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Res. 01078-2015 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 10/09/2015

Refusal to Sign Oil Concession Contract Due to Lack of EIANegativa de firma de contrato de concesión petrolera por ausencia de EIA

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The cassation appeal is denied and the lower court ruling dismissing the lawsuit is upheld, as no EIA meeting the requirements for signing the oil concession contract was presented.Se rechaza el recurso de casación y se confirma la sentencia que declaró sin lugar la demanda, al no haberse presentado un EIA que cumpliera los requisitos para la firma del contrato de concesión petrolera.

SummaryResumen

The First Chamber of the Supreme Court of Justice rejects the cassation appeal filed by Mallon Oil Company against the lower court ruling that dismissed its lawsuit. The company sought a court order compelling the Executive Branch to sign the hydrocarbon exploration and exploitation concession contract awarded in 2000. The trial court upheld the State's defense of lack of right, finding that the plaintiff failed to meet the requirements to complete Phase I Prospecting because the study presented and approved by SETENA as an Environmental Impact Assessment (EIA) did not actually qualify as an EIA, consisting solely of information gathering with no environmental impact. The First Chamber rejects all grounds of the appeal: it dismisses the alleged violation of res judicata and the erga omnes binding effect of Constitutional Chamber ruling 205-2010 for lack of proper substantiation; it confirms there was no contradiction in the lower ruling that the plaintiff did not submit the required EIA, supported by technical criteria from the Directorate General of Hydrocarbons (DGH) and SETENA itself; and it holds that the court did not improperly give the DGH's official letter binding effect nor violate SETENA's jurisdiction. Consequently, the appeal is denied with costs against the appellant.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso de casación interpuesto por Mallon Oil Company contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que declaró sin lugar su demanda. La empresa pretendía que se ordenara al Poder Ejecutivo firmar el contrato de concesión para exploración y explotación de hidrocarburos adjudicado en 2000. El tribunal de instancia acogió la excepción de falta de derecho al considerar que la actora no cumplió con los requisitos para tener por finalizada la Fase I de Prospección, ya que el estudio presentado y aprobado por SETENA como Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en realidad no constituía un EIA, pues se limitaba a recopilación de información sin generar impacto ambiental. La Sala Primera rechaza todos los cargos del recurso: desestima la alegada violación de la cosa juzgada constitucional y la vinculatoriedad erga omnes del voto 205-2010 de la Sala Constitucional por falta de fundamentación; confirma que no hubo contradicción en la sentencia impugnada al concluir que la actora no presentó el EIA requerido, respaldándose en criterios técnicos de la DGH y la propia SETENA; y sostiene que el tribunal no otorgó carácter vinculante indebido al oficio de la DGH ni violó las competencias de SETENA. En consecuencia, declara sin lugar el recurso de casación con costas a cargo de la recurrente.

Key excerptExtracto clave

The judges at all times maintained clarity that the study provided does not correspond to the EIA that, according to legislation and the bidding terms, had to be presented in order to conclude Phase I Prospecting. Thus, the remaining construction of the charge is futile, as it is based on an alleged contradiction in the judges' reasoning, which as seen does not exist, so the alleged violation cannot be deemed proven, and the charge must be rejected. The fact that such acts were issued before the entry into force of the CPCA is irrelevant. This is essentially because we are dealing with a claim aimed at establishing the State's breach—a circumstance that, in order to determine the validity of the plaintiff's claims, requires examining whether the documentation presented actually fulfilled the established bidding and legal requirements. Moreover, from the technical criteria expressed by SETENA itself and other technical bodies—which the plaintiff has signaled as acts not subject to review—it emerges that the plaintiff did not present the required EIAs to demand the administrative action sought here.Los juzgadores mantuvieron en todo momento claridad en cuanto a que el estudio aportado, no corresponde al EIA que acorde a la legislación y al cartel, debía ser presentado a fin de concluir con la Fase I de Prospección. De esa manera, la restante construcción del cargo resulta estéril pues está fundamentada en una supuesta contradicción en las tesis de los juzgadores, la cual según se ha visto, no existe, de ahí que tampoco pueda tenerse por acreditado el quebranto de cita, razón por la cual, el cargo debe de rechazarse. Carece de interés el hecho de que tales actos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del CPCA. Básicamente, por cuanto se está ante una demanda de conocimiento dirigida a establecer el incumplimiento del Estado, circunstancia que, con el objeto de dilucidar la validez de las pretensiones de la demandante, obliga al estudio de si en realidad, la documentación presentada por la actora implicó el cumplimiento de los requisitos cartelarios y legales establecidos. Además, porque de los criterios técnicos externados por la propia SETENA y otros órganos técnicos, los cuales la demandante ha señalado como actos no sujetos a revisión, resalta que la actora no presentó los EIA necesarios para reclamar la conducta administrativa aquí requerida.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Pese a que la SETENA indica en la resolución no. 866-2000-SETENA, que aprueba un EIA, es claro que la denominación utilizada por el órgano técnico no es la correcta, toda vez que el contenido y la naturaleza real del documento presentado por la actora no corresponden a la de un EIA."

    "Although SETENA states in resolution no. 866-2000-SETENA that it approves an EIA, it is clear that the designation used by the technical body is incorrect, as the actual content and nature of the document submitted by the plaintiff do not correspond to an EIA."

    Considerando IV (razonamiento del Tribunal)

  • "Pese a que la SETENA indica en la resolución no. 866-2000-SETENA, que aprueba un EIA, es claro que la denominación utilizada por el órgano técnico no es la correcta, toda vez que el contenido y la naturaleza real del documento presentado por la actora no corresponden a la de un EIA."

    Considerando IV (razonamiento del Tribunal)

  • "El proyecto de Recopilación y Análisis de Información consta de una serie de actividades de características tales que no generan impacto ambiental. Esto se dice principalmente debido al hecho que por tratarse de recopilación de información ya existente, no se harán labores de campo y por lo tanto no habrá interacción con el medio..."

    "The Information Gathering and Analysis Project consists of a series of activities of such characteristics that they do not generate environmental impact. This is said mainly due to the fact that, as it involves gathering already existing information, no field work will be carried out and therefore there will be no interaction with the environment..."

    Resumen Ejecutivo presentado por la actora, citado en la sentencia

  • "El proyecto de Recopilación y Análisis de Información consta de una serie de actividades de características tales que no generan impacto ambiental. Esto se dice principalmente debido al hecho que por tratarse de recopilación de información ya existente, no se harán labores de campo y por lo tanto no habrá interacción con el medio..."

    Resumen Ejecutivo presentado por la actora, citado en la sentencia

  • "La Sala Constitucional en el citado voto 205-2010 no tuvo por aprobada la etapa de prospección, sino que confirmó que lo aprobado por SETENA correspondía únicamente al proyecto de recopilación y análisis de información, sin implicar viabilidad ambiental para actividades de campo."

    "The Constitutional Chamber in the aforementioned ruling 205-2010 did not consider the prospecting stage approved, but rather confirmed that what SETENA approved only corresponded to the information gathering and analysis project, without implying environmental viability for field activities."

    Interpretación de la Sala sobre el voto constitucional (parafraseado en el análisis)

  • "La Sala Constitucional en el citado voto 205-2010 no tuvo por aprobada la etapa de prospección, sino que confirmó que lo aprobado por SETENA correspondía únicamente al proyecto de recopilación y análisis de información, sin implicar viabilidad ambiental para actividades de campo."

    Interpretación de la Sala sobre el voto constitucional (parafraseado en el análisis)

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Date of Resolution: September 10, 2015, at 9:00 a.m.

Case File: 11-007013-1027-CA Analyzed by: SALA PRIMERA **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Administrative Litigation **Topic:** Concession **Subtopics:** Signature.

The plaintiff company was awarded the concession for the exploration and exploitation of hydrocarbons in the Northern and Atlantic zones. However, the Executive Branch refused to sign the contract, and therefore, in the present proceeding, it essentially requests that it be ordered to do so. The Court dismissed the lawsuit. The Chamber appreciates that the judges at all times maintained clarity that the study provided by the plaintiff does not correspond to the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA) that, according to the legislation and the bidding terms, had to be presented in order to consider Phase I of Prospecting as completed. Therefore, the plaintiff did not complete the necessary requirements to obtain environmental viability (viabilidad ambiental) and claim the administrative conduct.

**Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Administrative Litigation **Topic:** Cassation Appeal **Subtopics:** Formalities of the appeal.

The appellant mentions a violation of the principle of "erga omnes binding force (vinculatoriedad erga omnes)" of the rulings of the Constitutional Chamber. However, it does not establish how the Court violated it. The judgment under appeal makes no allusion to the distinction between constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) and binding force, nor did it use or cite rulings of this Chamber to justify any position discordant with constitutional judgments. It did not reject arguments by the plaintiff in that regard; moreover, these were not submitted to it in its lawsuit. Given that the reproach omits any questioning of the judgment subject of the extraordinary appeal and without the plaintiff clearly explaining the violation it attributes to articles 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 8.2 of the Organic Law of the Judicial Branch, it is undeniable that the charge is inadmissible.

**Text of the resolution** *110070131027CA* RES: 001078-F-S1-2015 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine o'clock on September ten, two thousand fifteen.

Ordinary proceeding established before the Administrative Litigation Court of the Second Judicial Circuit of San José by MALLON OIL COMPANY SUCURSAL COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its unlimited general agent, Pedro Enrique Oller Taylor, resident of Santa Ana; against the STATE, represented by its prosecutor, Ana Cecilia Arguedas Chen Apuy, resident of Heredia. Also appearing as special judicial attorneys for the plaintiff company are Rubén Hernández Valle, Roberto José Esquivel Cerdas, Mariano Andrés Mercado Castro, and Gabriela de San Román Aguilar, whose marital status is not indicated, resident of Heredia. The individuals are of legal age, lawyers, and with the exceptions noted, married and residents of San José.

WHEREAS

1. Based on the facts stated and legal provisions cited, the plaintiff company established an ordinary proceeding, so that the judgment declares: "1.- That the omission by the Executive Branch to sign the oil exploration and exploitation contract with my client is contrary to the legal system. 2.- As a consequence of the foregoing, that the Executive Branch be ordered, by virtue of the time elapsed, to proceed within a peremptory period, which shall be established by this judgment, to sign the Concession Contract for the Exploration and Exploitation of Hydrocarbons in Blocks 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 3.- In case of opposition, that the State be ordered to pay both costs of this action." 2. The state representation answered negatively and interposed the exception of lack of right. Likewise, on page 174, it waived the conciliation process.

3. Judge Daniel Aguilar Méndez, by resolution of 11:37 a.m. on June 20, 2012, in accordance with article 69 of the Administrative Litigation Procedure Code, resolved to dispense with the holding of hearings.

4. The Administrative Litigation Court, Section Nine, composed of judges Claudia Elena Bolaños Salazar, Elías Baltodano Gómez, and Sandra María Quesada Vargas, in judgment No. 412-2013 of 3:15 p.m. on May 17, 2013, ordered: "The exception of lack of right is upheld, and consequently, the lawsuit filed by Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica Sociedad Anónima against the State is dismissed in all its aspects. Both costs of the proceeding are charged to the plaintiff company." 5. The plaintiff files a cassation appeal, expressly indicating the reasons on which it relies to refute the Court's thesis.

