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Res. 01355-2011 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 25/10/2011
OutcomeResultado
The First Chamber admitted in full the State's appeal and partially those of Industrias Infinito, SINAC and Asocrucitas, summarily rejecting as informal several grievances for lack of legal reasoning; it also admitted and denied on the merits the ILDHPSSA counts, and rejected all appeals by third-party officials for lack of standing since no direct sanction was imposed on them.La Sala Primera admitió íntegramente el recurso del Estado y parcialmente los de Industrias Infinito, SINAC y Asocrucitas, rechazando de plano por informales varios agravios por falta de fundamentación; también admitió y denegó por el fondo los cargos del ILDHPSSA, y rechazó todos los recursos de los terceros funcionarios por falta de legitimación, al no imponérseles sanción directa.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court examines the admissibility of multiple cassation appeals filed against the Administrative Court ruling that annulled acts related to the Crucitas Mining Project. The Chamber summarily rejects several grievances for lacking legal or factual grounds, and others for lack of standing. As for Industrias Infinito's appeal, it deems informal the counts that merely express disagreement with the proven facts without indicating the substantive norms violated. SINAC's challenges are also inadmissible for failing to specify misvalued evidence or breached substantive provisions. The Solidarity Association of Infinito Employees criticizes without linking to violated norms. The Latin American Institute of Human Rights challenges its exclusion as passive intervenor, but the Chamber dismisses for lack of indirect interest. Third parties who were officials or employees of the mining company appeal the order to notify MINAET and the Public Prosecutor; the Chamber rejects because no sanction or direct judgment was imposed on them. Finally, the State's appeal is admitted in full, and those of Industrias Infinito, SINAC, and the Solidarity Association are partially admitted, ordering notice to the parties.La Sala Primera de la Corte Suprema examina los requisitos de admisibilidad de múltiples recursos de casación presentados contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló actos relacionados con el Proyecto Minero Crucitas. La Sala rechaza de plano varios agravios por carecer de fundamentación jurídica o fáctica, y otros por falta de legitimación. Respecto al recurso de Industrias Infinito, declara informales los cargos que solo expresan desacuerdo con los hechos probados sin señalar normas sustantivas violadas. El SINAC también presenta reproches inadmisibles al no precisar elementos probatorios mal valorados ni normas de fondo transgredidas. La Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito formula críticas sin vincularlas a normas infringidas. El Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos impugna su exclusión como coadyuvante pasivo, pero la Sala desestima por falta de interés indirecto. Los terceros que fueron funcionarios o empleados de la minera recurren la orden de comunicar la sentencia al MINAET y al Ministerio Público; la Sala rechaza por no existir sanción o condena directa contra ellos. Finalmente, se admite íntegramente el recurso del Estado y parcialmente los de Industrias Infinito, SINAC y la Asociación Solidarista, ordenando el traslado a las partes.
Key excerptExtracto clave
In summary, pursuant to articles 134, 139 and 140(c) of the CPCA, the appeal filed by the State is admitted in its entirety, and those of Industrias Infinito S.A., the National System of Conservation Areas and the Solidarity Association of Employees of Industrias Infinito are partially admitted, with the exception of the first and fourth substantive counts brought by the company, those called "5. Cassation appeal for violation of substantive norms, for having proven facts contrary to the evidence in the case file, Article 138(b) of the CPCA" and "6. Objections regarding the awards for ecological and environmental damage" raised by the third party, and the grievance entitled "SECOND GROUND: Benefits to the Country, surrounding communities and workers / Principle of Legal Certainty" of the latter, which are rejected outright as informal. Likewise, the counts "Cassation for violation of procedural norms […] Two" of the Latin American Institute of Human Rights and Social Peace S.A. and all procedural grievances raised in the appeals of Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li and Arnoldo Rudín Arias are admitted and denied outright on the merits; the remaining challenges are rejected outright for lack of standing.En síntesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134, 139 y 140 inciso c) del CPCA, se admitirá el recurso planteado por el Estado en su totalidad, así como parcialmente los de Industrias Infinito S.A., el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito, con la salvedad de los cargos sustantivos primero y cuarto formulados por la sociedad, los denominados “5. Recurso de casación por violación de normas sustantivas, por haberse tenido por demostrados hechos en contradicción con la prueba que consta en el proceso, Artículo 138 inciso b) del CPCA” y “6. Reproches respecto de las condenatorias de reparación del daño ecológico y ambiental” esgrimidos por el tercero, y el agravio titulado “SEGUNDO MOTIVO: Beneficios al País a las comunidades aledañas y a los trabajadores. / Principio de Seguridad Jurídica” de la última, los que se rechazarán de plano por informales. Asimismo, se admitirán y se denegaran de plano por el fondo los cargos “Casación por violación a normas procesales […] Dos” del Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y Paz Social S.A. y todos los agravios procesales planteados en los recursos de Sonia Espinoza Valverde y Eduardo Murillo Marchena, Francisco Castro Muñoz y Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias, los demás reproches se rechazarán de plano por falta de legitimación.
Pull quotesCitas destacadas
"De esta manera, la fundamentación dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca."
"Thus, the reasoning required by law can be broadly understood as that technical-juridical argumentation in which a series of articles or legal rules intertwined and reasonably connected in a double perspective are mentioned: with the arguments of the appeal and with the ruling being challenged."
Considerando IV
"De esta manera, la fundamentación dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca."
Considerando IV
"Esta Sala ha manifestado que, por regla general, únicamente las partes o los coadyuvantes pueden formular recurso de casación; sin embargo, se ha reconocido también legitimación procesal especial cuando la parte dispositiva del fallo tiene efectos sobre la esfera jurídica de un tercero."
"This Chamber has held that, as a general rule, only the parties or intervenors may file a cassation appeal; however, special procedural standing has also been recognized when the operative part of the ruling has effects on the juridical sphere of a third party."
Considerando XI
"Esta Sala ha manifestado que, por regla general, únicamente las partes o los coadyuvantes pueden formular recurso de casación; sin embargo, se ha reconocido también legitimación procesal especial cuando la parte dispositiva del fallo tiene efectos sobre la esfera jurídica de un tercero."
Considerando XI
"Lo ordenado por los juzgadores, tanto para la Administración cuanto para el Ministerio Público, es que se inicien los procedimientos respectivos a efecto de valorar si existe causa para proseguir con la investigación que, eventualmente, desembocaría en una sanción administrativa y penal. Es decir, en ningún momento se les impuso sanción o condena alguna."
"What was ordered by the judges, both for the Administration and for the Public Prosecutor, was to initiate the respective procedures in order to assess whether there is reason to continue with the investigation that could eventually lead to an administrative and criminal sanction. In other words, at no time was any sanction or conviction imposed on them."
Considerando XII
"Lo ordenado por los juzgadores, tanto para la Administración cuanto para el Ministerio Público, es que se inicien los procedimientos respectivos a efecto de valorar si existe causa para proseguir con la investigación que, eventualmente, desembocaría en una sanción administrativa y penal. Es decir, en ningún momento se les impuso sanción o condena alguna."
Considerando XII
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**SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at twelve hours twenty minutes on the twenty-fifth of October two thousand eleven.
In the consolidated plenary proceedings, filed by ASOCIACIÓN PRESERVACIONISTA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE and JORGE ARTURO LOBO SEGURA against the STATE, INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA and SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN; with the active joinder of ASOCIACIÓN NORTE POR LA VIDA and the passive joinder of ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA, the legal representatives of Industrias Infinito Sociedad Anónima, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the State, the Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito Sociedad Anónima; as well as the Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y la Paz Social Sociedad Anónima, Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li and Arnoldo Rudín Arias, file cassation appeals against judgment number 4399-2010, issued by the Tribunal Procesal Contencioso Administrativo at 10 hours 40 minutes on December 14, 2010.
