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Res. 00029-2016 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 28/01/2016

Preexisting Road Access Does Not Constitute Appropriation of Public LandAcceso vial antiguo no constituye apropiación del dominio público

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied cassation because the company was not proven to have constructed or improperly appropriated the access, encroached on the plaintiff’s parcel, or caused environmental damage, and it ordered the appellant to pay costs.La Sala rechazó la casación porque no se probó que la empresa construyera o se apropiara indebidamente del acceso, invadiera la finca actora o causara daño ambiental, y condenó en costas a la recurrente.

SummaryResumen

The First Chamber denied Pérez Jiménez y Asociados S.A.’s cassation appeal in litigation concerning a gravel access located within a municipal right-of-way in Cartago. The appellant alleged that the neighboring company had built the access without authorization, privately occupied a green area, encroached on its property, and caused environmental damage. The Chamber held that the lower court had considered the photographs, judicial inspections, testimony, documents, and expert evidence as a whole under the rules of reasoned evidentiary assessment. That evidence showed that the access had existed for at least twenty-five years and did not establish that the defendant company constructed it, improperly appropriated public land, encroached upon the plaintiff’s parcel, or damaged the green areas. Consequently, no construction or building contrary to Article 19 of the General Public Roads Law was proven. The alleged evidentiary errors therefore could not overturn the judgment. The appeal was denied, and the appellant company was ordered to pay costs.La Sala Primera rechazó el recurso de casación interpuesto por Pérez Jiménez y Asociados S.A. en un litigio sobre un acceso de lastre situado dentro del derecho de vía municipal en Cartago. La recurrente sostenía que la empresa colindante había construido el acceso sin autorización, ocupado privativamente una zona verde, invadido su propiedad y causado daño ambiental. La Sala concluyó que el Tribunal sí valoró integralmente las fotografías, los reconocimientos judiciales, los testimonios, los documentos y el peritaje conforme a la sana crítica. Esa prueba mostraba que el acceso existía desde hacía al menos veinticinco años y no acreditaba que la empresa demandada lo hubiera construido, que se hubiera apropiado indebidamente del dominio público, que invadiera la finca actora ni que hubiera dañado las zonas verdes. Por ello, no se demostró una construcción o edificación contraria al artículo 19 de la Ley General de Caminos Públicos. El recurso fue declarado sin lugar y sus costas se impusieron a la sociedad recurrente.

Key excerptExtracto clave

In sum, this adjudicative body agrees with the grounds of the judgment, according to which the Company did not improperly appropriate public property. Nor was the plaintiff able to prove environmental damage to the green areas or encroachment upon its property. To the contrary, the judgment unequivocally identifies the access shown on cartographic sheet number 3445-IV-11 Tres Ríos, together with the witnesses and Municipal Inspector, who established that the access was longstanding. For these reasons, Article 19 of the General Public Roads Law could not have been violated because no construction or buildings were found on property under the Municipality’s control. It follows that the appellant’s evidentiary arguments are insufficient to overturn the challenged judgment. It therefore cannot be said that the evidence was improperly assessed, much less disregarded; for this Chamber, it is irrefutable that the judicial inspections, testimony, documents, and expert reports were considered by the judges in the challenged judgment in their proper scope and entirety. Consequently, the appeal must be denied, with costs charged to the party that filed it (Article 150(3) of the Code of Administrative Procedure). The appeal is denied. Costs are charged to the appellant company.En suma , este órgano decisor comparte los fundamentos de la sentencia, conforme los cuales, no hubo una indebida apropiación de un bien de dominio público por parte de la Empresa. Tampoco, pudo probar el demandante el daño ambiental a las zonas verdes o la invasión a su propiedad. Todo lo contrario, el fallo es contundente al señalar el acceso contemplado en la hoja cartográfica número 3445-IV-11 Tres Ríos, sumado a los testigos e Inspector Municipal, los cuales acreditaron que el acceso era de vieja data. En este orden de razones, no pudo quebrantarse lo ordenado en el numeral 19 LGCP, al no apreciarse construcciones o edificaciones en bienes bajo control de la Municipalidad. Corolario de lo antes esbozado, los alegatos de la casacionista sobre la prueba, no tienen la virtud de quebrar el fallo impugnado. De esta manera, no es dable afirmar que los medios probatorios fueron indebidamente apreciados, mucho menos preteridos y para esta Cámara es irrefutable que los reconocimientos judiciales, testimonios, documentales y peritajes; fueron considerados por los Juzgadores en el fallo impugnado en su correcta dimensión e integridad. Consecuentemente, deberá rechazarse el recurso con las costas a cargo de la parte que lo promovió (150 inciso 3) CPCA. Se declara sin lugar el recurso. Son las costas a cargo de la sociedad recurrente.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En general, no basta con manifestar que aquel órgano jurisdiccional haya apreciado incorrectamente determinadas probanzas o las haya omitido, mas bien, el casacionista debe exponer fehacientemente, si existió modificación alguna de los hechos que enmarca la sentencia y, a partir de ahí, señalar en qué se violentó la norma sustantiva."

    "In general, it is not enough to assert that the court incorrectly assessed or omitted certain evidence; rather, the appellant must reliably explain whether the facts underlying the judgment were altered and then identify how substantive law was violated."

    Considerando VI

  • "En general, no basta con manifestar que aquel órgano jurisdiccional haya apreciado incorrectamente determinadas probanzas o las haya omitido, mas bien, el casacionista debe exponer fehacientemente, si existió modificación alguna de los hechos que enmarca la sentencia y, a partir de ahí, señalar en qué se violentó la norma sustantiva."