6. In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Judge Escoto Fernández

WHEREAS

I.In the lawsuit originating this proceeding, filed in 2011, Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A., (hereinafter Mallon) sued the State. It stated that on November 2, 1999, it participated in International Oil Tender No. 2 for the Exploration and Exploitation of Hydrocarbons in blocks 5, 7, 8, 9, and 10, in the Northern and Atlantic zones. It added that, by resolution R-105-MINAE-00, of April 13, 2010, the said concession was awarded to it. It explained that, within the bidding and legal deadlines, it presented the first Environmental Impact Assessment (estudio de impacto ambiental, hereinafter EIA), which was approved by the Technical Environmental Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental, hereinafter SETENA), in resolution 866-2000-SETENA of October 3, 2000, and confirmed by acts 962-2003-SETENA and 2698-2008-SETENA. It argued that, according to clause 11.1 of the bidding terms and article 43 of the Regulation of the Tender System for the Execution of Contracts for the Exploration and Exploitation of Hydrocarbons, Executive Decree No. 25785-MINAE of January 22, 1997 (hereinafter RSLCCEEH), the award is effective once SETENA approves the EIA. It added that, in this way, the award became final on April 21, 2000, at which point a six-month period began to sign the contract. It argued that, having fulfilled all legal and bidding requirements, on December 21, 2000, it again submitted a note to the General Directorate of Hydrocarbons (Dirección General de Hidrocarburos, hereinafter DGH) of the Ministry of Environment and Energy (hereinafter MINAE), requesting instructions for signing the agreement. It stated that, through official letter DGH-10-01 of January 25, 2001, MINAE responded to said request, and therefore, starting March 7 of that year, they met to negotiate the contractual clauses. It affirmed that, on November 29, 2001, in Ordinary Session No. XI, the Technical Hydrocarbons Council (Consejo Técnico de Hidrocarburos, hereinafter CTH), approved the Concession Contract. It added that, on December 3 of that year, through official letter DGH-249-2001, it was sent to the Legal Department. Thus, it asserted that, with the approval of the EIA and the consent of the CTH, and according to the legislation and bidding terms, the prior process was concluded, leaving only the signing of the contract. However, it complained, without a reasoned resolution, the Executive Branch refused to do so. It stated that, subsequently, the Association Justice for Nature (Asociación Justicia para la Naturaleza, hereinafter AJN) filed a revocation appeal with a subsidiary appeal against resolution 866-2000-SETENA. It added that, through resolution 962-2003-SETENA of August 19, 2003, the appeal was rejected, with SETENA indicating that the document entitled "PROJECT FOR THE COMPILATION AND ANALYSIS OF INFORMATION FOR PHASE 1 OF OIL PROSPECTING IN THE HUETAR NORTH AND HUETAR ATLANTIC REGIONS OF COSTA RICA," complied with what was defined as "Oil Prospecting." It further stated that AJN filed a new revocation appeal with a subsidiary appeal and absolute nullity, which was rejected by resolution 2698-2008-SETENA, of September 24, 2008. It argued that, on June 6, 2009, AJN filed an Amparo Appeal against resolutions 866-2000-SETENA and 2698-2008-SETENA, which was rejected by judgment 205-2010 of 10:39 a.m. on January 8, 2010, confirming the validity of the EIA and the concession. It requests in judgment to declare: a) that the omission by the Executive Branch in failing to sign the cited contract is contrary to the legal system; b) that the Executive Branch be ordered, within a peremptory period, to proceed to sign said agreement; c) in case of opposition, that the State be ordered to pay both costs. The State answered in a negative manner. It raised the exception of lack of right. The Court upheld it, dismissed the lawsuit, with costs charged to the plaintiff, who, dissatisfied, resorts to cassation.

II.The appellant formulates five substantive charges. In order to proceed with their analysis, this Chamber considers it appropriate to reorder them to first address the fifth complaint, given that it alludes to the violation of res judicata (cosa juzgada), thereby altering the order of the others. In the first, it attributes contradiction with res judicata and with the principle of "erga omnes binding force (vinculatoriedad erga omnes)" of the rulings of the Constitutional Chamber. It points out that article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction (hereinafter LJC) provides that constitutional jurisprudence and precedents are binding "erga omnes." It argues that the Constitutional Chamber issued judgment No. 205-2010, regarding the concession contract and the EIA for the first phase. It asserts that the jurisprudence of said Chamber establishes the judge's obligation to resolve in accordance with the Constitutional precedent or jurisprudence, as well as to interpret and apply the norms or acts specific to the matter in accordance with such precedents, provided that they involve the same hypotheses and scenarios, so that the situation brought before the judge is identical to the one resolved in the precedent. It explains that, according to articles 13 of the LJC and 8.2 of the Organic Law of the Judicial Branch (hereinafter LOPJ), the ordinary judge cannot disregard a jurisprudential line established by the Constitutional Court. It argues that, according to the jurisprudence of said Chamber, such binding force extends to the considerando. Thus, it claims that, in amparo matters, both estimatory and dismissive judgments produce material res judicata effects. It cites rulings in support of its thesis. It rejects this Chamber's criterion that only estimatory judgments bind judges, a position it considers violative of the constitutional principle of legal certainty, and also because, in its opinion, it calls into question the character of "supreme body" of the Constitutional Chamber. It adds that, in environmental matters, it is clear that the Constitutional Chamber is obligated to analyze the technical and legal manifestations of the conduct, as such norms develop in detail the content of that fundamental right, hence it must review the technical studies and opinions that support the EIA being challenged. It interprets that said Chamber carries out both a constitutional and a legality control of the acts, which in environmental matters are inseparable. However, it reiterates, the First Chamber holds an opinion according to which there is a difference between res judicata and binding force, which, it says, only exists regarding the interpretation of the scope of fundamental rights and constitutional norms, not regarding aspects of legality. It cites a resolution of this Chamber in support of its statement. It continues that this decision-making body's position is erroneous, as it disregards the legal nature of constitutional norms and principles, which it explains. It points out that the normative content of fundamental rights is given not only by their constitutional enunciation, which enshrines their core, but also by their legal and regulatory regulation. It adds that this is because most fundamental rights are only operative based on their legislative development. It states that the sole application of article 50 of the Political Constitution would make it impossible to demand an EIA, hence it is the Organic Environmental Law that specifies the scope and limits of the fundamental right in question, making it possible to demand an EIA. Thus, it concludes, when the Constitutional Chamber resolves an amparo, it must not only pronounce on the constitutionality of the conduct but also on its legality, since that right is configured not only in its core (constitutional content) but also by its accessory contents (legal and regulatory). It refers to the handling of this topic in comparative law. It maintains that binding force extends beyond the parties involved in the process, whereas res judicata only binds the participants. It argues that, in the specific case, judgment 205-2010 considered that the EIA for the first phase of exploration had been fully completed. It argues that, thus, what was appropriate was the signing of the concession contract. Indeed, it highlights, the Constitutional Chamber determined that what was approved by SETENA was the EIA for the current phase of the project, which in no way implied granting environmental viability (viabilidad ambiental) for field activities. It indicates that it thereby confirmed that EIAs for this type of project must be carried out in stages, as indicated by current legislation. It adds that SETENA, in resolution 962-203-SETENA, noted that the document: "Project for the Compilation and Analysis of Information for Phase 1 of Oil Prospecting in the Huetar North and Huetar Atlantic Regions," complies with what is defined in the Decree as "Oil Prospecting." Likewise, it mentions that article 4 of Decree 26750-MINAE provides that the approval of Phase I of the EIA study is an indispensable and sufficient requirement for the award act of an oil concession to be declared final. Hence, it believes, it holds a consolidated subjective right over the concession, given by the final award in its favor and the subsequent approval of the EIA. In its opinion, the Constitutional Chamber considered the prospecting stage approved, pointing out that the subsequent stages of field work were to begin after the signing of the contract, upon prior approval of an EIA. It accuses that, as the legislation and the bidding terms establish the order to be followed in the tender process, after the EIA, the only legally possible step was the signing of the contract. Once it was signed, it warns, it had to carry out the environmental impact assessments and obtain the corresponding environmental viability, prior to field work. Therefore, it affirms, it was legally impossible for it to carry out execution activities prior to the agreement. However, it alleges, contrary to what was resolved by SETENA and the Constitutional Chamber, as well as the current regulations, the Court considers that the EIA approved by resolution 962-2003 is not sufficient for the first phase of prospecting. It points out that what was ordered by the Constitutional Chamber in its judgment 205-2010 became material res judicata (cosa juzgada material) and has erga omnes effects, and therefore the Court was barred from hearing the same facts and defects on which the Constitutional Chamber had already ruled. It adds that it was also prevented from ruling differently from the Constitutional Court. It asserts that, for the purposes of article 75 of the LJC, the jurisprudence of this Chamber and the Administrative Litigation Court have repeatedly relativized the scope of constitutional res judicata, applying formalistic and restrictive criteria for the admission of said institution, to the detriment of fundamental rights. For this reason, it considers violated precepts 10, 42, 48, 155, and 166, all of the Political Constitution, as well as the constitutional principle of binding force of the resolutions and precedents of the Chamber in question, given that, although the First Chamber recognizes the effects of article 13 of the LJC, it restricts its application. It cites rulings of this Chamber that it considers violative of that principle. In its second reason, it claims lack of application of article 4 of Decree No. 26750-MINAE Regulation for the Conducting of Environmental Impact Assessments (hereinafter RREIA), and improper application of precepts 2 and 3 of said regulatory body. It maintains that the judgment incurs an insurmountable contradiction. It notes that while it establishes that the concession is valid because it was perfected according to applicable regulations, and that the signing of the contract is merely a formality that does not affect the awardee's right, it subsequently concludes that the EIA performed is not sufficient for signing the contract. It adds that the contested resolution has as a proven fact that the award act in its favor is a final act, lacking only the signature of the Executive Branch to be effective. It points out that, according to canon 4 of the RREIA, the approval of the EIA is the indispensable and sufficient requirement for the award act of an oil concession to be declared final. It points out that, in application of such norm, the Executive Branch declared the award final after SETENA approved the EIA for the first phase –act 866-2000-. It outlines that, for this reason, it even proceeded to approve the draft contract. Likewise, it relates that, through official letter R-213-2011-MINAET of April 14, 2011, MINAE rejected the appeals against the cited resolution, confirming the approval of the EIA. Therefore, it points out that if the resolutions of MINAE and SETENA and the appealed judgment itself admit that the award act of the concession is final, according to precept 4 of the RREIA, it is not understood how the Court then concludes that the cited EIA is not sufficient for signing the contract. Thus, it establishes, if the award act was declared final, as the judgment recognizes, it is because the EIA was approved. Consequently, it must be considered a precluded act, whose validity and scope cannot be discussed in this venue, for not having been challenged in time and form. Hence, the judgment incurs a contradiction. In the third reproach, it criticizes violation due to lack of application of Transitory Provision III of the Administrative Litigation Procedure Code and article 173 of the General Law of Public Administration (hereinafter LGAP), and improper application of articles 122(g) and 121 of the Administrative Litigation Procedure Code (hereinafter CPCA). It states that the appealed judgment questions SETENA resolutions 866-2000 and 962-2003, and indicates that although both approve an EIA, the reality is that what was presented is not an EIA, despite SETENA classifying it as such. It outlines that these are final administrative acts that were not challenged, for which reason no Court can challenge their content, as they are acts that have become material res judicata. It argues that, according to Transitory Provision III of the CPCA, the challenge regime for acts that became final in the administrative venue before the CPCA came into force shall be governed by the legislation in effect at that time. It adds that the text of canon 173 of the LGAP, then in force, established a four-year expiration period for challenging the validity of absolutely null acts. Consequently, it maintains, such challenge periods have expired. It asserts that, by modifying the content of such resolutions, the judgment incurs a clear violation due to lack of application of Transitory Provision III of the CPCA and article 173 of the LGAP. It further criticizes that it violates article 122(g) of the CPCA, in that, since the aforementioned SETENA resolutions, which deemed the EIA approved, have become material res judicata, the Court had to order the Executive Branch to sign the contract. Simultaneously, it asserts, the judgment violates article 121 of the CPCA due to improper application, given that it dismissed the lawsuit for not considering it compliant with the legal system. This is because it considered that SETENA erred in calling an EIA a study that, according to its interpretation, did not meet those technical characteristics, even though they are final acts. In the fourth censure, it claims violation of articles 1, 2, 3, and 4 of the RREIA, Decree 26750-MINAE, due to erroneous interpretation. It considers that, in its resolution, the Court expressly accepts the regulations established in articles 1, 2, 3, and 4 of the RREIA. It argues that said resolution, in its considerando VII, recognizes what is established by precepts 1 and 2 of the Decree in question. It argues that, having clarity on the applicable regulations, it is valid to establish that the judgment incurs contradictions that imply an inadequate factual and legal interpretation of the situation. It states that in considerando X, the judges consider that SETENA is the competent body for evaluating EIAs. However, it points out that, later, it disregards that competence and even "places above" it an official letter prepared by the General Director of Hydrocarbons, who is not an expert in environmental matters. It points out that, despite the judges accepting that the norm expressly indicates that the methodology used, whether indirectly or directly, allows obtaining approximate evaluations of the hydrocarbon potential, they choose to disregard the express language of the regulations, as well as the technical criteria set forth in the lawsuit and evidence. It adds that, in this way, they justify that at least some degree of environmental impact is required to disregard its right and the State's obligation to sign the contract. It states that the judges make a distinction where the regulations do not, erroneously indicating that it is necessary to use direct methodology –that which produces some type of environmental impact–, when the legislation itself is clear and exclusive regarding the methods to be used. It explains that the norm indicates that one method or another may be used, without stating that they must be used jointly. It clarifies that the minimum phases indicated by the RREIA are one thing, namely, Prospecting Phase I and Intensive Exploration Phase II, and within each phase, there are different methodologies that may be indirect or direct, depending on the type of activity carried out. It continues that this means that what is indicated in the Decree is a description of the activities that may be carried out in Phase I Prospecting and which in Phase II Intensive Exploration, but in no way does it mean that all and each of the activities described therein must be carried out. It reveals that it is possible that with data obtained from indirect methodologies, progression to the next exploration phases can be made; on the contrary, what could not be permitted, and the Decree so establishes, is that field activities be carried out without an EIA existing. It comments that what is sent to SETENA for its assessment and approval of the EIAs are the activities to be carried out in the different methodologies. It cites the definition of EIA according to article 17 of the Organic Environmental Law, Law 7554 of October 14, 1995 (hereinafter LOA) and opinions of the Attorney General's Office. It maintains that it is different to say that the RREIA requires that all direct and indirect methodologies be carried out in each phase. It disagrees; what it requires is that only the activities specified therein can be performed in each phase, whether by direct or indirect methods, and that before performing them, the EIA must be obtained. It asserts that this was resolved by judgment 2010-205 of the Constitutional Chamber, according to which, prior to carrying out any field activity, the EIAs shall be performed. It argues that, despite the clarity of the regulation, the judges consider that to fulfill such requirements it is necessary to carry out field work, a technical position that is not supported by an expert's opinion, especially when the technical evidence offered was rejected. Hence, it asserts, the contradiction incurred is evident, as it also contravenes the interpretation made by SETENA in considering that the provisions of the Decree are fulfilled. In the fifth reason, it alleges violation of articles 83 and 84 of the LOA, due to lack of application, and improper application of precepts 3 and 22 of the Hydrocarbons Law, Law 7399 (hereinafter LH). It outlines that in considerando X of the contested resolution, the judges consider that SETENA is a competent body in the evaluation of environmental impact assessments. However, it argues, this competence is later disregarded, placing above it an official letter prepared by the director of the DGH, who is not an expert in environmental matters. Said official letter, -DGH332-2002 of August 1, 2002, it continues, establishes that the environmental impact assessment approved by SETENA does not conclude Phase I, as it is not a prospecting study. It cites four resolutions issued by SETENA, in which, it says, it is expressly stated that the EIA for Phase I of prospecting was completed. It adds that even MINAE itself, in its resolution R-21-2011-MINAET, of April 14, 2011, recognized that the EIA for Phase I, Prospecting, was complete. Consequently, it establishes that the judges erroneously grant official letter DGH332-2002 a binding character that, by law, it does not possess, as it was issued by the General Director of Hydrocarbons of MINAE, who, according to canon 11 of the LH, does not need to be an expert in EIA evaluation. It adds that one cannot conclude that a Director of Hydrocarbons has the technical and legal competencies to determine, based on article 16 of the LGAP, a criterion based on unequivocal rules of science or technique. It mentions that article 3 of the LH does not confer a governing authority on the DGH as SETENA indeed possesses. It asserts that this is corroborated in the opinion of the PGR, which it transcribes. It believes that the DGH's official letter confused a Work Plan (competence of the DGH) with an EIA (competence of SETENA). It emphasizes that only the latter can establish whether an EIA is complete or not. It refers to the competencies of SETENA as provided by articles 83 and 84 of the LOA. It cites Constitutional Chamber ruling 5276-2000, which indicates the exclusive competence of SETENA to evaluate and approve an EIA. It mentions that, according to the PGR's criteria, the transfer of competencies between entities is not permissible except by express norm. It adds that in the specific case, there is no provision that authorizes the General Director of Hydrocarbons to issue a binding opinion for SETENA. It argues that it is striking that the Director, despite having disagreed with SETENA, did not file the relevant appeals, a matter on which the PGR has drawn attention. Finally, it affirms that, if one intends to give value to DGH-332-2002, which the LH does not grant it for not being binding on SETENA, another official letter must be considered that was not mentioned in the appealed resolution –DGTCC-0075-09 of January 21, 2009–, which indicates that for the DGH, the EIA was approved by SETENA. It points out that the question remains as to why importance was not equally given to the one indicated by its predecessor. It stresses that the arguments set forth in official letter DGH-332-02 by the General Director were known by the Constitutional Chamber in the cited vote 205-2010.