Drafted by Judge Escoto Fernández **CONSIDERANDO**
I.Cassation is qualified as an instance of an extraordinary nature, basically for two reasons. Firstly, because not every judicial resolution is susceptible to such an appeal, but only those contemplated in the law. And, secondly, because the grounds for challenge at that review stage are not open, but pre-established, likewise, by the legal system. Regarding the first aspect, it should be noted, as a general rule, that judgments and orders having the character of a judgment capable of producing material res judicata are susceptible to the cassation appeal. Likewise, those final and substantive pronouncements issued in the executions of judgments from final and preceding rulings rendered in plenary proceedings are also susceptible. Against this generic formula, the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) itself specifies some particular resolutions to which this option is granted. By way of example, the following are found within this possibility: a) the one declaring the inadmissibility of the claim (Art. 62.3); b) the one upholding the preliminary defenses indicated in subsection 6) of canon 92 of the cited Code, and c) the one definitively resolving the "execution proceeding" of a judgment in habeas corpus and amparos of the Sala Constitucional (Art. 183.3 ibidem). Therefore, ordinary orders and resolutions that do not define the merits of the matter or do not terminate the proceeding are barred from the cassation stage. As regards the grounds, it should be added that a duality operates between procedural and substantive grounds. This is reflected in precepts 137 and 138 íbid. For the former, a list is made in broad terms, of great coverage, and in the applicable presuppositions, adjusted to the rules of oral proceedings. Regarding substantive grounds, the possible infringement of evidentiary elements (due to detachment from or contradiction with them, or else, preterition or improper valuation) is foreseen, commonly called "indirect violation." On the other hand, forming part of this last group, there is the strictly normative infringement, which occurs in the event of an improper application, an incorrect interpretation, or a reprehensible non-application of the norm, known in the Costa Rican legal tradition as "direct violation."
II.- Once the resolutions against which a cassation appeal may be filed and its grounds have been mentioned, it becomes essential to focus on the necessary requirements for its admissibility. In this sense, it is well to remember that the anti-formalist vocation with which the CPCA bursts into the Costa Rican legal system permeates each and every one of its own institutes. In this way, the cassation appeal is also freed from excessive admissibility requirements, so that the cassation body (as the apex of the system) can, most of the time, enter into the analysis of the alleged breaches, whether procedural or substantive, in fulfillment of the essential purpose of this jurisdictional instance and of those who resort to it. Thus, a less rigorous cassation has been established regarding admissibility aspects, without abandoning the technicality that is proper to it nor its nature and essence, since ultimately its role and purpose within the modern procedural regime remain unscathed.
III.- Now, despite the informality advocated by the new procedural legislation for formulating the cassation appeal, a series of minimum and essential requirements relating to time, place, and form are articulated, as is logical. They are created by law, as indispensable for this particular extraordinary appeal, since without them there would be no order or procedural balance; however, they must be interpreted flexibly and reasonably, for it is necessary to remember that those indicated in article 139 of the Code of reference are the only requirements and formalities foreseen for the cassation appeal, as indicated in subsection 5) of that same precept. Thus, in subsection 1) of the recently cited norm, it is established that the aforementioned appeal must be filed directly before the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. The system hitherto in force in civil procedural legislation is slightly modified for the contentious-administrative jurisdiction, given that now the Chamber not only rules on admissibility; in accordance with canon 142.1 of the Code on the matter, it notifies the opposing party within a period of 10 days (notifying them by the means they have established, according to the communication previously sent by the jurisdictional body of instance). This seeks the standardization of the appellate regime presented by the Code, given that as a rule, whether ordinary or extraordinary, appeals are filed directly before the superior court responsible for hearing them. In another vein, the same normative section establishes the time limit for its filing: 15 business days counted from the business day following the notification of all parties. If an addition or clarification has been filed, the indicated period shall begin to run from the business day following the notification to all parties of what was resolved regarding it. Once the time and place of filing are covered, a series of "information" and "identification" requirements for the appellant and the proceeding are listed in subsection 2) which, by their nature ("data," "procedural information"), can be corrected within three days, pursuant to numeral 141 of the same normative body. Thus, the following must be indicated: a) the type of proceeding; b) the full name of the parties; c) the signature of the appellant or appellants authenticated by a lawyer; d) time and date of the appealed resolution; e) case file number in which it was issued; and f) means for receiving notifications. This completes the simple list of instrumental or adjective requirements of the appeal. Only in the event of non-compliance with the prevention ordered for that purpose, shall outright rejection and, consequently, the archiving of the matter be ordered, but in that case, not only for the omission itself, but for the disregard of what was judicially ordered.
IV.- A final material requirement is added to the previous ones (article 139.3 ibidem), as necessary for the admissibility and subsequent evaluation of the appeal on its merits. This is the statement of grounds for the appeal, which, due to the characteristics of cassation, must be clear and precise. In this sense, it must contain, as the precept under comment provides, the factual and legal basis of the case. Factual, insofar as it shows disagreement with the facts that have been held as proven or as unproven (which leads to the weighing of the evidence) or with the circumstances occurring in the violation of procedural norms; and legal, when it concerns a problem raised about the application, omission, or improper interpretation of any norm integrating the body of law, including, of course, principles of constitutional rank or one that also operates by reflected or indirect effect, after the facts of the appealed judgment are modified. In both procedural infringement and evidentiary infringement, the factual reasons may concur together with the legal reasons (always necessary), and in that sense, the referenced grounds must be directed along both lines, under penalty of inadmissibility. For its part, it is necessary to clarify that from the legal basis, the indication of those canons relating to the value of the poorly appreciated evidentiary element or elements is exempted by express legal mandate. Likewise, it is unnecessary to cite the norms that the jurisdictional body of instance erroneously used and mentioned to issue and reason its decision; because they are recorded in the appealed pronouncement itself. And of course, it is not essential to cite the precepts establishing the requirements, deadlines, and basic rules for the admission of the appeal. Rather than citing the latter, what is essential is that they be complied with, that they be put into practice when drafting and filing the cassation. Thus, the statement of grounds provided by law can be understood, grosso modo, as that technical-legal argumentation in which a series of articles or legal rules are mentioned, intertwined or concatenated with each other and reasonably linked in a double perspective: with the arguments of the appeal and with the judgment being attacked. To the extent that a set of legal norms (or if applicable, a single one of them) is cited that is pertinent and linked in a clear manner with the contested judgment (either in its factual or legal support) and the arguments of the appeal, there is legal grounds. Jurisprudential additions or eventual doctrinal citations will, on occasion, reinforce the allegations made but, generally, do not make up their essence. As this Chamber has already stated, interpreting the referenced article 139, "it is required that the appeal have a minimum legal basis [...] the reasons on which it bases its action must be explained, combating the legal arguments of the appealed judgment and recording, at least, some normative reference that gives it support" (Resolution No. 318-A-2008, of 14 hours 25 minutes on May 8, 2008). The statement of grounds is, therefore, alien to the confused display of norms and allegations; to the mixture of unintelligible arguments or the simple exposition of opinions on the appropriateness or justice of the case; or, to the recounting of the errors considered to have been committed in the appealed judgment without backing in norms or legal criteria. Hence, if the appeal completely omits that technical-normative relationship to which reference has been made, or the one it carries out is manifestly and evidently impertinent or disconnected from the case, it must be understood that it lacks "total legal grounds," and therefore, fails to comply with the necessary requirement established in numeral 139.3, which is sanctioned with outright rejection, pursuant to article 140 subsection c), both of the same Code of reference.
V.- In the matter under analysis, the co-defendants Industrias Infinito Sociedad Anónima (IISA), the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) and the State, the passive coadjuvant Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito Sociedad Anónima (Asocrucitas), as well as the third parties Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y la Paz Social S.A., Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li and Arnoldo Rudín Arias, file cassation appeals.
VI.- The challenges brought by IISA, Sinac and Asocrucitas, in the grievances to be discussed, express a series of general and merely argumentative disagreements, in which the contrast between what was decided and the infringements that, in their view, took place, is omitted, for which reason these counts are not admissible.
