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Res. 00760-2012 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 28/06/2012
OutcomeResultado
The cassation appeal is summarily dismissed for lack of legal grounds and failure to establish the alleged defects.Se rechaza de plano el recurso de casación por falta de fundamentación jurídica y por no configurarse los vicios alegados.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court summarily dismisses the cassation appeal filed by a developer company against a ruling of the Administrative and Civil Tax Court, issued in a sentence enforcement proceeding. The plaintiff sought to enforce a constitutional ruling that annulled a municipal communication preventing an urban project due to the unconstitutionality of an executive decree on urban and environmental planning. The Chamber finds that the appeal lacks the minimum legal grounds required by article 139.3 of the Administrative Procedure Code. The alleged procedural defect of inconsistency is not established, as the argument focuses on irrelevant aspects and does not contrast the claims with the decision. The substantive grievance also fails: it does not explain the causal link between the administrative conduct and the claimed damages, nor does it point to misvalued evidence, limiting itself to generic disagreements without normative support. This reaffirms the need for rigorous cassation technique, even under a flexible formal regime, which requires challenging the ruling's foundations with clear legal reasoning and not mere allegations of injustice.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia rechaza de plano el recurso de casación interpuesto por una empresa desarrolladora contra una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dictada en un proceso de ejecución de sentencia. La actora buscaba la ejecución de un fallo constitucional que anuló un oficio municipal que le impedía desarrollar un proyecto urbano en zona afectada por la declaratoria de inconstitucionalidad de un decreto ejecutivo sobre planificación urbana y ambiental. La Sala determina que el recurso carece de la fundamentación jurídica mínima exigida por el artículo 139.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo. El cargo procesal de incongruencia no se configura, pues se centra en aspectos irrelevantes y no contrasta lo pedido con lo resuelto. El agravio sustantivo tampoco cumple: no explica el nexo causal entre la conducta administrativa y los daños reclamados, ni señala probanzas mal valoradas, limitándose a meras discrepancias genéricas sin sustento normativo. Se confirma así la necesidad de una técnica casacional rigurosa, incluso bajo un régimen de flexibilidad formal, que exige combatir los fundamentos del fallo con razones jurídicas claras y no con simples alegatos de injusticia.
Key excerptExtracto clave
V.- (...) Before considering the first, it must be noted that the new administrative procedural law provides in article 140 the possibility of summarily dismissing the cassation appeal when: "a) It is clear from the brief that the appealed decision cannot be subject to cassation, b) It was filed out of time, c) It completely lacks legal grounds or, if it has them, the Chamber or Cassation Court clearly deduces the inadmissibility of the appeal, either for procedural or substantive reasons". In this last case, the legislator proposed an alternative that is innovative and expeditious in administrative matters, so that, in order to resolve judicial proceedings promptly and completely, it allows those hearing this extraordinary appeal to determine from the outset whether the claim is clearly inadmissible, despite compliance with strictly formal matters, such as filing within the deadline and respecting the technique of cassation according to article 139 of the cited Code. The above because nothing is gained by postponing the resolution of an appeal of this nature if its content makes it absolutely clear that the challenge raised will be dismissed. (...) VI.- (...) It alleges an error in the enforcement judge's assessment by considering that there is no proven causal link between what is claimed and what was resolved in the constitutional ruling. It argues that the administration, by issuing an act and later issuing another contrary to the first, to the detriment of subjective rights, is disregarding those rights granted whether by error or for any other reason. It affirms that a causal link does exist because without land use the project cannot continue. (...) As observed by this Chamber, the charge raised is not specific in determining what causal link exists between the administrative conduct and the damage caused, indeed, it does not even explain what injuries were suffered as a result of that conduct. Nor does it accuse the omission or improper weighing of the evidence that in its view proves the damages claimed. Likewise, it omits the legal grounds that cannot be postponed to entertain the complaint. That is, it forgets to mention and interweave with the grounds of the appeal and the Court's decision the substantive rule relevant to the right it claims, therefore the grievance is informal.V.