III.The appellant mentions a violation of the principle of "erga omnes binding force (vinculatoriedad erga omnes)" of the rulings of the Constitutional Chamber. However, it fails to establish how the Court violated it. Although it maintains the judge's obligation to resolve in accordance with the Constitutional precedent or jurisprudence, as well as to interpret and apply the norms or acts specific to the matter in accordance with such precedents, it does not mention the way in which the judges would have departed from said principle. The appellant supports its rejection of the theses that it says this Chamber has presented, regarding the fact that only estimatory judgments bind judges. Nevertheless, it makes no observation concerning the judgment it contests. This Chamber observes that the appellant's arguments are basically aimed at specifying its rejection of the positions that, as it expresses, this decision-making body has held up, regarding the difference between res judicata and binding force of the Constitutional judgment. However, not only is there no record that the Court exceeded its authority provided by article 49 of the Constitution, so that the administrative litigation jurisdiction exercises universal control over the administrative function of the State, its institutions, and all entities subject to Public Law, but it also fails to specify what the error is that it alleges the judges fell into in their judgment. It must be noted that in the cited grievance, the appellant makes no reference to any defect attributable to the Court's resolution. On the contrary, it merely defines its position regarding the erga omnes character of Constitutional jurisprudence, for which it cites rulings from that Court and comparative doctrine. Likewise, it clearly establishes its antagonism with positions it attributes to this collegiate body, without identifying its link to the judgment it faces.

Indeed, the Court in its judgment made no reference whatsoever to the distinction between constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) and binding effect (vinculatoriedad), nor did it use or cite rulings of this Chamber to justify any position discordant with judgments of the Constitutional Chamber. It did not reject the plaintiff's arguments in that sense; moreover, these were not submitted to it by the plaintiff in its claim. Thus, given that the reproach omits any questioning of the judgment subject to the extraordinary appeal and without the plaintiff clearly explaining what the violation attributed to it of principles 13 of the LJC and 8.2 of the LOPJ consists of, it is undeniable that the charge is inadmissible.