VII.- Regarding IISA, in the first grievance for breach of substantive norms, it reproaches improper valuation of the evidence, a consequence of arbitrariness, disregard for logic and experience, and the absence of a comprehensive analysis. It alleges the violation of norms 82, 83 and 84 of the CPCA, in concordance with canons 318, 330, 351, 352, 354, 358, 401, 404 and 407 of the Código Procesal Civil (CPC). Regarding the modifications to the Proyecto Minero Crucitas (Project), it points out that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) determined that they generate positive results and new prevention measures. However, it comments, the Court held, based on testimonial evidence, that said body did not request a new Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) or another environmental assessment instrument, nor did the defendant company provide them; and that a new public hearing was not held to analyze the impacts of the modifications (proven fact No. 23). It relates that they considered that, in accordance with logic and rationality, the proposed changes were substantial modifications. In contrast, it says, witness Sonia Espinoza specified that a series of technical studies had been submitted, not an EsIA, as it was not a matter of changing the activity or extending it to another area; on the contrary, the exploitation area was decreased and the remaining one was deepened. Along the same lines, it adds, the Sala Constitucional ruled in vote 6922-2010. By proceeding in this way, it asserts, the Court only gave credibility to the prosecution witnesses, who had no knowledge of the facts and made mere inferences without any certain basis. It adds doctrine on the nature of the witness-expert. It continues, the judgment omitted to evaluate the elements of judgment as a whole. It cites Resolution No. 840 of this Chamber. It adds, based on one witness-expert, it was held as proven that the executed clearcutting (tala rasa) caused environmental damage; however, it comments, that deponent did not affirm what the Court understood and, in any case, the documentary evidence, as well as the statements of the witness-officials, demonstrate the opposite. Ms. Arrendondo, it says, related that during the felling, ahead of the crew with saws, there was another crew of biologists who verified whether there were species to relocate, which was done with a sloth, snakes, and the epiphytes from the trees. In this way, it notes, it is clear that the execution of the felling respected the rules of science and experience so as not to cause any damage, protecting and rescuing the flora and fauna of the impacted area. On the other hand, it contests, the list of proven facts included that the municipal public road, part of route 2-10-14, will disappear permanently once the tailings pond is built, thereby determining the existence of that public road, conjecturing that IISA failed to inform the administrative agencies about it, and holding that the annulled resolutions did not mention it. Nevertheless, it narrates, witness Sandra Arredondo stated that in the EsIA of 2002, approved in 2005, it was established, within the impacts, the need to locate the pond over the public road and, as a compensatory measure, it was proposed to enable another existing public road, as a result of which, IISA signed an agreement with the Municipalidad de San Carlos "[…] where logistical support was provided for the bidding of the existing road, all types of design, and the supervision of the work […]". It continues, furthermore, for the occupation of the municipal land, the easement (servidumbre) procedure was initiated, which is recorded in fact 52 of the appealed judgment itself. It maintains, the Court also determined that in the project area there is a confined lower aquifer, whose extension, recharge zones, and possible transboundary nature were not contemplated in the studies submitted by IISA, who in turn, in the project proposed in 2000, foresaw intercepting it and using its waters. All of which, it affirms, is contrary to what was stated by witness Hugo Rodríguez Estrada, who was offered to clarify the impacts that were evaluated on the upper and lower aquifers, their water quantity and quality. It disagrees with the judgment insofar as it established that Setena omitted to request a new EsIA, and did not perform a technical examination of the proposed changes and their foreseen impacts in the documents and studies submitted by IISA. In the judgment itself, it argues, it is stated that had Setena performed the exhaustive analysis of the studies submitted by IISA, the expert testimonial evidence would aim to demonstrate, but not substitute, the technical and scientific correctness of the results of those examinations. However, it indicates, Ms. Sonia Espinoza explained, by means of matrices, the environmental assessment procedure, pointed out that every project has positive and negative impacts, and specified that in the evaluation there is always a margin of subjectivity, which is reduced when multidisciplinary teams are formed. Likewise, it points out, witness Eduardo Murillo stated that he was part of the multidisciplinary team that evaluated the modifications and carried out an inspection. It affirms, the Court mentions that there are contradictory technical and scientific criteria, some experts rule out the risks of the tailings pond, others consider there are aspects requiring further studies, hence the modifications could not be approved. That doubt, it continues, should have been elucidated with expert evidence. Despite this, it observes, the Court assessed that although Mr. Orlando Bravo was clear in the sense that the studies provided guaranteed the adequate management of cyanide, this testimony, like that of Adrián Salazar, could not substitute Setena's analysis. Despite its length, the grievance under review is informal. Note that what is stated is a disagreement with the factual framework of the judgment, for which the appellant identifies the statements of Ms. Sonia Espinoza and Ms. Sandra Arredondo, and of Messrs. Hugo Rodríguez Estrada, Eduardo Murillo Murillo, Orlando Bravo and Adrián Salazar as having been erroneously valued or appreciated, and even mentions that the judges, faced with the opposing criteria of the different deponents, should have additionally requested expert evidence. Now, although the appellant specifies the evidence in which, in its opinion, an error occurred in the analysis carried out by the Court, it omits reference to the substantive norms that in its view were breached, the manner in which they would have been violated, and the way in which their violation occurs. To that extent, by failing to comply with the legal grounds required by the CPCA for this extraordinary appeal, the outlined reproach is inadmissible.
VIII.- Likewise, in the fourth ground of disagreement, said company invokes violation of the principles of reasonableness, proportionality, and legal certainty. It explains what they consist of, reproduces (without identifying it) an opinion of the Sala Constitucional on the last principle, and maintains that it is under that prism that this matter should have been judged. Under the themes "4.1. Environmental Protection and Harmonization of Interests," "4.2. Purpose of Mining Resources and General Welfare," "4.3. Forest Exploitation and use of natural resources," "4.4. Public Oversight: control and monitoring," it dedicates itself to reproducing norms of different rank and origin and to referring, in a generic manner, to the use of natural resources, among them mineral resources, the role of the State in environmental matters, the environmental impacts of human activities and their assessment, forests, and the competencies of the various bodies related to these matters. Furthermore, in what it calls "4.5 Reckless Lawsuits, Inquisitorial Debate and Arbitrary Judgment," it makes a kind of succinct summary of the appeal. It is noted that in this ground, Industrias Infinito also fails to observe the requirement of factual and legal grounds demanded by the procedural regulations. Although it specifies the postulates of constitutional lineage that it considers violated, it sets forth their scope in a very general manner and limits itself to expressing that from that perspective, taking them as a starting point, the Court should have analyzed and examined the administrative conducts that are the object of this process. However, at no time does it provide the reasons why it considers that the appealed judgment violated them, as it does not specify which arguments in the judgment infringe them; that is, it only mentioned their breach but did not explain how it happened, which leads to the grievance being informal. Likewise, despite the fact that in sections 4.1 to 4.4 it enunciates various norms and dedicates itself to partially transcribing some rulings of the Sala Constitucional, the necessary link with the final resolution adopted by the Court in this specific case is missing. Put another way, the reasons for opposing the judgment are not set forth. Finally, this Chamber considers that point 4.5 consists of the exposition of a kind of review of the other grievances contemplated in the appeal without specifying any infringed norm and its relationship with the Project. In this section, it is only affirmed that the actions of the administrative bodies have normative and factual support, but that it has been by virtue of the procedural irregularities and the partiality of the Court (which it does not specify in that reproach) that the decision departs from justice and reason. Thus, it is not specified which norms have been disregarded or improperly interpreted in relation to this case, nor which discharged evidence has been erroneously appreciated; so that this Chamber is not in a position to qualify or delineate a defect or ground for cassation. In this way, by not providing any additional element to the counts it summarizes (and which will indeed be admitted), it cannot be considered an autonomous reproach. In sum, it is informal and must be rejected like the previous one.