    Considerando VI

  • "Lo que resulta imposible, señaló, es establecer respecto de ellos una servidumbre o un derecho de ocupación o de posesión a favor de una persona determinada en los términos del derecho privado, pero de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Construcciones, sí es posible construir accesos en la vía pública, precisamente para facilitar el ingreso de los particulares a sus propiedades."

    "What is impermissible, it stated, is to establish over such property an easement or a right of occupation or possession in favor of a particular person under private law; however, under Article 5 of the Construction Law, accesses may be built on public roads precisely to facilitate entry to private properties."

    Considerando V

  • "Lo que resulta imposible, señaló, es establecer respecto de ellos una servidumbre o un derecho de ocupación o de posesión a favor de una persona determinada en los términos del derecho privado, pero de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Construcciones, sí es posible construir accesos en la vía pública, precisamente para facilitar el ingreso de los particulares a sus propiedades."

    Considerando V

  • "Así, no observa esta Sala errores con la prueba analizada que conlleven una representación inexacta del cuadro fáctico."

    "Accordingly, this Chamber finds no errors in the assessment of the evidence that would result in an inaccurate representation of the factual record."

    Considerando VI

  • "Así, no observa esta Sala errores con la prueba analizada que conlleven una representación inexacta del cuadro fáctico."

    Considerando VI

  • "no se ha logrado demostrar una apropiación o uso indebido por parte de la empresa Sanitarios Hermanos Ureña Conejo Sociedad Anónima, del derecho de vía objeto de este asunto"

    "It has not been demonstrated that Sanitarios Hermanos Ureña Conejo Sociedad Anónima improperly appropriated or used the right-of-way at issue in this case."

    Considerando VI

  • "no se ha logrado demostrar una apropiación o uso indebido por parte de la empresa Sanitarios Hermanos Ureña Conejo Sociedad Anónima, del derecho de vía objeto de este asunto"

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

*110031951027CA* RES. 000029-F-S1-2016 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten o’clock on veintiocho de enero de dos mil dieciséis.

Ordinary proceeding (proceso de conocimiento) brought by PÉREZ JIMÉNEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by Marco Antonio Pérez Vega, whose personal details are unknown; against the MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, represented by its mayor, Rolando Alberto Rodríguez Brenes, single, and SANITARIOS HERMANOS UREÑA CONEJO SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by Carlos Enrique Ureña Moreno, businessman. Also appearing as special litigation counsel (apoderados especiales judiciales) are attorney Julio Fonseca Pion for the plaintiff; attorney Julio Cesar Monge Gutiérrez for the Municipalidad; and attorney Cindy Blanco González for the co-defendant company. The natural persons are of legal age and, subject to the exceptions noted, married, attorneys, and residents of Cartago.

BACKGROUND

  1. 1Based on the facts it set forth and the legal provisions it cited, the plaintiff brought an ordinary proceeding seeking a judgment declaring: “1.- That the co-defendant company has no right to perform any construction on any portion of the cantonal public domain; 2.- That the co-defendant company has no right to operate vehicles over the strips designated as a green area and for future sidewalks; 3.- That all gravel placed on the strips designated as a green area and for future sidewalks must be removed, with the corresponding expenses to be borne by the co-defendant company, as well as any compensation for environmental damage that it may have caused, which shall be determined during the enforcement stage (fase de ejecución); 4.- That the Municipalidad de Cartago must require the co-defendant company to comply with the same setback line (alineamiento) that it required of my client; that is: - To maintain a width of eleven meters and fifty centimeters for the green area, measured from the center of the public road; and - To maintain a width of two meters for a future sidewalk, measured from the end of the green area. 5.- That the co-defendant company placed gravel on part of my client’s private property and must remove it completely, with the corresponding expenses to be borne by Sanitarios Hermanos Ureña Conejo Sociedad Anónima; 6.- That my client has sustained damages and losses (daños y perjuicios) due to the encroachment upon part of its private property, the amount of which shall be determined during enforcement of the judgment (ejecución de sentencia). 6.- (sic) That the obligation to compensate my client for the damages and losses it has sustained is joint and several between the two co-defendants; 7.- That the two co-defendants must also jointly and severally pay both categories of costs (ambas costas) of these proceedings.” In the filing appearing at folio 21, the plaintiff withdrew the two claims identified by the number six (folios 8, 19 and 21).
  2. 2The representative of the Municipalidad opposed the complaint and raised the defenses (excepciones) of lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), lack of a current interest (interés actual), statute of limitations (prescripción), expiration (caducidad), and lack of a legal right (falta de derecho).
  3. 3The co-defendant company answered in accordance with its filing at folios 99 through 112 and raised the defenses of lack of a legal right and lack of active and passive standing.
  4. 4The preliminary hearing (audiencia preliminar) was held at 14 horas 15 minutos on veinte de noviembre de dos mil doce. At that time, the parties addressed the court.
  5. 5The oral and public trial was held on 1° de julio de 2013, with all parties participating.
  6. 6The Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, composed of judges Ileana Sánchez Navarro, Ana Isabel Vargas Vargas, and Juan Luis Giusti Soto, ruled as follows in judgment no. 2013-75-V, issued at 8 horas 15 minutos on 24 de julio de 2013: “The defenses of statute of limitations, expiration, and lack of interest raised by the defendant Municipalidad are rejected, as are the defenses of lack of active and passive standing raised by the co-defendants. The defense of lack of a legal right is sustained, and the complaint brought by PÉREZ JIMÉNEZ Y ASOCIADOS against SANITARIOS HERMANOS UREÑA CONEJO SOCIEDAD ANÓNIMA and the MUNICIPALIDAD DE CARTAGO is dismissed in its entirety. Both categories of costs shall be borne by the plaintiff.”
  7. 7The plaintiff filed an appeal in cassation (recurso de casación), expressly stating the grounds on which it relies to refute the Tribunal’s position.
  8. 8The proceedings before this Chamber have complied with the requirements of law. Substitute Justice Jorge Isaac Solano Aguilar participates in the decision of this matter.