IV.Regarding the second charge, the Court indicated that the tender specifications reflect the provisions of Article 43 of the RSLCCEEH, providing that the award will be valid but not effective until an approval of the EIA is given by MINAE. It added, in harmony with the foregoing, that canon 3 of the RREIA states that Phase I of the EIA corresponds to prospecting, a phase which, in accordance with ordinal 4 of said regulatory text, is an indispensable and sufficient requirement for the award act of an oil concession to be declared final, as required by ordinal 41 of the LH. It considered that, according to the cited legislation, Phase I of prospecting gives efficacy to the award act, making it essential to determine what that phase comprises. It argued that the Decree in question establishes that it is a: "Regional evaluation of a geological, geochemical and/or geophysical nature of a concession area, in which the methodology employed, whether indirectly or directly, allows approximate assessments of the hydrocarbon potential to be obtained, without implementing techniques that could produce significant environmental impacts on specific sites. The following are included as part of these methods: basic geological mapping; collection of geological and/or geochemical samples, by manual methods (using geological hammers and other manual instruments, such as portable drills; whose application does not require the construction of roads, mobilization of heavy machinery, or prior preparation of the land to be prospected, in the terrestrial area, or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or underwater environments), geophysical methods such as seismic (reflection and/or refraction), gravimetry, magnetometry, resistivity methods, magnetotellurics, and those others whose application is restricted to the use of manual instruments whose work does not require the application of machinery, nor the opening of trails, nor roads, nor exploratory drilling in the terrestrial area, or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or underwater environments unless there is a prior evaluation and express authorization from the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL for their implementation in these activities" (capitalization corresponds to the original). It underlined that, in the Executive Summary presented in July 2000, for the "Project for the Compilation and Analysis of Information for Phase I of Oil Prospecting in the Huetar Norte and Huetar Atlántico Region of Costa Rica," SETENA file no. 126-2000, it is indicated that: "… it consists of a series of activities of such characteristics that they do not generate environmental impact. This is said mainly due to the fact that, as it involves the compilation of already existing information, no field work will be carried out and therefore there will be no interaction with the environment..." The Court also stated, based on the information provided, that SETENA, in resolution no. 866-2000-SETENA, indicates that in Article 26 adopted in ordinary session no. 037-2000 of that Secretariat, of October 3, 2000, it was agreed: "To approve the Environmental Impact Study, based on Article 41 of the Hydrocarbons Law (Ley de Hidrocarburos) 7399. This approval is granted on the understanding that the activity presented in the Environmental Impact Study consists of the compilation and analysis of bibliographic information related to geological, topographical, physical, geophysical, and biological aspects, in such a way as to allow the determination of the prospecting potential and other additional studies in blocks 5, 6, 7, 8, 9, and 10, with a total area of 99,497.15 km². If the execution of explosions in the studied areas is subsequently decided, the provisions of the Law (Art. 41 of the Hydrocarbons Law) in relation to this type of activity shall apply." It asserted that, notwithstanding what was indicated by said body in the partially transcribed resolution; through official letter SG-1293-2002 (AJ)- SETENA, the body in question requests DGH for a technical opinion regarding the document presented by the plaintiff firm and approved in resolution 866-2000-SETENA, in order for it to analyze it and indicate whether or not it complies with the provisions of Decree 26750-MINAE and current hydrocarbons legislation. It said that DGH is the specialized technical body of MINAE, in charge of the formalities and procedures aimed at correctly formalizing and executing oil exploration and exploitation contracts (Articles 3 and 22 of the LH). The foregoing, it recounted, is consistent when affirming in official letter DGH332-2002, of August 1, 2002, that the EIA presented by the plaintiff and approved by SETENA does not conclude Phase I, as it is not a prospecting study. It affirmed this because what is comprised in the information compilation and analysis project presented by the plaintiff corresponds to desk-based activities that are not among the methods described in the definition of oil prospecting in Article 1 of Decree no. 26750-MINAE and in compliance with the provisions of Article 17 of the LOA, since the Decree refers to geological and geophysical field activities, whether terrestrial or marine. Furthermore, it indicated that said official letter affirms that the EIAs associated with a concession contract for the exploration and exploitation of hydrocarbons must be related to field activities comprised in the "Plan de Esfuerzo Exploratorio Ofertado" that was awarded in the bidding process, which necessarily requires such activities. It outlined that, by virtue of the response provided, SETENA in resolution no. 962-2003-SETENA, of 2:40 p.m. on August 19, 2003, clarified the scope of resolution 866-2000-SETENA, informing that what was approved is solely for the information compilation and analysis project for Phase I of oil prospecting, which does not imply the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) for field research activities. It highlighted that this coincides with what was stated by the General Secretary of SETENA in official letter SG-722-2002 (AJ)-SETENA of May 16, 2002, in which it is indicated that the document presented on July 12, 2000, by the plaintiff does not correspond to an EIA. It elaborated that, while it is correct to affirm that from the definition of oil prospecting in Decree 26750-MINAE, it is inferred that the methodology for obtaining the regional geological, geochemical and/or geophysical evaluation of a concession area can be carried out indirectly or directly, the truth is that the rule starts from the premise of a small-scale environmental impact, by stating that with this methodology, approximate assessments of the hydrocarbon potential can be obtained, without implementing techniques that could produce significant environmental impacts on specific sites. It asserted that it is by reason of that environmental impact, that canons 2 and 3 of the RREIA provide for Phase I of prospecting, -which in accordance with Article 4 of said regulatory text-, indispensably requires an EIA, sufficient for the award act of an oil concession to be declared final, as required by Article 41 of the LH. This interpretation, it adduced, is in accordance with Article 50 of the Constitution and numeral 17 of the LOA, which imposes that every human activity potentially harmful to the environment be evaluated before its execution. It pointed out that, under this reasoning and under the protection of precepts 41 of the LH and 43 of the RSLCCEEH, and Articles 2 and 3 of the RREIA, -which require, to give efficacy to the award made, having the approval of the EIA-, it is clear that to fulfill this requirement, it was necessary to conduct fieldwork. It added that it is not logical to start from the premise that the compilation and analysis of information cause an impact on the environment, given that this is non-existent in the terms set forth by the plaintiff firm, which indicates in the executive summary of analysis that: "The Information Compilation and Analysis Project consists of a series of activities of such characteristics that they do not generate environmental impact. This is said mainly due to the fact that, as it involves the compilation of already existing information, no field work will be carried out and therefore there will be no interaction with the environment..." In addition to the foregoing, it assured, it is evident that the simple task of compiling and analyzing information does not correspond to a conduct that generates any environmental impact, so logically, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) invoked by the transcribed norms cannot be deemed approved. In this way, it emphasized, despite the fact that SETENA indicates in resolution no. 866-2000-SETENA that it approves an EIA, it is clear that the denomination used by the technical body is not correct, since the content and the real nature of the document presented by the plaintiff does not correspond to that of an EIA. This Chamber observes that in the executive summary presented in July 2000 by the plaintiff company, it is clearly established that the plaintiff company did not carry out activities generating environmental impact, by stating: "The Information Compilation and Analysis Project consists of a series of activities of such characteristics that they do not generate environmental impact. This is said mainly due to the fact that, as it involves the compilation of already existing information, no field work will be carried out and therefore there will be no interaction with the environment..." Likewise, this is ratified in fact deemed proven no. 7 of the contested judgment, in which it is established that in resolution no. 866-2000-SETENA, in Article 26 of ordinary session no. 37-2000 of SETENA, it was agreed: "To approve the Environmental Impact Study, based on Article 41 of the Hydrocarbons Law 7399. This approval is granted on the understanding that the activity presented in the Environmental Impact Study consists of the compilation and analysis of bibliographic information (...) If the execution of explosions in the studied areas is subsequently decided, the provisions of the Law (Art. 41 of the Hydrocarbons Law) in relation to this type of activity shall apply." Likewise, the foregoing is confirmed by official letter SG-722-2002 (AJ)-SETENA of May 16, 2002, in which SETENA indicated that the document presented on July 12, 2000, by the plaintiff, in relation to the file of interest, does not correspond to an EIA. Equally, said Secretariat, through official letter SG-1293-2002 (AJ)- SETENA, of July 31, 2000, requested a criterion from DGH regarding the scope of the document presented by the plaintiff, approved in resolution 866-2000-SETENA, in order for it to be analyzed and to determine whether it complied with the provisions of Decree 26750-MINAE and current hydrocarbons legislation. In response to this request, DGH, in its official letter DGH-332-2002, indicated that the document in question did not conclude Phase I, as it is not a prospecting study. Additionally, in resolution no. 962-2003-SETENA, it was clarified that what was approved by SETENA in the examination file, although called EIA, was only the "Project for the Compilation and Analysis of Information for Phase I of Oil Prospecting," without this implying the granting of environmental viability for field activities. (facts deemed proven 6 through 12 of the contested ruling). Consequently, it is evident that the cassation appellant's argument is fundamentally fruitless for the purpose of establishing the indicated violation, since there is no contradiction in the thesis outlined by the Court. The judges maintained clarity at all times that the submitted study does not correspond to the EIA that, according to the legislation and the tender specifications, had to be presented in order to conclude Phase I of Prospecting. In this way, the remaining construction of the charge is sterile because it is based on a supposed contradiction in the judges' theses, which, as has been seen, does not exist; hence the asserted breach cannot be deemed proven, which is why the charge must be rejected.

V.Regarding the third reproach, this deciding body considers, in accordance with what was set forth in Considerando III of this ruling, that the criteria issued by the Court regarding the nature of the reports presented by the plaintiff respond to technical criteria, set forth not only by the DGH of MINAE but also by SETENA itself. This is evident from facts deemed proven 6 through 12 of the contested judgment. In that direction, it is not possible to attribute to the judges an error in the interpretation of the nature of the reports or analyses presented before SETENA, by considering that they are not an EIA, since this derives not only from the Executive Summary itself presented in July 2000 by the plaintiff, official letter DGH332-2002, resolution no. 962-2003-SETENA, and official letter SG-722-2002 (AJ)-SETENA of May 16, 2002, where it is clear that the studies presented by Mallon do not constitute the environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental). Likewise, it can be deduced from the various official letters issued by SETENA, from which it results that what was carried out does not possess the nature of an EIA. Now, regardless of the foregoing, it is clear that this dispute has been brought to establish the alleged omission by the Executive Branch in not signing the hydrocarbon exploration and exploitation contract, which, in the plaintiff's opinion, is contrary to the legal system. It also requested that the Executive Branch be ordered to proceed to sign said agreement within a peremptory period. From the foregoing, it is natural to interpret that, within the process brought, the Court was obliged to assess whether the plaintiff company had indeed complied with the tender specification requirements and the Law in order to obtain the signature that, according to the plaintiff, the State unjustifiably denied. Thus, it is undeniable that the appellant is not correct in raising the impossibility of reviewing the agreements issued by the technical body SETENA, no. 866-2000-SETENA, 962-2003-SETENA, and 2698-2008-SETENA, by virtue of a certain "preclusion" (preclusión) or administrative finality that, from that perspective, prevents its analysis at this point. Indeed, the fact that such acts may have been issued prior to the effective date of the CPCA is irrelevant. Basically, because this is a declaratory action aimed at establishing the State's non-compliance, a circumstance which, in order to elucidate the validity of the plaintiff's claims, obliges the study of whether in reality, the documentation presented by the plaintiff implied compliance with the established tender specification and legal requirements. Furthermore, because from the technical criteria expressed by SETENA itself and other technical bodies, which the plaintiff has pointed out as acts not subject to review, it is highlighted that the plaintiff did not present the EIAs necessary to claim the administrative conduct required here. Consequently, the argument set forth by the cassation appellant is fruitless in breaking the ruling, since it is the very acts claimed to be administratively final that support the Court's thesis regarding the lack of presentation of the necessary EIAs to deem Phase I of prospecting completed, a reason that compels the rejection of the grievance.

VI.Regarding the fourth reproach, it is the position of this deciding body, in the terms set forth in Considerando III of this resolution, that it is clear; the judges draw upon the statements of technical bodies in expressing that the plaintiff did not provide the necessary EIAs to deem Phase I of Prospecting completed. Evidently, having the necessary basis for this, the contested ruling does not incur such a type of contradiction, since it is indubitable that the basis for such assertions has the scientific support that SETENA and DGH provide in this regard, by establishing the insufficiency of the reports or analyses presented, which, it was asserted, do not reach the category of environmental impact assessments required for the specific case. Thus, it being evident that no such contradiction exists, the charge is of no use. The violation of provisions 1, 2, 3, and 4 of the RREIA cannot be established by starting from a supposed "contradiction," which, as has been seen, does not exist, for there are no statements by the Court in its judgment that prove the appellant right in that sense. Accordingly, the charge is untenable and must therefore be rejected.

VII.Regarding the fifth ground, this Chamber is of the opinion, as already indicated in previous Considerandos of this ruling, that the Court did not incur contradictions regarding SETENA's competence. Indeed, it is the body itself that first calls the document presented by the plaintiff an EIA, and then establishes that it is not, in reality, a study of that nature. In effect, in Considerando III of this judgment, the Court's criterion was extensively set forth, according to which, in the Executive Summary presented in July 2000, the plaintiff company indicates that the activities carried out: "…do not generate environmental impact." Likewise, that in resolution no. 866-2000-SETENA, said technical secretariat agreed to approve the EIA, on the understanding that the activity presented in the EIA consists of a compilation of analysis of bibliographic information. It also asserted that, by official letter SG-1293-2002 (AJ)- SETENA, the body in question requested DGH for a technical opinion regarding the scope of the document presented by the plaintiff herein, which according to DGH, the specialized technical body of MINAE, did not manage to conclude Phase I, because the information presented by the plaintiff does not fall within the methods described as oil prospecting. In this way, it is indisputable that it is not the Court that grants binding character to official letter DGH332-2002 issued by DGH. On the contrary, it simply limited itself to assessing it under the conditions in which it was prepared, as a consequence of an express request from SETENA, a body that requested a technical criterion from DGH in order to establish with certainty the nature of the report provided by the plaintiff. Likewise, the Court outlined, no doubt remained in this regard, since SETENA, in resolution no. 962-2003-SETENA, clarified the scope of resolution 866-2000-SETENA, stating that what was approved did not imply the granting of environmental viability. Finally, it highlighted, this goes hand in hand with official letter SG-722-2002 (AJ)-SETENA of May 16, 2002, in which it is indicated that the document presented on July 12, 2000, by the plaintiff does not correspond to an EIA. In this way, the Court emphasized, the denomination used by the technical body was not correct, since the content and real nature of the document presented by the plaintiff did not correspond to that of an EIA. Thus, for this Chamber, it is evident that the judges only conferred upon official letter DGH332-2002 its due character, insofar as it is undeniable that it was SETENA itself that raised the matter for consultation before the technical body of MINAE. Likewise, there are several official letters from SETENA that evidence its indubitable opinion to the effect that the plaintiff did not complete the requirements necessary to obtain environmental viability. Thus, it is not possible to establish a violation of rules 83 and 84 of the LOA, nor of precepts 3 and 22 of the LH, because the Court has not distorted the true meaning of the powers granted by said laws, nor has it evidenced the contradiction so often pointed out. The considerando cited does not reveal any assessments or conjectures by the judges regarding the competences of SETENA or DGH in matters of environmental impact assessments that could cast doubt on what has been set forth herein. Consequently, the charge is insufficient to quash the judgment, hence its rejection.

