas are indeed included, whereby the charge becomes inadmissible. Furthermore, the location itself has been objected to, as have the coordinates, for the appellant to justify the objection regarding the location of the land, in addition to questioning the judges' knowledge to interpret coordinates on a map or specific site. The disagreements on the issue of location were heard by the Trial Court and on that point it resolved that the plaintiff did not prove that the farm of the Guanacaste registry, real folio […] is located outside the coordinates of the Park. In Considerando XI it analyzed the determination of whether the property is within that area and concluded, although it is not seaward, it is within the aforementioned coordinates, citing for that purpose the related evidence and providing reasoning on that basis. It added, as a point of interest: "The plaintiff has not provided any evidence that disproves (sic) the corresponding cadastral plan, regarding a location at different geographic coordinates or that proves falsity in said document or in said certification. At most, the plaintiff has provided an expert report indicating that the geographic coordinates N 255,000 and E 335,050 are located (sic) in a zone of land that is part of an estuary or mangrove swamp and that on the day of the respective inspection, it was flooded with water at 13:20, using as a reference a tree at 3.10 m and an electric power pole at 26.72 m […] but without proving that the coordinates where the farm is located […] are outside the coordinates of the Park […]". The plaintiff's representative also objected on this point upon appealing. The Superior Court (Superior) rejected the grievance, not only endorsing the lower court's criterion that "… the plaintiff's property subject to expropriation is located within the boundaries of the Park…", but also justifying itself, citing Articles 317 of the CPC and 103 of the LRJCA, in that the plaintiff did not provide evidence contradicting what was established. In the cassation appeal (casación), the challenge to that reasoning is reiterated, and only an error in the SETENA certification is alleged, but without specifying whether it is a matter of fact or law and, in the latter case, as it could perhaps eventually be classified, the precepts regarding the evidentiary value supposedly misappreciated are not even cited. In any case, that was not the only evidence considered relevant. Much less are pieces of evidence established that, in the opinion of the challenger, clearly show, with certainty, that this land is not included within the Park. Added to this, the plaintiff has stated that her farm is within the Tamarindo Wildlife Refuge and in the appealed judgment it is indicated: "This Court (Tribunal) agrees with the criterion of the first-instance judge and considers it important to add that Law 7524 […], in its Article 1 specifically includes the Tamarindo Wildlife Reserve area". Even the plaintiff reiterates that the protection of leatherback turtles is achieved with the application of that Refuge, in which case, it could rather be deduced from the foregoing that the farm is within the Park, as the judges of both instances so considered and, certainly, the contrary has not been conclusively established. Moreover, it must be insisted, the bulk of the objection stems from the fact that, since it was determined, in the appellant's opinion improperly, that lands within the Park are indeed included, then, logically, the plaintiff's property would be partially included, just as she herself indicates in the appeal. By virtue of this, the corresponding grievances must be rejected.
XXII.- In the last charge, it is stated that the expropriation of the part of her client's property is illegal because it is not true that it is located within the limits of the Park. In this regard, the appellant objects that the judges of both instances relied on ruling 2008-18529 of the Constitutional Chamber, ordering MINAE to carry out the expropriations of private farms located within the limits. Although that is true, he affirms, it was not specifically ordered to expropriate the plaintiff's land. For this reason, he accuses that they misinterpreted that ruling and violated Articles 1 and 2 of Law 7524, on which they also rely to consider that the acts are legitimate. Nonetheless, it is necessary to reiterate, the citation that the lower court and also the Court make of the Constitutional Chamber is not exhausted in resolution 2008-18529, as the other two are also mentioned. This Chamber has already pronounced on those three rulings and how they apply as important foundations to resolve the present dispute, without it being appropriate to reiterate what was expressed in Considerandos XII to XIX of this decision.
XXIII.- By endorsing the denial of the claim in those aspects decreed by the Trial Court, the Court does not violate the legal provisions that are accused of being infringed throughout the challenge, nor precepts 132 and 158 of the LGAP, since the illegality in the content of those acts is unknown, as is their invalidity for contravening the legal system. The foregoing determines that the administrative conduct adopted based on the aforementioned pronouncement of the Attorney General's Office (Procuraduría), manifested in Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 33707-MINAE of February 14, 2007, which declared the partial expropriation of the plaintiff's property to be of public interest; as well as in the undated resolution issued by the System of Conservation Areas (Sistema de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), which gave course to the referred expropriation process, and everything carried out in the latter, does not bear the alleged nullity defects. Consequently, the rejection of the appeal is required, with its costs to be borne by the promoting party (Article 611 of the CPC).
Appeal of the defendant XXIV.- The State representative affirms that the plaintiff appealed the first-instance judgment and focused her arguments on two grievances. First, her disagreement with the declaration of inadmissibility of the claim regarding opinion C-444-2005 of the Attorney General's Office. Second, her disagreement with the analysis made by the lower court regarding the interpretation of the legal norms defining the terrestrial limits of the Park. The appeal (apelación), she adds, does not contain any objection regarding the order to pay costs and interest charged to her. Rather, it does not even request, subsidiarily, an exoneration in the event the charges raised are not granted. Nor did she introduce, within the statements made in the statement of grievances (escrito de expresión de agravios), an objection regarding the general principle of ordering the losing party to pay. Notwithstanding the foregoing, she denounces, the Court partially revoked the first-instance judgment, based on a defect not invoked by the appellant. In this sense, it exonerated her, even though she was the losing party, from the payment of costs. In summary, she points out, it incurred in incongruence, by ruling beyond what was requested (extra petita), harming the State. On this matter, she alleges violation of Articles 99, 153, 155, and 565 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil, CPC); 24, subsection 1, of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, LRJCA), and also of the principles of due process, right of defense, and congruence. The appellate court, she maintains, addressed an aspect of the Trial Court's judgment that the plaintiff never attacked in her appeal and statement of grievances writings. In none of the objections did she challenge the application of the general principle of condemning the losing party of canon 221 of the CPC. From both briefs, which she merely transcribes in part, given their length, she highlights what constitutes the only two points of disagreement: "FIRST GROUND: ON THE INADMISSIBILITY OF THE ACTION AGAINST BINDING OPINION 444-2005 of the Attorney General's Office of the Republic (...). SECOND GROUND: Through the appealed judgment, the Judge proceeds to hear a non-existent antinomy, which derives from a decision by the legislator to modify the text of the bill submitted to them for consideration, through a motion legally introduced by Congressman Fournier Origgi and which was approved unanimously by all the legislators who formed the full commission that approved the Law. (...)". In her opinion, what was attacked was the acceptance of the defense of inadmissibility for dealing with acts not susceptible to challenge, solely with respect to opinion C-444-2005 of the Attorney General's Office, and insofar as the defense of lack of right was granted with respect to the other claims. It is clear, she affirms, that in the present case the Court introduced a new argument, by amending the judgment and ruling on an aspect that was not claimed by the plaintiff. The aforementioned principles are thus violated, since an aspect not claimed in due time was included in the ruling appealed here, which prevented the State from exercising, as appropriate, the respective defense. She cites precedents of this Chamber regarding Article 565 of the CPC, from which she highlights that the appellate court's jurisdiction will be exercised based on the specific request of the appellant. The latter, by expressing the objections, thereby substantiating his interest in appealing, delimits the control that must be carried out over what was decided by the first-instance judge, which corresponds to the modern thesis oriented towards a limited appeal (apelación limitada), where the review of the first proceeding is carried out with strict criteria. Based on the foregoing, she maintains, there is no consonance between what was appealed and what was ruled, since the judges altered the "causa petendi", injuring the right of defense of her represented party. The comparison between the appellant's grievances and what was resolved by the Court, she notes, evidences the mismatch between these two extremes, and the consequent violation of the general principle of congruence of judgments, as well as due process and the adversarial principle. By reason of the foregoing, she emphasizes, the ground established in Article 594, subsection 3, of the CPC is configured, and that is why numerals 99, 153, 155, and 565 Ibid., and 24, subsection 10, of the LRJCA are violated, all in relation to precepts 39 and 41 of the Political Constitution. Had the cited norms been applied, she summarizes, the ruling would have been limited to analyzing the only two arguments contained in the statement of grievances, without proceeding to examine, ex officio, the rest of the judgment. In this sense, what was required was the confirmation or not of what was appealed. In her opinion, the request for "condemnation in costs to be borne by the State" does not grant functional jurisdiction to the Superior Court to assess the Trial Court's decision. This reference has logic, and is conceived, based on the assumption that the lower court's pronouncement would be reversed and resolved in favor of the plaintiff in the second instance.
XXV.- The appellant is correct. The plaintiff, upon appealing, limited her objections to the only two grounds indicated. In no way did she include, within her grievances, the order imposed by the Trial Court to pay personal and procedural costs, together with their respective interest. Therefore, the Court should not have delved into that issue, much less revoked the ruling it was hearing on appeal without the first-instance judgment having been objected to in that particular aspect. Indeed, from the full reading of both the appeal brief that runs from folio 540 to 556, as well as the statement of grievances that runs from folio 583 to 608, it is evident that the arguments of disagreement of the appellant, regarding what was resolved by the lower court, are limited to only two reproaches. The inadmissibility of the claim as to the extreme of nullity of the opinion of the Attorney General's Office, on which the defense of an act not susceptible to challenge was accepted. In addition, the rejection of the claims for nullity of the administrative conduct by which the partial expropriation of her property was ordered, regarding the appropriateness of the exception of lack of right, essentially challenging the Judge's considerations on the issue of the antinomy and the legislator's decision to modify the text of the bill, through a motion legally introduced and approved unanimously. No statement of objection points towards the order to pay costs. There is one reference to this topic, but not within the reproaches of the appeal brief. It is set forth after the formulation of the charges; immediately after the section on "LAW" where several legal provisions are listed. It states: "PETITORY" and requests, as a logical consequence of the appeal being granted regarding the two indicated disagreements, that the appealed judgment be revoked, the admissibility of the claim regarding the nullity of the Attorney General's Office opinion be declared, all the petitioned extremes be granted, with the declaration of nullity of the three administrative acts, and that the State be ordered to pay personal and procedural costs. The same happens in the statement of grievances. That is, it was never raised, as a grievance, that the appealed judgment be modified to resolve without a special order to pay costs. What was done was only, in the event that the challenge was granted, to specify the same petitionary extremes of the claim, including the order to pay costs to the State as the losing party.
XXVI.- It should be underscored that the Attorney General's Office presented a brief (folios 609 to 611), where it pronounced on the appeal. Among other things, it stated: "The appeal is antitechnical because the appellant sets forth two grounds for appeal, but far from expounding on them, she merely reiterates the assessments for which she opines that the claim should have been dismissed". It then objects to the considerations of the challenge, without saying anything about the issue of the order to pay costs, precisely because it did not form part of the objections. This is how the debate on the content and scope of the appeal was circumscribed.
XXVII.- Despite the above, the appellate body considered, in Considerando V of the second-instance judgment: "The plaintiff requests in her appeal that the State be ordered to pay costs. The grievance is admissible and is granted. Article 221, first paragraph of the Civil Procedure Code (hereinafter by its acronym CPC) - supplementary by dispensation of numeral 103 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction - establishes the general rule that the losing party must bear the payment of personal and procedural costs, for the mere fact of being so, without this implying that it is judged that bad faith or temerity mediated in bringing the action. The exception to this rule is the exoneration from payment, which can only be granted when it is verified - in a reasoned manner - that one of the exoneration grounds provided for in numeral 98 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction or in Article 222 of the cited CPC exists. In the case, this Chamber appreciates that we are indeed in the presence of the indicated conditions, since the justification for exonerating the losing plaintiff from the payment of both costs derives from the nature of the matter debated here, in which the fundamental right of private property was questioned against the public interest of protecting the environment and especially the Leatherback turtles, which warranted the legal analysis of the text of Law 7524 regarding the limits of Las Baulas National Park (sic) and led the Public Administration to request the legal opinion of the Attorney General's Office of the Republic. All of which has (sic) in the judgment of this Court (Tribunal) constituted sufficient reason for the plaintiff to litigate, and such assumption falls within the legal grounds that allow exoneration from costs. Consequently, the first-instance judgment is revoked, solely regarding the order to pay costs, to exonerate the losing party from the payment thereof". In this same sense it was resolved in the "THEREFORE" ("POR TANTO").
XXVIII.- It is notorious how, after indicating that the plaintiff requests that the State be ordered to pay costs, thereby recognizing that this statement is, precisely, a request that, as stated, responds to the reiteration of the petitionary extremes of the claim, but not a charge, it immediately affirms: "The grievance is admissible and is granted". The modification it made to the appealed judgment consisted of absolving her, as the losing party, from the payment of both costs of the proceeding. To do so, it relied on the exoneration grounds contemplated in numeral 98 of the LRJCA and in canon 222 of the CPC, so that the circumstances it assessed, of the specific case, led it to conclude.
…this Court considered that the plaintiff had sufficient reason to litigate, since that scenario falls within the statutory grounds permitting exemption from costs.” The truth is that the plaintiff, when appealing, never requested that exemption. She did not claim that grounds existed warranting it, nor did she base her appeal on the aforementioned legal provisions designed for that purpose. The sole reference she made in the “PRAYER” section of the notice of appeal and the statement of grievances, after setting forth her objections, where she requested that the claim be granted, including an award of costs against the State, in no way constitutes a grievance against the trial court’s ruling that authorizes modifying it on a point that did not form part of the challenge. In this respect, Articles 99, 153, 155, 565 of the CPC; and Article 24, subsection 1), of the LRJCA were violated, since the matter was resolved in breach of the principle of consistency, by an excess of pronouncement that entailed the defect of extra petita.
XXIX.- While it is true that canon 610 of the CPC establishes that if the appeal is granted on procedural grounds, the appellate court’s decision must be annulled, and the case file remanded to it for a new ruling, in this case, given the particularities of what occurred and in the interest of the principle of procedural economy, this Chamber deems it appropriate to annul the challenged decision only with respect to the cost exemption it applied in favor of the plaintiff regarding the payment of both costs, and to uphold the trial court’s ruling, which on this point ordered her to pay costs as the losing party.
POR TANTO
The plaintiff's appeal is dismissed, with costs charged to her. The State's appeal is granted. The appellate court’s decision is annulled solely insofar as it exempted the plaintiff from paying both procedural costs, thereby upholding the trial court’s pronouncement in which it imposed them upon her.
Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández FCHINCHILLA Telephone: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:08:01.
Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *070012550163CA* RES: 0001254-F-S1-2012 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las nueve horas del cuatro de octubre de dos mil doce.
Proceso ordinario establecido en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José por SHANG GI LA DE SANTA ANA, SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma, M., […]; contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, Gloria Solano Martínez, […]. Figura además, como apoderado especial judicial de la parte actora, el licenciado Luis Eduardo Vargas Jiménez. […].
RESULTANDO
1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora estableció proceso ordinario, cuya cuantía se fijó como inestimable, a fin de que en sentencia se declare: “(…) absolutamente nulos e inaplicables por violatorios la ordenamiento jurídico los actos administrativos impugnados, que son: 1.- La opinión vinculante de la Procuraduría General de la República C-444- 2005 del 23 de diciembre de 2005. 2.- El decreto ejecutivo 33.707-MINAE-2007 que declara de interés público la expropiación parcial de ese terreno propiedad de mi representada. 3.- La resolución sin fecha dictada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía que le dio curso al proceso administrativo de expropiación parcial de la finca de mi representada inscrita en el Partido de Guanacaste al folio real matrícula […], a todo lo actuado en ese proceso, a fin de que en sentencia se declaren nulos absolutamente esos actos por ser contrarios a la Ley y a las potestades públicas atribuidas a los entes públicos que las emitieron, por estar sustentadas en consideraciones erróneas y todos aquellos actos que deriven de los mismos y se suspenda todo tramite (sic) de expropiación de la finca de mi representada. 4.- Pido asimismo se condene al Estado al pago de las costas personales y procesales." 2.- La representante estatal contestó negativamente y opuso las defensas de inadmisibilidad de la acción por defectos formales que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo y actos no susceptibles de impugnación. Además, la excepción de falta de derecho.
3.- El Juez Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, en sentencia 2071-2010, de las 13 horas del 20 de julio de 2010, resolvió: “Se rechaza la defensa de inadmisibilidad por defectos formales que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo. Se acoge la defensa de inadmisibilidad por tratarse de actos no susceptibles de impugnación únicamente con respecto al criterio de la Procuraduría General de la República C-444-2005 del 23 de diciembre de 2005 y en consecuencia se declara inadmisible la pretensión número uno de la demanda. Se acoge la defensa de falta de derecho con respecto a las demás pretensiones. En consecuencia se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son las costas procesales y personales a cargo de la parte actora, junto con sus respectivos intereses.” 4.- La parte actora apeló y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, integrado por los Jueces Sandra M. Quesada Vargas, Francisco Jiménez Villegas y Judith Reyes Castillo, en sentencia 02-2011-SII, de las 16 horas del 28 de enero de 2011, dispuso: “Se rechaza la prueba para mejor resolver ofrecida por la actora. Se revoca parcialmente, solo en cuanto a la condenatoria en costas, para exonerar a la parte perdidosa del pago de ellas. En lo demás, se confirma la sentencia impugnada.” 5.- Ambas partes formulan sendos recursos de casación.
6.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.
Redacta la magistrada León Feoli
CONSIDERANDO
I.- Mediante Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM del 5 de junio de 1991, publicado en La Gaceta 129 del 9 de julio de 1991, se fundó el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste (el Parque, en lo sucesivo), cuyo articulado describe su extensión. La Ley 7524 del 10 de julio de 1995, publicada en La Gaceta 154 del 16 de agosto de 1995, elevó a rango legal la creación de ese Parque. Dispuso que los límites, según las hojas cartográficas Villarreal y Matapalo, del Instituto Geográfico Nacional, son: partiendo de un punto ubicado en las coordenadas N 259.100 y E 332.000, se sigue por una línea recta hasta alcanzar otra imaginaria paralela a la costa, distante 125 metros de la pleamar ordinaria aguas adentro. Por esa línea imaginaria continúa el límite en dirección sureste, hasta terminar en el punto de coordenadas N 225.000 y E 335.050. También abarca los esteros […]; sus manglares; el cerro localizado inmediatamente detrás de […], la zona pública de 50 metros, medida desde la pleamar ordinaria, entre la punta San Francisco y el estero San Francisco y las aguas territoriales de la bahía Tamarindo, comprendidas entre punta Conejo y el extremo sur de playa Langosta, hasta el límite de pleamar ordinaria.