- (...) De previo a entrar al conocimiento del primero, debe destacarse que la nueva legislación procesal contenciosa prevé en su numeral 140, la posibilidad de rechazar de plano el recurso de casación cuando: "a) Del escrito quede claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de casación, b) Se haya presentado extemporáneamente, c) Carezca de total fundamentación jurídica o, teniéndola, la Sala o el Tribunal de Casación deduzcan con claridad, la improcedencia del recurso, ya sea por razones procesales o de fondo". En este último supuesto, el legislador propuso una alternativa que en materia contencioso administrativa resulta innovadora y expedita, de modo que, en aras de resolver en forma pronta y cumplida los procesos judiciales, permite a quienes conocen este recurso extraordinario, determinar desde el inicio, si en realidad el planteamiento es a todas luces improcedente, pese al cumplimiento de cuestiones estrictamente formales, tales como la presentación dentro del plazo y el respeto de la técnica misma de la casación conforme al canon 139 del Código de cita. Lo anterior en virtud de que, a nada conduce postergar la resolución de un recurso de esta naturaleza, si de su contenido se deduce con absoluta claridad que el reproche planteado será desestimado. (...) VI.- (...) Alega la existencia de un yerro en la apreciación de la jueza ejecutora por considerar que no existe un nexo de causalidad comprobado entre lo pretendido y lo resuelto en el fallo constitucional. Aduce, la administración, al emitir un acto y con posterioridad emitir otro contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo esos derechos concedidos sea por error o por cualquier otro motivo. Afirma, sí existe un nexo causal ya que sin el uso del suelo no se puede continuar con el proyecto. (...) Según observa esta Sala, el cargo planteado no es concreto al determinar cuál es el nexo causal existente entre la conducta administrativa y el daño causado, incluso, ni siquiera explica cuáles son los agravios padecidos como consecuencia de ese actuar. Tampoco acusa la preterición o indebida valoración de las probanzas que a su juicio acreditan los daños y perjuicios reclamados. De igual forma, omite la fundamentación jurídica impostergable para entrar en conocimiento del reparo. Es decir, olvida mencionar y entrelazar con los motivos del recurso y lo resuelto por el Tribunal, la norma de fondo atinente al derecho que pretende, por ello, el agravio resulta informal.
Pull quotesCitas destacadas
"Se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [...] deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento."
"The appeal must have minimal legal grounds [...] the reasons supporting the action must be explained, combating the legal arguments of the appealed decision and providing at least some normative reference."
Considerando III
"Se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [...] deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento."
Considerando III
"La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida sin respaldo en normas o criterios jurídicos."
"Grounds are, therefore, alien to a confused display of norms and allegations; to a mixture of unintelligible arguments or the mere expression of opinions on the appropriateness or justice of the case; or to a recounting of the mistakes considered committed in the appealed decision without support from legal norms or criteria."
Considerando III
"La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida sin respaldo en normas o criterios jurídicos."
Considerando III
"A nada conduce postergar la resolución de un recurso de esta naturaleza, si de su contenido se deduce con absoluta claridad que el reproche planteado será desestimado."
"Nothing is gained by postponing the resolution of an appeal of this nature if its content makes it absolutely clear that the challenge raised will be dismissed."
Considerando V
"A nada conduce postergar la resolución de un recurso de esta naturaleza, si de su contenido se deduce con absoluta claridad que el reproche planteado será desestimado."
Considerando V
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RESOLUTION: 000760-A-S1-2012 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours forty-five minutes on the twenty-eighth of June of two thousand twelve.
Within the judgment enforcement proceeding commenced by R S.A. against the MUNICIPALITY OF SAN PABLO DE HEREDIA, the Court hears the cassation appeal filed by the plaintiff against resolution No. 853-2012 of 10:00 a.m. on April 18, 2012, issued by the Contentious-Administrative and Civil Hacienda Court.
