← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00361-2016 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 05/05/2016
OutcomeResultado
The First Chamber partially upheld the State's appeal, reversing the denial of demolition of constructions in the restricted zone, ordering their removal at the expense of Los Griegos de Montezuma S.A. and imposing costs on that company.La Sala Primera acogió parcialmente el recurso del Estado y revocó la denegatoria de demolición de las construcciones en zona restringida, ordenando el derribo a costa de Los Griegos de Montezuma S.A. y condenándola en costas.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court reviewed a cassation appeal in a case brought by the State against several companies and individuals for the illegal appropriation of Maritime Zone (ZMT) lands. The Administrative Court had upheld the claim, partially annulling deeds and ordering cancellation of registrations, but denied the demolition of buildings located in the restricted zone of property 79664-000, reasoning that concessions could be granted and that the co-defendant had requested permits from the Cóbano District Council. The First Chamber partially overturned the ruling. It held that the lower court improperly assessed the evidence by accepting the permit request as proven solely based on the party's own statement, violating Article 57 of the Urban Planning Law. It further found that the company did not act in good faith, as it lacked permits and was aware of the property's special status. Accordingly, it reversed the denial of demolition and ordered the removal of constructions in the restricted zone, with costs imposed on the company. Other claims, including the lack of proof of damages, were dismissed.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoció en casación un proceso del Estado contra varias sociedades y personas físicas por la apropiación ilegal de terrenos de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). El Tribunal Contencioso Administrativo había declarado con lugar la demanda, anulando parcialmente escrituras y ordenando cancelar asientos registrales, pero denegó la demolición de construcciones ubicadas en la zona restringida de la finca 79664-000, al considerar que podían otorgarse concesiones y que el co-demandado había solicitado permisos al Concejo de Distrito de Cóbano. La Sala Primera casó parcialmente la sentencia. Determinó que el Tribunal valoró indebidamente la prueba al tener por acreditada la solicitud de permisos únicamente con la declaración de parte del representante de Los Griegos de Montezuma S.A., lo que violó el artículo 57 de la Ley de Planificación Urbana. Además, estableció que la empresa no construyó de buena fe, pues carecía de permisos y conocía la condición especial del inmueble. En consecuencia, revocó la denegatoria de demolición y ordenó el derribo de las obras en la zona restringida, con costas a cargo de dicha sociedad. Desestimó los demás reclamos, incluyendo la falta de prueba de daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
VII. In the third ground, the appellant argues improper application or interpretation of Article 122(m)(iii) of the CPCA, for failing to order the co-defendants to pay damages. (...) However, the cassation is not useful. The Court bases its decision on the lack of evidence. (...) The appellant's thesis is that, once alleged, under the cited provision, damages in the abstract should have been granted. Yet it does not challenge the Court's thesis regarding the lack of evidence and the burden of proof it bore. (...) From that perspective, absent confrontation between the judgment's reasoning and the appellant's arguments, the cassation is sterile, incapable of overturning the ruling, and must be dismissed. VIII. (...) As for Los Griegos de Montezuma, the Court's reasoning is incorrect, since this is a case of construction in the ZMT without permits, conduct that also lacked good faith. From this angle, the Court's thesis that Los Griegos de Montezuma had sufficient grounds to oppose the litigation cannot be shared. Hence, pursuant to Article 193 of the CPCA, an award of costs is appropriate against it, having been defeated at trial.VII.- En el tercer motivo, el casacionista esgrime, indebida aplicación o interpretación del artículo 122 m) iii) del CPCA, al no condenar a los codemandados a pagar los daños y perjuicios. (...) No obstante la casación no es útil. El Tribunal sustenta su fallo en la falta de prueba. (...) En su tesis el casacionista plantea, que una vez alegado, conforme al precepto de cita, debió concederse un daño en abstracto. No ataca sin embargo la tesis del Tribunal en cuanto a la falta de prueba y carga probatoria que le correspondía. (...) Desde esa perspectiva, ante la falta de confrontación entre lo expuesto en la sentencia y los argumentos de la parte inconforme, la casación resulta estéril, incapaz de casar el fallo, por lo que deberá de rechazarse. VIII.- (...) En cuanto a Los Griegos de Montezuma, no lleva razón el Tribunal, toda vez que, se trata de un caso de construcción en la ZMT, para lo cual no mediaron permisos, conducta que además, careció de buena fe. Desde esa arista, no se comparte la tesis del Tribunal en cuanto a que Los Griegos de Montezuma contara con motivos suficientes para oponerse al litigio en su contra. De ahí que acorde a lo expuesto en el numeral 193 del CPCA, proceda en su contra la condena en costas, al haber sido vencidos en juicio.
Pull quotesCitas destacadas
"En consecuencia, no existe documento donde se acredite que la parte accionada obtuviera los permisos de construcción del Concejo de Distrito de Cóbano, pues no constan en el expediente municipal. De tal suerte, se incurre en una indebida valoración probatoria, pues a falta del permiso, las construcciones en efecto fueron realizadas ilegalmente, sin el permiso municipal y sin una concesión dentro de la ZMT. Así, ante la indebida valoración probatoria, resulta violado el canon 57 de la Ley de Planificación Urbana..."
"Consequently, there is no document proving that the defendant obtained construction permits from the Cóbano District Council, as they do not appear in the municipal file. Thus, an improper evidentiary assessment is incurred, because without the permit, the constructions were indeed carried out illegally, without a municipal permit and without a concession within the ZMT. Therefore, given the improper evidentiary assessment, Article 57 of the Urban Planning Law is violated..."
Considerando VI
"En consecuencia, no existe documento donde se acredite que la parte accionada obtuviera los permisos de construcción del Concejo de Distrito de Cóbano, pues no constan en el expediente municipal. De tal suerte, se incurre en una indebida valoración probatoria, pues a falta del permiso, las construcciones en efecto fueron realizadas ilegalmente, sin el permiso municipal y sin una concesión dentro de la ZMT. Así, ante la indebida valoración probatoria, resulta violado el canon 57 de la Ley de Planificación Urbana..."
Considerando VI
"No obstante, en cuanto a Los Griegos de Montezuma, no lleva razón el Tribunal, toda vez que, se trata de un caso de construcción en la ZMT, para lo cual no mediaron permisos, conducta que además, careció de buena fe. Desde esa arista, no se comparte la tesis del Tribunal en cuanto a que Los Griegos de Montezuma contara con motivos suficientes para oponerse al litigio en su contra. De ahí que acorde a lo expuesto en el numeral 193 del CPCA, proceda en su contra la condena en costas, al haber sido vencidos en juicio."
"However, as for Los Griegos de Montezuma, the Court is incorrect, since this is a case of construction in the ZMT for which there were no permits, conduct that also lacked good faith. From this angle, the Court's thesis that Los Griegos de Montezuma had sufficient grounds to oppose the litigation cannot be shared. Therefore, pursuant to Article 193 of the CPCA, an award of costs against it is appropriate, having been defeated at trial."
Considerando VIII
"No obstante, en cuanto a Los Griegos de Montezuma, no lleva razón el Tribunal, toda vez que, se trata de un caso de construcción en la ZMT, para lo cual no mediaron permisos, conducta que además, careció de buena fe. Desde esa arista, no se comparte la tesis del Tribunal en cuanto a que Los Griegos de Montezuma contara con motivos suficientes para oponerse al litigio en su contra. De ahí que acorde a lo expuesto en el numeral 193 del CPCA, proceda en su contra la condena en costas, al haber sido vencidos en juicio."
Considerando VIII
"La casacionista aduce asimismo, que la finca en cuestión no incluye terrenos ubicados en la zona pública. Recalca, al amparo del plano inscrito de su propiedad (folio 163), se concluye, nunca incluyó parte de la zona pública. No obstante, dicha afirmación no se hace acompañar de un reclamo concreto ni establece el quebranto de una norma sustantiva... Así, al dejar de expresarse con claridad, la forma cómo el casacionista estima, los juzgadores infringen el ordenamiento jurídico, el reclamo resulta estéril..."
"The appellant also argues that the property in question does not include land located in the public zone. It stresses that, based on the registered map of its property (folio 163), it can be concluded that it never included part of the public zone. However, this assertion is not accompanied by a concrete claim nor does it establish the violation of a substantive norm... Thus, by failing to clearly express how the appellant believes the judges violated the legal system, the claim is sterile..."
Considerando IV
"La casacionista aduce asimismo, que la finca en cuestión no incluye terrenos ubicados en la zona pública. Recalca, al amparo del plano inscrito de su propiedad (folio 163), se concluye, nunca incluyó parte de la zona pública. No obstante, dicha afirmación no se hace acompañar de un reclamo concreto ni establece el quebranto de una norma sustantiva... Así, al dejar de expresarse con claridad, la forma cómo el casacionista estima, los juzgadores infringen el ordenamiento jurídico, el reclamo resulta estéril..."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
**Case File:** 10-001510-1027-CA **Ruling:** 000361-F-S1-2016 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fifth of May, two thousand sixteen.