Opinion drafted by Justice Escoto Fernández

CONSIDERATIONS

I.Pérez Jiménez y Asociados S.A brought an action in the contentious-administrative jurisdiction (sede contenciosa administrativa) against the Municipalidad de Cartago (hereinafter, the Municipalidad) and Empresa Sanitarios Hermanos Ureña Conejo S.A (hereinafter, the Empresa or the Sociedad). It stated that its client owns the property registered under real-property folio (folio real) 178063-000 of the Partido de Cartago, described in cadastral plan (plano catastrado) C-0604544-2000. It added that the Sociedad owns a property at the same location, under real-property folio 037191-000 and cadastral plan C-0692354-2001. It stated that these properties are adjoining and are bounded to the north by the green area within the right-of-way (derecho de vía) of the public road known as “Camino de Avance.” It asserted that co-defendant Ureña Conejo built a gravel road providing access to its property.

It stated that the local government had not issued a construction permit authorizing the Empresa to place gravel at that location. It argued that the territorial authority issued a setback line in favor of its client establishing a green area measuring 11 meters and 50 centimeters from the center of the public road, while maintaining a width of two meters for a sidewalk. It stated that, by constructing the road, the Sociedad encroached upon part of that area, the sidewalk, and its land. It seeks a judgment declaring that: a) the Empresa has no right to perform construction on the cantonal public domain; b) it may not operate vehicles in the area; c) it must remove the gravel placed there and compensate for the environmental damage; and d) it must comply with the same setback line imposed on its client. The co-defendants denied the complaint and raised the defenses of lack of active and passive standing, lack of a legal right, lack of a current interest, statute of limitations, and expiration. The Tribunal sustained the defense of lack of a legal right and dismissed the complaint in its entirety. It ordered the plaintiff to pay costs. Dissatisfied, the plaintiff seeks cassation review.

II.Before examining the grounds of appeal, it should be noted that the appellant in cassation (casacionista) divides its second substantive challenge into several sections, of which only those designated by the appellant as a), b), and d) will be examined in this decision. Furthermore, all three points concern evidentiary issues, and this Chamber will therefore summarize them together so that the ruling is comprehensible.

III.From a synthesis of the claims, this Chamber finds that they revolve around a single issue: the violation of section 19 of Ley General de Caminos Públicos (hereinafter, LGCP), allegedly resulting, in the appellant’s view, from the improper assessment and omission of evidence (valoración y preterición de prueba). Summarizing the first point—section a) of the appeal—it alleges violations of sections 82.4 CPCA, 330 and 368 of the CPC. It contends that the challenged judgment failed to assign the appropriate weight to the photographs included in facts 4 and 5 of the application for interim relief (medida cautelar) and states that this evidence clearly shows that gravel was placed there. It states that “the photographs whose assessment is absent from the challenged judgment” illustrate what occurred. It argues that the decision it “seeks to have quashed” was based exclusively on the documents contained in the record of the ordinary proceeding, disregarding those included in the application for interim relief.

As a second issue—section b) of the appeal—it complains that the Tribunal did not assess the judicial inspections (reconocimientos judiciales), specifically the one conducted by the case-management judge (Juez Tramitador), evidence regarding which “there is no analysis or comment whatsoever in the challenged judgment.” In its final objection—section d) of the appeal—it states that there is abundant rebuttal evidence (contraprueba) that diminishes the weight of the witnesses’ statements. It complains that Mr. Ortega Ureña (road inspector) and witness Vindas Pérez failed to answer when the Municipalidad de Cartago last graveled the road and whether it had authorized the work.

IV.Regarding the omission and assessment of evidence, this Chamber stated in decision 1535-F-S1-2013, issued at 9 horas 40 minutos on 14 de noviembre de 2013, that omission occurs: “[…] when judges fail to consider, wholly or partially, the evidence introduced into the record. This entails disregarding the weight assigned to it by law and, as such, constitutes an error of law (error de derecho). It follows from the foregoing that disregarding an evidentiary item duly introduced and material to the dispute (lite) constitutes such an error. This is because it may produce an inaccurate portrayal of the factual circumstances of what occurred and was disputed in the proceedings, with the resulting violation of the substantive law applied to the specific case.” (Judgment no. 771-F-S1-2011, issued at 13 horas 30 minutos on 30 de junio de 2011). It further stated: “…Section 82, subsection 4) of the CPCA provides that all evidence shall be assessed in accordance with the rules of sound judicial evaluation (sana crítica).

This concept has been extensively developed by this Chamber and consists of assessing evidence in accordance with the rules of logic and experience, without disregarding the specific weight assigned to certain types of evidence, such as public documents unless they are declared false (decision no. 126-F-S1-2009, issued at 15 horas 40 minutos on 5 de febrero de 2009) […] without overlooking the various systems of ‘assessment,’ such as complete and absolute freedom of assessment (according to conscience); assessment under the standards of sound judicial evaluation; or assessment under formulas predetermined or prescribed by the legal system itself for all or some evidentiary items. Along these lines, subsection 4 of Article 82 proclaims: ‘all evidence shall be assessed in accordance with the rules of sound judicial evaluation.’ This provision adopts evidentiary assessment under the standards of sound judicial evaluation, subjecting the weighing of evidence to the rules of science, logic, psychology, and experience.