CONSIDERING
I.Cassation is classified as an instance of an extraordinary nature, essentially for two reasons. First, because not every judicial resolution is subject to such an appeal, but only those contemplated by law. And, second, because the grounds for challenge in that review stage are not open-ended, but pre-established, likewise, by the legal system. Regarding the first aspect, it should be noted, as a general rule, that judgments and orders having the character of a judgment capable of producing substantive res judicata are susceptible to cassation appeal. Likewise, final and substantive rulings issued in the enforcement of final judgments and precedents rendered in plenary proceedings are also susceptible. Against this generic formula, the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA) itself specifies certain particular resolutions to which this option is granted. By way of example, the following fall within this possibility: a) the one declaring the inadmissibility of the claim (Art. 62.3); b) the one upholding the preliminary defenses indicated in subsection 6) of canon 92 of the cited Code; and c) the one resolving in a final manner the "enforcement proceeding" of judgment in habeas corpus and amparos of the Constitutional Chamber (Art. 183.3 ibidem). Therefore, ordinary orders and resolutions that do not decide the merits of the matter or do not terminate the proceeding are barred from the cassation stage. As regards the grounds, it should be added that a duality operates between procedural and substantive grounds. This is set forth in precepts 137 and 138 ibid. For the former, a list is made in broad, wide-coverage terms, and under the applicable prerequisites, adjusted to the rules of orality. Regarding the substantive grounds, a possible infringement of the evidentiary elements is foreseen (due to disregard or contradiction with them, or else, pretermission or improper assessment), commonly called “indirect violation.” On the other hand, forming part of this latter group, is the strictly normative infringement, which occurs in the event of an improper application, an incorrect interpretation, or a reproachable non-application of the norm, known in the Costa Rican legal tradition as “direct violation.”
II.- Once mention has been made of the resolutions against which a cassation appeal may lie and its grounds, it is essential to focus on the requirements necessary for its admissibility. In this sense, it is worth remembering that the anti-formalist vocation with which the CPCA burst onto the Costa Rican legal system permeates each and every one of its own institutions. In this way, the cassation appeal is also freed from excessive admissibility requirements, so that the cassational body (as the apex of the system) can, most of the time, proceed to the analysis of the alleged breaches, whether procedural or substantive, in fulfillment of the essential purpose of this jurisdictional instance and of those who resort to it. Thus, a less rigorous cassation has been established regarding admissibility aspects, without abandoning the technicality inherent to it or its nature and essence, since ultimately its role and purpose within the modern procedural regime remain unchanged.
III.- Now, despite the informality advocated by the new procedural legislation for formulating the cassation appeal, a series of minimum and essential requirements relating to time, place, and form are articulated, as is logical. They are created by law, as indispensable for this particular extraordinary appeal, since without them there would be no procedural order or balance; however, they must be interpreted in a flexible and reasonable manner, for it is necessary to remember that those indicated in Article 139 of the referenced Code are the only requirements and formalities provided for the cassation appeal, as indicated in subsection 5) of that same precept. Thus, in subsection 1) of the recently cited norm, it is established that the mentioned appeal must be filed directly before the First Chamber of the Supreme Court of Justice. The system previously in force in civil procedural legislation is slightly modified for contentious-administrative matters, given that now the Chamber not only rules on admissibility; in accordance with canon 142.1 of the Code on the matter, it notifies the opposing party within a period of 10 days (notifying them by the means they have established, according to the communication previously sent by the lower court). This seeks the standardization of the appellate regime presented by the Code, given that as a rule, whether ordinary or extraordinary, appeals are filed directly before the superior court responsible for hearing them. In another vein, in the same normative subsection, the period for its filing is established: 15 business days counted from the business day following notification of all parties. If an addendum or clarification has been filed, the indicated period will begin to run from the business day following notification of all parties of the ruling made on it. Once the time and place of filing have been addressed, a series of "information" and "identification" requirements of the appellant and the proceeding are listed in subsection 2), which, by their nature ("data," "procedural information"), can be remedied within a period of three days, pursuant to the provisions of numeral 141 of the same body of law. Thus, the following must be indicated: a) the type of proceeding; b) the full names of the parties; c) the signature of the appellant or appellants authenticated by an attorney; d) the time and date of the appealed resolution; e) the case file number in which it was issued; and f) the means for receiving notifications. This completes the simple list of instrumental or adjective requirements of the appeal. Only in the event that the corresponding formal notice issued for this purpose is not complied with, will outright rejection be ordered, and therefore, the archiving of the matter, but in that case, not only for the omission itself, but for the disregard of the judicial notice.