Ordinary proceedings established before the Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José by the STATE, represented by its deputy attorney general Heilyn Sáenz Calderón, marital status not indicated, resident of San José; against LOS GRIEGOS DE MONTEZUMA SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its president and secretary with powers of unlimited general agents, respectively, Konstantinos Tzavaras, passport no. B1801834, and Nikos Tzavaras, passport no. H-4-6-3-8-8-5, both single and businesspersons; INVERSIONES CARMEN RAMONA SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its president with powers of unlimited general agent, Luis Alberto Fernández Herrera, married, retired, resident of Heredia; INVERSIONES FIORELTA SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its president with powers of unlimited general agent, Dora Alpízar Rojas, qualifications unknown; ARNOLDO ROJAS VARGAS, businessperson; and, ÓSCAR ALFARO ESCALANTE, qualifications unknown. Appearing as coadjuvant is the Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, Puntarenas, represented by its municipal intendant, Omar Fernández Villegas, married for the second time. Also appearing as special judicial attorneys, for the co-defendant Los Griegos de Montezuma S.A., attorney Ladislao Wilber Calderón Pérez; for the co-defendant Inversiones Carmen Ramona S.A., attorney Francisco Alberto González Bolaños, resident of Heredia; and, for the co-defendant Rojas Vargas, attorney Gonzalo Enrique Boza Montero, resident of San José and attorney Elisa Arce Picado, single, resident of Cartago. The natural persons are of legal age and, with the exceptions noted, married, attorneys, and residents of Puntarenas.
**WHEREAS** 1.- Based on the facts it set forth and the legal provisions it cited, the state representation filed ordinary proceedings, so that the judgment declares: “[…] 1) Partial nullity of deed No. 29 of March 7, 1988, begun on folio 37 recto of volume 16 of the protocol of Notary Jorge Roberto Calderón Arias, insofar as it updated boundaries by including the maritime-terrestrial zone as private property, 2) For illegally including the 150 meters of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, annul the title and order the National Registry to cancel the registration entry for estate (finca) No. 79664 sequence zero zero zero and 78676 sequence zero zero zero, registered in the name of Los Griegos de Montezuma S.A. and Inversiones Fiorelta S.A, 3) For illegally including the 150 meters of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, annul the registration of cadastral map (plano catastrado) number P-36289-1992 registered in the name of Oscar Alfaro Escalante, 4) The illegal constructions located in the restricted zone that are situated on estate No. 79664-000, registered in the name of Los Griegos de Montezuma S.A, must be demolished. The cost of the demolition corresponds to that corporation, 5) The defendants who currently hold material possession of the assets in dispute shall be ordered to pay the damages (daños y perjuicios) caused by the illegal holding of public domain, 6) The defendants must pay both costs of this proceeding.” 2.- Inversiones Carmen Ramona S.A. answered negatively and raised the preliminary defense (defensa previa) of statute of limitations (prescripción) and the exception (excepción) of lack of right (falta de derecho). Co-defendant Rojas Vargas answered as per folios 116 to 124 and raised the preliminary defense of the exception of statute of limitations and the exceptions of lack of right and lack of standing (falta de legitimación).
3.- Co-defendant Rojas Vargas filed a counterclaim against the State, Óscar Alfaro Escalante, Inversiones Fiorelta S.A., and Los Griegos de Montezuma S.A. However, during the preliminary hearing (audiencia preliminar) held on February 14, 2012, he withdrew the counterclaim.
4.- Co-defendants Inversiones Fiorelta S.A., Los Griegos de Montezuma S.A., and Óscar Alfaro Escalante did not answer within the time limit granted for this purpose, so they were declared in default (rebeldes) and the facts of the complaint were deemed admitted.
5.- At folio 285, the State withdrew the complaint against co-defendant Alfaro Escalante.
6.- The preliminary hearing was held on February 14, 2012, at which time all parties made use of the floor. At that procedural moment, Inversiones Carmen Ramona S.A. and co-defendant Rojas Vargas withdrew the preliminary defense of statute of limitations.
7.- The oral and public trial (juicio oral y público) was held on May 9, 2013, with the participation of all parties.
8.- The Administrative Litigation Tribunal, Eighth Section, comprised of judges Rolando Porras Mejías, Sady Jiménez Quesada, and Laura García Carballo, in judgment no. 40-2013 at 9 hours 30 minutes on May 21, 2013, ordered: “The exceptions of lack of right and standing are rejected; consequently, the complaint filed by the State against Los Griegos de Montezuma S.A., Inversiones Carmen Ramona S.A., Inversiones Fiorelta S.A., and Arnoldo Rojas Vargas is partially granted. The partial nullity of deed No. 29 of March 7, 1988, begun on folio 37 recto of volume 16 of the protocol of Notary Jorge Roberto Calderón Arias, is decreed, insofar as it updated boundaries that include the maritime-terrestrial zone as private property, including 150 meters of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone. The cancellation of the registration entry for estates under the real folio system No. 79664-000 and 78676-000, from the Property Registry, registered in the name of Los Griegos de Montezuma S.A. and Inversiones Fiorelta S.A., is ordered. The cancellation of the registration of cadastral map number P-36289-1992, registered in the name of Oscar Alfaro Escalante, is ordered. The demolition is ordered only of the constructions located in the public zone (zona pública) that are situated on estate No. 79664-000, registered in the name of Los Griegos de Montezuma S.A.; the cost of the demolition corresponds to that corporation, which will be made effective in execution of judgment, with expert technical evidence. Inversiones Carmen Ramona S.A., Arnoldo Rojas Vargas, and Los Griegos de Montezuma S.A. are exempted from both costs. Inversiones Fiorelta S.A. is ordered to pay both costs.” 9.- The state representation and the co-defendant Los Griegos de Montezuma S.A. file a cassation appeal (recurso de casación), expressly indicating the reasons they rely upon to refute the Tribunal's thesis.
10.- In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of law have been observed. Substitute Magistrate Damaris Vargas Vásquez participates in the decision of this matter.
Authored by Magistrate Escoto Fernández.
**CONSIDERING** I.- In the year 2010, the State sued Los Griegos de Montezuma S.A. (hereinafter Los Griegos de Montezuma), Inversiones Carmen Ramona S.A. (hereinafter Inversiones Carmen Ramona), Inversiones Fiorelta S.A. (hereinafter Inversiones Fiorelta), Oscar Alfaro Escalante, and Arnoldo Rojas Vargas. It stated that on March 21, 1951, Mr. Aníbal Rojas González registered estate (finca) no. 9345-000 of the Partido de Puntarenas by means of possessory information (información posesoria). It declared that from that property, he segregated a lot to Mr. Arnoldo Rojas Vargas, originating estate no. 16580-000, whose southern boundary is still the maritime mile (milla marítima). It asserted that in deed no. 29 of March 7, 1988, before notary Jorge Roberto Calderón Arias, Mr. Arnoldo segregated a parcel and updated boundaries, originating property no. 78676-000 in favor of Oscar Alfaro Escalante. It argued that although the original rural property (fundo) borders the maritime mile, the new property does not. It accused that its map (plano) includes the restricted area of the Maritime-Terrestrial Zone (hereinafter ZMT), which constitutes an illegal appropriation. It outlined that, with this flaw constituted, Mr. Oscar segregated a lot in August 1992 to Los Griegos de Montezuma, originating property no. 79664-000. It commented that map P-66396-92 of the segregated lot indicates it is land under the administration of the Consejo Municipal del Distrito de Cóbano (hereinafter CMDC), which includes the ZMT, and that it is for a concession. According to that document, it continued, the boundary on the East and South is the public zone (zona pública). It emphasized that the entire Eastern boundary follows the line of landmarks (mojones) from 20 to 25 of the Instituto Geográfico Nacional (hereinafter IGN). It added that on July 16, 1996, Mr. Alfaro Escalante sold property no. 78676-000 to Inversiones Carmen Ramona, carrying over the cited flaw. It affirmed that on July 1, 1997, the latter sold its property to Inversiones Fiorelta, including the reference area. It related that on February 12, 2010, the CMDC inspected that estate, determining it is located within the restricted zone (zona restringida). It added that the photographs taken show constructions in the area. It declared that on March 23 of that same year, the ZMT Department of the CMDC determined that according to map 36289-92, the cited estate is located in the restricted zone, according to IGN landmarks 24-25. It asserted that CMDC official letter no. ZMT-106-2010 indicates that both companies lack a concession. According to the adjustment of claims in the preliminary hearing, it requests that the judgment declare: 1) the partial nullity of deed no. 29 of March 7, 1988; 2) the nullity of the title and cancellation of the registration entry for estates no. 79664-000 and 78676-000, and of cadastral map number P-36289-1992; 3) the demolition of the constructions located in the restricted zone of estate no. 79664-000, the cost of which shall be borne by that corporation; 4) impose the payment of damages (daños y perjuicios) on those who hold material possession of the assets, and costs be borne by the co-defendants. The co-defendants answered negatively. Inversiones Carmen Ramona and Mr. Rojas Vargas raised the exceptions of statute of limitations (prescripción), lack of right and lack of standing. They withdrew the statute of limitations defense. Although Oscar Alfaro Escalante and Los Griegos de Montezuma counterclaimed, they later withdrew their counterclaim. Co-defendants Inversiones Fiorelta, Los Griegos de Montezuma, and Oscar Alfaro Escalante were declared in default. The State withdrew the complaint against Mr. Alfaro Escalante. The Tribunal rejected the lack of right and lack of standing. It partially granted the complaint. It decreed the partial nullity of deed no. 29 of March 7, 1988, insofar as it updated boundaries that include the ZMT. It ordered the cancellation of the registration entry for estates no. 79664-000 and 78676-000 and map no. P-36289-1992. It ordered the demolition of the constructions located in the public zone on part of estate 79664-000. It exempted Inversiones Carmen Ramona, Arnoldo Rojas Vargas, and Los Griegos de Montezuma from costs. It imposed costs on Inversiones Fiorelta. Disagreeing, the plaintiff State and the co-defendant company Los Griegos de Montezuma appeal in cassation.