VIII.By virtue of the foregoing, the appeal will be denied, and its costs will be charged to the appellant in accordance with canon 150.3 of the Contencioso-Administrativo Procedure Code.

POR TANTO

The appeal is declared without merit. Its costs are to be borne by the party that filed it.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez CGZAMORA/MCAMPOSS Classification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 05:16:52.

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Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Concesión Subtemas:

Firma.

A la empresa actora se le adjudicó la concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos en las zonas Norte y Atlántica. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se negó a firmar el contrato, por lo que en el presente proceso, pide, en lo medular, se le orden hacerlo. El Tribunal declaró sin lugar la demanda. La Sala aprecia que los juzgadores mantuvieron en todo momento claridad en cuanto a que el estudio aportado por la actora, no corresponde al estudio de impacto ambiental que acorde a la legislación y al cartel, debía ser presentado a fin de tener por cumplida la Fase I de Prospección. Por ende, la demandante no completó los requisitos necesarios a fin de contar con la viabilidad ambiental y reclamar la conducta administrativa.

... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas:

Formalidades del recurso.

La casacionista menciona transgresión al principio de "vinculatoriedad erga ommes" de las resoluciones de la Sala Constitucional. Sin embargo, no establece cómo el Tribunal lo violenta. En el fallo que se impugna no se hace alusión a la distinción entre cosa juzgada constitucional y vinculatoriedad, tampoco utilizó o citó fallos de esta Cámara para justificar alguna posición discordante a sentencias constitucionales. No rechazó argumentos de la demandante en ese sentido, más aún, estos no le fueron sometidos en su demanda. Visto que el reproche omite cualquier cuestionamiento de la sentencia objeto del recurso extraordinario y sin que la actora explique con claridad en qué consiste la violación que atribuye de los cardinales 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 8.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es innegable que el cargo resulta improcedente.

... Ver más *110070131027CA* RES: 001078-F-S1-2015 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas del diez de setiembre de dos mil quince.

Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José por MALLON OIL COMPANY SUCURSAL COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Pedro Enrique Oller Taylor, vecino de Santa Ana; contra el ESTADO, representado por su procuradora, Ana Cecilia Arguedas Chen Apuy, vecina de Heredia. Figuran además, como apoderados especiales judiciales de la sociedad actora, los licenciados Rubén Hernández Valle, Roberto José Esquivel Cerdas, Mariano Andrés Mercado Castro y la licenciada Gabriela de San Román Aguilar, de estado civil no indicado, vecina de Heredia. Las personas físicas son mayores de edad, abogados y con las salvedades hechas, casados y vecinos de San José.

RESULTANDO

1. Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la sociedad actora estableció proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: "1.- Que la conducta omisiva del Poder Ejecutivo de no firmar el contrato de exploración y explotación petrolera con mi representada es contraria al ordenamiento jurídico. 2.- Consecuencia de lo anterior, que se le ordene al Poder Ejecutivo, en virtud del plazo transcurrido, que proceda en un plazo perentorio, que será establecido por esta sentencia, a la firma del Contrato de Concesión para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en los Bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3.- En caso de oposición, se condene al Estado al pago de ambas costas de la presente acción." 2. La representación estatal contestó negativamente e interpuso la excepción de falta de derecho. Asimismo, a folio 174 renunció al proceso conciliatorio.

3. El juez Daniel Aguilar Méndez, mediante resolución de las 11 horas 37 minutos del 20 de junio de 2012 de conformidad con el numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo resolvió prescindir de la celebración de audiencias.

4. El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Novena, integrada por los jueces Claudia Elena Bolaños Salazar, Elías Baltodano Gómez y Sandra María Quesada Vargas, en sentencia n.° 412-2013 de las 15 horas 15 minutos del 17 de mayo de 2013, dispuso: “Se acoge la excepción de falta de derecho y consecuentemente, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta por Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica Sociedad Anónima contra el Estado. Son ambas costas del proceso a cargo de la empresa actora”.

5. La accionante formula recurso de casación indicando expresamente las razones en las que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.

6. En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Escoto Fernández

CONSIDERANDO

I.En la demanda origen de este proceso incoada en el año 2011, Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A., (en adelante Mallon) demandó al Estado. Dijo, el 2 de noviembre de 1999, participó en la Licitación Internacional Petrolera no. 2, para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en los bloques 5, 7, 8, 9 y 10, en las zonas Norte y Atlántica. Agregó, por resolución R-105-MINAE-00, del 13 de abril de 2010, se le adjudicó la concesión dicha. Explicó, dentro de los plazos cartelarios y de ley, presentó el primer Estudio de Impacto Ambiental (en lo sucesivo EIA), el cual fue aprobado por la Secretaría Técnica Ambiental (en adelante SETENA), en resolución 866-2000-SETENA de 3 de octubre de 2000, y, confirmado por los actos 962-2003-SETENA Y 2698-2008-SETENA. Adujo, de acuerdo a la cláusula 11.1 del cartel y del numeral 43 del Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Decreto N° 25785-MINAE del 22 de enero de 1997 (en lo subsiguiente RSLCCEEH), la adjudicación es eficaz una vez que SETENA aprueba el EIA. Añadió, de esa manera, la adjudicación quedó firme el 21 de abril de 2000, momento a partir del cual, existía un plazo de seis meses para firmar el contrato. Arguyó, cumplidos todos los requisitos legales y cartelarios, el 21 de diciembre de 2000, nuevamente presentó nota a la Dirección General de Hidrocarburos (en lo sucesivo DGH) del Ministerio de Ambiente y Energía (en adelante MINAE), solicitando indicaciones para la firma del acuerdo. Manifestó, mediante oficio DGH-10-01 del 25 de enero de 2001, el MINAE contestó tal solicitud, por lo que a partir del 7 de marzo de ese año, se reunieron para negociar las cláusulas contractuales. Afirmó, el 29 de noviembre de 2001 en la Sesión Ordinaria no. XI, el Consejo Técnico de Hidrocarburos (en lo que sigue CTH), aprobó el Contrato de Concesión. Agregó, el 3 de diciembre de ese año, mediante oficio DGH-249-2001, éste fue remitido al Departamento Legal. Así, aseveró, con la aprobación del EIA y el asentimiento del CTH, y acorde a la legislación y al cartel, se concluyó el proceso previo, restando solo la firma del contrato. No obstante, reclamó, sin que mediara resolución razonada el Poder Ejecutivo se negó a hacerlo. Dijo, con posterioridad, la Asociación Justicia para la Naturaleza (en lo sucesivo AJN) presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución 866-2000-SETENA. Añadió, mediante resolución 962-2003-SETENA del 19 de agosto de 2003, el recurso fue rechazado, indicando la SETENA, que el documento denominado “PROYECTO DE RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN PARA LA FASE 1 DE PROSPECCIÓN PETROLERA EN LA REGION HUETAR NORTE Y HUETAR ATLÁNTICA DE COSTA RICA”, cumplía con lo definido como “Prospección Petrolera”. Adicionó, la AJN formuló nuevo recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad absoluta, el cual fue rechazado mediante resolución 2698-2008-SETENA, de 24 de setiembre de 2008. Arguyó, el 6 de junio de 2009, la AJN presentó Recurso de Amparo contra las resoluciones 866-2000-SETENA y 2698-2008-SETENA, el cual fue rechazado mediante sentencia 205-2010 de las 10 horas 39 minutos del 8 de enero de 2010, confirmando la validez del EIA y de la concesión. Solicita en sentencia se declare: a) que la conducta omisiva del Poder Ejecutivo al no firmar el contrato de cita es contraria al ordenamiento jurídico; b) se ordene al Poder Ejecutivo que en un plazo perentorio, proceda a la firma de dicho acuerdo; c) en caso de oposición se condene al Estado al pago de ambas costas. El Estado contestó en forma negativa. Opuso la excepción de falta de derecho. El Tribunal la acogió, declaró sin lugar la demanda, con costas a cargo de la actora, quien inconforme, acude a casación.

