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Res. 01026-2016 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 13/10/2016
OutcomeResultado
The case is to be heard by the Administrative Contentious and Civil Treasury Tribunal because it involves State public domain property.Se declara que el conocimiento del proceso corresponde al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por versar sobre bienes del dominio público del Estado.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court of Justice resolved a competence conflict arising in a proceeding where a private party sought a declaration of ownership over a parcel and the existence of footpath easements over several properties, including unregistered State-owned lands located within the Los Santos Forest Reserve, affecting among others the Cerro Vueltas Biological Reserve and the Los Robledales and Los Quetzales National Parks. The Agrarian Court had sua sponte declined jurisdiction considering the matter fell under administrative contentious jurisdiction, but the Agrarian Tribunal overruled the declination and the State appealed. In a majority vote, the Chamber held that since the properties constitute public domain land —part of the State’s natural heritage— jurisdiction lies with the administrative contentious jurisdiction, pursuant to Articles 13 and 14 of the Forestry Law, 108 of the Biodiversity Law, and 1 and 2 of the Administrative Contentious Procedure Code. The case was therefore remitted to the Administrative Contentious and Civil Treasury Tribunal, preserving the validity of prior proceedings. A dissenting vote argues that agrarian jurisdiction should apply due to the untimeliness of the jurisdictional challenge and the possessory and agrarian nature of the dispute.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resolvió un conflicto de competencia surgido en un proceso donde una particular pretendía que se le declarara dueña de un terreno y la existencia de servidumbres de paso sobre varios inmuebles, incluyendo terrenos sin inscribir propiedad del Estado ubicados dentro de la Reserva Forestal Los Santos y que afectaban, entre otros, la Reserva Biológica Cerro Vueltas y los Parques Nacionales Los Robledales y Los Quetzales. El Juzgado Agrario se había inhibido de oficio por considerar el asunto de naturaleza contencioso administrativa, pero el Tribunal Agrario improbó la inhibitoria y el Estado apeló. La Sala, en voto de mayoría, determinó que al tratarse de inmuebles que forman parte del dominio público —terrenos del patrimonio natural del Estado— la competencia corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, 108 de la Ley de Biodiversidad y 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, remitiendo el conocimiento al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, conservándose la vigencia de lo actuado. Existe un voto salvado que considera que la competencia era agraria por la extemporaneidad de la excepción y la naturaleza posesoria y agraria del conflicto.
Key excerptExtracto clave
In the case under review, the plaintiff seeks a declaration that she is the owner of the land referred to in cadastral plan SJ-647820-200 and that a footpath easement exists across the defendants’ properties and across unregistered “State-owned” lands. According to the ACOPAC-OT-118-2013 report issued by the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy (folio 2072 of the virtual record), these lands “...conclude regarding possible access to the land described in cadastral plan SJ-647820-2000 that: a) a segment lies over part of the land shown in cadastral plan SJ-973516-2005 belonging to Sucesores Malaquias Jiménez Sociedad Anónima; b) it would affect an area described on the Vueltas cartographic sheet as ‘Sabana y Páramo Vueltas,’ very fragile ecosystems protected within the limits of the Cerro Vueltas Biological Reserve, located above 3,000 meters above sea level; c) part would be located within the area of Los Robledales National Park, created by Law No. 2825 of October 14, 1961, Art. 7(a); d) a portion would pass through Los Quetzales National Park in an oak forest area adjacent to the Inter-American Highway…” Furthermore, the information on the cadastral plans confirms that the lands belong to the Los Santos Forest Reserve, restricted under the Forestry Law. Given this, the properties at issue constitute public domain areas, and therefore the Administrative Contentious Jurisdiction, which extends to any matter in which the State has a direct interest, is the proper venue to hear the plaintiff’s claims (Art. 108 of the Biodiversity Law).El caso de estudio, la parte actora pretende se declare en sentencia como dueña del terreno a que se refiere íntegramente el plano catastrado número SJ-647820-200 y que existe servidumbre de paso a pie entre las propiedades de los demandados no. 508206-000, 413735-001 y 002, 626072-000, 508206-000, 413735-001 y 002, además por terrenos sin inscribir “propiedad del Estado”. Dichos terrenos -según se concluye en oficio del ACOPAC – OT – 118 -2013 emitido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, que corre a folio 2072 del expediente virtual- señala; “…Se concluye el relación (sic) al posible acceso al terreno que describe el plano Catastrado SJ-647820-2000 que: a- Un segmento se ubica sobre una parte del terreno descrito en el plano catastrado SJ-973516-2005 perteneciente a Sucesores Malaquias Jiménez Sociedad Anónima. B- Afectaría un área de terreno descrito en la Hoja Cartográfica Vueltas N° xxxx del Instituto Geográfico Nacional escala 1:50.000, como “Sabana y Paramo Vueltas” los cuales son ecosistemas muy frajiles protejidos dentro del límite de la Reserva Biológica Cerro Vueltas, además se ubican por encima de los tres Metros Sobre el Nivel del Mar. c- En parte se ubicaría en un área de los dos mil metros de Parque Nacional Los Robledales creada mediante la Ley de Tierras y Colonización N° 2825 del 14 de octubre de 1961, art. 7 inciso a. d- Una porción pasaría por el Parque Nacional Los Quetzales en un área de robledales contiguo a la Carretera Interamericana...”. Aunado a lo anterior, de la información que consta en los planos SJ-647820-2000 –folio virtual 2067- y 1-973516-2005 (F. 2060 a 2073 virtual), se verifica que pertenecen a la Reserva Forestal Los Santos, limitadas por la Ley Forestal. Ante esta coyuntura, los inmuebles objeto de este asunto corresponden a un área de dominio público, por lo que es la jurisdicción Contenciosa Administrativa (art. 108 Ley de Biodiversidad), extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo, a la que corresponde conocer de las pretensiones de la parte actora.