II.- Cuando se tramitaba el proyecto de esa Ley, mediante moción de un diputado se agregó, después de la frase “125 metros de la pleamar ordinaria”, las palabras “aguas adentro”. Según se expuso, así quedó definido en esa normativa. Mediante pronunciamiento C-444-2005 del 23 de diciembre de 2005, la Procuraduría General de la República (en adelante, la Procuraduría) atendiendo una consulta del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) concluyó, en lo fundamental: “1) Hay un error en la redacción del artículo 1 de la ley de creación del parque nacional marino Las Baulas de Guanacaste, número 7524 de 10 de julio de 1995, pues no es posible trazar el límite del parque si la línea imaginaria que parte de una línea recta que nace en las coordenadas N 259.100 y E 332.000 y finaliza en las coordenadas N 255.00 y E 335.050, según las hojas cartográficas de Matapalo y Villareal (sic) del Instituto Geográfico Nacional, discurre aguas adentro, porque su punto de finalización, según las coordenadas indicadas, está en tierra. 2) El error apuntado da lugar a una antinomia normativa que puede ser resuelta por vía de interpretación jurídica, porque se trata de una disposición contradictoria que no puede ser aplicada tal como está redactada. La ubicación en tierra del punto definido por las coordenadas N 255.000 y E 335.050 es excluyente del trazado por mar de la línea imaginaria a que hace referencia el artículo 1, de manera tal que o se inaplica la expresión “aguas adentro”, o se fijan otras coordenadas como punto de finalización de esa línea. 3) A partir de la interpretación sistemática y en atención a la finalidad de la ley de creación del parque marino Las Baulas de Guanacaste, la antinomia debe ser resuelta con la inaplicación de la expresión “aguas adentro”, de tal manera que se entienda que el trazado de la línea imaginaria que parte de una línea recta que nace en las coordenadas N 259.100 y E 322.000 y finaliza en las coordenadas N 255.000 y E 335.050, según las hojas cartográficas Villareal (sic) y Matapalo del Instituto Geográfico Nacional, discurre por tierra a una distancia de ciento veinticinco metros de la pleamar ordinaria”.
III.- Con el Decreto Ejecutivo 33707-MINAE del 14 de febrero de 2007, publicado en La Gaceta 73 del 17 de abril de 2007, se declaró de interés público la adquisición parcial, mediante expropiación, de una parte de la finca del partido de Guanacaste, folio real matrícula número […], provincia de Guanacaste, de la compañía Shang Gi La de Santa Ana S.A., entendiéndose incluida dentro del referido Parque.
IV.- Esta empresa demandó al Estado. En lo fundamental, solicitó se declare en sentencia la nulidad de los siguientes pronunciamientos administrativos: 1.- La “opinión vinculante” C-444-2005 del 23 de diciembre de 2005 de la Procuraduría. 2.- El Decreto Ejecutivo 33707-MINAE del 14 de febrero de 2007, que declaró de interés público la expropiación parcial de su inmueble 3.- La resolución sin fecha dictada por el Sistema de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, que le dio curso al referido proceso expropiatorio, lo mismo que todo lo actuado en este último, debiendo suspenderse su trámite. También, pidió la condenatoria al accionado del pago de ambas costas del proceso. El Estado opuso las defensas de inadmisibilidad de la acción por: 1.- defectos formales que impiden verter decisión de fondo, 2.- actos no susceptibles de impugnación. Además, falta de derecho. De ellas, el Juzgado rechazó la descrita en el punto 1. Acogió la segunda respecto al criterio de la Procuraduría C-444-2005 del 23 de diciembre de 2005. En consecuencia, declaró inadmisible la primera pretensión. Admitió la de falta de derecho en todos los demás extremos petitorios los cuales desestimó. Impuso ambas costas e intereses a la demandante. El Tribunal revocó solo en cuanto a la condenatoria en costas. En su lugar, exoneró a la perdidosa. Ambos litigantes recurren ante esta Sala.
Recurso por razones procesales de la parte actora V.- El apoderado de la demandante señala que en la sentencia recurrida se acogió la defensa de inadmisibilidad por tratarse de actos no susceptibles de impugnación, respecto al criterio de la Procuraduría C-444-2005. En ese sentido, rechazó la pretensión número uno de la demanda. El Tribunal, acota, se fundamentó en los artículos 18 y 60 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA). Sostiene, consideró que el pronunciamiento de la Procuraduría respondió a una consulta del MINAE y el acto que produjo efectos sobre los derechos de la actora fue el Decreto Ejecutivo 33707-MINAE, base para el propósito de expropiar, ya que la opinión del órgano asesor no produce efectos en la esfera jurídica de la accionante. Recrimina, los jueces omitieron analizar que el dictamen de la Procuraduría sirvió como acto preparatorio del Decreto Ejecutivo que declaró de interés público una franja de terreno propiedad de su representada. El titular del MINAE, afirma, hizo consulta expresa a la Procuraduría sobre los alcances del numeral 1 de la Ley 7524, en relación con dudas sobre los límites del Parque. Una vez que el dictamen sustituyó la frase “aguas adentro” por “aguas afuera”, ordenó las expropiaciones sobre la zona, al considerarse parte del Parque. En consecuencia, tiene características de un acto preparatorio, pues ese fue el uso que se le dio y los efectos que produjo en los actos administrativos posteriores. A su juicio, el dictamen estuvo sometido a los actos expropiatorios conforme lo dispone el artículo 120, inciso 2), de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), al considerar que el acto interno -dictamen- estará vinculado al externo -declaratoria de interés público-. Al no entenderlo así, estima, también infringió esa norma, que somete un acto a otro con lo cual se produce una fusión. En este sentido, invoca, el canon 163, inciso 2), Ibid., establece que los vicios propios de los actos preparatorios pueden impugnarse conjuntamente con el principal, salvo que estos a su vez sean con efecto propio. Este precepto se vulneró en la sentencia cuestionada, al no aceptar que el pronunciamiento de la Procuraduría puede impugnarse como un acto preparatorio conjuntamente con el principal, como se hizo en este caso. Acusa quebranto de los numerales 18 y 60 de la LRJCA, por interpretación y aplicación indebida, ya que los supuestos del artículo 18 son diferentes a lo regulado en el 163, inciso 2), de la LGAP. Esa norma lo que prevé es la impugnación de los actos de trámite cuando deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de tal modo que pongan término a aquella vía, hagan imposible o suspendan su continuación. Lógicamente, añade, lo que está regulando es una cosa diferente al tema aquí tratado. Los juzgadores, aclara, para disponer la inadmisibilidad de la demanda respecto a la temática en examen, se encasillaron dentro del concepto del precepto 18 y no observaron otras posibilidades que el ordenamiento jurídico establece, como es el caso del indicado canon 163, inciso 2), de la LGAP. Asimismo, señala, se conculca el 60, inciso c), de la LRJCA, considerado para decretar la inadmisibilidad por tratarse de “actos no susceptibles de impugnación, a tenor del artículo 21”, que al efecto transcribe, refiriéndose a la LRJCA. Estima, se aplica una norma que no regula el supuesto específico, pues no se está en presencia de actos consentidos, ni de resoluciones que pongan término a la vía administrativa. Tampoco ante la anulación para efectos de inaplicabilidad de un acto consentido hacia el futuro. Sino de la impugnación de un acto que cobró la naturaleza de preparatorio y que fue impugnado junto con los principales al tenor del citado artículo 163 de la LGAP. En su criterio, se infringe el 60, inciso c), de la LRJCA por indebida interpretación y aplicación, lo cual causa nulidad de la declaratoria de inadmisibilidad. Por otra parte, argumenta, cabe interpretar la posibilidad de que el dictamen de la Procuraduría sea un acto susceptible de impugnación directa por tratarse de un acto con efectos propios. Ello, pues según las disposiciones 2, 3 y 6 de su Ley Orgánica, los dictámenes y pronunciamientos que emita constituyen jurisprudencia administrativa y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública. De acuerdo con el canon 120, inciso 1), de la LGAP, continúa, los actos administrativos son externos e internos, dependiendo si van destinados o no al administrado. En este caso, estima, los dictámenes o pronunciamientos de la Procuraduría son actos administrativos que resuelven consultas que se dirigen a la Administración Pública y al Estado, por lo que deben conceptuarse como internos. Sobre estos, explica, el numeral 122, inciso 1), Ibidem., indica que carecen de valor ante el ordenamiento jurídico general del Estado al emitirse en perjuicio del particular, pero lo cobran cuando son en su beneficio. Eso implica que si son favorables para el administrado, este los puede hacer valer. Por su parte, agrega, la regla 123, inciso 1), Ibid., dispone que “…tendrán relevancia externa ante los administrados y los tribunales comunes, no obstante lo dicho en el artículo 122, los actos internos que estén regulados por ley, reglamento u otra norma cualquiera del Estado”. A su juicio, los actos internos que emite la Procuraduría, mediante informes, dictámenes y pronunciamientos (regulados en su Ley Orgánica, numerales 2, 3 y 6), dirigidos a la Administración Pública y cuya observancia y aplicación tiene carácter obligatorio para esta, también tienen relevancia externa ante los administrados, es decir, interés jurídico para ellos en tanto los beneficia o perjudica. En este sentido, manifiesta, existe legitimación para impugnarlos directa o indirecta en la vía jurisdiccional, en tanto sean parte de un procedimiento administrativo y sirvan para la emisión de actos favorables o desfavorables. Pone como ejemplo la aplicación del artículo 173 de la LGAP, respecto a la nulidad de actos favorables al administrado que contengan vicios de nulidad evidentes y manifiestos. Antes de esta declaratoria es necesario que la Administración consulte a la Procuraduría según la materia. Decretada la nulidad con base en el criterio técnico, el administrado puede hacer valer sus derechos en la vía judicial y debe además combatir el dictamen emitido por estos órganos a favor de la nulidad. Esta impugnación, argumenta, es de un acto preparatorio que resultó vinculante para la Administración Pública. Si no se combate bien cabría la desestimación de la demanda. Nótese, enfatiza, el carácter vinculante que le confiere el ordenamiento a los dictámenes de la Procuraduría tiene una connotación especial en relación con su impugnabilidad, debido a que la Administración está obligada a acatarlos, respetarlos y aplicarlos. A su juicio, constituyen actos especiales que pueden ser preparatorios o con efectos propios, según sea el caso, y que vinculan a los actos conforme lo establece el precepto 120 de la LGAP. En su criterio, procede impugnarlos en vía judicial de manera indirecta, junto con los actos administrativos que afecten directamente al administrado y hayan tenido sustento en algún dictamen, opinión, informe o pronunciamiento de la Procuraduría, como lo es el del sub lite. Agrega, también puede verse su impugnabilidad según los numerales 18 y 20, inciso 4), de la LRJCA. Por ello procede la pretensión de nulidad como se pidió en la demanda. En su criterio, el susodicho canon 18 señala las situaciones en que la acción será admisible: contra las disposiciones y actos de la Administración. De conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, aduce, esta es el órgano superior consultivo, técnico y jurídico de la Administración Pública de la cual forma parte. Según la norma 1 de la LGAP, sus dictámenes son actos administrativos; en consecuencia, susceptibles de impugnación al tenor de la pauta que se analiza. Añade, procederá contra actos definitivos. Los dictámenes tienen ese carácter, como también autonomía. Sin embargo, aclara, en los términos del precepto que se examina está más relacionada al acto final de un procedimiento administrativo que se convierte en definitivo cuando cobra firmeza. Asimismo, cuando son de trámite, si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de tal modo que pongan término a aquella vía o hagan imposible o suspendan su continuación. Dentro de un procedimiento administrativo, explica, el dictamen podría conceptuarse de trámite. Pero en el caso concreto, señala, no necesariamente puede catalogarse así ya que se emitió, como bien lo dice el Tribunal, con motivo de una solicitud del MINAE, sin que existiera un procedimiento administrativo. El dictamen, advierte, se solicitó antes de que se iniciaran los procedimientos de expropiación. Con fundamento en él se decide iniciarlos y se justificaron las decisiones administrativas para declarar las tierras de su representada de interés público. De esta manera, en el fondo se discute el dictamen, ya que es lo único que permite al MINAE extender el área del Parque. Por analogía, expone, el artículo 20, inciso 4), de la LRJCA permite impugnarlo, pues los actos de aplicación individual -declaratoria de interés público- y los demás de naturaleza expropiatoria, tienen sustento en él. Se trata del sistema de impugnación indirecta de actos generales que sirven de base a uno de aplicación individual. Al no entenderlo así el Tribunal, acusa, conculcó las disposiciones 18 y 20, inciso 4), Ibidem.; 120, 122 y 123, todas ellas en sus incisos primeros, de la LGAP. No consideró que el dictamen sea un acto administrativo interno con relevancia externa pues está regulado en la Ley Orgánica de la Procuraduría y afecta al administrado. En ese mismo sentido, acota, se vulneran los numerales 2, 3, inciso a), y 6 Ibid., al no darle al acto regulado por ley los alcances que jurídicamente tiene. Asimismo, el canon 10, inciso 1), punto a), de la LRJCA, que permite demandar la declaratoria de ilegalidad y la anulación de los actos y de las disposiciones administrativas, a quienes tengan interés legítimo y directo en ello. En la especie, arguye, más que un interés hay un derecho subjetivo afectado que confiere legitimación para gestionar la nulidad. Expresa, para Tribunal la actora no demostró, en su discurso, la existencia de un interés legítimo o derecho subjetivo derivado directamente del indicado criterio consultivo, aspecto esencial para admitir la impugnación del acto conforme a los numerales 10 y 18 de la LRJCA. Sin embargo, objeta, los jueces no entienden que con eso se sustituyó, por vía de interpretación, los alcances de la norma 1 de la Ley 7524, y se cambiaron los límites del Parque. Fue así como se pudo incluir una parte de la finca de su representada. En consecuencia, refuta, sí hay un interés legítimo en su impugnación y un derecho subjetivo lesionado, porque la propiedad fue afectada a partir de ese pronunciamiento y los actos posteriores se ejecutaron a causa del dictamen. Endilga quebranto del artículo 158, inciso 2), de la LGAP, al no conocerse ni resolverse el alegato de que es un acto inválido, sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. Es así, acusa, pues como se alegó en la demanda, la Procuraduría se extralimitó en sus competencias e invadió la división de poderes, al emitir sus opiniones: OJ-105-2004 y C-444-2005, al determinar que la expresión “aguas adentro” contenida en el canon 1 de la Ley 7524, era inaplicable y se debía sustituir por “aguas afuera”. Apuntó el procurador que el error da lugar a una antinomia normativa que puede ser resuelta por vía de la interpretación jurídica, porque se trata de una disposición contradictoria que no puede ser aplicada tal y como está redactada. Sobre este punto, añade, se combatió esa sustitución ilegítima de la frase, con el argumento de que en ningún momento podía considerarse “aguas adentro” como un error del legislador. Ello debido a que, expresamente, el término se había incluido en el texto del relacionado precepto 1, por moción de un diputado ya que, como también se afirmó, se trataba de la creación de un parque marino, que en su mayor y principal extensión se había creado en el mar. Si se quiere, explica, la frase “aguas adentro”, era más bien explicativa y no errónea, pues tenía la intención de que todos: funcionarios, turistas y propietarios, estuvieran claros sobre cuáles eran los límites. Además, asevera, en tierra existía protección, pues la Ley 7149 o Ley de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Tamarindo, que está vigente, lo constituyó en la zona de desove de tortugas. Con cita de Wikipedia, resalta, consiste en un parque marino, consistente en un área de mar (o lago) protegida, tanto para fines de uso recreacional como también, en la mayor parte, a los efectos de preservar un hábitat específico y asegurar que el ecosistema sea sostenido para los organismos existentes en él. Expone, la mayoría de los parques marinos son designados por gobiernos y organizados como parques nacionales acuáticos. De este modo, insiste, la expresión “aguas adentro” tiene lógica y fundamento en una moción concreta de un legislador. Por eso, el criterio de la Procuraduría de que la frase es errónea pierde peso y credibilidad. No obstante, advierte, la sustitución por “aguas afuera”, que hizo en sus informes jurídicos, permitió extender los límites y dio fundamento para que el MINAE ordenara las expropiaciones de las nuevas áreas incluidas, lo cual perjudica a la actora pues parte de su finca se vio afectada, conforme se expuso en la demanda. El procurador, quien emitió los informes, aduce, considera que existe una antinomia jurídica que debe ser resuelta por la vía de interpretación. Pero ello conlleva un error, afirma, ya que no existe antinomia en la frase “aguas adentro”. Alude al Diccionario de la Lengua Española y consigna extensas citas al pie de página para explicar lo que es antinomia, como contradicción entre dos preceptos legales o principios racionales. Para que se presente, aduce, tiene que haber, según el diccionario, la doctrina, la jurisprudencia y los mismos pronunciamientos de la Procuraduría, dos normas contradictorias. No existen tales, sostiene, mucho menos dos frases que chocan en la misma norma. A su juicio, esta errónea apreciación del procurador le permitió manipular los conceptos de la disposición jurídica que analizaba, darle un contenido que jamás fue pensado por el legislador y sustituir una frase que más bien fue insertada con el objetivo de que la disposición fuese absolutamente clara y definida, jamás para producir confusión. En su criterio, no se duda de las competencias conferidas a la Procuraduría como órgano consultivo de la Administración Pública. Sin embargo, alega, el tema que está en debate no es ese, sino cuáles son los límites que tiene respecto a la interpretación, delimitación y alcances de una norma específica y, en su caso, de una frase concreta contenida en un artículo de determinada ley. La Constitución Política, aduce, confirió competencia para interpretar el ordenamiento jurídico al Poder Legislativo y al Poder Judicial (artículos 121, inciso 1), y 152), sin perjuicio de la exégesis menor que puedan hacer los funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública en general, atinente a sus competencias y funcionalidades. Pero estas no podrán tener el alcance de cambiar los términos de una ley, en razón del cumplimiento del principio de legalidad contenido en el canon 11 de la Carta Magna y de la seguridad jurídica. Además, el 121, inciso 1), Ibid., confiere potestad a la Asamblea Legislativa para darle interpretación auténtica a las leyes, para situaciones en que se hace difícil aplicarlas por ser ambiguas, inexactas, inconclusas o contener términos o frases que pueden dar pie a diversas interpretaciones, requiriendo aclarar los términos y alcances y asegurar la seguridad jurídica sobre la cual se funda esa interpretación, es decir, emanada del mismo órgano que dictó el texto. Esta potestad, afirma, es única, exclusiva, indelegable e insustituible del Poder Legislativo. En consecuencia, cuando la Procuraduría interpreta que en el numeral 1 de la Ley 7524, debe entenderse “aguas afuera” en lugar de la frase “aguas adentro”, realiza un acto ilegítimo e inconstitucional, con el que sustituye los términos en que fue redactada y, en consecuencia, suplanta y se arroga esa competencia constitucional, por lo que se infringe el artículo 121, inciso 1), de la Carta Magna, así como las normas contenidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría que le confieren atribuciones consultivas pero no legislativas. El tema de la sustitución del ordenamiento jurídico, afirma, es potestad del Poder Legislativo y en su caso de la Sala Constitucional en los casos previstos en el canon 10 de la Carta Política y desarrollados en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ni siquiera por interpretación auténtica puede el Congreso sustituir una norma o frase de una ley, sin caer en reforma o nueva legislación, pues el texto sustituido puede cambiar radicalmente el contenido y alcance de la norma, convirtiéndola en algo nuevo. Aunado a ello, la interpretación de la Procuraduría atenta contra las disposiciones 13 de la Ley de Servicios de Parques Nacionales; 3 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y la Bellezas Escénicas de los Países de América; 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, cuando señalan que los límites del Parque solo pueden variarse por ley. Esa sustitución que operó la Procuraduría, asevera, permitió a la Administración Pública, en concreto al MINAE, dictar actos ablatorios que no hubieran nacido a la vida jurídica de no ser por su existencia; procedimientos de expropiación viciados de nulidad absoluta, por fundamentarse en criterios nulos de la Procuraduría. Reitera, al sustituir “aguas adentro” por “aguas afuera”, permitió al MINAE incluir fincas que por ley no estaban comprendidas dentro del Parque. El fundamento y legitimación de la declaratoria de interés público para expropiar los inmuebles, fue considerar que se incluían en él, conforme al pronunciamiento de la Procuraduría. Señala, esos vicios de ilegalidad de los informes jurídicos contaminaron los actos administrativos dictados por el indicado Ministerio; en consecuencia, padecen de la misma ilegitimidad. Hay defectos en el motivo y en el contenido del acto que declara el interés público y ordena la expropiación, pues se basa en un acto nulo. Por otra parte, expresa, en cuanto a la competencia legislativa en la intervención de leyes formalmente dictadas y vigentes, existe un mecanismo legítimo para corregir errores materiales. El ordenamiento jurídico permite que se publique en La Gaceta, para leyes recién promulgadas, correcciones materiales por vía de la fe de erratas, pero sin cambiar el sentido y alcances de la norma aprobada. Este trámite, acota, ni siquiera era aplicable en la especie, por cuanto no se trataba de un error material. Sin embargo, si lo hubiera hecho la Asamblea Legislativa le hubiera conferido legitimidad. La Procuraduría, estima, al estudiar el artículo 1 de la Ley 7524 y percatarse del “supuesto error”, que en realidad no existe, debió solicitarle al Congreso su corrección y recomendar al MINAE que no aplicara el precepto hasta que se enmendara el supuesto vicio. Ese Poder, si es que procedía, subsanaría errores materiales mediante fe de erratas, a través de una interpretación auténtica o reformando el artículo, ajustando así la frase y el contenido. Al no seguirse ese procedimiento, sostiene, la Procuraduría infringió los numerales 11 y el 39 de la Constitución Política. Esta normativa, añade, le confiere al Poder judicial, en el precepto 152, la potestad para dirimir los conflictos de interés jurídico y a los jueces interpretar, delimitar, integrar e inaplicar el ordenamiento para ese fin. Pero nunca la competencia para sustituir una ley, artículo o una frase, como lo hizo la Procuraduría. Además, la exégesis que realizan los operadores jurídicos, debe hacerse al tenor de lo que dispone el artículo 10 del Código Civil, como la Sala Constitucional, afirma, así lo ha establecido. La conducta de la Procuraduría, asevera, excedió sus límites e invadió competencias constitucionales, porque legisló y sustituyó extra legem, frases de una norma jurídica, que cambiaron el contenido y alcances. Eso afectó, de modo directo, a un grupo de administrados, pues las consecuencias de esa intervención llegaron hasta el dictado de actos ablatorios sobre fincas que originalmente no estaban comprendidas dentro del Parque, como el inmueble de la actora. Además de estas normas constitucionales, acusa, se vulneraron los preceptos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría. Indica, el acto administrativo que declara de interés público la finca de su representada, parte del hecho de que está dentro del Parque porque el informe así permite entenderlo. Se cuestiona: ¿cómo solicitar la invalidez de este acto sin atacar la base que le dio sustento, si esta radica precisamente en el dictamen de la Procuraduría que es nulo por infringir el ordenamiento jurídico? Sobre este particular, añade, si los hechos no son ciertos, si la norma de sustento es inconstitucional y el derecho invocado y aplicado no existe o fue derogado, se afectan los elementos del acto y este deviene en nulo. Por consiguiente, concluye, si el dictamen de la Procuraduría es nulo por infringir el ordenamiento y fundamentó el dictado de un acto administrativo o al menos el administrador público confió en la autoridad y legitimidad de ese dictamen para emitir el acto, no puede desconocerse la nulidad. Por eso, este yerro debe referirse al acto que le sirvió de base o de autorización al posterior. De no analizarse esa invalidez ni declararse, arguye, tampoco podría decretarse inválido el acto posterior. Es decir, si el sustento jurídico, técnico o asesor, es inválido, como sucede en este caso, debe atacarse para que pueda caer también el acto que se soporta en él. En síntesis, explica, los jueces consideran que no puede analizarse la invalidez del dictamen de la Procuraduría, en consecuencia, no pueden pronunciarse sobre la invalidez del acto posterior. Pero la ilegitimidad solo se encuentra en aquél. En virtud de aplicar los artículos 18 y 60 de la LRJCA, afirma, dan al traste con el caso, pues queda impune la infracción al ordenamiento jurídico cometida por la Procuraduría y, por ende, revestidos de legalidad los actos posteriores fundados en ese dictamen. Sin este, las declaratorias de interés público no podían nacer, porque los inmuebles estaban fuera del Parque antes del dictamen y quedaron dentro luego de la interpretación que hizo la Procuraduría con un criterio que tiene vicios tan groseros que lo hacen absolutamente inválido.