IV.- To the above requirements is added one final substantive requirement (Art. 139.3 ibidem), as necessary for admissibility and for the subsequent assessment of the appeal on the merits. This is the statement of grounds for the appeal, which, due to the characteristics of cassation, must be clear and precise. In this sense, it must contain, as the commented precept provides, the factual and legal basis of the case. Factual, insofar as it shows disagreement with the facts that have been taken as proved or unproved (which leads to the weighing of the evidence) or with the circumstances occurring in the violation of procedural norms; and legal, when it involves a problem presented regarding the application, omission, or improper interpretation of any norm that makes up the body of legality, including, of course, principles of constitutional rank or those that also operate by reflexive or indirect effect, after the facts of the challenged judgment are modified. In both procedural and evidentiary infringement, the factual reasons may concur, together with the legal reasons (always necessary), and in that sense, the referenced grounds must be directed in both respects, under penalty of inadmissibility. For its part, it is necessary to clarify that legal grounds are exempted, by express legal mandate, from indicating those canons relating to the value of the poorly assessed evidentiary element or elements. Similarly, it is unnecessary to cite the norms that the lower court wrongly used and mentioned to issue and reason its decision, because they are stated in the appealed ruling itself. And of course, it is not essential to cite the precepts that establish the requirements, deadlines, and basic rules for the admission of the appeal. Rather than the citation of the latter, what is essential is that they be fulfilled, that they be put into practice when preparing and filing the cassation. Thus, the grounds provided by law can be understood, broadly speaking, as that technical-legal argumentation in which a series of articles, or legal rules interwoven or concatenated together and reasonably linked in a dual perspective are mentioned: with the arguments of the appeal and with the judgment under attack. To the extent that a set of legal norms (or if applicable, a single one of them) pertinent and clearly linked to the challenged judgment (whether in its factual or legal basis) and the arguments of the appeal is cited, there are legal grounds. Jurisprudential additions or eventual doctrinal citations will sometimes reinforce the allegations made but, generally, are not essential to them. As this Chamber has already stated, interpreting the referenced Article 139, "the appeal is required to have a minimum legal basis [...] the reasons upon which it bases its action must be explained, combating the legal arguments of the appealed judgment and setting forth, at least, some normative reference that supports it" (Resolution No. 318-A-2008, of 14 hours 25 minutes on May 8, 2008). The grounds are, therefore, alien to the confused deployment of norms and allegations; to the mixture of unintelligible arguments or the simple exposition of opinions on the appropriateness or justice of the case; or else, to the recounting of the errors considered committed in the appealed judgment without support in norms or legal criteria. Hence, if the appeal completely omits that technical-normative relationship to which reference has been made, or if the one it provides is manifestly and evidently impertinent or unrelated to the case, it must be understood that it lacks "total legal basis," and therefore, fails to comply with the necessary requirement established in numeral 139.3, which is sanctioned with outright rejection, pursuant to the provisions of Article 140 subsection c), both of the same referenced Code.
V.- The appellant raises procedural and substantive defects. Prior to examining the former, it must be highlighted that the new contentious procedural legislation provides in its numeral 140 the possibility of rejecting the cassation appeal outright when: "a) It is clear from the brief that the appealed resolution cannot be subject to cassation, b) It was filed untimely, c) It lacks total legal basis, or, having it, the Chamber or the Cassation Tribunal clearly deduces the inadmissibility of the appeal, whether for procedural or substantive reasons." In this last case, the legislator proposed an alternative that, in contentious-administrative matters, is innovative and expeditious, so that, in the interest of resolving judicial processes promptly and fully, it allows those hearing this extraordinary appeal to determine from the outset whether the submission is clearly inadmissible, despite compliance with strictly formal issues, such as filing within the deadline and respecting the very technique of cassation according to canon 139 of the cited Code. The foregoing by virtue of the fact that postponing the resolution of an appeal of this nature serves no purpose if it is deduced with absolute clarity from its content that the challenge raised will be dismissed. In the litigation at hand, the cassation appellant alleges a defect of incongruence in the appealed ruling. Firstly, it indicates that the first proven fact is incorrect, because what should be read is: "The appeal is upheld and consequently, official letter CRVV-05-2009 dated April 15, 2009, issued by the Municipal Engineering Department of San Pablo de Heredia, is annulled. The Municipality of San Pablo de Heredia is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the contentious-administrative judgment" (underlining and boldface from the original). It maintains that the reason for the damage was that, through the official letter cited supra, it was communicated that the development of any urban project in the area was not possible due to the declaration of unconstitutionality of executive decree number 33757-MP-MIVAH-MINAE. It points out that said declaration was issued without prejudice to rights acquired in good faith, as gleaned from an excerpt of Considering II of the constitutional judgment that it transcribes. Subsequently, in its view, it refers to some imprecisions contained in proven facts five, six, and eight. Regarding this objection, this Chamber has repeatedly indicated that it occurs when there is a contradiction between what the parties requested when formulating their claim and what is ultimately resolved by the court responsible for hearing the matter. For these purposes, the considerations made to support the judgment take a back seat, without giving rise to the pathology under discussion. In essence, this can occur when a ruling on a matter submitted for debate is omitted (mínima petita), more is granted than what was requested (ultra petita), the ruling does not correspond to what was requested (extra petita), or else, because it contains contradictory provisions. Based on the foregoing, the alleged defect is not detected. The formulation of the grievance is unclear in its drafting, and furthermore, it does not specify the reasons why the ruling is incongruent. Added to this, it makes no reference to the claims formulated in the enforcement petition that would allow an examination of the operative part of the appealed judgment, for the purpose of verifying any of the modalities of incongruence. On the contrary, it centers the discussion on aspects that have no bearing on the configuration of the challenge raised. Therefore, its outright rejection on the merits is appropriate.