Pull quotesCitas destacadas
"Ante esta coyuntura, los inmuebles objeto de este asunto corresponden a un área de dominio público, por lo que es la jurisdicción Contenciosa Administrativa (art. 108 Ley de Biodiversidad), extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo, a la que corresponde conocer de las pretensiones de la parte actora."
"Given this situation, the properties at issue constitute public domain areas, and therefore the Administrative Contentious Jurisdiction, which extends to any matter in which the State has a direct interest, is the proper venue to hear the plaintiff’s claims (Art. 108 of the Biodiversity Law)."
Considerando IV
"Ante esta coyuntura, los inmuebles objeto de este asunto corresponden a un área de dominio público, por lo que es la jurisdicción Contenciosa Administrativa (art. 108 Ley de Biodiversidad), extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo, a la que corresponde conocer de las pretensiones de la parte actora."
Considerando IV
"Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible."
"Forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, as detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; private possession thereof shall not give rise to any right in their favor and the State’s action to recover these lands is imprescriptible."
Artículo 14 Ley Forestal, citado en Considerando III
"Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible."
Artículo 14 Ley Forestal, citado en Considerando III
"En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria."
"In biodiversity matters and as long as no environmental jurisdiction exists, all disputes shall fall under the exclusive competence of the administrative contentious jurisdiction. As exceptions to the above rule, crimes against biodiversity shall be tried by the criminal jurisdiction; likewise, disputes between private parties not involving an administrative act or public domain shall be under the competence of the agrarian jurisdiction."
Artículo 108 Ley de Biodiversidad, citado en Considerando III
"En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria."
Artículo 108 Ley de Biodiversidad, citado en Considerando III
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First Chamber of the Supreme Court Case File: 06-000038-0699-AG Analyzed by: SALA PRIMERA Judgment with Dissenting Vote Content of Interest:
Type of Content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Conflict of jurisdiction Subtopics:
Public domain property (Bien demanial).
In the case under study, the plaintiff seeks a judgment declaring her the owner of a piece of land and the existence of a pedestrian right-of-way easement (servidumbre de paso a pie) between the defendants' properties, and also over unregistered lands owned by the State, which belong to a forest reserve. The Chamber finds that the real estate corresponds to a public domain area; therefore, it is the administrative litigation jurisdiction, which is extensive to any matter in which the State has a direct interest, that holds jurisdiction to hear the plaintiff's claims (articles 13 and 14 of the Ley Forestal, 108 of the Ley de Biodiversidad).
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Type of Content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Conflict of jurisdiction Subtopics:
State interest.
In the case under study, the plaintiff seeks a judgment declaring her the owner of a piece of land and the existence of a pedestrian right-of-way easement (servidumbre de paso a pie) between the defendants' properties, and also over unregistered lands owned by the State, which belong to a forest reserve. The Chamber finds that the real estate corresponds to a public domain area; therefore, it is the administrative litigation jurisdiction, which is extensive to any matter in which the State has a direct interest, that holds jurisdiction to hear the plaintiff's claims (articles 13 and 14 of the Ley Forestal, 108 of the Ley de Biodiversidad).
... See more *060000380699AG* Res. 001026-C-S1-2016 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours zero minutes on the thirteenth of October of two thousand sixteen.- In an ordinary proceeding by BELÉN TERESITA ORTÍZ APARICIO against SUCESORES DE MALAQUÍAS JIMÉNEZ S.A., VÍCTOR MANUEL DÍAZ ANGULO, also known as ROLANDO DÍAZ ANGULO, HUGO MARTÍN COTO DÍAZ, PODOCARPUS SOCIEDAD ANÓNIMA, CARLOS DÍAZ ANGULO, DENIA GERARDINA SEGURA ANGULO, IGNACIO DÍAZ ANGULO and the ESTADO, the Agrarian Court (Juzgado Agrario) of the Second Judicial Circuit of San José, declined jurisdiction sua sponte by reason of subject matter to hear the matter and referred it to the Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario), which in turn rejected the declination of jurisdiction. Disagreeing, the ESTADO appealed, and therefore the matter was sent for consultation to this Chamber.