Appeal of Los Griegos de Montezuma S.A.
II.- In the sole charge, the appellant in cassation alleges the defect of extra petita. It argues that in the contested judgment, the cancellation of the entries for the estates underlying the proceedings is ordered for having included ZMT lands as private property, and the demolition at the co-defendants' cost of what was built in the public zone on estate no. 79664-000. It states that neither the plaintiff, nor any party with standing in the proceeding, requested said demolition, nor that it be at the co-defendants' cost. It points out that as the demolition of constructions in the public zone had not been requested, logically it had no interest in nor referred to it, hence the judges also could not mention it. It ratifies that they had no reason to explain who had carried out constructions in the public zone, nor the reason for the impropriety of the demolition. On the contrary, they were interested in accrediting their total good faith in their actions. From its perspective, it is appropriate to apply article 155 of the Code of Civil Procedure (hereinafter CPC), to the effect that judgments cannot encompass more issues than those that have been claimed, nor grant more than what was requested, without incurring the defect of extra or ultra petita. On the other hand, it contends, the estate in question does not include lands located in the public zone. It emphasizes that fact 4 of the complaint itself established that Oscar Alfaro Escalante segregated a lot in August 1992 from his estate 78676-000 in the name of Los Griegos de Montezuma, originating estate 79664, map P-66396-000, a fact that was not disputed. It maintains that if the foregoing is analyzed under the protection of the registered map of its property, it is concluded that said lot never included part of the public zone, since the map at folio 63 clearly establishes an adjacency with that zone, from points 17 to 21, which proves it does not contain those lands.
III.- Regarding the defect of inconsistency that the appellant censures, this Chamber has repeatedly indicated the following: “Inconsistency, as this Chamber has reiterated, occurs when there is an evident contradiction between the claims of the litigants and what is decided in the operative part of the judgment; not between the considerations of the judgment and what is decided in the operative part. With the new administrative litigation procedural legislation, such premise has been relativized. This is because, by virtue of the powers granted to the judge, the claims adduced in the complaint may undergo variations both in the preliminary hearing and in the trial hearing (articles 90 subsection 1 b) and 95 ibidem); furthermore, in accordance with canon 122 ejusdem, a series of ex officio pronouncements are made. Consequently, when analyzing said error, what has been indicated must be kept in mind.” (No. 000819-A-2008, at 10 hours 45 minutes on December 4, 2008). Inconsistency as a ground for cassation, then, occurs when the judge, when ruling, decides on issues not requested (extra petita), or on more than what was requested (ultra petita), or omits the decision in whole or in part on the claims or exceptions. To determine the existence of this defect as a ground for cassation, the operative part of the judgment must necessarily be compared with the claims adduced in the complaint and in the other opportunities that the law provides, or the exceptions raised by the defendant, to determine if there really is an evident mismatch between the former and the latter.” (Resolution no. 288 at 10 hours 20 minutes on March 20, 2009). In accordance with the foregoing, it has been considered that inconsistency occurs when there is disharmony between the claims of the litigants and what is resolved in the operative part of the judgment; that is, when the judge decides on issues not petitioned in the different stages in which this can be done, grants more than what was requested, or omits deciding on the claims or exceptions, or incurs in contradiction, taking into account that, in accordance with the procedural legislation in force, the judge can specify or clarify the claims outlined in the complaint. This being the case, to establish whether the cited defect was incurred in the present case, it is essential to compare the claim with what was resolved in the contested judgment. Regarding the complaint, in what is of interest, during the preliminary hearing, the plaintiff, as part of its main claims, requested the demolition of the illegal constructions located in the maritime-terrestrial zone that are situated on estate no. 79664-000, in the name of Los Griegos de Montesuma S.A. Likewise, that the cost of the demolition corresponds to that corporation. For its part, the Tribunal ordered, in what is of interest: “…the demolition only of the constructions located in the public zone that are situated on estate (sic) No. 79664-000, in the name of Los Griegos de Montezuma S.A.; the cost of the demolition corresponds to that company, which will be made effective in execution of judgment, with expert technical evidence.” Having stated the foregoing, it is evident that the order issued by the Tribunal cannot be understood as the granting of an item not requested in the complaint, since it was requested, and therefore constitutive of the alleged defect; therefore, in this case, we are not in the presence of a "extra petita" generating scenario, whereby the judge grants the party an additional item not included in the petition. From this, it is concluded that this decision-making body did not exceed its authority, as the public zone is part of the maritime-terrestrial zone, according to the claims timely added, hence the challenge raised is improper.
IV.- The appellant also contends that the estate in question does not include lands located in the public zone. It stresses that under the protection of the registered map of its property (folio 163), it is concluded that it never included part of the public zone. However, this assertion is not accompanied by a concrete complaint nor does it establish the breach of a substantive rule in order to consider it a grievance of that nature. While it seems to refer to an improper appraisal of evidence by indicating that it was never part of the public zone, it does not express how it was improperly appraised, nor what the consequences of the supposedly erroneous examination by the Tribunal were. Thus, by failing to express clearly how the appellant believes the judges infringe the legal system, the complaint is sterile, and must therefore be rejected.
Appeal of the State V.- In the first of the four complaints admitted on the merits, the appellant argues improper appraisal of evidence or preterition of evidence. It considers that the judgment it challenges affirms in considering VIII that Mr. Tzavaras requested the respective permits from the Concejo de Distrito de Cóbano in Puntarenas. It says, however, that to reach that conclusion, the Tribunal relied on the statement of the defendant, who did not provide proof in that line, but simply mentioned having obtained the permit from the Alcalde of Cóbano. Indeed, it contends, the appealed judgment does not have it as a proven fact that Mr. Tzavaras obtained the construction permits from the Concejo de Distrito de Cóbano - permits that are not in the municipal file. Despite this, it asserts, it takes the co-defendant's statement as sufficient proof for that purpose. Thus, it adds, it omits carrying out a comprehensive evidentiary appraisal as to whether the constructions were carried out illegally, without the municipal permit and without a concession in the ZMT. It emphasizes that the infraction consisted of executing works without the license required by law. It accuses that the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), in its article 57, prohibits carrying out construction works contrary to what is prescribed in the law, regulations, and the municipal permit. It questions the evidentiary value of the party statement (declaración de parte) made in its own favor. It maintains that one of its claims was the demolition of what was illegally constructed in the 150 meters of the restricted zone, given that there is no regulatory plan (plan regulador) in the area. However, it points out, the judges denied it, indicating that concessions or use permits can be granted in that zone. It asserts they are not correct, because according to canon 38 of the Maritime-Terrestrial Zone Law (hereinafter LZMT): “… the Municipalities may not grant concessions in tourist zones, without the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) and the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) having approved or prepared the development plans for those zones”. Consequently, it states, it is not possible to grant concessions in the ZMT without the prior existence of a regulatory plan that determines the appropriate land use in that sector. It asserts that illegal constructions in the restricted zone must be demolished, especially if there is no regulatory plan. In its second complaint, it alleges violation of Constitutional Law principles, among them reasonableness, proportionality, legal certainty, and equality. It argues that in the specific case, the violation occurs when the judges incur in an erroneous application and interpretation of the constitutional principle of good faith, which is established by precepts 34 and 129 of the Constitution. It contends that the defendant did not demonstrate that it had construction permits granted by the “Municipalidad de Cóbano” that authorized it to build in the location; consequently, such buildings were erected illegally. It points out that this is because executing permanent works in the ZMT requires a concession, which could not be granted in this matter due to the lack of a regulatory plan. It adds that it is not true that the special condition of the property was unknown to Mr. Tzavaras, the basis for which is the assignment of rights and occupation agreement (convenio de cesión de derechos y ocupación) from the year 1992, in which he appears as the assignee, committing to respect what is stipulated in Law 6043. It refers that, contrary to what the Tribunal stated, Mr. Tzavaras's conduct lacks good faith, and he cannot benefit from his own fraud. It asserts that in his statement, Mr. Tzavaras replied that when building, he knew where the CDC offices were located and that he needed permits for it, which the Alcalde authorized. It also says that this gentleman showed that the absence of permits was not due to a lack of advice but to simple convenience, since he said he had a lawyer whose name he did not remember and that for the construction, he had no architect, so he hired local people. Furthermore, it points out, not only can he not claim