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Res. 00925-2015 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 06/08/2015

Concessionaire's civil liability for landslide during public works constructionResponsabilidad civil del concesionario por deslizamiento en obra pública

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OutcomeResultado

Cassation appeals deniedSin lugar los recursos

The Chamber denied the cassation appeals, confirming the exclusive liability of the private companies for the material and moral damages caused by the landslide during the highway construction.La Sala declaró sin lugar los recursos de casación, confirmando la responsabilidad exclusiva de las empresas privadas por los daños materiales y morales ocasionados por el deslizamiento durante la construcción de la carretera.

SummaryResumen

The First Chamber of the Supreme Court of Justice of Costa Rica resolved the cassation appeals filed by two companies condemned in an administrative proceeding for material and moral damages arising from a landslide that occurred during the construction of the San José-Caldera highway. The cassation ruling confirmed that liability for the damages rested solely with the private companies (concessionaire and subcontractor) and not with the State or the National Concessions Council, in accordance with the General Law on Concession of Public Works with Public Services (Law 7762). It was established that the landslide was caused by excavation and an inappropriate slope design, lacking required hydrogeological and structural studies. Objections regarding lack of jurisdiction, inconsistency of the ruling, and absence of causal link were rejected, and the moral damages award was upheld. The ruling is relevant because it delineates the tort liability of public works concessionaires toward injured third parties, excluding the State when the damage arises directly from the contractor's performance.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica resolvió los recursos de casación interpuestos por dos sociedades condenadas en un proceso contencioso administrativo por daños materiales y morales derivados de un deslizamiento de tierras ocurrido durante la construcción de la carretera San José-Caldera. La sentencia de casación confirmó que la responsabilidad por los daños correspondía exclusivamente a las empresas privadas (concesionaria y subcontratista) y no al Estado ni al Consejo Nacional de Concesiones, conforme a la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos (Ley 7762). Se estableció que el deslizamiento fue causado por la excavación y diseño inadecuado del talud, sin los estudios hidrogeológicos y estructurales requeridos. Se rechazaron las alegaciones de falta de competencia jurisdiccional, incongruencia del fallo y ausencia de nexo causal, y se ratificaron las indemnizaciones fijadas por daño moral. La sentencia es relevante porque delimita la responsabilidad extracontractual de los concesionarios de obra pública frente a terceros damnificados, excluyendo al Estado cuando el daño proviene directamente de la ejecución del contratista.

Key excerptExtracto clave

XXI.- The General Law on Concession of Public Works with Public Services, No. 7762, contains provisions defining the tort liability of the parties to an administrative contract toward third parties injured by the performance of that agreement. In particular, regarding the liable party. Thus, Article 18(f) establishes that it is the concessionaire's obligation to "Indemnify for the damages caused to third parties as a consequence of the execution of the concession" (before the amendment made by Law 8696 of December 17, 2008—which renumbered the sections—this subsection corresponded to (e)). Article 36 states that during the construction phase, the "works shall be performed at the concessionaire's risk (…)." And finally, Article 38 provides: "Regime applicable to the Concessionaire's relationships [.-] Regarding rights and duties with third parties, the concessionaire shall be governed by the rules of Private Law. The concessionaire shall be liable to the granting Administration for any damages that may arise from any subcontracting." Among the obligations of the granting Administration set forth in Article 16, the legislature did not include repairing the damages caused by the concessionaire's performance of the contract. Indeed, as shown, it imposed that duty on the contractor, who carries out the harmful conduct (Article 18(f)). Thus, the effects of the concessionaire's activity are not attributed to the granting Administration merely by its ownership of the work and the public service. Title alone is insufficient as a primary criterion of attribution; it is not logical that the public entity must answer for conduct that—even within an administrative contract—is not its own. THEREFORE The cassation appeals filed by Constructora San José – Caldera Sociedad Anónima and Autopistas del Sol Sociedad Anónima are denied, and they shall bear the costs generated by their exercise.XXI.- La Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, no. 7762, contiene normas que definen la responsabilidad extracontractual de las partes de un contrato administrativo frente a terceros damnificados por la ejecución precisamente del convenio. En particular, en cuanto al sujeto responsable. Así, establece el canon 18 inciso f) que es obligación del concesionario “Indemnizar por los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia de la ejecución de la concesión” (antes de la modificación efectuada mediante Ley 8696 del 17 de diciembre de 2008 –que corrió la numeración de los apartes-, este inciso correspondía al e). El mandato 36 señala que durante la etapa constructiva, las “obras se ejecutarán a riesgo del concesionario (…)”. Y por último dispone el numeral 38 “Régimen aplicable a las relaciones del Concesionario [.-] En lo referente a derechos y deberes con terceros, el concesionario se regirá por las normas del Derecho Privado. Será responsable ante la Administración concedente por los daños y perjuicios que puedan derivarse de cualquier subcontratación.” Dentro de las obligaciones de la Administración concedente contenidas en el artículo 16, no incluyó el legislador el reparar los daños y perjuicios que produzca la ejecución del contrato por parte del concesionario. Y es que –como se vio- ese deber lo impuso al contratista, quien es quien despliega la conducta lesiva ordinal 18.f). De esta manera, los efectos de la actividad del concesionario no los atribuye a la Administración concedente por la mera titularidad de la obra y del servicio público. La titularidad por sí misma es insuficiente como criterio primigenio de imputación, no resulta lógico que la entidad pública deba responder por una conducta –que aún en el marco de un contrato administrativo- le es ajena. Por tanto Se declaran sin lugar los recursos de casación planteados por Constructora San José – Caldera Sociedad Anónima y Autopistas del Sol Sociedad Anónima, quienes deberán sufragar las costas generadas con su ejercicio.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Los efectos de la actividad del concesionario no los atribuye a la Administración concedente por la mera titularidad de la obra y del servicio público. La titularidad por sí misma es insuficiente como criterio primigenio de imputación."

    "The effects of the concessionaire's activity are not attributed to the granting Administration merely by its ownership of the work and the public service. Title alone is insufficient as a primary criterion of attribution."

    Considerando XXI

  • "Los efectos de la actividad del concesionario no los atribuye a la Administración concedente por la mera titularidad de la obra y del servicio público. La titularidad por sí misma es insuficiente como criterio primigenio de imputación."

    Considerando XXI

  • "El daño moral subjetivo es de valoración 'in re ipsa', esto es, pende de las estimaciones del juzgador no sobre elementos probatorios concretos, sino sobre indicios y sobre el cuadro fáctico mismo, de los cuales se deduce por lógica una afectación en la esfera extrapatrimonial del individuo."

    "Subjective moral damage is assessed 'in re ipsa', that is, it depends on the judge's estimation not on concrete evidentiary elements, but on indications and the factual scenario itself, from which a non-patrimonial injury to the individual is logically inferred."

    Considerando XII

  • "El daño moral subjetivo es de valoración 'in re ipsa', esto es, pende de las estimaciones del juzgador no sobre elementos probatorios concretos, sino sobre indicios y sobre el cuadro fáctico mismo, de los cuales se deduce por lógica una afectación en la esfera extrapatrimonial del individuo."

    Considerando XII

  • "Es claro que la parte actora peticionó se condenara a los codemandados a cancelar los daños materiales sufridos por Constructora Guter, (…) luego decidió limitar el debate a la existencia, difiriendo para la fase de ejecución del fallo el establecimiento de la cuantía, según lo dicho por el Tribunal."

    "It is clear that the plaintiff requested that the co-defendants be ordered to pay the material damages suffered by Constructora Guter, (…) then decided to limit the discussion to the existence, deferring the determination of the quantum to the enforcement stage of the ruling, as stated by the Tribunal."

    Considerando VII

  • "Es claro que la parte actora peticionó se condenara a los codemandados a cancelar los daños materiales sufridos por Constructora Guter, (…) luego decidió limitar el debate a la existencia, difiriendo para la fase de ejecución del fallo el establecimiento de la cuantía, según lo dicho por el Tribunal."

    Considerando VII

  • "Las conclusiones del perito geólogo Gómez Bonilla son la prueba idónea para determinar el nexo de causalidad entre el talud efectuado, las obras y el deslizamiento de 2009."

    "The conclusions of the geological expert Gómez Bonilla are the appropriate evidence to determine the causal link between the slope executed, the works, and the 2009 landslide."

    Considerando XVII

  • "Las conclusiones del perito geólogo Gómez Bonilla son la prueba idónea para determinar el nexo de causalidad entre el talud efectuado, las obras y el deslizamiento de 2009."

    Considerando XVII

Full documentDocumento completo

Procedural marks

First Chamber of the Supreme Court Date of Resolution: August 6, 2015, at 14:55 Case File: 10-001778-1027-CA Analyzed by: FIRST CHAMBER *100017781027CA* Res. 000925-F-S1-2015 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours fifty-five minutes on August sixth, two thousand fifteen.

A declaratory proceeding declared as preferential processing, filed in the Administrative and Civil Treasury Court by JOSÉ MARTÍN IRÍAS HERNÁNDEZ, businessperson, resident of Alajuela, in his personal capacity and as unlimited general attorney-in-fact of CONSTRUCTORA GUTER MARTINIS SOCIEDAD ANÓNIMA, ADILZA MURILLO BLANCO, businessperson, resident of Alajuela, MACIEL IRÍAS MURILLO, single, student, resident of Alajuela, MAYLIN IRÍAS MURILLO, student, resident of Alajuela, JUAN MANUEL VÍQUEZ, industrial engineer, resident of Alajuela; against the STATE, represented by the attorney Georgina Chaves Olarte, the CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES, represented by Minister Francisco Jiménez (does not indicate second surname), AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its unlimited general attorneys-in-fact, Cristian Sandoval Cataldo, Chilean national, civil engineer, Carlos Jaraquemada Valle, Spanish national, economist, Gastón Orostegui Torvisco, Chilean national, civil engineer, Javier Carriedo Cuesta, Spanish national, economist, CONSTRUCTORA SAN JOSÉ CALDERA CSJC SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its unlimited general attorneys-in-fact Jose Salvador Pelaez Vilchez, Spanish national, industrial engineer, Enrique Marijúan Castro, Spanish national, engineer. Acting as special judicial attorneys, for the plaintiffs, Geovanny Sibaja Fallas; for the CNC, Gabriela León González, single, resident of Alajuela, Jorge Madrigal Sancho, single; for Autopistas del Sol, Luis Ortiz Zamora, does not indicate marital status, Mauricio Salas Villalobos, does not indicate marital status. The individuals are of legal age, and with the exceptions noted, married, attorneys, and residents of San José.

