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Res. 00028-2016 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 28/01/2016
OutcomeResultado
The Chamber granted the cassation appeal, annulled as untimely the judgment invalidating Executive Decree 26750-MINAE, and ordered a new oral trial before a different tribunal without deciding the environmental merits.La Sala acogió el recurso de casación, anuló por extemporánea la sentencia que invalidaba el Decreto 26750-MINAE y ordenó repetir el juicio oral ante un tribunal distinto, sin resolver el fondo ambiental.
SummaryResumen
By majority, the First Chamber granted the State’s cassation appeal and annulled the judgment that had declared Executive Decree 26750-MINAE absolutely null. That decree concerned environmental impact studies for hydrocarbon exploration and exploitation contracts. The trial ended on May 20, 2013, but the judgment was served on June 13, after the mandatory fifteen-working-day period under Article 111 of the Contentious-Administrative Procedure Code had expired. The reporting judge’s attendance at training activities did not constitute force majeure because it was foreseeable and measures could have been taken to issue the decision on time. The Chamber explained that the deadline safeguards immediacy between receipt of the evidence and its judicial assessment. Without deciding the environmental merits or the remaining grounds of appeal, it ordered a new oral and public trial before a differently constituted tribunal. Two judges dissented, reasoning that the State had shown no prejudice and that the judgment could be considered timely.La Sala Primera, por mayoría, acogió el recurso de casación interpuesto por el Estado y anuló la sentencia que había declarado la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo 26750-MINAE, relativo a los estudios de impacto ambiental para contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. El juicio había concluido el 20 de mayo de 2013, pero la sentencia se notificó el 13 de junio, después de vencido el plazo perentorio de quince días hábiles previsto en el artículo 111 del Código Procesal Contencioso-Administrativo. La asistencia del juez ponente a actividades de capacitación no constituyó fuerza mayor porque era una circunstancia previsible y podían adoptarse medidas para emitir el fallo oportunamente. La Sala explicó que el límite temporal protege la inmediación entre la recepción de la prueba y su valoración judicial. Sin resolver el fondo ambiental ni los demás agravios, ordenó repetir el juicio oral y público ante un tribunal con integración distinta. Dos magistrados salvaron el voto por considerar que no se acreditó indefensión y que el fallo podía estimarse oportuno.
Key excerptExtracto clave
In the view of this deciding body, the cited exemption does not arise in this case, because the reporting judge’s participation in the course was known in advance—a foreseeable event—and issuance of the judgment after the deadline could therefore have been avoided by taking the measures necessary to render it on time. This is because the deadline is mandatory and, as this Chamber has held, it must not be breached, in order to safeguard the principle of immediacy. This ensures that the judges retain in their memory the evidence and everything that occurred during the oral and public trial, so that they may conduct a proper assessment while preserving its relevant aspects. IV.- By virtue of the foregoing, the majority considers that the appropriate course is to grant the appeal, refrain from ruling on the remaining objections and on the appeal of the passive supporting party, and annul the challenged judgment. Pursuant to Article 111.2 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the oral trial must be repeated before a differently constituted tribunal; accordingly, the matter must be remitted to the appropriate case-management judge for a new hearing date. By majority, the appeal is granted. The challenged judgment is annulled. A new oral and public trial is ordered before a different tribunal. This matter shall be remitted to the appropriate case-management judge to set a new hearing date. This judgment shall be brought to the attention of the Executive Directorate for the corresponding purposes.En criterio de este Órgano decisor, en la especie, la eximente de cita no se configura, dado que la participación del juez ponente en el curso era conocida de antemano (hecho previsible), por lo que pudo evitarse el dictado del fallo fuera de plazo, tomando las medidas necesarias a fin de que la sentencia se dictara en tiempo. Lo anterior, ya que ese plazo es perentorio y como lo ha dispuesto esta Sala, dicho lapso no debe vulnerarse con el propósito de resguardar el principio de inmediación. Y, así lograr que los juzgadores preserven en su memoria los elementos de convicción, así como todo lo acaecido en el juicio oral y público de forma que puedan realizar una correcta valoración, manteniendo los aspectos relevantes de aquéllos. IV.- En virtud de lo anterior, por mayoría se estima, lo procedente será acoger el recurso formulado, omitir pronunciamiento respecto de los restantes reparos y el recurso de la parte coadyuvante pasiva, así como anular la sentencia impugnada. De conformidad con el numeral 111.2 del CPCA, se deberá repetir el juicio oral ante un Tribunal con una integración distinta, razón por la cual se deberá remitir este asunto al juez tramitador que corresponda a efectos de que realice un nuevo señalamiento. Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se anula la sentencia impugnada. Se ordena realizar un nuevo juicio oral y público, ante un Tribunal distinto. Remítase este asunto al juez tramitador que corresponda para que realice un nuevo señalamiento. Hacer de conocimiento esta sentencia de la Dirección Ejecutiva para lo que corresponda.
Pull quotesCitas destacadas
"Tanto la norma legal como las reglamentarias a que se ha hecho referencia establecen un parámetro con base en el cual se puede presumir que ha existido un quebranto del tantas veces citado principio de inmediación. Se trata, claro está, de una presunción legal fijada para efectos de control, sin que de lo indicado pueda colegirse que los jueces no puedan retener los detalles del proceso por un período más extenso."
"Both the statutory and regulatory provisions referred to establish a benchmark from which a breach of the repeatedly cited principle of immediacy may be presumed. This is, of course, a legal presumption established for oversight purposes; it does not follow that judges are unable to retain the details of a proceeding for a longer period."
Considerando III
"Tanto la norma legal como las reglamentarias a que se ha hecho referencia establecen un parámetro con base en el cual se puede presumir que ha existido un quebranto del tantas veces citado principio de inmediación. Se trata, claro está, de una presunción legal fijada para efectos de control, sin que de lo indicado pueda colegirse que los jueces no puedan retener los detalles del proceso por un período más extenso."
Considerando III
"En la especie, el juicio oral y público, con vista en la grabación de la audiencia y la respectiva minuta, se llevó a cabo el 20 de mayo de 2013, acto donde se declaró el asunto como complejo y se comunicó a las partes que la sentencia les sería puesta en conocimiento por escrito."
"In this case, as shown by the hearing recording and the corresponding minutes, the oral and public trial was held on May 20, 2013, when the matter was declared complex and the parties were informed that the judgment would be communicated to them in writing."
Considerando III
"En la especie, el juicio oral y público, con vista en la grabación de la audiencia y la respectiva minuta, se llevó a cabo el 20 de mayo de 2013, acto donde se declaró el asunto como complejo y se comunicó a las partes que la sentencia les sería puesta en conocimiento por escrito."
Considerando III
"Por consiguiente, se aprecia, desde la fecha cuando concluyó el juicio oral, -20 de mayo- y la notificación de la sentencia el 13 de junio, transcurrieron más de 15 días hábiles, que es el plazo previsto en la disposición de cita, que feneció el 10 de junio, motivo por el cual resulta obligatorio acoger el agravio formulado."
"Consequently, more than fifteen working days elapsed between the conclusion of the oral trial on May 20 and service of the judgment on June 13; the period prescribed by the cited provision expired on June 10, making it mandatory to uphold the asserted ground of appeal."