Nevertheless, it must be interpreted carefully and in close accordance with the broader legal system of which it forms part. In that regard, it is important to clarify that this does not discard, repeal, or eliminate the prevailing framework established by the same law for public documents and confession evidence (prueba confesional). (Decision no. 287-F-S1-2009, issued at 10 horas 45 minutos on 19 de marzo de 2009).

V.The Court ruled that it must determine whether the referenced entrance was in fact constructed by the respondent company, the nature thereof, and whether the conduct of both the Municipality and the Company complies with the legal system. It clarified that, as established by the judicial inspection (reconocimiento judicial) conducted and the documentary and testimonial evidence (pruebas documental y testimonial) gathered, the properties belonging to the plaintiff and the co-defendant are located in the province of Cartago. It noted: “[…] according to the official communications signed by the Municipal Inspector, appearing at folios 5, 6, 7, 11 and 15 of the administrative record (expediente administrativo), it is clear that the access in question lies within the right-of-way (derecho de vía), in an area between the roadway and the setback line (alineamiento) established by the Municipality, beyond which the privately owned properties begin.” It emphasized that this is public-domain property (bien de dominio público), possessing the special attributes of public-domain status (demanialidad), and is therefore inalienable, meaning that it cannot be appropriated by private parties.

Nevertheless, that adjudicatory body stated that this characteristic does not prevent persons from using such property; on the contrary, it is intended for public use. What is impermissible, it explained, is to establish an easement (servidumbre) or a right of occupancy or possession over such property in favor of a particular person under private law; however, pursuant to Article 5 of the Ley de Construcciones, accesses may be constructed on public roads precisely to facilitate private parties’ entry onto their properties. It determined: “[…] thus, the fact that the area regarded as part of the right-of-way provides access not only to the property of the respondent company but also to that of the plaintiff is not contrary to the special principles governing public-domain property.” It specified that, based on the evidence entered into the record, the Court could only conclude that the disputed access had existed for more than 25 years, and that all witnesses who appeared at the oral trial hearing, including the municipal inspector, agreed that the access was longstanding.

It mentioned that an expert report (peritaje) prepared by Stanley Fonseca Castro was in the record; however, the Contentious-Administrative Court (Tribunal Contencioso Administrativo) had no opportunity to question that expert regarding his report, and the existence of an encroachment upon the plaintiff company’s property could not be clearly inferred from it.

VI.Given that the challenges concern evidentiary matters, they will be analyzed together. Furthermore, in order to provide a proper legal interpretation, it is appropriate to set forth the provisions of section 19 LGCP, which has been cited extensively by the appellant because it claims that the provision was violated. Insofar as relevant, the cited section provides: “…No structures or buildings of any kind may be erected alongside existing or planned highways without the prior authorization of the Ministry of Public Works and Transportation, nor alongside local roads and streets without the written approval of the corresponding Municipality (underlining not in the original). The Municipalities shall coordinate setback lines along local roads with the Ministry, which shall establish the policy most appropriate to the public interest. Along restricted-access or one-way highways, adjoining landowners may access the highway only at locations previously designated for that purpose or by means of frontage roads approved by the Ministry of Public Works and Transportation.” The plaintiff’s case centers on the allegation that the Company constructed a gravel road on municipal public-domain property, used it exclusively, and caused environmental damage by removing living species.

In summary, it argues before this Court that the photographs submitted in the interim-relief record (legajo de medida cautelar)—folios 2 and 3—were improperly assessed. It adds that the Judge failed to evaluate the judicial inspections. It also challenges the statements made by the witnesses Ortega Ureña and Vindas Pérez. The matter concerning the photographs must first be clarified. In that regard, the appellant is incorrect, because the challenged decision refers to the documentary evidence entered into the record—including the photographs—and this panel finds that the evidence was considered as a whole in the judgment. The Judges relied on various items of evidence, including official communications signed by the municipal inspector appearing at folios 5, 6, 7, 14 and 15 of the administrative record; certifications at folios 23 and 26 of the interim-relief proceeding (medida cautelar); the judicial inspection and images appearing at folios 57 and 59 of the principal record and folio 4 of the interim-relief record; and the map sheet at folio 68 of the court record.

Moreover, the appellant in cassation (casacionista) does not explain how the Company’s placement of gravel—an unproven fact—could have altered the outcome of the judgment, when the crux of this matter was whether the Company had constructed the road at issue. In addition, the plaintiff objects to the assessment made by the Judge but offers no argument capable of refuting the decision. Accordingly, this Chamber finds no errors in the assessment of the evidence that would result in an inaccurate depiction of the factual circumstances. Generally, it is not enough to assert that the lower court improperly assessed or omitted certain evidence; rather, the appellant in cassation must conclusively explain whether the facts underlying the judgment were altered in any way and, on that basis, identify how the substantive rule was violated. On the other hand, in the case at hand (subjúdice), the Court—contrary to the plaintiff’s position—stated: “…during the judicial inspection, it was observed that the boundaries of both properties coincided, and since there was no evidence other than that—for, once again, the plaintiff failed to substantiate its assertion with technical evidence […] no appropriation or improper use by Sanitarios Hermanos Ureña Conejo Sociedad Anónima of the right-of-way at issue in this matter has been established.” Although the judgment did not specify which of the two judicial inspections it referred to, there can be no doubt that this evidence was considered and mentioned in the judgment on the basis of evaluative standards such as reasoned sound judgment (sana crítica racional), logic, and experience.