VI.- In presenting the substantive grievance, the appellant forgets that this procedural instance does not correspond to an ordinary appeal (such as an appeal), nor is it sufficient to express a series of general and merely argumentative disagreements, as it is necessary, as has been stated, to contrast what was decided with the general infringement that, in its view, occurred. It alleges the existence of an error in the assessment by the enforcing judge, considering that there is no proven causal link between what was claimed and what was resolved in the constitutional ruling. It argues that the administration, by issuing an act and subsequently issuing another contrary to the first, to the detriment of subjective rights, is disregarding those granted rights, whether by error or for any other reason. It affirms that a causal link does exist since, without land use (uso del suelo), the project cannot continue. Moreover, it is what allows the developer to continue with the design of plans, studies, obtaining of the environmental viability, signing of consultancy contracts, approval before the Colegio de Ingenieros, and with the banking procedures to obtain the social interest declaration. It states that the land use (uso de suelo) has remained valid, and proof of this is that there is a lesivity proceeding. Finally, it emphasizes, "there is too much suitable evidence in the file, which is all the work carried out for more than two years and, separately, the claim," therefore, the assessment of damages and losses is appropriate. As this Chamber observes, the charge raised is not specific in determining what the causal link is between the administrative conduct and the damage caused; indeed, it does not even explain what grievances were suffered as a consequence of that action. Nor does it accuse the pretermission or improper assessment of the evidence that, in its judgment, proves the claimed damages and losses. Likewise, it omits the essential legal basis necessary to examine the objection. That is, it forgets to mention and interweave with the grounds of the appeal and what was resolved by the Tribunal, the substantive norm relevant to the right it claims; therefore, the grievance is informal. Thus, given the evident omission in systematically and specifically combating the grounds of the appealed resolution with other normative reasons, and not with simple and generic differences of opinion, the claim is insufficient to generate a review of the contested ruling before this Court, by virtue of which it is appropriate to reject the charge outright.
THEREFORE
The procedural defect is rejected outright on the merits. The substantive grievance is rejected outright as informal.
Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández Silvia Consuelo Fernández Brenes GCORONADOR
Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA *100013521028CA* Res: 000760-A-S1-2012 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil doce.
Dentro de proceso de ejecución de sentencia establecido por R S.A. contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA, se conoce el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la resolución No. 853-2012 de las 10 horas del 18 de abril de 2012 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
CONSIDERANDO
I.Se califica la casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente por dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y, en segundo lugar, porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino preestablecidas, de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo relativo al primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles del recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta fórmula genérica, el propio Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta opción. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las siguientes: a) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (art. 62.3); b) la que declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del canon 92 del Código de cita, y c) la que resuelve en forma final el “proceso de ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional (art. 183.3 ibidem). Por ende, los autos comunes y las resoluciones que no definan el fondo del asunto o no pongan término al proceso, tienen vedado el paso a la etapa casacional. En lo que atañe a las causales, cabe agregar que opera la dualidad entre las procesales y las sustantivas. Así se plasma en los preceptos 137 y 138 íbid. Para las primeras se efectúa un listado en términos amplios, de gran cobertura, y en los presupuestos que procede, ajustados a las reglas de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la posible infracción de los elementos probatorios (por desapego o contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida valoración), denominada comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado, formando parte de este último grupo, se encuentra la infracción estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación indebida, una incorrecta interpretación o una desaplicación reprochable de la norma, conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación directa”.