Considerando III
"Por consiguiente, se aprecia, desde la fecha cuando concluyó el juicio oral, -20 de mayo- y la notificación de la sentencia el 13 de junio, transcurrieron más de 15 días hábiles, que es el plazo previsto en la disposición de cita, que feneció el 10 de junio, motivo por el cual resulta obligatorio acoger el agravio formulado."
Considerando III
"No pueden entonces interpretarse con tal rigidez, en abandono de esa instrumentalidad, tornándolas en fines últimos y en obstáculo para la decisión que demandan los justiciables, ya que, se reitera, implica retrotraer un proceso a etapas superadas (celebración de un nuevo debate y dictado de sentencia), con afectación no solo para el justiciable, sino para la administración de justicia y para el adecuado manejo de los recursos públicos."
"They therefore cannot be interpreted so rigidly that their instrumental character is abandoned and they become ends in themselves and obstacles to the decision sought by litigants; as noted, this would return a proceeding to completed stages—a new hearing and judgment—to the detriment not only of the litigant but also of the administration of justice and the proper management of public resources."
Voto salvado
"No pueden entonces interpretarse con tal rigidez, en abandono de esa instrumentalidad, tornándolas en fines últimos y en obstáculo para la decisión que demandan los justiciables, ya que, se reitera, implica retrotraer un proceso a etapas superadas (celebración de un nuevo debate y dictado de sentencia), con afectación no solo para el justiciable, sino para la administración de justicia y para el adecuado manejo de los recursos públicos."
Voto salvado
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20130004000878-1183229-1.rtf *110039071027CA* CASE FILE 11-003907-1027-CA JUDGMENT 000028-F-S1-2016 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine forty-five in the morning on the twenty-eighth of January, two thousand sixteen.
Ordinary proceeding (proceso de conocimiento) brought by FREDDY PACHECO LEÓN, divorced, biologist, resident of Heredia, against the STATE, represented by its counsel (procuradora), Grettel Rodríguez Fernández, single. Mallon Oil Company, Sucursal Costa Rica, participates as a passive intervenor (coadyuvante pasivo), represented by its general attorney-in-fact with unlimited authority (apoderado generalísimo sin límite de suma), Pedro Oller Taylor, married. The natural persons are of legal age and, subject to the qualifications stated, attorneys and residents of San José.
WHEREAS
Drafted by Justice Rivas Loáiciga
CONSIDERING
I.Mr. Freddy Pachecho León sued the State and sought a declaration of nullity and ineffectiveness (nulidad e ineficiencia) of Decreto Ejecutivo no. 26750-MINAE de 27 de febrero de 1998 (hereinafter Decreto no. 26750), on the grounds that the then President of the Republic, José María Figueres Olsen, and Minister René Castro Salazar issued it contrary to law (contra leguem) and through misuse of power (desviación de poder), repealing Title X of Reglamento a la Ley de Hidrocarburos no. DE-24735 de 29 de setiembre de 1995 (hereinafter the Reglamento), which governed the preparation of environmental impact assessments (Estudios de Impacto Ambiental, EIA) for hydrocarbon exploration and exploitation. He stated that Article 266 of the repealed Reglamento required the contractor to have an EIA before the award decision was signed and to update it periodically. He alleged that the challenged decree divided the EIA into two phases corresponding to the progress of the activities, the first being the prospecting phase and the second the intensive exploration phase.
Approval of phase I of the EIA would be an indispensable and sufficient requirement for the award decision to become final. He asserted that the first phase does not entail high-impact activity, and therefore developers submit as an EIA only preliminary descriptions of the exploratory activities to be performed during that phase, without examining in depth the environmental impacts that the petroleum project as a whole will cause, the procedures for mitigating them during implementation, or the restoration measures. In his filing, the plaintiff mentioned that the “two most recent” cases processed under those rules, namely those of MKJ Xplotation Inc. and Mallon Oil, involved a marine seismic-reflection geophysical study in the first case, while Mallon Oil submitted a document entitled: “Project for the collection and analysis of information for phase I of petroleum prospecting in the Huetar norte and Huetar atlántico regions of Costa Rica,” which, in his view, is merely a desk-based activity intended to analyze existing regional scientific information.
He alleged that neither document includes an environmental assessment of the petroleum activity itself and that, accordingly, by application of the challenged decree, both companies maintain that the State became obligated to permit performance of the concession agreement in the case of MKJ and to execute a concession agreement with Mallon Oil. He contends that officials Figueres and Castro used their lawful powers to carry out a discretionary administrative act, purportedly for a public purpose (environmental protection), but with an evident misuse of power; in doing so, they weakened and disapplied the State’s environmental controls in the private interests of the petroleum companies, which could demand the execution of concession agreements without the corresponding obligation to secure the necessary prior approval of a comprehensive and complete EIA. The plaintiff states that the challenged rules pose an extremely serious environmental risk to the country, in violation of the public interest, because petroleum activity has historically been associated with serious accidents that cause irreversible ecological damage.
He said that the challenged decree deregulated or relaxed the environmental controls governing petroleum activity in Costa Rica, contrary to Articles 2, 31 subsection f), and 41 of the Ley de Hidrocarburos; Article 50 of the Constitución Política; Article 14 subsection 1 of the Convención sobre Diversidad Biológica; Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente; and the preventive and precautionary environmental principles; these provisions require submission and approval of an EIA before activities causing environmental impact begin. He stated that, before Decreto no. 26750 was promulgated, the Sala Constitucional had already ruled on the matter in judgment no. 6240-93 when deciding the optional constitutional consultation (consulta facultativa) concerning the Ley de Hidrocarburos bill, a position reiterated by the same Chamber in judgment no. 1221-2002 after the challenged decree was issued, when it held Article 41 of the Ley de Hidrocarburos partially unconstitutional.
In cases involving petroleum exploration and exploitation, the Sala Constitucional reiterated its position regarding the mandatory nature of the EIA in judgment no. 205-2010, concerning the Mallon Oil case. He further states that, after the challenged decree was issued, the Ley de Biodiversidad was enacted, Article 94 of which provides that the environmental impact assessment must be conducted in full even when the project is scheduled to be carried out in stages; in the plaintiff’s view, this leaves no doubt as to the mandatory nature of the EIA and entails an implied repeal due to supervening illegality (derogatoria tácita por ilegalidad sobreviniente). He stated that, beginning in the 1990s, an ethic of environmental responsibility emerged forcefully, leading to the incorporation of principles from the Declaración de Río, the country’s ratification of the Convención sobre Diversidad Biológica and other important international legal instruments, and the amendment of Article 50 of the Constitución Política to introduce the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, thereby laying the groundwork for constitutional environmental doctrine and case law and for the domestic enactment of legislation such as the Ley Orgánica del Ambiente and the Ley de Biodiversidad.
He further asserted that the company MJK, known as Harken, used the challenged Reglamento to obtain the execution of the concession agreement for hydrocarbon exploration and exploitation in Costa Rica on 12 de agosto de 1999, corresponding to petroleum tender 1-97, for which Setena approved only the marine seismic-reflection geophysical study covering 507 km of surface area used in the first prospecting phase; consequently, the company was required to provide an environmental bond (garantía ambiental) of only $7.995, even though that amount does not correspond to the actual and potential risk of the petroleum exploration and exploitation it intends to undertake. He stated that the geophysical study is merely an academic exercise describing an exploratory procedure, which he considers insufficient to execute and render final a concession agreement encompassing an area of 5633 km2 in the absence of an EIA.