That challenge does not provide grounds for effective cassation relief. Furthermore, this Chamber finds that such evidence disproved the Company’s alleged construction of the road and was corroborated by the account of the witness Ortega Ureña, who testified (see audio and video recording, 14 hours 24 minutes): “[…] Mr. Carlos Ortega, when did you first become acquainted with the location to which these proceedings relate? Witness: I have known it for, more or less, approximately 25 years.” This fact was considered by the Court and is deemed equally credible by this adjudicatory body because, upon listening to the recording of the Oral and Public Trial, the questioning reflects spontaneity, transparency, and clarity. He also stated (audio and video recording, 14 hours 25 minutes): “[…] Could you tell me whether Sanitarios Hermanos Ureña Conejo S.A constructed any road at the location to which these proceedings relate?

Witness: During the time I have known it, that land has always been like that, with that entrance; later, I don’t know how long ago, they made the other entrance farther down, but when I started there with the municipality, that was the entrance that existed there, at that location.” For his part, the witness Vindas Pérez stated, in substance (audio and video, 15 hours 23 minutes): “[…] How long has that access existed? Witness: […] that access has existed for more than 50 years.” He added (audio and video, 15 hours 26 minutes): “[…] How do you know about something that occurred before you arrived in that neighborhood, in that area? Witness: Because when we purchased that property, it was my father’s wish to cultivate it, and two neighbors who live along that route, Mr. Noe Rojas and Mr. Claudio Rojas—one lives just above it and the other farther up beyond the bridge there—were the ones who helped us by lending us water tanks for planting and who lent us oxen and horses to plow and make the furrows; therefore, my father and I had to visit them constantly, and they advised us because we are from the capital, we are not farmers […] so traveling along that section of the road was very usual, very common.” In short, this adjudicatory body agrees with the grounds of the judgment, according to which the Company did not improperly appropriate public-domain property.

Nor was the plaintiff able to prove environmental damage to the green areas or an encroachment upon its property. On the contrary, the judgment unequivocally refers to the access shown on map sheet number 3445-IV-11 Tres Ríos, together with the testimony of the witnesses and Municipal Inspector, which established that the access was longstanding. Accordingly, section 19 LGCP could not have been violated because no structures or buildings were found on property under the Municipality’s control. As a corollary to the foregoing, the appellant in cassation’s evidentiary arguments are insufficient to overturn the challenged judgment. It therefore cannot be asserted that the evidence was improperly assessed, much less overlooked, and this Chamber finds it indisputable that the judicial inspections, testimony, documentary evidence, and expert reports were considered by the Judges in the challenged judgment in their proper scope and entirety.

VII.Consequently, the appeal must be dismissed, with costs assessed against the party that filed it (150 subsection 3) CPCA).

POR TANTO

The appeal is denied. Costs shall be borne by the appellant company.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vilchez Jorge Isaac Solano Aguilar FGAMBOACO/MCAMPOSS Telephone numbers: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email address [email protected]

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*110031951027CA* RES. 000029-F-S1-2016 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas del veintiocho de enero de dos mil dieciséis.

Proceso de conocimiento establecido por PÉREZ JIMÉNEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por Marco Antonio Pérez Vega, de calidades ignoradas; contra la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, representada por su alcalde Rolando Alberto Rodríguez Brenes, soltero y SANITARIOS HERMANOS UREÑA CONEJO SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por Carlos Enrique Ureña Moreno, empresario. Figuran además, como apoderados especiales judiciales, de la actora, el licenciado Julio Fonseca Pion; de la Municipalidad, el licenciado Julio Cesar Monge Gutiérrez; y, de la sociedad co-demandada, la licenciada Cindy Blanco González. Las personas físicas son mayores de edad y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de Cartago.

RESULTANDO

  1. 1Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora estableció proceso de conocimiento a fin de en sentencia se declare: "1.- Que la empresa codemandada no tiene derecho a realizar construcción alguna sobre cualquier franja del dominio cantonal; 2.- Que la empresa codemandada no tiene derecho a transitar con vehículos sobre las franjas destinadas a zona verde y a futuras aceras; 3.- Que debe eliminarse todo el lastre que se colocó sobre las franjas destinadas a zona verde y a futuras aceras, corriendo los gastos respectivos a cargo de la empresa codemandada, así como toda indemnización por el daño ambiental que haya podido causar, lo cual se determinará en fase de ejecución; 4.- Que la Municipalidad de Cartago debe exigir a la empresa codemandada, idéntico alineamiento del que ha exigido a mi representada; sea - Respetar un ancho para la zona verde, de once metros con cincuenta centímetros contados a partir del centro de la calle pública; y - Respetar un ancho para futura acera, de dos metros, contados a partir del final de la zona verde. 5.- Que la empresa codemandada colocó lastre sobre parte de la propiedad privada de mi representada, debiendo eliminarlo por completo, corriendo con los gastos respectivos a cargo de sanitarios Hermanos Ureña Conejo Sociedad Anónima; 6.- Que se han causado daños y perjuicios a mi representada, por la invasión que se dio de parte de su propiedad privada, cuya cuantía se determinará en ejecución de sentencia. 6.- (sic) Que la responsabilidad de indemnizar a mi representada por los daños y perjuicios que ha sufrido, es solidaria entre las dos partes codemandadas; 7.- Que las dos partes codemandadas, también de manera solidaria deben pagar ambas costas de este proceso." En escrito visible a folio 21, la parte actora desistió de los dos apartados de pretensiones identificadas con el número seis (folios 8, 19 y 21).
  2. 2El representante de la Municipalidad se opuso a la demanda y formuló las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, de interés actual, prescripción, caducidad y la de falta de derecho.
  3. 3La sociedad co-demandada contestó conforme a su escrito de folios 99 al 112 y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva.
  4. 4La audiencia preliminar se celebró a 14 horas 15 minutos del veinte de noviembre de dos mil doce. Oportunidad en que las partes hicieron uso de la palabra.
  5. 5El juicio oral y público se celebró el 1° de julio de 2013, con participación de todos las partes.
  6. 6El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, integrada por los jueces, Ileana Sánchez Navarro, Ana Isabel Vargas Vargas y Juan Luis Giusti Soto, en sentencia no. 2013-75-V de las 8 horas 15 minutos del 24 de julio de 2013, dispuso: “Se rechazan las defensas de prescripción, caducidad y falta de interés planteadas por la Municipalidad accionada, así como las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por los codemandados. Se acoge la defensa de falta de derecho y se declara sin lugar en todos sus extremos, la demanda de PÉREZ JIMÉNEZ Y ASOCIADOS contra SANITARIOS HERMANOS UREÑA CONEJO SOCIEDAD ANÓNIMA y la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO. Son ambas costas a cargo de la demandante.”
  7. 7La accionante formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.
  8. 8En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. Intervienen en la decisión de este asunto el magistrado suplente Jorge Isaac Solano Aguilar.

