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Res. 00102-2001 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 26/01/2001
OutcomeResultado
The Chamber upholds the cassation appeal, reverses the Agrarian Tribunal’s judgment that had condemned Derivados del Maíz S.A., and affirms the trial court’s dismissal, because the company’s participation in the events causing the damage was not proven.La Sala acoge el recurso de casación, revoca la sentencia del Tribunal Agrario que condenaba a Derivados del Maíz S.A. y confirma la sentencia absolutoria de primera instancia, por no haberse probado la participación de la empresa en los hechos causantes del daño.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court hears an appeal on civil liability for crop and environmental damage caused by aerial pesticide spraying. Three farmers sued Derivados del Maíz S.A. and Aviación Agrícola S.A. for total loss of their crops and contamination of the Río Piedras buffer zone. The Agrarian Tribunal had ordered Derivados del Maíz to pay damages, including environmental harm, and banned it from further aerial spraying in the area. The Chamber reviews the evidence and finds that it was not proven that the rice field belonged to Derivados del Maíz or that it contracted the spraying. Because the causal agent was not identified, the Chamber reverses the second-instance judgment and affirms the trial court’s dismissal. In its reasoning, however, the Chamber elaborates on objective environmental liability, the burden of proof, the reversal of that burden, and the mandatory nature of aerial pesticide regulations.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoce un recurso de casación sobre la responsabilidad por daños a cultivos y al ambiente causados por fumigación aérea de plaguicidas. Tres agricultores demandaron a Derivados del Maíz S.A. y a Aviación Agrícola S.A. por la pérdida total de sus cultivos y la contaminación de la zona protectora del Río Piedras. El Tribunal Agrario había condenado a Derivados del Maíz S.A. al pago de daños y perjuicios, incluyendo daño ambiental, y le prohibió realizar fumigaciones aéreas en la zona. La Sala analiza la prueba y concluye que no se demostró que el arrozal fumigado perteneciera a Derivados del Maíz ni que esta empresa hubiera contratado el servicio de fumigación. Ante la ausencia de prueba sobre el agente causante, revoca la sentencia de segunda instancia y confirma la absolutoria de primera instancia, rechazando todas las pretensiones. Sin embargo, en su razonamiento, la Sala desarrolla importantes consideraciones sobre la responsabilidad objetiva ambiental, la carga de la prueba y la obligatoriedad de la normativa sobre aplicación aérea de plaguicidas.
Key excerptExtracto clave
VII. Among the agricultural practices harmful to the environment is the application of pesticides. Yet the risk of causing harm to human and animal health, to the property of third parties, and to the environment increases particularly with aerial application. Liability for environmental damage may be contractual or extracontractual. As regards the causal link, the agent causing the damage is presumed to be liable until it disproves that presumption, which is known as the causal presumption of imputability. It is a iuris tantum presumption of causation. As a direct consequence of this, the burden of proof is reversed, and the person presumed to have caused the damage assumes the risk merely by engaging in an activity that may potentially be harmful to the environment. By the nature of the matter and the legal interest protected, the agents must be individualized, because for objective liability to operate it is imperative to determine the source of the pollution, and not those situations where there are multiple agents, as in the case of noise pollution caused by heavy traffic on a highway. VIII. From the foregoing reasoning and the examination of the evidence, it follows that the appellant’s liability for environmental damage is not supported by what was proven, because it was not possible to determine DEMASA’s participation in the facts at issue, and the harmful agent must be specifically identified. Although the burden of proof lay with the appellant, it is not possible to impute to it the eventual damage caused to the buffer zone of the Río Piedras and its basin. Nevertheless, the participation of the Office of the Attorney General as a party was missed, pursuant to Article 3(h) of its Organic Law, because the judge should have invited it to take part in the proceedings.VII. Dentro de las prácticas agrícolas dañinas al ambiente encontramos la aplicación de plaguicidas. Pero especialmente aumenta el riesgo, en la aplicación vía aérea, de causar daño a la salud humana y animal, a los bienes de terceras personas, y al medio ambiente. La responsabilidad por daño al ambiente puede ser contractual o extracontractual. En lo relativo al nexo causal, se presume que el agente causante del daño lo es hasta el tanto no desvirtúe esa presunción, denominada presunción causal de imputabilidad. Es una presunción de causalidad iuris tantum (MATEO, RAMON MARTIN, Tratado de Derecho Ambiental, Trivium, Madrid, 1° edición, 1992, pág. 167 y 169). Como consecuencia directa de este aspecto hay una reversión en la carga de la prueba, y además el sujeto presuntamente generador del daño asume el riesgo por el simple hecho de realizar una actividad que eventualmente pueda ser lesiva al medio ambiente. Por la naturaleza de la materia, y el bien jurídico tutelado los agentes deben ser individualizados, porque para que opere la responsabilidad objetiva es imperante determinar la fuente de la contaminación, y no aquellos tipos en que son múltiples los agentes como el caso de la contaminación sónica producida por el intenso tráfico de una autopista (MATEO, Op.Cit. Pág. 174). VIII. De los considerandos anteriores y del estudio del elenco probatorio se infiere que la condenatoria a la recurrente al pago del daño ambiental, no se ajusta a lo demostrado, porque no se pudo determinar la participación de Demasa en los hechos objeto de esta litis, y el agente dañino debe estar específicamente señalado. Aunque la carga de la prueba le correspondía a la recurrente no es posible imputarle los eventuales daños causados en la zona protectora del río Piedras y en su cuenca. No obstante, se extraña la participación de la Procuraduría General de la República como parte, al tenor del artículo 3 inciso h) de su Ley Orgánica, por cuanto el juzgador debió invitarle a participar en el proceso.
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"La responsabilidad por daño al ambiente puede ser contractual o extracontractual. En lo relativo al nexo causal, se presume que el agente causante del daño lo es hasta el tanto no desvirtúe esa presunción, denominada presunción causal de imputabilidad."
"Liability for environmental damage may be contractual or extracontractual. As regards the causal link, the agent causing the damage is presumed to be liable until it disproves that presumption, which is known as the causal presumption of imputability."
Considerando VII
"La responsabilidad por daño al ambiente puede ser contractual o extracontractual. En lo relativo al nexo causal, se presume que el agente causante del daño lo es hasta el tanto no desvirtúe esa presunción, denominada presunción causal de imputabilidad."
Considerando VII
"Como consecuencia directa de este aspecto hay una reversión en la carga de la prueba, y además el sujeto presuntamente generador del daño asume el riesgo por el simple hecho de realizar una actividad que eventualmente pueda ser lesiva al medio ambiente."
"As a direct consequence of this, the burden of proof is reversed, and the person presumed to have caused the damage assumes the risk merely by engaging in an activity that may potentially be harmful to the environment."
Considerando VII
"Como consecuencia directa de este aspecto hay una reversión en la carga de la prueba, y además el sujeto presuntamente generador del daño asume el riesgo por el simple hecho de realizar una actividad que eventualmente pueda ser lesiva al medio ambiente."