IX.-. For its part, the legal representative of Sinac, in the claim he calls "5. Cassation Appeal for violation of substantive norms, because facts were held as proven in contradiction with the evidence on file. Article 138 subsection b) of the CPCA," affirms that "substantive norms" were violated by holding facts 28, 29, 31, 32 and 57 as proven. Likewise, in the ground of disagreement called "6. Reproaches regarding the condemnations for repair of ecological and environmental damage," he recriminates that his client was condemned to pay damages, because act 244-2008-SCH conformed to law, since it was issued within the competencies of Sinac with the proper requirements and based on Decreto n.° 34801-MINAET, which was in force. In both censures, the appellant, after stating that he opposes the circumstances that the judgment understood as proven, fails to specify which elements of conviction, in his opinion, were not correctly appreciated by the judges, nor does he express the substantive norms he considers transgressed, nor what the error consisted of; but rather he limits himself to contesting what was resolved in a general way, voicing his simple disagreement. Therefore, both recriminations are inadmissible.
X.- The representative of Asocrucitas, in the count for breach of substantive norms called "SECOND GROUND: Benefits to the Country, to the surrounding communities and to the workers. / Principle of Legal Certainty," asserts that the appealed judgment is a disastrous precedent for national development, since everything being in accordance with the Law, the exploitation was halted, despite the fact that an expectation had been generated in the surrounding communities about the reduction of the socio-economic gap in the area, caused by the lack of opportunities in health, work, and study; which "leaves our legal system in doubt [sic] before possible [sic] foreign capital investments in our country". Following that, it lists the contributions that IISA has given to the community (donations, roads, bridges, training, and electrification); and lists the effects and damages that have been generated by the stoppage of the project. It partially reproduces the testimony of Sonia Espinoza, regarding her referring to the benefits that the company has produced and would generate in the future, as well as the factors that represent a problem in the region (lack of stable employment, lack of service infrastructure and isolation). Likewise, it transcribes the conclusions of Sonia Cervantes' study on the social situation of the region where the Proyecto Minero would be carried out. It adds, the public hearing was scheduled by Setena and the company dedicated itself to an exhaustive process of dissemination to civil society (it cites the activities it carried out for this purpose). It details that 1,239 people attended, lists some participants and the time of their intervention, cites the folios of the administrative file where that data and others from which he extracts are recorded: a) there is a generalized knowledge of IISA's presence in the area, which is perceived positively by the local population; and b) activities were carried out to explain what hard rock exploitation consists of, through meetings in places of greater affluence. This ground of disagreement is also informal. The appellant makes a recount of the benefits and positive consequences that, he says, the Project had and would have in the area, and the evidence from which he deduces them; likewise, he presents a detail of the public hearing held; after all of which, a relationship between the analysis of the specific case and the substantive norm that would have been violated is observed to be absent. In this way, this Chamber is prevented from qualifying or framing what was stated within the cassation assumptions foreseen by precept 138 of the Code on the matter. Nor can this Chamber hear it as a procedural defect, since not even a single argument in that sense is adduced, even indirectly. Consequently, by not conforming to the contemplated hypotheses of nullity, the count must be rejected.
XI.- On the other hand, the representative of the Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y la Paz Social Sociedad Anónima (ILDHPSSA) appeals in cassation. In a confused manner and intermingled with other claims, it alleges violation of the right of defense and due process, on the grounds that the Court annulled what was resolved by the procedural judge at the preliminary hearing at 9 hours 58 minutes on August 11, 2010, regarding this company's intervention as a passive coadjuvant, as it considered that it had no interest in participating in this process. Essentially, the appellant argues that, pursuant to precepts 13 and 90 of the CPCA, its joinder was accepted and the period to appeal that decision expired. According to canon 99 ibíd, it argues, the Court could only "review" its presence at the hearing and analyze the pertinence of the joinder filed on that occasion by Asocrucitas, but not that of its client. It adds, the reasoning used is illogical and contrary to article 13 ejúsdem, as well as to the "[…] universal principle that in law what is not [sic] prohibited is [sic] permitted […]"; because, it alleges, there is no law prohibiting a corporation from defending human and ecological rights. Rather, it affirms, mandates 11, 12, 33, 50 and 129 ibidem legitimize its client to be a "party" in a process such as the one sub júdice. Firstly, it is observed that ILDHPSSA complains as a defect that the Court decided to annul its admission as a passive coadjuvant. To that extent, what it reproaches is an action that harms it as a third party that precisely sought to coadjuvate in the process, because of an alleged indirect interest. This Chamber has stated that, as a general rule, only the parties or coadjuvants can file a cassation appeal; however, special procedural standing has also been recognized when the operative part of the judgment has effects on the legal sphere of a third party (judgment 633-F-SI-2011 of 8 hours 30 minutes on June 1, 2011). Likewise, this possibility of appealing extends to hypotheses in which, like this one, the third party claims not a direct impact on its legal sphere due to what was ordered in the judgment, but an irregular procedural action that harms it, and that ultimately has an incidence on the ruling, as it leads to a detriment to the parties. In the sub lite matter, the mentioned company denounces that it has been excluded from the process. Under that understanding, it would have standing to appeal.
Regarding the merits, this Chamber notes that the ILDHPSSA, in its various actions, was not clear about the capacity on which it based its conduct; that is to say, it did not manage to specify in a conclusive manner its indirect interest. On one hand, it expressed defending human rights, the law, the truth, the right to work and to a dignified life of Costa Ricans; and on the other, the representation of 1,100 "indirect workers" of the Project. As for this last aspect, it should be noted that the identity of those individuals, supposedly grouped in a "civic committee," which would have granted a special judicial power of attorney to attorney José Eduardo Vargas Rivera (folio 2131), is unknown in the case file, despite the absence of legal existence as a legal entity of that "committee." It is worth noting that this professional is in turn the representative of the ILDHPSSA, and it has been in this latter capacity that he has acted in the proceeding, and not as attorney-in-fact of the supposed "committee" or of the apparent "indirect workers." For its part, the company does not possess any power of attorney that enables it to act on behalf of any worker (who, in any case, it is repeated, is not identified). Neither can this company arrogate to itself the defense of the human right to work and a dignified life, whose ownership corresponds to natural persons, nor could it assume the legal representation of supposedly working individuals (which, besides being impertinent, does not coincide with the power of attorney in the record), nor does it hold by mandate their representation or that of a legal entity that groups them (which, needless to say, was not accredited in the case file). The foregoing speaks to the company's lack of an indirect interest regarding the substantive legal relationship discussed in this proceeding. In this manner, this Chamber agrees with what was resolved by the Tribunal, and therefore the claim must be denied on the merits. As this was the grievance on which precisely its action in this cassation phase depended, the remaining ones shall be rejected outright for lack of standing.
XII.- Finally, Mr. Sonia Espinoza Valverde, Mr. Eduardo Murillo Marchena, Mr. José Francisco Castro Muñoz, Ms. Cynthia Cavallini Chinchilla, Ms. Sandra Arredondo Li, and Mr. Arnoldo Rudín Arias file cassation appeals. Under different defects, all raise as their first claim the order issued by the Tribunal to communicate the judgment to the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (Minaet), so that it would initiate the corresponding administrative procedures against Murillo Marchena, Castro Muñoz, and Cavallini Chinchilla; as well as to the Public Prosecutor's Office to determine whether it is appropriate to pursue a criminal case against all of them. As set forth in the preceding recital, third parties have procedural standing to appeal when the operative part of the ruling has effects on their legal sphere. In this case, it is determined that what was resolved by the Tribunal regarding the indicated appellants does not have that characteristic. What was ordered by the judges, both for the Administration and for the Public Prosecutor's Office, is that the respective procedures be initiated in order to assess whether there is cause to continue with the investigation that, eventually, could lead to an administrative and criminal sanction. That is to say, at no time was any sanction or conviction imposed on them. In this regard, one may consult, mutatis mutandis, judgment of this Chamber No. 1217-F-S1-2010 of 1:55 p.m. on July 12, 2010. In this way, the claims for "lack of competence" and "violation of due process guarantees" in the appeals of Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, and Cynthia Cavallini Chinchilla are rejected outright on the merits, as well as all the procedural recriminations titled "lack of service of process," "lack of defense," "judgment lacking clarity and precision," "lack of reasoning," "absolute nullity," and "res judicata" of Sandra Arredondo Li and Arnoldo Rudín Arias. Regarding the remaining grounds they allege, since the previous argument is denied, they lack the necessary standing for this Chamber to consider them, for which reason they shall also be rejected.