WHEREAS

1.- Based on the facts they set forth and the legal provisions they cited, the plaintiffs filed a declaratory proceeding, so that in the judgment it be declared: “…the present lawsuit is granted in all its respects. – That the non-conformity of the administrative conduct with the legal system and all related actions be declared. – That the judgment jointly and severally condemn the State and the other co-defendants to pay the Material Damages suffered by the plaintiff company Constructora Guter Martini S.A., material damages, which in accordance with the expert report of engineer Luis Alberto Rodríguez Astúa, consist of payment to the company Constructora Guter Martini S.A. of the sum of One Million Nine Hundred Eighty-Seven Thousand Nine Hundred Seventy-Eight dollars, legal tender currency of the United States of America ($1,987,978.00). That is, in accordance with article 222 subsection m) i, it is requested that the defendants be jointly and severally condemned to pay damages, with a pronouncement on their existence and amount. – That the judgment jointly and severally condemn the State and the other co-defendants to pay the Moral Damages suffered by the undersigned, José Martín Irías Hernández, Adulza Murillo Blanco, MAciel Irías Murillo, Maylin Irías Murillo and Juan Manuel Víquez Quesada, moral damages, which in accordance with the expert report of expert engineer Luis Alberto Rodríguez Astúa, correspond to the sum of Two Hundred Fifty Thousand dollars, legal tender currency of the United States of America, ($250,000.00) at a rate of Fifty Thousand dollars, legal tender currency of the United States of America, ($50,000.00) for and to each of the undersigned. That is, in accordance with article 122 subsection m) i, it is requested that the defendants be jointly and severally condemned to pay moral damages, with a pronouncement on their existence and amount. – That the judgment jointly and severally condemn the State and the other co-defendants to pay all personal and procedural costs. – That the condemnatory judgment perform an effective indexation of the monetary portion in accordance with article 123 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. – That the condemnatory judgment establish that the defendants must carry out some technical mitigation measure that guarantees the safety of the persons who transit the area and the safety of the other persons who inhabit the area.” 2.- The defendant parties answered negatively. The state attorney raised the defenses of lack of passive locus standi (legitimación ad causam pasiva), lack of active locus standi; the attorneys for the CNC and those for Autopistas del Sol filed the defenses of lack of right, lack of locus standi, lack of interest, and the generic expression “sine actione agit”. The attorneys for Constructora San José-Caldera filed those of lack of right and lack of active locus standi (legitimación ad causam activa).

3.- At 8:30 a.m. on November 20, 2012, the preliminary hearing began, at which time the representatives of the parties spoke.

4.- The Administrative Court, Sixth Section, composed of Judge Cynthia Abarca Gómez and Judges José Paulino Hernández Gutiérrez and José Roberto Garita Navarro, in judgment no. 81-2013 at 4:00 p.m. on May 30, 2013, resolved: First: The defense of lack of passive locus standi, raised by the CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES and the STATE, is admitted; as unnecessary, a pronouncement regarding those of lack of interest and lack of right is omitted. Second: Regarding these, the lawsuit filed against them by CONSTRUCTORA GUTER MARTINI, SOCIEDA ANONIMA (sic), JOSE MARTIN (sic) IRÍAS HERNANDEZ (sic), ADILZA MURILLO BLANCO, MACIEL IRÍAS MURILLO, MAYLIN IRÍAS MURILLO, and JUAN MANUEL VÍQUEZ QUESADA is dismissed in all its respects. Third: Those same defenses raised by the other co-defendants are rejected. Fourth: Consequently, regarding AUTOPISTAS DEL SOL, SOCIEDAD ANONIMA (sic) and CONSTRUCTORA SAN JOSE (sic)-CALDERA CSJC, SOCIEDAD ANONIMA (sic), the lawsuit is declared admissible; they are jointly and severally condemned to pay the plaintiffs: A) to CONSTRUCTORA GUTER MARTINI, SOCIEDAD ANONIMA (sic), the material damage consisting of the value of the depreciation and objective and effective loss experienced by the property due to the sinking and detachment of a part of the land, which occurred in August 2009, which will also include the limitations on the free use and enjoyment that this event has implied and will imply for its owner and that, had it not occurred, the owner could exploit, provided that these restrictions or limitations are permanent. This shall be determined with expert technical assistance during the judgment enforcement phase (fase de ejecución de sentencia). B) to the individuals JOSE MARTIN (sic), ADILZA and MACIEL, the prudential sum of three million colones, for moral damages, for each of them, and to the individuals JUAN MANUEL and MAYLIN, for the same concept, the sum of five million colones. Fifth: This portion for moral damages shall be indexed from its finality until its extinction by effective payment; the amount for material damage, once converted into a monetary obligation, shall be indexed in the same manner. Sixth: Regarding the State and the Council, the case is resolved without a special award of costs. Seventh: The losing co-defendant companies are condemned to pay personal and procedural costs.” 5.- The attorneys for Autopistas del Sol and Constructora San José-Caldera file respective cassation appeals (recursos de casación), indicating the reasons on which they rely to refute the Court's thesis.

6.- In the proceedings before this Chamber, the legal requirements have been observed. The substitute magistrate López González participates in the decision of this matter.

Drafted by Magistrate López González

WHEREAS

I.- According to the facts that the Court deemed proven, the construction of the San José-Caldera highway is a public work owned by the State, granted under a concession of public works with public services (concesión de obra pública con servicio público) to Autopistas del Sol Sociedad Anónima (hereinafter Autopistas del Sol). For the construction phase, this concessionaire company subcontracted Constructora San José – Caldera Sociedad Anónima (hereinafter Constructora San José - Caldera). In August 2009, at the site located between kilometers 33 and 34 of the highway, known as Ruta Nacional no. 27, said companies excavated the land, lowered the subgrade where the highway was being built, and cut the base. A landslide (deslizamiento de tierras) occurred, which affected two properties owned by Constructora Guter Martini Sociedad Anónima (hereinafter Constructora Guter), property registration numbers 358581-000 and 016438-000, located in the province of Alajuela, Atenas, Pan de Azúcar de Concepción. The individuals José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, Maciel Irías Murillo, Maylin Irías Murillo, and Juan Manuel Víquez Quesada inhabited these properties. On September 18, 2009, Constructora San José – Caldera sent notes to Maylin Irías Murillo, Martín Irías Hernández, and “Manuel Irías Hernández,” in which it indicated that due to the construction of the public work, cracks have been observed that are approaching the property, which could render the platform where the dwellings are located unstable. Likewise, it recommended vacating as soon as possible and that it would cover the moving costs and respective rents for the time that “the situation lasts.” In a missive dated October 29, 2009, it informed them that it was carrying out the necessary tests and measurements to determine the current and future state of the landslide affecting the properties. In that same month, without specifying the exact date, Maylin Irías Murillo and José Martín Víquez Quesada vacated the house they inhabited, and remained outside for a period of one year. During the years 2010 and 2011, Constructora San José – Caldera implemented technical mitigation and prevention measures, and carried out topographic control of the land. Currently, the landslide area has been stabilized. By virtue of the foregoing, Constructora Guter, José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, Maciel Irías Murillo, Maylin Irías Murillo, and Juan Manuel Víquez Quesada sued the State, the Consejo Nacional de Concesiones, Autopistas del Sol, and Constructora San José – Caldera, so that in the judgment: 1) the non-conformity of the administrative conduct with the legal system, as well as all related actions, be declared; 2) the defendants be jointly and severally condemned to pay: 2.1) the material damages suffered by Constructora Guter, which they prudentially estimated at the sum of $1,987,978.00, as well as the consequential damages (perjuicios), 2.2) the moral damages suffered by each of the aforementioned individuals, in the amount of $250,000.00 each; 3) they must carry out some technical mitigation measure that guarantees the safety of the persons who transit the area and that of those who inhabit it; 4) pay both costs of the proceeding. The defendants opposed the lawsuit (folios 53, 54, and 698, and audio and video file of the single hearing, third part, held on April 8, 2012). The Consejo Nacional de Concesiones and Autopistas del Sol, in respective answers, raised the defenses of lack of: interest, locus standi in both forms, and right. Constructora San José – Caldera raised the defenses of lack of active locus standi and of right, specifically force majeure (fuerza mayor) and hidden defects (vicios ocultos). For its part, the State raised lack of active and passive locus standi. The Court upheld the lack of passive locus standi of the Consejo Nacional de Concesiones and the State, dismissed the lawsuit against them in all its respects, and resolved without a special award of costs. It denied the lack of: interest, locus standi, and right regarding Autopistas del Sol and Constructora San José – Caldera. It granted the lawsuit filed against them, condemning them to jointly and severally pay: 1) material damages to Constructora Guter, consisting of “the value of the depreciation and objective and effective loss experienced by the property due to the sinking and detachment of a part of the land, which occurred in August 2009, which will also include the limitations on the free use and enjoyment that this event has implied and will imply for its owner and that, had it not occurred, the owner could exploit, provided that these restrictions or limitations are permanent,” which shall be determined in the enforcement phase with expert technical assistance; 2) moral damages to José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, and Maciel Irías Murillo, in the sum of ¢3,000,000.00; and to Maylin Irías Murillo and to Juan Manuel Víquez Quesada, the amount of ¢5,000,000.00; and 3) the personal and procedural costs.

II.- Dissatisfied, Constructora San José Caldera and Autopistas del Sol file cassation appeals. The challenge by the former was fully admitted; that of the latter company was partially admitted. The admitted grievances will be heard and resolved in accordance with the cassation structure provided for in the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA); that is, first, the procedural defects; subsequently, the substantive objections. Likewise, it is noted that the charges are regrouped and renamed in accordance with the arguments raised and the grounds established by the same legal body.