VI.- La sentencia impugnada resuelve, en el Considerando IV, punto 1, la apelación de la actora respecto a la declaratoria de inadmisibilidad de la acción contra el criterio C-444-2005 de la Procuraduría. Entre otras cosas, el Tribunal indicó que las alegaciones de la accionante son solo una reiteración de lo expuesto en la demanda, no así reproches contra los fundamentos del fallo de primera instancia. Dispuso, en consecuencia, no constituyen verdaderos agravios. Con todo, analizó el razonamiento del A quo y lo estimó acertado al disponer la inadmisibilidad respecto al extremo atinente al susodicho pronunciamiento. Por lo demás, debe valorarse, el Tribunal también destacó: “La parte actora tampoco ha logrado demostrar en su discurso argumentativo, la existencia de un interés legítimo o derecho subjetivo derivado directamente del indicado criterio consultivo, aspecto esencial para admitir la impugnación del acto conforme lo expresan los numerales 10 y 18 de la citada Ley Reguladora”. De todas maneras, el Juzgado analizó la conducta administrativa que se cuestiona en la demanda; la que por el fondo desestimó, lo cual avaló el Ad quem. En a lo expuesto, no procede, por la vía de la casación, solventar los defectos que el Ad quem destacó del recurso de apelación. En todo caso, sobre estos temas puntuales, lo mismo en cuanto a las manifestaciones novedosas que se incluyen sobre la naturaleza de acto preparatorio impugnable junto con el principal, debe advertirse, el canon 608 del CPC imposibilita a la Sala analizar asuntos que no fueron propuestos o debatidos, en forma oportuna, por los litigantes. Nótese, en el escrito de apelación y en el de expresión de agravios, más bien se arguye que el pronunciamiento de la Procuraduría no es un acto preparatorio. Por lo demás, es evidente cómo en el recurso que ahora se conoce, existe una confluencia de manifestaciones en mucho dispares, para calificar la naturaleza de ese acto. Se aduce, a un propio tiempo, que se trata de un acto preparatorio impugnable conjuntamente con el principal, de un acto susceptible de impugnación directa por tener efectos propios, de un acto interno, de un acto con relevancia externa ante los administrados, de un acto definitivo. Esta diversidad de líneas argumentativas compromete la claridad y precisión que se debe cumplir en el planteamiento de los cargos, lo mismo que la motivación concreta y contundente que se espera al explicitarse esas censuras. De todos modos, cabe resaltar, la demandante no solo cuestionó el aludido criterio de la Procuraduría. Impugnó la conducta administrativa manifestada en el Decreto Ejecutivo 33707-MINAE, que declaró de interés público la expropiación parcial de su inmueble. Además, la resolución del Sistema de Áreas de Conservación del MINAE, que le dio curso al referido proceso expropiatorio, como también todo lo actuado en este último. Es claro, entonces, en el apartado del recurso que se examina se presentan aspectos referidos a los temas de fondo atinentes a estos últimos puntos, incluyendo el aludido pronunciamiento de la Procuraduría, todo lo cual será materia de examen y decisión en los Considerandos subsiguientes. Por lo pronto, se impone el rechazo de las inconformidades en estudio.
Recurso por razones de fondo de la parte actora VII.- El casacionista formula cuatro cargos. Primero: errónea interpretación y aplicación del artículo 1 de la Ley 7524 y quebranto de “otras normas jurídicas”. El A quo, lo mismo que el Ad quem, señala, consideró que el entonces diputado Hernán Fournier Origgi presentó durante el trámite para aprobarse la indicada Ley, una moción tendiente a agregar, después de la frase “125 metros de la pleamar ordinaria”, las palabras “aguas adentro”. Estimó que el propósito fue dar un carácter exclusivamente marino al Parque. No obstante, para el Juez, si bien las palabras “aguas adentro” fueron incorporadas en el texto definitivo al acogerse la moción, el resto de la Ley mantiene una contradicción evidente con esos términos. Ello, valoró el Juzgado, porque tanto las coordenadas como la expresa mención a eventuales expropiaciones, abre la posibilidad de que se incluyan terrenos privados. Sobre esta temática, arguye el recurrente, los juzgadores de ambas instancias aceptan que al acogerse esa moción, en el canon 1 de la Ley 7524 quedó establecido que los 125 metros había que medirlos “aguas adentro”, a partir de las coordenadas que allí se especificaron. Es decir, que el texto de la norma es claro y preciso al indicar “aguas adentro” y no afuera. Sin embargo, continúa, en el fallo de primera instancia, avalado por el Superior, se indica que los límites deben tomar en consideración las coordenadas y la última frase citada evidentemente resulta contradictoria con ellas, con el resto del texto de Ley y con sus objetivos, pues hace referencia a expropiaciones de inmuebles en tierras de dominio privado. En cuanto a este punto, el representante de la actora cuestiona si tienen el conocimiento para interpretar coordenadas ya sea en un mapa o del sitio. Asimismo, si el hecho de que en la Ley haya quedado referencias de expropiaciones de inmuebles de dominio privado, permite cambiar los términos del artículo 1. Respecto a la sentencia impugnada, afirma, en ella se destaca, a juicio del Tribunal, el enfrentamiento de la frase con los objetivos de la Ley, el interés público ambiental y el ordenamiento jurídico nacional e internacional que rige la materia. También que la prueba de la ubicación de un inmueble dentro del área de las coordenadas dichas, es suficiente para determinar su incorporación dentro de los límites del Parque. Pese a ello, objeta, no explica cómo la frase se enfrenta al precepto 1 de la Ley y a los objetivos, ni siquiera explica cuáles son estos. Tampoco cómo contradice el interés público ambiental y el ordenamiento jurídico nacional e internacional rector de la materia, ni en qué consisten estos aspectos. En igual sentido, no se entienden los criterios interpretativos que el Ad quem dice emplear para su solución. Carece de criterios técnicos para señalar que los 125 metros son aguas afuera y no adentro, contrariando el texto del numeral 1 Ibidem, que, por lo expuesto, lo quebranta en virtud de una errónea interpretación y aplicación al caso concreto. En el mismo error denunciado, aduce, incurrió el procurador al emitir el dictamen que sirvió al MINAE para decretar las expropiaciones. La sustitución ilegítima de la frase se ha combatido, explica, pues en orden a la moción legislativa se incluyó en el texto de la referida norma “aguas adentro” y así quedó claramente establecido, además de que el diputado fue enfático de que se trataba de un parque marino, que en su mayor y principal extensión se había creado en el mar. Si se quiere, reitera, la frase “aguas adentro”, era más bien explicación y no un error, pues se tenía la intención de que todos: funcionarios, turistas y propietarios, estuvieran claros sobre cuáles eran los límites. Además, reafirma, en tierra existía protección en la Ley 7149, de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Tamarindo, justamente en el área de desove de la tortuga. Insiste, en el caso en estudio, es un parque marino, para la protección del uso recreacional, preservar un hábitat específico y asegurar que el ecosistema sea sostenido para los organismos existentes en él. De tal manera, alega, la expresión “aguas adentro” tiene lógica y fundamento en la moción del legislador, por lo que el criterio de la Procuraduría y de los jueces, de que la frase es errónea, pierde peso y credibilidad. La aludida sustitución, argumenta, permitió extender los límites y dio fundamento para que el MINAE ordenara las expropiaciones, lo cual afecta a la actora, por cuanto parte de su finca se vio incluida. El procurador, insiste, sostiene que existe una “antinomia jurídica” que debe ser resuelta por la vía de interpretación y los jueces aquí cambian por “contradicción”. No obstante, expone, ese funcionario yerra, pues no existe antinomia en la frase “aguas adentro”. A tal efecto, cita el Diccionario de la Lengua Española, de lo cual explica, según también lo refiere la doctrina, la jurisprudencia y los mismos pronunciamientos de la Procuraduría, aduce, dos normas contradictorias. Ello no acontece en la especie, afirma, mucho menos dos frases que colisionan en la misma disposición legal, como lo han querido ver los juzgadores. El error del procurador le permitió manipular los conceptos de la norma que analizaba, darle un contenido que jamás fue pensado por el legislador y sustituir una frase e insertarla para aclarar y definir, jamás para producir duda o confusión. También, añade, el Tribunal manipuló el artículo 1 de la Ley 7524, otorgándole un contenido diferente al que se le dio al aprobarse. Por eso, manifiesta, el meollo es determinar cuáles son los límites que tienen los órganos jurisdiccionales en relación con la interpretación, delimitación y alcances de una norma específica y de una frase concreta contenida en ella. Constitucionalmente, repite, se ha conferido competencia para interpretar el ordenamiento jurídico a dos órganos: Poder Legislativo y Poder Judicial (disposiciones 121.1 y 152 de la Constitución Política), sin perjuicio de la interpretación menor que puedan hacer los funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública en general, respecto a sus competencias y funcionalidades. Pero estas interpretaciones no pueden cambiar los términos de una ley, en razón del cumplimiento del principio de legalidad contenido en el precepto 11 de la LGAP, como también del de seguridad jurídica. Según el canon 121, inciso 1), de la Carta Magna, explica, la Asamblea Legislativa le da la interpretación auténtica a las leyes, para casos en los que se hace difícil aplicarla por ambigua, inexacta, inconclusa o por contener términos o frases que pueden dar pie a diversos significados. Se trata de una potestad con rango constitucional, única, exclusiva, indelegable e insustituible. De este modo, acota, cuando los jueces consideran que en el artículo 1 de la Ley 7524, la frase “aguas adentro” debe entenderse como “aguas afuera”, pues aunque no lo digan expresamente ese es el resultado de su interpretación, cometen un acto ilegítimo e inconstitucional, mediante el cual sustituyen los términos en que fue redactada la Ley y, en consecuencia, se arrogan la competencia legislativa, violando el aludido precepto, como también el 8 de la Ley Orgánica del Poder judicial. La sustitución del ordenamiento jurídico, continúa, es potestad de la Asamblea Legislativa y en su caso de la Sala Constitucional en los casos previstos en el numeral 10 de la Constitución Política, desarrollado en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Es tan restringida, afirma, que ni siquiera por interpretación auténtica legislativa, puede sustituirse una norma o frase de una ley, sin caer en reforma o nueva legislación, pues se cambiaría radicalmente el contenido y alcance, convirtiéndola en algo nuevo, como así se ha pronunciado la Sala Constitucional. Además, reprocha, el Tribunal conculca los artículos 13 de la Ley de Servicios de Parques Nacionales; 3 de la Convención Para la Protección de la Flora, la Fauna y la Bellezas Escénicas de los Países de América; 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Esos preceptos, alega, son muy claros al señalar que los límites del Parque solo pueden variarse por Ley. Reitera, existe un mecanismo legítimo para corregir errores materiales. Consiste en que se publique en el diario oficial La Gaceta, para leyes recién promulgadas, correcciones por la vía de la fe de erratas, sin que ello permita cambiar el sentido y alcances de la norma jurídica aprobada. La errónea interpretación del artículo 1 señalado, añade, se da por no observarse otras alternativas previstas en el ordenamiento jurídico. El Ad quem vulneró las disposiciones 11 y el 39 de la Constitución Política, siguiendo la línea de la Procuraduría, sin percatarse que frente a una Ley que consideraron contradictoria en sí misma o de difícil aplicación, optaron por interpretarla a favor del Estado y no de los ciudadanos, sin ningún fundamento jurídico en su apoyo. La Carta Magna, numerales 152 y siguientes, refiere, confiere al Poder Judicial la potestad para dirimir los conflictos de interés jurídico. Además, atribuye a los jueces interpretar, delimitar, integrar e inaplicar el ordenamiento para ese fin, a tono con el canon 10 del Código Civil. Pero nunca la competencia para sustituir una ley, un artículo o una frase, como sucedió en el sub judice. Trascribe una sentencia de la Sala Constitucional sobre los alcances de la citada norma que, agrega, junto con de la doctrina en general, establece que ni siquiera el Poder Judicial, con potestades plenas para interpretar el Derecho y dirimir conflictos de interés jurídico, puede cambiar ni una letra de la ley. Mucho menos sustituir un texto con la premisa de que se trata de una contradicción que, como se demostró, no existe. En la especie, alega, los jueces se excedieron en sus límites e invadieron competencias constitucionales, porque legislaron y sustituyeron extra legem, frases de una norma, variando el contenido y sus alcances. Esa interpretación afecta a su representada, pues permite confirmar y dar legitimidad a los actos administrativos que ordenaron la expropiación, validando el dictamen de la Procuraduría que se acusa de ilegítimo. A tal efecto, sostiene, vulneraron los artículos 121 de la Constitución Política y 10 del Código Civil. Segundo: reprocha que el Tribunal considere que la finca de la actora está dentro del Parque. Aduce, precisamente así lo entendió el MINAE al interpretar “aguas afuera” en lugar de adentro, al tenor del dictamen de la Procuraduría. El Ad quem, añade, tiene como probado que el área a expropiar se encuentra dentro de las coordenadas 255.000 N y 334.000 E, con base en el extremo inferior del plano catastrado […] de folio 7 del expediente administrativo. Advierte, el plano es del año 2005 y los dictámenes de la Procuraduría, atacados por vicios de nulidad, son el OJ-105-2004 del 10 de febrero de 2004 y el C-444-2005 “del 16 de setiembre del 2005”. Con fundamento en ellos se inician los procedimientos administrativos, planos, dictámenes periciales sobre el valor de los terrenos, decretos de interés público, etc. En consecuencia, advierte, si se consideran válidos los dictámenes todo lo demás también lo será. De modo que si la Procuraduría indicó que es “aguas afuera” y no “aguas adentro”, como consta en el dictamen C-444-2005, por supuesto que la finca va estar dentro del Parque. El Tribunal, aduce, copia parte del fallo de primera instancia, en cuanto establece que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación certificó, el 11 de abril de 2007, que el inmueble correspondiente al plano de catastro […] se ubica adentro. De seguido el Juez señala: “No ha aportado la parte actora prueba alguna que desvirtúe el correspondiente plano de catastro, en cuanto a una ubicación en coordenadas geográficas diferentes o que demuestre falsedad en dicho documento o en la certificación dicha”. Antes bien, alega, los textos transcritos son precisamente prueba evidente de que a partir de la sustitución de las frases, resultado de la interpretación de los jueces en la misma línea de la Procuraduría, todo lo demás va por ese rumbo hacia “afuera” o “tierra adentro”, con lo cual es lógico que el terreno expropiado esté dentro del Parque. Agrega, ellos interpretan con error el artículo 1 de la Ley 7524 al validar los actos administrativos, pues están fundados en la misma exégesis hecha por la Procuraduría. Además, conculcan el canon 10 del Código Civil, al sustituir una norma sin estar autorizados, produciendo nulidad de los actos. Asimismo, denuncia error de hecho al apreciarse la certificación de SETENA del 11 de abril de 2007, dándole un valor que no le corresponde, por ser prueba basada en yerros interpretativos del precepto 1 de la Ley 7524. Este defecto infringe el 45 de la Constitución Política, garante del libre derecho de la propiedad. También de los numerales 261, 264 y 266 del Código Civil, que aseguran la tenencia de la tierra en manos privadas y confieren todos los derechos inherentes a la propiedad. Tercero: cuestiona la interpretación que hacen los juzgadores de la sentencia número 2008-8713 de la Sala Constitucional. Estima, erraron en relación con la causa o motivo de los actos de expropiación ordenados, los cuales afectan a su representada. Expone, una cosa es entender que una porción de la finca está dentro del Parque, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 7524, lo cual nunca lo señaló la Sala Constitucional. Otra, que esa porción que se pretende expropiar esté en la zona marítimo-terrestre y es parte de la protección natural de la tortuga baula. Los jueces se confunden en ello, añade, al considerar válidos los actos o conductas de la Administración Pública, entendiendo que la porción de terreno está dentro de los límites del Parque de conformidad con el citado canon 1. Igualmente, al concebir, entre otras consideraciones, que eso fue lo que resolvió la Sala Constitucional. Esta lo que dispuso, afirma, es que la zona marítimo-terrestre debe entenderse incluida como área natural de protección para las diferentes tortugas marinas, como parte del ambiente utilizado por ellas