Considerando VII
"Por la naturaleza de la materia, y el bien jurídico tutelado los agentes deben ser individualizados, porque para que opere la responsabilidad objetiva es imperante determinar la fuente de la contaminación."
"By the nature of the matter and the legal interest protected, the agents must be individualized, because for objective liability to operate it is imperative to determine the source of the pollution."
Considerando VII
"Por la naturaleza de la materia, y el bien jurídico tutelado los agentes deben ser individualizados, porque para que opere la responsabilidad objetiva es imperante determinar la fuente de la contaminación."
Considerando VII
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RES: 000102-F-01 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.- San José at fifteen hours twenty-two minutes on the twenty-sixth of January of the year two thousand one.
Ordinary proceeding established in the Agrarian Court of Liberia by PEDRO GONZALEZ LOPEZ, farmer and resident of Bagaces, ALVARO PEREZ TORRES, farmer and resident of Bagaces, BOLIVAR CABEZAS DURAN, farmer and resident of Bagaces, against DERIVADOS DEL MAIZ S.A. represented by Hans Bucher Cheves, chemical engineer and Gustavo Méndez Cotera, Mexican, married twice, doctor of food research, in their capacity as President and treasurer, with powers as unlimited general representatives without limitation of sum, Dionisio Segura Hernández also appears as judicial general representative, and against AVIACION AGRICOLA S.A., represented by Cecil Alexander Murray Lindo, aviator pilot and Janice Mckenzie Hopkins, Canadian, in their capacity as President and Vice President, with powers as unlimited general representatives without limit of sum. Also appearing as public agrarian defender for the plaintiffs is attorney Ana Briceño Yock. Likewise for the co-defendant, attorney Luis Eduardo Hernández Aguilar. All natural persons are of legal age and, with the stated exceptions, married, attorneys, and residents of San José.
WHEREAS:
1.- Based on the facts set forth and legal provisions cited by the plaintiff, an ordinary lawsuit was established, the amount of which was set at five million colones, so that the judgment declares: “1- That the company owning the rice crop treated with the substance or substances (sic) that were spread on the crops, homes of those represented herein, as well as in the protective zone of the Río Piedras and in its channel, is liable for the damages caused mainly to the crops of those represented and to the environment in the protective zone of the Río Piedras and in the channel itself, by virtue of the fact that current legislation obligates any person who entrusts another with the fulfillment of one or many acts to choose the most suitable person and to supervise the execution of the work within the limits of the diligence of a good father of a family, for that same reason, it should have strictly supervised compliance with the provisions of articles 75, 76, 67, 68, 73 72 (sic) of the Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola. 2- That the agricultural aviation company, in fulfillment of the entrusted work, should have strictly observed the current rules and provisions on the application of pesticides and, due to the non-observance thereof and the consequences derived from its lack of prudence, it must be held jointly and severally liable together with the company owning the crop for the damages caused to the crops of those represented and to the environment due to the contamination occurring in the protective zone of the Río Piedras and in the channel of the River itself. 3- Since the rice plantation of the company Demasa s.a. (sic) is located less than 100 meters from the Río Piedras and less than 200 from houses, roads, and diverse crops, I REQUEST that in the Judgment it be obliged, in application of article 75 of the Reglamento para la Actividad de aviación agrícola, to prohibit the aerial application of pesticides in that crop zone. 4- The damage caused to the crops of those represented herein is total, in the sense that the land, to continue agricultural activity, must be completely cleaned not only of the remains of the crops that are no longer useful but must also be sanitized so that new crops that may eventually be planted are not contaminated; for that reason, the damages are estimated in the following manner: - lost profit from the damage caused to the crops. – cost of cleaning, sanitation, and land preparation for new planting. So that the aforementioned items are recognized in the judgment. That it must answer for both costs of the proceeding.”.
2.- Separately, the defendants answered the complaint negatively. For his part, Dionisio Segura Hernández, raised the defenses of lack of passive standing to be sued, lack of right, and that of sine actione agit. Likewise, the representative of Aviación Agricola S.A., raised the defenses of lack of passive standing and lack of subject matter jurisdiction. The latter was resolved in an interlocutory manner.
3.- The acting Judge, Derin Salazar Fernández, in a judgment rendered at 14:10 hours on April 12, 1999, resolved: "Based on the foregoing and articles 1, 155, 222, 287, et seq. and concordant, 290 et seq. and concordant, 315 of the Code of Civil Procedure, 15, 19, 38, 39, 40, 46, 52, 53, et seq. of the Ley de Jurisdicción Agraria, 1045 and 1048 of the Civil Code, the defenses of Lack of right, Lack of Passive Standing to be Sued, and the Generic defense of Sine actione agit raised against the action by the defendants are upheld. The present ORDINARY PROCEEDING, established by PEDRO GONZALEZ LOPEZ, BOLIVAR CABEZAS DURAN AND ALVARO PEREZ TORRES, against DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO S.A., Represented by its Judicial General Representative, Attorney DIONISIO SEGURA HERNANDEZ, and AVIACION AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA, Represented by its President CECIL ALEXANDER MURRAY LINDO, is DECLARED WITHOUT MERIT in all its claims. This proceeding is resolved without special order as to costs.".
4.- Attorney Briceño Yock, in her stated capacity, appealed, and the Agrarian Tribunal, composed of Judges Enrique Ulate Chacón, Carmenmaría Escoto Fernández, and Ligia María Mesen Madrigal, in judgment No. 766 rendered at 15:10 hours on December 6, 1999, ordered: “The judgment of fourteen hours ten minutes of April twelfth, nineteen ninety-nine, is partially reversed, insofar as it upholds the defenses of lack of right, lack of passive standing to be sued, and the generic defense of sine acione (sic) agit raised by the co-defendant Derivados del Maíz Sociedad Anónima, and instead they are rejected. The complaint filed by plaintiffs Pedro González López, Bolivar Cabezas Durán and Alvaro Pérez Torres is upheld, ordering the co-defendant Derivados del Maíz Alimenticio S.A. (DEMASA) to pay the damages and losses (daños y perjuicios) caused by its actions, as well as the environmental damage, items that shall be liquidated in execution of judgment. The convicted party is prohibited from executing and applying pesticides by air in said zone, under warning of being prosecuted for the crime of disobedience to authority, should it continue such practices. Likewise, said company is ordered to pay both costs of this proceeding. In all other respects, the appealed ruling is confirmed.”.
5.- The representative of Derivados de Maíz Alimenticio S.A., filed a cassation appeal with an express indication of the reasons relied upon to refute the thesis of the lower Court.
6.- All legal requirements have been observed in the proceedings. Substitute Magistrate Ana María Breedy Jalet participates in the decision of this matter, substituting for incapacitated Regular Magistrate Ricardo Zamora Carvajal.