He also stated that the agreement with Herken was suspended because of former President Pacheco’s moratorium and Setena’s eventual rejection of the EIA submitted after the agreement had been executed, prompting the company to allege a breach by the State and claim compensation of $57.000.000, thereby confirming the warning issued by the Sala Constitucional in 1993. He further states that, by resolution Nº R-105-MINAE published in the official gazette Nº 73 of 13 de abril de 2000, petroleum concession Nº 2 was awarded to Mallon Oil for the exploration and exploitation of blocks 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of the 27 blocks into which the country was divided; the agreement has still not been executed because of various administrative and judicial appeals filed by civil society and the developer. He argued that Mallon Oil has not submitted an EIA and that what Setena reviewed and approved in its case, under the terms of the challenged decree, was a document describing a desk-based activity, concerning which the Director de Hidrocarburos warned Setena that it did not involve field methods such as those contemplated by Article 1 of Decreto no. 26750.
Nevertheless, he stated that the company is exerting pressure through political and legal channels to compel the government of Costa Rica to execute the concession agreement. Finally, he concluded that these two cases are the practical result of applying the challenged decree. The State opposed the complaint and raised defenses based on failure to join necessary defendants (falta de integración de litisconsorcio pasiva necesaria), lack of a present interest and lack of a legal right, as well as expiration (caducidad) and res judicata (cosa juzgada). The Tribunal rejected the defenses of lack of a present interest and lack of a legal right. It granted the complaint and, consequently, declared Decreto no.26750 absolutely null and void (nulidad absoluta). It established that the declaration had declaratory and retroactive effect as of 27 de febrero de 1998, while requiring respect for rights acquired in good faith from its entry into force until this decision becomes final.
It also limited the effects of the judgment (dimensionó la sentencia) by providing that the second provision and all of Title X of the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, Articles 266 through 283 (Decreto Ejecutivo no. 24735 published in La Gaceta Nº 230 of 4 de diciembre de 1995), would regain their original force as of the date the judgment becomes final. It also ordered the State to pay all legal costs (ambas costas del proceso). Dissatisfied with the ruling, the State and the supporting defendant (coadyuvante pasivo) filed appeals on points of law (recurso de casación). Given the manner in which the case will be decided, only the procedural ground of error set forth below will be considered, and no ruling will be made on the remaining grounds or on the appeal filed by the supporting defendant Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A., which joins in the arguments presented in the State’s appeal.
Appeal on Points of Law on Procedural Grounds
II.Sole Ground: In the appellant’s view, the judgment is vitiated by absolute nullity (nulidad absoluta), because it was rendered and served outside the period established by Article 111 of the CPCA. Specifically, the appellant states that the oral and public trial was held and concluded on 20 de mayo de 2013, on which date the matter was declared complex and the parties were informed that the judgment would be issued in writing and served within 15 business days. Based on the date on which the oral and public trial concluded and taking into account the business days that elapsed, the judgment should have been served no later than 10 de junio de 2013. However, it was not issued until 12 de junio and was not served until 13 de junio, both in 2013, as shown by the certification of the service record (acta de notificación). It follows from the foregoing that the judgment was rendered and served outside the period established in Article 111 of the CPCA, a provision alleged to have been violated through its clear nonobservance (failure to apply it).
The appellant notes that Recital 7 (Resultando 7) of the judgment justifies the delay on the ground that Reporting Judge (Juez Ponente) Juan Luis Guisti Soto, “... according to the decision under Article XXV of the Consejo Superior del Poder Judicial, Session N° 54-13 of 14 de mayo del dos mil trece, was granted leave to serve as an instructor on viernes 31 de mayo and 7 de junio, both in 2013. The foregoing is for purposes of deeming the period for rendering judgment automatically extended.” The appellant indicates that it should be noted that the judgment contains an error, because session no. 54-13 was not held on 14 de mayo as stated, but rather on 23 de mayo del 2013, that is, after the oral and public trial had already been held (see the printout of decisions number 25 from sessions no. 54-13 and no. 49-13 of the Consejo Superior del Poder Judicial, taken from the Poder Judicial website).
Consequently, the appellant contends that the justification contained in Recital 7 of the ruling is unacceptable, because it violates the aforementioned Article 111 of the CPCA, as well as Article 138 of the Código Procesal Civil (hereinafter CPC), which applies to this specific case by virtue of the mandate established in Article 220 of the CPCA, because days other than those expressly identified in the cited procedural legislation are treated as “non-business days” (días inhábiles). As is clear from the foregoing, Article 138 plainly establishes what must be considered a non-business day, and at no point does it state that days on which judicial officers have leave to be absent from their duties may be considered non-business days. The appellant contends that this interpretation is reinforced by an analysis of Article XXV of record no. 54-13, at eight hours on 23 de mayo de 2013, which authorizes the Judge’s participation in training activities, but with the proviso that he must attend to and give priority to any matter requiring his attention because of the high-level duties he performs; the appellant reproduces an excerpt from the record setting forth the foregoing.
The appellant states that it follows from the transcription that the leave granted to participate in the training activity was conditioned on giving priority to any work-related activity requiring the Judge’s presence; therefore, in the appellant’s view, it is impossible to consider the days on which the adjudicator was on leave to be non-business days within the meaning of Article 138 of the CPC. In the same vein, the appellant maintains that the challenged judgment violates the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda (hereinafter RAOSJCACH) with respect to the manner in which deliberations must be conducted and the period for issuing judgment. Specifically, the appellant argues that, under that body of law, the Trial Court must decide each interlocutory matter (incidencia) arising in the case file once the oral and public trial hearing has been scheduled.
In support of this argument, the appellant reproduces Article 72 of the RAOSJCACH. The appellant objects that the present case had been set for trial since marzo del 2013; therefore, when leave to participate in the Escuela Judicial training activity was requested on 14 de mayo del 2013, the Sección Quinta should have anticipated how the reporting judge’s participation would affect the final issuance and service of the judgment in this trial and should have taken the appropriate measures to avoid impairing the public service. This is all the more so because the RAOSJCACH establishes the grounds on which deliberation in a particular matter may be deemed suspended, and paid leave is not among them, under Article 81 of that body of rules. Along the same lines, the appellant states that the aforementioned provision establishes that the operative portion of the judgment (parte dispositiva de la sentencia) should have been issued within 2 business days, and the full text should have been communicated within the fifteen business days following the conclusion of the oral and public trial, pursuant to provisions 79 and 83 of that same body of law.
The appellant contends that, under those provisions, it is clear that in the present case all periods established by the applicable legislation were breached, both for issuing and for serving the judgment, and that it is unacceptable to deem the period for rendering and serving the judgment suspended because one of the Court’s members was on leave to participate as an instructor in Escuela Judicial training activities. The case law of the Sala Primera, the appellant cautions, has been clear and unequivocal in holding judgments issued in violation of the periods established in the repeatedly cited Article 111 of the CPCA null and void; to that effect, see ruling no. 1527-F-51-2012 at 8 horas 30 minutos on 20 de noviembre de 2012. To the same effect are decisions 1058-A-S1-2012 at 12 horas on 24 de agosto 2012, 1068-A-S1-2D12 at 12 horas 50 minutos on 24 de agosto de 2012, among others. In view of the foregoing, the appellant concludes that the judgment was rendered in flagrant violation of Articles 111, 137 subsection g, and 220 of the CPCA and Article 138 of the CPC, through failure to apply them to the specific case.