durante su ciclo de vida. Es una apreciación de esa Cámara, a partir de un análisis de normas nacionales e internacionales, pero lo hace con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad del Reglamento de Zonificación que dictó la Municipalidad de Santa Cruz. Pero en su ‘POR TANTO”, lo único que declara es esa inconstitucionalidad. No entra a determinar límites del Parque ni a interpretar el numeral 1 de la Ley 7524. El Tribunal erró, acusa, al creer que la Sala validó los términos de ese precepto, lo cual no es cierto, por cuanto esta tiene absolutamente claro que se causó una desprotección, según su criterio, a la tortuga baula, al determinar que los 125 metros son “aguas adentro”, contrario a lo que han venido haciendo los jueces, al darle una sustitución a la norma hasta torcer su literalidad y ponerla a decir lo contrario. Sostiene, lo que dijo la Sala fue: “Posteriormente, la Asamblea Legislativa emite la Ley denominada “Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste”, Ley No. 7524 del 10 de julio de 1995, publicada en La Gaceta No. 154 del 16 de agosto de 1995, con la cual establece como límites lo siguiente: “Se crea el Parque Nacional Marino las Baulas de Guanacaste, cuyos límites, según las hojas cartográficas Villarreal y Matapalo escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional, serán los siguientes: partiendo de un punto ubicado en las coordenadas N 259.100 y E 332.000, sigue por una línea recta hasta alcanzar una línea imaginaria paralela a la costa, distante ciento veinticinco metros de la pleamar ordinaria aguas adentro. Por esta línea imaginaria, continúa el límite con dirección sureste, hasta terminar en el punto de coordenadas N 255.000 y E 335.050. El Parque también abarcará los esteros […] y sus manglares; el cerro localizado inmediatamente detrás de playa Ventanas, el cerro El Morro, la isla Capitán, la isla Verde, la zona pública de cincuenta metros, medida desde la pleamar ordinaria, entre la punta San Francisco y el estero San Francisco y las aguas territoriales de la bahía Tamarindo, comprendidas entre punta Conejo y el extremo sur de playa Langosta, hasta la línea de pleamar ordinaria” (el destacado no es del original)… Esta legislación demarca similarmente el área de los límites del Parque Nacional, sin embargo, con un cambio significativo, pues evidentemente del texto de la norma anterior, invierte la protección del Parque Nacional quedando opuesto a lo que estableció el Poder Ejecutivo mediante el Decreto No. 20518-MIRENEM, publicado en La Gaceta No. 129 del 9 de julio de 1991, en el artículo 1 antes trascrito, pues la Ley establece que la línea inicial del Parque Nacional se define de la pleamar ordinaria “aguas adentro”. Nótese, señala, la Sala no entró a interpretar si el término “aguas adentro” fue un error y que debe entonces interpretarse “aguas afuera”. Resalta más bien que se trata de un cambio significativo, pero aún así respeta lo que el legislador decidió. Aún más y para reforzar la tesis, ese Colegio agregó: “El problema que surge conforme se ha visto anteriormente, es que el Parque Nacional Marino Las Baulas no se extiende formalmente hasta los doscientos metros de la línea de la pleamar ordinaria”, que es la situación actual después de la corrección de los límites del Parque por la Ley 7524. En su criterio, esto confirma que el Colegio entendió que el legislador, bien o mal, indicó que los 125 metros son “aguas adentro” y no “afuera”, por ello señaló expresamente que el Parque no se extiende hacia la zona marítimo-terrestre. También consideró ese Despacho que: “La Municipalidad de Santa Cruz aporta a la acción de inconstitucionalidad el Acta de la Sesión No. 004 del 7 de junio de 1995, en la cual la Comisión Plena Tercera conoce dos mociones que modifican el texto del proyecto de la ley. Adicionalmente, esta Sala ha tenido a la vista el recurso de amparo No. 06- 014727-0007-CO, dentro del cual se aporta copia del expediente legislativo 11202 que dio origen a la Ley No. 7524. De la prueba que aporta la Municipalidad al expediente, es evidente, la finalidad del proyecto que crea el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, que la misma queda truncado o mutilado mediante una moción del Diputado Fournier Origgi, que extrañamente desguarnece la pretendida protección que el Estado costarricense debe a las tortugas Baula. El proyecto de la Ley de Creación del Parque se venía tramitando para dar protección “… hasta alcanzar una línea imaginaria paralela a la costa y distante 125 metros de la pleamar ordinaria.”. El Legislador en aquel momento pretendía esos límites para contener la principal fuente de amenaza a la vida silvestre y marina, de ahí que se indica que el parque se extiende mediante un línea paralela a la “costa”. En este sentido, el Diccionario de la Real Academia Española define “costa”, en su primera acepción y de uso común como: “Orilla del mar, de un río, de un lago, etc., y tierra que está cerca de ella.”, con lo cual, la definición legal del límite del Parque en modo alguno excluye el área de la playa. Lamentablemente, la moción del Diputado Fournier Origgi modifica el artículo 1°, cuando propone agregar, después de 125 metros de la pleamar ordinaria, “aguas adentro” con lo cual la protección legal que originalmente se pretendió dar a la tortuga Baula quedó entorpecida, en el peor de los casos por el legislador”. Con lo expuesto, manifiesta, queda sellado el tema discutido, pues la Sala Constitucional interpreta, con absoluta transparencia, que la protección que originalmente se quedaría dar a la tortuga quedó entorpecida, cuando se aprobó la norma incluyendo la moción del diputado Fournier. En este sentido, argumenta, hay una interpretación incorrecta de los jueces, al considerar que la referida Cámara corrió los límites del Parque, cuando en realidad nunca lo hizo. Ellos quedaron establecidos en el artículo 1 de la Ley 7524. No fueron variados por el Tribunal Constitucional. Lo que hizo, expone, fue una consideración jurídica acerca de la zona marítimo-terrestre. Pero, en el “POR TANTO”, simplemente declara la inconstitucionalidad de un Reglamento de Zonificación, sin decir, nada sobre los límites del Parque. De este modo, sostiene, se violan los numerales 1 de la mencionada Ley; 45 de la Constitución Política por irrespeto al derecho de propiedad ahí consagrado; 261 y 264 del Código Civil sobre el mismo derecho y sus alcances. En síntesis, afirma, los actos administrativos impugnados tienen vicios de ilegalidad que los jueces no han visto o entendido. Esos actos ablatorios parten del supuesto de que la porción expropiada está dentro de los límites del Parque. El Tribunal se fundamenta en la interpretación que hace la Procuraduría en el dictamen ya comentado, la aprueban y se basan en la indicada sentencia de la Sala Constitucional lo cual agrava los errores cometidos. Agrega, esta solo entiende, sin ser objeto de pronunciamiento expreso ni resolver con carácter vinculante, que la zona-marítimo terrestre debe entenderse como un área de protección de la tortuga baula porque es el lugar donde desovan. Lo interpreta con posterioridad a la emisión de los actos administrativos impugnados, con lo cual no puede servirles de sustento, motivo o causa. Tampoco tiene la virtud de validar la ilegitimidad de aquellos que están fundados en otra causa que padece vicios de nulidad. Además, afirma, se conculcan las disposiciones 158 y 160 de la LGAP, porque la conducta administrativa se opone al ordenamiento jurídico y contradice la lógica del canon 1 de la Ley 7524. Al considerar el Tribunal que el pronunciamiento de la Sala Constitucional es vinculante de conformidad con el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ha valorado incorrectamente los alcances de lo dispuesto en ese pronunciamiento e infringido ese precepto. La sentencia no es vinculante en tanto no se refiere a los límites del Parque, sino a la inconstitucionalidad de un Reglamento de Zonificación. Véase, añade, la norma 155, párrafo cuarto, del Código Procesal Civil (CPC) determina cuál es la parte dispositiva, con aplicación erga onmes en la jurisdicción constitucional. Asimismo, expone, aún cuando se considerara este efecto en el referido fallo, debe entenderse que con él no se variaron los límites dispuestos en el artículo 1 de la Ley 7524. Por eso, arguye, la causa o motivo de los actos administrativos impugnados continúa, después de lo analizado, con vicio de nulidad. Al desconocerlo los jueces, infringen el canon 158 de la LGAP, en cuanto dispone que será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, lo cual está probado, porque los linderos del Parque no son los que estableció la Procuraduría ni los funcionarios del MINAE. Se vulnera el 132 Ibidem., acusa, en cuanto señala que el contenido deberá ser lícito. Como se ha analizado, explica, no existe esa licitud, porque parte de una interpretación incorrecta del ordenamiento jurídico y de la realidad. También se infringe el numeral 163.2 de la misma normativa, al no aceptar revisar el dictamen de la Procuraduría y no conocer entonces los yerros de nulidad que padece, porque de acuerdo a esta disposición, los vicios propios de los “actos preparatorios se impugnarán conjuntamente con el acto, salvo que aquellos sean, a su vez, actos con efecto propio”. Estos actos de la Procuraduría se impugnaron, narra, con los de expropiación ya sea que se consideren preparatorios o con efectos propios. Endilga violación de los artículos 18 de la Ley General de Expropiaciones, por cuanto la declaratoria de interés público parte de la base de que el terreno que se expropiará es el correcto y cumple los fines públicos que se pretenden; 2 de la Ley 7524, al disponer la expropiación de los terrenos situados dentro de los límites del Parque. Sin embargo, censura, la declaratoria se hizo sobre un inmueble que no es parte del él. Por consiguiente, a su juicio hay un defecto que afecta la causa o motivo de la declaratoria de interés público decretada. Cuarto: en lo que al mandato de expropiar se refiere, opina, se alegó en este proceso que la expropiación de una parte del inmueble de su representada es ilegal, porque no es cierto que se encuentre dentro de los límites del Parque. Sin embargo los jueces consideran que la Sala Constitucional, en relacionada sentencia número 2008-18529, ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía realizar las expropiaciones de las fincas privadas que se encontraban dentro de los límites. Esto es cierto, aclara, pero no que haya ordenado específicamente expropiar el fundo de la actora. Ello en razón de que como se ha demostrado en autos no está comprendido allí. En consecuencia, denuncia, hay una errónea apreciación del indicado fallo y quebranto de los artículos 1 y 2 de la Ley 7524, en los cuales se apoyan también los jueces para considerar que los actos ablatorios son legítimos.
VIII.- El recurrente sostiene y reitera, que de no decretarse la invalidez y nulidad del criterio de la Procuraduría C-444-2005, tampoco se podría declarar respecto a los actos posteriores, por cuanto constituye el sustento jurídico, técnico o asesor y el soporte de estos. El razonamiento daría lugar, por sí mismo, al rechazado del resto de las censuras del recurso, pues la Sala concuerda con los juzgadores de ambas instancias en cuanto a la procedencia de la defensa de actos no susceptibles de impugnación del aludido pronunciamiento de la Procuraduría. Sin embargo, de todas maneras, la sentencia recurrida, que en mucho se apoya en la del Juzgado, resuelve atinadamente al desestimar las pretensiones de nulidad del Decreto Ejecutivo 33707-MINAE y de la resolución del Sistema de Áreas de Conservación de ese Ministerio que cursó el proceso expropiatorio respecto a parte del inmueble de la accionante. Sobre todo, tómese en cuenta, a este respecto, la continua referencia que los jueces han hecho de las sentencias de la Sala Constitucional, en tanto abordan aspectos medulares relacionados con el presente asunto, como luego se ahondará .
IX.- Debe destacarse, en el fallo impugnado se aprueba el elenco de hechos demostrados e indemostrados que contiene el de primera instancia, “…por ser fiel reflejo del material probatorio incorporado al proceso”. Esta consideración remite a lo que el A quo estimó acreditado, pues esa fue la base fáctica y probatoria que valoró el Superior. En el primer hecho probado se expresa que se presentó un proyecto de ley destinado a la creación del Parque, “…con el fin de mantener la zona respectiva al margen de toda destrucción y alteración…”; y, en esencia, para proteger varias especies de flora y fauna, sobre todo, de las tortugas marinas. En el segundo se agrega que ese proyecto contempló la zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre Tamarindo, más una franja de 200 metros de ancho medida a partir de la línea ordinaria de la pleamar. En el tercero se da cuenta de los contornos y límites de este Refugio, incluyendo la zona conocida como Playa Grande. El quinto establece que dos diputados presentaron una moción “…tendiente a que la financiación para la adquisición de terrenos se haga con recursos del Presupuesto Nacional de la República y de donaciones”; lo cual se aprobó. Según el sexto, formularon otra moción en virtud de la cual “…los terrenos comprendidos en la delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional creado, hasta que sean adquiridos por el Estado”. Eso también se aprobó. El sétimo determina que el entonces diputado, Hernán Fournier Origgi presentó, mientras se tramitaba el proyecto, una moción dirigida a agregar, después de la frase “125 metros de la pleamar ordinaria”, las palabras “aguas adentro”. Se añade, esa moción fue aprobada. Cabe destacar aquí, la Ley se promulgó y el artículo 1 indica que los límites, según las hojas cartográficas Villarreal y Matapalo, del Instituto Geográfico Nacional, son: partiendo de un punto ubicado en las coordenadas N 259.100 y E 332.000, se sigue por una línea recta hasta alcanzar otra imaginaria paralela a la costa, distante 125 metros de la pleamar ordinaria “aguas adentro”. Por esa línea imaginaria continúa el límite en dirección sureste, hasta terminar en el punto de coordenadas N 225.000 y E 335.050. También abarca los esteros […]; sus manglares; el cerro localizado inmediatamente detrás de playa Ventanas, el cerro El Morro, la isla Capitana, la isla Verde, la zona pública de 50 metros, medida desde la pleamar ordinaria, entre la punta San Francisco y el estero San Francisco, y las aguas territoriales de la bahía Tamarindo, comprendidas entre punta Conejo y el extremo sur de playa Langosta, hasta el límite de pleamar ordinaria. Aunado a ello, el precepto 2 dispone que para cumplir con esa Ley, la institución competente gestionará las expropiaciones, ya sea de la totalidad o de una parte de las fincas comprendidas en la zona delimitada en el artículo anterior. Además, los terrenos privados, comprendidos en esa delimitación, serán susceptibles de expropiación, considerándose parte del Parque hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones. El canon 5 determina que la adquisición de los terrenos objeto de esa Ley, se financiará con fondos provenientes del Presupuesto Nacional y de donaciones públicas o privadas, nacionales o internacionales. Continuando con el elenco de hechos probados del A quo, en el octavo se señala que según la opinión jurídica C-444-2005, la Procuraduría concluyó que hay un error en la redacción del artículo 1 de la Ley número 7524 de creación del Parque. También, que ese yerro da lugar a una antinomia normativa que puede ser resuelta por vía de interpretación jurídica, porque se trata de una disposición contradictoria que no puede ser aplicada como está redactada. De tal modo, se agrega, se inaplica la expresión “aguas adentro”, o se fijan otras coordenadas como punto de finalización de esa línea. A partir de una interpretación sistemática y en atención a la finalidad de la Ley, la antinomia debe ser resuelta con la inaplicación de la expresión “aguas adentro”. Así las cosas, se entenderá que el trazado de la línea imaginaria discurre por tierra a una distancia de 125 metros de la pleamar ordinaria. En el décimo hecho se indica que mediante Decreto Ejecutivo 33713-MP-PLAN-MTSS se declaró de interés público la adquisición parcial, vía expropiación, de la finca del partido de Guanacaste, folio real número […], perteneciente a la sociedad actora, pues se encuentra dentro de las coordenadas del Parque.
X.- Con esta base probatoria y en orden a la cita de la Ley 7524, el debate se circunscribe en mucho a un tema de aplicación del derecho, pues se ha considerado tanto lo que la Ley dispone, principalmente en los preceptos 1, 2 y 5, como también a lo que se ha tenido por demostrado, en cuanto al criterio que sustentó la Procuraduría en el pronunciamiento C-444-205 y el propósito del Estado de expropiar parte del inmueble de la demandante, por estimarlo comprendido dentro de los límites del Parque. En este sentido, procede el análisis de las violaciones directas que se acusan en la impugnación, en tanto no parece que se haya desatendido la orientación que brindan las probanzas, al menos en cuanto a los aspectos medulares del presente asunto que de seguido se abordarán, sin perjuicio de lo que se dirá sobre la temática de la ubicación del terreno de la accionante.