Magistrate Rivas Loáiciga writes; and,
WHEREAS:
I.The plaintiffs cultivated papaya, beans, watermelon, jalapeño chili pepper, and squash on plots located in the settlement of la Falconiana in Bagaces, Guanacaste. One of the adjoining farms was planted with rice. On July 24 and 25, 1996, an aerial spraying aircraft with the registration letters TI-ADI was observed flying over the plaintiffs' plots and the aforementioned rice field. After these events, the plaintiffs' crops suffered total losses. The plaintiffs bring this proceeding to determine the liability of the co-defendants for the damage caused to the crops. In the first instance, the defenses raised by the defendant companies were upheld, and the lawsuit was declared without merit. In the second instance, the judgment was partially reversed. The filed complaint was upheld, and Derivados de Maíz S.A. was ordered to pay the damages and losses (daños y perjuicios) caused, the environmental damage caused in the protective zone of the Río Piedras, and both costs. The convicted company was prohibited from executing and applying pesticides by air in said zone. In favor of the co-defendant Aviación Agrícola S.A., the defenses raised by its representative were upheld, and all claims of the complaint were declared without merit.
II.For a better study, the appeal is organized. At its core, the cassation appeal is based on the erroneous assessment of evidence, in that it was not demonstrated that the rice field belonged to DEMASA, nor that it contracted the co-defendant Aviación Agrícola S.A. for aerial irrigation spraying services, and consequently, it considers that there is an absence of liability on its part for the damages caused to the plaintiffs' crops. The representative of the appellant company points out that the basis for being convicted was strict liability (responsabilidad objetiva), but in his opinion, the existence of the three requirements for this type of liability could not be verified: a) the use of dangerous things; b) the existence of pecuniary damage; and c) the cause-and-effect relationship between the act and the damage. He alleges the absence of technical evidence stating that his represented party is the owner of the rice field and that it was the one who contracted the aerial spraying. He criticizes the evidence assessment system and points out that the rules of sound rational criticism (sana crítica racional) were violated because it is not enough that his represented party had a rice crop for it to be convicted. Regarding the ocular inspections and judicial inspection (reconocimiento judicial), he points out that there is none regarding the adjoining property on the other side of the river to determine the existence of the rice crop and ownership by the appellant. Regarding the testimonial evidence, he disqualifies it because, in his opinion, the witnesses could not ascertain for themselves in a certain and sure manner who was the owner of the rice field and, consequently, be able to reach the conclusion of who contracted the spraying services; he adds that the simple statement of the witnesses is not enough to determine that DEMASA contracted the spraying. On this point, he insists on the absence of a contractual relationship with the co-defendant company AVIACIÓN AGRÍCOLA S.A., the lack of evidence proving the contracting of spraying services with this or another company, and points out a violation of article 1048 of the Civil Code because the joint and several liability required by that body of law does not exist. He refutes the finding of environmental damage because it was not discussed in the proceeding, and as a consequence of that situation, due process was violated to the detriment of the appellant. Finally, he brands the imposed "lifetime" prohibition on applying pesticides by air to the appellant in that zone as improper and a violation of constitutional principles.
III.Regarding the system of evidence assessment in agrarian matters, this Chamber has ruled on multiple occasions. Free assessment of evidence is a system different from sound rational criticism (sana crítica racional). The former emerges as the judge's conviction, acquired through direct contact with the evidence, the location of the facts, and the assessment of all these elements in conscience. In this system, there is no strict subjection to pre-established criteria; only when proceeding to assess must the judge express the principles of equity or law on which it is based (among many, one can consult the judgment of this Chamber number 70 of 15 hours 15 minutes of November 3, 1993). Therefore, the complaint of the appellant's representative alleging a violation of the rules of sound rational criticism in the assessment of evidence is not admissible, because this system is characteristic of the civil process. In this agrarian process, the judge uses civil law to resolve the merits of the case, but that does not imply that they must interpret it with the system of the civil process. Quite the contrary, article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria expressly orders the judge on the manner of assessing evidence, which is in conscience and without strict subjection to the rules of common law. However, as will be analyzed in subsequent recitals, the evidence has not been duly assessed for the reasons that will be stated.
IV.Basically, the appellant's complaint lies in the lack of evidentiary elements to determine that Derivados del Maíz Alimenticio S.A. (hereinafter DEMASA) was the owner of the sprayed rice field and, consequently, the party responsible for the damages derived from the aerial spraying. Only three testimonies were presented in the proceeding, which are imprecise and do not merit this Chamber's faith. Two of the deponents are persons directly affected by the damages, and the third, the son of one of them, who claimed to work for the defendant in the rice field in question; however, he is not conclusive in determining DEMASA's liability. In this regard, the testimony of Rafael Ángel Murillo stated: "TO THE QUESTIONS OF ATTORNEY FERNÁNDEZ AGUILAR: I did not manage to see the plane's registration. I do not know what the pilot's name was. I was working, I did not see when the plane released the product. TO THE QUESTIONS OF ATTORNEY SEGURA HERNANDEZ: At that time, it was common for small planes to pass by here, since what was planted were vegetables. At that time, the one I knew who did spraying work was a Mr. Arredondo, I do not know the name of the company. I did not know his small planes, for that matter. I indicate that the small plane was spraying on the other side of the river, because I saw it flying over the other side of the river. I personally do not know for a fact that the rice belonged to DEMASA". (visible on folio 107). On the other hand, witness Elías Quesada Espinoza contradicts himself in his statement because at one moment he states that the rice field is property of Demasa and later, upon the cross-examination questions of the representative of that co-defendant, affirms: "I personally do not know for a fact that the small plane was contracted by Demasa, I saw it flying over on the other side of the river, it took off on the other side of the river. I did not see it flying over the rice specifically. I saw it taking off on the other side of the river, and there it descended". All the deponents contradict themselves or do not know for a fact who was the owner of the rice field, and this inhibits this Chamber from conclusively determining that DEMASA is the owner of the rice field cultivated on the other side of the Río Piedras at the time the events occurred. Furthermore, the body of evidence is barren in determining who was the airplane pilot, or who is the owner of the aircraft. The evidence in the case record determines that the co-defendant Aviación Agrícola S.A. was not contracted to carry out the referenced spraying, nor that the airplane observed in the area on the day of the events was its property. It is evident in the case record that during the period when the events occurred, Demasa did not contract Aviación Agrícola S.A. to carry out spraying, as is inferred from the certification issued by the co-defendant Aviación Agrícola S.A. (folio 64); also from the certified public accountant's certification (folio 73) that demonstrates the non-existence of invoices issued to Demasa for spraying services rendered. Finally, the certification of the Dirección General de Aviación Civil (folio 72) records that the small plane that carried out the spraying belonged to the company Servicio Nacional de Helicópteros S.A. and indicates that since November 5, 1975, the registration is cancelled. Moreover, the photocopy of the letter on folio 121 signed by Engineer Carlos Sánchez A., in his capacity as Agricultural Director of Demasa, is worded in such an ambiguous way that it does not allow concluding that Demasa was the owner of the rice field, and that at some point after the events occurred, an attempt was made to reach an arrangement with the plaintiffs.