ignorance of the law, but he is also not in any situation that warranted that consideration. It conceives that the principle of legitimate expectations (confianza legítima) cannot be applied, precisely because of the public domain nature of the asset. Thus, it emphasizes that although publicity and tolerance can serve to legitimize possession in private properties, this is not feasible in public domain assets. It cites rulings of the Administrative Litigation Tribunal and the Constitutional Chamber in support of its thesis. It concludes that the holding of these areas by private individuals must be considered exceptional, requiring an express and specific will from the Administration to legitimize it. In the third ground, it argues improper application or erroneous interpretation of article 122(m)(iii) of the CPCA (Administrative Litigation Procedure Code). It maintains that it requested the co-defendants be ordered to pay the damages (daños y perjuicios) caused by the illegal holding of public domain; however, the Tribunal did not order that payment in the abstract. It accuses that the judgment had as proven fact 1 that deed no. 29 of March 7, 1988 updated boundaries including the maritime-terrestrial zone as private property. Likewise, it underscores that in considering VI, the Tribunal considered that estates 79664-000 and 78676-000 of the Partido de Puntarenas, as well as map P-36289-1992, suffer from a defect of absolute nullity; consequently, the Tribunal declared the partial nullity of the deed that included the 150 meters of the restricted zone, the mere fact of which should have the consequence of the payment of damages to the State for the impediment of the collective use and enjoyment for which the asset is destined. It says that the illegitimate holding of the zone caused damages that will be demonstrated in the execution of judgment stage, without neglecting that the reversal of the burden of proof governs in environmental matters, which is established by precept 109 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad). Thus, it explains, it should have applied article 122(m)(iii) of the CPCA, ordering the co-defendant companies in the abstract to pay damages, which are a direct consequence of the illegal conduct that is the subject of the complaint. In the fourth objection, it complains of improper application or interpretation of articles 193 of the Administrative Litigation Procedure Code, and 221 and 223 of the CPC. It recognizes this Chamber's jurisprudence regarding imposing costs on the losing party. It estimates that in this case, the Tribunal does not apply that rule to LGM, interpreting that there was sufficient reason to litigate. It blames, the defendant resorts to the fallacy of false authority to justify its illegitimate seizure of the area subject to litigation, as well as to justify whether or not it had construction permits. It explains that this type of artifice serves to evade the burden of proof, that is, the obligation to provide data that support the statements made, since the construction permits in favor of Tzavaras and the right to title the restricted zone are notably absent. Thus, the defendant has not litigated in good faith, since it was declared in default, falling within the provisions of canon 223 of the CPC.
VI.- Given the manner in which the appeal is resolved, the first and second grievances will be analyzed jointly. Regarding the first charge, the Tribunal indicated that the demolition of constructions located in the so-called restricted zone (zona restringida), over which concessions or use permits can be granted by the local Municipality, is not appropriate. In the present case, it asserted, in the party statement given by Mr. Konstantinos Tzavaras, he related how he and his brother invested their savings in tourism activity; and, to carry out the constructions, they requested the respective permit from the representative of the Concejo de Distrito de Cóbano in Puntarenas. It added that this evidence was not discredited by the State, nor by the Concejo de Distrito de Cóbano, which, despite having been joined as an interested third party, did not even attend the trial hearing to assert any eventual right in that area. For this Chamber, the appellant is correct in exposing that the Tribunal took a fact as proven, having as the exclusive basis for it the statement given in his own favor by Mr. Tzavaras. The contested judgment affirms in considering VIII that Mr. Tzavaras requested the respective permits from the Concejo de Distrito de Cóbano in Puntarenas; however, this conclusion is based on the statement of the defendant, who did not provide proof in that line. Consequently, there is no document proving that the defendant obtained the construction permits from the Concejo de Distrito de Cóbano, as they are not in the municipal file. Thus, an improper appraisal of evidence is incurred, since in the absence of the permit, the constructions were indeed carried out illegally, without the municipal permit and without a concession within the ZMT. Thus, due to the improper evidentiary appraisal, canon 57 of the Urban Planning Law is violated, which literally states: “It is prohibited to carry out construction works contrary to what is prescribed in the law, regulations, and the respective municipal permit.” The cited provision refers to the impossibility of building contrary to the regulations, be it a legal or regulatory provision, or in its case, contrary to what is authorized in the corresponding permit. In the matter of interest, the criterion of the state representation is indisputable, as it argues that the Tribunal could not base itself on the mere statement of the representative of the defendant company to have the request for the permit to the District Council as accredited. Thus, it is evident that the defendant company did not prove that it had the respective permits to carry out the construction, in breach of mandate 57 of the Urban Planning Law. From this perspective, it is pointless to analyze whether or not article 38 of the ZMT Law is violated, because it must be noted that the defendant did not demonstrate that it had the respective permit, making it irrelevant whether or not the respective development plans had been approved in that area by the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) and the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo). Notwithstanding the foregoing and in further abundance of reasons, regarding the violation of the principle of good faith alleged in the second objection, this decision-making body notes that in his statement, Mr. Konstantinos Tzavaras related that the respective permits were granted by the Concejo de Distrito de Cóbano. However, he failed to prove by reliable means that he indeed had such authorizations. Consequently, he has also not built in good faith, since not only did he lack both a construction permit and a concession, but furthermore, because he had legal counsel and was aware of the special condition of the property, as he acknowledged the particular characteristics of the ZMT in the assignment agreement (convenio de cesión). The foregoing logically requires that the costs of said demolition be borne by the co-defendant Los Griegos de Montezuma S.A. Based on the reasons expressed, the charge must be upheld.
VII.- In the third ground, the appellant argues improper application or interpretation of article 122(m)(iii) of the CPCA, by not ordering the co-defendants to pay damages (daños y perjuicios). In this regard, the Tribunal considered that damages depend on the evidence provided, which must be analyzed according to the principle of sound rational criticism (sana crítica racional). It pointed out that the precepts, 82 of the CPCA, in relation to articles 317 and 318 of the CPC, are broad regarding the means of evidence available for the parties to demonstrate the facts they affirm.
He added, for that reason, it is not enough to allege a series of facts; rather, they must also be demonstrated in a clear, precise, and concordant manner, so that the claims of the lawsuit may be upheld. On that understanding, he pointed out, the obligation to prove the damages lies with the State. He continued, compensation for damages will only cover those which, as an immediate and direct consequence of the failure to fulfill the obligation, were caused, or must necessarily be compensated. He affirmed, only that damage whose existence is duly proven can be recognized, and it must also be effective, concrete, and assessable. He emphasized that both doctrine and jurisprudence have addressed the characteristics and requirements that damage must meet to be capable of generating liability. Thus, he asserted, by effective, it must be understood as certain, which implies it can be current or future (if this is verifiable through the rules of science or technique, or the elementary principles of justice, logic, or convenience) and not one that is contingent or merely possible. He assured that in the present case, we are faced with possible damage caused by illegal possession of public domain land. However, in the opinion of the lower court, the State did not manage to prove that damage during the proceedings with any useful evidence; rather, its efforts focused on establishing that the registry acts that gave rise to the registration of those properties were null, as was indeed declared in the judgment. Thus, he argued, there is no legal or technical basis that damage was caused, nor could it be presumed simply by the State’s representation alleging it, as it was not proven through the referenced rules; he considers the facts to be uncertain and unverifiable, and therefore rejected them. This Chamber observes that the State’s representation considers section 122 m) iii) of the CPCA to have been violated, by not granting the award of damages for the illegal possession of public domain land that it requested. However, the cassation appeal is not useful. The lower court bases its decision on the lack of evidence. It argues that it is not enough to allege the existence of damage; rather, it must be proven. In its thesis, the appellant submits that, once alleged, pursuant to the cited precept, damages should have been awarded in the abstract. It does not, however, challenge the lower court’s thesis regarding the lack of evidence and the corresponding evidentiary burden. Consequently, for this deciding body, the appellant's arguments are directed at combating a thesis different from the one set forth by the judges, omitting any reference to the lack of evidence noted by the judges. From that perspective, given the lack of confrontation between what is stated in the judgment and the arguments of the aggrieved party, the cassation appeal proves sterile, incapable of overturning the judgment, and must therefore be rejected.