II.La casacionista formula cinco cargos por el fondo. A efecto de proceder a su análisis, esta Cámara considera oportuno reordenarlos, a fin de conocer primero la quinta censura, toda vez que en este se alude al quebranto de la cosa juzgada, de ahí que se altere el orden de los demás. En el primero, endilga contradicción con la cosa juzgada y con el principio de “vinculatoriedad erga ommes” de las resoluciones de la Sala Constitucional. Apunta, el numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, (en lo sucesivo LJC), dispone que la jurisprudencia y los precedentes constitucionales son vinculantes “erga ommes”. Aduce, la Sala Constitucional dictó la sentencia no. 205-2010, referente al contrato de concesión y al EIA de la primera fase. Asevera, la jurisprudencia de dicha Sala establece la obligación del juez de resolver conforme al precedente o jurisprudencia Constitucional, así como al interpretar y aplicar las normas o actos propios del asunto, conforme a tales precedentes, siempre y cuando se trate de las mismas hipótesis y supuestos, de modo que la situación puesta ante el juez sea idéntica a la resuelta en el precedente. Explica, acorde a los cardinales 13 de la LJC y 8.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en lo que sigue LOPJ), el juez ordinario no puede desacatar una línea jurisprudencial dictada por el Tribunal Constitucional. Argumenta, de acuerdo a la jurisprudencia de dicha Sala, tal vinculatoriedad se extiende a los considerandos. Así, reclama, en materia de amparo, tanto las sentencias estimatorias como las desestimatorias producen efectos de cosa juzgada material. Cita fallos en apoyo de su tesis. Rechaza el criterio de esta Cámara en cuanto a que sólo las estimatorias vinculan a los jueces, posición que considera violatoria del principio constitucional de seguridad jurídica, además, por cuanto en su opinión, pone en entredicho el carácter de “órgano supremo” de la Sala Constitucional. Adiciona, en materia de ambiente, es claro que la Sala Constitucional está en la obligación de analizar las manifestaciones técnicas y legales de la conducta, pues tales normas desarrollan en detalle el contenido de ese derecho fundamental, de ahí que deba revisar los estudios técnicos y dictámenes que fundamenten el EIA que se impugna. Interpreta, dicha Sala realiza tanto un control constitucional como de legalidad de los actos, los que en materia ambiental son inescindibles. No obstante, reitera, la Sala Primera enarbola opinión acorde a la cual, existe una diferencia entre la cosa juzgada y la vinculatoriedad, la cual dice, solo se da respecto de la interpretación de los alcances de los derechos fundamentales y las normas constitucionales, no en cuanto a los aspectos de legalidad. Cita una resolución de esta Cámara en sustento de su dicho. Continúa, la posición de este órgano decisor es errónea, pues desconoce la naturaleza jurídica de las normas y principios constitucionales, la cual explica. Señala, el contenido normativo de los derechos fundamentales viene dado no solo por su enunciación constitucional, que es la que consagra su núcleo duro, sino además, por su regulación legal y reglamentaria. Adiciona, ello por cuanto, la mayoría de los derechos fundamentales solo son operativos a partir de su desarrollo legislativo. Expone, la sola aplicación del cardinal 50 de la Constitución Política, haría imposible exigir el EIA, de ahí que sea la Ley Orgánica del Ambiente, la que precisa los alcances y límites del derecho fundamental en cuestión, haciendo posible exigir un EIA. Así, concluye, cuando la Sala Constitucional resuelve un amparo, no solo debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la conducta, sino también acerca de su legalidad, pues ese derecho no solo se configura en su núcleo duro (contenido constitucional) sino también por sus contenidos accesorios (legal y reglamentario). Refiere el manejo de esta temática en derecho comparado. Sostiene, la vinculatoriedad se extiende va más allá de las partes que intervienen en el proceso, mientras que la cosa juzgada, solo vincula a los intervinientes. Arguye, en el caso concreto, en la sentencia 205-2010, se estimó que el EIA de la primera fase de exploración, se había cumplido a cabalidad. Aduce, así, lo procedente era la firma del contrato de concesión. En efecto subraya, la Sala Constitucional determinó que lo aprobado por la SETENA era el EIA para la fase actual del proyecto, lo que en ningún momento implicaba el otorgamiento de viabilidad ambiental para las actividades de campo. Indica, confirmó de esa manera que los EIA para este tipo de proyectos, deben ser realizados por etapas tal y como lo señala la legislación vigente. Agrega, la SETENA en resolución 962-203-SETENA, señaló, que el documento: “Proyecto de Recopilación y Análisis de Información para la Fase 1 de Prospección Petrolera en la Región Huetar Norte y Huetar Atlántica”, cumple con lo definido en el Decreto como “Prospección Petrolera”. Asimismo, menciona, el numeral 4 del Decreto 26750-MINAE, dispone que la aprobación de la Fase I del estudio del EIA es requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatario de una concesión petrolera sea declarado en firme. De ahí que, estima, ostente un derecho subjetivo consolidado sobre la concesión, dado por la adjudicación en firme a su favor y la posterior aprobación del EIA. A su juicio, la Sala Constitucional tuvo por aprobada la etapa de prospección, señalando que las etapas posteriores de trabajo de campo, debían iniciar luego de la firma del contrato, previa aprobación de un EIA. Acusa, como la legislación y el cartel establecen el orden que debe seguirse en el proceso de licitación, con posterioridad al EIA, el único paso legalmente posible era la firma del contrato. Una vez firmado aquel, advierte, debía realizar los estudios de impacto ambiental y obtener la viabilidad ambiental correspondiente, previo a los trabajos de campo. Por eso, afirma, le resultaba jurídicamente imposible, realizar actividades de ejecución previas al convenio. No obstante, alega, a contrapelo de lo resuelto por SETENA y la Sala Constitucional, así como la normativa vigente, el Tribunal considera que el EIA aprobado por resolución 962-2003, no es suficiente para la primera fase de prospección. Apunta, lo dispuesto por la Sala Constitucional en su fallo 205-2010 pasó en autoridad de cosa juzgada material y tiene efectos erga omnes, de ahí que el Tribunal estuviese inhibido para conocer sobre los mismos hechos y vicios que ya se había pronunciado la Sala Constitucional. Añade, también estaba impedido para fallar en forma diversa al Tribunal Constitucional. Asegura, para los efectos de la norma 75 de la LJC, la jurisprudencia de esta Cámara y del Tribunal Contencioso Administrativo han relativizado reiteradamente los alcances de la cosa juzgada constitucional, aplicando criterios formalistas y restrictivos para la admisión de dicho instituto, en detrimento de derechos fundamentales. Por ello, considera violados los preceptos 10, 42, 48, 155 y 166 todos de la Constitución Política, así como el principio constitucional de vinculatoriedad de las resoluciones y precedentes de la Sala en cuestión, toda vez que, si bien la Sala Primera reconoce los efectos del numeral 13 de la LJC, restringe su aplicación. Cita fallos de esta Cámara que considera violatorios de ese principio. En su segundo motivo, reclama falta de aplicación del numeral 4 del Decreto nº 26750-MINAE Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental (en lo subsiguiente RREIA), y aplicación indebida de los preceptos 2 y 3 de dicho cuerpo reglamentario. Sostiene, la sentencia incurre en una contradicción insalvable. Refiere, a la vez que establece que la concesión es válida porque se perfeccionó según la normativa aplicable, y, que, la firma del contrato es solo una formalidad que no afecta el derecho del adjudicatario, posteriormente concluye que el EIA realizado no es suficiente para la firma del contrato. Adiciona, la resolución atacada tiene como hecho probado, que el acto de adjudicación a su favor, es un acto firme, al cual solo le falta la firma del Poder Ejecutivo para ser eficaz. Señala, acorde al canon 4 del RREIA la aprobación del EIA es el requisito indispensable y suficiente para que el acto de adjudicación de una concesión petrolera sea declarado en firme. Apunta, en aplicación de tal norma, el Poder Ejecutivo declaró firme la adjudicación luego que la SETENA aprobó el EIA de la primera fase –acto 866-2000-. Esboza, por ello incluso procedió a aprobar el borrador del contrato. Asimismo, relata, mediante oficio R-213-2011-MINAET del 14 de abril de 2011, el MINAE rechazó las acciones recursivas contra la resolución de cita, confirmando la aprobación del EIA. Por tanto, refiere, si las resoluciones del MINAE y SETENA y la propia sentencia recurrida admiten que el acto adjudicatario de la concesión es firme, de acuerdo al precepto 4 del RREIA, no se entiende cómo el Tribunal concluye luego que el citado EIA no es suficiente para la firma del contrato. Así, establece, si el acto adjudicatario fue declarado firme, como lo reconoce la sentencia, es porque el EIA fue aprobado. En consecuencia, cabe tenerlo como un acto precluído, cuya validez y alcance no puede ser discutida en esta sede, por no haberse impugnado en tiempo ni en forma. De ahí que la sentencia incurra en contradicción. En el tercer reproche, recrimina violación por falta de aplicación el transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo y del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública ( en adelante LGAP), 122 inciso g) del Código Procesal Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPCA) y del 121 de ese cuerpo normativo por indebida aplicación. Dice, la sentencia recurrida cuestiona las resoluciones de SETENA 866-2000 y 962-2003, e indica que aunque ambas aprueban un EIA, la realidad es que, lo que se presentó, no es un EIA, pese a ello la SETENA lo califica como tal. Esboza, se trata de actos administrativos firmes, que no fueron impugnados, razón por la cual, ningún Tribunal puede impugnar su contenido, por ser actos pasados en autoridad de cosa juzgada material. Aduce, acorde al Transitorio III del CPCA, el régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del CPCA, se regirá por la legislación vigente en ese momento. Agrega, el texto del canon 173 de la LGAP, entonces vigente, establecía un plazo de caducidad de 4 años para impugnar la validez de los actos absolutamente nulos. En consecuencia, sostiene, tales plazos de impugnación caducaron. Asevera, al modificar el contenido de tales resoluciones, la sentencia incurre en clara violación por falta de aplicación, del Transitorio III del CPCA y del ordinal 173 de la LGAP. Recrimina, asimismo quebranta el cardinal 122 inciso g) del CPCA, por cuanto, al haber pasado en autoridad de cosa juzgada material las precitadas resoluciones de SETENA, que tuvieron por aprobado el EIA, el Tribunal tenía que ordenarle al Poder Ejecutivo firmar el contrato. Paralelamente, asegura, el fallo lesiona el mandato 121 del CPCA por aplicación indebida, dado que declaró sin lugar la demanda por no considerarla ajustada al ordenamiento jurídico. Ello, al considerar que SETENA se equivocó al denominar EIA a un estudio que, según su interpretación, no reunía esas características técnicas, a pesar de que son actos firmes. En la cuarta censura, reclama violación de los artículos 1,2, 3, 4, del RREIA, Decreto 26750- MINAE, por interpretación errónea. Considera, en su resolución, el Tribunal acepta expresamente la normativa establecida en los numerales 1, 2, 3 y 4 del RREIA. Arguye, dicha resolución en su considerando VII, reconoce lo establecido por los preceptos 1 y 2 del Decreto en cuestión. Argumenta, teniendo claridad respecto a la normativa aplicable, es válido establecer que el fallo incurre en contradicciones, que implican una inadecuada interpretación fáctica y jurídica de la situación. Manifiesta, en el considerando X, los jueces consideran que la SETENA es el órgano competente en la evaluación de los EIA, Sin embargo, apunta, más adelante, desconoce esa competencia, e incluso “coloca por encima” un oficio elaborado por el Director General de Hidrocarburos, quien no es experto en temas ambientales. Refiere, pese a aceptar los jueces que la norma expresamente indica que la metodología empleada, sea de forma indirecta o directa, permite obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, optan por desconocer la letra expresa de la normativa, así como los criterios técnicos expuestos en la demanda y prueba. Añade, de esa manera, justifican que se requiere al menos algún grado de impacto ambiental, para desconocer su derecho y la obligación del Estado de firmar el contrato. Expone, los jueces hacen una diferencia donde la normativa no lo hace, indicando de forma errónea, que es necesario utilizar metodología directa –aquella que produce algún tipo de impacto ambiental-, cuando la propia legislación es clara y excluyente en cuanto a los métodos a utilizar. Explica, la norma indica que puede ser un método u otro, sin referir deban ser utilizados en forma conjunta. Aclara, una cosa son las fases mínimas que señala el RREIA, a saber, Fases de Prospección I y Exploración Intensiva II, y dentro de cada fase, existen diferentes metodologías que pueden ser indirectas o directas, dependiendo del tipo de actividad que se realice. Continúa, esto quiere decir, que lo señalado en el Decreto es una descripción de las actividades que pueden realizarse en la Fase I Prospección y cuales en la Fase II Exploración Intensiva, pero de ninguna manera significa que deben realizarse todas y cada una de las actividades ahí descritas. Revela, es posible que con datos obtenidos de metodologías indirectas se pueda avanzar a las siguientes fases de exploración, por el contrario, lo que no podría permitirse y el Decreto así lo establece, es que se realicen actividades de campo sin que exista un EIA. Comenta, lo que se envía a SETENA para su valoración y aprobación de los EIA, es las actividades a realizar en las diferentes metodologías. Cita definición del EIA según la norma 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554 del 14 de octubre de 1995 (en lo sucesivo LOA) y dictámenes de la Procuraduría General de la República. Sostiene, es diferente decir que el RREIA exige que se realicen todas las metodologías directas e indirectas en cada fase. Discrepa, lo que exige es que sólo se puedan hacer en cada fase las actividades especificadas en aquel, sean por métodos directos o indirectos y que antes de realizarlas se cuente con el EIA. Asegura, esto fue resuelto por el fallo 2010-205 de la Sala Constitucional, conforme al cual, previo a realizar cualquier actividad de campo, se realizarán los EIA. Aduce, no obstante la claridad de lo normado, los jueces consideran que para cumplir con tales requisitos es necesario realizar labores de campo, posición de naturaleza técnica que no se sustenta en la opinión de un experto, máxime cuando se rechazó la prueba técnica ofrecida. De ahí que, asevera, es evidente la contradicción en la cual se cae, pues se contraviene además la interpretación hecha por SETENA al considerar que se cumple con lo dispuesto en el Decreto. En el quinto motivo, alega, violación de los numerales 83 y 84 de la LOA, por falta de aplicación y de los preceptos 3 y 22 de la Ley de Hidrocarburos, Ley 7399 (en lo sucesivo LH) por aplicación indebida. Esboza, en el considerando X de la resolución combatida, los jueces consideran que la SETENA es un órgano competente en la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, aduce, esta se desconoce mas adelante, colocando sobre ella un oficio elaborado por el director de la DGH, quien no es experto en temas ambientales. Dicho oficio, -DGH332-2002 de 1º de agosto de 2002, continúa, establece que el estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA, no da por finalizada la fase I, por cuanto no es un estudio de prospección. Cita cuatro resoluciones emitidas por SETENA, en las cuales, dice, se señala expresamente que el EIA para la Fase I de prospección se completó. Adiciona, incluso el propio MINAE en su resolución R-21-2011-MINAET, del 14 de abril de 2011, reconoció que el EIA para la Fase I, Prospección se encontraba completo. En consecuencia, establece, erróneamente, los jueces otorgan al oficio DGH332-2002 un carácter vinculante, que por Ley no posee, por cuanto, fue emitido por el Director General de Hidrocarburos del MINAE, quien acorde al canon 11 de la LH, no requiere ser un experto en valoración de EIA. Agrega, tampoco se puede concluir que un Director de Hidrocarburos, tenga las competencias técnicas y legales para determinar con fundamento en la norma 16 de la LGAP, un criterio basado en reglas unívocas de la ciencia o la técnica. Menciona, tampoco el numeral 3 de la LH, le confiere una potestad rectora a la DGH como en efecto la posee SETENA. Asevera, ello se corrobora en el dictamen de la PGR, el cual transcribe. Estima, se confundió en el oficio de la DGH lo que es un Plan de Trabajo (competencia de la DGH), con un EIA, (competencia de SETENA). Enfatiza, solo esta última puede establecer si un EIA está completo o no. Refiere, las competencias de la SETENA vienen dispuestas por los ordinales 83 y 84 de la LOA. Cita fallo de la Sala Constitucional 5276-2000 en el cual se indica la competencia exclusiva de SETENA, para evaluar y aprobar un EIA. Menciona, de acuerdo a criterios de la PGR no es dable la transferencia de competencias entre entes salvo norma expresa. Agrega, en el caso concreto no hay disposición que autorice al Director General de Hidrocarburos para emitir un dictamen vinculante para el SETENA. Aduce, llama la atención que el Director a pesar de no haber estado de acuerdo con SETENA no haya presentados los recursos del caso, sobre lo cual ha llamado la atención la PGR. Finalmente, afirma, en caso de que se quiera dar valor al DGH-332-2002, que la LH no le otorga por no ser vinculante ante SETENA, debe tenerse en cuenta otro oficio, que no fue mencionado en la resolución recurrida –DGTCC-0075-09 del 21 de enero de 2009, el cual señala que para la DGH, el EIA, fue aprobado por SETENA. Apunta, queda la interrogante del porqué no se le dio igual trato de importancia al señalado por su antecesor. Recalca, los argumentos establecidos en el oficio DGH-332-02 por parte del Director General, fueron conocidos por la Sala Constitucional, en el citado voto 205-2010.