V.From the different inspections, it is not possible to extract greater elements that would allow determining the subject who caused damages to the crops. The one carried out by the Guardia de Asistencia Rural (folio 4 and 5) and that of the officials of the Ministerio de Agricultura y Ganadería (folios 6 to 8), do not allow determining the direct relationship between the improper manner of spraying the rice field and the damages caused to the defendants' crops. The reports do not refer to the neighboring rice field, its proximity, extension, and state of that herbaceous crop at the time said administrative proceedings were carried out. From the first report rendered on July 26, 1996, by the administrative police officers, the damages caused to the crops are evident, but without managing to determine a possible cause. Engineer Francisco Alvarez Bonilla, an official of the Ministerio de Agricultura y Ganadería, in the report dated July 30, 1996, notes phytotoxicity from some hormonal-type agrochemical in the crops located on the plaintiffs' plots. He points out as a possible agrochemical (sic) some herbicide of those used in rice for the combat of broadleaf weeds and sedges. But these reports do not expressly indicate which was the source that caused the damage, although they establish possible products that caused them, this does not concretely determine the type of liquid poured onto the crops, and the manner in which it could have reached them. On the other hand, the judicial inspection (reconocimiento judicial) visible on folios 11 and 12 was carried out solely on the affected parties' plots. The sketch made in such judicial proceeding on folio 13 illustrates to this Chamber the location of the sprayed rice field, two dwelling houses, and the bank of the Río Piedras, but without managing to establish the distance or any element that would allow determining DEMASA's participation in the damages caused. The judicial inspection record determined: "On the other side of the road at the edge of the Río Piedras there is a plantation of approximately a quarter [of a hectare?] of totally yellow leaves, some plants and others on the ground rotten. They have a malformation in the lower part, that is, at the [base/stem] in the lower parts of the leaves, they are observed curled". These statements determine the damage, the proximity of the crops to the Río Piedras, the existence of a rice crop, but make it impossible to determine the causal link with the damages caused to the plots. Since it has not been proven who is the owner of the rice field and who carried out the spraying, it is impossible to establish the liability sought. In this case, it is not enough to prove the damages, but one must reliably prove who was the owner of the rice field by any means of proof, or who sprayed the rice field.
VI.Environmental factors and their influence must also be considered, particularly regarding the issue of aerial spraying. The mere fact that there is a neighboring rice field to the plaintiffs' plots cannot lead to the conclusion that the damages originated there. From the testimonial evidence, it is concluded that on the day of the events, there was a lot of wind, and on the other hand, none of the witnesses observed that the agrochemical was dropped from the airplane that was flying over the zone in the rice field in question. In this regard, witness Rafael Ángel Murillo Jiménez said: "I was on my plot, it was around nine or ten in the morning, when I observed a small plane that was spraying on the other side of the river Piedras. That day there was wind, which was blowing from the river towards the plots". As mentioned, this testimony does not specify the exact place where the irrigation was carried out; however, it determines that there was a lot of wind, in the same manner as other witnesses. This situation allows posing the possibility that the pesticide might have eventually come from another nearby property. Because, as was commented, the action of the wind transports fungicide particles for several kilometers (in this regard, one can consult judgment number 84 of this Chamber of 14 hours 45 minutes of November 19, 1980). It is appropriate at this point to briefly comment that the application of pesticides by air contains rigorous rules, precisely because of the damages they can cause to human and animal health, and to the environment. Even in the legislative sphere, regulations are observed that particularly contemplate the interference of wind in the application of pesticides. For example, the Ley General de Aviación Civil and the Reglamento sobre Registro, uso y control de Plaguicidas refer to the corresponding regulation, in its numerals 67, 69, 71 and 72, which establish the obligations of persons who apply substances such as pesticides by air. Among them, it prohibits aerial application when the wind exceeds the legally imposed speed limits. This body of law states that the pilot must suspend the flight if whirlwinds form, when imminent rain is anticipated, or the temperature and wind speed are not adequate. To make these forecasts, the magnitude of the drift of the product must be considered according to weather conditions. Also, the owner of the property to be sprayed must ensure that no damages are caused to the property of third parties and to adjoining crops. Therefore, article 79 of the referenced regulation establishes the obligation of the crop owner to indicate to the pilot in writing, with a copy to the operator, the types of crops and others that could be affected by the application of the agrochemical. However, in the case at hand, it is not possible to determine whether the crop was effectively the property of Demasa and who was the natural or legal person who carried out the spraying in the area near the plaintiffs' plots.
VII.Among the agricultural practices harmful to the environment, we find the application of pesticides. But the risk of causing damage to human and animal health, to the property of third parties, and to the environment especially increases with aerial application. Environmental damage liability (responsabilidad por daño al ambiente) can be contractual or non-contractual. Regarding the causal link, it is presumed that the agent causing the damage is responsible unless and until it rebuts that presumption, called causal presumption of imputability. It is a presumption of causation iuris tantum (MATEO, RAMON MARTIN, Tratado de Derecho Ambiental, Trivium, Madrid, 1st edition, 1992, pp. 167 and 169). As a direct consequence of this aspect, there is a reversal in the burden of proof, and furthermore, the subject presumed to be the generator of the damage assumes the risk by the simple fact of performing an activity that could potentially be harmful to the environment. Due to the nature of the matter and the legally protected interest, the agents must be individualized, because for strict liability (responsabilidad objetiva) to operate, it is imperative to determine the source of the contamination, and not those types where the agents are multiple, such as the case of noise pollution produced by the intense traffic of a highway (MATEO, Op.Cit. p. 174).
VIII.From the foregoing recitals and the study of the body of evidence, it is inferred that the conviction of the appellant to pay for environmental damage does not conform to what has been demonstrated, because DEMASA's participation in the facts subject to this litigation could not be determined, and the harmful agent must be specifically identified. Although the burden of proof corresponded to the appellant, the eventual damages caused in the protective zone of the Río Piedras and in its basin cannot be attributed to it. However, the participation of the Procuraduría General de la República as a party is missed, under the terms of article 3, subsection h) of its Ley Orgánica, since the judge should have invited it to participate in the proceeding. It is important to draw the attention of the cassation appellant's representation, since the issue was a matter of discussion, because this claim was requested by the plaintiffs in the first petition of the complaint filing brief when it requested: "1- That the company owning the rice crop treated with the substance or substances that were spread on the crops, homes of those represented herein, as well as in the protective zone of the Río Piedras and in its channel, is liable for the damages caused mainly to the crops of those represented and to the environment in the protective zone of the Río Piedras and in the channel itself...". As it cannot be determined that the company DEMASA contracted services for aerial spraying in the rice field located a few meters from a river, such a penalty cannot be imposed on it.
IX.Regarding the prohibition imposed in the judgment not to execute and apply pesticides by air in said zone, it is based on article 75 of the Reglamento para las actividades de aviación agrícolas, and the regulation prohibits carrying out aerial spraying when there is not a distance of 100 or 200 meters between the field to be treated and any road, house, or water source. The distance is set according to the degree of toxicity of the pesticide, the flight altitude, the particle size, and the wind speed. This regulation aims to prevent contamination in houses, towns, roads, pastures, drinking troughs, and others. But this grievance suffers the same fate as the previous one, because in the absence of evidence, it cannot be determined that the cassation appellant breached this regulation. Although it is worth noting that said "sanction" cannot be classified as lifetime, because it is a reminder of the obligations that companies and farmers using the aerial spraying system must be aware of. Said regulation has been in force since the month of November 1986, and to date has no modification, and for that reason, compliance is mandatory.