VIII.- Canon 193 section b) of the CPCA establishes the possibility for the lower court to grant relief from costs when, in its judgment, sufficient grounds existed to litigate. In the specific case, the judges deemed it appropriate to extend this relief to Los Griegos de Montesuma S.A., Inversiones Carmen Ramona S.A., and Arnoldo Rojas Vargas, as their conduct was in good faith. In this regard, this Chamber notes that the possibilities for the co-defendants to avoid this proceeding were limited by various factors, in particular, by the fact that they did not initiate the action but were brought into the litigation without their volition. Such relief applies to Inversiones Carmen Ramona and Arnoldo Rojas Vargas, given that the State asserted no specific claim against them. However, regarding Los Griegos de Montezuma, the lower court’s reasoning is incorrect, given that this is a case of construction in the ZMT, for which there were no permits, conduct which furthermore lacked good faith. From this perspective, this Chamber does not share the lower court’s thesis that Los Griegos de Montezuma had sufficient grounds to oppose the litigation against it. Hence, pursuant to the provisions of section 193 of the CPCA, the award of costs against it is appropriate, having been defeated in court. Therefore, the objection is sustained.
IX.- Pursuant to the foregoing, the appeal will be partially granted. The judgment will be partially reversed. In its place, ruling on the merits, the lower court’s judgment will be revoked, only insofar as it denied the requested demolition of the works built in the restricted zone. Consequently, the defense of lack of standing will be rejected, and the State is ordered, immediately upon this decision becoming final, to proceed with the demolition of the constructions located in the restricted zone adjacent to property 79664-000, the cost of which shall be borne by the co-defendant Los Griegos de Montezuma. Costs are imposed on the co-defendant Los Griegos de Montezuma S.A. in accordance with section 150.3 of the Code of Contentious Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo).
POR TANTO
The State’s appeal is partially granted. The judgment is reversed only as set forth below. Ruling on the merits, the lower court’s judgment is revoked, only insofar as it denied the requested demolition of the works located in the restricted zone, adjacent to property 79664-000, and relieved the co-defendant Los Griegos de Montezuma from costs, regarding which the defense of lack of standing is rejected. The State is ordered, immediately upon this decision becoming final, to proceed with the demolition of the constructions located in the restricted zone adjacent to property 79664-000, the cost of which shall be borne by the co-defendant Los Griegos de Montezuma S.A. Costs are imposed on the co-defendant Los Griegos de Montezuma S.A.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya \t Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales \t Damaris Vargas Vásquez CGZAMORA/MCAMPOSS 2
Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA *100015101027CA* RES. 000361-F-S1-2016 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cinco de mayo de dos mil dieciséis.
Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José por el ESTADO, representado por su procuradora adjunta Heilyn Sáenz Calderón, de estado civil no indicado, vecina de San José; contra LOS GRIEGOS DE MONTEZUMA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su presidente y secretario con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma, respectivamente, Konstantinos Tzavaras, pasaporte no. B1801834 y Nikos Tzavaras, pasaporte no. H-4-6-3-8-8-5, ambos solteros y empresarios; INVERSIONES CARMEN RAMONA SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Luis Alberto Fernández Herrera, casado, pensionado, vecino de Heredia; INVERSIONES FIORELTA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, Dora Alpízar Rojas, de calidades desconocidas; ARNOLDO ROJAS VARGAS, empresario; y, ÓSCAR ALFARO ESCALANTE, de calidades ignoradas. Interviene como coadyuvante el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, Puntarenas, representado por su intendente municipal, Omar Fernández Villegas, bínubo. Figuran además, como apoderados especiales judiciales, de la co-demandada Los Griegos de Montezuma S.A., el licenciado Ladislao Wilber Calderón Pérez; de la co-demandada Inversiones Carmen Ramona S.A., el licenciado Francisco Alberto González Bolaños, vecino de Heredia; y, del co-demandado Rojas Vargas, el licenciado Gonzalo Enrique Boza Montero, vecino de San José y de la licenciada Elisa Arce Picado, soltera, vecina de Cartago. Las personas físicas son mayores de edad y, con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de Puntarenas.
RESULTANDO
1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la representación estatal estableció proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: “[…] 1) Nulidad parcial de la escritura No. 29 del 7 de marzo de 1988, iniciada al folio 37 frente del tomo 16 del protocolo del Notario Jorge Roberto Calderón Arias, en cuanto actualizó linderos incluyendo la zona marítima terrestre como propiedad privada, 2) Por incluir ilegalmente los 150 metros de zona restringida de la zona marítima terrestre, se anule el título y se ordena al Registro Nacional cancelar el asiento de inscripción de la finca No. 79664 secuencia cero cero cero y 78676 secuencia cero cero cero, a nombre de los Griegos de Montezuma S.A, e Inversiones Fiorelta S.A, 3) Por incluir ilegalmente los 150 metros de zona restringida de la zona marítima terrestre, se anule la inscripción del plano catastrado número P-36289-1992 a nombre de Oscar Alfaro Escalante, 4) Las construcciones ilegales ubicadas en la zona restringida que se localizan en la fina No. 79664-000, a nombre de Los Griegos de Montezuma S.A, deben ser demolidas. El costo del derribo corresponde a dicha sociedad anónima, 5) Los demandados que en la actualidad ostenten la posesión material de los bienes en discusión sean condenados a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la detención ilegal del dominio público, 6) Los demandados deben pagar ambas costas de este proceso.” 2.- Inversiones Carmen Ramona S.A, negativamente y opuso la defensa previa de prescripción y la excepción de falta de derecho. El co-demandado Rojas Vargas contestó conforme a folios 116 a 124 e interpuso la defensa previa la excepción de prescripción y las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación.
3.- El co-demandado Rojas Vargas planteó reconvención en contra del Estado, Óscar Alfaro Escalante, Inversiones Fiorelta S.A. y Los Griegos de Montezuma S.A. No obstante, durante la audiencia preliminar celebrada el 14 de febrero de 2012 desistió de la contrademanda.
4.- Los co-demandados Inversiones Fiorelta S.A, Los Griegos de Montezuma S.A y Óscar Alfaro Escalante no contestaron dentro del plazo otorgado al efecto, por lo que fueron declarados rebeldes y se tuvo por contestados afirmativamente los hechos de la demanda.
5.- A folio 285 el Estado desistió de la demanda en contra del co-demandado Alfaro Escalante.
6.- La audiencia preliminar se realizó el 14 de febrero del 2012, oportunidad en que todas las partes hicieron uso de la palabra. En ese momento procesal Inversiones Carmen Ramona S.A, y el co-demandado Rojas Vargas desistieron de la defensa previa de prescripción.
7.- El juicio oral y público se celebró 9 de mayo de 2013 con la participación de todas las partes.
8.- El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava, integrada por los jueces Rolando Porras Mejías, Sady Jiménez Quesada y Laura García Carballo, en sentencia no. 40-2013 de las 9 horas 30 minutos del 21 de mayo de 2013, dispuso: “Se rechazan la excepción de falta de derecho, y legitimación, consecuentemente se declara con lugar la demanda interpuesta por el Estado contra los Griegos de Montezuma S.A, Inversiones Carmen Ramona S.A, Inversiones Fiorelta S.A, y Arnoldo Rojas Vargas, se decreta la nulidad, parcial de la escritura No. 29 del 7 de marzo de 1988, iniciada al folio 37 frente del tomo 16 del protocolo del Notario Jorge Roberto Calderón Arias, en cuanto actualizó linderos incluyendo la zona marítima terrestre como propiedad privada, que incluye 150 metros de la zona restringida de la zona marítima terrestre, la cancelación del asiento de inscripción de las fincas a folio real No. 79664-000 y 78676-000, del Registro de la Propiedad a nombre de los Griegos de Montezuma S.A, e Inversiones Fiorelta S.A; la cancelación de la inscripción del plano catastrado número P-36289-1992 a nombre de Oscar Alfaro Escalante. Se ordena el derribo solamente de las construcciones ubicadas en la zona pública que se localicen en la fina No. 79664-000, a nombre de los Griegos de Montezuma S.A; el costo del derribo corresponde a dicha sociedad, el cual se hará efectivo en ejecución de sentencia, con prueba técnica pericial. Se exime de ambas costas a Inversiones Carmen Ramona S.A, Arnoldo Rojas Vargas y los Griegos de Montezuma S.A. Se condena a ambas costas a Inversiones Fiorelta S.A.” 9.- La representación estatal y la co-demandada Los Griegos de Montezuma S.A., formulan recurso de casación indicando expresamente las razones en que se apoyan para refutar la tesis del Tribunal.
10.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. Interviene en la decisión de este asunto la magistrada suplente Damaris Vargas Vásquez.