Likewise, the appellant states that the ruling violates Articles 72, 73 subsection 10, 79, 81, and 82 of the RAOSJCACH through erroneous interpretation, and therefore requests that it be annulled because it was rendered and served outside the prescribed period and that a new oral and public trial be ordered before a different section of the Court, pursuant to Article 111 of the CPCA. In the alternative, if it is found that the period for rendering and serving the judgment should indeed be deemed “suspended” because of the paid leave granted for Escuela Judicial training activities, the appellant requests that the Chamber consider the following arguments. As noted at the beginning of this ground of appeal (cargo), the oral and private trial was held on 20 de mayo del 2013; therefore, even assuming that the period for issuing and serving the judgment was suspended for two additional days, it is clear that the decision was served outside the period established for rendering judgment, because it should have been issued on the second day of deliberation and served on the parties no later than 12 de mayo del 2013.
Accordingly, the appellant argues that, even under this assumption, the decision was served in contravention of Articles 111 and 137 subsection g of the CPCA and Articles 81 and 82 of the RAOSJCACH; thus, even in this scenario, the judgment must be annulled and the case file remanded (reenvío del expediente) so that a new oral and public trial may be held before a different section of the Court, pursuant to Article 111 of the CPCA.
III.Regarding this matter, this Chamber has stated: “Pursuant to the principles of immediacy (inmediación) and expeditiousness (celeridad), section 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter CPCA) provides that, once the hearing has concluded, the Court must deliberate and immediately render judgment, while allowing an exception to this obligation in cases classified as complex, in which event the judgment must be served within a maximum period of 15 business days, calculated from the conclusion of the hearing. As indicated, the provision reflects the principle of immediacy—which is the normative value that the provision under discussion seeks to safeguard—and is intended to ensure that, when rendering their decision, the judges retain as clearly as possible in their memory the evidence presented during the trial, thereby preventing the passage of time from eroding their comprehensive assessment thereof.
Consistent with the foregoing, articles 82.1 and 79.4 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda provide that deliberations may extend for up to two days, in which case the participants must be informed of the operative part of the judgment, together with a concise statement of its grounds, and the complete text of the judgment must be issued within the aforementioned period of 15 days. Both the statutory provision and the regulatory provisions referenced above establish a parameter on the basis of which a violation of the frequently cited principle of immediacy may be presumed. This is, of course, a statutory presumption established for review purposes, although it cannot be inferred from the foregoing that judges are unable to retain the details of the proceedings for a longer period. It is simply the establishment of a tolerance limit by the legislature or, in other words, a normative convention.
Therefore, noncompliance was sanctioned by nullity (nulidad). Specifically, the following has been stated regarding this issue: ‘Section 111.2 of the cited body of law, in conjunction with section 137 subsection g, sanctions noncompliance with the time limit for deliberating and rendering judgment by declaring the proceedings null and orders the trial to be repeated before a differently constituted Court, except as to evidentiary acts that cannot be reproduced. The foregoing arises from the very principle of immediacy and seeks to ensure that the least possible time elapses between the presentation of evidence and the judgment, guaranteeing that the judges retain the evidence as clearly as possible and can therefore carry out the corresponding evaluative exercise without forgetting relevant aspects thereof’ (judgment no. 1096-F-S1- 2011 of 9:45 a.m. on September 8, 2011).” No. 1527 of 8:30 a.m. on November 20, 2012.
In this case, as shown by the recording of the hearing and the corresponding minutes, the oral and public trial was held on May 20, 2013, at which time the matter was declared complex and the parties were informed that the judgment would be communicated to them in writing. With respect to service of the judgment upon the State, page 573 of the court record confirms that it occurred on June 13, 2013, as asserted by the appellant. Consequently, between the date on which the oral trial concluded—May 20—and service of the judgment on June 13, more than 15 business days elapsed, which is the period prescribed by the cited provision and which expired on June 10; the asserted ground of error must therefore be sustained. The Court justified rendering its judgment after the deadline on the ground that the reporting judge attended a training activity at the Escuela Judicial on May 31 and June 7, both in 2013.
It is essential to reproduce article 81 of the RAOSJCACH because it governs the circumstances that interrupt (in fact, suspend) the period for rendering and communicating the judgment: “1) Deliberations shall proceed without interruption unless circumstances of force majeure (fuerza mayor) arise or one of the judges becomes ill. Once the cause has ceased, the Court shall reconvene to deliberate and render judgment, after notifying the parties. 2) Likewise, the reopening of the proceedings contemplated in section 110 of the CPCA and 73.15 of these Regulations shall constitute grounds for interrupting the deliberation and decision stage.” Accordingly, under the terms of that provision, deliberation and decision may be suspended only (because once the reason for the suspension ceases, the time continues to run from the point at which it stopped, meaning that it does not begin anew) for reasons of force majeure, the illness of any judge (disability), or the reopening of the proceedings.
In the matter at hand, it is clear that the latter two grounds were not invoked to justify the delay, leaving only the question of whether force majeure prevented issuance of the decision within the period prescribed by law. In the opinion of this decision-making body, the cited exemption does not apply in this case because the reporting judge’s participation in the course was known in advance (a foreseeable event), and the judgment could therefore have been prevented from being rendered out of time by taking the measures necessary to ensure its timely issuance. This is because the time limit is mandatory and, as this Chamber has held, it must not be violated, so as to safeguard the principle of immediacy. This ensures that the judges preserve in their memory the evidentiary elements, as well as everything that occurred during the oral and public trial, enabling them to conduct a proper assessment while retaining the relevant aspects thereof.
IV.By virtue of the foregoing, the majority concludes that the proper course is to sustain the appeal, refrain from ruling on the remaining objections and on the appeal filed by the passive intervening party (parte coadyuvante pasiva), and vacate the challenged judgment. Pursuant to section 111.2 of the CPCA, the oral trial must be repeated before a differently constituted Court; accordingly, this matter must be referred to the appropriate case-management judge so that a new hearing may be scheduled.
THEREFORE
By majority decision, the appeal is sustained. The challenged judgment is vacated. A new oral and public trial is ordered before a different Court. This matter shall be referred to the appropriate case-management judge so that a new hearing may be scheduled. This judgment shall be brought to the attention of the Dirección Ejecutiva for appropriate action.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vílchez Jorge Isaac solano Aguilar Dissenting opinion (voto salvado) of Judge Escoto Fernández and Judge Molinari Vílchez We, the undersigned members, respect but depart from the position adopted by the majority of this Chamber for the following reasons. Pursuant to the second paragraph of section 137 of the CPCA, grounds for an appeal in cassation (recurso de casación) based on procedural issues may be asserted only by the party harmed by the failure to observe the procedural rule. In addition, where possible, that party must have requested that the adjudicative body rectify the defect. Subsection g) of the cited provision establishes that an appeal lies when the rules governing deliberation, the time limit for rendering judgment, or the drafting of the essential elements of the decision have not been observed.