X.In light of the foregoing, the appropriate course is to uphold the cassation appeal, and deciding on the merits, to reverse the second-instance judgment and confirm the first-instance judgment.
THEREFORE:
The cassation appeal is upheld, and deciding on the merits, the second-instance judgment is reversed and the first-instance judgment is confirmed.
Rodrigo Montenegro Trejos Hugo Picado Odio Ricardo Zeledón Zeledón Luis Gmo. Rivas Loáiciga Ana María Breedy Jalet Substitute Magistrate NOTE FROM MAGISTRATE ZELEDÓN Even though I have voted with the entire Chamber on the operative part of the judgment, and in general I agree with the reasoning of the judgment, because for inexplicable reasons there is no evidence in relation to the subjects involved in the harmful action against the injured party, due to the plaintiff's omission or the inertia of the judges, in similar cases I have always voted differently. This is so because in environmental matters, the principle of subjective liability evolves toward strict liability (responsabilidad objetiva). This means that the injured party is not obligated to prove the fault of the one who caused the damage; it would suffice to name them, indicate the action carried out, and from the unlawfulness of that conduct, the liability for damages is deduced. Because if the subject causing the damage assumed the risk of affecting its neighbors with its action, even when it is lawful, it must necessarily answer for all the damages caused.
With these elements I hesitated to affirm the appealed ruling; however, the absolute lack of evidence inclines me to vote with the entirety of the Chamber.
Ricardo Zeledón Zeledón gdc.- Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 23-02-2026 15:56:20.
Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA RES: 000102-F-01 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José a las quince horas veintidós minutos del veintiséis de enero del año dos mil uno.
Proceso ordinario establecido en el Juzgado Agrario de Liberia por PEDRO GONZALEZ LOPEZ, agricultor y vecino de Bagaces, ALVARO PEREZ TORRES, agricultor y vecino de Bagaces, BOLIVAR CABEZAS DURAN, agricultor y vecino de Bagaces, contra DERIVADOS DEL MAIZ S.A. representada por Hans Bucher Cheves, ingeniero químico y Gustavo Méndez Cotera, mexicano, bínubo, doctor de investigación de alimentos, en su condición de Presidente y tesorero, con facultades de apoderados generalísimos sin limitación de suma, también aparece Dionisio Segura Hernández, como apoderado general judicial y contra AVIACION AGRICOLA S.A., representada por Cecil Alexander Murray Lindo, piloto aviador y Janice Mckenzie Hopkins, canadiense, en su condición de Presidente y Vicepresidente, con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma. Figuran además, como defensora pública agraria de los actores, la licenciada Ana Briceño Yock. Asimismo de la co-accionada , el licenciado Luis Eduardo Hernández Aguilar. Todas las personas físicas son mayores de edad y con las salvedades dichas, casados, abogados y vecinos de San José.
RESULTANDO:
1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó el actor se estableció demanda ordinaria, cuya cuantía se fijó en cinco millones de colones, a fin de que en sentencia se declare: “1- Que la compañía dueña del cultivo de arroz tratado con la substancia o substancia (sic) que fueron esparcidas en los cultivos, casas de los aquí representados, así como en la zona protectora del Río Piedras y en el cauce del mismo, es responsable de los daños causados principalmente en los cultivos de los representados y al medio ambiente en la zona protectora del Río Piedras y en el cauce mismo, en virtud que la Legislación vigente obliga a toda persona que encargue a otra el cumplimiento de uno o muchos actos a escoger a la persona más idónea y a vigilar la ejecución del trabajo en los límites de la diligencia de un bien padre de familia, por ese mismo motivo, debió vigilar en forma estricta el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 75, 76, 67, 68, 73 72 (sic) del Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola. 2- Que la compañía de aviación agrícola en cumplimiento del tragajo encomendado debió observar en forma estricta las normas y disposiciones vigente (sic) sobre aplicación de plaguicidas y por la inobservancia de las mismas y las consecuencias que derivó su falta de prudencia, deberá responder en forma solidaria conjuntamente con la compañía dueña del cultivo por los daños causados a los cultivos de los representados y al medio ambiente por la contaminación acaecida en la zona protectora del Río Piedras y en el cauce del Rio mismo. 3- Siendo que la plantación de arroz de la compañía Demasa s.a. (sic) se encuentra ubicada a menos de 100 metros del Río Piedras y a menos de 200 de casas, carreteras y cultivos diversos PIDO que en Sentencia se le obligue, en aplicación del artículo 75 del Reglamento para la Actividad de aviación agrícola, se le prohíba la aplicación aérea de plaguicidas en esa zona de cultivo. 4- El daño causado a los cultivos de los aquí representados es total en el sentido que el terreno para continuar la actividad agrícola debe limpiarse completamente no solo de los restos de los cultivos que ya no sirven sino que debe sanearse para que los nuevos cultivos que eventualmente se siembren no resulten contaminados, por ese motivo se estiman los daños en la siguientes (sic) forma: - ganancia dejada de percibir por el daño causado en los cultivos. – costo de limpieza, saneamiento y preparación del terreno para la nueva siembra. Para que se reconozcan en sentencia los rubros antes indicados. Que deberá responder por ambas costas del proceso.”.
2.- Separadamente, las accionadas contestarón negativamente la demanda. Por su parte, Dionisio Segura Hernández, apusó las excepciones de falta de legitimatio ad causam pasiva, falta de derecho y la de sine actione agit. Asimismo, el representante de Aviación Agricola S.A., interpuso las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de competencia en razón de la materia. Esta última resuelta en forma interlocutoria.
3.- El Juez a.i., Derin Salazar Fernández, en sentencia de las 14:10 horas del 12 de abril de 1999, resolvió: "Lo expuesto y artículos, 1, 155, 222, 287, siguientes y concordantes, 290 siguientes y concordantes, 315 del Código Procesal Civil, 15, 19, 38, 39, 40, 46, 52, 53, y siguientes de la Ley de Jurisdicción Agraria, 1045 y 1048 del Código Civil, se acogen las excepciones de Falta de derecho, Falta de Legitimación Ad Causam Pasiva y la Genérica de Sine actione agit opuestas a la acción por las demandadas. Se DECLARA SIN LUGAR en todos sus extremos el presente PROCESO ORDINARIO, establecido por PEDRO GONZALEZ LOPEZ, BOLIVAR CABEZAS DURAN Y ALVARO PEREZ TORRES, contra DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO S.A., Representado por su Apoderado General Judicial, Licenciado DIONISIO SEGURA HERNANDEZ, y AVIACION AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA, Representada por su Presidente CECIL ALEXANDER MURRAY LINDO. Se resuelve este proceso sin especial condenatoria en costas.".