Redacta la magistrada Escoto Fernández
CONSIDERANDO
I.- En el año 2010, el Estado demandó a Los Griegos de Montezuma S.A. (en adelante los Griegos de Montezuma), Inversiones Carmen Ramona S.A. (en lo sucesivo Inversiones Carmen Ramona), Inversiones Fiorelta S.A. (en lo subsiguiente Inversiones Fiorelta), Oscar Alfaro Escalante y Arnoldo Rojas Vargas. Dijo, el 21 de marzo de 1951, el señor Aníbal Rojas González, inscribió por información posesoria la finca no. 9345-000 del Partido de Puntarenas. Manifestó, de esa propiedad segregó un lote al señor Arnoldo Rojas Vargas, originando la finca no. 16580-000, cuyo límite sur sigue siendo la milla marítima. Aseguró, en escritura no. 29 del 7 de marzo de 1988, ante el notario Jorge Roberto Calderón Arias, don Arnoldo segregó una parcela y actualizó linderos, originando el inmueble no. 78676-000 a favor de Oscar Alfaro Escalante. Adujo, aunque el fundo original colinda con la milla marítima, la nueva heredad no lo hace. Acusa, su plano incluye el área restringida de la Zona Marítimo Terrestre (en lo sucesivo ZMT), lo cual significa una apropiación ilegal. Esbozó, con ese vicio constituido don Oscar segregó un lote en agosto de 1992, a Los Griegos de Montezuma, originando el inmueble no. 79664-000. Comentó, el plano P-66396-92 del lote segregado, indica es un terreno en administración del Consejo Municipal del Distrito de Cóbano (en lo subsecuente CMDC), que incluye la ZMT, y que es para concesión. Según ese documento, continuó, el límite por el Este y Sur es la zona pública. Recalcó, todo el lindero Este sigue la línea de mojones desde el 20 al 25 del Instituto Geográfico Nacional (en adelante IGN). Adicionó, el 16 de julio de 1996, el señor Alfaro Escalante vendió el inmueble no. 78676-000 a Inversiones Carmen Ramona, arrastrando el vicio de cita. Afirmó, el 1º de julio de 1997, esta última vendió su propiedad a Inversiones Fiorelta, incluyendo el área de referencia. Relató, el 12 de febrero de 2010, el CMDC inspeccionó dicha finca, determinando se encuentra dentro de la zona restringida. Agregó, de las fotografías realizadas se observan construcciones en el área. Manifestó, el 23 de marzo de ese año, el Departamento de ZMT del CMDC, determinó que acorde al plano 36289-92, la finca de cita, está ubicada en la zona restringida, según mojones 24-25 del IGN. Aseguró, el oficio del CMDC no. ZMT-106-2010 indica que ambas compañías carecen de concesión. Según ajuste de pretensiones en la audiencia preliminar, solicita en sentencia se declare: 1) la nulidad parcial de la escritura no. 29 del 7 de marzo de 1988; 2) la nulidad del título y cancelación del asiento de inscripción de las fincas no. 79664-000 y 78676-000, y del plano catastrado número P-36289-1992; 3) la demolición de las construcciones ubicadas en la zona restringida de la finca no. 79664-000, cuyo costo correrá a cargo de dicha sociedad; 4) se imponga el pago de daños y perjuicios a quienes ostenten la posesión material de los bienes, y las costas a cargo de los codemandados. Los coaccionados contestaron en forma negativa. Inversiones Carmen Ramona y el señor Rojas Vargas opusieron las excepciones de prescripción, falta de: derecho y legitimación. Desistieron de la prescripción. Aunque Oscar Alfaro Escalante y Los Griegos de Montezuma reconvinieron, luego desistieron de su contrademanda. Los codemandados Inversiones Fiorelta, Los Griegos de Montezuma y Oscar Alfaro Escalante, fueron declarados rebeldes. El Estado desistió de la demanda contra el señor Alfaro Escalante. El Tribunal rechazó la falta de derecho y legitimación. Declaró con lugar la demanda. Decretó la nulidad parcial de la escritura no. 29 del 7 de marzo de 1988, en cuanto actualizó linderos que incluyen la ZMT. Ordenó cancelar el asiento de inscripción de las fincas no. 79664-000 y 78676-000 y del plano no. P-36289-1992. Ordenó el derribo de las construcciones ubicadas en la zona pública en parte la finca 79664-000. Exoneró de las costas a Inversiones Carmen Ramona, Arnoldo Rojas Vargas y Los Griegos de Montezuma. Impuso las costas a Inversiones Fiorelta. Inconformes el Estado actor y la empresa codemandada Los Griegos de Montezuma, acuden a casación.
Recurso de Los Griegos de Montezuma S.A.
II.- En el único cargo, la casacionista alega el vicio de extra petita. Esgrime, en el fallo atacado, se ordena la cancelación de los asientos de las fincas base del proceso, por haber incluido como propiedad privada, terrenos de la ZMT; y el derribo a costa de los codemandados de lo construido en la zona pública en la finca no. 79664-000. Expresa, ni el actor, ni ninguna parte legitimada en el proceso, han solicitado dicho derribo, ni que éste sea a costa de los coaccionados. Apunta, como no se había solicitado el derribo de construcciones en la zona pública, lógicamente no tuvo interés ni se refirió a ello, de ahí que tampoco los juzgadores pudieran hacer mención al respecto. Ratifica, no tenían porqué explicar quién había efectuado construcciones en la zona pública, ni el porqué de la improcedencia del derribo. Al contrario, se interesaron en acreditar la total buena fe en sus actuaciones. Desde su perspectiva, procede aplicar el numeral 155 del Código Procesal Civil, (en adelante CPC), en cuanto a que las sentencias no pueden comprender más cuestiones que las que han sido demandadas, ni conceder más de lo pedido, sin caer en el vicio de extra o ultra petita. Por otra parte, aduce, la finca en cuestión no incluye terrenos ubicados en la zona pública. Enfatiza, el propio hecho 4 de la demanda, dejó establecido que Oscar Alfaro Escalante segregó en agosto de 1992 un lote de su finca 78676-000 a nombre de los Griegos de Montezuma, originando la finca 79664, plano P-66396-000, hecho que no fue controvertido. Sostiene, si se analiza lo anterior al amparo del plano inscrito de su propiedad, se concluye, que dicho lote nunca incluyó parte de la zona pública, pues el plano de folio 63, claramente establece una colindancia con esa zona, desde los puntos 17 a 21, con lo cual se acredita, no contiene esos terrenos.
III.- Referente al vicio de incongruencia que recrimina el casacionista, esta Sala ha indicado en forma reiterada, lo siguiente: “La incongruencia, conforme lo ha reiterado esta Sala, se produce cuando existe una evidente contradicción entre las pretensiones de los litigantes y lo resuelto en la parte dispositiva de la sentencia; no entre las consideraciones de la sentencia y lo resuelto en la parte dispositiva. Con la nueva legislación procesal contenciosa administrativa, tal premisa ha sido relativizada. Ello por cuanto, en virtud de los poderes otorgados al juzgador, las pretensiones aducidas en la demanda pueden sufrir variaciones tanto en la audiencia preliminar, cuanto en la de juicio (artículos 90 inciso 1 b) y 95 ibídem); además, de conformidad con el canon 122 ejúsdem, se dan una serie de pronunciamientos de carácter oficioso. En consecuencia, al analizarse dicho yerro, debe tenerse presente lo indicado. (no. 000819-A-2008, de las 10 horas 45 minutos del 4 de diciembre de 2008). La incongruencia como causal de casación, entonces, ocurre cuando el juzgador al proveer, decide sobre cuestiones no pedidas (extra petita), o sobre más de lo pedido (ultra petita), u omite la decisión en todo o en parte, acerca de las pretensiones o de las excepciones. Para determinar la existencia de este vicio como causal de casación ha de confrontarse, necesariamente, la parte resolutiva de la sentencia con las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que la ley contempla, o las excepciones propuestas por el demandado, a fin de determinar si en realidad existe entre estos dos extremos evidente desajuste de aquella frente a estas”. (Resolución no. 288 de las 10 horas 20 minutos del 20 de marzo de 2009). Conforme a lo anterior, se ha estimado que la incongruencia, se presenta cuando existe desarmonía entre las pretensiones de los litigantes y lo resuelto en la parte dispositiva del fallo; esto es, cuando el juez decide sobre cuestiones no peticionadas en las diferentes etapas en que puede hacerse, otorga más de lo pedido u omite decidir las pretensiones o excepciones, o incurre en contradicción, tomando en cuenta, que conforme a la legislación procesal vigente, el juzgador puede precisar o aclarar las pretensiones esbozadas en la demanda. Así las cosas, y a fin de establecer, si en el presente caso se incurrió en el vicio citado, resulta fundamental confrontar la pretensión con lo resuelto en el fallo atacado. En cuanto a la demanda, en lo que interesa, durante la audiencia preliminar, la actora, como parte de sus pretensiones principales, solicitó demoler las construcciones ilegales ubicadas en la zona marítima terrestre que se localizan en la finca no. 79664-000, a nombre de Los Griegos de Montesuma S.A. Asimismo, que el costo del derribo, corresponde a dicha sociedad anónima. Por su parte, el Tribunal, ordenó, en lo de interés: “…el derribo solamente de las construcciones ubicadas en la zona pública que se localicen en la fina (sic) No. 79664-000, a nombre de los Griegos de Montezuma S.A.; el costo del derribo corresponde a dicha sociedad, el cual se hará efectivo inejecución de sentencia, con prueba técnica pericial.” Enunciado lo anterior, resulta evidente, que la orden emitida por el Tribunal, no puede ser entendida como el otorgamiento de un extremo no pedido en la demanda, ya que sí se solicitó, y por ende constitutiva del vicio alegado, por ello, en la especie, no se está en presencia de un supuesto generador de “extra petita”, por el cual, el juzgador otorga a la parte, un extremo adicional, no contemplado en la petitoria. De esto se concluye que ese órgano decisor no se extralimitó, pues la zona pública es parte de la zona marítimo terrestre, conforme a las pretensiones adicionadas oportunamente, de ahí que la censura planteada resulte improcedente.