Cassation for procedural violations III.- First. Under the title “A- VIOLATION OF CONSTITUTIONAL LAW NORMS and NORMS WHOSE NON-OBSERVANCE IS SANCTIONED WITH ABSOLUTE NULLITY, ARTICLES 1 SUBSECTION 1) AND 2 SUBSECTION B), AND 5, 12 SUBSECTION 3), ALL OF THE CPCA, ARTICLE 49 OF THE POLITICAL CONSTITUTION, AND ARTICLE 97 SUBSECTION 1) OF THE ORGANIC LAW OF THE JUDICIAL BRANCH ARE CONSIDERED VIOLATED,” Autopistas del Sol reproaches that the Court could not arrogate jurisdiction and competence over the determination of legal situations governed by Private Law. It continues, if there is no cause of action with the State and the CNC as established in the judgment, the proper course was for it to declare itself incompetent and refer the matter to the ordinary civil jurisdiction. The competence of the Administrative Court, it says, is regulated in the first mandate, first subsection of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPC) in relation to precepts 2.b, 5, and 12 of the same legal body. As there is no administrative liability of the State and the CNC, “there is no duty whatsoever of our represented party derived from the administrative conduct, the Administrative Litigation jurisdiction established in article 49 of the Political Constitution and article 97 subsection 1 of the Organic Law of the Judicial Branch is thus exhausted (…) for which reason the Court should have abstained -ex officio- from ruling on the merits of this matter.” It adds, it was condemned to pay material damages, in violation of canon 126 of the CPCA, which provides that the estimatory judgment must be based on proven facts, and in this case, the condemnation is not based on them. It insists, there is no evidence that the plaintiff company's property depreciated nor that it was subject to objective and effective loss, there is not a single proven fact that so records. Thereby infringing article 1045 of the Civil Code.

IV.- It is observed that the appellant mixes two defects, one of a procedural nature (related to the alleged lack of competence of the Court to rule) with another of a substantive nature (which is the violation of mandate 1045 of the Civil Code); however, the core point of its criticism is the first, dedicating a few lines to the second in which – moreover – it does not develop or explain the violation beyond indicating that it is not based on the credited facts. Therefore, this Chamber limits itself to hearing the claim of lack of competence, and on this matter, it concludes that the appellant is not correct. The decision of the Administrative and Civil Treasury Court to partially grant the lawsuit only against the private entity defendants is simultaneous with respect to the dismissal for lack of passive locus standi regarding the public entity defendants. The first of these decrees cannot under any circumstances undermine the competence of that body. The State and the Consejo Nacional de Concesiones were sued jointly with the corporations (private entities), so that the plaintiffs demanded liability from each of them, and this determines the competence of the administrative litigation jurisdiction provided for in article one, first paragraph of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Moreover, a supposed supervening lack of competence (incompetencia sobrevenida) as a consequence of the lack of locus standi determined by the Court is inadmissible, since in accordance with canon 2.e of the same legal body, the administrative litigation and civil treasury jurisdiction must hear about “conducts or relationships governed by public law, even if they originate from private persons or these are their parties.” As occurs in the present matter, which addresses liability for injuries apparently—as alleged—caused by the execution of an administrative agreement, i.e., originating in the conduct of the private contractor of the Administration and therefore governed primarily and fundamentally by public law (in this regard, the appellant is referred to recitals XX through XV of this ruling). In sum, the complaint will be denied.

V.- Second, under point one “A- DEFENSELESSNESS, AFFECTING RIGHTS OF DEFENSE AND DUE PROCESS,” Autopistas del Sol denounces a violation of the right of defense and due process, of canon 119 of the CPCA, and incongruity. It details that there is a defect of incongruity in the award for material damage, as the judgment overreached by granting matters not requested and granted more than what was requested; it granted an aspect that was not the subject of debate, namely the value of the depreciation and objective and effective loss that the property experienced due to the subsidence and detachment, encompassing the limitations on use and enjoyment it implies and will imply for the owner. It emphasizes that the plaintiff requested the damage based on Article 122.m.i of the CPCA, i.e., that the damage be evidenced in the case file. It then questions from where the Trial Court extracted that the material damage is the loss for depreciation and objective and effective loss and the use and enjoyment. The plaintiff corporation, it argues, did not seek compensation for that item, nor is there proof that the property depreciated, experienced an objective and effective loss, encompassing use and enjoyment. It highlights that the plaintiff company also did not request that it be granted in the abstract; on the contrary, it requested that the amount of the damage be ordered and fixed, which could have been done if there were evidence supporting the value or quantum of the injuries. It states that canon 122.m.i establishes that the Trial Court must rule on the amount of damages if their existence and amount are demonstrated. Thus, by not requesting a condemnation in the abstract in the absence of proof, extra petita and ultra petita rulings were produced.

VI.- On repeated occasions this Chamber has stated that incongruity occurs when there is an evident dissonance or contradiction between the operative part of the judgment and the claims and defenses raised by the parties. In addition to the foregoing, regarding congruity, it is essential to analyze the factual basis of the pleadings, since the facts (together with the legal allegations) constitute the foundation of the claims. That is, to determine or rule out the existence of the defect, one must examine the relationship between the cause of action and what was requested, that is, the circumstances alleged by the plaintiff and the defendant to support their positions must be considered, as these are what define or limit the Trial Court's ruling. Finally, it remains to note that in proceedings governed by the CPCA, in addition to the contrast between what was requested and what was granted, it is necessary to compare the operative part with the claims and defenses raised both in the complaint and the answer, but also in the preliminary hearing and at trial (for example, Article 67 of the cited legal body); as well as to consider the ex officio rulings that this legal body imposes on the adjudicator, such as those contained in Article 122 of the same.

VII.- In the sub judice case, in accordance with the complaint, the single hearing (third part of April 8, 2013, audio and video file), as well as the minute (folio 1041), it is established that the plaintiff requested—among other aspects—that the co-defendants be ordered to pay the material damages suffered by Constructora Guter, “in accordance with the expert report of engineer Luis Alberto Rodríguez Astúa, consisting of the sum of One Million Nine Hundred Eighty-Seven Thousand Nine Hundred Seventy-Eight dollars, legal tender of the United States of America ($1,987,978.00). That is, in accordance with Article 122 subsection m) i, it is requested that the defendants be jointly and severally ordered to pay damages, with a ruling on their existence and amount” (folio 54). As evidence, it offered in its complaint an “Expert Appraisal of Damages, performed by engineer Luis Alberto Rodríguez Astúa, MBA, Official Expert of the Supreme Court of Justice and active member of the Costa Rican Institute of Valuation (ICOVAL)” (folio 58). Subsequently, when replying to the answer to the complaint of Constructora San José – Caldera, regarding the material damage, it stated it had “no problem with another expert appointed by Your Authority evaluating the case again, either based on the report of expert Rodríguez Astúa (as requested in the complaint) or by conducting a new appraisal” (folio 352). Regarding the State’s answer, it explained that, because the lands have been owned by the Irías family for over 100 years and their transfer has been gratuitous, it did not know the real value of the patrimonial loss, so it hired a “mathematical actuary official of the Supreme Court of Justice so that said professional would determine what the estimation is of the grievances they have been forced to endure” (which at folio 357). In the single hearing, third part, held on April 8, 2012, that documentary evidence that the plaintiff identified in its complaint as an “expert appraisal” prepared by engineer Rodríguez Astúa was not admitted (10:47:08 of the audio and video file). Immediately, regarding the admission of the expert evidence for the valuation of that material damage, which was offered by the plaintiff, the presiding judge of the Trial Court stated: “(…) there are two aspects to consider: the other expert evidence has already been taken, the reports rendered, so it would be taken at the trial hearing (…), this evidence was not processed; so here we make the following consideration, (…) if this evidence were admitted, for which I have to give the parties an audience, the proceeding would have to be suspended, the expert appointed, their fees paid, they prepare their report, the parties given an audience, and this would then delay the trial by at least, at least 3 more months (…); the other is a consideration that is always made, that this expert is not being requested – as I understand – to prove the damage, it would be the other two expert evidence items that are proving the damage, so that you evaluate this expert for a possible phase of execution of judgment, where eventually your complaint would be upheld or not, your right declared or not, and then the valuation would correspond to the executing judge assigned by rotation, (…) would appoint the expert and eventually the reference that was made could be considered. Starting with that, I submit it to your consideration, if you want the valuation right away, I give the floor to the parties, we take a recess, we will obviously continue with the evidence, but it would imply the suspension of the proceeding” (10:51:47 of the audio and video file). To this, the plaintiff’s attorney stated: “we consider it convenient, so as not to delay the proceeding further, to address the damages part later and subsequently go to the execution phase” (10:54:09). In this manner, the judge concluded that the expert appraisal on the valuation of the damage would be carried out in the execution of judgment phase (10:54:26). None of the defendants objected or expressed disagreement. From the foregoing, it is clear that although the plaintiff initially requested that the existence of the loss and its quantification be determined, it later decided to limit the debate to existence, deferring the establishment of the amount to the execution phase of the judgment, according to what was stated by the Trial Court. For this reason, the judgment decreed a ruling in the abstract with respect to the amount, but not regarding the damage caused to properties 35381 and 16438, precisely consisting of “a subsidence caused by the cutting of the land for the road construction works, which affected an important sector or area and which were green areas with fruit trees and other plants.” The Trial Court continued, “of course the event that occurred in August 2009 changed the exercise of the attributes of ownership over the property, restricted its use, enjoyment, transformation, and alienation. The formed cracks, the sliding, displacement, and earthworks (movimiento de tierra) diminish its full and free disposition. The repair sought in these proceedings shall consist of the value of the depreciation and objective and effective loss that the property experienced due to the subsidence and detachment of a part of the land, which occurred on August 23, 2009, which will also encompass the limitations on the free use and enjoyment that this event has implied and will imply for its owner and that, had it not occurred, the owner could exploit, provided those restrictions or limitations are permanent; for example, the impossibility of building, sowing, planting, or cultivating the land. This must be determined with expert technical assistance. Once that obligation ceases to be of value and becomes monetary, a sum of money, it must be indexed from that moment until its extinction by effective payment (Articles 123, subsection 1, in fine, in relation to 125, subsection 3, CPCA), which will be done in the execution phase of this judgment.” Moreover, Autopistas del Sol also criticizes that the Trial Court decreed loss for depreciation and objective and effective loss and use and enjoyment, and in its view this was not requested. This Chamber disagrees with the appellant; as noted, from the complaint, compensation was sought for the material damage to the properties; in the proceeding, the injury to the real estate was accredited (without prejudice to the analysis that will be made regarding the substantive defects): cracks, sliding, earthworks (movimiento de tierra), and subsidence, the logical consequence of which is precisely the loss of value. After the event, the properties do not have the same value they had before it; their use and enjoyment was modified. The Trial Court limited the compensation to these elements, so that in the execution phase no other different elements could be added; moreover, regarding use and enjoyment, it ordered that the restriction for compensation must be permanent. Consequently, the alleged defect of incongruity is not verified; the material damage granted to Constructora Guter was requested by the plaintiff, who accepted that the quantification be deferred to the execution phase of the judgment; the Trial Court only delimited what the requested injury to be compensated consists of. Accordingly, this complaint shall be denied.