XIII.- In summary, in accordance with the provisions of Articles 134, 139, and 140 subsection c) of the CPCA, the appeal filed by the State is admitted in its entirety, as well as partially those of Industrias Infinito S.A., the National System of Conservation Areas, and the Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito, with the exception of the first and fourth substantive claims formulated by the company, those titled “5. Cassation appeal for violation of substantive rules, for having deemed facts proven in contradiction with the evidence in the record, Article 138 subsection b) of the CPCA” and “6. Reproaches regarding the orders for reparation of ecological and environmental damage” put forth by the third party, and the grievance titled “SECOND GROUND: Benefits to the Country, the surrounding communities, and the workers. / Principle of Legal Certainty” of the latter, which shall be rejected outright as informal. Likewise, the claims “Cassation for violation of procedural rules […] Two” of the Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y Paz Social S.A. and all the procedural grievances raised in the appeals of Sonia Espinoza Valverde and Eduardo Murillo Marchena, Francisco Castro Muñoz and Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li and Arnoldo Rudín Arias are admitted and denied outright on the merits; the remaining reproaches shall be rejected outright for lack of standing. This being the case, this admission is made known to the parties and the coadjuvants, the above for a period of 15 business days given the length and complexity of the appeals that will be admitted (mandate 142 ibidem). Due to the specialized nature of the claims discussed in the proceeding, this Chamber deems that the drafting of the judgment has exceptional complexity and shall be so declared in accordance with numeral 149 subsection 4) of the same code. Therefore, its issuance may be carried out within a maximum period of 10 business days counted from the expiration of the transfer of the appeal to all procedural subjects and intervenors.
THEREFORE
The appeal filed by the State is admitted in its entirety. Those of Industrias Infinito S.A., the National System of Conservation Areas, and the Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito are partially admitted. From that of Industrias Infinito S.A., the first and fourth substantive claims are rejected. From the appeal of SINAC, grounds “5. Cassation appeal for violation of substantive rules, for having deemed facts proven in contradiction with the evidence in the record, Article 138 subsection b) of the CPCA” and “6. Reproaches regarding the orders for reparation of ecological and environmental damage” are rejected. From the latter, the grievance titled “SECOND GROUND: Benefits to the Country, the surrounding communities, and the workers. / Principle of Legal Certainty” is rejected. The claims “Cassation for violation of procedural rules […] Two” of the Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y Paz Social S.A. and all the procedural grievances raised in the appeals of Sonia Espinoza Valverde and Eduardo Murillo Marchena, Francisco Castro Muñoz and Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li and Arnoldo Rudín Arias are admitted and denied outright on the merits; the remaining reproaches are rejected outright. This admission is made known to the parties and the coadjuvants, for a period of 15 days. It is declared that the issuance of the judgment has exceptional complexity and therefore it shall be carried out within 10 business days counted from the expiration of the transfer granted herein to all procedural subjects and intervenors.
Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández MACUNAQ/MJIMÉNEZA Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 10:22:44.
Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA *080012821027CA* Res. 1355-A-S1-2011 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil once.
En los procesos de conocimiento acumulados, interpuestos por ASOCIACIÓN PRESERVACIONISTA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE y JORGE ARTURO LOBO SEGURA contra el ESTADO, INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN; con las coadyuvancias activa de ASOCIACIÓN NORTE POR LA VIDA y pasiva de ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA, los apoderados de Industrias Infinito Sociedad Anónima, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Estado, la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito Sociedad Anónima; así como el Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y la Paz Social Sociedad Anónima, Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias, formulan recursos de casación en contra de la sentencia número 4399-2010, emitida por el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo a las 10 horas 40 minutos del 14 de diciembre de 2010.
Redacta la magistrada Escoto Fernández
CONSIDERANDO
I.Se califica la casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente por dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y, en segundo lugar, porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino preestablecidas, de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo relativo al primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles del recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta fórmula genérica, el propio Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta opción. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las siguientes: a) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (art. 62.3); b) la que declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del canon 92 del Código de cita, y c) la que resuelve en forma final el “proceso de ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional (art. 183.3 ibidem). Por ende, los autos comunes y las resoluciones que no definan el fondo del asunto o no pongan término al proceso, tienen vedado el paso a la etapa casacional. En lo que atañe a las causales, cabe agregar que opera la dualidad entre las procesales y las sustantivas. Así se plasma en los preceptos 137 y 138 íbid. Para las primeras se efectúa un listado en términos amplios, de gran cobertura, y en los presupuestos que procede, ajustados a las reglas de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la posible infracción de los elementos probatorios (por desapego o contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida valoración), denominada comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado, formando parte de este último grupo, se encuentra la infracción estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación indebida, una incorrecta interpretación o una desaplicación reprochable de la norma, conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación directa”.
II.- Una vez hecha la mención de las resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y sus causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación antiformalista con que irrumpe el CPCA en el ordenamiento jurídico costarricense permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como se ha establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de admisibilidad, sin abandonar el tecnicismo que le es propio ni su naturaleza y esencia, pues al fin y al cabo se mantiene incólume su rol y finalidad dentro del régimen procesal moderno.
III.- Ahora bien, pese a la informalidad que propugna la nueva legislación procesal para formular el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante ley, en tanto imprescindibles para este particular recurso extraordinario, ya que sin ellos no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de interpretarse de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en el artículo 139 del Código de referencia, son los únicos requisitos y formalidades previstos para el recurso de casación, según lo señala el inciso 5) de ese mismo precepto. De esta manera, en el apartado 1) de la norma recién citada, se establece que el recurso en mención deberá presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Se modifica, en forma leve para el contencioso administrativo, el sistema hasta ahora vigente en la legislación procesal civil, dado que ahora la Sala no solo se pronuncia sobre la admisibilidad; de conformidad con el canon 142.1 del Código de la materia, lo pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días (notificándole por el medio que haya establecido, de acuerdo con la comunicación que le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se busca con esto la estandarización del régimen recursivo que presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se presentan directamente ante el superior encargado de conocerlos. En otro orden de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece el plazo para su interposición: 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello. Superado el tiempo y lugar de presentación se enumeran, en el apartado 2), una serie de requisitos de “información” e “identificación” del recurrente y del proceso que, por su naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser subsanados en el plazo de tres días, a tenor de lo dispuesto en el numeral 141 del mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b) el nombre completo de las partes; c) la firma del recurrente o recurrentes autenticada por abogado; d) hora y fecha de la resolución recurrida; e) número de expediente en el cual fue dictada y f) medio para recibir notificaciones. Con ello se completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto, se dispondrá el rechazo de plano y, por ende, el archivo del asunto, pero en ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido judicialmente.
IV.- A los anteriores requisitos se añade un último requerimiento material (artículo 139.3 ibídem), en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior valoración del recurso por el fondo. Se trata de la motivación del recurso, que por las características de la casación ha de ser clara y precisa. En este sentido debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados o por indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas) o con los las circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales; y jurídica, cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada. Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas) atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [...] deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n.° 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia o la que realiza resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c), ambos del mismo Código de referencia.