III.La casacionista menciona transgresión al principio de “vinculatoriedad erga ommes” de las resoluciones de la Sala Constitucional. Sin embargo, no establece la forma en la cual el Tribunal lo violenta. Aunque sostiene la obligación del juez de resolver conforme al precedente o jurisprudencia Constitucional, así como en cuanto a interpretar y aplicar las normas o actos propios del asunto conforme a tales precedentes, no menciona la manera en que los juzgadores se habrían separado de dicho principio. La recurrente sostiene su rechazo a las tesis que dice, ha expuesto esta Cámara en cuanto a que sólo las sentencias estimatorias vinculan a los jueces. No obstante, no hace ninguna observación atinente al fallo que combate. Observa esta Sala, los argumentos de la casacionista se dirigen básicamente a puntualizar su rechazo a las posiciones que según expresa, ha enarbolado este órgano decisor, en cuanto a la diferencia entre cosa juzgada y vinculatoriedad del fallo Constitucional. No obstante, no solo no consta que el Tribunal haya excedido la facultad dispuesta por ordinal 49 de la Carta Magna, a fin que la jurisdicción contencioso administrativa ejerza el control universal de la función administrativa del Estado, sus instituciones y de todas las entidades sujetas al Derecho Público, sino que tampoco se puntualiza en que consiste el error en que se aduce, caen los juzgadores en su fallo. Debe hacerse notar, en el agravio de cita, la casacionista no hace referencia a defecto alguno imputable a la resolución del Tribunal. Por el contrario se limita a definir su posición respecto del carácter erga ommes de la jurisprudencia Constitucional, para lo cual cita fallos de ese Tribunal y doctrina comparada. Asimismo, establece con claridad su antagonismo con posiciones que atribuye a este órgano colegiado, sin que identifique su ligamen con la sentencia que enfrenta. En efecto, el Tribunal en su sentencia, no hizo alusión alguna a la distinción entre cosa juzgada constitucional y vinculatoriedad, tampoco utilizó o citó fallos de esta Cámara para justificar alguna posición discordante a sentencias de la Sala Constitucional. No rechazó argumentos de la demandante en ese sentido, mas aún, estos no le fueron sometidos por la accionante en su demanda. Así las cosas, visto que el reproche omite cualquier cuestionamiento de la sentencia objeto del recurso extraordinario y sin que la actora explique con claridad en que consiste la violación que atribuye de los cardinales 13 de la LJC y 8.2 de la LOPJ, es innegable, el cargo resulta improcedente.

IV.En cuanto al segundo cargo, el Tribunal indicó, el cartel de examen recoge lo dispuesto en el artículo 43 del RSLCCEEH, disponiendo que la adjudicación será válida pero no eficaz, hasta tanto no se dé una aprobación del EIA, por parte del MINAE. Agregó, en armonía con lo anterior, el canon 3 del RREIA, refiere que la fase I del EIA, corresponde a la prospección, fase que de conformidad con el ordinal 4 de dicho texto normativo, es requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo requiere el ordinal 41 de la LH. Consideró, acorde a la legislación de cita, la fase I de prospección dota de eficacia el acto adjudicatorio, por lo que deviene indispensable determinar lo que esa fase comprende. Argumentó, el Decreto en cuestión establece, tratarse de una: "Evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, en la cual la metodología empleada ya sea de forma indirecta, o directa, permite obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Son incluidos como parte de estos métodos los siguientes: cartografiado geológico básico; colecta de muestras geológicas y/o geoquímicas, por métodos manuales (utilizando martillo geológico y otros instrumentos manuales, tales como perforadoras portátiles; cuya aplicación no requiera de la construcción de caminos, movilización de maquinaria pesada, o preparación previa del terreno a prospectar, en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos), métodos geofísicos tales como sísmica (reflexión y/o refracción), gravimetría, magnetometría, métodos de resistividad, magnetotelúricos, y aquellos otros cuya aplicación se restrinja al uso de instrumentos manuales cuya labor no requiere de la aplicación de maquinaria, ni la apertura de trochas, ni caminos, ni perforaciones exploratorias en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos a no ser que exista una evaluación previa y una autorización expresa de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL para su implementación en estas actividades" (la mayúscula corresponde al original). Subrayó, en el Resumen Ejecutivo presentado en julio del año 2000, para el "Proyecto de Recopilación y Análisis de Información para la Fase I de Prospección Petrolera en la Región Huetar Norte y Huetar Atlántico de Costa Rica", expediente SETENA no. 126-2000, se indica que: "… consta de una serie de actividades de características tales que no generan impacto ambiental. Esto se dice principalmente debido al hecho que por tratarse de recopilación de información ya existente, no se harán labores de campo y por lo tanto no habrá interacción con el medio..." Expresó asimismo, dicho Tribunal, con base en la información brindada, la SETENA, en la resolución no. 866-2000-SETENA, indica que en el artículo 26 adoptado en la sesión ordinaria no. 037-2000 de esa Secretaría, del 3 de octubre del 2000, se acordó: "Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, basado en el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos 7399. Esta aprobación se otorga en el entendido de que la actividad que se ha presentado en el Estudio de Impacto Ambiental consta con la recopilación y análisis de la información bibliográfica relacionada con los aspectos geológicos, topográficos, físicos, geofísicos y biológicos, de manera que permita determinar el potencial de prospección y otros estudios adicionales en los bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10, con una superficie total de 99497,15 kms². Si posteriormente se decide la realización de las explosiones de las zonas estudiadas, se aplicará lo dispuesto en la Ley (art. 41 de la ley de hidrocarburos) en relación con este tipo de actividad." Aseveró, no obstante lo indicado por dicho órgano en la resolución parcialmente transcrita; a través del oficio SG-1293-2002 (AJ)- SETENA, el órgano en cuestión, le solicita a la DGH, criterio técnico en torno al documento presentado por la firma actora y aprobado en la resolución 866-2000-SETENA, a efecto de que ésta lo analice e indique si cumple o no con lo dispuesto en el Decreto 26750-MINAE y la legislación actual de hidrocarburos. Dijo, la DGH es el órgano técnico especializado del MINAE, a cuyo cargo se encuentran los trámites y los procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar correctamente los contratos de exploración y explotación petrolera (artículos 3 y 22 de la LH). Lo anterior, relató, es conteste al afirmar en el oficio DGH332-2002, de 1º de agosto de 2002, que el EIA presentado por la actora y aprobado por SETENA no da por finalizada la fase I, por cuanto no es un estudio de prospección. Afirmó, ello por cuanto, lo comprendido en el proyecto de recopilación y análisis de información presentado por la actora, corresponde a actividades de gabinete que no se encuentran dentro de los métodos descritos en la definición de prospección petrolera del artículo 1 del Decreto no. 26750-MINAE y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 de la LOA, ya que el Decreto refiere a actividades geológicas y geofísicas de campo, sean terrestres o marinas. Además, indicó, dicho oficio afirma que los EIA asociados a un contrato de concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos, deben estar relacionados con actividades de campo comprendidas en el “Plan de Esfuerzo Exploratorio Ofertado” que se adjudicó en el proceso licitatorio, por lo que se requiere necesariamente de tales actividades. Esbozó, en virtud de la respuesta brindada, la SETENA en resolución no. 962-2003-SETENA, de las 14 horas 40 minutos del 19 de agosto de 2003, aclaró los alcances de la resolución 866-2000-SETENA, informando que lo aprobado es únicamente para el proyecto de recopilación y análisis de información para la fase I de prospección petrolera, lo cual no implica el otorgamiento de la viabilidad ambiental para las actividades de investigación de campo. Resaltó, ello coincide con lo expuesto por el Secretario General de la SETENA en el oficio SG-722-2002 (AJ)-SETENA de 16 de mayo de 2002, en el cual se indica que el documento presentado en fecha 12 de julio del 2000 por la actora, no corresponde a un EIA. Elaboró, si bien es correcto afirmar que de la definición de prospección petrolera del Decreto 26750-MINAE, se extrae que la metodología para obtener la evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, puede realizarse de forma indirecta o directa, lo cierto es que la norma parte de la premisa de un impacto ambiental en pequeña escala, al exponer que con esa metodología, se puedan obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Aseveró, es en razón de ese impacto ambiental, que en los cánones 2 y 3 del RREIA se prevé la fase I de prospección, -de conformidad con el artículo 4 de dicho texto normativo-, requiere indispensablemente de un EIA, suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo exige el artículo 41 de la LH. Esta interpretación, adujo, resulta conforme con el artículo 50 Constitucional y el numeral 17 de la LOA, que impone que toda actividad humana potencialmente dañina al ambiente sea evaluada antes de su realización. Señaló, bajo este razonamiento y al amparo de los preceptos 41 de la LH y 43 del RSLCCEEH, y artículos 2 y 3 del RREIA, -que exigen para dotar de eficacia la adjudicación efectuada, el contar con la aprobación del EIA-, es claro que para cumplir con este requisito, era necesario realizar labores de campo. Agregó, no es lógico partir de la premisa, de que la recopilación y análisis de información provoquen un impacto en el ambiente, toda vez que este es inexistente en los términos expuestos por la firma actora, la cual indica en el resumen ejecutivo de análisis, que: "El proyecto de Recopilación y Análisis de Información consta de una serie de actividades de características tales que no generan impacto ambiental. Esto se dice principalmente debido al hecho que por tratarse de recopilación de información ya existente, no se harán labores de campo y por lo tanto no habrá interacción con el medio..." Aunado a lo anterior, aseguró, es evidente que la simple labor de recopilación y análisis de información, no corresponde a una conducta que genere impacto ambiental alguno, por lo que lógicamente, no puede tenerse por aprobado el estudio de impacto ambiental que invocan las normas transcritas. De esta manera, enfatizó, pese a que la SETENA indica en la resolución no. 866-2000-SETENA, que aprueba un EIA, es claro que la denominación utilizada por el órgano técnico no es la correcta, toda vez que el contenido y la naturaleza real del documento presentado por la actora no corresponde a la de un EIA. Observa esta Cámara, que en el resumen ejecutivo presentado en julio de 2000 por la empresa accionante, se establece con claridad, que la sociedad demandante no realizó actividades que generaran impacto ambiental, al indicar: "El proyecto de Recopilación y Análisis de Información consta de una serie de actividades de características tales que no generan impacto ambiental. Esto se dice principalmente debido al hecho que por tratarse de recopilación de información ya existente, no se harán labores de campo y por lo tanto no habrá interacción con el medio..." Asimismo, ello es ratificado en el hecho tenido por acreditado no. 7 de la sentencia combatida, en el cual se establece que en la resolución no. 866-2000-SETENA, en el artículo 26 de la sesión ordinaria no. 37-2000 de SETENA se acordó: "Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, basado en el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos 7399. Esta aprobación se otorga en el entendido de que la actividad que se ha presentado en el Estudio de Impacto Ambiental consta con la recopilación y análisis de la información bibliográfica (…) Si posteriormente se decide la realización de las explosiones de las zonas estudiadas, se aplicará lo dispuesto en la Ley (art. 41 de la ley de hidrocarburos) en relación con este tipo de actividad." Asimismo, lo anterior es confirmado por el oficio SG-722-2002 (AJ)-SETENA de 16 de mayo de 2002, en el cual la SETENA indicó que el documento presentado el 12 de julio de 2000 por la actora, con relación al expediente de interés no corresponde a un EIA. De igual manera, dicha Secretaría a través del oficio SG-1293-2002 (AJ)- SETENA, de 31 de julio de 2000, solicitó criterio a la DGH, en torno a los alcances del documento presentado por la actora, aprobado en la resolución 866-2000-SETENA, a efecto que lo analizara y determinara si cumplía con lo dispuesto en el Decreto 26750-MINAE y la legislación actual de hidrocarburos. Ante esa solicitud, la DGH en su oficio DGH-332-2002, indicó que el documento en cuestión no daba por finalizada la fase I, por cuanto no es un estudio de prospección. Adicionalmente, en resolución no. 962-2003-SETENA, se aclaró que lo aprobado por la SETENA en el expediente de examen, aunque denominado EIA, era tan solo el “Proyecto de Recopilación y Análisis de Información para la Fase I de Prospección Petrolera”, sin que ello implicara el otorgamiento de la viabilidad ambiental para las actividades de campo. (hechos tenidos por demostrados del 6 al 12 del fallo combatido). En consecuencia, es evidente, en lo medular el argumento de la casacionista resulta infructuoso a efecto de establecer la violación apuntada, pues no existe contradicción en la tesis esbozada por el Tribunal. Los juzgadores mantuvieron en todo momento claridad en cuanto a que el estudio aportado, no corresponde al EIA que acorde a la legislación y al cartel, debía ser presentado a fin de concluir con la Fase I de Prospección. De esa manera, la restante construcción del cargo resulta estéril pues está fundamentada en una supuesta contradicción en las tesis de los juzgadores, la cual según se ha visto, no existe, de ahí que tampoco pueda tenerse por acreditado el quebranto de cita, razón por la cual, el cargo debe de rechazarse.