CONSIDERANDO
I.- The plaintiff filed an ordinary proceeding so that the judgment declares: “ A.- That the undersigned is the legitimate owner of the lands fully referred to in cadastral plan number SJ-647820-200, and therefore the defendant must return the lands that overlap with its plan 1-973516-2005, and which it intends to annex via the cadastral, boundary, and accessibility maneuvers it has carried out. B.- That a pedestrian right-of-way easement (servidumbre de paso a pie) exists, or for animal-drawn, automotive, or human-powered vehicles, with a width of three meters, on the south boundary, with a south-southeast direction, and with a length of 905 meters, in favor of the property of the Partido de San José number TWO HUNDRED THREE THOUSAND EIGHTY-ONE and against the defendant's real estate, property of the Partido de San José registration number TWENTY-FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY-FIVE, and that the Registry be ordered to record its registration. C.- That the defendant be ordered to cover the cost generated by boundary modifications, to return things to their previous state, including restoring the damaged spring (naciente). D.- That the nullity of cadastral plan 1-973516-2005 be declared, and therefore the Catastro Nacional be ordered to cancel its registration. E.- That in the event of opposition, the defendant be ordered to pay costs” (F. 29 and 30 digital case file). The complaint was expanded against Víctor Manuel Díaz Angulo, Hugo Martín Coto Díaz, Podocarpus S.A. and as adjoining landowners; the ESTADO, Carlos Díaz Angulo, Denia Gerardina Segura Angulo and Ignacio Díaz Angulo, so that the judgment declares: “ 1.- That a pedestrian right-of-way easement (servidumbre de paso a pie) exists, or for animal-drawn, automotive, or human-powered vehicles, with a width of three meters, on the south boundary, with a south-southeast direction, and with a length of 905 meters, in favor of the property of the Partido de San José number TWO HUNDRED THREE THOUSAND EIGHTY-ONE and against the defendant's real estate, property of the Partido de San José registration number TWENTY-FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY-FIVE, and that the Registry be ordered to record its registration. 2.- That, in the alternative, the existence of a pedestrian right-of-way easement (servidumbre de paso a pie) be declared, or for animal-drawn, automotive, or human-powered vehicles, with a width of three meters, in favor of my principal's property, property of the Partido de San José number TWO HUNDRED THREE THOUSAND EIGHTY-ONE and against the properties that will be named, with the plaintiff being authorized to carry out the necessary works to implement the exit to the public road through such real estate, such as road layout, land stabilization, land clearing, and eliminating all kinds of gates and other obstacles that prevent the plaintiff's passage. Said easement would be against any of the real estate described below, and with the description indicated: A.- The real estate owned by the defendant VICTOR MANUEL DÍAZ ANGULO known as ROLANDO DÍAZ ANGULO, with the stated qualifications, which is a property of the Partido de San José with real property folio registration number FIVE HUNDRED EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED SIX-ZERO ZERO ZERO, cadastral plan SJ-0221703-1994. This easement would continue through the properties owned by the defendant IGNACIO DÍAZ ANGULO, with the stated qualifications, which is an unregistered property, and the layout of this easement would also run through the property of the defendants DENIA GERARDINA SEGURA ANGULO and CARLOS DÍAZ ANGULO, with the stated qualifications, which is a property of the Partido de San José with real property folio registration number 413735 sub-registrations 001 and 002. Said easement would be located on the northern boundary of my principal's property, with a north-northwest direction, with a distance of approximately Three thousand five hundred meters. B.- The real estate owned by the defendant HUGO MARTÍN COTO DÍAZ, with the indicated qualifications, which is a property of the Partido de San José with real property folio registration number SIX HUNDRED TWENTY-SIX THOUSAND SIXTY-TWO-ZERO ZERO ZERO, cadastral plan SJ-0745118-1988. This easement would continue through the properties owned by the defendant VÍCTOR MANUEL DÍAZ ANGULO known as ROLANDO DÍAZ ANGULO, with the stated qualifications, which is a property of the Partido de San José with real property folio registration number FIVE HUNDRED EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED SIX-ZERO ZERO ZERO, cadastral plan SJ-0221703-1994. This easement continues through the properties owned by the defendant IGNACIO DÍAZ ANGULO, with the stated qualifications, which is an unregistered property; and the layout of this easement would also run through the property of the defendants DENIA GERARDINA SEGURA ANGULO and CARLOS DÍAZ ANGULO, with the stated qualifications, which is a property of the Partido de San José, real property folio registration number 413735 sub-registrations 001 and 002. Said easement would be located on the western boundary of my principal's property, with a north-northwest direction, with a distance of approximately Five thousand meters. C.- The real estate owned by the defendant PODOCARPUS S.A., which is a right of possession over an unregistered property without a cadastral plan. Said easement would be located on the eastern boundary of my principal's property, with a north-northeast direction, with a distance of approximately Seven thousand five hundred meters. D.- The real estate owned by the ESTADO, which is an unregistered piece of land without a cadastral plan. Said easement would be located on the south-southwest boundary of my principal's property, with a south-southwest direction, with a distance of approximately seven thousand meters. 3.- That in the event of opposition, the defendants be ordered to pay costs, and in any case, given the circumstances under which this expansion of the complaint is made, for the defendants who are not ordered to pay, my principal be exempted from the payment of costs” (F. 1951 of the virtual case file).
II.- The ESTADO requested an ex officio review of the subject-matter jurisdiction of the agrarian jurisdiction, under the argument that the purpose of the proceeding is the declaration of a right-of-way easement (servidumbre de paso) over public domain lands (terrenos demaniales) that are part of the State's natural heritage (F. 2056 to 2057 of the virtual case file). The Agrarian Court (Juzgado Agrario) of the Second Judicial Circuit of San José, sua sponte, declined jurisdiction by reason of subject matter and referred the matter to the Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario) (F. 2167 of the virtual case file). The Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario) rejected the Court's declination of jurisdiction, considering that it involved a plea of lack of jurisdiction, filed untimely (F. 2192-2194 of the virtual case file). The ESTADO appealed the decision and clarified that what was requested was a motion for the judge to ex officio review his jurisdiction by reason of subject matter, for the reasons given in the written response to the complaint (F. 2204-2210 of the virtual case file). For the foregoing reason, the Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario) raised the matter in consultation before this Chamber.