Redacta la magistrada Escoto Fernández

CONSIDERANDO

I.Pérez Jiménez y Asociados S.A demandó en sede contenciosa administrativa a la Municipalidad de Cartago (en lo sucesivo Municipalidad) y a la Empresa Sanitarios Hermanos Ureña Conejo S.A (en lo que sigue la Empresa o la Sociedad). Dijo, su representada es propietaria de la finca matrícula de folio real del Partido de Cartago, 178063-000, descrita en el plano catastrado C-0604544-2000. Añadió, la Sociedad es dueña de una finca en el mismo sitio, folio real 037191-000, plano catastrado C-0692354-2001. Señaló, estos inmuebles son colindantes y lindan al norte con la zona verde del derecho de vía; camino público conocido como “Camino de Avance ”. Apuntó, la codemandada Ureña Conejo construyó un camino de lastre como acceso a su finca. Manifestó, no existió permiso de construcción extendido por el gobierno local para que la Empresa colocara lastre en ese lugar. Arguyó, el ente territorial extendió alineamiento a favor de su representada, donde estableció una zona verde de 11 metros con 50 centímetros desde el centro de la calle pública, respetando un ancho de dos metros para acera.

Indicó, la Sociedad al construir el camino invadió parte de dicha área, acera y su terreno. Solicita en sentencia se declare: a) la Empresa no tiene derecho a realizar construcciones sobre el dominio público cantonal, b) no puede transitar vehículos en la zona, c) eliminar el lastre colocado e indemnizar el daño ambiental, d) idéntico alineamiento del impuesto a su representada. Las coaccionadas contestaron negativamente la demanda, interpusieron las defensas de falta de legitimación activa, pasiva, derecho, interés actual, prescripción, caducidad. El Tribunal acogió la de derecho y rechazó la demanda en todos sus extremos. Condenó en costas a la accionante. Inconforme la parte actora acude a casación.

II.Previo al estudio de los cargos, se advierte, el casacionista divide su segundo reproche de fondo en distintos apartados, de los cuales, solamente serán analizados en esta resolución los denominados por la recurrente como a), b) y d) . Asimismo, los tres puntos versan sobre aspectos probatorios, por lo cual, esta Sala procederá a resumirlos de manera conjunta de forma que el fallo resulte comprensible.

III.De una síntesis de los reclamos esta Sala determina que gravitan en un eje único, cual es, la vulneración del numeral 19 Ley General de Caminos Públicos (en lo que sigue LGCP), según criterio del inconforme al cometerse una indebida valoración y preterición de prueba. De un sumario del primer punto –apartado a) del recurso-, alega quebrantados los ordinales 82.4 CPCA, 330 y 368 del CPC. Aduce, el fallo recurrido omitió brindar el valor correspondiente a las fotografías que se insertaron en los hechos 4 y 5 del escrito de medida cautelar y menciona, estas pruebas desprenden con claridad la colocación de lastre. Indica, “las fotografías cuya valoración se echa de menos en el fallo recurrido” ilustran lo acontecido. Arguye, la resolución que “ pide casar” se basó exclusivamente en los documentos que constan en el gestión cautelar. Como segundo aspecto –apartado b) del recurso-, recrimina, el Tribunal no valoró los reconocimientos judiciales, específicamente el realizado por el Juez Tramitador, probanza sobre la que “no hay ningún análisis ni comentario en la sentencia recurrida ”.

En su última inconformidad –apartado d) del recurso-, apunta, existe abundante contraprueba que resta valor a las manifestaciones de los testigos. Reprocha, el señor Ortega Ureña (inspector de caminos) y el testigo Vindas Pérez, fueron omisos en responder cuándo la Municipalidad de Cartago lastréo por última vez el camino, también, si ésta lo autorizó.