V.Referente al tercer reproche, estima este órgano decisor, de acuerdo a lo expuesto en el considerando III de este fallo, los criterios emitidos por el Tribunal en cuanto a la naturaleza de los informes presentados por la accionante, responden a criterios técnicos, expuestos no solo por la DGH del MINAE, sino por la propia SETENA. Así se desprende de los hechos tenidos por demostrados 6 al 12 de la sentencia impugnada. En esa dirección, no es dable atribuir a los juzgadores un error en la interpretación de la naturaleza de los informes o análisis presentados ante SETENA, al considerar que no son un EIA, pues ello no solo deriva del propio Resumen Ejecutivo presentado en julio del año 2000 por la accionante, el oficio DGH332-2002, la resolución no. 962-2003-SETENA y el oficio SG-722-2002 (AJ)-SETENA de 16 de mayo de 2002, donde es claro que los estudios presentados por Mallon, no constituyen los estudios de impacto ambiental. Asimismo cabe deducirlo de los diversos oficios emitidos por SETENA, de los cuales resulta, lo realizado no posee la naturaleza de un EIA. Ahora bien, independientemente de lo expuesto, es claro que la presente litis ha sido planteada a fin de establecer la supuesta conducta omisiva del Poder Ejecutivo al no firmar el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, la cual, en criterio de la demandante resulta contraria al ordenamiento jurídico. Asimismo, pidió, se ordene al Poder Ejecutivo que en un plazo perentorio se proceda a la firma de dicho acuerdo. De lo anterior es natural interpretar, que dentro del proceso planteado, el Tribunal estaba en la obligación de valorar si en efecto la empresa actora había cumplido o no con los requisitos cartelarios y de Ley a fin de obtener la firma que, según aduce la actora, el Estado injustificadamente negó. Así las cosas, es innegable, no lleva razón la recurrente al plantear la imposibilidad de revisar los acuerdos emitidos por el órgano técnico SETENA, no. 866-2000-SETENA, 962-2003-SETENA y 2698-2008-SETENA, en virtud de una cierta “preclusión” o firmeza administrativa que desde esa perspectiva, impide su análisis a este punto. En efecto, carece de interés el hecho de que tales actos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del CPCA. Básicamente, por cuanto se está ante una demanda de conocimiento dirigida a establecer el incumplimiento del Estado, circunstancia que, con el objeto de dilucidar la validez de las pretensiones de la demandante, obliga al estudio de si en realidad, la documentación presentada por la actora implicó el cumplimiento de los requisitos cartelarios y legales establecidos. Además, porque de los criterios técnicos externados por la propia SETENA y otros órganos técnicos, los cuales la demandante ha señalado como actos no sujetos a revisión, resalta que la actora no presentó los EIA necesarios para reclamar la conducta administrativa aquí requerida. Por consiguiente, la argumentación expuesta por la casacionista es infructuosa a fin de quebrar el fallo, toda vez que, son los propios actos que se reclaman administrativamente firmes, los que sustentan la tesis del Tribunal en cuanto a la falta de presentación de los EIA necesarios para tener por cumplida la fase I de prospección, razón que obliga al rechazo del agravio.

VI.Referente al cuarto reproche, es la posición de este órgano decisor, en los términos expuestos en el considerando III de esta resolución, es claro, los juzgadores hacen acopio de las manifestaciones de órganos técnicos en cuanto expresan, la actora no aportó los EIA necesarios a fin de tener por cumplida la Fase I de Prospección. Evidentemente, al contar con el fundamento necesario para ello, el fallo impugnado no incurre en tal tipo de contradicción, pues es indudable, el fundamento para dichas aseveraciones cuenta con el sustento científico que al efecto proveen SETENA y la DGH, al establecer la insuficiencia de los informes o análisis presentados, los cuales, se aseveró, no alcanzan la categoría de estudios de impacto ambiental requeridos para el caso concreto. Así las cosas, al ser evidente que no existe tal contradicción, el cargo no es útil. No se puede establecer la violación de las disposiciones 1, 2, 3 y 4 del RREIA, partiendo para ello de una supuesta “contradicción”, que como se ha visto, no existe, pues no hay manifestaciones de parte del Tribunal en su sentencia que den la razón a la parte recurrente en ese sentido. De conformidad, el cargo resulta insostenible, por lo que debe rechazarse.

VII.Respecto al quinto motivo, opina esta Sala, tal y como ya se indicó en anteriores considerandos de este fallo, el Tribunal no incurrió en contradicciones respecto a la competencia de SETENA. En efecto es el propio órgano el que primero denomina EIA al documento presentado por la actora, para luego establecer que no se trata en realidad de un estudio de esa naturaleza. En efecto en el considerando III de esta sentencia se expuso ampliamente el criterio del Tribunal, acorde al cual, en el Resumen Ejecutivo presentado en julio del año 2000, la compañía actora indica que las actividades realizadas: “…no generan impacto ambiental”. Asimismo, que en la resolución no. 866-2000-SETENA, dicha secretaría técnica acordó aprobar el EIA, en el entendido de que la actividad presentada en el EIA, consta de una recopilación de análisis de la información bibliográfica. También aseveró, por oficio SG-1293-2002 (AJ)- SETENA, el órgano en cuestión, solicitó a la DGH criterio técnico en cuanto a los alcances del documento presentado por la aquí accionante, el cual según la DGH, órgano técnico especializado del MINAE, no alcanzó a dar por finalizada la fase I, ello por cuanto, la información presentada por la actora, no se enmarca en los métodos descritos como prospección petrolera. De tal manera, es indiscutible, no es el Tribunal el que otorga carácter vinculante al oficio DGH332-2002 emitido por la DGH. Por el contrario, simplemente se limitó a valorarlo en las condiciones en que fue elaborado, como consecuencia de una petición expresa de la SETENA, órgano que solicitó un criterio técnico a la DGH, a fin de establecer a ciencia cierta, el carácter del informe brindado por la accionante. Asimismo, esbozó el Tribunal, no quedó duda al respecto, puesto que la SETENA en resolución no. 962-2003-SETENA, aclaró los alcances de la resolución 866-2000-SETENA, externando que lo aprobado no implicaba el otorgamiento de viabilidad ambiental. Finalmente, resaltó, ello va de la mano con el oficio SG-722-2002 (AJ)-SETENA de 16 de mayo de 2002, en el cual se indica que el documento presentado en fecha 12 de julio del 2000 por la actora, no corresponde a un EIA. De esta manera, enfatizó el Tribunal, la denominación utilizada por el órgano técnico no era la correcta, toda vez que el contenido y la naturaleza real del documento presentado por la demandante no correspondía a la de un EIA. Así las cosas, para ésta Cámara, es evidente que los juzgadores solo confirieron al oficio DGH332-2002 su debido carácter, en tanto es innegable, fue la propia SETENA la que elevó el tema en consulta ante el órgano técnico del MINAE. De igual manera, son varios los oficios de SETENA que evidencian su opinión indubitable, en el sentido de que, la actora no completó los requisitos necesarios a fin de contar con la viabilidad ambiental. Así las cosas, no es dable establecer una violación a las normas 83 y 84 de la LOA, ni de los preceptos 3 y 22 de la LH, pues el Tribunal no ha trastocado el verdadero sentido de las competencias otorgadas por dichas leyes, ni ha evidenciado tampoco la contradicción harto apuntada. No se observa en el considerando de cita, valoraciones ni elucubraciones de los juzgadores referentes a las competencias de SETENA o de la DGH en materia de estudios de impacto ambiental que pudieran poner en entredicho lo hasta aquí expuesto. En consecuencia el cargo resulta insuficiente para casar la sentencia, de ahí su rechazo.

VIII.En mérito de lo expuesto, procederá denegar el recurso, y establecer sus costas a cargo del recurrente conforme al canon 150.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de quien lo interpuso.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez CGZAMORA/MCAMPOSS Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos
    • Environmental Law 7554 — EIA, SETENA, and Public ParticipationLey Orgánica del Ambiente 7554 — EIA, SETENA y Participación Pública

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley 7554 Arts. 17, 83, 84
    • Ley 7399 Arts. 3, 22, 41
    • Decreto 26750-MINAE Arts. 1-4
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