III.- Article 13 of the Ley Forestal No. 7575 provides: “The State's natural heritage (patrimonio natural del Estado) shall be constituted by the forests and forest lands (terrenos forestales) of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other agencies of the Public Administration, except for real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its assets. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. When applicable, through the Procuraduría General de la República, it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized properties owned by the State. Non-governmental organizations that acquire real estate with forest or of forest aptitude, with funds from donations or the public treasury, which have been obtained in the name of the State, must transfer them to the State's name.” For its part, numeral 14 of the same Law states: “The forest lands (terrenos forestales) and forests that constitute the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado), detailed in the preceding article, shall be non-seizable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any rights in their favor, and the State's action for recovery (reivindicatoria) over these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information, and both the invasion and occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.” For its part, article 108 of the Ley de Biodiversidad establishes that, as long as there are no specialized environmental courts, all matters linked to private individuals shall correspond to the Agrarian Jurisdiction, reserving for the Administrative Litigation Jurisdiction those in which the State is involved. Specifically, it provides: “In matters of biodiversity and as long as an environmental jurisdiction does not exist, any controversy shall be the exclusive competence of the administrative litigation jurisdiction. As exceptions to the preceding rule, crimes against biodiversity shall be tried by the criminal jurisdiction; likewise, controversies that arise between private individuals, where there is no administrative act or public domain involved, shall be the competence of the agrarian jurisdiction.” From the foregoing, it follows that, as the specialized environmental jurisdiction has not yet been created, the controversies that arise are, as a general rule, the competence of the administrative litigation jurisdiction, without it being possible to consider that it belongs to the agrarian jurisdiction as an exception, because we are in the presence of goods that form part of the public domain. Therefore, this Chamber shares the criterion of the Procuraduría General de la República regarding the fact that the subject-matter jurisdiction of this proceeding corresponds to the administrative litigation jurisdiction, which is consistent with the subject-matter jurisdiction established in articles 1 and 2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Both laws, the Ley de Biodiversidad and the Código Procesal Contencioso Administrativo, are subsequent to the Ley de Jurisdicción Agraria, which in its articles 1 and 2 establishes the subject-matter jurisdiction of the agrarian courts, in relation to numeral 22.
IV.- In the case under study, the plaintiff seeks a judgment declaring her the owner of the land fully referred to in cadastral plan number SJ-647820-200 and that a pedestrian right-of-way easement (servidumbre de paso a pie) exists between the defendants' properties nos. 508206-000, 413735-001 and 002, 626072-000, 508206-000, 413735-001 and 002, and also over unregistered lands “owned by the State”. Said lands—as concluded in official letter ACOPAC – OT – 118 -2013 issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio de Ambiente y Energía, which runs on folio 2072 of the virtual case file—states; “…It is concluded regarding the possible access to the land described in Cadastral Plan SJ-647820-2000 that: a- A segment is located on a part of the land described in cadastral plan SJ-973516-2005 belonging to Sucesores Malaquias Jiménez Sociedad Anónima. B- It would affect an area of land described in the Vueltas Cartographic Sheet No. xxxx of the Instituto Geográfico Nacional scale 1:50,000, as ‘Savanna and Páramo Vueltas’ which are very fragile ecosystems protected within the limit of the Reserva Biológica Cerro Vueltas, they are also located above three meters above sea level. c- In part it would be located in an area within two thousand meters of the Parque Nacional Los Robledales created by the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, art. 7 subsection a. d- A portion would pass through the Parque Nacional Los Quetzales in an area of robledales adjacent to the Carretera Interamericana...”. Added to the foregoing, from the information contained in plans SJ-647820-2000 –virtual folio 2067– and 1-973516-2005 (F. 2060 to 2073 virtual), it is verified that they belong to the Reserva Forestal Los Santos, limited by the Ley Forestal. Given this situation, the real estate objects of this matter correspond to a public domain area, and therefore it is the Administrative Litigation jurisdiction (art. 108 Ley de Biodiversidad), which is extensive to any matter in which the State has a direct interest, that holds jurisdiction to hear the claims of the plaintiff.
V.- Consequently, it is declared that the jurisdiction to hear this case corresponds to the Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Based on the principle of conservation of procedural acts, the procedural actions and resolutions, as well as the evidence received, maintain their validity, with the proceeding needing to be adapted to the Código Procesal Contencioso Administrativo to the extent strictly necessary, to guarantee economy, speed, and effective judicial protection of the proceeding.
VI.- Dissenting vote of Judge Carmenmaría Escoto Fernández I.- With due respect for the decision of the other Members, the undersigned judge dissents from the conclusions reached by the majority ruling, specifically in the considerando identified as III where it defines the jurisdiction of this case in the administrative litigation venue, which is why she separates from that criterion and dissents with the following reasoning.
II.- The conflict presented, as inferred from the date of the proceedings, by virtue of the State representation having filed the plea of lack of jurisdiction, because it asserts that the Administrative Litigation Jurisdiction is the competent one to hear matters where public domain is at stake.