VIII.- Third. As a single procedural defect, Constructora San José – Caldera (in the second ground of its appeal), asserts an infringement of canons 317 of the Civil Procedure Code, 10, 57, and 82.4 of the CPCA. It maintains that, in the award for moral damage and its determination, the reason is not explained why ¢3,000,000.00 is granted to some individuals and ¢5,000,000.00 to others, incurring a lack of reasoning. It is an unmotivated judgment. It admits that, although the compensation is discretionary, the principles of sound rational criticism, common sense, and experience must also be applied. It questions why, if in the first point of recital nine it was ordered that all were affected equally, different amounts were subsequently granted, with disparate treatment that is not reasoned. It disagrees with the award for this injury due to the fact of being inhabitants, since in the complaint, in the preliminary hearing, and in the trial phase, the request was because they were shareholders of the company that owned the lands; in the conclusions stage, to remedy the wrong, a union without legal personality was invoked as the basis for the cause of action for the moral damage, when what should have been invoked was the situation established in Article 10.4 of the CPCA. It clarifies, in any case, what constitutes the ground for the grievance is the absence of suitable evidence to justify the award for moral injury; the plaintiffs produced the evidence among themselves from their testimonies during the debate, without providing elements on the existence and extent of the subjective moral damage; they only presented a copy of alleged psychological care as a consequence of the sliding, which is not proof of a therapeutic process derived from moral injuries. It attacks the evidence on which the Trial Court relied. It observes that the copy of the psychological report is a mere copy, but it is given the status of an expert report and the person who prepared it did not appear at the debate to refer to it. The note from its part where it recommends leaving does not have the character attributed to it, as none of the affected persons said that receiving it had caused them damage; the declarations themselves, in which “in the most crude manner they agreed to constitute their own evidence.” IX.- From the summary, it can be extracted that the appellant raises three criticisms: A) lack of reasoning in the judgment regarding the amount that was granted for moral damage to the individual plaintiffs; B) in compensating moral injuries—it says—the principles of sound rational criticism, common sense, and experience must be applied, and evidence must be used, which in this case—in its view—was not suitable, since the individuals “produced it among themselves” (b.1), and the note sent by it and a simple copy of a supposed psychological care were provided, which do not have the character attributed to them by the Trial Court (b.2); and C) the moral damage was requested due to their status as shareholders of the company that owns the properties, not because they are inhabitants thereof. The examination of the three embedded claims will be ordered according to the consequences they produce in the judgment (as will be seen), so that point C will be resolved first, for even though it is not expressly mentioned, it refers to a supposed incongruity regarding the moral injury; then A, which concerns the lack of reasoning of the quantum granted; and lastly B, regarding the non-demonstration of that damage. Suffice it to say for now that in accordance with mandate 150 of the CPCA, nullity due to procedural defects (in principle) results in the remand of the case file to the Trial Court so that it may issue the corresponding judgment; and in the case of substantive defects, the cassation body must, in that same resolution, decide the process. Hence the order in which this pronouncement is issued.

X.- As stated, Constructora San José – Caldera denounces that the moral damage was requested by the individual plaintiffs as shareholders of Constructora Guter Martini S.A.; however, the Trial Court granted it because they inhabited that company's properties (point C). The appellant further points out that in the conclusions stage, the plaintiff, “to remedy the wrong,” when invoking as the basis for the cause of action for the moral damage, invoked a “union without legal personality,” when the proper course was to invoke the situation established in Article 10.4 of the CPCA. The appellant is not correct. As noted in recital IV, the congruity of a judgment is the consistent relationship it must exhibit between what is decided in the operative part and the claims and defenses raised by the parties, delimited in turn by the law and the factual allegations, particularly the contested ones. The circumstantial basis of the claim framework is therefore the limit of the debate and the ruling, without this detracting—of course—from the scope of the principle of true truth that informs the contentious-administrative procedural legislation and the ex officio rulings permitted by the Code of the matter. In this case, it is observed that from the complaint, the plaintiff referred to the existence of a non-material injury of a moral nature, based both on share ownership and on the residence and inhabitation of the houses located on the properties. Thus, it stated from the complaint: a) that the individual persons live on the properties belonging to Constructora Guter Martini, which constitute their family home, and have “great roots” there because the Irías family—to which they belong—has resided on said lands for five generations (fact second); b) these individuals are shareholders of this corporation (fact third); c) on the lands there are two dwelling houses (fact fourth); d) the land sliding affected “(…) in an extremely serious, irreversible, and irreparable manner the two properties (…), thereby affecting the entire life of all of us and the patrimony of Constructora Guter Martini S.A. (…) Currently, said sliding is located 18 linear meters from one of our homes and 25 linear meters from the other residence. At this moment, the cracks closest to our homes are approximately 9 and 10 linear meters away (…)” (emphasis added, fact eighth); e) Maylin, Juan David, and Juan Manuel moved to a furnished dwelling rented to them by one of the defendant companies, which caused them mental, family, and social disruption; they do not know what would happen to their true residence, they cannot sleep at night due to uncertainty about their house, they are frightened for having left part of the family at the location, likewise that in February they noticed the theft of their belongings that were in the dwelling, all of which has forced them to receive psychological care (fact twelfth); and f) José Martín, Adilza, and Maciel did not accept Constructora San José – Caldera's proposal, because despite the fear and risk that living in the place represents for them, they believe that if they abandoned it, it would be dismantled in a short time, which has forced them to receive psychological care (fact thirteenth). In the legal basis, the plaintiff stated: “(…) all and each one of the individual plaintiffs are shareholders of said corporation, which functions, as explained, as a ‘family corporation.’ Here, the provision of Article 9 subsection b) is fully applicable, regarding groups, unions without legal personality, whose legitimate interests are affected, even without needing to be integrated into formal structures of legal entities (…) In our case, we are fully actively legitimized, as we are possessors, for many years, of said lands, having inhabited the affected lands for five generations of the Irías family. Moreover, we are the persons who have been dispossessed of our lands, thereby seeing our legitimate interests and subjective rights affected. In fact, it was to us that one of the defendant companies offered relocation. It is we, the individual plaintiffs (…) who have suffered the moral damage caused by the defendants” (emphasis added, visible at folio 21). Consequently, it is clear that contrary to what was alleged by the appellant, the Trial Court did not overreach by granting moral damage considering the fact that Messrs. José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, Maciel and Maylin, both Irías Murillo, and Juan Manuel Víquez Quesada, resided in the homes located on the properties of Constructora Guter Martini, since this was requested for that very circumstance from the complaint. Ergo, the claim identified as point C) shall be denied.

XI.- Regarding the alleged lack of reasoning for the amounts granted (point A), the following must be noted. On repeated occasions, this Chamber has stated that the reasoning of a judgment consists of expressing or making manifest the reasons or grounds, factual and legal, for which the decision is adopted. Its absence is recognized in two hypotheses. The first, by non-existence, namely, precisely when the adjudicator omits to set forth the foundations of their decision. The second scenario, when the argumentative deployment of the deciding body is confusing or exhibits contradictions of such magnitude that they stand as an obstacle to clearly determining the motives that serve as its basis. In the sub judice case, the Trial Court determined that the event affected everyone equally. It considered that the copy of the psychological report accounts for the impact the sliding caused them, and that they received treatment. It deemed that the note delivered by Constructora San José – Caldera and the recommendation to leave their homes as soon as possible is news that alters one's mood and psyche. The cracks, the subsidence, the displacement and subsidence of the ground, it continued, are objective data that highlight the magnitude of the event and suggest danger to the physical integrity of the persons. It detailed that the other note from October 2009 also generated concern for the residents, as it records a state of hesitation regarding permanence and presence at the location; they were informed that work was underway to determine the current and future state of the sliding, which added to the state of worry and uncertainty. Likewise, it deemed that an alteration of the family nucleus occurred, due to temporary separation, by abandoning the place where they lived. It continued, “In the case of José Martín, he said that he witnessed the sliding, although his wife and children or son-in-law did not say the same. Regarding the latter, they did temporarily abandon the house they inhabited, moved to another place for a year, in response to Constructora's offer, but later returned. That uprooting and segregation from the family group is worthy of consideration. Moreover, this couple and their children occupied the house that was left with visible damage and that is located closer to the sliding area, all of which aggravates their anguish. Mrs. Maylin referred to an event with her minor child, in the sense that she must take care that he does not approach the subsidence, for evident reasons of accident danger. In accordance with the foregoing, the Tribunal is inclined to fix the moral damage sought, on a prudential basis, in the sums of three million colones for José Martín, Adilza, and Maciel, and five million colones for Juan Manuel and his wife Maylin. These sums shall be indexed from their finality until extinction by payment.” As can be observed from the summary and transcription, the Trial Court initially determined, or as a basis, a moral injury suffered by each and every one of the individual plaintiffs: José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, Maciel Irías Murillo, Maylin Irías Murillo, and Juan Manuel Víquez Quesada. It subsequently assessed the particular impact that some of them suffered. It thus deemed the abandonment of the house made by Maylin, Juan Manuel, and their child, as well as Mrs. Maylin's concern for the minor. With these considerations, the Trial Court established that for Messrs. Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, and Maciel Irías Murillo, the compensation should be ¢3,000,000.00, and in the case of Maylin Irías Murillo and Juan Manuel Víquez Quesada, ¢5,000,000.00. Ergo, allegation A) of the ground invoked must be rejected, as the Trial Court did set forth the reasons for its determination.