II.- Una vez hecha la mención de las resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y sus causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación antiformalista con que irrumpe el CPCA en el ordenamiento jurídico costarricense permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como se ha establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de admisibilidad, sin abandonar el tecnicismo que le es propio ni su naturaleza y esencia, pues al fin y al cabo se mantiene incólume su rol y finalidad dentro del régimen procesal moderno.
III.- Ahora bien, pese a la informalidad que propugna la nueva legislación procesal para formular el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante ley, en tanto imprescindibles para este particular recurso extraordinario, ya que sin ellos no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de interpretarse de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en el artículo 139 del Código de referencia, son los únicos requisitos y formalidades previstos para el recurso de casación, según lo señala el inciso 5) de ese mismo precepto. De esta manera, en el apartado 1) de la norma recién citada, se establece que el recurso en mención deberá presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Se modifica, en forma leve para el contencioso administrativo, el sistema hasta ahora vigente en la legislación procesal civil, dado que ahora la Sala no solo se pronuncia sobre la admisibilidad; de conformidad con el canon 142.1 del Código de la materia, lo pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días (notificándole por el medio que haya establecido, de acuerdo con la comunicación que le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se busca con esto la estandarización del régimen recursivo que presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se presentan directamente ante el superior encargado de conocerlos. En otro orden de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece el plazo para su interposición: 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello. Superado el tiempo y lugar de presentación se enumeran, en el apartado 2), una serie de requisitos de “información” e “identificación” del recurrente y del proceso que, por su naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser subsanados en el plazo de tres días, a tenor de lo dispuesto en el numeral 141 del mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b) el nombre completo de las partes; c) la firma del recurrente o recurrentes autenticada por abogado; d) hora y fecha de la resolución recurrida; e) número de expediente en el cual fue dictada y f) medio para recibir notificaciones. Con ello se completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto, se dispondrá el rechazo de plano y, por ende, el archivo del asunto, pero en ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido judicialmente.
IV.- A los anteriores requisitos se añade un último requerimiento material (artículo 139.3 ibídem), en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior valoración del recurso por el fondo. Se trata de la motivación del recurso, que por las características de la casación ha de ser clara y precisa. En este sentido debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados o por indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas) o con los las circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales; y jurídica, cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada. Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas) atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [...] deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n.° 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia o la que realiza resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c), ambos del mismo Código de referencia.
V.- La parte recurrente plantea vicios procesales y sustantivos. De previo a entrar al conocimiento del primero, debe destacarse que la nueva legislación procesal contenciosa prevé en su numeral 140, la posibilidad de rechazar de plano el recurso de casación cuando: “a) Del escrito quede claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de casación, b) Se haya presentado extemporáneamente, c) Carezca de total fundamentación jurídica o, teniéndola, la Sala o el Tribunal de Casación deduzcan con claridad, la improcedencia del recurso, ya sea por razones procesales o de fondo”. En este último supuesto, el legislador propuso una alternativa que en materia contencioso administrativa resulta innovadora y expedita, de modo que, en aras de resolver en forma pronta y cumplida los procesos judiciales, permite a quienes conocen este recurso extraordinario, determinar desde el inicio, si en realidad el planteamiento es a todas luces improcedente, pese al cumplimiento de cuestiones estrictamente formales, tales como la presentación dentro del plazo y el respeto de la técnica misma de la casación conforme al canon 139 del Código de cita. Lo anterior en virtud de que, a nada conduce postergar la resolución de un recurso de esta naturaleza, si de su contenido se deduce con absoluta claridad que el reproche planteado será desestimado. En la