III.-. According to the provisions of numerals 16 subsection b) and 41 second paragraph in relation to numeral 40 first paragraph of the Ley de la Jurisdicción Agraria, in proceedings of that nature, said plea must be filed within three days, from the moment when the parties have been notified of the resolution that grants a response period to the complaint, or, where applicable, within the period granted by the court, that is, from six to 15 days. In this matter, the notification to the State took place on November 15, 2013; however, it formulated said plea only on December 5 of that year, which shows that the defense was filed untimely. Likewise, as it is a proceeding where a superposition of plans is claimed, in which essentially, the possession and agrarian aptitude has been argued by the parties, it being a litigation concerning the condition of farmers and co-owners, it is undeniable that we are dealing with elements typical of a discussion in the agrarian venue; hence, in case of doubt, the proceeding must remain in that jurisdiction. The foregoing, based on the principle of continuity of acts in the agrarian venue and the perpetuity of said jurisdiction. The fact that the State, which from the outset asserted that the Administrative Litigation Jurisdiction is the competent one to hear matters where public domain is at stake, does not nullify the estimation that it must be resolved in the specialized agrarian venue. This is because this Member believes that there are other parameters for determining whether a matter must be heard or not in the agrarian jurisdiction, such as the aptitude of the property, as well as the nature of the possession exercised over it and the individuals involved. Technical concepts such as, among others, that of agrarian aptitude, are relevant to determining the jurisdiction of the matter; together with those, what the current legal system stipulates; in order to guarantee, in the case of the agrarian jurisdiction, real access to justice and to discuss in this specialized venue whether or not the social function assigned to properties of such nature has been fulfilled, based on articles 45, 50, and 69 all of the Political Constitution and what the jurisprudence has defined as the aptitude of the estates. To the foregoing, it must be added that the plea under examination was filed untimely; hence, the Tribunal is correct in estimating that it is for this specialized venue to hear this case.
IV.- This decision-making body in previous years with a different composition has provided regarding agrarian jurisdiction by subject matter: “...III.- Agrarian jurisdiction, by reason of subject matter, is determined generically by articles 1 and 2 subsection h) of the Ley de Jurisdicción Agraria. Numeral 2 subsection h) of the cited regulation expressly provides: ‘It is for the agrarian tribunals to hear: Everything related to acts and contracts in which an agricultural entrepreneur is a party, originating in the exercise of production, transformation, industrialization, and disposal activities of agricultural products.’ The fundamental criterion is that of productive agricultural activity, whether the breeding of animals or the cultivation of plants (business or subsistence activities), or when it involves related activities, as well as sustainable agro-environmental activities. As complementary criteria, the following have been established: the objective one regarding the goods, in this case the nature or aptitude of the productive good, its extension; this is closely linked to agrarian estates (incorrectly referred to by legislation as rural properties), dedicated or that are susceptible to being used for the exercise of productive agricultural activities, or for forest conservation and sustainable management of agro-environmental activities. Then, regarding the point of interest for this matter, the subjective criterion: concerning the subjects who participate in the agrarian process as plaintiffs or defendants. The subjects, likewise, acquire their qualification as agrarian subjects, due to their dedication to the exercise of productive agricultural activities… National jurisprudence has been reiterated in the sense of considering what has been set forth as agrarian jurisdiction... (The emphasis is not from the original). (See, among others, resolutions from 9:20 hours on June 9, 1993 corresponding to vote No. 65, resolution No. 29 from 14 hours 20 minutes on March 30, 1990, No. 34 from 15 hours on April 27, 1990, and resolution from 15 hours 20 minutes on June 27, 1990 which is vote No. 57). (The highlighting is not from the original).
V.- In this manner, finding the matter contemplated in articles 1, 2, subsection h) and 4, all of the Ley de la Jurisdicción Agraria; and, having filed the plea of lack of jurisdiction untimely, this proceeding is within the jurisdiction of the agrarian jurisdiction, which is non-extendable by mandate of Law, in accordance with precepts 16 and 4 of the legislation of reference. In that line, the grounds given by the agrarian judges are shared and, consequently, it is appropriate to confirm the resolution of the Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario) of the Second Judicial Circuit of San José, the matter being proper to the agrarian subject matter. And; therefore, within the jurisdiction of the Agrarian Court (Juzgado Agrario) of the II Judicial Circuit of San José, to which the case file must be referred.
POR TANTO
It is declared that the jurisdiction to hear this case corresponds to the Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. The procedural resolutions and actions, as well as the evidence received, maintain their validity, with the proceeding needing to be adapted to the Código Procesal Contencioso Administrativo to the extent strictly necessary. MSEQUEIRAP Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales William Molinari Vilchez Digitally Signed Document -- Verification code -- *ZW70DYQ12II61* Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution in a for-profit manner is prohibited.
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Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA Sentencia con Voto Salvado Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Conflicto de competencias Subtemas:
Bien demanial.
El caso de estudio, la actora pretende se declare en sentencia dueña de un terreno y la existencia de una servidumbre de paso a pie entre las propiedades de los demandados, además por terrenos sin inscribir propiedad del Estado, las cuales pertenecen a una reserva forestal. La Sala aprecia, los inmuebles corresponden a un área de dominio público, por lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa, extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo, a la que corresponde conocer de las pretensiones de la demandante (artículos 13 y 14 Ley Forestal, 108 Ley de Biodiversidad).
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Conflicto de competencias Subtemas:
Interés estatal.
El caso de estudio, la actora pretende se declare en sentencia dueña de un terreno y la existencia de una servidumbre de paso a pie entre las propiedades de los demandados, además por terrenos sin inscribir propiedad del Estado, las cuales pertenecen a una reserva forestal. La Sala aprecia, los inmuebles corresponden a un área de dominio público, por lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa, extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo, a la que corresponde conocer de las pretensiones de la demandante (artículos 13 y 14 Ley Forestal, 108 Ley de Biodiversidad).
... Ver más *060000380699AG* Res. 001026-C-S1-2016 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cero minutos del trece de octubre de dos mil dieciseis .- En proceso ordinario de BELÉN TERESITA ORTÍZ APARICIO contra SUCESORES DE MALAQUÍAS JIMÉNEZ S.A., VÍCTOR MANUEL DÍAZ ANGULO, conocido como ROLANDO DÍAZ ANGULO, HUGO MARTÍN COTO DÍAZ, PODOCARPUS SOCIEDAD ANÓNIMA, CARLOS DÍAZ ANGULO, DENIA GERARDINA SEGURA ANGULO, IGNACIO DÍAZ ANGULO y el ESTADO, el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, se inhibió de oficio por razón de la materia para conocer del asunto y lo remitió al Tribunal Agrario, el que a su vez improbó la inhibitoria. Inconforme, el Estado apeló por lo que se envió el asunto en consulta ante esta Sala.