XII.- Under point B) of the complaint under analysis, Constructora San José – Caldera maintains that when compensating moral injuries, the adjudicator must resort to evidence and sound rational criticism. It also alleges that in the present matter, the plaintiff produced evidence in its own favor and that the note it delivered and the supposed psychological care do not have the character attributed to them. The claim must be denied for the following reasons. What is alleged does not fall within the defect of incongruity, nor does it constitute any other procedural error. It criticizes disregard for the rules of sound criticism when valuing the evidence (as it says) and the facts (it adds), which in strict technique is proper to a complaint for violation of substantive norms. In addition to the indeterminacy of the ground, this Chamber cannot examine what is alleged as a substantive defect, insofar as it does not identify norms of that nature that were violated. Therefore, it must be rejected. Despite the foregoing, and in order to clarify for the appellant, it is appropriate to note that this Chamber has stated on various occasions that subjective moral damage is subject to “in re ipsa” valuation, that is, it depends on the adjudicator's estimations not based on concrete evidentiary elements, but on indications and the factual picture itself, from which an effect on the non-material sphere of the individual is logically deduced. An injury of that class does not require direct demonstration, but rather the adjudicator must logically deduce it—it is insisted—from the accredited facts, through indications and rational inferences. In other words, its recognition and estimation for compensatory purposes is subject to the prudent appreciation of the deciding body. Consequently, it does not require the analysis of particular pieces of evidence, as it involves logical deductions and the judge's own experience. Thus, the first thing to note is that in the sub lite case, the moral damage granted and the amounts awarded are a sensible deduction from the demonstrated circumstances: the sliding, the impact on the lands and homes, the family separation, the notes signed by Constructora San José – Caldera. This entire situation logically generated—as the Trial Court well noted—uncertainty and concern. The reference to the psychological report is merely one more element that highlights the impact on the state of mind, but does not determine the moral damage. Finally, it is necessary to briefly point out that this non-material injury granted is different from one of a psychological type per se, which necessarily requires a psychological opinion to be established and compensated. In the present matter, compensation for this extreme (psychological damage) was not requested, so it was neither assessed nor granted in the judgment. As for the notes they received from the company, this Chamber agrees with the Trial Court that they clearly generate a state of uncertainty.

Cassation for Substantive Violations XIII.- First. Constructora San José – Caldera (in the third complaint of its appeal) reproaches an indirect violation of precepts 702 and 1045 of the Civil Code, due to non-observance of Article 82.4 of the CPCA. It explains that, for the Trial Court, according to the expert evidence, the large-scale landslide was caused by the excavation of the terrain, which lowered the grade line, cut the base, and geologically destabilized the Pan de Azúcar hill. It disagrees, since in its view, experts Laporte and Gómez Bonilla indicate that the landslide originated from an unpredictable event in “a geologically stable zone.” It asserts that expert Juan Guillermo Guzmán Alpízar did not provide a serious contribution, as his conclusions “are not the fruit of fieldwork and the study of the supporting documentation that he should have assessed and studied to reach a professionally solid conclusion”; experts Laporte and Gómez disqualified him by stating that it is not possible to determine the causes of the displacement with the mere observation of the terrain and without requesting or reviewing the reference and preliminary plans and studies. Nevertheless, the Trial Court relied practically on this professional, and did not assess the contribution of these two experts. It highlights that Mr. Guzmán started from a non-scientific presumption, which is that since he is a resident of the area, he knows it very well, so he did not need to carry out a study or fieldwork. It says that the other experts did conduct fieldwork and verified the information. It emphasizes that Mr. Edwin Moya Solano has knowledge in road construction, and his expert report was limited to assessing exclusively the situation of the grade line, indicating that the sliding had stopped, based on the 1980 reference plans from the MOPT, the construction project plans, and the solution plans; thus he contributed nothing regarding the causation of the sliding. However, the Trial Court deduces from this expert evidence other elements to justify the causal relationship between the earthworks (movimiento de tierra) and the land displacement. In its view, it is in the reports of Messrs. Gastón Laporte Molina, expert witness, and Manuel Gómez Bonilla, geological expert, where the determination of the causal link must be analyzed, as they are highly qualified persons and their criteria, far from being contrasting, were complementary. It highlights that neither could determine the cause of the sliding. It describes that the first spoke of the combination of three factors: water, cut, and soil conditions, as well as local effects such as paleosols or elements that are not in sight when visiting the terrain without any cut. He also indicated that the hydrogeological studies for the project and perforations were conducted, which showed there was a layer of soil and then rock. He also pointed out that there were large vertical trees, not inclined, no cracks were seen in the terrain, which combined with the perforation and cut slopes showed no problems. It continues that Mr. Manuel Gómez categorically stated that he did not know the cause of the sliding, and raised hypothetical situations of possible causes, but he could not determine it. Both, it affirms, refer to a situation of unpredictability since the preliminary studies were conducted and the reference studies were had to establish the characteristics of the terrain and define what and how the works would be executed. Thus, it concludes, it did not act lightly, in violation of the duty of care, it was not negligent or imprudent, but rather acted in accordance with the studies that, according to the road construction industry, are required for these cases, and from them it does not follow that it was a terrain with an evident risk of failure.

It argues that it is contrary to the rules of sound judgment for the Tribunal to affirm that a specific and particular study of the Pan de Azúcar hill was indispensable before carrying out the earthworks (movimiento), in particular against common sense and the science applicable to this industry, since, as engineer Laporte stated, “in this field one can hardly predict everything, there is a factor of unpredictability, there is a limit to research in linear works, there comes a point where what it does is not reduce unpredictability, not seek to have zero risk because zero risk does not exist.” It infers, from all the foregoing it is extracted that an unforeseen instability occurred and the Construction Company immediately proceeded to implement a comprehensive solution with the assistance of experts such as Dr. José María Rodríguez Ortíz and the firm Insuma, choosing the solution of the former and stabilizing the slope. It asserts that all agree that the terrain was stabilized and is currently stable as the photographs show. Mr. Manuel Gómez indicated that the vegetation is typical of terrain without landslide risk and that there is no propensity to slide in the event of an earthquake, since a stability angle was achieved; and Mr. Gastón affirmed that the terrain ended up better than before the slide. It concludes that from the evidence no situation can be inferred with certainty to be an efficient cause, and therefore article 1045 of the Civil Code is violated, since the causal link was not proven, therefore there is no compensable damage. It accuses that canon 702 of the same code is disregarded, since it is a natural event not attributable to it; it occurred due to the unstable, landslide-prone, and faulted soil, which produced the exonerating circumstances of force majeure and fortuitous event.