IV.- La casacionista aduce asimismo, que la finca en cuestión no incluye terrenos ubicados en la zona pública. Recalca, al amparo del plano inscrito de su propiedad (folio 163), se concluye, nunca incluyó parte de la zona pública. No obstante, dicha afirmación no se hace acompañar de un reclamo concreto ni establece el quebranto de una norma sustantiva, a fin de considerarla un agravio de esa naturaleza. Si bien parece referir una indebida valoración probatoria al indicar que nunca fue parte de la zona pública, no expresa en que forma fue valorada indebidamente, ni cuáles fueron las consecuencias del supuesto examen erróneo por parte del Tribunal. Así, al dejar de expresarse con claridad, la forma cómo el casacionista estima, los juzgadores infringen el ordenamiento jurídico, el reclamo resulta estéril, por lo cual que deberá de rechazarse.
Recurso del Estado V.- En el primero de los cuatro reparos admitidos por el fondo, el recurrente arguye indebida valoración o preterición de prueba. Considera, la sentencia que combate, afirma en el considerando VIII, que el señor Tzavaras solicitó los permisos respectivos al Concejo de Distrito de Cóbano de Puntarenas. Dice, no obstante, a fin de llegar a esa conclusión, bastó al Tribunal el dicho de la parte accionada, quien no aportó probanza en esa línea, sino que simplemente mencionó haber obtenido el permiso de parte del Alcalde de Cóbano. En efecto, aduce, la sentencia recurrida no tiene como hecho demostrado que el señor Tzavaras obtuviera los permisos de construcción de parte del Concejo de Distrito de Cóbano, -permisos que no constan en el expediente municipal-. A pesar de ello, asegura, tiene al dicho del codemandado como probanza suficiente a ese fin. Así, agrega, omite realizar una valoración probatoria integral, en cuanto a si las construcciones fueron realizadas ilegalmente, sin el permiso municipal y sin una concesión en la ZMT. Enfatiza, la infracción consistió en ejecutar obras sin contar con la licencia exigida por ley. Acusa, la Ley de Planificación Urbana, en su numeral 57, prohíbe realizar obras de construcción contra lo prescrito en la ley, los reglamentos y el permiso municipal. Cuestiona el valor probatorio de la declaración de parte, hecha a su favor. Sostiene, una de sus pretensiones fue la demolición de lo construido ilegalmente en los 150 metros de la zona restringida, dado que en el área no existe plan regulador. Sin embargo, apunta, los jueces la denegaron, indicando que en dicha zona pueden otorgarse concesiones o permisos de uso. Asevera, no lleva razón, pues según el canon 38 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (en lo sucesivo LZMT): “…las Municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas”. En consecuencia, afirma, no es posible otorgar concesiones en la ZMT sin la existencia previa de un plan regulador que determine el uso idóneo del suelo en ese sector. Asegura, las construcciones ilegales en la zona restringida deben ser demolidas, sobre todo si no existe un plan regulador. En su segundo reparo, alega violación de principios del Derecho Constitucional, entre otros razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad. Argumenta, en el caso concreto, la violación se produce al incurrir los juzgadores en errónea aplicación e interpretación del principio constitucional de buena fe, que establece, los preceptos 34 y 129 de la Carta Magna. Aduce, la demandada no demostró contar con permisos de construcción otorgados por la “Municipalidad de Cóbano”, que le habilitaran para construir en el lugar, en consecuencia, tales edificaciones se levantaron en forma ilegal. Apunta, ello por cuanto, para ejecutar obras permanentes en la ZMT, se requiere de concesión, la cual no podía ser otorgada en este asunto por falta de plan regulador. Agrega, no es cierto que la condición especial del inmueble fuera desconocida por el señor Tzavaras, fundamento de lo cual es el convenio de cesión de derechos y ocupación, del año 1992, en el cual aparece como cesionario comprometiéndose a respetar lo estipulado en la Ley 6043. Refiere, contrario a lo afirmado por el Tribunal, la actuación del señor Tzavaras carece de buena fe, sin que pueda beneficiarse de su propio dolo. Asevera, en su declaración, el señor Tzavaras respondió que al construir sabía donde se encontraban las oficinas del CDC, y que necesitaba permisos para ello, los cuales autorizó el Alcalde. También, dice, evidencia dicho señor, que la ausencia de los permisos no se debió a falta de asesoría, sino a simple conveniencia, pues dijo, tenía un abogado cuyo nombre no recordó y que para la construcción no tenía arquitecto, por lo cual, contrató gente del lugar. Además, puntualiza, no solo no puede alegar desconocimiento de la ley, sino que tampoco se encuentra en algún supuesto que ameritara esa consideración. Concibe, no cabe aplicar el principio de confianza legítima, precisamente por la naturaleza demanial del bien. Así, enfatiza, aunque la publicidad y tolerancia pueden servir para legitimar la posesión en inmuebles privados, ello no es factible en bienes de dominio público. Cita fallos del Tribunal Contencioso y Sala Constitucional en apoyo de su tesis. Concluye, la detentación de esas áreas por particulares, debe considerarse excepcional, requiriéndose para legitimarla, una voluntad expresa y concreta de la Administración. En el tercer motivo, esgrime, indebida aplicación o interpretación indebida del artículo 122 m) iii) del CPCA. Sostiene, solicitó condenar a los codemandados a pagar los daños y perjuicios causados por la detentación ilegal del dominio público, sin embargo, el Tribunal no condenó en abstracto a ese pago. Acusa, la sentencia tuvo como hecho probado 1, que la escritura no. 29 del 7 de marzo de 1988, actualizó linderos incluyendo la zona marítimo terrestre como propiedad privada. Asimismo, subraya, en el considerando VI el Tribunal consideró que las fincas 79664-000 y 78676-000 del partido de Puntarenas, así como el plano P-36289-1992, adolecen de un vicio de nulidad absoluta, en consecuencia, el Tribunal declaró la nulidad parcial de la escritura que incluyó los 150 metros de la zona restringida, cuyo solo hecho, debe tener como consecuencia el pago de un daño y perjuicio al Estado, por el impedimento del uso y disfrute colectivo a que está destinado el bien. Dice, la detentación ilegítima de la zona, ocasionó daños que serán demostrados en etapa de ejecución de sentencia, sin dejar de lado que en materia ambiental rige la inversión de la carga de la prueba, la cual establece el precepto 109 de la Ley de Biodiversidad. Así, explica, debió aplicar el 122 m) iii) del CPCA, condenando a las sociedades codemandadas en abstracto al pago de daños y perjuicios, que son consecuencia directa de la conducta ilegal objeto de la demanda. En el cuarto reproche, reclama indebida aplicación o interpretación de los numerales 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 221 y 223 del CPC. Reconoce la jurisprudencia de esta Cámara en cuanto a imponer las costas al vencido. Estima, en la especie, el Tribunal desaplica esa regla para LGM interpretando que existió motivo suficiente para litigar. Endilga, la parte demandada recurre a la falacia de la falsa autoridad para justificar su apoderamiento ilegítimo de la zona objeto de litigio, así como para justificar si tenía o no permisos de construcción. Explica, este tipo de artificio sirve para eludir la carga de la prueba, es decir, la obligación de aportar datos que sostengan las afirmaciones dadas, pues se echan de menos los permisos de construcción a favor de Tzavaras y el derecho a titular la zona restringida. Así, la demandada no ha litigado con buena fe, pues fue declarada rebelde, encasillándose en lo dispuesto por el canon 223 del CPC.