4.- La licenciada Briceño Yock, en su expresado carácter, apeló y el Tribunal Agrario, integrado por los Jueces, Enrique Ulate Chacón, Carmenmaría Escoto Fernández y Ligia María Mesen Madrigal, en sentencia N° 766 dictada a las 15:10 horas del 6 de diciembre de 1999, dispuso: “Se revoca parcialmente la sentencia de las catorce horas con diez minutos del doce de abril de mil novecientos noventa y nueve, en cuanto acoge las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación ad causan (sic) pasiva y la genérica de sine acione (sic) agit opuestas por la co-demandada Derivados del Maíz Sociedad Anónima, para en su lugar rechazarlas. Se acoge la demanda interpuesta por los actores Pedro González López, Bolivar Cabezas Durán y Alvaro Pérez Torres, condenando a la co-demandada Derivados del Maíz Alimenticio S.A. (DEMASA), al pago de los daños y perjuicios ocasionados con su actuar, así como el daño ambiental, rubros que se liquidarán en ejecución de sentencia. Se le prohibe a la condenada la ejecución y aplicación de plaguicidas por vía aérea en dicha zona, bajo el apercibimiento de seguirsele causa por el delito de desobediencia a la autoridad, de continuar con tales prácticas. Igualmente se le condena a dicha empresa al pago de ambas costas de este proceso. En lo demás, se confirma el fallo recurrido.”.
5.- El apoderado de Derivados de Maíz Alimenticio S.A., formuló recurso de casación con indicación expresa de las razones en que se apoyó para refutar la tesis del Tribunal de instancia.
6.- En los procedimientos se han observados las prescripciones legales. Interviene en la decisión de este asunto la Magistrada Suplente Ana María Breedy Jalet, en sustitución del Magistrado Títular Ricardo Zamora Carvajal, por incapacidad.
Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga; y,
CONSIDERANDO:
I.Los actores cultivaban papaya, frijol, sandía, chile jalapeño y ayote en las parcelas ubicadas en el asentamiento la Falconiana en Bagaces Guanacaste. Una de las fincas colindantes estaba cultivada de arroz. Los días 24 y 25 de julio de 1996 se observaron sobrevolar las parcelas de los actores y el citado arrozal un avión de fumigación aérea con las iniciales TI-ADI. Después de esos hechos los cultivos de los actores sufrieron pérdidas totales. Los actores instauran este proceso para determinar la responsabilidad de las codemandadas en el daño provocado a los cultivos. En primera instancia se acogieron las excepciones interpuestas por las sociedades demandadas, y se declaró sin lugar la demanda. En segunda instancia fue revocada parcialmente la sentencia. Se acogió la demanda interpuesta y se condenó a Derivados de Maíz S.A. al pago de los daños y perjuicios causados, del daño ambiental provocado en la zona protectora del río Piedras, y ambas costas. Se le prohibió a la sociedad condenada la ejecución y aplicación de plaguicidas por vía aérea en dicha zona. A favor de la codemandada Aviación Agrícola S.A. se acogieron las excepciones interpuestas por su apoderado y se declaró sin lugar todos los extremos de la demanda.
II.Para un mejor estudio se ordena el recurso. En lo medular el recurso de casación se fundamenta en la errada apreciación de la prueba por cuanto no se demostró que el arrozal fuera de DEMASA, y que ésta contrató a la codemandada Aviación Agrícola S.A. los servicios de fumigación aérea de riego y en consecuencia estima la ausencia de responsabilidad de parte de ella por los daños causados a los cultivos de los actores. Señala el apoderado de la sociedad recurrente que el fundamento para ser condenados lo fue por responsabilidad objetiva pero a su criterio no se logró constatar la existencia de los tres requisitos exigidos para este tipo de responsabilidad: a) el uso de cosas peligrosas; b) la existencia de un daño de carácter patrimonial; y c) la relación de causa a efecto entre el hecho y el daño. Aduce la ausencia de prueba técnica donde conste que su representada es la propietaria del arrozal y que fuera ella quien contrató la fumigación aérea. Critica el sistema de valoración de la prueba y señala violadas las normas de la sana crítica racional porque no basta con que su representada tenga un cultivo de arroz para que sea condenada. Sobre las inspecciones oculares y el reconocimiento judicial señala que no hay ninguna relativa al fundo colindante al otro lado del río para determinar la existencia del cultivo de arroz y propiedad de la recurrente. Sobre la prueba testimonial la descalifica, porque en su criterio a los testigos no les constó por sí mismos en forma cierta y segura quién era el propietario del arrozal y en consecuencia poder arribar a la conclusión de quién contrató los servicios de fumigación; agrega que no basta la simple afirmación de los testigos para determinar que DEMASA contrató la fumigación. En este punto, insiste en ausencia de una relación contractual de la compañía codemandada AVIACIÓN AGRÍCOLA S.A., la falta de prueba que acredite la contratación de servicios de fumigación con esta o con otra empresa, y señala una violación al artículo 1048 del Código Civil porque no se da la solidaridad requerida por ese cuerpo legal. Rebate la condenatoria del daño ambiental por no haberse discutido en el proceso y como consecuencia de esa situación se violó en perjuicio de la recurrente el debido proceso. Por último tilda de improcedente y violatoria de los principios constitucionales la prohibición "vitalicia" impuesta de aplicar plaguicidas por vía aérea a la recurrente en esa zona.
III.Sobre el sistema de valoración de la prueba en materia agraria esta Sala se ha pronunciado en múltiples oportunidades. La libre valoración de la prueba es un sistema diferente a la sana crítica racional. La primera surge como la convicción de Juez que adquiere mediante el contacto directo con la prueba, el lugar de los hechos y la apreciación de todos estos elementos en conciencia. En este sistema no existe la sujeción estricta a criterios preestablecidos, solo cuando se procede a valorar debe el juez expresar los principios de equidad o de derecho sobre los cuales se funda, (entre muchas se puede consultar la sentencia de esta Sala número 70 de las 15 horas 15 minutos del 3 de noviembre de 1993). Por ello no es de recibo la queja del apoderado de la recurrente al alegar una violación de las normas de la sana crítica en la valoración de las pruebas, porque este sistema es propio del proceso civil. En este proceso agrario el juzgador se sirve de la ley civil para resolver el fondo del asunto, pero ello no implica que deba interpretarlas con el sistema del proceso civil. Todo lo contrario, el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria expresamente ordena al juzgador la forma de valorar la prueba, la cual es en conciencia y sin sujeción estricta a las normas del Derecho común. No obstante como se analizará en considerandos posteriores la prueba no ha sido debidamente valorada por los motivos que se dirán.