XIV.- According to the technical and testimonial evidence received, as well as the conduct of Constructora San José – Caldera, the Tribunal deemed it proven that the excavation of the terrain, which lowered the grade where the road was being built, cut the base and geologically destabilized the Pan de Azúcar hill, which caused a large-scale landslide that seriously, irreversibly, and irreparably affected the properties. It considered that Constructora San José – Caldera's expression of concern to the plaintiffs and its recommendation that they evacuate, assuming payment of the rent itself, denotes the existence of a “link whose source transcends altruistic motivations of aid, at the expense of one's own funds, and is embedded in a feeling of responsibility for one's own act.” It continued, the geologist Guzmán Alpízar stated that “the cause of the landslide lies in the earthworks (movimiento de tierras) carried out at the base of the slope, in the work executed for the construction of the road, and he ruled out that it was due to a natural cause; he warned that by itself the collapse would not have taken place; that before the event, the terrain was stable; that it was avoidable and that technical measures were not adopted to prevent it, the required studies were not done; that at the site there is a landslide, not a fault; he also pointed out that it is possible to build anywhere provided one invests in analysis and design, which entails very high investments that sometimes make it unviable. It is true that the expert founded his assertions on the superficial observation of the place, on his knowledge of it, and on what he assessed during his visit, but it is not for that reason that his conclusions can be dismissed, discarded, or sidestepped, because he also said that he is a professional, with knowledge and experience in the field of geology. This quality gives it a value that prevents his version from being outright rejected.” The Tribunal asserted that the foregoing was ratified by Mr. Gastón Laporte, who stated that the cause of the landslide was due to a combination of factors: soft terrain, water current, and the cut, with the cut as the triggering element that broke the existing equilibrium. Likewise, it said, Mr. de la Torre Lozano pointed out that the cause of the slope’s instability may be associated with the instability of the materials, conditions associated with water levels, land-use change (cambio de uso del suelo), and alteration of the topography. Thus, it concluded, “the efficient cause of the slide or mass movement was the intervention of the concessionaire with the acts of execution or construction of the work; it is that element that triggers the toppling movement. With all the peculiarities of the soil composition and the water, the fact is that the company’s participation, the intervention at the site with the construction of the road, is the element that causes the soil detachment.” It added that expert Laporte Molina stated that: for section 33+500 there was no hydrogeological study, but rather a generic one; there was no evidence that the terrain in the area was unstable; a landslide was not foreseeable; there was no additional investigation, instead they worked with the available information; and the recommendations were generic, not specific for sector 33+500. It also considered that witness de la Torre stated that no specific hydrogeological study was done for the slope in the section in question, but rather it was carried out after the slide to begin mitigation works. It continued, expert Gómez Bonilla explained that “Before starting the construction of a work like Route 27, slope stability analyses must be performed under zero-state conditions [before] and placing the work to be built to understand the impact it would have from a geotechnical and geological point of view, for which one must investigate to know, in addition to the geotechnical parameters, the geology, the location of the water table, whether it exists or not, the frequency and intensity of seismic events, etc.; that in the section between PK33+000 and PK34+000, very good slope stability studies have been carried out after August 2009, when the landslide event occurred, but he is unaware whether any existed prior to the construction of the work; with geological mapping, the existence of a significant thickness of weathered rock should have been recognized, and the presence of a water table, evidenced by the existence of springs (nacientes) in the upper part of the slope; under these circumstances, had a slope stability analysis existed, the natural stability would have been noted with the zero state and, upon applying the cuts required to build the work, it would have been very evident that instability would be caused by the cut, which, due to the present geological conditions, would not allow removal of the natural support and change the slope angle, and he concludes by stating: ‘It is evident to me that either no prior studies (zero state) were carried out at the analyzed site, or, if they were carried out, their results were disregarded, because had they existed, due to the geological, geotechnical conditions and the surface manifestation of the water table, no further evidence was required to know the vulnerability of the existing slope to changes in incline, support, etc., with which the formation of the slide could have been prevented.’ (report (sic) on folios 497 to 502, Volume I of this dossier). During the trial hearing, he reiterated that in the reviewed documentation there was no record of hydrogeological studies for the area, nor structural analyses; he clarified that those studies are prior, to prevent masses from sliding, to prevent a slide or minimize it.” In this manner, it ends, the co-defendant companies did not carry out all the prior studies required for the construction of the work, including the hydrogeological studies and structural analyses for the specific area. Additionally, it assessed that according to expert Edwin Moya Solano, the Construction Company’s engineers had the obligation to deviate from the reference studies and that the design was degraded. Thus, it established an omission on the part of the defendant companies in adopting “the necessary precautions to prevent slides such as the one that feeds the lawsuit.” It finally determined that “the damage was indeed foreseeable, by performing the respective studies, with which one can speak of subjective fault, for lack of diligence. The damage was caused by not [foreseeing] the consequences of one's own acts executing the work. Although the co-defendants have alleged in their defense the practice of serious studies in the sector, pointing to some annexes in that sense, the fact is that those studies and annexes are generic and date from 2006; it was after the event that specific studies were done for the sector. Therefore, such an allegation is not acceptable.” XV.- Firstly, and for purposes of clarity, it becomes necessary to point out that in the present matter the plaintiff and Autopistas del Sol requested a geologist expert (folios 58 and 105), for which Mr. Manuel Gómez Bonilla was appointed (folio 409). Additionally, Autopistas del Sol requested a civil engineer expert (folio 105), a position for which Mr. Edwin Moya Solano was appointed (folio 574). In the single hearing, third part, held on April 8, 2012, Mr. Guillermo Guzmán Alpizar was admitted as an expert witness; for this purpose the Tribunal president indicated: “he is the professional who signed section 36 within the evidentiary dossier, the substitution is considered convenient in the sense, in the same vein the parties have been indicating, that he is a professional or a technician who issued precisely one of the documents being questioned and will allow said evidence to be subjected to cross-examination. So, from that point of view, we consider it convenient and admit Mr. Juan Guillermo Guzmán Alpizar as a witness (…)” (audio and video file 11:04:00). In response to the motions for reversal filed by all defendants, he indicated “(…) indeed, regarding documents that have been paid for by the parties, that would be a rule that would make it almost impossible for a jurisdiction as specialized as this one to receive other types of documents, not only in this case, but in all others, in any other case; in many other cases, expert witnesses or experts even retained by a party, paid for by the party, have been admitted, it is understood, and the Tribunal understands it thus, and it is for this reason that the evidence is assessed with sound judgment, so, from that point of view, it is not acceptable the fact that a professional was openly paid to come and render an opinion, I repeat, whether it be from the plaintiffs, from the co-defendants, or from whomever, is sufficient reason to reject evidence, because I repeat, it will be assessed under sound judgment, and what is most important, which makes us maintain the decision we took, was that rather the parties are being given the opportunity to subject to cross-examination one of the documents that was precisely one of the causes of disagreement they had regarding the documentary evidence we admitted a few moments ago, so rather what moves the Tribunal is to try to promote that cross-examination, for the parties to have the opportunity to refer to and submit to questioning the person being proposed and manage to bring more elements of judgment to the process.” It was clarified that he was received to refer to facts 7, 8, and 15 and to the document he prepared. In the same hearing, the testimonial evidence of Mr. Gastón Laporte Molina and Mr. Germán de la Torre Lozano, geologist and civil engineer respectively, was admitted; on that occasion, the proponents, the lawyers of Autopistas del Sol and Constructora San José – Caldera, specified that both professionals were present in the mitigation process and the constructive process of the work. In summary, the testimonies of Guillermo Guzmán Alpizar, Gastón Laporte, and German de la Torre were taken; and experts engineers Manuel Gómez Bonilla and Edwin Moya Solano rendered expert reports.