XI.- Si bien es cierto, se acusa errónea interpretación y aplicación del artículo 1 de la Ley 7524 en punto a la frase en discordia “aguas adentro”, la norma y, más aún, esa locución, no han de valorarse en forma aislada. Deben interpretarse de consuno con otras disposiciones que conforman la Ley y que le dan el sentido integral según su contexto, los antecedentes, el espíritu y la finalidad, como también la realidad social del tiempo en que han de aplicarse esos preceptos. Asimismo, su exégesis debe realizarse en orden a los pronunciamientos de la Sala Constitucional, citados por los juzgadores de ambas instancias, de influencia decisiva en este particular. El numeral 1 Ibidem., aludiendo a los límites del Parque, luego del punto de inicio a partir de las coordenadas que señala, agrega: “…sigue por una línea recta hasta alcanzar una línea imaginaria paralela a la costa, distante a ciento veinticinco metros de la pleamar ordinaria aguas adentro”. Estima el casacionista que se trata de un parque marino; además, que no comprende terrenos como así sucede con el de su representada. Pese a ello, el mismo canon en comentario agrega que el Parque abarca esteros, manglares, cerros, islas, playas y la zona pública de 50 metros. Por consiguiente, no se trata de una protección a las especies exclusivamente en el mar. Asimismo, según los artículos 2 y 5 Ibid., para el cumplimiento de los propósitos de tutela, se prevé gestionar las expropiaciones de la totalidad o parte de las fincas y terrenos privados comprendidos en la zona, lo que también determina que la protección ambiental de las especies alcanza la tierra y no solo el mar.
XII.- Por su parte, la Sala Constitucional, en la sentencia 2008-007549 de las 16 horas 38 minutos del 30 de abril de 2008, conoció de un recurso de amparo donde, entre otras cosas, las allí recurrentes manifestaron que el citado Parque recibe el 80% de las tortugas baula que anidan en la costa pacífica de Costa Rica, y que la especie disminuye en forma alarmante, al punto que se considera en vías de extinción. Destacaron que incluye, entre otros terrenos, 125 metros de amortiguamiento, necesarios para que las tortugas aniden sin la presencia humana. También, que hay 75 metros de la zona marítimo- terrestre (zona restringida), que se encuentra en manos privadas, lo que afecta sensiblemente la anidación. Indicaron por esa razón la Ley de Creación del Parque dispuso que el MINAE debía expropiar esas fincas, lo que se ha prolongado más allá de lo razonable. Asimismo, que el entonces ministro de Hacienda informó que la susodicha Ley, en el artículo 2, estipula que la institución competente gestionará las expropiaciones de la totalidad o de una parte de las fincas comprendidas en la zona delimitada del Parque. Dio cuenta, este funcionario, de temas presupuestarios, financiamientos y gestiones relacionadas con las expropiaciones. También se indica en la sentencia, que el Secretario General ad-hoc de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) refirió que la Ley en cuya virtud se creó el Parque respeta el carácter privado de las fincas que comprende mientras no se verifique la expropiación, e informó sobre las labores realizadas para expropiar esos terrenos. El ministro de Ambiente y Energía de esa época, le expuso a la Sala Constitucional, sobre temas relacionados con la condición de riesgo de la tortuga baula y los propósitos conservacionistas de normativa como la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, incluyendo la restauración del hábitat y de los lugares de desove. Aludió a la obligación del Estado de pagar las tierras que se incluyan dentro de los límites de los Parques Nacionales, y de cómo la cartera a su cargo inició formalmente los procedimientos de expropiación, como también la voluntad y el interés estatal de adquirir los terrenos dentro del Parque en estudio y de las medidas de protección, atinentes a no otorgar permisos de construcción en el área. El señor Mario Andrés Boza Loría, dentro del trámite del recurso de amparo, explicó los propósitos de conversación del Fideicomiso Baulas para tutelar las tortugas marinas en peligro de extinción. Dijo que esa organización estuvo directamente involucrada en la creación del Parque. Agregó que ha buscado ayuda internacional para colaborar con el Gobierno de Costa Rica en la compra de terrenos. Destacó el propósito de la Ley en examen, dirigido a esa protección, pero también explicó la lamentable reducción en la anidación de esas tortugas en ese Parque y en sus playas. Expuso que contempla un área terrestre de 75 metros dentro de la zona restringida, para permitir la anidación de la tortuga libre de contaminantes lumínicos y sónicos. Sin embargo, no ha sido posible expropiar los terrenos necesarios para consolidar el Parque, en virtud de mucha presión por el desarrollo turístico de esa zona. Relató cómo se están tramitando y otorgando viabilidades ambientales y permisos para construir allí, poniendo en grave peligro la frágil población de tortugas marinas, lo que ubica en la zona terrestre de las playas comprendidas en la Ley, precisamente, donde anidan. Dio cuenta de que el MINAE ha iniciado los procedimientos administrativos de compra de los terrenos ubicados dentro del Parque, en cumplimiento de lo establecido en la mencionada Ley y en los Decretos Ejecutivos, donde se declara de interés público la adquisición de diversos inmuebles. En la parte Considerativa, la Sala Constitucional destacó, como objeto del recurso, el reclamo de las recurrentes sobre violaciones generadas por la omisión de las autoridades del MINAE, Ministerio de Hacienda, SETENA, de expropiar los inmuebles privados dentro del Parque, pese a que la Ley de marras establece esa obligación para proteger la anidación de las tortugas baula, las cuales se encuentran en peligro de extinción. Asimismo, que el Ministerio de Hacienda no ha reservado los recursos necesarios para cubrir el valor de los fundos a sus propietarios, mientras que la SETENA ha otorgado varias viabilidades ambientales sin verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el ordenamiento. También, que la Municipalidad de de Santa Cruz confirió diversos permisos de construcción sin requerir la viabilidad aludida. Respecto a la omisión de expropiar los fundos privados dentro del Parque, pese a obligación impuesta en la Ley 7524 de salvaguardar la anidación de la tortura baula, citó el artículo 2 atinente a expropiaciones de los terrenos privados comprendidos en el Parque y expresó: “…llama profundamente la atención del Tribunal Constitucional que la Ley Nº 7524 entró en vigencia desde el 16 de agosto de 1995; de modo que el plazo transcurrido para que el Poder Ejecutivo comenzara la expropiación de esos inmuebles, de casi diez años, es injustificado y lesiona los derechos protegidos en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, en cuanto soslaya el Estado su obligación de tomar las medidas apropiadas y necesarias, de conformidad con el derecho internacional y sobre la base de los datos científicos más fidedignos disponibles, para la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitat, entre ellas, la restricción de las actividades humanas que puedan afectar gravemente a las tortugas marinas, sobre todo durante los períodos de reproducción, incubación y migración, en los términos de la Convención interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas, aprobada por medio de la Ley Nº 7906 de 24 de setiembre de 1999. En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el amparo en cuanto se dirige contra el Ministerio de Ambiente y Energía –por su omisión de iniciar, con la celeridad debida, los procedimientos de expropiación a que hace referencia la Ley Nº 7524 de 10 de julio de 1995–, no sin antes advertir al recurrido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que no debe incurrir a futuro en los actos u omisiones que dieron base a la acogida del recurso”. Concluyó y recalcó que la procedencia del amparo radica en que el MINAE ha demorado en iniciar los procedimientos de expropiación de los fundos privados situados dentro del Parque, en los términos de la Ley 7524.
XIII.- En síntesis, es evidente cómo la Sala Constitucional abordó los diversos detalles que rodearon el recurso de amparo, como el estado de peligro, en tierra, de las especies protegidas; las situaciones concretas de riesgo; las manifestaciones dirigidas a evidenciar y justificar la tutela terrestre, en su hábitat natural, anidación y zona de amortiguamiento de la tortuga baula. También, los propósitos para expropiar aquellos inmuebles privados comprendidos dentro del Parque, para así lograr el cumplimiento de sus fines conservacionistas. Lo expuesto no tendría sentido si hubiese interpretado, valorado y dispuesto, como lo establece el recurrente, que según el artículo 1 de la Ley 7524 y la exposición de motivos que originó la incorporación de la frase “aguas adentro”, el Parque es exclusivamente marino.
XIV.- Esa misma Cámara, en la sentencia 2008-008713 de las 9 horas 6 minutos del 23 de mayo de 2008, resolvió una acción de inconstitucionalidad planteada por el representante de la organización conservacionista Fideicomiso Baulas, contra el “Reglamento de Zonificación del Distrito de Cabo Velas, Sector Costero: del Sector Norte de Playa Ventanas hasta el Sector Sur de Playa Langosta”, emitido por la Municipalidad de Santa Cruz. Se indica en el aludido fallo que el gestionante refirió que el Parque fue creado mediante Decreto Ejecutivo 20518- MIRENEM y ratificado por Ley 7524 para proteger las playas de anidación de la tortuga baula (playas Grande, Ventanas y Langosta). Incluye la protección del hábitat marino-costero, siendo el ecosistema terrestre necesario para que la tortuga baula pueda anidar y perpetuar su especie, constituyendo una zona mínima de amortiguamiento necesaria para lograr que anide sin presencia humana no regulada y sin el efecto nocivo de las luces y el ruido provenientes de casas, hoteles, animales domésticos u otras actividades humanas. Esa especie es de las que corre mayor riesgo, declarado por la Convención para el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción (CITES) desde 1975, y a nivel nacional está como especie en peligro por el Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre desde 1994, ratificado por el Decreto 32633-MINAE de 10 de marzo de 2005. No obstante, continuó el petente, la Municipalidad de Santa Cruz adoptó el Reglamento impugnado, fundándose en premisas falsas como de que el Parque solo protege un área marina. Aludió al conflicto entre las expresiones “aguas adentro” y “aguas afuera”. Abordó la temática de quién es competente para la administración de esa zona, y que el MINAE ya ha iniciado la expropiación de aproximadamente 190 fincas afectadas por la declaratoria del Parque, lo que denota que no solo se trata de un parque marino, como lo hace ver el Reglamento. Destacó que otro de los fundamentos de la aludida reglamentación es que el hábitat de la tortuga baula es en el mar, por lo que es allí donde debe reforzarse la protección. Pero desconoce, indicó el gestionante, que todas las fases de la vida de una especie en peligro de extinción son importantes, por ejemplo, la protección en las playas de anidación. También, que la normativa objetada más que una zonificación es una justificante para realizar infraestructura turística y urbanística sin criterios de sostenibilidad y sin basarse en estudios técnicos, autorizando construcciones en los límites del Parque, sin importar el irreversible impacto ambiental. Asimismo, denunció el quebrantó de una serie disposiciones nacionales e internacionales cuyo propósito es la conservación de la flora y fauna a nivel global, como también de jurisprudencia constitucional encaminada a la protección al derecho ambiental. El representante de la Procuraduría informó que uno de los argumentos básicos es que el Reglamento incluye en su área geográfica de aplicación, una franja terrestre que forma parte del Parque, creado mediante Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM, estableciendo como límites una porción terrestre de 125 metros a partir de pleamar ordinaria. Que dicho Decreto fue impugnado ante la Sala Constitucional, alegándose limitaciones a la propiedad privada, situación que fue resuelta en sentencia número 1995-5894 de las 9 horas 51 minutos del 27 de octubre de 1995, considerando que no se había dado una expropiación de hecho como se alegó. Indicó, con posterioridad nació la Ley 7524 de creación del Parque, cuya constitucionalidad se cuestionó, rechazándose de plano la acción. Explicó que el artículo 1 generó duda en cuanto al área terrestre, por cuanto la línea imaginaria que discurre entre los puntos señalados en la Ley, que van en forma paralela a la costa, se ubica en aguas adentro, siendo que una de las coordenadas está en tierra. En este aspecto, relató sobre la respuesta a la consulta formulada por el MINAE, sosteniendo el criterio de que ante una interpretación que excluya del Parque las playas de anidación, el principio de interpretación, conforme a la Carta Magna, conduce a que se opte por la que incluya la parte terrestre, protegiendo el ambiente sano y ecológicamente equilibrado, concluyendo que se había presentado un error al redactarse el artículo 1 por lo que se debía inaplicar la expresión “aguas adentro”. Luego reiteró los fundamentos y conclusiones del dictamen C-444-2005 emitido por la Procuraduría. Expuso, el Reglamento de Zonificación abarca el área comprendida entre las coordenadas manifestadas en la Ley, autorizando en el mismo el desarrollo y construcción de edificaciones de acuerdo con los usos del suelo previstos para cada una de las zonas incluyendo playa Grande. Es decir, la zonificación comprende la zona marítimo terrestre que colinda con los 50 metros de zona pública y se extiende por los 75 metros restantes que forman parte del Parque, y está bajo administración del MINAE. Además, estimó, en cuanto al alegato de la inconstitucionalidad en relación con los tratados e instrumentos internacionales en materia ambiental, la inclusión del área protegida dentro del ámbito territorial del Reglamento impugnado, implica una reducción y desprotección del Parque. Objetó que disminuya la zona protegida mediante la alteración de sus límites o del régimen de uso del suelo, sin importar la categoría de manejo, desconociéndose, además, los límites del Parque, en quebranto de normas internacionales que señaló al efecto. Enfatizó en que el Estado costarricense ostenta la obligación internacional de emprender todos los esfuerzos que aseguren la integridad de los hábitats necesarios para la subsistencia de la especie “dermochelys coriacea”, así como sus sitios de anidación e incubación, que son los más importantes en el litoral oriental del Océano Pacífico y, por lo tanto, una de las áreas cruciales para la supervivencia. El Alcalde Municipal de Santa Cruz contestó argumentando que el Parque fue regulado, primero, por el Decreto 20518- MIRENEM, pero se ratificó por Ley 7524 solo en cuanto a la creación, no así en sus límites, ya que en esta se variaron y los trasladó “aguas adentro”. En los Considerandos, la Sala Constitucional señaló como objeto de impugnación, el conflicto entre la Ley que creó el Parque y el Reglamento de Zonificación. Para dirimirlo, dispuso, se deberá tener en cuenta que están en disputa varias cuestiones en cuanto a la definición espacial del Parque y el régimen de protección de la tortuga baula en el ordenamiento jurídico patrio. También, la supremacía normativa constitucional, los tratados e instrumentos internacionales protectores, la regulación dentro del ámbito territorial de aplicación y fundos que forman parte del Parque. Consideró que debe valorar el derecho a la propiedad privada, la distribución de competencias del Estado y la Corporación Municipal, y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En cuanto al fondo, entre otros aspectos, destacó la importancia de analizar si existe efectivamente la afectación territorial alegada y el área de protección que debe darse a la tortuga baula. Sobre el particular, dijo que esa acción de inconstitucionalidad está muy relacionada con el principio de vinculatoriedad de la normativa ambiental. Reconoció la relevancia que tiene, para dirimir el asunto, la ubicación del Parque. Para ello aludió al Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM y a los límites allí dispuestos, indicando que, posteriormente, la Asamblea Legislativa emitió la Ley 7524 que estableció los límites, “… sin embargo, con un cambio significativo, pues evidentemente del texto de la norma anterior, invierte la protección del Parque Nacional quedando opuesto a lo que estableció el Poder Ejecutivo mediante el Decreto No. 20518-MIRENEM, publicado en La Gaceta No. 129 del 9 de julio de 1991, en el artículo 1° antes trascrito, pues la Ley establece que la línea inicial del Parque Nacional se define de la pleamar ordinaria “aguas adentro”. De ahí que la confusión que se genera, queda agravada con la promulgación del Reglamento de Zonificación…”. Atendió a lo dicho por la Procuraduría al señalar que el Reglamento impugnado abarca el área geográfica que se ubica a partir de las coordenadas 264.875 N y 335000 E y finaliza en las coordenadas 269.425 N y 331.800 E, lo que se constituye en el área donde se autoriza el desarrollo y construcción de las edificaciones, de acuerdo con los usos de suelo previstos para las zonas reguladas: playa Grande centro, norte y sur. También, en tanto la Procuraduría sostuvo que se extiende sobre los 75 metros que forman parte del Parque. Hizo una disertación sobre el derecho a la propiedad privada y a los antecedentes de la zona de playa Grande con referencia a los precedentes 1995-05893 y 1191-0447, emitidos por ese mismo Colegio. Asimismo, a la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas, Ley 7906 del 23 de agosto de 1999, citando el artículo I, punto 2, cuando estipula que por hábitat de esos animales se entiende todos los ambientes acuáticos y terrestres que utilizan durante cualquier etapa de su ciclo de vida. De igual manera, al artículo III, respecto al área protegida por la Convención, que abarca el territorio terrestre de cada una de las Partes en el continente americano, como también las marinas. Agregó la Sala: “Las tortugas marinas protegidas en la Convención Interamericana están enunciadas en el Anexo I, la cual incluye la Dermochelys coriacea, que es objeto de protección de la presente acción de inconstitucionalidad, pero vale aclarar que no es la única […] pues pueden anidar otras especies que igualmente exigen protección de los ambientes acuáticos y terrestres, utilizados en cualquiera de sus etapas de su ciclo de vida. En tal sentido, nuestro país, con este Tratado Internacional, se comprometió a ejercer en todos sus niveles gubernamentales, las medidas señaladas en el Artículo IV, en cuanto establece lo siguiente: ´1.- Cada Parte tomará las medidas apropiadas y necesarias, de conformidad con el derecho internacional y sobre la base de los datos científicos más fidedignos disponibles, para la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitats: a. En su territorio terrestre y en las áreas marítimas respecto a las cuales ejerce soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, comprendidos en el área de la Convención […] c) En medida de lo posible, la restricción de las actividades humanas que puedan afectar gravemente a las tortugas marinas, sobre todo durante los períodos de reproducción, incubación y migración; d) La protección, conservación y, según proceda, la restauración del hábitat y de los lugares de desove de las tortugas marinas, así como el establecimiento de las limitaciones que sean necesarias en cuanto a la utilización de esas zonas mediante, entre otras cosas, la designación de áreas protegidas, tal como está previsto en el Anexo II’ […]”. Añadió, tanto la disposición trascrita como otras aplicables al tema, evidencian una afectación natural e inmemorial a los terrenos adyacentes al mar, resguardados primero por razones de seguridad en el siglo XIX, y ahora en el XXI por la protección a la flora y fauna, lo que determina una forma de sujeción especial sobre los propietarios. Por lo demás, destacó, en el problema que ocupa, la Municipalidad de Santa Cruz se extendió con base en una interpretación de diversas normas, ya no sobre un tema que la Sala ha reconocido como atinente a los “intereses locales” en sentido estricto, sino de índole nacional. Ello, por cuanto la zonificación incursiona en áreas declaradas Parque Nacional. Con todo, dispuso, los municipios no constituyen entes absolutamente autónomos, que pueden llevar a cabo sus políticas y potestad reglamentaria excluyendo los intereses públicos que representa el Estado. Analizó la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y sus implicaciones para el caso concreto. Destacó, el problema es que el Parque no se extiende “formalmente” hasta los 200 metros de la línea de la pleamar ordinaria, lo cual la obliga a cuestionar si el artículo 73 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre priva al Estado de la posibilidad de continuar el ejercicio de su jurisdicción, tanto en la zona pública como en la restringida. Con cita de varios precedentes, añadió, aunque el territorio de un Refugio contiene áreas que conceptualmente estarían comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, es lo cierto que de conformidad con el artículo 73 Ibid., su aplicación resulta excluida de esos terrenos. Se incluirían también reservas equivalentes como podrían ser los parques nacionales, pues en atención a los fines de protección ambiental que los informan, su manejo debe considerar aspectos técnicos en la materia, que son más propios de los organismos especializados respectivos que de las corporaciones municipales. De allí que su administración se regule por normativa específica. Con ese fundamento, estimó, al ser la Municipalidad una corporación, de base asociativa, la administración que el Estado le encomienda mediante la Ley 6043, no le impide retomar la totalidad de la Zona Marítimo Terrestre y ejercer la jurisdicción sobre ella. Por el contrario, una vez declaradas las zonas de protección vía Decreto Ejecutivo o ley especial, se regirán por dicha normativa sin perjuicio de lo establecido allí. Pero de ningún modo la reducción del área protegida puede ir en contra de lo que está declarado de previo. Consideró asimismo la Sala, con vista en la copia del expediente legislativo 11202 que dio origen a la Ley 7524, que evidentemente “…la finalidad del proyecto que crea el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, que la misma queda truncado o mutilado mediante una moción del Diputado Fournier Origgi, que extrañamente desguarnece la pretendida protección que el Estado costarricense debe a las tortugas Baula. El proyecto de la ley de creación del Parque se venía tramitando para dar protección ’.