VI.- Dada la forma cómo se resuelve el recurso, los agravios primero y segundo serán analizados en conjunto. Respecto al primer cargo, el Tribunal indicó, no corresponde la demolición de las construcciones que se encuentren en la denominada zona restringida, sobre la cual, pueden otorgarse concesiones o permisos de uso por parte de la Municipalidad local. En el presente caso, aseveró, en la declaración de parte que rindió el señor Konstantinos Tzavaras, relató como él y su hermano, invirtieron sus ahorros en la actividad turística; y, para llevar a cabo las construcciones, solicitaron el permiso respectivo al representante del Concejo de Distrito de Cóbano de Puntarenas. Agregó, esa prueba, no fue desacreditada por el Estado, tampoco por el Concejo de Distrito de Cóbano, quien a pesar de haber sido integrado como tercero interesado, ni siquiera acudió a la audiencia de juicio para hacer valer algún eventual derecho en esa zona. Para esta Cámara, lleva razón el recurrente al exponer, el Tribunal tuvo por demostrado un hecho, teniendo para ello como fundamento exclusivo, la declaración rendida en su favor por el señor Tzavaras. La sentencia impugnada afirma en el considerando VIII, que el señor Tzavaras solicitó los permisos respectivos al Concejo de Distrito de Cóbano de Puntarenas, no obstante, tal conclusión se basa en el dicho de la parte accionada, quien no aportó probanza en esa línea. En consecuencia, no existe documento donde se acredite que la parte accionada obtuviera los permisos de construcción del Concejo de Distrito de Cóbano, pues no constan en el expediente municipal. De tal suerte, se incurre en una indebida valoración probatoria, pues a falta del permiso, las construcciones en efecto fueron realizadas ilegalmente, sin el permiso municipal y sin una concesión dentro de la ZMT. Así, ante la indebida valoración probatoria, resulta violado el canon 57 de la Ley de Planificación Urbana, el cual a la letra establece: “Está prohibido realizar obras de construcción contra lo prescrito en la ley, los reglamentos y el respectivo permiso municipal”. La disposición de cita, refiere la imposibilidad de construir en contra de lo normado, sea que se trate de disposición legal o reglamentaria, o en su caso, en contra de lo autorizado en el permiso correspondiente. En el asunto de interés, es incontestable el criterio de la representación estatal, en tanto aduce, no podía el Tribunal basarse en la mera declaración del representante de la sociedad demandada para tener por acreditada la solicitud del permiso al Concejo Distrital. De tal suerte resulta evidente, la empresa accionada, no acreditó haber contado con los permisos respectivos a fin de llevar adelante la construcción, en quebranto del mandato 57 de la Ley de Planificación Urbana. Desde esa óptica, carece de sentido entrar a analizar si en efecto se violenta o no el ordinal 38 de la Ley de la ZMT, pues, debe hacerse notar, la demandada no demostró contar con el permiso respectivo, por lo cual es irrelevante, si en esa zona se había aprobado o no por parte del Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo los planes de desarrollo respectivos. Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento de razones, en cuanto a la violación del principio de buena fe que se alega en el segundo reproche, nota este órgano decisor, en su declaración el señor Konstantinos Tzavaras relató, los permisos respectivos fueron otorgados por el Concejo de Distrito de Cóbano. No obstante, no alcanzó a acreditar por medios fidedignos, que en efecto contara con tales autorizaciones. En consecuencia, tampoco se ha construido de buena fe, pues, no solo no contaba con permiso de construcción ni de concesión. Además, por cuanto, disfrutaba de asesoría jurídica y conocía la condición especial del inmueble, ya que reconoció las características particulares de la ZMT en el convenio de cesión. Lo anterior lógicamente impone, que los costos de dicha demolición corran por cuenta de la codemandada Los Griegos de Montezuma S.A. Con base en las razones expuestas, el cargo deberá ser acogido.
VII.- En el tercer motivo, el casacionista esgrime, indebida aplicación o interpretación del artículo 122 m) iii) del CPCA, al no condenar a los codemandados a pagar los daños y perjuicios. Al respecto el Tribunal consideró, los daños y perjuicios, dependen de las pruebas que se aporten, las cuales deben ser analizadas conforme al principio de la sana crítica racional. Señaló los preceptos, 82 del CPCA, en relación con los ordinales 317 y 318 del CPC, son amplios en cuanto a los medios de prueba dispuestos para que las partes demuestren los hechos que afirman. Agregó, por esa razón, no basta alegar una serie de hechos, sino que también deben ser demostrados en forma clara, precisa y concordante, para que puedan ser acogidas las pretensiones de la demanda. En ese entendido, apuntó, la obligación de acreditar los daños y perjuicios corresponde al Estado. Continuó, la indemnización de daños y perjuicios, sólo comprenderá los que, como consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, se hayan causado, o deban necesariamente indemnizarse. Afirmó, solo puede reconocerse como daño producido aquel cuya existencia se encuentre debidamente acreditada, además debe ser efectivo, concreto y evaluable. Enfatizó, tanto la doctrina como la jurisprudencia se han ocupado de analizar las características y requisitos que debe revestir un daño para ser susceptible de generar responsabilidad. Así las cosas, aseveró, por efectivo, debe entenderse que sea cierto, lo cual implica que puede ser actual o futuro (si ello es constatable a través de las reglas de la ciencia o de la técnica, o de los principios elementales de la justicia, lógica o conveniencia) y no uno eventual o simplemente posible. Aseguró, en el presente caso se está ante un posible daño causado por detentación ilegal del dominio público. No obstante, en criterio del Tribunal, el Estado no logró acreditar durante el proceso ese daño con alguna prueba servible, sino que su labor se centró en determinar que los actos registrales que dieron pie a la inscripción de esos inmuebles eran nulos como efectivamente fue declarado en sentencia. Así, arguyó, no existe sustento legal o técnico de que se haya causado, ni se podrían presumir por el simple dicho de alegarlo la representación estatal, al no acreditarse a través de las reglas de referencia, considera, resultan hechos inciertos y no constatables, por lo que los rechazó. Observa esta Sala, la representación estatal considera violentado el numeral 122 m) iii) del CPCA, al no haberse otorgado la condena en daños y perjuicios por la detentación ilegal del dominio público que solicitó. No obstante la casación no es útil. El Tribunal sustenta su fallo en la falta de prueba. Argumenta, no basta con alegar la existencia del daño, sino que este debe ser acreditado. En su tesis el casacionista plantea, que una vez alegado, conforme al precepto de cita, debió concederse un daño en abstracto. No ataca sin embargo la tesis del Tribunal en cuanto a la falta de prueba y carga probatoria que le correspondía. En consecuencia, para este órgano decisor, los argumentos del recurrente se dirigen a combatir una tesis diversa a la expuesta por los juzgadores, omitiendo hacer referencia a la falta de probanzas que plantean los jueces. Desde esa perspectiva, ante la falta de confrontación entre lo expuesto en la sentencia y los argumentos de la parte inconforme, la casación resulta estéril, incapaz de casar el fallo, por lo que deberá de rechazarse.
VIII.- El canon 193 inciso b) del CPCA establece la posibilidad para el Tribunal, de exonerar en costas cuando a su juicio, haya existido motivo bastante para litigar. En el caso concreto, los jueces estimaron que correspondía extender esta exoneración a Los Griegos de Montesuma S.A., Inversiones Carmen Ramona S.A. y Arnoldo Rojas Vargas, por cuanto su actuación fue de buena fe. Al respecto, nota esta Sala, las posibilidades de los codemandados en cuanto a evitar este proceso, se vieron limitadas por diversas variables, en particular, por el hecho de que no accionaron sino que fueron traídos al litigio, sin que para ello mediara su voluntad. Tal exoneración aplica para Inversiones Carmen Ramona y Arnoldo Rojas Vargas, toda vez que el Estado no manifestó pretensión específica en su contra. No obstante, en cuanto a Los Griegos de Montezuma, no lleva razón el Tribunal, toda vez que, se trata de un caso de construcción en la ZMT, para lo cual no mediaron permisos, conducta que además, careció de buena fe. Desde esa arista, no se comparte la tesis del Tribunal en cuanto a que Los Griegos de Montezuma contara con motivos suficientes para oponerse al litigio en su contra. De ahí que acorde a lo expuesto en el numeral 193 del CPCA, proceda en su contra la condena en costas, al haber sido vencidos en juicio. Por consiguiente, el reproche es de recibo.
IX.- En mérito de lo expuesto, procederá acoger el recurso en forma parcial. Se casará parcialmente la sentencia. En su lugar, fallando por el fondo se revocará la sentencia del Tribunal, solo en cuanto denegó la demolición solicitada de las obras construidas en la zona restringida. En consecuencia, se rechazará la excepción de falta de derecho y se ordenará de manera inmediata a la firmeza de esta resolución al Estado proceder al derribo de las construcciones ubicadas en la zona restringida lindante con la finca 79664-000, cuyo costo correrá por cuenta de la codemandada Los Griegos de Montezuma. Son las costas a cargo de la codemandada Los Griegos de Montezuma S.A. conforme al numeral 150.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
POR TANTO
Se acoge parcialmente el recurso del Estado. Se casa el fallo solo en lo que se dirá. Fallando por el fondo se revoca la sentencia del Tribunal, solo en cuanto denegó la demolición solicitada de las obras localizadas en la zona restringida, lindante con la finca 79664-000 y exoneró de las costas a la codemandada Los Griegos de Montezuma, respecto de las cuales se rechaza la excepción de falta de derecho. Se ordena de manera inmediata a la firmeza de esta resolución al Estado proceder al derribo de las construcciones ubicadas en la zona restringida lindante con la finca 79664-000, cuyo costo corre por cuenta de la codemandada Los Griegos de Montezuma S.A. Son las costas a cargo de la codemandada Los Griegos de Montezuma S.A.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez CGZAMORA/MCAMPOSS 2
Document not found. Documento no encontrado.