IV.Sobre la preterición y valoración de prueba esta Sala en fallo 1535-F-S1-2013 de las 9 horas 40 minutos del 14 de noviembre de 2013 señaló que ocurre: “[…] cuando los jueces dejan de considerar, total o parcialmente, las probanzas aportadas a los autos. Ello implica el desconocimiento del valor que la ley les otorga, y como tal, constituye un error de derecho. De lo anterior se colige que, desconocer un elemento demostrativo, aportado en forma debida y con incidencia en la lite, configurará ese yerro. Esto, por cuanto puede apreciarse una representación inexacta del cuadro fáctico de lo sucedido y debatido en el proceso, con el mediato quebranto que ello implica sobre el derecho sustantivo aplicado al caso concreto.” (Sentencia no. 771-F-S1-2011 de las 13 horas 30 minutos del 30 de junio de 2011)”. Asimismo apuntó: “…El canon 82, inciso 4) del CPCA, establece que todas las pruebas serán apreciadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Este es un concepto ampliamente desarrollado por esta Sala, y consiste en su valoración de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia, sin desconocer el valor específico asignado a cierto tipo de prueba, como los documentos públicos salvo que sean declarados falsos (resolución no. 126-F-S1-2009 de las 15 horas 40 minutos del 5 de febrero de 2009) […] sin olvidar los distintos regímenes de “apreciación”, como el de plena y absoluta libertad en la valoración (en conciencia); bajo criterios de la sana crítica, o también, bajo fórmulas predeterminadas o tasadas por el propio ordenamiento jurídico, en todo, o algunos de los elementos probatorios. En esta línea, el apartado 4 del artículo 82 pregona: “todas las pruebas serán apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica”. Esta disposición toma partido por la valoración probatoria bajo criterios de la sana crítica, sujetando la ponderación de aquéllas, a las reglas de la ciencia, la lógica, la psicología y la experiencia.

No obstante, su interpretación debe ser cuidadosa y con gran apego al sistema jurídico total y más amplio al que pertenece. En ese sentido, importa aclarar que con ello no se desecha, deroga o destruye el régimen prevalente que establece la misma ley para los documentos públicos y la prueba confesional. (Resolución no. 287-F-S1-2009 de las 10 horas 45 minutos del 19 de marzo de 2009).

V.El Tribunal resolvió, corresponde dilucidar si efectivamente la entrada referida fue construida por la empresa accionada, su naturaleza, y si la conducta de la Municipalidad como de la Empresa son conformes al ordenamiento jurídico. Aclaró, tal como se acreditó del reconocimiento judicial practicado, así como las pruebas documental y testimonial recabadas, la finca de la actora y de la codemandada, se localizan en la provincia de Cartago. Acotó, “[…] de acuerdo con los oficios suscritos por el Inspector Municipal, visibles a folios 5, 6, 7, 11 y 15 del expediente administrativo, es claro que el acceso en cuestión se encuentra dentro del derecho de vía, en un área comprendida entre la calzada y el alineamiento decretado por la Municipalidad, a partir del cual empiezan los fundos privados”. Puntualizó, se trata de un bien de dominio público, con atributos especiales de la demanialidad, por ello inalienable, es decir, no susceptible de apropiación por los particulares.

No obstante, indicó aquel órgano decisor, esta característica no impide que las personas puedan hacer uso de esos bienes, por el contrario, se encuentran destinados a un uso público. Lo que resulta imposible, señaló, es establecer respecto de ellos una servidumbre o un derecho de ocupación o de posesión a favor de una persona determinada en los términos del derecho privado, pero de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Construcciones, sí es posible construir accesos en la vía pública, precisamente para facilitar el ingreso de los particulares a sus propiedades. Determinó, “[…] así, el hecho de que la zona considerada como parte del derecho de vía sirva para ingresar, no solo a la propiedad de la empresa accionada, sino también a la del demandante no resulta contrario a los principios especiales que rigen los bienes de dominio público”. Precisó, de la prueba allegada a los autos, no queda más al Tribunal que concluir, el acceso cuestionado tiene más de 25 años de existir y todos los testigos que comparecieron a la audiencia de juicio oral e incluso el inspector municipal, fueron contestes en afirmar que el acceso era de vieja data.

Mencionó, consta peritaje realizado por Stanley Fonseca Castro, sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo no tuvo oportunidad de consultar a dicho experto sobre su informe y no se puede extraer con claridad la existencia de una invasión en la propiedad de la sociedad actora.

VI.En vista de que los reproches consisten en elementos probatorios, serán analizados en su conjunto. A su vez, con el fin de efectuar una correcta interpretación jurídica, es procedente exponer lo dispuesto en el numeral 19 LGCP, el cual ha sido ampliamente citado por la recurrente porque lo reclama vulnerado. En ese sentido, el ordinal de cita en lo de interés ordena: “…No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad correspondiente (el subrayado no forma parte del original). Las Municipalidades coordinarán los alineamientos frente a los caminos vecinales con el Ministerio quien será el que establezca la política más conveniente al interés público. En las carreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes solo podrán tener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin o mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes”.

La demandante concentra este litigio en que la Empresa construyó un camino de lastre en un bien de dominio público municipal, utilizándolo privativamente y generando un daño ambiental al remover especies vivas. En resumen, recrimina ante esta instancia, las fotografías aportadas al legajo de medida cautelar –folios 2 y 3- fueron indebidamente apreciadas. Añade, el Juez no valoró los reconocimientos judiciales. A su vez, cuestiona lo indicado por los testigos Ortega Ureña y Vindas Pérez. En primer término debe aclararse lo relativo a las fotografías. En ese orden de argumentos, no lleva razón el recurrente, pues la decisión impugnada hace alusión a la prueba documental aportada a los autos –incluyendo las fotografías- y, este órgano colegiado aprecia en el fallo, fue estudiada en su conjunto. Véase, los Juzgadores se apoyaron en distintos medios de prueba, tales como, oficios suscritos por el inspector municipal visibles a folios 5, 6, 7, 14 y 15 del expediente administrativo, certificación de folios 23 y 26 de la medida cautelar, reconocimiento judicial e imágenes visibles a folios 57, 59 del principal y 4 del cautelar , así como la hoja cartográfica a folio 68 del judicial.