IV.Básicamente la queja del recurrente radica en la falta de elementos probatorios para determinar que Derivados del Maíz Alimenticio S.A. (en lo sucesivo DEMASA) era la propietaria del arrozal fumigado y en consecuencia la responsable de los daños derivados de la fumigación aérea. En el proceso se evacuaron únicamente tres testimonios, los cuales resultan imprecisos y no le merecen fe a esta Sala. Dos de los deponentes son personas directamente afectadas con los daños, y la tercera el hijo de uno de ellos quien afirmó laborar para la demandada en el arrozal en cuestión, no obstante no es contundente para determinar la responsabilidad de DEMASA. Al respecto el testimonio de Rafael Ángel Murillo indicó: " A LAS PREGUNTAS DEL LICENCIADO FERNÁNDEZ AGUILAR: Yo no logre ver la matrícula del avión. No se cual era el nombre del piloto. Yo estaba trabajando no vi cuando el avión soltó el producto. A PREGUNTAS DEL LICENCIADO SEGURA HERNANDEZ: En esa época era frecuente que pasaran las avionetas por acá, pues lo que se sembraba era hortalizas. En esa época al que conocía que hacia trabajos de fumigación era un señor Arredondo, no se el nombre de la compañía. No conocía eso si sus avionetas. Yo indico que la avioneta estaba fumigando al otro lado del río, porque veía sobre volando al otra lado del río. A mi personalmente no me consta que el arroz era de DEMASA". (visible a folio 107). Por otra parte el testigo Elías Quesada Espinoza se contradice en su declaración pues en un primer momento declara que el arrozal es propiedad de Demasa y posteriormente ante las repreguntas del apoderado de esa codemandada afirma: "A mi personalmente no me consta que la avioneta fuera contratada por Demasa, la veía sobre volar al otro lado del río, se levantaba al otro lado del río. No la vi sobre volar el arroz, específicamente. La veía que se levantaba al otro lado del río, y ahí se bajaba". Todos los deponentes se contradicen o no les consta quién era el propietario del arrozal y ello inhibe a esta Sala de concluir certeramente que DEMASA sea la propietaria del arrozal cultivado al otro lado del río Piedras al momento de ocurrir los hechos. Además es ayuno, el elenco probatorio, en cuanto determinar quién era el piloto del avión, o quién es el propietario de la aeronave. Las pruebas que obran en autos determinan que la codemandada Aviación Agrícola S.A. no fue contratada para realizar la fumigación aludida, ni tampoco que el avión observado en la zona el día de los hechos fuera de su propiedad. Consta en autos que durante el periodo en que acaecieron los hechos Demasa no contrató a Aviación Agrícola S.A. para realizar fumigaciones, así se desprende de la certificación emitida por la codemandada Aviación Agrícola S.A.(folio 64); también de la certificación de contador público autorizado (folio 73) que demuestra la inexistencia de facturas giradas a Demasa por servicios prestados en fumigación. Por último la certificación de la Dirección General de Aviación Civil (folio 72) hace constar que la avioneta que llevó a cabo la fumigación perteneció a la empresa Servicio Nacional de Helicópteros S.A. e indica que desde el 5 de noviembre de 1975 la matrícula se encuentra cancelada. Por otra parte la fotocopia de la carta que corre a folio 121 suscrita por el Ingeniero Carlos Sánchez A., en su condición de Director Agrícola de Demasa, se encuentra redactada de una forma tan ambigua que no permite concluir que Demasa fuera la propietaria del arrozal, y que en algún momento después de ocurridos los hechos se procuró llegar a un arreglo con los actores.
V.De las diferentes inspecciones no es posible extraer mayores elementos que permitan determinar el sujeto que causó daños a los cultivos. La realizada por la Guardia de Asistencia Rural (folio 4 y 5) y la de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (folios 6 al 8), no permiten determinar la relación directa entre la indebida forma de fumigación del arrozal con los daños causados a los cultivos de los demandados. Los informes no hacen referencia al arrozal vecino, la cercanía, extensión y estado de ese cultivo herbáceo al momento de llevarse a cabo tales diligencias administrativas. Del primer informe rendido el 26 de julio de 1996 por los oficiales de la policía administrativa se evidencian los daños ocasionados en los cultivos pero sin lograr determinar causa posible. El Ingeniero Francisco Alvarez Bonilla, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el informe fechado 30 de julio de 1996, apunta una fitotoxicidad con algún agroquímico de tipo hormonal en los cultivos ubicados en las parcelas de los actores. Señala como posible agroquímico (sic) algún herbicida de los utilizados en arroz para el combate de la malezas (sic) de hoja ancha y ceperáceas. Pero estos informes no indican expresamente cuál fue la fuente que causó el daño, aunque establece posibles productos que los causaron, ello no determina de forma concreta el tipo de líquido vertido sobre los cultivos, y la forma en que pudieron llegar a ellos. Por otra parte el reconocimiento judicial visible a folio 11 y 12 se practicó únicamente en las parcelas de los afectados. El croquis confeccionado en tal diligencia judicial que corre a folio 13, ilustra a esta Sala acerca de la ubicación del arrozal fumigado, de dos casas de habitación, y la ribera del río Piedras, pero sin lograr establecer la distancia o algún elemento que permita determinar la participación de DEMASA en los daños ocasionados. En el acta del reconocimiento determinó: " Al otro lado de la calle a la orilla del río Piedras existe una plantación de cuadrado de aproximadamente un cuarto de hojas amarillas totalmente algunas plantas y otras en el suelo podridas. Tienen una malformación en la parte baja, sea en a cepa en las dopas de las hojas se observan arrolladas". Estas afirmaciones determinan el daño, la cercanía de los cultivos al río Piedras, la existencia de un cultivo de arroz, pero imposibilita a determinar el nexo causal con los daños causados a las parcelas. Al no tener acreditado quién es el propietario del arrozal y quién llevó a cabo la fumigación es imposible establecer la responsabilidad pedida. No basta en este caso con probar los daños, sino se debe acreditar fehacientemente quién era el propietario del arrozal por cualquier medio probatorio, o quién fumigó el arrozal.