XVI.- Having said the above, and as the debate was framed from the complaint and the responses, it is clear that in this matter the expert evidence is fundamental in order to determine the cause or causes of the slide. As related in the preceding recital (considerando), two professionals were appointed as experts. The report of geologist expert Gómez Bonilla consisted of three documents; the initial report, which he later expanded on two occasions, in response to the questions posed to him by Autopistas del Sol. In the first of the documents, Mr. Manuel Gómez Bonilla concluded “It is clear that a spoon-type slide occurred, originated by the removal of the base that supported the natural slope, upon cutting the grade of the San José – Caldera road, which affected the Plaintiffs’ properties, whose crest is located very close to the existing constructions on the properties” (folio 433, underlining and bold added). In the addendum to this report (October 2011), he pointed out that “between PK 33+000 and PK 34+000, very good slope stability studies have been carried out after August 2009, when the slide was evident, but I am unaware whether any existed prior to the construction of the work (…) Under these circumstances, had a slope stability analysis existed, the natural stability with the zero state would have been noted and, upon applying the cuts required to build the work, it would have been very evident that instability would be caused by the cut, which, due to the present geological conditions, would not allow the natural support to be removed and the angle changed. [.-] According to the previous reasoning, either no prior studies were carried out before the construction of the work (at the analysis point referred to), or, if they existed, they were disregarded” (folio 499). He concluded, “It is clear that the works carried out (studies and field works), subsequent to the appearance of the slide, August 2009, have been appropriate and highly efficient, in accordance with good practice, to stabilize the mass, which we can observe in the field, after enduring a rainy season (…) It is evident to me, that either prior studies (zero state) were not carried out at the analyzed site or, if they were carried out, their results were disregarded, because had they existed, due to the geological, geotechnical conditions and the surface manifestation of the water table, no further evidence is required to know the vulnerability of the existing slope to changes in incline, support, etc., with which the formation of the slide could have been prevented. [.-] It is also clear that the geological condition was not a conditioning factor for achieving the stability of the current slope, with which it could have been possible, by carrying out the works previously, to minimize or avoid the mass movement, applying measures such as those applied (sic) after August 2009 (…)” (folios 501 to 502). In the second expansion and clarification of his report (April 2013, visible at folios 1058 to 1065), regarding the question of whether the studies contained in Annexes 3, 4, and 5 are serious technical studies for the determination of slope stability in the geographical area comprising, among others, PK 33+000 and PK 34+000, he stated “Yes, certainly the studies provided in Annexes 3, 4, and 5 are serious studies which were carried out in 2006, by INSUMA S.A., to integrate the existing information and give recommendations for defining cuts and fills to be made on the San José-Caldera road, mainly in Section II (Ciudad Colón-Orotina). [.-] Among the studies reviewed and analyzed by INSUMA S.A., 99% were basically geotechnical; only one hydrogeological study carried out for the Environmental Impact Study is cited. [.-] Since the studies carried out by IMSA S.A., in 1999, 18 zones or sections of the corridor were determined, where it was considered they had particular conditions requiring differentiated treatment, which were equally maintained by INSUMA S.A., in its reports [.-] In good practice, in addition to the geotechnical information, the hydrogeology in each of these specific sites or zones should have been integrally analyzed, in order to define with greater propriety the slopes for the cuts to be made; however, only some mentions are made of the appearance of artesian aquifers (Siquiares intersection-Río Grande section) and nothing is mentioned in the rest of the section. [.-] Likewise, the study should have been complemented with a structural analysis of the entire corridor, and in the reviewed reports it is not mentioned that one was carried out (…)” (folio 1059). When asked whether it was possible to determine the cause of the slide with the existing information, he stated that with the available information he could “recognize some causes that could explain the occurrence of the event in Section G, called Pan de Azúcar. [.-] 1. To determine the stability parameters of a cut, a basic field observation is to observe the natural slopes of the specific area and surroundings, where similar geological conditions exist. In Sub-zone G, general inclines of 38-42 degrees are observed. Currently, the incline of the slid area subsequent to its stabilization falls within this range. [.-] 2. In the studies carried out by IMSA S.A., June and July 1999, Section G: 31+500 – 33+000 is defined, and two sub-zones are recognized, being the contact between two geological formations. In Sub-zone 31+750 – 20+050 (ignimbrites), a cut slope of 76 degrees (1/4h-1v) is recommended for the rock and 53 degrees for the soil (3/4h-1v). In Sub-zone 32+290 – 32+750 (weathered lavas, plaintiffs’ farm area), a single slope of 53 degrees is recommended, and it is explained that the slope is formed by colluvial material. [.-] 3. In the studies carried out by INSUMA S.A., in 2006 (Annex 3), Section G: 31+500 – 33+000 is defined. In Annex 4, (Table A5.1. Geotechnical solution recommendation for cuts in Section II, page 47), Section G: 31+540 – 31+580 and 32+000 – 32+300 is defined (Figure 1). In Annex 5, (Table A-1. Geotechnical solution recommendation for cuts in Section II, page 13) (sic) Section G: 33+065 – 33+105 and 33+525 – 33+825 is defined (Figure 2). In both tables, two sub-zones are recognized; in both, it is described geologically as a contact between ignimbrites and Aguacate lavas (highly weathered rock) and the same slope angle is recommended for both sub-zones, 76 DEGREES (1/4H-1V), for the rock, without considering the difference in the geological condition of the sub-zones initially noted in the IMSA S.A. reports. (1999). (…) 5. In Annexes 4 and 5, the presentation note defines the specific solutions for the cuts and fills of Section II (Ciudad Colón-Orotina), in the sectors where important support actions must be carried out. If we consider that in the construction of the road, the design of the slopes presented in Table A5.1 of Annex 4 and/or Table A-1 of Annex 5 was applied, specifically for Section G (Pan de Azúcar, area where the Plaintiffs’ property is located), an error was made in defining the slope parameters with an angle of 76 degrees (for the rock) and the initial recommendation of IMSA S.A. (1999) was ignored, where it defined a single slope of 53 degrees, very similar to that currently found in the natural inclines of the area, of 38-42 degrees” (folios 1060 to 1062, underlining and bold not in original). Autopistas del Sol had requested that he respond whether, due to the soil conditions, any other human or natural phenomenon, without the earthworks (movimiento de tierra), could have caused the slide, to which the expert responded that “Due to the natural condition of the terrain, which maintains a general angle of 38–42 degrees, very close to the angle of repose of loose material (sand), of 36 degrees, it is very probable that normal human action and/or the known natural agents of these times are not significant enough to be considered the origin of the slide. Natural elements act over time on the terrain and gradually form a stable slope, with parameters defined by the condition of the different acting variables (rock type, structure, humidity percentage, earthquakes, etc.)” (folio 1063). He concluded “From the investigation carried out, I must conclude that many studies were performed, abounding in detail on the zones of greater complexity, as evidenced in the analyzed reports, to characterize geotechnically the corridor of Route 27, mainly with respect to Section II, Ciudad Colón – Orotina. [.-] I must note that in the reviewed information, it is not mentioned that other studies were carried out to complement the geotechnical information (hydrogeological, structural), specifically in the area of Section G (Pan de Azúcar), where structural features are known that should have been involved in the analyses. (…) As a corollary, if the design made by INSUMA S.A., as presented in Tables A5.1 and/or A-1, was applied for the specific construction of the slope for the plaintiffs’ farm area, this would be the origin of the slide, as the resulting slope would have erroneous parameters that would not meet the definition of a stable slope” (folio 1065, underlining and bold added). During the single hearing (fifth part, held on May 28, 2013), in response to questions from the plaintiff's lawyer, Mr. Manuel Gómez Bonilla stated that he visited the area and reviewed the information in the case file, confirmed a slide that was stable, effective mitigation works had already been completed, the slope has a stability angle; he said that in his first report he recommended mitigation works for erosion. The plaintiffs' lawyer continued the questioning: “Do you know the cause of that slide? [geologist expert] The cause of the slide, in my judgment, I do not know it, but I can, in the report it gives me, an explanation of what I believe it could be, because I do not know how they built the slope; what I know is the information that was represented in the case file, and I based my judgment on that. For me, when geotechnical studies were done in that specific area, the company that did those studies determined a slope angle for that type of rock in that specific zone they call Section G; the company that did the studies determined that there is a contact between two types of rock, so they determined two types of slope; in one type of rock, which they called ignimbrites, which is a fairly competent rock and supports high-angle slopes, they determined that the slope was ¼ to 1, which is around 78 degrees of inclination, and in the other section of that same section, on the other slope in another type of rock, they determined that a slope of ¾ to 1 should be built, which is around 56 degrees. In the information I reviewed, subsequently, another company took the information that had been generated (and it is clear that they did not generate information, but rather analyzed the existing information and gave recommendations for building the slopes); in that information I reviewed, the slope for that area is applied, or at least they recommend it, with the design for the ignimbrite zone, not with the design for the weathered lava zone. So, in my judgment, if that is what was used, I do not know if that was the design they used, but if it was used, that would be for me the cause of why it slid, because they would have built the slope with an angle that was not appropriate for that type of rock.” He also described that due to the toppling of the terrain, there were leaning trees. He explained that Imsa was the one that carried out the geotechnical studies for the area, that Insuma later consolidated them in 2006 and executed a slope design, identifying Mr. Gastón Laporte as the responsible professional for Insuma. He was asked whether he could attest to the performance of hydrological and hydrogeological studies for the construction of the road; he affirmed that from the information he reviewed, there is no record of hydrogeological studies for that area, and it is not mentioned that they were analyzed. The plaintiff's lawyer continued in the questioning, “Were the angles of the designs and pre-designs that you were able to analyze, that (…) were carried out, that Imsa designed in its time, and later Insuma designed, correct for that type of situation? [Geologist expert] I could not answer that, because those angles are based on geotechnical studies that I did not perform; to know if it is correct, I would have to do geotechnical studies and analyze them. [Lawyer] Is it necessary to have geotechnical studies to make those designs? [Geologist expert] Of course it is, it is necessary to carry out stability studies of the slopes to be cut. [Lawyer] Can a design for an area, a design like that, be made relying on a geotechnical study done hundreds of meters from the site? [Geologist expert] In my judgment, I would think that if the area is known and the geological area is the same, information can be extrapolated; now, everything depends on the professional who is designing and using the information, it is that professional's judgment whether to do it or not, or whether to do it at each site to be designed (…).” Subsequently, the lawyer for Autopistas del Sol questioned him about his answers in the addendum to the October 2011 report, question c, related to his statement that studies were carried out after August 2009 and that he was unaware if there were any prior to the construction of the work; to which he clarified that for that report [October 2011] he reviewed the studies that were in the case file, which were subsequent to the slide. The lawyer continued “Based on these statements you made in that report, my client asked you for a written clarification, and asked you the following question: Are the studies contained in Annexes 3, 4, and 5 (…) serious technical studies for the determination of slope stability in the geographical area comprising, among others, PK 33+000 and PK 34+000 [question a) at folio 1059] and your report of April 10, 2013 [the lawyer read (only) the first paragraph of the response] (…) Do you maintain the opinion expressed in October 2011, in the previous report, that no prior geological-geotechnical studies that good practice deems necessary were performed? [Geologist expert] I at that time was unaware whether they had been performed, (…), now these studies in these annexes that you later provided me are obviously prior to the slide and are serious studies. [Lawyer] (…) Even with said Studies 3, 4, and 5, was the slide foreseeable? [Geologist expert] Studies are always done to prevent sliding, the slide; obviously, in order to prevent an area that is to be affected by a cut from sliding, all the parameters that interact must be known in order to modify it. Now, is it foreseeable that it will slide? Whenever a design is made, it is so that it does not slide, so I think that if one makes the design so that it does not slide, it would likewise be foreseeable, because it is precisely being done so that it does not occur; if you want to do it that way, you can equally do it so that it does occur. [Lawyer] So those studies, Annexes 3, 4, and 5, are studies that were carried out, in your opinion, to prevent a slide? [Geologist expert] I think that the people who did them are serious people, and that is the objective when doing those studies. (…)” The engineer clarified that an “inferred fault” is when there is an area of the fault that is proven and the rest is projected; it may or may not exist, it is raised as a question. He explained that when he mentioned the La Garita fault at the foot of the slope, it was a marginal note “because in my judgment it is not the Garita fault, but any other fault; what I wanted to highlight is that in the publicly managed information there was structural information, and that in the information I reviewed, I did not see that any structural analysis was mentioned for the slopes they designed, that is, that structural analysis information was not involved, not exactly the Garita fault, because I do not have it located, and what exists is a projection, and if one wants to do a job, one would have to do an investigative work to be able to locate it; that fault does not necessarily have any relationship or could (…) I put it as a call for attention that it exists; in Costa Rica in general there are faults, countless faults (…) for that reason, that type of structural analysis must be involved in slope stability; now, there it was a call for attention that that fault trace existed, I put it there, very close, at the foot of the slope (…) here rather they are placing it on this trace a little to the north of the area, but it is a trace made by projection, which can perfectly be varied, and if someone verifies it, they can divert it elsewhere; that is, my annotation referred to that, to the fact that for that reason that type of study must be involved in slope stability.” He likewise reiterated his report, to the effect that “in the report that Imsa prepared, they identified two types of rock in this same zone G, they determined that at that site the contact of two rock types was found, ignimbrites and the other they called weathered lavas; in the designs presented here, a ¾:1 slope is established, which is about 56 degrees of inclination for the soil cut, and when they are going to cut into the ignimbrites, a ¼:1 slope is established, which is around 78, 79 degrees; and Imsa, in the area of weathered lavas, established that the slope they designed for the soil of ¾:1 was the same one that should be used in the cut of the weathered lavas, that is, they defined a single slope for the entire cut; in the design seen here, the same slope is seen used for both areas, hence my observation that for some reason they changed the design. [Attorney] Do you know the reason? [Expert Geologist] I do not know the reason they changed it. [Attorney] Can the reason be inferred? [Expert Geologist] it cannot be inferred; now, in my opinion, Insuma, when it prepared its reports, was clear that they did not generate new information in the field, that what they were doing was reviewing and conforming, assembling all the information from geotechnical studies to make it clearer, so, hence, I expressed, that the one who did the field work defined a slope and when the designs were designed or presented, I do not know if they are preliminary or final, the angle of the slope was changed. (…) [Attorney] Does the documentation you reviewed confirm for you, whether those slope cut designs were the ones implemented, that were carried out or executed? [Expert Geologist] No, I am unaware, I analyzed the ones that were presented to me, I am therefore unaware if they are final or were preliminary, whether they applied them or what they applied. (…)”. The state attorney questioned him again about the response in the second addendum to the report, for which she proceeded to read the paragraphs, to which the professional explained that hydrogeological studies address aspects such as the water table, springs (nacientes), and the factors that may affect slope stability, and that these must be known at the time of design; structural analysis –he specified– is the analysis of faults and fracture zones that must likewise be performed, it is an integral part of the variables that can affect the slope. He reiterated that they must be performed beforehand, they must be part of the analysis for designing the slope, and that they were not included in the information presented to him. On the other hand, with respect to the expert opinion of civil engineer Edwin Moya Solano, as the cassation appellant rightly points out, it concerns the variation of the road grade between kilometers 33 and 34 of the highway (folio 588), not the cause of the landslide, and therefore it is not relevant to that determination.