V.- En el asunto de análisis, plantean recurso de casación las codemandas Industrias Infinito Sociedad Anónima (IISA), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el Estado, el coadyuvante pasivo Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito Sociedad Anónima (Asocrucitas), así como los terceros Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y la Paz Social S.A., Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias.
VI.- Las impugnaciones establecidas por IISA, el Sinac y Asocrucitas, en los agravios que se dirán, expresan una serie de disconformidades generales y meramente argumentativas, en las que se omite el contraste de lo decidido con las infracciones que, en sus criterios, tuvieron lugar, razón por la cual, dichos cargos no resultan admisibles.
VII.- En lo relativo a IISA, en el primer agravio por quebranto de normas sustantivas reprocha indebida valoración de las probanzas, consecuencia de la arbitrariedad, desatención a la lógica y la experiencia, y a la ausencia de un análisis integral. Alega vulneradas las normas 82, 83 y 84 del CPCA, en concordancia con los cánones 318, 330, 351, 352, 354, 358, 401, 404 y 407 del Código Procesal Civil (CPC). Sobre las modificaciones al Proyecto Minero Crucitas (Proyecto), apunta, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) determinó que generan resultados positivos y nuevas medidas de prevención. Sin embargo, comenta, el Tribunal dispuso, con base en la prueba testimonial, que aquel órgano no solicitó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) ni otro instrumento de evaluación ambiental, tampoco la empresa demandada los aportó; y que no se llevó a cabo una nueva audiencia pública para analizar los impactos de las modificaciones (hecho probado n.° 23). Relata, consideraron que, conforme a la lógica y la racionalidad, los cambios propuestos eran modificaciones sustanciales. En contraposición, dice, la testigo Sonia Espinoza precisó que se habían presentado una serie de estudios técnicos, no un EsIA, pues no se trataba de cambiar la actividad o extenderla a otra área, por el contrario, se disminuía el área de explotación y se profundizaba la que se mantenía. En ese mismo sentido, agrega, se pronunció la Sala Constitucional en el voto 6922-2010. Con este proceder, asevera, el Tribunal dio credibilidad sólo a los testigos de cargo, quienes no tenían conocimiento de los hechos y efectuaron meras inferencias sin base cierta. Añade doctrina sobre la naturaleza del testigo-perito. Prosigue, en el fallo se omitió valorar en conjunto los elementos de juicio. Cita la resolución n.° 840 de esta Cámara. Agrega, con fundamento en una testigo-perito, se tuvo por demostrado que la tala rasa ejecutada provocó un daño ambiental; sin embargo, comenta, esa deponente no afirmó lo que entendió el Tribunal y, en todo caso, la prueba documental, así como las manifestaciones de los testigos-funcionarios, demuestran lo opuesto. La señora Arrendondo, dice, relató que durante la corta, delante de la cuadrilla con sierra, había otra de biólogos que verificaba si existían especies que reubicar, lo que se hizo con un oso perezoso, serpientes y las epífitas de los árboles. De esta manera, acota, es claro que la ejecución de la tala respetó las reglas de la ciencia y la experiencia para no causar ningún daño, protegiendo y rescatando la flora y fauna del área impactada. Por otro lado, combate, se incluyó en el elenco de hechos probados que el camino público municipal, parte de la ruta 2-10-14, desaparecerá de forma permanente una vez que se construya la laguna de relaves, por lo que se determinó la existencia de ese camino público, se conjeturó que IISA incumplió en informar a las dependencias administrativas sobre él, y se dispuso que las resoluciones anuladas no lo mencionaban. No obstante, narra, la testigo Sandra Arredondo manifestó que en el EsIA de 2002, aprobado en el 2005, se estableció, dentro de los impactos, la necesidad de ubicar la laguna sobre el camino público y, como medida compensatoria, se propuso habilitar otro camino público ya existente, a raíz de lo cual, IISA firmó un convenio con la Municipalidad de San Carlos “[…] donde se dio parte logística para la licitación del camino existente, todo tipo de diseño, y la supervisión de la obra […]”. Continúa, además, para la ocupación del terreno municipal se inició el trámite de servidumbre, que consta en el propio hecho 52 del fallo recurrido. Sostiene, el Tribunal también determinó que en la zona del proyecto hay un acuífero inferior confinado, cuya extensión, zonas de recarga y posibilidad de carácter transfronterizo no fueron contemplados en los estudios presentados por IISA, quien a su vez, en el proyecto planteado en el 2000, previó interceptarlo y aprovechar sus aguas. Todo lo cual, afirma, es contrario a lo expuesto por el testigo Hugo Rodríguez Estrada, quien fue ofrecido para aclarar los impactos que fueron evaluados sobre los acuíferos superior e inferior, su cantidad y calidad de agua. Discrepa con el fallo en cuanto estableció que la Setena omitió solicitar un nuevo EsIA, y no realizó un examen técnico sobre los cambios propuestos y sus impactos previstos en los documentos y estudios presentados por IISA. En la propia sentencia, arguye, se dice que de haber realizado la Setena el análisis exhaustivo de los estudios presentados por IISA, la prueba testimonial pericial tendría por objeto demostrar, pero no suplir, la corrección técnica y científica de los resultados de esos exámenes. Sin embargo, indica, la señora Sonia Espinoza explicó, mediante matrices, el procedimiento de evaluación ambiental, señaló que todo proyecto tiene impactos positivos y negativos; y precisó que en la evaluación siempre existe un margen de subjetividad, el cual se ve reducido al conformarse equipos multidisciplinarios. Asimismo, apunta, el testigo Eduardo Murillo expresó que formó parte del equipo multidisciplinario que evaluó las modificaciones y realizó una inspección. Afirma, el Tribunal menciona que hay criterios técnicos y científicos contradictorios, unos expertos descartan los riesgos de la laguna de relaves, otros consideran hay aspectos que requieren mayores estudios, de ahí que no podían aprobarse las modificaciones. Esa duda, prosigue, debió dilucidarse con prueba pericial. Pese a ello, observa, el Tribunal valoró que si bien el señor Orlando Bravo fue claro en el sentido de que los estudios aportados garantizaban el manejo adecuado del cianuro, este testimonio, al igual que el de Adrián Salazar, no podía sustituir el análisis de la Setena. A pesar de su extensión, el agravio de mérito es informal. Nótese que lo expuesto es un desacuerdo con el cuadro fáctico de la sentencia, para lo cual la casacionista identifica como erróneamente valoradas o apreciadas las declaraciones de las señoras Sonia Espinoza y Sandra Arredondo, y de los señores Hugo Rodríguez Estrada, Eduardo Murillo Murillo, Orlando Bravo y Adrián Salazar, e incluso menciona que los juzgadores, ante los criterios opuestos de los distintos deponentes, debieron solicitar una prueba pericial de manera adicional. Ahora bien, no obstante la recurrente puntualiza las probanzas en las, a su juicio, se produjo un yerro en el análisis de efectuó el Tribunal, prescinde de la referencia a las normas sustantivas que en su parecer fueron quebrantadas, la forma en que habrían sido conculcadas y el modo en que se produce su violación. En ese tanto, al incumplir con la fundamentación jurídica que exige el CPCA para este recurso extraordinario, el reproche reseñado resulta inadmisible.