VI.También se deben considerar los factores ambientales y su influencia en particular con el tema de la fumigación aérea. El hecho de que exista un arrozal vecino a las parcelas de los actores, no puede llevar a concluir que ahí se originaron los daños. De la prueba testimonial se concluye que el día de los hechos había mucho viento, y por otra parte ninguno de los testigos observó que el agroquímico fuera arrojado del avión que sobrevolaba la zona en el arrozal en cuestión. Al respecto el testigo Rafael Ángel Murillo Jiménez dijo: "Yo me encontraba en mi parcela, eran como las nueve o diez de la mañana, cuando observé una avioneta, que estaba fumigando, al otro lado del río piedra. Ese día había viento, que corría del río hacia las parcelas". Como se refirió, este testimonio no especifica el lugar exacto de donde se llevó a cabo la irrigación, no obstante determina que había mucho viento, de la misma forma que otros testigos. Esta situación permite plantear la posibilidad de que eventualmente el plaguicida procediera de otro fundo cercano. Porque como se comentó la acción del viento transporta las partículas del fungicida por varios kilómetros, (al respecto se puede consultar la sentencia número 84 de esta Sala de las 14 horas 45 minutos del 19 de noviembre de 1980). Cabe en este punto comentar de forma breve que la aplicación de plaguicidas por vía aérea contiene rigurosas reglas, precisamente por los daños que pueden causar a la salud humana y animal, y al medio ambiente. Incluso, se observa en el ámbito legislativo normativa que particularmente contempla la injerencia del viento en la aplicación de plaguicidas. Por ejemplo, la Ley General de Aviación Civil y el Reglamento sobre Registro, uso y control de Plaguicidas refieren al reglamento correspondiente, en sus numerales 67, 69, 71 y 72 que estatuyen las obligaciones de las personas que apliquen por vía aérea sustancias como plaguicidas. Entre ellas prohibe hacer aplicación aérea cuando el viento exceda los límites de velocidad impuestos legalmente. Refiere este cuerpo legal que el piloto deberá suspender el vuelo si se forman remolinos, cuando se prevé lluvia inminente, o la temperatura y velocidad del viento no sean adecuadas. Se debe considerar para hacer estas previsiones, la magnitud del desplazamiento del producto de acuerdo con las condiciones del tiempo. También el dueño del predio a aspersar deberá vigilar porque no se causen daños a la propiedad de terceros y en cultivos colindantes. Por ello el artículo 79 del referido reglamento establece la obligación al propietario del cultivo de indicar al piloto por escrito con copia al operador los tipos de cultivos y demás que pudieren verse afectados con la aplicación del agroquímico. No obstante en el súbjudice no es posible determinar si efectivamente el cultivo era propiedad de Demasa y quién fue la persona física o jurídica que llevó a cabo la fumigación en el área cercana a las parcelas de los actores.
VII.Dentro de las prácticas agrícolas dañinas al ambiente encontramos la aplicación de plaguicidas. Pero especialmente aumenta el riesgo, en la aplicación vía aérea, de causar daño a la salud humana y animal, a los bienes de terceras personas, y al medio ambiente. La responsabilidad por daño al ambiente puede ser contractual o extracontractual. En lo relativo al nexo causal, se presume que el agente causante del daño lo es hasta el tanto no desvirtúe esa presunción, denominada presunción causal de imputabilidad. Es una presunción de causalidad iuris tantum (MATEO, RAMON MARTIN, Tratado de Derecho Ambiental, Trivium, Madrid, 1° edición, 1992, pág. 167 y 169). Como consecuencia directa de este aspecto hay una reversión en la carga de la prueba, y además el sujeto presuntamente generador del daño asume el riesgo por el simple hecho de realizar una actividad que eventualmente pueda ser lesiva al medio ambiente. Por la naturaleza de la materia, y el bien jurídico tutelado los agentes deben ser individualizados, porque para que opere la responsabilidad objetiva es imperante determinar la fuente de la contaminación, y no aquellos tipos en que son múltiples los agentes como el caso de la contaminación sónica producida por el intenso tráfico de una autopista (MATEO, Op.Cit. Pág. 174).
VIII.De los considerandos anteriores y del estudio del elenco probatorio se infiere que la condenatoria a la recurrente al pago del daño ambiental, no se ajusta a lo demostrado, porque no se pudo determinar la participación de Demasa en los hechos objeto de esta litis, y el agente dañino debe estar específicamente señalado. Aunque la carga de la prueba le correspondía a la recurrente no es posible imputarle los eventuales daños causados en la zona protectora del río Piedras y en su cuenca. No obstante, se extraña la participación de la Procuraduría General de la República como parte, al tenor del artículo 3 inciso h) de su Ley Orgánica, por cuanto el juzgador debió invitarle a participar en el proceso. Es importante llamar la atención a la representación de la casacionista ya que el tema fue motivo de discusión, porque este extremo fue solicitado por los actores en la petitoria número uno del libelo de interposición de la demanda cuando solicitó: "1-Que la compañía dueña del cultivo de arroz tratado con la substancia o substancia que fueron esparcidas en los cultivos, casas de los aquí representados, así como de la zona protectora del Río Piedras y en el cauce del mismo, es responsable de los daños causados principalmente en los cultivos de los representados y al medio ambiente en la zona protectora del Río Piedras y en cauce mismo...". Al no determinar que la empresa DEMASA contrató servicios para la fumigación aérea en el arrozal ubicado a pocos metros de un río no se le puede imputar tal sanción.
IX.Sobre la prohibición impuesta en sentencia de no ejecutar y aplicar plaguicidas por vía aérea en dicha zona, se fundamentan en el artículo 75 del Reglamento para las actividades de aviación agrícolas, y la norma prohibe realizar fumigaciones aéreas cuando no exista una distancia de 100 o 200 metros entre el campo a tratar y cualquier carretera, casa o fuente de agua. La distancia se fija de acuerdo al grado de toxicidad del plaguicida, la altura de vuelo, el tamaño de la partícula y la velocidad del viento. Esta norma tiene como finalidad evitar la contaminación en casas, poblados, carreteras, pastizales, abrevaderos y otros. Pero igual suerte lleva este agravio que el anterior, pues ante la ausencia de prueba no se puede determinar que el casacionista quebrantó esta normativa. Aunque cabe advertir que dicha "sanción" no puede calificarse de vitalicia, porque ella es un recordatorio de las obligaciones que deben conocer las empresas y agricultores que utilizan el sistema de fumigación por vía aérea. Dicha normativa se encuentra vigente desde el mes de noviembre de 1986, sin que a la fecha tengan modificación alguna, y en razón de ello es de acatamiento obligatorio.
X.En razón de lo anterior lo procedente es acoger el recurso de casación, y fallando por el fondo, revocar sentencia la de segunda instancia y confirmar la de primera instancia.
POR TANTO:
Se acoge el recurso de casación, y fallando por el fondo, se revoca la sentencia de segunda instancia y se confirma la de primera instancia.
Rodrigo Montenegro Trejos Hugo Picado Odio Ricardo Zeledón Zeledón Luis Gmo. Rivas Loáiciga Ana María Breedy Jalet Magistrada Suplente NOTA DEL MAGISTRADO ZELEDÓN Aún cuando he votado con tosa la Sala la parte dispositiva de la sentenia, y en general estoy de acuerdo con los razonamientos de la sentencia, pues por motivos inexplicables no existe prueba en relación con los sujetos intervinientes en la acción perjudicial al damnificado, por omisión del actor o la inercia de los jueces, en casos similares siempre he votado en forma distinta. Esto es así porque en materia ambiental el principio de la responsabilidad subjetiva evoluciona hacia la responsabilidad objetiva. Esto significa que el damnificado no está obligado a probar la culpa de quien le causó el daño, bastaría señalarlo, indicar la acción verificada, y de la ilicitud de esa conducta se deduce la responsabilidad indemnizatoria. Porque si el sujeto causante del daño asumió el riesgo de afectar a sus vecinos con su acción aún cuando sea lícita, debe necesariamente responder por todos los daños causados. Con estos elementos dudé en corfirmar la sentencia recurrida, sin embargo la absoluta falta de prueba me inclina a votar con la totalidad de la Sala.
Ricardo Zeledón Zeledón gdc.-
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