CONSIDERANDO
I.- La parte actora presenta proceso ordinario para que en sentencia se declare “ A.- Que la suscrita es la legitima (sic) dueña de los terrenos a que se refiere íntegramente el plano catastrado número SJ-647820-200, por lo que la demandada debe reintegrar los terrenos que se traslapan con su plano 1-973516-2005, y que pretende anexarse vía las maniobras catastrales, de linderos y de accesibilidad que ha llevado a cabo B.- Que existe servidumbre de paso a pie, o con vehículo de tracción animal, automotriz, o humana, con un ancho de tres metros, en el lindero sur, con rumbo sur-sureste, y con una longitud de 905 metros, a favor de la finca del Partido de San José número DOSCIENTOS TRES MIL OCHENTA Y UNO y en contra del inmueble de la demandada finca del Partido de San José matrícula VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO, y se ordene al Registro su inscripción. C.- Que se condene a la demandada a cubrir el costo que generen las modificaciones de linderos, para dejar las cosas a su estado anterior, incluyendo restablecer la naciente de agua dañada. D.- Que se declare la nulidad del plano catastrado 1-973516-2005, y por lo tanto se ordene al Catastro Nacional su desinscripción. E.- Que en caso de oposición se condene en costas a la demandada” (F. 29 y 30 expediente digital). Se amplía la demanda contra Víctor Manuel Díaz Angulo, Hugo Martín Coto Díaz, Podocarpus S.A. y como colindantes; el Estado, Carlos Díaz Angulo, Denia Gerardina Segura Angulo e Ignacio Díaz Angulo, para que en sentencia se declare: “ 1.- Que existe servidumbre de paso a pie, o con vehículo de tracción animal, automotriz, o humana, con un ancho de tres metros, en el lindero sur, con rumbo sur-sureste, y con una longitud de 905 metros, a favor de la finca del Partido de San José número DOSCIENTOS TRES MIL OCHENTA Y UNO y en contra del inmueble de la demandada finca del Partido de San José matrícula VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO, y se ordene al Registro su inscripción. 2.- Que subsidiariamente se declare la existencia de servidumbre de paso a pie, o con vehículo de tracción animal, automotriz o humana, con un ancho de tres metros, a favor de la finca de mi mandante finca del Partido de San José número DOSCIENTOS TRES MIL OCHENTA Y UNO y en contra de las fincas que se dirán, quedando autorizada la actora para realizar las obras necesarias para implementar la salida a la calle pública por tales inmuebles tales como trazado de camino, estabilización de terreno, limpieza de terreno, y eliminando toda clase de portones y otros obstáculos que impidan el paso a la actora. Dicha servidumbre sería contra cualquiera de los inmuebles que se describen a continuación, y con la descripción que indica: A.- El inmueble propiedad del demandado VICTOR MANUEL DÍAZ ANGULO conocido como ROLANDO DÍAZ ANGULO de calidades dichas, que es finca del Partido de San José matrícula de folio real número QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS-CERO CERO CERO, plano catastrado SJ-0221703-1994. Esta servidumbre continuaría a través de las fincas propiedad del demandado IGNACIO DÍAZ ANGULO, de calidades dichas, que es finca sin inscribir, y también discurriría el trazado de esta servidumbre por la finca de los demandados DENIA GERARDINA SEGURA ANGULO y CARLOS DÍAZ ANGULO, de calidades dichas, que es finca del Partido de San José matrícula de folio real número 413735 submatricula 001 y 002. Dicha servidumbre se ubicaría en el lindero norte de la propiedad de mi mandante, con rumbo nor-noroeste, con una distancia de alrededor de Tres mil quinientos metros. B.- El inmueble propiedad del demandado HUGO MARTÍN COTO DÍAZ, de calidades indicadas, que es finca del Partido de San José matrícula de folio real número SEICIENTOS VEINTISÉIS MIL SESENTA Y DOS-CERO CERO CERO, plano catastrado SJ-0745118-1988. Esta servidumbre continuaría a través de las fincas propiedad del demandado VÍCTOR MANUEL DÍAZ ANGULO conocido como ROLANDO DÍAZ ANGULO, de calidades dichas, que es finca del Partido de San José matrícula de folio real número QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS-CERO CERO CERO, plano catastrado SJ-0221703-1994. Sigue esta servidumbre por las propiedad (sic) del demandado IGNACIO DÍAZ ANGULO, de calidades dichas, que es finca sin inscribir; y también discurriría el trazado de esta servidumbre por la finca de los demandados DENIA GERARDINA SEGURA ANGULO y CARLOS DÍAZ ANGULO, de calidades dichas, que es finca del Partido de San José, matrícula de folio real número 413735 submatricula 001 y 002. Dicha servidumbre se ubicaría en el lindero oeste de la propiedad de mi mandante, con nombo (sic) nor-noroeste, con una distancia alrededor de Cinco mil metros. C.- El inmueble propiedad del demandada (sic) PODOCARPUS S.A., que es derecho de posesión sobre finca sin inscribir y sin plano catastrado. Dicha servidumbre se ubicaría en el lindero este de la propiedad de la propiedad de mi mandante, con rumbo nor-noreste, con una distancia de alrededor de Siete (sic) mil quinientos metros. D.- El inmueble propiedad del Estado, es un terreno no inscrito y sin plano catastrado. Dicha servidumbre se ubicaría en el lindero sur-suoeste (sic) de la propiedad de mi mandante, con rumbo sur-suroeste, con una distancia de alrededor de siete mil metros. 3.- Que en caso de oposición se condene en costas a los demandados, y que en todo caso, dada la circunstancias en las que se da la presente ampliación de demandada (sic) , para los demandados que no resulten condenados, se exima a mi mandante del pago de costas” (F. 1951 del expediente virtual).