VIII.- Asimismo, en el cuarto motivo de disconformidad, dicha compañía invoca violación a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. Explica en qué consisten, reproduce (sin identificar) un criterio de la Sala Constitucional sobre el último principio, y sostiene, es bajo ese prisma que debió juzgarse este asunto. Bajo los temas “4.1. Protección del Ambiente y Armonización de Intereses”, “4.2. Finalidad de los Recursos Mineros y Bienestar General”, “4.3. Explotación Forestal y uso de los recursos naturales”, “4.4. Fiscalización pública: control y monitoreo” se dedica a reproducir normas de distinto rango y origen y a referirse, en forma genérica, al aprovechamiento de los recurso natuarales, entre ellos el mineral, el papel del Estado en materia del ambiente, a los impactos ambientales de las actividades humanas y su evaluación, a los bosques y a las competencias de los diversos órganos relacionados con esas materias. Además, en lo que denomina “4.5 Demandas temerarias, debate inquisitivo y sentencia arbitraria”, efectúa una especie de resumen sucinto del recurso. Se advierte que en este motivo Industrias Infinito inobserva también el requisito de fundamentación fáctica y jurídica que exige la normativa procesal. Pese a que puntualiza los postulados de linaje constitucional que considera vulnerados, expone de forma muy general sus alcances y se limita a expresar que desde esa perspectiva, tomándolos como punto de partida, debió el Tribunal analizar y examinar las conductas administrativas objeto de este proceso. Sin embargo, en ningún momento brinda las razones por las que considera que la sentencia impugnada los conculcó pues no precisa cuales argumentos en el fallo los infringen; esto es, únicamente mencionó su quebranto, mas no explicó cómo sucedió, lo cual conlleva que el agravio resulte informal. Asimismo, no obstante en los acápites 4.1 a 4.4 enuncia diversas normas y se dedica a transcribir en forma parcial algunos fallos de la Sala Constitucional, se extraña el ligamen necesario con la resolución final que adoptó el Tribunal en este caso concreto. Dicho de otro modo, no se exponen las razones por las que se adversa la sentencia. Por último, estima esta Cámara que el punto 4.5 consiste en la exposición de una especie de reseña de los demás agravios que contempla el recurso sin que se puntualice alguna norma infringida y su relación con el Proyecto. En este apartado solamente se afirma que lo actuado por los órganos administrativos tiene sustento normativo y fáctico, pero que ha sido en virtud de las irregularidades procesales y la parcialidad del Tribunal (lo que no concreta en ese reproche) que la decisión se aparta de la justicia y la razón. Así, no se precisan qué normas han sido desatendidas o indebidamente interpretadas en relación con este caso, ni probanzas evacuadas que hayan sido erróneamente apreciadas; de forma que esta Sala no está en posibilidad de calificar o deslindar un vicio o motivo de casación. De esta manera, al no aportar elemento adicional alguno a los cargos que sintetiza (y que sí serán admitidos), no puede estimarse como un reproche autónomo. En suma, resulta informal y ha de rechazarse al igual que el anterior.
IX.-. Por su parte, el apoderado del Sinac, en el reclamo que denomina “5. Recurso de Casación por violación de normas sustantivas, por haberse tenido por demostrados hechos en contradicción con la prueba que consta en el proceso. Artículo 138 inciso b) del CPCA”, afirma que se violaron “normas sustantivas” al tenerse por demostrados los hechos 28, 29, 31, 32 y 57. Asimismo, en el motivo de disconformidad denominado “6. Reproches respecto de a las condenatorias de reparación del daño ecológico y ambiental”, recrimina se haya condenado a su representado al pago de los daños y perjuicios, pues el acto 244-2008-SCH se ajustó a derecho, ya que se dictó dentro de las competencias del Sinac con los requisitos propios y con fundamento en el Decreto n.° 34801-MINAET, que estaba vigente. En ambas censuras, el casacionista, luego de manifestar que se opone a las circunstancias que el fallo entendió demostradas, no logra precisar qué elementos de convicción, en su parecer, no fueron correctamente apreciados por los juzgadores, tampoco expresa las normas de fondo que estima transgredidas, ni en qué consistió el yerro; sino que se limita a combatir lo resuelto de forma general exteriorizando su simple desacuerdo. Por ende, sendas recriminaciones son inadmisibles.
X.- El representante de Asocrucitas, en el cargo por quebranto a normas sustantivas denominado “SEGUNDO MOTIVO: Beneficios al País a las comunidades aledañas y a los trabajadores. / Principio de Seguridad Jurídica”, asegura que la sentencia recurrida es un precedente nefasto para el desarrollo nacional, ya que estando todo a Derecho se detuvo la explotación, pese a que se había generado en las comunidades aledañas una expectativa sobre la reducción de la brecha socio económica de la zona, ocasionada por la carencia de oportunidades en salud, trabajo y estudio; lo cual “deja entredicho, [sic] nuestro sistema jurídico ante posible [sic] inversiones de capital extranjero en nuestro país”. De seguido, enuncia los aportes que IISA ha dado a la comunidad (donaciones, caminos, puentes, capacitaciones y electrificación); y enlista los efectos y daños que se han generado con la paralización del proyecto. Reproduce parcialmente el testimonio de Sonia Espinoza, en cuanto refirió los beneficios que ha producido y generaría en el futuro la empresa, así como los factores que representan un problema en la región (falta de empleo estable, carencia de infraestructura de servicios y asilamiento). Asimismo, transcribe las conclusiones del estudio de Sonia Cervantes, en torno a la situación social de la región donde se llevaría a cabo el Proyecto Minero. Agrega, la audiencia pública fue programada por la Setena y la empresa se dedicó a un exhaustivo proceso de divulgación a la sociedad civil (cita las actividades que efectuó para ello). Asistieron, detalla, 1.239 personas, enlista algunos participantes y el tiempo de su intervención, cita los folios del expediente administrativo en que se consigna ese dato y otros de los que extrae: a) existe un conocimiento generalizado de la presencia de IISA en la zona, lo cual es percibido de manera positiva por la población local; y b) se efectuaron actividades para explicar en qué consiste la explotación de roca dura, mediante reuniones en sitios de mayor afluencia. El presente motivo de disconformidad también resulta informal. El casacionista realiza un recuento de los beneficios y consecuencias positivas que, dice, tuvo y tendría el Proyecto en la zona y las probanzas de las que los deduce, asimismo, presenta un detalle de la audiencia publica efectuada; luego de todo lo cual, se observa ausente una relación entre el análisis del caso concreto y la normativa de fondo que habría sido violentada. De esta suerte, se impide a esta Sala calificar o enmarcar lo expuesto dentro de los supuestos de casación que prevé el precepto 138 del Código de la materia. Tampoco puede esta Cámara conocerlo como un vicio procesal, pues no se aduce, siquiera de forma refleja, algún argumento en ese sentido. Por consiguiente, al no adecuarse a las hipótesis de nulidad contempladas, el cargo habrá de rechazarse.