lite, la casacionista alega un vicio de incongruencia del fallo recurrido. En primer lugar, indica que el primer hecho probado no es correcto, pues lo que debe leerse es: “Se declara con lugar el recurso y en consecuencia, se anula el oficio CRVV-05-2009 del 15 de abril del 2009, emitido por el Departamento de Ingeniería Municipal de San Pablo de Heredia. Se condena a la Municipalidad de San Pablo de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo” (el subrayado y la negrita son del original). Sostiene, el motivo del daño fue que mediante el oficio citado supra, se le comunicó que no era posible el desarrollo de ningún proyecto urbano en la zona debido a la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo número 33757-MP-MIVAH-MINAE. Señala, dicha declaratoria fue dictada sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe, según lo desprende de un extracto del considerando II de la sentencia constitucional que transcribe. Posteriormente, según su criterio, se refiere a algunas imprecisiones contenidas en los hechos probados quinto, sexto y octavo. En lo tocante a este reparo, en forma reiterada, esta Sala ha indicado que se produce cuando existe una contradicción entre lo solicitado por las partes al momento de formular su pretensión y lo que en definitiva es resuelto por el órgano jurisdiccional encargado de conocer el asunto. Para sus efectos, las consideraciones realizadas para fundamentar la sentencia pasan a un segundo plano, sin que den lugar a la patología que se comenta. En esencia, ésta se puede presentar cuando se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate (mínima petita), se otorga más de lo rogado (ultra petita), lo resuelto no guarda correspondencia con lo peticionado (extra petita), o bien, por contener disposiciones contradictorias. A partir de lo anterior, no se detecta el vicio alegado. El planteamiento del agravio resulta poco claro en su redacción, y además, no concreta las razones por las cuales el fallo es incongruente. Aunado a ello, no hace ninguna referencia a las pretensiones formuladas en la demanda de ejecución que permita un exámen de la parte dispositiva de la sentencia recurrida, a efectos de constatar alguna de las modalidades de la incongruencia. Por el contrario, centra la discusión en aspectos que no tienen incidencia en la configuración del reproche planteado. Por ende, procede su rechazo de plano por el fondo.
VI.- En la exposición del agravio sustantivo la parte recurrente olvida que esta instancia procesal no corresponde a un recurso ordinario (como es la apelación), ni resulta suficiente manifestar una serie de disconformidades generales y meramente argumentativas, en tanto es menester, según se ha dicho, el contraste de lo decidido con la infracción general que, en su criterio, tuvo lugar. Alega la existencia de un yerro en la apreciación de la jueza ejecutora por considerar que no existe un nexo de causalidad comprobado entre lo pretendido y lo resuelto en el fallo constitucional. Aduce, la administración, al emitir un acto y con posterioridad emitir otro contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo esos derechos concedidos sea por error o por cualquier otro motivo. Afirma, sí existe un nexo causal ya que sin el uso del suelo no se puede continuar con el proyecto. Además, es el que permite que el desarrollador continúe con el diseño de planos, estudios, obtención de la viabilidad ambiental, firma de contratos de consultoría, aprobación ante el Colegio de Ingenieros y con los trámites bancarios para obtener la declaratoria de interés social. Manifiesta, el uso de suelo ha permanecido vigente y prueba de ello es que existe un proceso de lesividad. Finalmente, recalca, “existen demasiadas pruebas idóneas en el expediente que es todo el trabajo realizado por más de dos años y a parte la demanda”, por lo que procede la fijación de daños y perjuicios. Según observa esta Sala, el cargo planteado no es concreto al determinar cuál es el nexo causal existente entre la conducta administrativa y el daño causado, incluso, ni siquiera explica cuáles son los agravios padecidos como consecuencia de ese actuar. Tampoco acusa la preterición o indebida valoración de las probanzas que a su juicio acreditan los daños y perjuicios reclamados. De igual forma, omite la fundamentación jurídica impostergable para entrar en conocimiento del reparo. Es decir, olvida mencionar y entrelazar con los motivos del recurso y lo resuelto por el Tribunal, la norma de fondo atinente al derecho que pretende, por ello, el agravio resulta informal. De esta forma, ante la evidente omisión en combatir de manera sistemática y específica los fundamentos de la resolución recurrida, con otras razones normativas, y no con simples y genéricas discrepancias de criterio, el reclamo resulta insuficiente para generar la revisión del fallo controvertido ante esta Sede, en virtud de lo cual procede rechazar de plano el cargo.
POR TANTO
Se rechaza de plano por el fondo el vicio procesal. Se rechaza de plano por informal el agravio sustantivo.
Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández Silvia Consuelo Fernández Brenes GCORONADOR
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