II.- El Estado, solicitó la revisión oficiosa de la competencia material de la jurisdicción agraria, bajo el argumento de que el proceso tiene por objeto la declaratoria de una servidumbre de paso sobre terrenos demaniales integrantes del patrimonio natural del Estado (F. 2056 a 2057 del expediente virtual). El Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, de oficio, se inhibió por razón de la materia, y remitió el asunto al Tribunal Agrario (F. 2167 del expediente virtual). El Tribunal Agrario, improbó la inhibitoria del Juzgado, por considerar que se trataba de una excepción de incompetencia, presentada de forma extemporánea (F. 2192-2194 del expediente virtual). El Estado apeló de lo resuelto y aclara, lo pedido fue una gestión para que el juez de oficio revisara su competencia por razón de la materia, por las razones que dio en el escrito de contestación de la demanda (F. 2204-2210 del expediente virtual). Por lo anterior, el tribunal Agrario elevó el asunto en consulta ante esta Sala.
III.- El artículo 13 de la Ley Forestal N° 7575 dispone: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio de Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de éste”. Por su parte, el numeral 14 de esa misma Ley señala: “ Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.” Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad establece que, mientras no existan tribunales ambientales especializados, corresponderá a la Jurisdicción Agraria todos los asuntos vinculados con particulares, reservando a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, aquellos en los cuales esté involucrado el Estado. Concretamente, dispone: “En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria.” De lo anterior se deduce, como no se ha creado aún la jurisdicción ambiental especializada, las controversias que se susciten, por regla general, son competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin que se pueda estimar que es propia de la jurisdicción agraria a manera de excepción, debido a que se está en presencia de bienes que forman parte del dominio público. Por ende, comparte esta Sala el criterio de la Procuraduría General de la República acerca de que la competencia material de este proceso corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual es acorde con la competencia material establecida en los artículos 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ambas leyes, la de Biodiversidad y el Código Procesal Contencioso Administrativo, son posteriores a la Ley de Jurisdicción Agraria que en sus artículos 1 y 2 establecen la competencia material de los tribunales agrarios, en relación con numeral 22.
IV.- El caso de estudio, la parte actora pretende se declare en sentencia como dueña del terreno a que se refiere íntegramente el plano catastrado número SJ-647820-200 y que existe servidumbre de paso a pie entre las propiedades de los demandados no. 508206-000, 413735-001 y 002, 626072-000, 508206-000, 413735-001 y 002, además por terrenos sin inscribir “ propiedad del Estado”. Dichos terrenos -según se concluye en oficio del ACOPAC – OT – 118 -2013 emitido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, que corre a folio 2072 del expediente virtual- señala; “ …Se concluye el relación (sic) al posible acceso al terreno que describe el plano Catastrado SJ-647820-2000 que: a- Un segmento se ubica sobre una parte del terreno descrito en el plano catastrado SJ-973516-2005 perteneciente a Sucesores Malaquias Jiménez Sociedad Anónima. B- Afectaría un área de terreno descrito en la Hoja Cartográfica Vueltas N° xxxx del Instituto Geográfico Nacional escala 1:50.000, como “Sabana y Paramo Vueltas” los cuales son ecosistemas muy frajiles protejidos dentro del límite de la Reserva Biológica Cerro Vueltas, además se ubican por encima de los tres Metros Sobre el Nivel del Mar. c- En parte se ubicaría en un área de los dos mil metros de Parque Nacional Los Robledales creada mediante la Ley de Tierras y Colonización N° 2825 del 14 de octubre de 1961, art. 7 inciso a. d- Una porción pasaría por el Parque Nacional Los Quetzales en un área de robledales contiguo a la Carretera Interamericana...”. Aunado a lo anterior, de la información que consta en los planos SJ-647820-2000 –folio virtual 2067- y 1-973516-2005 (F. 2060 a 2073 virtual), se verifica que pertenecen a la Reserva Forestal Los Santos, limitadas por la Ley Forestal. Ante esta coyuntura, los inmuebles objeto de este asunto corresponden a un área de dominio público, por lo que es la jurisdicción Contenciosa Administrativa (art. 108 Ley de Biodiversidad), extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo, a la que corresponde conocer de las pretensiones de la parte actora.
V.- Consecuentemente, se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Con base en el principio de conservación de los actos procesales, mantienen su vigencia las actuaciones y resoluciones procesales, así como la prueba recibida, debiendo adecuarse al Código Procesal Contencioso Administrativo en lo estrictamente necesario, para garantizar la economía, celeridad y tutela judicial efectiva del proceso.
VI.- Voto salvado de la Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández I.- Con el respeto debido a la decisión de los demás Integrantes, la suscrita juzgadora disiente de las conclusiones a que arriba el fallo de mayoría, propiamente en el considerando identificado como III donde define la competencia de este proceso en sede contencioso administrativa, razón por la cual se separa de ese criterio y salva el voto con fundamento en las siguientes estimaciones.