…hasta alcanzar una línea imaginaria paralela a la costa y distante 125 metros de la pleamar ordinaria’. El Legislador en aquel momento pretendía esos límites para contener la principal fuente de amenaza a la vida silvestre y marina, de ahí que se indica que el parque se extiende mediante un línea paralela a la ‘costa’. En este sentido, el Diccionario de la Real Academia Española define ‘costa’, en su primera acepción y de uso común como: ‘Orilla del mar, de un río, de un lago, etc., y tierra que está cerca de ella’, con lo cual, la definición legal del límite del Parque en modo alguno excluye el área de la playa. Lamentablemente, la moción del Diputado Fournier Origgi modifica el artículo 1°, cuando propone agregar, después de 125 metros de la pleamar ordinaria, ‘aguas adentro’, con lo cual la protección legal que originalmente se pretendió dar a la tortuga Baula quedó entorpecida, en el peor de los casos por el legislador”. Luego, hizo referencia al fallo 1998-01822, donde estableció la presencia de un interés nacional del que participa el interés local. También, a la creación del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, al que se le encomendó, por su especialidad técnica, y en su condición de rector del sector ambiental, la labor de ‘Dictar, mediante decreto ejecutivo, normas y regulaciones, con carácter obligatorio, relativas al uso racional y a la protección de los recursos naturales, la energía y las minas’, facultándose al Poder Ejecutivo para que, por medio del MINAE, proceda al establecimiento de áreas protegidas. Y si la Ley 6043 del 2 de marzo de 1977 otorgó a las Municipalidades el usufructo y administración (artículo 3); sin embargo, también fijó una serie de excepciones a ese principio general, entre ellas, la contenida en el aludido artículo 73, cuando excluye su aplicación a las zonas incluidas en los parques nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva. Destacó la labor protectora ambiental a cargo del Estado lo que se pretende lograr con el Decreto Ejecutivo 20518- MIRENEM, al crear el Parque, “…y su afectación solo se debe tomar mediante una decisión fundada en criterios técnicos y científicos unívocos, en cumplimiento de los requisitos de Ley establecidos en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente”. Además, atinente al área de protección que debe darse a la tortuga baula, estimó aplicable el principio precautorio como base para acoger la acción de inconstitucionalidad. Citó el fallo 2006-17126 donde expresó que cuando exista un riesgo de daño grave o irreversible, o bien una duda objetiva al respecto, debe adoptarse una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Ello, en virtud de que la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, pues en la mayoría de los casos los efectos biológicos son irreversibles, y la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente será compensatoria de las lesiones ambientales. Concluyó indicando: “El Parque Nacional Las Baulas de Guanacaste tiene una finalidad muy clara: la protección del área de desove de la Tortuga Baula, que conforme al Decreto Ejecutivo No. 20518-MIRENEM se hace necesario para asegurar la perpetuidad de la colonia de la tortuga baula (Dermochelys coriacea) y otros recursos naturales, de la actividad turística y ecológica, respecto de la nidificación que se da durante todo el año. Llama a la atención de esta Sala que el proyecto de Ley de Creación del Parque reitera algunos criterios expresados por el Decreto Ejecutivo, y la preocupación por desarrollos hoteleros, pues con ello se implantará la iluminación, desechos, tránsito de personas, ruido de motores fuera de borda, música, discotecas y automóviles que vendrá a destruir este habitat natural. De ahí que se propuso inicialmente en el trámite legislativo una franja de protección de doscientos metros desde la pleamar ordinaria, sin embargo con el Dictamen Afirmativo de Mayoría, aún cuando se mantienen esas mismas justificaciones, reduce la franja de protección a 125 metros de la pleamar ordinaria, en el mismo sentido que lo hace el Decreto Ejecutivo mencionado. Como nuestro país se ha comprometido internacionalmente a observar la protección y ‘hábitats de tortugas marinas’ la acción de inconstitucionalidad debe declararse con lugar, y conforme al principio precautorio, así como el de vinculatoriedad de la normativa ambiental, la Zona Marítimo Terrestre igualmente debe incluirse como área de protección necesaria para las diferentes tortugas marinas que utilizan esa área como parte del ambiente utilizado por ellas durante sus etapas de su ciclo de vida”. (Los destacados no aparecen en el original).
XV.- De todo lo expuesto, es claro que la Sala Constitucional, de nuevo, analizó y resolvió sobre la base de aspectos que también resultan vitales para la solución de la presente litis. En efecto, a ella se plantearon, en la acción de inconstitucionalidad del aludido Reglamento de Zonificación, temas atinentes a la tutela de las playas de anidación de la tortuga baula, incluyendo playa Grande, donde el propio recurrente señala que se ubica la finca de su representada. También, se le expuso sobre la cobertura proteccionista, que comprende el hábitat marino-costero, destacándose cómo el ecosistema terrestre es necesario para que esa tortuga pueda anidar y perpetuar su especie, constituyendo una zona mínima de amortiguamiento para ese fin. Se le mencionó que el Municipio denunciado adoptó el Reglamento impugnado con base en la premisa de que el Parque solo protege un área marina. Además, la situación conflictiva surgida entre las expresiones “aguas adentro” y “aguas afuera”. Se le destacó que la conservación debe abarcar todas las fases de la vida de ese animal, incluyendo las playas de anidación, y cómo la infraestructura turística y urbanística, que también se pretende en playa Grande, puede afectarlas. Se le puso en evidencia las dudas interpretativas del artículo 1 de la Ley 7524 en cuanto a la porción terrestre. Se le hizo ver sobre el criterio de la Procuraduría que ha sido cuestionado en este proceso. De igual manera, sobre la mención a la normativa nacional e internacional protectora de la especie, cuyo radio incluye el ámbito territorial, cuestionándose cómo el Reglamento combatido reduce y desprotege el Parque en esa zona. Se le insistió en que el hábitat necesario para la subsistencia de la especie “dermochelys coriacea” alcanza sus sitios de anidación e incubación. Esa fue la base argumentativa que se le expuso a la Sala Constitucional, a partir de la cual identificó, como objeto de impugnación, precisamente, el conflicto entre la Ley que creó el Parque y el Reglamento de Zonificación. Interesa destacar, ese Tribunal consideró relevante atender a la definición espacial del Parque y al régimen de protección constitucional y de los tratados internacionales de tutela a la tortuga baula. Asimismo, llama la atención, también valoró el derecho a la propiedad privada y la afectación territorial. Es destacable la importancia que estimó respecto al propósito proteccionista del Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM y a los límites allí dispuestos. En este particular, se advierte cómo indicó que, posterior al Decreto, la Asamblea Legislativa emitió la Ley 7524 que estableció los límites, invirtiendo la protección del Parque del modo opuesto a lo que estaba establecido, en tanto la Ley dispone que la línea inicial se define de la pleamar ordinaria “aguas adentro”. Con todo y esto, nótese, resaltó que existe por ello una confusión, la cual se agrava con el Reglamento de Zonificación, claro está, por cuanto se afecta la tutela en tierra. Además, se destaca la aplicación de los tratados internacionales para proteger a las tortugas marinas. Debe valorarse, igualmente, cómo insistió en que el hábitat incluye todos los ambientes, sean acuáticos y terrestres, que las tortugas utilizan en las diversas fases de su ciclo de vida. Es de resaltar cuando recalcó que el área que protege la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas, abarca el territorio terrestre como lugar de desove y anidación. Además, al concluir esa Cámara, con base en la normativa que analizara al efecto, incluyendo el artículo 1 de la Ley 7524, determinó la afectación natural que soportan los terrenos adyacentes al mar, lo cual representa un interés de índole nacional. Y cómo estableció que la zonificación incursiona en áreas terrestres declaradas del Parque. Un punto neurálgico de influencia, de la resolución comentada para el caso concreto, estriba en el análisis que hizo el Tribunal Constitucional de la copia del expediente legislativo que dio origen a la Ley 7524. Se señala, destacó que la finalidad del proyecto de creación del Parque quedó truncada o mutilada con la moción del diputado Fournier Origgi. Eso le causó extrañeza, según dijo, pues se desguarneció la pretendida tutela que el Estado costarricense debe brindar a las tortugas baula. En ese sentido, puso de relieve el propósito proteccionista de la especie en peligro de extinción, considerando los límites para contener la principal fuente de amenaza a la vida silvestre y marina. De ahí que indicara que el Parque se extiende mediante una línea paralela a la costa, explicando que comprende el área de la playa. Además, nótese, se lamentó de que con la aludida moción y la frase “aguas adentro”, la protección legal que originalmente se pretendió dar a la tortuga baula quedó entorpecida en el peor de los casos. Sobre este punto, podría pensarse que con esa disertación ese Colegio dejó patente que la protección del Parque es solo marina, sin posibilidad de tutela terrestre. Sin embargo no fue así. Antes bien, lo que hizo fue resaltar cómo la iniciativa de un diputado, al lograr que se consignara en la Ley la frase “aguas adentro”, entorpeció la finalidad protectora integral de las especies en riesgo, pues la cabal tutela comprende su hábitat y ciclo de vida, lo que abarca también el área terrestre, donde precisamente las tortugas anidan, nacen y migran hacia el mar. A ese fin, destacó el interés nacional en esa protección, no solo en orden a principios precautorios con raigambre constitucional, sino mediante normativa internacional que cuida de esas especies en zonas terrestres. En síntesis, la base para el acogimiento de la acción de inconstitucionalidad del Reglamento impugnado, en tanto pretende zonificar áreas terrestres con riesgo para la protección de las tortugas, en punto a la temática de los límites del Parque y a la tutela que con él se pretende, no se redujo a una protección exclusivamente marina, como lo sostiene el casacionista. Más bien, concluyó esa Cámara, el Parque tiene como muy clara finalidad, la protección del área de desove de la tortuga baula. Esto lo consideró a partir del Decreto Ejecutivo No. 20518-MIRENEM, valorando también toda la discusión del texto del canon 1 de la Ley 7524, y a propósito de asegurar la perpetuidad de la colonia de esa especie y de otros recursos naturales, frente la actividad turística y ecológica que afecta la zona terrestre, respecto de la nidificación. Asimismo, dispuso que el proyecto de Ley de Creación del Parque reitera algunos criterios expresados por el aludido Decreto Ejecutivo. Por lo demás, se enfocó en la preocupación por desarrollos hoteleros, iluminación, desechos, tránsito de personas, ruido de motores fuera de borda, música, discotecas y automóviles, que vendría a destruir este hábitat natural, lo que, sin duda, no solo alude al ámbito marítimo, sino sobre todo al terrestre. También consideró que aún con el dictamen afirmativo de mayoría en la creación de la susodicha Ley, se mantuvieron las mismas justificaciones ya señaladas, comprensivas de la protección íntegra y total de la especie tutelada. Con todo y eso, se advierte, resaltó la aplicación del principio precautorio y el de vinculatoriedad de la normativa ambiental, como asimismo el compromiso internacional que ha asumido Costa Rica en la protección y hábitat de tortugas marinas, que incluye zonas terrestres.
XVI.- En la sentencia 2008-018529 de las 8 horas 58 minutos del 16 de diciembre de 2008, la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo planteado por algunos vecinos del Parque en contra de la SETENA. Entre otras cosas, manifestaron que dentro de aquel y en sus zonas de amortiguamiento, se pretende la construcción de varios complejos residenciales, cabinas y hoteles de grandes dimensiones, sin evaluación previa de impacto ambiental para establecer su viabilidad, respecto al agua para consumo humano, aguas servidas, el recurso que protege el Parque, su ecosistema y la afectación de los nidos y especies recién nacidas en las playas de anidación. La Secretaria General de la SETENA, en esencia, reconoció que las tortugas baulas se encuentran en peligro crítico de extinción. Mencionó que la extensión del Parque fue aclarada en el dictamen de la Procuraduría OJ-015-2004. Además, que por anteriores recursos de amparo se acató una medida cautelar ordenada, suspendiéndose la evaluación de impacto ambiental de los proyectos ubicados dentro del Parque. En cuanto a la zona de amortiguamiento, está siendo valorada mediante los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que se desarrollan en el lugar. El magistrado instructor dispuso dar audiencia a diversos despachos y dependencias, para que informen “…sobre el estado actual de las construcciones en las propiedades que están dentro del Parque Nacional Las Baulas”, respecto a varios aspectos que consideró de interés para la resolución, incluyendo la determinación de la calidad de los bienes (públicos y privados) ubicados allí. La Secretaria General de la SETENA hizo el detalle “…sobre los proyectos que se ubican dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas” y otros que se ubican en terrenos en parte dentro y en parte fuera. El entonces ministro de Ambiente y Energía, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) y Director Superior del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, manifestó que su informe se unificó y coordinó con el Director del Área de Conservación Tempisque y el Administrador del Parque. Indicó sobre el estado actual de la población de tortuga baula, respecto al complejo conformado por las playas Grande, Ventanas y Langosta, que sostiene colonias superiores a varios sitios del mundo. Por eso se considera que el Parque mantiene uno de los sitios de mayor importancia para la sobrevivencia de la tortuga baula en el mundo, aunque en playa Grande y Langosta las colonias han mostrado un patrón decreciente por diversos factores. Entre ellos, aludió a la pesca incidental, mortalidad de individuos adultos, saqueo de huevos en playa Grande, desarrollo urbanístico y turístico sin control en los sitios de anidación, el mal uso de las luces, disminución de nidos donde hay influencia directa de casas frente a la playa, eliminación de vegetación, problemas erosivos, invasión de especies exóticas en el área de anidación y uso del suelo. Refirió al Plan de Manejo del Parque, que define tres áreas de influencia. El área de influencia inmediata es la zona de amortiguamiento, con fragilidad biológica-terrestre, hídrica y por desarrollo urbano. Explicó, tanto el área terrestre como la marina sufren una fuerte presión humana por el aprovechamiento especialmente de la franja de los 75 metros en la cual ya existen algunas edificaciones. Agregó que el Parque cuenta, dentro de su territorio terrestre, con zonas que no pertenecen al Estado, por lo que se hace necesaria su expropiación para consolidarlo. Aludió a las propiedades expropiadas y puestas en posesión, y a las que están en fase administrativa, judicial y pendientes de avalúo. Mencionó los inconvenientes ambientales de construir en lo que atañe a la afectación del área de anidación. En la parte considerativa del fallo en examen, el Tribunal Constitucional identificó como objeto del recurso, la denuncia de amparo respecto a que dentro del Parque y en sus zonas de amortiguamiento, se pretende la construcción de varios complejos residenciales, cabinas y hoteles de grandes dimensiones, sin someterse de previo a evaluación de impacto ambiental por parte de SETENA para establecer su viabilidad, especialmente en el sector de playa Grande. Dio cuenta del acatamiento a una medida cautelar ordenada, que suspendió la evaluación de impacto ambiental de los proyectos ubicados dentro del Parque. Entre los hechos probados enlistó: el Parque fue creado mediante Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM y luego se le dio el rango legal mediante Ley 7524 “…para proteger las playas de anidación de la tortuga baula, sea, playa Grande, playa Ventanas y playa Langosta”. Además, que “…una serie de terrenos ubicados dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas fueron susceptibles de apropiación privada…”. Que la referida tortuga ha sido declarada como una especie en extinción y una de las amenazas más evidentes es el desarrollo turístico y urbanístico sin control en las playas de anidación. Asimismo: “Que la zona de Playa Grande donde se ubica el Parque Nacional Marino Las Baulas es consideraba como de vulnerabilidad extrema” y no se debe permitir ningún tipo de actividades productivas, solo aquellas enfocadas a la conservación. También tuvo por acreditado que no existe ni se ha realizado una evaluación integral del impacto, “…que las construcciones dentro y en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas producirían sobre los recursos naturales colindantes: la tortuga baula, el recurso hídrico, demás vida silvestre, y en general todo el ecosistema”. Que “…dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas y sus zonas de amortiguamiento se pretende la construcción de varios complejos residenciales, cabinas y hoteles”. Que “…el Parque Nacional Marino Las Baulas cuenta con áreas de influencia, constituyendo la banda de 500 metros a lo largo del límite continental el Área de influencia inmediata, la cual es la zona de amortiguamiento y que constituye un área ambientalmente frágil: fragilidad biológica-terrestre, fragilidad hídrica, fragilidad por desarrollo urbano”. Asimismo, estimó que el desarrollo urbanístico planteado para playa Grande dista mucho de ser un desarrollo sostenible, pues de llevarse a cabo estos proyectos dentro de la franja de los 75 metros y sin ningún control fuera del área protegida y su área de amortiguamiento, se estará frente a un deterioro ambiental irreversible, con una afectación directa sobre el área de anidación más importante en todo el Pacífico Oriental para las tortugas baula y sobre los manglares que protege el Parque. Tuvo por acreditado que la Municipalidad de Santa Cruz otorgó permisos de construcción a proyectos ubicados dentro del área de influencia inmediata al Parque sin contar con la respectiva viabilidad ambiental. Detalló los proyectos “…situados DENTRO del Parque […] que cuentan con viabilidad ambiental…”. También, las solicitudes de viabilidad ambiental que se tramitan ante SETENA “… que corresponden a proyectos ubicados DENTRO del Parque…” (el destacado es del original). Reiteró que el fondo del asunto se concentra en determinar si resulta cierto que dentro del Parque y en su zona de amortiguamiento, constituida por una banda