XI.- Por otro lado, el representante del Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y la Paz Social Sociedad Anónima (ILDHPSSA) recurre ante casación. De forma confusa y entremezclada con otros reclamos, alega violación al derecho de defensa y al debido proceso, en razón de que el Tribunal anuló lo resuelto por el juez tramitador en la audiencia preliminar a las 9 horas 58 minutos del 11 de agosto de 2010, en cuanto a la intervención como coadyuvante pasivo de esta empresa, ya que consideró que no le asistía ningún interés para participar en este proceso. En lo medular, el casacionista aduce que, conforme a los preceptos 13 y 90 del CPCA, su coadyuvancia fue aceptada y feneció el plazo para apelar esa decisión. Según el canon 99 ibíd, arguye, el Tribunal solo podía “revisar” su presencia en el debate y analizar la pertinencia de la coadyuvancia presentada en esa oportunidad por Asocrucitas, no así la de su representada. Añade, la fundamentación esgrimida es ilógica y contraria a lo dispuesto por artículo 13 ejúsdem, así como al “[…] principio universal de que en derecho lo que no esta [sic] prohibido esta [sic] permitido […]”; por cuanto, alega, no existe ninguna ley que prohíba a una sociedad anónima defender derechos humanos y ecológicos. Más bien, afirma, los mandatos 11, 12, 33, 50 y 129 ibídem legitiman a su representada para ser “parte” en un proceso como el sub júdice. En primer término, se observa que el ILDHPSSA reclama como vicio el que el Tribunal haya decidido anular su admisión como coadyuvante pasivo. En ese tanto, lo que reprocha es un actuar que le perjudica como tercero que pretendió precisamente coadyuvar en el proceso, a raíz de un supuesto interés indirecto. Esta Sala ha manifestado que, por regla general, únicamente las partes o los coadyuvantes pueden formular recurso de casación; sin embargo, se ha reconocido también legitimación procesal especial cuando la parte dispositiva del fallo tiene efectos sobre la esfera jurídica de un tercero (sentencia 633-F-SI-2011 de las 8 horas 30 minutos del primero de junio de 2011). Asimismo, esta posibilidad de recurrir se extiende a las hipótesis en que, como ésta, el tercero esgrime no ya una afectación directa a su esfera jurídica por lo dispuesto en la sentencia, sino una actuación procesal irregular que le perjudica, y que finalmente tiene incidencia en el fallo, pues se reconduce a un detrimento a las partes. En el sub lite, la sociedad mencionada denuncia se le haya excluido del proceso. En ese entendido tendría legitimación para recurrir. En cuanto al fondo, esta Sala advierte que el ILDHPSSA, en sus diversas actuaciones, no fue claro sobre la condición en que su fundaba su proceder; es decir, no logró puntualizar en forma contundente su interés indirecto. Por un lado, expresó defender los derechos humanos, la ley, la verdad, el derecho al trabajo y a una vida digna de los costarricense; y por otro, la representación de 1100 “trabajadores indirectos” del Proyecto. En cuanto a este último aspecto, nótese que en el expediente se desconoce la identidad de esos individuos, supuestamente agrupados en un “comité cívico”, el cual habría concedido poder especial judicial al licenciado José Eduardo Vargas Rivera (folio 2131), ello pese a que se extraña la existencia como persona jurídica de ese “comité”. Valga anotar que este profesional es a su vez el representante del ILDHPSSA, y ha sido en esta última condición que ha actuado en el proceso, y no como mandatario del supuesto “comité” o de los aparentes “trabajadores indirectos”. Por su parte, la sociedad no posee ningún poder que le habilite a actuar en nombre de trabajador alguno (que en todo caso, se repite, no se identifica). Tampoco puede arrogarse esta compañía la defensa del derecho humano al trabajo y la vida digna, cuya titularidad corresponde a las personas físicas, ni podría asumir el patrocinio letrado de individuos supuestamente trabajadores (lo que además de ser impertinente, no coincide con el poder que consta en autos), ni ostenta por mandato su representación o el de una persona jurídica que los agrupe (que demás está decir, no fue acreditada en el expediente). Lo anterior dice de la carencia de que tienen empresa de un interés indirecto respecto de la relación jurídico sustancial que se discute en este proceso. De esta manera, esta Sala coincide con lo resuelto por el Tribunal, y por ende el cargo deberá denegarse por el fondo. Al ser este el agravio del que precisamente dependía su actuar en esta fase casacional, los restantes deberán rechazarse de plano por falta de legitimación.
XII.- Por último, los señores Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias formulan recursos de casación. Bajo diferentes vicios, todos exponen como primer reclamo la orden emitida por el Tribunal de comunicar la sentencia al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), para que iniciara los procedimientos administrativos correspondientes en contra de Murillo Marchena, Castro Muñoz y Cavallini Chinchilla; así como al Ministerio Público para que determine si es procedente seguir una causa penal en contra de todos ellos. Según se expuso en el considerando anterior, los terceros tienen legitimación procesal para recurrir cuando la parte dispositiva del fallo tienen efectos sobre su esfera jurídica. En este caso, se determina que lo resuelto por el Tribunal en cuanto a los indicados recurrentes no tiene esa característica. Lo ordenado por los juzgadores, tanto para la Administración cuanto para el Ministerio Público, es que se inicien los procedimientos respectivos a efecto de valorar si existe causa para proseguir con la investigación que, eventualmente, desembocaría en una sanción administrativa y penal. Es decir, en ningún momento se les impuso sanción o condena alguna. En este sentido, puede consultarse, mutatis mutandis, la sentencia de esta Sala n.° 1217-F-S1-2010 de las 13 horas 55 minutos del 12 de julio de 2010. De esta suerte, se rechazan de plano por el fondo, los cargos por “incompetencia” y “violación de las garantías del debido proceso” de las impugnaciones de Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz y Cynthia Cavallini Chinchilla, así como todas las recriminaciones procesales tituladas “falta de emplazamiento”, “indefensión”, “sentencia falta de claridad y precisión”, “falta de motivación”, “nulidad absoluta” y “cosa juzgada” de Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias. Respecto de los restantes motivos que aducen, al denegarse el argumento anterior, carecen de la legitimación necesaria para que esta Sala ingrese a su conocimiento, motivo por el cual también deberán rechazarse.
XIII.- En síntesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134, 139 y 140 inciso c) del CPCA, se admitirá el recurso planteado por el Estado en su totalidad, así como parcialmente los de Industrias Infinito S.A., el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito, con la salvedad de los cargos sustantivos primero y cuarto formulados por la sociedad, los denominados “5. Recurso de casación por violación de normas sustantivas, por haberse tenido por demostrados hechos en contradicción con la prueba que consta en el proceso, Artículo 138 inciso b) del CPCA” y “6. Reproches respecto de las condenatorias de reparación del daño ecológico y ambiental” esgrimidos por el tercero, y el agravio titulado “SEGUNDO MOTIVO: Beneficios al País a las comunidades aledañas y a los trabajadores. / Principio de Seguridad Jurídica” de la última, los que se rechazarán de plano por informales. Asimismo, se admitirán y se denegaran de plano por el fondo los cargos “Casación por violación a normas procesales […] Dos” del Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y Paz Social S.A. y todos los agravios procesales planteados en los recursos de Sonia Espinoza Valverde y Eduardo Murillo Marchena, Francisco Castro Muñoz y Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias, los demás reproches se rechazarán de plano por falta de legitimación. Así las cosas, esta admisión se pone en conocimiento de las partes y los coadyuvantes, lo anterior por el plazo de 15 días hábiles atendiendo a la extensión y complejidad de los recursos que se admitirán (mandato 142 íbidem). Debido a la especialidad de las pretensiones discutidas en el proceso, esta Sala estima que la redacción de la sentencia posee una excepcional complejidad y así deberá declararse conforme al numeral 149 inciso 4) ejúsdem. Por ello, su dictado podrá realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del vencimiento del traslado del recurso a todos los sujetos procesales e intervinientes.
POR TANTO
Se admite el recurso planteado por el Estado en su totalidad. Parcialmente se admiten los de Industrias Infinito S.A., el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito. Del de Industrias Infinito S.A., se rechazan los cargos sustantivos primero y cuarto. De la impugnación del SINAC, se rechazan los motivos “5. Recurso de casación por violación de normas sustantivas, por haberse tenido por demostrados hechos en contradicción con la prueba que consta en el proceso, Artículo 138 inciso b) del CPCA” y “6. Reproches respecto de las condenatorias de reparación del daño ecológico y ambiental”. De la última, se rechaza el agravio titulado “SEGUNDO MOTIVO: Beneficios al País a las comunidades aledañas y a los trabajadores. / Principio de Seguridad Jurídica”. Se admiten y se deniegan de plano por el fondo los cargos “Casación por violación a normas procesales […] Dos” del Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y Paz Social S.A. y todos los agravios procesales planteados en los recursos de Sonia Espinoza Valverde y Eduardo Murillo Marchena, Francisco Castro Muñoz y Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias, los demás reproches se rechazan de plano. Esta admisión se pone en conocimiento de las partes y los coadyuvantes, por el plazo de 15 días. Se declara que el dictado de la sentencia posee una excepcional complejidad por lo que se realizará dentro de los 10 días hábiles contados a partir del vencimiento del traslado que aquí se otorga a todos los sujetos procesales e intervinientes.
Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández MACUNAQ/MJIMÉNEZA
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