This provision is a consequence of proceedings influenced by an oral system, in which the principle of immediacy must be respected for the fundamental purpose of preserving in the judges’ memories what occurred during the oral and public trial. It must not, however, be interpreted as an absolute safeguard of procedural formalities, since it is intended to protect the constitutional guarantees of a hearing, a defense, and adversarial proceedings; this precludes declaring nullity for its own sake, because nullity is a disfavored matter that must be construed restrictively and is admissible only when the appellant is left without an adequate defense (indefensión). In the case of ground g), this requirement remains applicable: the appellant must explain the lack of an adequate defense, which entails identifying the harm caused by the fact that the judgment was issued outside the period established in section 111 of the CPCA.
It should be added that procedural rules are instrumental to substantive law and, in keeping with that reasoning, must be understood as means of giving effect to the constitutional right to prompt and effective justice and to obtain a judgment within a reasonable time. They cannot therefore be interpreted so rigidly as to disregard their instrumental nature, turn them into ends in themselves, and make them an obstacle to the decision sought by litigants, since, as reiterated, this entails returning proceedings to stages already completed (holding a new hearing and rendering judgment), adversely affecting not only the litigant but also the administration of justice and the proper management of public resources. Moreover, it would be inconsistent with the principle of preservation of procedural acts (conservación de los actos procesales). For these reasons, the second paragraph of article 137 establishes lack of an adequate defense as a prerequisite for the admissibility of procedural claims.
In the present matter, the State’s representative does not explain how the Court’s three-day delay caused harm, which demonstrates the deficiency of the claim. Nor do we agree that the matter should be communicated to the Dirección Ejecutiva, since doing so would entail a sanction unsupported by anything stated herein and imposed without regard for due process (debido proceso). In addition to the foregoing, and as a further ground, the reporting judge in this case took one day of vacation, according to the appellant. Under sections 220 of the CPCA and 138 of the Código Procesal Civil, the latter being applicable on a supplementary basis and defining nonbusiness days, insofar as relevant, as: “[...] Sundays, holidays, vacation days, and days legally declared to be days off for judicial offices.” (emphasis added; not in the original); therefore, the vacation day granted to the reporting judge was also a nonbusiness day.
Consequently, the challenged decision was issued within the statutory period. In this regard, reference may also be made to the dissenting opinion contained in this Chamber’s decision no. 633-A of 8:54 a.m. on June 4, 2015.
Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vílchez AMADRIGALV/MCAMPOSS
20130004000878-1183229-1.rtf *110039071027CA* RES. 000028-F-S1-2016 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de enero de dos mil dieciséis.
Proceso de conocimiento establecido por FREDDY PACHECO LEÓN, divorciado, biólogo, vecino de de Heredia; contra el ESTADO, representado por su procuradora Grettel Rodríguez Fernández, soltera. Interviene como coadyuvante pasivo, la empresa Mallon Oil Company, Sucursal Costa Rica, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Pedro Oller Taylor, casado. Las personas físicas son mayores de edad y, con las salvedades hechas, abogados y vecinos de San José.
RESULTANDO
Redacta el magistrado Rivas Loáiciga
CONSIDERANDO
I.El señor Freddy Pachecho León, demandó al Estado y solicitó la declaratoria de nulidad e ineficiencia del Decreto Ejecutivo no. 26750-MINAE de 27 de febrero de 1998 (en lo sucesivo Decreto no. 26750), al considerar que el Presidente de la República de ese entonces José María Figueres Olsen y el Ministro René Castro Salazar, lo emitieron contra leguem y con desviación de poder, derogando el título X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos no. DE-24735 de 29 de setiembre de 1995 (en adelante el Reglamento), el cual regulaba la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la Reglamento derogado establecía la obligación del contratista de contar con un EIA previo a la firma del acto adjudicatario, el cual debía actualizarse periódicamente. Alegó, en el decreto impugnado, se dividió el EIA en dos fases en concordancia con el avance de las actividades, siendo la primera etapa la de prospección y la segunda la de exploración intensiva.
Que la aprobación de la fase I del EIA será requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio quede firme. Manifestó, la primera fase no implica actividad de alto impacto, por lo que los desarrolladores aportan como EIA solo las descripciones preliminares de las actividades exploratorias que se realizarán en esa etapa, sin profundizar en los impactos ambientales que producirá el proyecto petrolero en su conjunto, ni los procedimientos para su mitigación durante la ejecución o las acciones de recuperación. El actor mencionó en su escrito que los "dos últimos" casos tramitados con base en esa normativa sea los de MKJ Xplotation Inc. y Mallon Oil, presentaron un estudio geofísico de reflexión sísmica marina en el primer caso y Mallon Oil presentó un documento denominado: "Proyecto de recopilación y análisis de información para la fase I de prospección petrolera en la región Huetar norte y Huetar atlántico de Costa Rica", lo cual, consideró, es una simple actividad de gabinete para analizar la información científica regional existente.
Alegó, ninguno de los documentos comprende la evaluación ambiental de la actividad petrolera propiamente dicha y con ello, en aplicación del decreto impugnado, ambas empresas sostienen que el Estado quedó obligado a permitir la ejecución del contrato de concesión en el caso de la empresa MKJ y de suscribir un contrato de concesión con Mallon Oil. Aduce, los funcionarios Figueres y Castro utilizaron sus competencias legítimas para realizar un acto administrativo discrecional supuestamente con un fin público (la protección del medio ambiente), pero con evidente desviación de poder con ello debilitaron y desaplicaron los controles ambientales del Estado en interés privado de las empresas petroleras, pudiendo exigir estas la firma de contratos de concesión sin la correlativa obligación de contar con la aprobación previa necesaria del EIA integral y completo. Expresa el actor, con la normativa impugnada se ocasiona un gravísimo riesgo ambiental al país, con violación al interés público, ya que la actividad petrolera históricamente está ligada a graves accidentes que provocan daños ecológicos irreversibles.
Con el decreto impugnado, dijo, se desregularizó o flexibilizaron los controles ambientales de la actividad petrolera en Costa Rica, lo cual es contrario a los artículos 2, 31 inciso f) y 41 de la Ley de Hidrocarburos; 50 de la Constitución Política; 14 inciso 1 de la Convención sobre Diversidad Biológica; 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y los principios ambientales preventivo y precautorio; normativa que obliga a la presentación y aprobación del EIA de previo al inicio de actividades que causen impacto ambiental. Indicó, la Sala Constitucional ya se había pronunciado antes de la promulgación del Decreto no. 26750 en la sentencia no. 6240-93 al conocer la consulta facultativa sobre el proyecto de la Ley de Hidrocarburos, posición que fue reiterada por la misma Sala en la sentencia no. 1221-2002 con posterioridad al decreto impugnado, cuando estableció la inconstitucionalidad parcial del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos.