II .- El conflicto que se presenta, según se colige a la fecha de los autos, en virtud de haber presentado la representación estatal, la excepción de falta de competencia, porque afirma, la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la competente para conocer de los asuntos donde está de por medio el dominio público.
III.-. Según lo establecen los numerales 16 inciso b) y 41 párrafo segundo en relación al numeral 40 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Agraria, en procesos de esa naturaleza, la excepción dicha debe ser presentada dentro de tercer día, a partir del momento cuando, las partes han sido comunicadas de la resolución que da traslado a la demanda, o en su caso, dentro del plazo otorgado por el despacho, sea, de seis a 15 días. En este asunto, la notificación al Estado tuvo lugar el 15 de noviembre de 2013, no obstante, formuló dicha excepción hasta el 5 de diciembre de ese año, lo cual evidencia, la defensa se interpuso de forma extemporánea. Asimismo, por tratarse de un proceso donde se reclama una superposición de planos, en el cual en esencia, la posesión y aptitud agraria ha sido esgrimida por las partes, tratándose de un litigio referente a la condición de agricultores y copropietarios, resulta innegable, se está frente a elementos propios de una discusión en sede agraria, de ahí, ante la duda, el proceso deba mantenerse en esa jurisdicción. Lo anterior con base en el principio de continuidad de los actos en sede agraria, y de la perpetuidad de dicha competencia. El hecho de que el Estado, quien desde un inicio afirmó, la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la competente para conocer de asuntos donde esté de por medio el dominio público, no enerva la estimación de que ha de dirimirse en la vía especializada agraria. Ello porque, esta Integrante, estima, existen otros parámetros a efecto de dilucidar si un asunto ha de conocerse o no en la jurisdicción agraria, como lo es la aptitud del predio, así como la naturaleza de la posesión ejercida sobre aquel y de las personas involucradas. Los conceptos técnicos como lo son entre otros el de la aptitud agraria, resultan relevantes para determinar la competencia del asunto; unidos a aquellos lo que estipula el ordenamiento jurídico vigente; a fin de garantizar en el caso de la jurisdicción agraria un acceso real a la justicia y se discuta en esta sede especializada si se ha cumplido o no con la función social asignada a los predios de tal naturaleza con base en los ordinales 45, 50 y 69 todos de la Constitución Política y lo que la jurisprudencia ha definido por aptitud de los fundos . A lo anterior debe adicionarse, la excepción de examen fue presentada extemporáneamente, de ahí que lleve razón el Tribunal al estimar, le compete el conocimiento del presente asunto a dicha sede especializada.
IV.- Este órgano decisor en años anteriores con otra integración ha dispuesto en lo atinente a la competencia agraria por la materia: “...III.-La competencia agraria, por razón de la materia, está determinada en forma genérica por los artículos 1 y 2 inciso h) de la Ley de Jurisdicción Agraria. Dispone expresamente el numeral 2 inciso h) de la normativa de cita: "Corresponde a los tribunales agrarios conocer: De todo lo relativo a los actos y contratos en que sea parte un empresario agrícola, originados en el ejercicio de actividades de producción, transformación, industrialización y enajenación de productos agrícolas". El criterio fundamental es el de la actividad agraria de producción, sea de cría de animales o cultivo de vegetales (actividades empresariales o de subsistencia), o cuando se trate de actividades conexas, así como las agroambientales sostenibles. Como criterios complementarios, se han establecido, el objetivo respecto a los bienes en este caso la naturaleza o aptitud del bien productivo, su extensión, éste resulta estrechamente vinculado a los fundos agrarios (denominados incorrectamente por la legislación como predios rústicos), dedicados o que sean susceptibles de destinarse al ejercicio de actividades agrarias productivas, o a la conservación de bosques y manejo sostenible de actividades agroambientales. Luego en lo de interés a este asunto el criterio subjetivo: atinente a los sujetos que participan dentro del proceso agrario como actores o demandados. Los sujetos, igualmente, adquieren su calificativo de sujetos agrarios, por su dedicación al ejercicio de actividades agrarias productivas…La jurisprudencia patria ha sido reiterada en el sentido de estimar competencia agraria a lo expuesto... (Lo enfatizado no responde al original). (Entre otras véanse resoluciones de las 9:20 horas del 9 de junio de 1993 correspondiente al voto No. 65, resolución No. 29 de las 14 horas 20 minutos del 30 de marzo de 1990 , No. 34 de las 15 horas de 27 de abril de 1990. y resolución de las 15 horas 20 minutos del 27 de junio de 1990 que es voto No. 57). (Lo destacado no responde al original).
V.- De esa suerte, encontrándose contemplado en los cardinales 1, 2, inciso h) y 4 todos de la Ley de la Jurisdicción Agraria; y, habiéndose formulado extemporáneamente la excepción de incompetencia, el presente proceso, es de conocimiento de la jurisdicción agraria, la cual es improrrogable por mandato de Ley, acorde a los preceptos 16 y 4o de la normativa de referencia. En esa línea, se comparten los fundamentos dados por los juzgadores agrarios y en consecuencia, procede confirmar la resolución del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, al ser el asunto propio de la materia agraria. Y; por ende del conocimiento del Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de San José al cual habría de remitirse el expediente.
POR TANTO
Se declara que el conocimiento del presente proceso le corresponde al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Las resoluciones y actuaciones procesales, así como la prueba recibida conservan su vigencia, debiendo adecuarse el proceso al Código Procesal Contencioso Administrativo en lo estrictamente necesario. MSEQUEIRAP Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales William Molinari Vilchez Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *ZW70DYQ12II61* Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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