de 500 metros colindante con los límites, se pretende la construcción de varios complejos residenciales sin haber sido sometidos a una evaluación integral de impacto ambiental por parte de la SETENA, sino que cada proyecto ha sido valorado de forma individual. Estableció que efectivamente se ha estado otorgando la viabilidad ambiental a proyectos en dicha zona “…tanto a las propiedades ubicadas dentro del parque como a las que se encuentran en su zona de amortiguamiento”, de modo individual, sin análisis del impacto integral que tales construcciones producirían en todo el ecosistema. Atendió al informe del ministro de Ambiente y Energía, respecto a que el desarrollo urbanístico planteado para playa Grande y Ventanas dista mucho de ser sostenible, y que de llevarse a cabo estos proyectos dentro de la franja de los 75 metros y sin ningún control fuera del área protegida y su área de amortiguamiento, se estará frente a un deterioro ambiental irreversible, “…con una afectación directa sobre el área de anidación más importante en todo el Pacífico Oriental para las tortugas baula y sobre los manglares que protege el Parque”. Aludió a la resolución 2007-010578 de las 16 horas 40 minutos del 25 de julio de 2007, cuando en ella indicó que el Parque fue creado por Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM, que afirma la importancia de someter a playa Grande, playa Langosta y lugares aledaños a un régimen de protección especial en tanto están ubicadas dentro de los límites territoriales del Parque, entre las tres áreas de importancia mundial donde anidan las tortugas baula. También se añadió, refiere, que luego se dictó la Ley 7524 que, entre otras cosas, modificó los límites establecidos originalmente en aquel. Con todo y esto, aludió a que en la exposición de motivos se señala, claramente, que la conservación y protección absolutas de la tortuga baula “…y su hábitat de anidación”, constituyen el fin principal de la creación del Parque. Asimismo, que en el área anidan otras especies de tortugas, flora y fauna en peligro de extinguirse. Por otra parte, mencionó que los manglares del Parque son fundamentales como hábitat de aves acuáticas y áreas de reproducción de diferentes especies marinas y forestales. Sintetizó, “…es claro entonces a partir de lo expuesto, que la existencia y protección de este parque es fundamental desde el punto de vista de conservación y protección al medio ambiente”. De seguido, aludió a que SETENA otorgó la viabilidad ambiental “…a proyectos situados, no sólo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas sino dentro del mismo Parque”, de forma individual sin haber procedido de previo a realizar una valoración integral de la zona. Indicó que se otorgaron dos viabilidades ambientales “…a proyectos dentro del parque…” y existen otras más en trámite en la zona de amortiguamiento. Evaluó el impacto ambiental que producirían las construcciones dentro del Parque y en la zona de amortiguamiento, entre otros peligros, para las tortugas y su ecosistema. Ello lo interpretó con fundamento en el principio precautorio que opera en materia ambiental, “…como un riesgo potencial a todo el ecosistema del parque, lo cual se reitera primero cuando el informe del MINAE indica que una de las amenazas para la población de la tortuga baula es el desarrollo turístico y urbanístico sin control en las playas de anidación y que el desarrollo urbanístico planteado para Playa Grande y Ventanas dista mucho de ser un desarrollo sostenible”. Aludió a un informe técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que dio cuenta de las repercusiones de las actividades productivas en la zona de la playa. También del informe del Director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, donde se indica “…que el proceso constructivo que se viene desarrollando en el Parque en cuestión puede provocar graves consecuencias a corto, mediano y largo plazo para las tortugas baula y en general para todo el ecosistema”. En esa virtud, el Tribunal Constitucional consideró, en punto al peligro de extinción de la tortuga baula, “…la necesidad de evitar procesos constructivos cerca de los lugares de anidamiento”. Incluso, señaló que mediante el artículo 2 de la Ley 7524 “…se obliga al Estado a gestionar las expropiaciones de los terrenos ubicados dentro del Parque, pues es de interés público que dichos terrenos estén bajo la protección estatal”. Aludió al voto 2008-007549 de las 17 horas 38 minutos del 30 de abril de 2008, donde ordenó al titular del MINAE a “…proceder de inmediato y de forma célere con los trámites de expropiación, a efectos de no seguir produciendo mayores daños al ambiente. Lo anterior pone en evidencia la gran descoordinación que existe entre el mismo Ministerio de Ambiente y Energía, pues por un lado es claro el mandato de expropiar las propiedades ubicadas dentro del Parque y por otro lado, SETENA otorga o inicia el trámite de viabilidad ambiental a ciertos proyectos allí ubicados. Ciertamente el error ha sido estatal por haber tardado tanto tiempo en los trámites expropiatorios y por no tomarse medidas precautorias a efectos de realizar una evaluación integral de la zona a la luz de los procesos constructivos a autorizar”. Concluyó resaltando la importancia de la existencia y protección del Parque desde el punto de vista de conservación al medio ambiente. Cuestionó que SETENA ha estado otorgando la viabilidad ambiental “…a proyectos situados dentro del parque y en su zona de amortiguamiento…”, de forma individual sin haber hecho un análisis sobre el impacto integral que esas construcciones producirían en todo el ecosistema del Parque. También, que la Municipalidad de Santa Cruz haya autorizado “…permisos de construcción dentro del parque y su zona de amortiguamiento…”, incluso sin contar con la respectiva viabilidad ambiental. En consideración a lo expuesto y al principio precautorio en materia ambiental, acogió el recurso. En esa virtud, entre otras disposiciones, anuló todas las viabilidades ambientales “…otorgadas en las propiedades ubicadas dentro del Parque…” Ordenó al titular del MINAE a “…continuar de inmediato con los procesos de expropiación de tales propiedades”, y a la Secretaria General de la SETENA, o a quien ocupe ese cargo, a girar las instrucciones dentro del ámbito de su competencia para no tramitar nuevas viabilidad “…dentro del parque”. A ella misma, en coordinación con el MINAE, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y las Municipalidades de Santa Cruz, Nandayure, Hojancha, Nicoya y Carrillo, a realizar un estudio integral “…sobre el impacto que las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas producirían al ambiente y las medidas necesarias a tomar, en donde se valore si conviene mejor también expropiar las propiedades que se encuentren allí, y se indique expresamente el impacto que el ruido, las luces, el uso de agua para consumo humano, las aguas negras y servidas, la presencia humana y otros produciría sobre todo el ecosistema de la zona, en especial, la tortuga baula”. Dispuso dejar suspendidas y supeditar la validez de las viabilidades ambientales “…otorgadas a las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento (banda de 500 metros) del Parque Nacional Marino Las Baulas…”, hasta tanto no esté listo el estudio integral anterior. También, la validez de los permisos de construcción otorgados a las propiedades ubicadas allí.
XVII.- Es evidente, según el recuento que se expuso, a la Sala Constitucional se le planteó el asunto de si dentro del Parque y en su zona de amortiguamiento se están autorizando construcciones que lesionan, entre otras cosas, el ecosistema, los nidos y las especies recién nacidas en las playas de anidación, sobre todo, de las tortugas baula que están en peligro, principalmente, en las playas Grande y Ventanas. Nótese, a este respecto, cómo consideró la importancia de precisar el riesgo que las edificaciones producen dentro del Parque (el resaltado es para patentizar la extensión del Parque a zonas terrestres y la base para expropiar inmuebles allí comprendidos), en punto a las zonas de amortiguamiento, por la fragilidad biológica-terrestre. Además, debe destacarse, reiteró la importancia de que se lleven a cabo las expropiaciones de los fundos particulares ubicados dentro del Parque. En cuanto a los hechos probados, también se enfocó en cuestiones con trascendencia para este. En forma expresa, tuvo por demostrado, incluso considerando la Ley 7524, que la finalidad es la protección de las playas de anidación, incluyendo playa Grande. De seguido analizó la situación de la existencia de terrenos privados ubicados dentro del Parque. Valoró la realización de evaluaciones integrales del impacto que generan las construcciones dentro de Parque y que el desarrollo urbanístico planteado para playa Grande dista mucho de ser un desarrollo sostenible, estimando que los proyectos en el Parque, sin ningún control, deteriorarían el ambiente, con una afectación directa sobre el área de anidación más importante en todo el Pacífico Oriental para las tortugas baula y sobre los manglares. Se advierte, por lo demás, lo detallista que ha sido en los proyectos situados dentro de Parque con viabilidad ambiental o con solicitudes en trámite. Destacó de nuevo la importancia de someter playas, entre ellas playa Grande, a un régimen de protección especial en tanto están ubicadas dentro de los límites territoriales del Parque. De tomarse en cuenta, asimismo, que luego de reiterar su atención en la Ley 7524 y de decir que, entre otras cosas, modificó los límites establecidos originalmente en el Decreto Ejecutivo, aludió a que en la exposición de motivos se señala, con claridad, que la conservación absoluta de la tortuga baula, su hábitat y sitios de anidación, es el fin principal de la creación del Parque. Entonces, queda entendido, a partir de esos razonamientos, que el hábitat y el área de anidación se entiende comprendidos dentro del Parque, lo que determina la protección respecto a los proyectos constructivos que se levanten y puedan afectar esas zonas, como igual justifica las expropiaciones de inmuebles en dominio privado. Ello se refuerza al insistir en el peligro de los procesos constructivos que se vienen desarrollando en el Parque. Como otro dato de suma importancia, destaca la mención que hizo del artículo 2 de la Ley 7524, a partir de lo cual se obligó al Estado a gestionar las expropiaciones de los terrenos ubicados dentro del Parque, pues es de interés público que estén bajo la protección estatal. También, es de relevancia la alusión al voto 2008-007549, respecto a la orden emitida para que se proceda con las expropiaciones de las propiedades que estén dentro del Parque. Además, los cuestionamientos que hizo al otorgamiento de la viabilidad ambiental, los radicó en tanto constituyen proyectos situados en el Parque. Todo este panorama llevó a que en la parte dispositiva, recurrentemente, centrara las disposiciones que adoptó y sus ordenes establecidas, para que se ejecuten en cuanto se refieren a permisos de construcción, viabilidades ambientales, procesos expropiatorios, realización de estudios integrales, atinentes al impacto de las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico dentro del Parque. No tendría sentido que acogiera el recurso de amparo si no es porque consideró, como así se ha destacado y repetido, incluso con citas textuales de esos fallos, que los límites del Parque y el radio de protección ambiental, como asimismo sus fines, incluye terrenos particulares; esto es, no es solo una tutela marítima, sino también terrestre.
XVIII.- De acuerdo con la valoración de los precedentes constitucionales; normativa internacional proteccionista del ambiente, especies en peligro de extinción y de las tortugas baula; artículo 1 de la Ley 7524, interpretado de consuno con los numerales 2 y 5 Ibidem.; también de los propósitos tanto del Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM como de la susodicha Ley, está más que claro que los límites del Parque abarcan la protección terrestre. Los jueces de ambas instancias, con buen tino, consideraron esos aspectos a fin de valorar la frase en discordia del canon 1 y la contrariedad que presenta con el texto íntegro de la Ley, respecto a los límites que el casacionista estima ser “aguas adentro”. Es así como los juzgadores concluyeron que, en el caso concreto, hay que estimar que los parámetros del Parque comprenden la tutela en tierra, con lo que procede la base dispuesta para expropiar parte del inmueble de la actora. En este sentido, no se vislumbran las violaciones que se acusan en el primer cargo del recurso. Tampoco en tanto, a partir del texto del susodicho canon 1 de la Ley 7524 y del acogimiento de la moción del entonces diputado Fournier que incorporó la discutida locución es determinante de que el Parque tiene carácter exclusivamente marino. No debe dejarse de lado la importancia no solo de las normas que establecen las expropiaciones de terrenos privados, pues aunque el casacionista le resta valor a los fines de precisar que los propósitos conservacionistas del Parque abarcan zonas terrestres, lo cierto es que la propia Sala Constitucional así lo ha destacado, con reiteración, en los fallos analizados, y como lo expuso el Tribunal, luego de aludir a las sentencias 2008-7549, 2008-18529 y de transcribir, en lo de interés, la 208-8713: “El precedente constitucional arriba indicado es vinculante, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de esa manera el tema de los linderos o parámetros del Parque Nacional Las Baulas (sic) se encuentra claramente definido…”. Además, la Cámara Constitucional, con toda contundencia, analizó y fundamentó sus decisiones adoptadas en los fallos que se examinaron, en el interés público ambiental y en el ordenamiento jurídico nacional e internacional que rige la materia. La base que adoptaron los juzgadores de ambas instancias en esos precedentes desprende la aplicación, en la especie, de esos mismos razonamientos pues, en definitiva, queda claro que la tutela terrestre de las especies protegidas, no solo se rige por la normativa interna, incluyendo la Ley 7524 como un todo, sino también las disposiciones internacionales, lo mismo a partir del principio precautorio ambiental, todo lo cual avala este Colegio. De todas maneras, la sentencia de primera instancia, en la que se basa el Tribunal, detalla el ámbito jurídico de protección a las torturas baulas y su égida terrestre. En esta inteligencia, tampoco se han cometido los yerros en las disposiciones jurídicas que se acusan vulneradas en el tercer agravio. No es cierto, por lo demás, según lo parece afirmar el representante de la actora, que con la protección que brinda la Ley 7149 de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Tamarindo, deba entenderse injustificada cualquier tutela terrestre de Parque, pues en modo alguno ese Refugio ha sido óbice para que en la Ley 7524 se haya dispuesto la expropiación de los terrenos privados, como se ha reiterado.
XIX.- En la especie, los artículos 11, 39, 121, 152 de la Constitución Política; 11 de la LGAP y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tampoco se han vulnerado. No es que los jueces que han conocido y resuelto el presente asunto trascendieran sus competencias, ni puede sostenerse que así lo haya hecho la Sala Constitucional cuando atendió los recursos de amparo y la acción de inconstitucionalidad. En todo caso, esto ha sido parte del debate. Por eso, en orden a sus atribuciones, esa Sala estableció criterios y parámetros de aplicación en la especie, basándose, entre otras cosas, en la interpretación que hizo de la Ley 7524. Por eso, es viable afirmar que el A quo y el Ad quem no cambiaron los términos de esta normativa. Considérese, ella misma dispone, como parte de la protección ambiental del Parque, las expropiaciones de terrenos privados, lo que explica que, para el caso concreto, su tutela no es exclusivamente marina. Al no representar una variación de los límites del Parque, en igual sentido deviene improcedente la censura sobre el supuesto quebranto de los artículos 13 de la Ley de Servicios de Parques Nacionales; 3 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y la Bellezas Escénicas de los Países de América; 38 de la Ley Orgánica del Ambiente que, a decir del casacionista, establecen que los límites solo se pueden variar por Ley. En síntesis, lo que han hecho los juzgadores de ambas instancias, a partir de los pronunciamientos de la Sala Constitucional, en el ejercicio de sus competencias, como también en la labor interpretativa de las normas pertinentes para solucionar la litis, encomendada dentro del ejercicio de la potestad jurisdiccional y según lo señala el artículo 153 de la Carta Magna y el 10 del Código Civil, ha sido establecer el significado del precepto 1 de la Ley 7524, pero también considerando los numerales 2 y 5 Ibidem. Tampoco es viable estimar que con ello se está haciendo una interpretación auténtica, la cual, efectivamente, solo le corresponde a la Asamblea Legislativa. En igual sentido, no se está sustituyendo el ordenamiento jurídico, sino interpretando si proceden las expropiaciones dispuestas en la Ley, como se pretendió hacer respecto a una parte del inmueble de la actora, lo que ha sido la base del cuestionamiento en este proceso.
XX.- En lo atinente a la aducida infracción del canon 10 del Código Civil, según esta norma, los jueces, como aplicadores del derecho para la solución del caso concreto, deben interpretar los preceptos pertinentes a ese fin. En el ejercicio de la exégesis que han de llevar a cabo, requieren congeniar diversos criterios valorativos. En este predicado, como lo establece el A quo y se avala en el fallo impugnado, existe una contradicción en la Ley 7524. Es decir, la frase “aguas adentro” no es una aclaración para destacar que el Parque es solo marino, como lo hace ver el casacionista. Antes bien, la locución contraría el propósito de la tutela ambiental del Parque, en especial, de la tortuga baula, obviamente, en sus diversas fases de vida que incluye el desove, anidación, nacimiento y desplazamiento hacia el mar desde la playa. Esa contradicción se suple, en la labor jurisdiccional, mediante el empleo de criterios técnicos como los señalados en el aludido precepto 10 del Código Civil. También considerando otros elementos, conforme quedó expuesto, como los dispuestos por la Sala Constitucional, los objetivos de la Ley, el interés público ambiental y el ordenamiento jurídico nacional e internacional que rige la materia. De conformidad con el canon 10 citado, no es suficiente con estimar el texto gramatical de una norma, por ejemplo, la frase “aguas adentro”, para con ello establecer el verdadero significado de toda la Ley. Deben valorarse el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, la realidad del tiempo de aplicación, como también su espíritu y finalidad. En este predicado, el contexto a considerar radica en conferir el estatus legal al Parque, que nació mediante Decreto Ejecutivo con la finalidad de proteger ciertas especies, particularmente en zonas que representan parte de su ciclo de vida y constituyen sectores de peligro, comprendiéndose así la tutela terrestre. La Sala Constitucional resaltó que aún con la modificación que parece haberse realizado en la Ley 7524 de los límites, el propósito conservacionista se mantiene inalterado, incluyendo las zonas terrestres, como así lo dispuso con reiteración y se extrae, con toda claridad, de las tres sentencias analizadas. A este respecto, los antecedentes históricos y legislativos, con todo y la moción acogida del diputado Fournier Origgi, desprenden que siempre se tuvo en cuenta esa protección, pues incluso con el artículo 1 de la Ley 7524, es explicable la redacción y finalidad de los numerales 2 y 5 Ibidem., atinentes a las expropiaciones de terrenos, a partir de considerar que la protección es inclusiva de áreas terrestres. El tiempo de aplicación es un factor de suma importancia, pues se ha destacado con insistencia cómo las tortugas baula han estado y continúan en grave peligro de extinción, lo que requiere con urgencia de medidas protectoras como las que se han dispuesto en la Ley que crea el Parque, incluyendo los procesos expropiatorios de inmuebles particulares que esa misma normativa contempla, cuya ejecución ha requerido la Sala Constitucional, con el mismo carácter de urgente, atendiendo a los postulados de esa misma Ley. Todo ello es con el fin de paliar situaciones que afectan a esa especie en tierra, particularmente, en playa Grande donde, como lo reconoce el casacionista, está ubicada la finca de la actora. En ello radica también el espíritu y finalidad, hacia la protección cabal de las tortugas en su hábitat que en mucho presenta graves riesgos en su ciclo de vida desarrollado en tierra. Como se expuso, en nada varía estas consideraciones el que exista el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Tamarindo, pues la Ley 7524 no ha supeditado ni limitado sus alcances en función de ese Refugio, ni el Tribunal Constitucional tampoco lo ha hecho.