En casos de exploración y explotación petrolera, la Sala Constitucional ha reiterado su posición sobre la obligatoriedad del EIA en la sentencia no. 205-2010 relacionado al caso de la empresa Mallon Oil. Por otra parte indica, posterior al decreto impugnado, se aprobó la Ley de Biodiversidad en la cual en su precepto 94 se indica que la evaluación del impacto ambiental debe efectuarse en su totalidad aun cuando el proyecto esté programado para realizarse en etapas, lo cual a criterio del actor no deja duda alguna de la obligatoriedad del EIA, lo que implica una derogatoria tácita por ilegalidad sobreviniente. Expresó, a partir de la década de los 90 surgió con fuerza la ética de responsabilidad ambiental, llegándose a recepcionar contenidos de la Declaración de Río, ratificando el país la Convención sobre Diversidad Biológica y otros importantes instrumentos jurídicos internacionales, además se reformó el canon 50 de la Constitución Política introduciendo el derecho fundamental de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dando pie a la doctrina y jurisprudencia constitucional del ambiente y la promulgación interna de legislación como la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad.
Por otra parte, manifestó, a la empresa MJK conocida como Harken, utilizando el reglamento impugnado, logró la firma del contrato de concesión para la 1999, correspondiente a la licitación petrolera 1-97, siendo que Setena aprobó para ello sólo el estudio geofísico de reflexión sísmica marina en 507 km de superficie usado en la fase primera de prospección, con lo cual apenas se solicitó a la empresa una garantía ambiental de $7.995, sin que ello corresponda al riesgo real y potencial de la exploración y explotación petrolera que pretende realizar. Expresó, el estudio geofísico es una simple actividad académica para describir un procedimiento exploratorio, lo que considera no es suficiente para suscribir y dejar firme un contrato de concesión que abarca una extensión de 5633 km2, sin que exista un EIA. También indicó, el contrato con la empresa Herken se suspendió debido a la moratoria del expresidente Pacheco y que Setena rechazara eventualmente el EIA presentado en fecha posterior a la suscripción del contrato, lo que provocó que dicha empresa acusare el incumplimiento del Estado, reclamando una indemnización de $57.000.000, lo cual reafirma la advertencia de la Sala Constitucional desde 1993.
Sigue indicando, por resolución Nº R-105-MINAE publicada en el diario oficial Nº 73 del 13 de abril de 2000, se adjudicó la concesión petrolera Nº 2 a la compañía Mallon Oil para la exploración y explotación de los bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de los 27 bloques en que se dividió el país, contrato del cual aún no ha sido posible su firma debido a diversos recursos administrativos y judiciales de la sociedad civil y del desarrollador. Arguyó, la empresa Mallon Oil no ha presentado un EIA, y lo que Setena conoció y aprobó en su caso, en los términos del decreto impugnado, fue un documento que describe una actividad de gabinete, sobre la cual el Director de Hidrocarburos advirtió a Setena que no constituyen métodos de campo tales como lo que prevé el artículo 1 del Decreto no. 26750. No obstante, expresó, la empresa está presionando por lo medios políticos y jurídicos para obligar al gobierno Costa Rica a suscribir el contrato de concesión.
Finalmente estimó, esos dos casos son el resultado práctico de la aplicación del decreto impugnado. El Estado contestó negativamente la demanda e interpuso las defensas de falta de: integración de litisconsorcio pasiva necesaria, interés actual y derecho, así como las de caducidad y cosa juzgada. El Tribunal rechazó las excepciones de falta de interés actual y la de derecho. Declaró con lugar la demanda y en consecuencia declaró la nulidad absoluta del Decreto no.26750. Estableció que la declaratoria tenía efectos declarativos y retroactivos al 27 de febrero de 1998, debiéndose respetar los derechos adquiridos de buena fe desde su entrada en vigencia y hasta la firmeza de esta resolución. Además, dimensionó la sentencia en el sentido de que el precepto segundo y todo el Titulo X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, artículos 266 al 283 (Decreto Ejecutivo no. 24735 publicado en La Gaceta Nº 230 de 4 de diciembre de 1995) recobran su vigencia original, lo cual se dará a partir de que la sentencia quede firme.
También condenó en ambas costas del proceso al Estado. Inconforme con lo resuelto, el Estado y el coadyuvante pasivo, presentaron recurso de casación. Dada la forma como se resolverá se conocerá únicamente el agravio procesal que de seguido se expone, omitiéndose pronunciamiento sobre el resto de agravios y el recurso del coadyuvante pasivo Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A. que se adhiere a lo expuesto en el recurso del Estado.
Recurso de casación por motivos procesales
II.Único: En criterio de la parte recurrente, la sentencia adolece de un vicio de nulidad absoluta, toda vez que fue dictada y notificada fuera del plazo establecido por el artículo 111 del CPCA. En efecto, dice, el juicio oral y público fue realizado y concluido el 20 de mayo de 2013, fecha cuando se declaró el asunto de tramitación compleja indicándose a las partes que la sentencia seria dictada por escrito y notificada en el plazo de 15 días hábiles. De acuerdo con la fecha de terminación del juicio oral y público y tomándose en cuenta los días hábiles transcurridos, la sentencia debió ser notificada como máximo el 10 de junio de 2013. Sin embargo, no fue emitida sino hasta el 12 de junio y notificada hasta el 13 de junio, ambos de 2013, según consta en la certificación del acta de notificación. Se desprende de lo expuesto, que fue dictada y notificada fuera del plazo establecido en el artículo 111 del CPCA, norma que se acusa quebrantada por su evidente inobservancia (falta de aplicación).
Expone, cabe señalar, en el Resultando 7 de la sentencia justifica el retraso en que el Juez Ponente Juan Luis Guisti Soto, “... según acuerdo del Artículo XXV del Consejo Superior del Poder Judicial, Sesión N° 54-13 de 14 de mayo del dos mil trece, ha contado con permiso para asistir como capacitador los días viernes 31 de mayo y 7 de junio ambos del año 2013. Lo anterior, para efectos de entender automáticamente prorrogado el plazo para dictar sentencia.” Debe advertirse, indica, la sentencia contiene un error, pues la sesión no. 54-13 no fue realizada el 14 de mayo como se indica, sino que fue realizada hasta el 23 de mayo del 2013, es decir, después de que ya fue realizado el juicio oral y público (ver impresión de los acuerdos número 25 de las sesiones no. 54-13 y no. 49-13 del Consejo Superior del Poder Judicial, tomadas de la página web del Poder Judicial). En consecuencia, estima, la justificación contenida en el resultando 7 del fallo no resulta de recibo, pues se violenta el artículo 111 del CPCA antes señalado, así como el artículo 138 del Código Procesal Civil (en adelante CPC) de aplicación al caso concreto en razón del mandato establecido en el artículo 220 del CPCA, pues se consideran como “días inhábiles” días diferentes a aquellos que expresamente se señalan en la legislación procesal indicada.
Tal y como se desprende de lo día inhábil, siendo que el artículo en ningún momento señala que pueda considerarse como un día inhábil aquellos en los cuales los funcionarios judiciales se encuentren con permiso para ausentarse de sus labores. Estima, esta interpretación se refuerza analizando el contenido del artículo XXV del acta no. 54-13 de las ocho horas del 23 de mayo de 2013, y que autoriza la participación del Señor Juez en las actividades de capacitación, pero con la salvedad de que deberá atender y dar prioridad a cualquier asunto que, por las altas labores que desempeña, deba atender, copia un extracto del acta que establece lo indicado. Se desprende de la trascripción, dice, que el permiso otorgado para participar en la actividad de capacitación, fue condicionado a que se diera prioridad a cualquier actividad laboral que requiriera la presencia del Juez, por lo que en su criterio, es imposible considerar que los días en los cuales el juzgador se encontraba con permiso, sean días inhábiles al tenor de lo establecido en el artículo 138 del CPC.