Además, la casacionista no acentúa, cómo la colocación de lastre por parte de la Empresa –hecho no probado- pudo cambiar el curso de la sentencia, cuando el quid de este asunto gravitaba en si esta última construyó o no el camino objeto del litigio. Añádase a lo anterior, la demandante objeta la valoración realizada por el Juzgador, mas no ofrece criterio alguno que desvirtúe lo resuelto. Así, no observa esta Sala errores con la prueba analizada que conlleven una representación inexacta del cuadro fáctico. En general, no basta con manifestar que aquel órgano jurisdiccional haya apreciado incorrectamente determinadas probanzas o las haya omitido, mas bien, el casacionista debe exponer fehacientemente, si existió modificación alguna de los hechos que enmarca la sentencia y, a partir de ahí, señalar en qué se violentó la norma sustantiva. Por otro lado, en el subjúdice el Tribunal –contrario a la tesis del accionante- expresó: “…al realizar el reconocimiento judicial pudo observarse que los límites de ambas propiedades coincidían, y no existiendo más prueba que esa, pues, de nuevo, omite el demandante acreditar con prueba técnica su dicho […] no se ha logrado demostrar una apropiación o uso indebido por parte de la empresa Sanitarios Hermanos Ureña Conejo Sociedad Anónima, del derecho de vía objeto de este asunto”.

Nótese, aunque el fallo no especificó a cuál de los dos reconocimientos judiciales se refería, no queda duda que esta prueba fue considerada y mencionada en la sentencia con base en criterios de ponderación como la sana crítica racional, la lógica y la experiencia. Y tal reproche no conduce a una casación útil. Más aún, es criterio de esta Sala, dicha prueba desvirtuó la supuesta construcción del camino por parte de la Sociedad y se complementó con la tesis del testigo Ortega Ureña quien declaró: (véase grabación de audio y video 14 horas 24 minutos): “[…] ¿Don Carlos Ortega cuándo conoce usted el sitio al que se refiere este proceso? Testigo: Yo eso lo conozco, mas o menos, aproximadamente unos 25 años”. Hecho tomado en consideración por el Tribunal y merece igual credibilidad por parte de este órgano decisor, ya que, al escuchar la grabación del Juicio Oral y Público desprende espontaneidad, transparencia y claridad en el interrogatorio.

A su vez, acotó (grabación audio y video 14 horas 25 minutos): “[…] ¿Usted podría decirme si la empresa Sanitarios Hermanos Ureña Conejo S.A en el sitio al que se refiere este proceso construyó algún camino? Testigo: En el tiempo que yo he conocido, ese terreno siempre ha estado así con esa entrada, después, no sé qué tiempo hará, hicieron la otra entrada más para abajo, pero cuando yo iniciaba ahí con la municipalidad, ésa era la entrada que había por ahí, por ese lugar”. Por su cuenta, el testigo Vindas Pérez ¿Cuánto tiempo de existencia tiene ese acceso? Testigo: […] ese acceso tiene más de 50 años. Añadió (audio y video 15 horas 26 minutos): “[…] ¿Cómo le consta a usted algo que ocurrió antes de que usted llegara a ese vecindario, a esa zona? Testigo: Por el hecho de que al comprar esa propiedad, fue un deseo de mi padre, de querer cultivar y dos vecinos que están sobre esa ruta, el señor Noe Rojas y don Claudio Rojas, que uno está al lado arriba y el otro está hacia arriba del puente, que está ahí, esos eran los que nos ayudaban con el préstamo de tanquetas, para el sembrado y los que nos prestaban los bueyes y los caballos para arar y hacer los surcos, entonces, mi padre y yo teníamos que estar en constantes visitas a ellos y que nos dieron asesoramiento, porque nosotros somos capitalinos, no somos agricultores […] entonces era muy usual, muy común estar transitando esa trayectoria del camino”.

En suma , este órgano decisor comparte los fundamentos de la sentencia, conforme los cuales, no hubo una indebida apropiación de un bien de dominio público por parte de la Empresa. Tampoco, pudo probar el demandante el daño ambiental a las zonas verdes o la invasión a su propiedad. Todo lo contrario, el fallo es contundente al señalar el acceso contemplado en la hoja cartográfica número 3445-IV-11 Tres Ríos, sumado a los testigos e Inspector Municipal, los cuales acreditaron que el acceso era de vieja data. En este orden de razones, no pudo quebrantarse lo ordenado en el numeral 19 LGCP, al no apreciarse construcciones o edificaciones en bienes bajo control de la Municipalidad. Corolario de lo antes esbozado, los alegatos de la casacionista sobre la prueba, no tienen la virtud de quebrar el fallo impugnado. De esta manera, no es dable afirmar que los medios probatorios fueron indebidamente apreciados, mucho menos preteridos y para esta Cámara es irrefutable que los reconocimientos judiciales, testimonios, documentales y peritajes; fueron considerados por los Juzgadores en el fallo impugnado en su correcta dimensión e integridad.

VII. Consecuentemente, deberá rechazarse el recurso con las costas a cargo de la parte que lo promovió (150 inciso 3) CPCA)

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso. Son las costas a cargo de la sociedad recurrente.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández William Molinari Vilchez Jorge Isaac Solano Aguilar FGAMBOACO/MCAMPOSS (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

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