XXI.- Debe considerarse lo que sigue, sobre el agravio referente a la ubicación de la parte de la finca de la actora, que a criterio del Tribunal está dentro del Parque y por ello se dispuso expropiar. Para el Juzgado se probó: “9).- Que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación certificó el 11 de abril de 2007 que la finca correspondiente al plano de catastro […] se ubica dentro del Parque Nacional Mario […] Las Baulas de Guanacaste, creado según decreto ejecutivo N.20518-MIRENEM del 09-07-91 y regulado en Ley N. 7524 de 16 de agosto de 1995 […]. 12).- Que el área a expropiar se encuentra entre las coordenadas 255.000 N y 334.000 E […].13).- Que la finca del partido de Guanacaste, folio real matrícula número […], es propiedad de Shang Gi La de Santa Ana Sociedad Anónima […]”. A tal efecto, se basó en la certificación de folio 9 del expediente administrativo; folio 7 del mismo legajo y plano catastrado […], y en la ubicación en él, propiamente, en el extremo inferior derecho; asimismo, en la certificación del Registro Público, con referencia a los folios 3 y 4 del citado expediente. Sobre el particular, la objeción del recurrente apunta a cuestionar la ubicación de la parte del inmueble de su representada que se pretende expropiar, por cuanto debe considerarse que los límites del Parque y los 125 metros de la pleamar ordinaria son hacia adentro del mar, en cuyo evento no estaría comprendida en esos linderos y el decreto expropiatorio sería infundado. Sin embargo, se determinó que sí se abarcan zonas terrestres, con lo que el cargo deviene inadmisible. Además, se ha objetado la ubicación en sí misma, como también las coordenadas, para justificar el casacionista la censura en cuanto a la ubicación del terreno, además de cuestionar el conocimiento de los jueces para interpretar coordenadas en un mapa o sitio concreto. Las inconformidades sobre el tema de la ubicación las conoció el Juzgado y en ese punto resolvió que la parte actora no acreditó que la finca del partido de Guanacaste, folio real […] se encuentre fuera de las coordenadas del Parque. En el Considerando XI analizó la determinación de si el bien está dentro de esa área y concluyó, aunque no está aguas adentro, sí está en las aludidas coordenadas, citando a ese propósito la relacionada prueba y motivando sobre esa base. Agregó, como dato de interés: “No ha aportado la parte actora prueba alguna que desvirtue (sic) el correspondiente plano de catastro, en cuanto a una ubicación en coordenadas geográficas diferentes o que demuestre falsedad en dicho documento o en la certificación dicha. A lo sumo, la parte actora lo que ha aportado es informe experto que señala que las coordenadas geográficas N 255.000 y E 335.050 se encuentra (sic)en una zona de terreno que forma parte de estero o manglar y que en el día de la prueba respectiva, quedó anegada de agua a las 13:20, usándose como referencia un árbol a 3.10 y un poste de corriente eléctrica a 26:72 m […] más sin demostrar que las coordenadas en donde está ubicada la finca […] se encuentre fuera de las coordenadas del Parque […]”. La representación de la demandante también objetó sobre ese punto al apelar. El Superior rechazó el agravio, no solo avalando el criterio del A quo respecto a que “… la propiedad de la actora objeto de expropiación se ubica dentro de los linderos del Parque…”, sino también justificándose, con cita de los artículos 317 del CPC y 103 de la LRJCA, en que la accionante no aportó prueba que contradiga lo establecido. En casación se reitera el combate a esos razonamientos y solamente se alega error de la certificación de SETENA, pero sin explicitarse si se trata de hecho o de derecho y, en este último caso, como quizá eventualmente podría tipificar, ni siquiera se citan los preceptos sobre el valor de elemento probatorio que se supone mal apreciado. De todas maneras, esa no fue la única prueba que se estimó de relevancia. Mucho menos se establecen probanzas que, a juicio del impugnante, patenticen, a ciencia cierta, que ese terreno no está comprendido dentro del Parque. Aunado a ello, la actora ha manifestado que su finca está dentro del Refugio de Vida Silvestre Tamarindo y en la sentencia recurrida se señala: “Este Tribunal coincide con el criterio del juzgador de primera instancia y estima importante adicionar que la Ley 7524 […], en su artículo 1 específicamente incluye la zona de la Reserva Silvestre de Tamarindo”. Incluso, la demandante reitera que la protección de las tortugas baula se logra con la aplicación de ese Refugio, en cuyo caso, más bien se podría desprender de lo expuesto que la finca está dentro del Parque, como así lo estimaron los juzgadores de ambas instancias y, ciertamente, no se ha establecido con contundencia lo contrario. Por lo demás, se debe insistir, el grueso de la censura parte de que al determinarse, a juicio de la casacionista en forma indebida, que sí se incluyen terrenos dentro del Parque, entonces, por lógica quedaría comprendido parcialmente el inmueble de la actora, tal y como ella misma lo indica en el recurso. En esta virtud, los correspondientes agravios deben rechazarse.
XXII.- En el último cargo se expone que la expropiación de la parte del inmueble de su representada es ilegal, porque no es cierto que se encuentre dentro de los límites del Parque. A este respecto, el casacionista objeta que los jueces de ambas instancias se basen en la sentencia 2008-18529 de la Sala Constitucional, ordenando al MINAE realizar las expropiaciones de las fincas privadas que se encontraban dentro de los límites. Aunque eso es cierto, afirma, no se ordenó específicamente expropiar el fundo de la actora. Por eso, acusa, interpretaron mal ese fallo y se quebrantan los artículos 1 y 2 de la Ley 7524, en los cuales asimismo se apoyan para considerar que los actos son legítimos. No obstante, precisa reiterar, la cita que el A quo y también el Tribunal hacen de la Sala Constitucional, no se agota en la resolución 2008-18529, pues también se mencionan las otras dos. Esta Cámara ya se ha pronunciado sobre esas tres sentencias y cómo aplican como fundamentos de importancia para resolver la presente contienda, sin que proceda reiterar lo expresado en los Considerandos XII a XIX de este fallo.
XXIII.- Al avalar la denegatoria de la demanda en esos extremos que decretó el Juzgado, el Tribunal no vulnera las disposiciones jurídicas que se acusan quebrantadas en lo extenso de la impugnación, ni los preceptos 132 y 158 de la LGAP, pues se desconoce la ilicitud en el contenido de esos actos lo mismos que su invalidez por contrariar el ordenamiento jurídico. Lo expuesto determina que la conducta administrativa adoptada con base en el aludido pronunciamiento de la Procuraduría, manifestada en el Decreto Ejecutivo 33707-MINAE del 14 de febrero de 2007, que declaró de interés público la expropiación parcial del inmueble de la actora; como también en la resolución sin fecha emitida por el Sistema de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, que le dio curso al referido proceso expropiatorio, y todo lo actuado en este último, no reviste los vicios de nulidad denunciados. Por lo consiguiente, se impone el rechazo del recurso con sus costas a cargo de la parte promovente (artículo 611 del CPC).
Recurso del demandado XXIV.- Afirma la representante estatal que la actora apeló del fallo de primera instancia y centró los alegatos en dos agravios. Primero, su discrepancia con la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda respecto al dictamen C-444-2005 de la Procuraduría. Segundo, su desacuerdo con el análisis que hizo el A quo respecto a la interpretación de las normas legales que definen los límites terrestres del Parque. La apelación, añade, no contiene ningún reparo en cuanto a la condenatoria en costas e intereses a su cargo. Antes bien, ni siquiera se pide, de modo subsidiario, la exoneración en caso de no acogerse los cargos planteados. Tampoco introdujo, dentro de las manifestaciones deducidas en el escrito de expresión de agravios, una impugnación atinente al principio general de condenatoria al vencido. No obstante lo anterior, denuncia, el Tribunal revocó parcialmente el fallo de primera instancia, con fundamento en un vicio no invocado por la apelante. En este sentido, la exoneró, aún siendo perdidosa, del pago de las costas. En síntesis, señala, incurrió en incongruencia, por extra petita, perjudicando al Estado. Sobre el particular, alega quebranto de los artículos 99, 153, 155 y 565 del Código Procesal Civil (CPC); 24, inciso 1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA), también de los principios del debido proceso, derecho de defensa y congruencia. El Ad quem, sostiene, atendió un aspecto de la sentencia del Juzgado que la demandante nunca atacó en sus escritos de apelación y expresión de agravios. En ninguna de las censuras combatió la aplicación del principio general de condena al vencido del canon 221 del CPC. De ambos libelos, de los cuales se limita a transcribir en parte, dada la extensión, destaca lo que constituye los únicos dos aspectos de inconformidad. “PRIMER MOTIVO: SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN CONTRA LA OPINIÓN VINCULANTE 444-2005 de la Procuraduría General de la República (...). SEGUNDO MOTIVO: Mediante la sentencia recurrida el señor Juez entra a conocer una antinomia que no existe, y que deriva de una decisión del legislador de modificar el texto del proyecto de ley que les fue sometido a conocimiento, mediante moción legalmente introducida por el diputado Fournier Origgi y que fue aprobada por unanimidad por todos los legisladores que conformaban la comisión plena que aprobó la Ley. (...)”. A su juicio, lo que se atacó fue el acogimiento de la defensa de inadmisibilidad por tratarse de actos no susceptibles de impugnación, únicamente, con respecto al dictamen C-444-2005 de la Procuraduría, y en tanto se declaró con lugar la defensa de falta de derecho respecto a las demás pretensiones. Resulta claro, afirma, que en el presente caso el Tribunal introdujo un argumento nuevo, al enmendar el fallo y sentenciar sobre un aspecto que no fue pretendido por la actora. Se conculcan así los susodichos principios, pues se incluyó en el pronunciamiento aquí recurrido un aspecto no reclamado en su oportunidad, lo cual le impidió al Estado ejercer, como corresponde, la respectiva defensa. Cita antecedentes de esta Sala en punto al artículo 565 del CPC, de lo cual resalta que la competencia del Ad quem se ejercerá en función del ruego específico del recurrente. Este, al expresar las censuras, fundamentando con ello su interés en apelar, delimita el control que se debe llevar a cabo sobre lo decidido por el juez de primera instancia, lo cual corresponde con la tesis moderna que se orienta hacia una apelación limitada, en donde la revisión del primer proceso se realiza con criterios estrictos. Por lo expuesto, sostiene, no existe consonancia entre lo apelado y lo fallado, pues los juzgadores variaron la “causa petendi” lesionando el derecho de defensa de su representado. La confrontación entre los agravios de la apelante y lo resuelto por el Tribunal, acota, evidencia el desajuste entre estos dos extremos, y la consecuente violación al principio general de congruencia de las sentencias, como también al debido proceso y al contradictorio. En razón de lo expuesto, enfatiza, se configura la causal del artículo 594, inciso 3, del CPC, y por ello es que se conculcan, por falta de aplicación, los numerales 99, 153, 155 y 565 Ibidem., 24, inciso 10, de la LRJCA, todo ellos, en relación con los preceptos 39 y 41 de la Constitución Política. De haberse aplicado las citadas normas, sintetiza, el fallo se habría limitado a analizar los únicos dos alegatos contenidos en el escrito de expresión de agravios, sin entrar a examinar, de manera oficiosa, el resto de la sentencia. En este sentido, lo que se imponía era la confirmatoria o no de lo apelado. A su juicio, la solicitud de “condena en costas a cargo del Estado”, no otorga competencia funcional al Superior para entrar a valorar la decisión del Juzgado. Esta referencia tiene lógica, y está pensada, en función del supuesto de que se revirtiera el pronunciamiento del A quo, y se resolviera a favor de la accionante en segunda instancia.
XXV.- Lleva razón la casacionista. La actora, al apelar, limitó sus censuras a los únicos dos motivos que se señalan. De ninguna manera comprendió, dentro de sus agravios, la condenatoria que el Juzgado le impuso de pagar las costas personales y procesales, junto con sus respectivos intereses. Por eso, el Tribunal no debió incursionar en esa temática, mucho menos revocar el pronunciamiento que conocía en alzada sin haber sido objetado el fallo de primera instancia en ese particular. En efecto, de la lectura integral tanto del escrito de apelación que corre de folio 540 a 556, como también del de expresión de agravios que va del folio 583 a 608, es evidente que las argumentaciones de inconformidad de la apelante, respecto de lo resuelto por el A quo, se circunscriben a solo dos reproches. La inadmisibilidad de la demanda en cuanto al extremo de nulidad de la opinión de la Procuraduría, sobre lo cual se acogió la defensa de acto no susceptible de impugnación. Además, el rechazo de las pretensiones de nulidad de la conducta administrativa con la que se dispuso la expropiación parcial de su inmueble, en punto a la procedencia de la excepción de falta de derecho, combatiendo, en esencia, las consideraciones del Juez sobre la temática de la antinomia y la decisión del legislador de modificar el texto del proyecto de ley, mediante moción legalmente introducida y aprobada por unanimidad. Ninguna manifestación de censura apunta hacia la condenatoria en costas. Existe una referencia a este tema, pero no dentro de los reproches del escrito de apelación. Se consigna luego de la formulación de los cargos; inmediatamente después del apartado sobre “DERECHO” donde se enlistan varias disposiciones jurídicas. Se indica: “PETITORIA” y se solicita, como lógica consecuencia de acogerse el recurso en punto a las dos inconformidades señalas, que se revoque la sentencia recurrida, se declare la admisibilidad de la demanda en cuanto a la nulidad de la opinión de la Procuraduría, acogiéndose todos los extremos peticionados, con la declaratoria de nulidad de los tres actos administrativos, y, se condene al Estado al pago de las costas personales y procesales. Lo mismo sucede en el escrito de expresión de agravios. Es decir, nunca se planteó, como agravio, que se modificara la sentencia recurrida para que resolviera sin especial condenatoria en costas. Lo que se hizo fue solo, para el evento de que la impugnación se acogiera, explicitar los mismos extremos petitorios de la demanda, incluyendo la condenatoria en costas al Estado en su condición de parte perdidosa.
XXVI.- Cabe subrayar, la Procuraduría presentó un libelo (folios 609 a 611), donde se pronunció sobre la apelación. Entre otras cosas indicó: “El recurso es antitécnico pues el recurrente expone dos motivos de apelación, pero lejos de exponerlos, se limita a reiterar las apreciaciones por las cuales opina que la demanda debió declararse sin lugar”. De seguido objeta las consideraciones de la impugnación, sin decir nada sobre el tema de la condenatoria en costas, precisamente, por no haber formado parte de las censuras. Así quedó circunscrito el debate sobre el contenido y extensión de la apelación.
XXVII.- Pese a lo indicado, el órgano de alzada estimó, en el Considerando V del fallo de segunda instancia: “El actor solicita en su recurso de apelación que se condene en costas al Estado. El agravio es de recibo y se acoge. El artículo 221, párrafo primero del Código Procesal Civil (en adelante por sus siglas CPC) -supletorio por dispensa del numeral 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa- establece la regla general de que el vencido debe asumir el pago de las costas personales y procesales, por el mero hecho de serlo, sin que esto implique que se juzgue que medió mala fe o temeridad al accionar. La excepción a dicha regla es la exención del pago, que solo se puede otorgar cuando se constate -en forma razonada- que media alguna de las causales de exoneración previstas en el numeral 98 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o en el artículo 222 del citado CPC. En el caso, aprecia este Colegio que sí estamos en presencia de las indicadas condiciones, ya que la justificación para exonerar del pago de ambas costas al actor vencido, se deriva de la naturaleza del asunto aquí debatido, en el que se cuestionó el derecho fundamental de propiedad privada frente al interés público de proteger el ambiente y en especial a las tortugas Baulas, lo que ameritó el análisis jurídico del texto de la Ley 7524 respecto a los límites del Parque Nacional Las Baulas (sic) y llevó a la Administración Pública a requerir la opinión legal de la Procuraduría General de la República. Todo lo cual ha (sic) juicio de éste (sic) Tribunal le mereció motivo suficiente a la parte actora para litigar, siendo que tal supuesto se ubica dentro de las causales de ley que permiten la exención en costas. En consecuencia, se revoca el fallo de instancia, únicamente respecto a la condenatoria en costas, para exonerar a la parte perdidosa del pago de ellas”. En ese mismo sentido se resolvió en el “POR TANTO”.
XXVIII.- Es notorio cómo, luego de señalar que la actora solicita se condene en costas al Estado, reconociendo con ello que esa manifestación es, precisamente, una solicitud que, como se dijo responde a la reiteración de los extremos petitorios de la demanda, pero no un cargo, de inmediato afirme: “El agravio es de recibo y se acoge”. La modificación que hizo del fallo apelado radicó en absolverla, como perdidosa, del pago de ambas costas del proceso. Para ello se basó en las causales de exoneración contempladas en el numeral 98 de la LRJCA y en el canon 222 del CPC, de modo que las circunstancias que valoró, del caso concreto, lo llevaron a concluir. “…ha (sic) juicio de éste (sic) Tribunal le mereció motivo suficiente a la parte actora para litigar, siendo que tal supuesto se ubica dentro de las causales de ley que permiten la exoneración en costas”. Lo cierto es que la demandante, al apelar, nunca pidió esa exoneración. No alegó que existiesen causales que lo ameritaran, ni basó su recurso en los susodichos preceptos legales dispuestos para ese fin. La sola referencia que hizo en la “PETITORIA” del escrito de apelación y del de expresión de agravios, luego de exponer las censuras, donde requirió que se declarara con lugar la demanda, incluyendo la condenatoria en costas al Estado, en modo alguno representa un agravio contra la sentencia del Juzgado, que autorice a modificarla en un punto que no formó parte de la impugnación. En este predicado, se infringieron los artículos 99, 153, 155, 565 del CPC; 24, inciso 1), de la LRJCA, en tanto se resolvió en quebranto del principio de congruencia, por exceso de pronunciamiento que implicó el vicio de extra petita.
XXIX.- Si bien es cierto, el canon 610 del CPC, establece que de proceder el recurso por razones procesales se debe anular la sentencia del Tribunal, a quien se le reenviará el expediente para que dicte nuevo fallo, en la especie, según las particularidades de lo sucedido y en aras del principio de economía procesal, la Sala estima procedente anular el fallo impugnado solo en punto a la exoneración que aplicó en beneficio de la accionante respecto al pago de ambas costas, para mantener el del Juzgado, quien en ese punto la condenó como parte vencida.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso de la actora, con las costas a su cargo. Se acoge el del Estado. Se anula la sentencia del Tribunal, únicamente, en cuanto exoneró a la demandante de pagar ambas costas proceso, para mantener el pronunciamiento del Juzgado en tanto se las impuso.
Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández FCHINCHILLA
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