Bajo este mismo orden de ideas, se considera que la sentencia impugnada violenta lo dispuesto por el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda (en adelante el RAOSJCACH) en orden a la forma en que deben realizarse las deliberaciones y el plazo para emitir sentencia. En efecto, arguye, nótese que de conformidad con lo que establece dicho cuerpo legal, el Tribunal de Juicio deberá resolver cada una de las incidencias que se presenten en el expediente una vez que se ha señalado para la audiencia de juicio oral y público. En defensa de su tesis, copia lo dispuesto en el artículo 72 del RAOSJCACH. Reprocha, el presente caso fue citado para juicio desde el mes de marzo del 2013, es decir, al momento en que se solicitó el permiso para participar en la actividad de capacitación de la Escuela Judicial el 14 de mayo del 2013, la Sección Quinta debió prever cómo iba a afectar la participación del juez ponente en la emisión y notificación final de la sentencia de este juicio, adoptando las medidas pertinentes para no afectar el servicio público.
Máxime cuando el RAOSJCACH establece las causales por la cuales se podrá considerar suspendida la deliberación en un determinado asunto, siendo que la existencia de permisos con goce de salario no constituye una de ellas, al tenor de lo establecido en el artículo 81 de ese cuerpo normativo. Bajo esta misma línea de pensamiento, indica, la norma anteriormente citada establece que la parte dispositiva de la sentencia debió emitirse en el plazo de 2 días hábiles, y el texto completo debió ser comunicado dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación del juicio oral y público, conforme a lo dispuesto en los preceptos 79 y 83 de este mismo cuerpo legal. Estima, conforme a dichas normas, es claro que en el presente caso se incumplieron todos los plazos establecidos en la legislación aplicable, tanto para emitir la sentencia como para notificarla, sin que resulte de recibo el considerar que el plazo para dictar y notificar la sentencia estaban suspendidos porque uno de los integrantes del Tribunal gozaba de un permiso para participar como docente en actividades de capacitación de la Escuela Judicial.
La jurisprudencia de la Sala Primera, advierte, ha sido clara y contundente al establecer la nulidad de las sentencias emitidas en contravención con los plazos establecidos en el artículo 111 del CPCA de repetida cita, en ese sentido los fallos no. 1527-F-51-2012 de las 8 horas 30 minutos del 20 de noviembre de 2012. En el mismo sentido, las resoluciones 1058-A-S1-2012 de las 12 horas del 24 de agosto 2012, 1068-A-S1-2D12 de las 12 horas 50 minutos del 24 de agosto de 2012 entre otras. Por lo expuesto, finaliza, la sentencia se dictó en flagrante violación de los artículos 111, 137 inciso g, y 220 del CPCA y del artículo 138 del CPC, por falta de aplicación al caso concreto. Asimismo, dice, el fallo viola los artículos 72, 73 inciso 10, 79, 81 y 82 del RAOSJCACH, por errónea interpretación, por lo que solicita se anule por haber sido dictada y notificada fuera del plazo establecido para ello y se ordene efectuar un nuevo juicio oral y público ante una sección diferente del Tribunal, al tenor de lo establecido en el artículo 111 del CPCA.
Subsidiariamente, pide, de considerar, que el plazo para dictar y notificar la sentencia debe estimarse efectivamente “suspendido” por la existencia del permiso con goce de salario para actividades de capacitación en la Escuela Judicial, solicita a la Sala considerar los siguientes argumentos. Tal y como se advirtió al inicio del cargo, el juicio oral y privado se efectuó el 20 de mayo del 2013, por lo que aun considerando que el plazo para emitir y notificar la sentencia fue suspendido por dos días más, es claro que la resolución fue notificada fuera del plazo establecido para dictar sentencia, por cuanto debió ser emitida en el segundo día de deliberación y notificada a más tardar a las partes el 12 de mayo del 2013. En razón de ello, expone, aún en este supuesto, la resolución fue notificada en contravención con lo establecido en los artículos 111 y 137 inciso g del CPCA y 81 y 82 del RAOSJCACH, por lo que incluso en este supuesto la sentencia debe ser anulada y ordenarse el reenvío del expediente para que se efectúe un nuevo juicio oral y público ante una sección diferente del Tribunal, al tenor de lo establecido en el artículo 111 del CPCA.
III.Sobre el particular esta Cámara ha expresado: “Al tenor de los principios de inmediación y celeridad, el numeral 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPCA) establece que, una vez finalizada la audiencia, el Tribunal deberá deliberar y dictar la sentencia en forma inmediata, previendo la posibilidad de exceptuar esta obligación en aquellos casos que se califiquen como complejos, en cuyo caso, la sentencia deberá notificarse dentro del plazo máximo de 15 días hábiles, computados a partir de la finalización de la audiencia. Como se indicó, la norma responde al principio de inmediación –siendo este el valor normativo que se pretende tutelar en el precepto que se comenta- y procura que los juzgadores al dictar el fallo retengan en su memoria, con la mayor claridad, los elementos probatorios evacuados durante el juicio, y de esta forma evitar que paso del tiempo erosione la valoración integral que de ellos puedan realizar.
En línea con lo anterior, los artículos 82.1 y 79.4 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda disponen que la deliberación se podrá extender hasta por dos días, en cuyo caso, se debe comunicar a los intervinientes la parte dispositiva con una el ya referido término de 15 días. Tanto la norma legal como las reglamentarias a que se ha hecho referencia establecen un parámetro con base en el cual se puede presumir que ha existido un quebranto del tantas veces citado principio de inmediación. Se trata, claro está, de una presunción legal fijada para efectos de control, sin que de lo indicado pueda colegirse que los jueces no puedan retener los detalles del proceso por un período más extenso. Se trata, simplemente, del establecimiento de un límite de tolerancia por parte del legislador, o lo que es lo mismo, un convencionalismo normativo.
Por ello, su inobservancia fue sancionada con la nulidad. Precisamente, sobre este tema se ha indicado: “La disposición 111.2 del cuerpo legal de cita, en concordancia con el precepto 137 inciso g, sanciona con nulidad el incumplimiento del plazo para deliberar y dictar la sentencia, y ordena repetir el juicio ante otra integración del Tribunal, salvo por los actos probatorios irreproductibles. Lo anterior obedece al propio principio de inmediatez, y busca asegurar que entre la evacuación probatoria y la sentencia, trascurra el menor tiempo, garantizando que los juzgadores tengan presente, las probanzas con la mayor claridad posible, y por ende, puedan efectuar el ejercicio valorativo que corresponde, sin olvidar aspectos relevantes de aquéllas” (sentencia no. 1096-F-S1- 2011 de las 9 horas 45 minutos del 8 de setiembre de 2011)”. No. 1527 de las 8 horas 30 minutos del 20 de noviembre de 2012.
En la especie, el juicio oral y público, con vista en la grabación de la audiencia y la respectiva minuta, se llevó a cabo el 20 de mayo de 2013, acto donde se declaró el asunto como complejo y se comunicó a las partes que la sentencia les sería puesta en conocimiento por escrito. En lo relativo a la notificación de la sentencia al Estado, se constata a folio 573 del expediente judicial, que esta se llevó a cabo el 13 de junio de 2013 como lo aduce la impugnante. Por consiguiente, se aprecia, desde la fecha cuando concluyó el juicio oral, -20 de mayo- y la notificación de la sentencia el 13 de junio, transcurrieron más de 15 días hábiles, que es el plazo previsto en la disposición de cita, que feneció el 10 de junio, motivo por el cual resulta obligatorio acoger el agravio formulado. El Tribunal justifica su dictado fuera de plazo en el hecho de que el juez ponente asistió los días 31 de mayo y 7 de junio ambos de 2013, a una actividad de capacitación en la Escuela Judicial.
Es indispensable reproducir el artículo 81 del RAOSJCACH porque es donde se regula las hipótesis que interrumpen (en realidad suspenden) el plazo para el dictado y comunicación de la sentencia: “1) La deliberación se llevará a cabo sin interrupción, salvo que concurran motivos de fuerza mayor o enfermedad de alguno de los jueces. Una vez desaparecida la causa, se constituirá nuevamente el Tribunal para la deliberación y dictado de la sentencia, previa comunicación a las partes. 2) De igual modo, será causa de interrupción de la etapa de deliberación y decisión, la reapertura del debate contemplada en el numeral 110 del CPCA y 73.15 de este Reglamento”. Por ende, de conformidad con lo estipulado en dicho cardinal la deliberación y decisión solo pueden suspenderse (ya que cuando cesa el motivo de su paralización, continúa su conteo desde el punto donde se había detenido, sea su computo no inicia de nuevo) por motivos de fuerza mayor, enfermedad de alguno de los jueces (incapacidad) o cuando se reabra el debate.
En el sublite, es claro las últimas dos causas no fueron la razón esgrimida para justificar el atraso, así que solo quedaría por constatar si hubo un motivo de fuerza mayor que impidiera emitir el fallo en el lapso dispuesto en el ordenamiento jurídico. En criterio de este Órgano decisor, en la especie, la eximente de cita no se configura, dado que la participación del juez ponente en el curso era conocida de antemano (hecho previsible), por lo que pudo evitarse el dictado del fallo fuera de plazo, tomando las medidas necesarias a fin de que la sentencia se dictara en tiempo. Lo anterior, ya que ese plazo es perentorio y como lo ha dispuesto esta Sala, dicho lapso no debe vulnerarse con el propósito de resguardar el principio de inmediación. Y, así lograr que los juzgadores preserven en su memoria los elementos de convicción, así como todo lo acaecido en el juicio oral y público de forma que puedan realizar una correcta valoración, manteniendo los aspectos relevantes de aquéllos.
IV.En virtud de lo anterior, por mayoría se estima, lo procedente será acoger el recurso formulado, omitir pronunciamiento respecto de los restantes reparos y el recurso de la parte coadyuvante pasiva, así como anular la sentencia impugnada. De conformidad con el numeral 111.2 del CPCA, se deberá repetir el juicio oral ante un Tribunal con una integración distinta, razón por la cual se deberá remitir este asunto al juez tramitador que corresponda a efectos de que realice un nuevo señalamiento.
POR TANTO
Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se anula la sentencia impugnada. Se ordena realizar un nuevo juicio oral y público, ante un Tribunal distinto. Remítase este asunto al juez tramitador que corresponda para que realice un nuevo señalamiento. Hacer de conocimiento esta sentencia de la Dirección Ejecutiva para lo que corresponda.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vílchez Jorge Isaac solano Aguilar Voto salvado de la magistrada Escoto Fernández y el magistrado Molinari Vílchez Los suscritos integrantes respetamos pero nos apartamos del criterio mantenido por la mayoría de esta Sala en virtud de lo siguiente. De conformidad con el párrafo segundo del precepto 137 del CPCA, las causales del recurso de casación por razones procesales, solo podrán alegarse por la parte a quien haya perjudicado la inobservancia de la norma procesal. Además, será necesario haber gestionado, ante el órgano jurisdiccional la rectificación del vicio, en los casos en que sea posible. El supuesto g) del citado mandato dispone la procedencia del recurso cuando se dé inobservancia de las reglas previstas para la deliberación, plazo de dictado de sentencia o redacción del fallo en sus elementos esenciales.
Tal disposición es una consecuencia de un proceso influenciado por el sistema fundado en la oralidad, donde es necesario respetar el principio de inmediación, con el fin fundamental de que lo acaecido en el juicio oral y público se conserve en la memoria de los Juzgadores. Sin embargo, no debe interpretarse como un resguardo absoluto de las formas, ya que está orientado a la protección de las garantías constitucionales de audiencia, defensa, contradicción, lo cual deslegitima la declaratoria de nulidad por la nulidad misma, ya que se trata de materia odiosa que ha de ser interpretada de manera restrictiva y solo es admisible cuando se cause indefensión al recurrente. En el supuesto de la causal g), este requerimiento se mantiene, la parte recurrente debe explicar la indefensión, lo cual consiste en señalar la afectación que le generó el hecho de que la sentencia hubiere sido emitida fuera del plazo establecido en el canon 111 del CPCA.
Cabe agregar, las normas procesales son instrumentales al derecho sustantivo, y en esa línea de pensamiento deben entenderse como medios para concretar el derecho constitucional a la justicia pronta y cumplida, a obtener una sentencia en un plazo razonable. No pueden entonces interpretarse con tal rigidez, en abandono de esa instrumentalidad, tornándolas en fines últimos y en obstáculo para la decisión que demandan los justiciables, ya que, se reitera, implica retrotraer un proceso a etapas superadas (celebración de un nuevo debate y dictado de sentencia), con afectación no solo para el justiciable, sino para la administración de justicia y para el adecuado manejo de los recursos públicos. Además, sería contradictorio con el principio de conservación de los actos procesales. Por estas razones es que el párrafo segundo del artículo 137 erige la indefensión como el presupuesto de admisibilidad de los cargos procesales.
En el presente asunto, la representación estatal no explica de qué manera le perjudicó la dilación de tres días en que incurrió el Tribunal, lo cual dice la informalidad del cargo. Tampoco se comparte la comunicación a la Dirección Ejecutiva, desde que ello implicará una sanción sin sustento en lo que aquí se dice y sin atender al debido proceso. Aunado a lo anterior y a mayor abundamiento de razones; en este caso el juez ponente disfrutó de un día de vacaciones, según afirmara el recurrente. Con base en los cánones 220 del CPCA y 138 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente donde en esta última norma se establece en lo de interés como días inhábiles: “[...] los domingos, los días feriados, los días de vacaciones, los días que en forma legal sean declarados de asueto para las oficinas judiciales.” (lo subrayado no pertenece al original); de modo que el día otorgado de vacaciones al juzgador ponente, también es inhábil.
En consecuencia el fallo cuestionado se emitió dentro del plazo de ley. Puede consultarse también en este sentido el voto salvado que se encuentra en la resolución de las 8 horas 54 minutos del 4 de junio de 2015, que responde al número 633-A, de esta Sala.
Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vílchez AMADRIGALV/MCAMPOSS
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