XVII.- As outlined in considerando XIV of this resolution, the Trial Court based its determination regarding the cause of the landslide on the statements of witnesses Guzmán Alpízar, Laporte Molina, and de la Torre Lozano, as well as on the representations of expert Gómez Bonilla, and a brief reference to the indication made by expert Moya Solano. As previously stated (considerando XVI), in this Chamber's opinion, the conclusions of expert geologist Gómez Bonilla are the ideal evidence for determining the causal link between the slope executed, the works, and the 2009 landslide. The professional was clear in affirming that, although he did not verify which design was applied, if the designs prepared by Insuma in 2006 that were provided to him were the ones used, they would have been the cause of the landslide. He persistently referred to this in his testimony, reiterating his report (in particular, the addendum of April 2013). It is evident –and logical– that the geologist's site visit occurred after stabilization and mitigation works, he did not participate in the construction, therefore he cannot attest to the design used during the construction process. The cross-examination by Autopistas del Sol to introduce doubts about whether or not the design was used is noteworthy, when it was that very party who provided it to the expert. On the other hand, it is true that during the hearing, the professional reaffirmed the report (the referenced addendum) in the sense that the studies of Anexo 3, Anexo 4, and Anexo 5, carried out in 2006 by Insuma, are serious. But, it is worth clarifying that the attorney only read the first paragraph of the response in the document, not the following ones, where the engineer had indicated that the studies reviewed and analyzed by Insuma were 99% basically geotechnical (with the exception of a single hydrogeological study); and that in his opinion, in good practice, in addition to geotechnical information, the hydrogeology at each of these particular sites or zones should have been examined comprehensively, and it should also have been complemented by a structural analysis of the entire corridor, which he did not observe. He pointed out that the studies were clearly serious, and that the design's purpose is to prevent a landslide. But in sum, this Chamber understands that they were incomplete, and that the intention pursued by the design does not determine its correctness. In this case, the design of the slope provided by Autopistas del Sol (and performed by Insuma) was not adequate. The cut and the slope are the reason for the landslide, as determined by Mr. Gómez Bonilla in his report (folio 433). For the foregoing, the appellant is not correct when it asserts that the expert geologist did not determine the cause. Therefore, no improper assessment of this evidence is found, which, it is insisted, was the fundamental evidence. Consequently, the argument will be dismissed. Beyond the above, it is lastly insisted that the expert report rendered by Mr. Moya Solano does not provide elements for determining the cause of the landslide.

XVIII.- Second argument. Autopistas del Sol (in point H of its appeal), argues improper application and erroneous interpretation of legal provisions. It explains, the Trial Court established two types of relationships, one between the State, the Consejo Nacional de Concesiones, and the concessionaire, and another between the concessionaire and third parties, to then determine that in this case, liability falls upon it and Constructora San José - Caldera, subject to the rules and principles of Private Law, since these are the rules governing external relationships arising from the concession contract, according to the legislator. This, in its opinion, departs from the constitutional principle of administrative liability, and implies an error because damages are inferred from a link or relationship between it, the concessionaire, Constructora San José – Caldera, and the plaintiffs, which is far from reality. It specifies that the plaintiffs claim injuries to their property, supposedly resulting from the construction work itself, which is a public work belonging to the State. Even though the construction work is carried out by private-law entities, it is delimited in public areas, meaning the right-of-way, and under the guidelines, guidance, supervision, and oversight of the State. The excavation was on State lands, not its own; the claim originates from the construction work and not necessarily from its private action. It states that Article 69.2 of the Regulation of the General Law on Public Works Concession with Public Service provides that the concessionaire shall be solely responsible for all damage, unless it is attributable to the granting Administration due to measures it imposed on the concessionaire. In the same sense, clause 1.11.4 of the concession contract. In this case, as seen in the approved geometric design plans, which constitute the final geometric construction design plans for the (sheets 27 and 28), the granting Administration and the project supervisor, Imsa-Euroestudios, approved the construction designs between the stations corresponding to PK 32+800 and PK 34+200, which includes the Balsa-Pan de Azúcar zone, making it clear that it had to execute the works exactly as authorized by the granting Administration according to that design “once the construction start order was given, since without these orders and/or instructions construction could not begin.” It insists that the approval of the design plans and the subsequent start order constitute, in light of the concession contract, orders and instructions from the granting Administration, which exempt it from subjective liability. Through the oversight exercised by the Administration and the supervisor, it was determined and approved that the design plans for the Balsa-Pan de Azúcar zone were in accordance with engineering practice and the referential studies, specifications, and technical standards. Consequently, it performed the work following the obligations that the Administration imposed on it, and therefore the exoneration provided for in the Regulation and the contract applies. It cites judgment 5207-2004 of the Sala Constitucional. It continues, the General Law on Concession of Public Works with Public Services and its regulation, regarding the concessionaire’s liability to third parties, must be viewed in relation to the legal bond established or to be established with the concessionaire and the third party, but this cannot exonerate the State from potential liability when the rights of individuals are violated by public administrations in the deployment of their public activity or performance. It highlights that the State is always liable for the damage and is obligated to compensate the unlawful injuries actually suffered by the administered individual as a consequence of the administrative function, whether through positive or negative conduct of public entities or their contractors. It adds, if the circumstances of the case allow it, it is possible that the civil subjective liability of the concessionaire coincides with the objective liability of the State towards the injured third party; just as an exoneration of the concessionaire’s liability may occur, but the objective liability of the State be maintained. In the present case, it concludes, it should have been exonerated, and an analysis should have been made as to whether there is objective and direct State liability.

XIX.- The Trial Court indicated that in this proceeding there are two public entities and two private entities, related through the concession contract for the San José – Caldera highway and the General Law on Concession of Public Works with Public Services, No. 7762 (hereinafter LGCOPSP). It held that it is natural for internal liability (between the contracting parties) and external liability (the parties vis-à-vis third parties) to be defined according to pre-established rules. It reproduced clauses 1.3, 1.1, 1.2, and 1.11.4 of the agreement; the latter states that the concessionaire shall be solely responsible for all damage and loss, of any nature, which, on the occasion of the construction of the work or the operation of the service, it causes to third parties, personnel, third-party property, or the environment, unless they are attributable to the grantor due to measures that the latter imposed on the concessionaire. It continued, according to Article 18.f of the LGCOPSP, it establishes as a general obligation of the concessionaire to indemnify for the damages and losses caused to third parties as a consequence of the execution of the concession. Precept 38 ibidem provides that with regard to rights and duties with third parties, the concessionaire shall be governed by the rules of Private Law, and shall be responsible before the granting Administration for the damages and losses arising from any subcontracting. It continued, the Regulation to the Law, canon 67, stipulates that in obligations and rights with third parties, the concessionaire shall be governed by Private Law, and in mandate 69, that regarding damages caused to third parties, personnel, third-party property, or the environment, the concessionaire shall be solely responsible, unless the injuries are attributable to the grantor due to measures that the latter imposed on the concessionaire. All these norms, it concludes, articulate a system according to which, in the event of concurrent liabilities between a public entity and a private-law entity with which a concession is maintained, the sole party responsible for all damage to third parties, on the occasion of the construction or operation of the concession, is the concessionaire. It ended by stating that the granting Administration is excluded from third-party claims for acts, facts, or conduct arising from that relationship, caused by or on the occasion of its execution.

XX.- The system of liability of the Public Administration and the State in general derives from the Political Constitution, Articles 11 (principle of legality), 18 and 33 (equality in bearing public burdens), 34 (protection of acquired rights and consolidated legal situations), 41 (right to full compensability of damages); 45 (protection of private property); 49 (protection of subjective rights and legitimate interests), 50 (liability for environmental damage); 74 (social solidarity), 148, 149, 154, 166, and 188 (liability of the President of the Republic, Executive Branch, Government Council, Judicial Branch, and the directors of autonomous institutions), and 139 subsection 4), 140, and 191 (right to the proper functioning of public service). In this regard, judgments No. 5207-2004 of May 18, 2004, of the Sala Constitucional and No. 308-F-2006 of May 25, 2006, of this Court may be consulted. The legal development of this constitutional principle of public liability is found, first and foremost, in the General Law of Public Administration. Subsequently, it is developed in other legal bodies, such as the Law on Administrative Procurement, the Law Regulating the Public Service of Remunerated Transportation of Persons in Vehicles in the Taxi Mode, the Law Regulating Remunerated Transportation of Persons in Motor Vehicles, and the General Law on Concession of Public Works with Public Service, the latter being the one that must be applied to this matter, as will be seen below.

XXI.- The General Law on Concession of Public Works with Public Services, No. 7762, contains rules that define the non-contractual liability of the parties to an administrative contract vis-à-vis third parties harmed precisely by the execution of the agreement. In particular, regarding the liable party. Thus, canon 18 subsection f) establishes that it is the obligation of the concessionaire to “Indemnify for the damages and losses caused to third parties as a consequence of the execution of the concession” (before the amendment made through Ley 8696 of December 17, 2008 – which re-numbered the subsections – this subsection corresponded to e). Mandate 36 indicates that during the construction phase, the “works shall be executed at the risk of the concessionaire (…)”. And finally, numeral 38 provides “Regime applicable to the Concessionaire's relations [.-] With regard to rights and duties with third parties, the concessionaire shall be governed by the rules of Private Law. It shall be responsible before the granting Administration for the damages and losses that may arise from any subcontracting.” Within the obligations of the granting Administration contained in Article 16, the legislator did not include the duty to repair the damages and losses caused by the execution of the contract by the concessionaire. And it is that –as seen– that duty was imposed on the contractor, who is the one deploying the harmful conduct (subsection 18.f). In this way, the effects of the concessionaire's activity are not attributed to the granting Administration by the mere ownership of the work and the public service. Ownership by itself is insufficient as a primary criterion of imputation; it is not logical that the public entity should be responsible for conduct that –even within the framework of an administrative contract– is foreign to it. And moreover, in the case of a contract regulated by Ley 7762 (like the one in this matter), for the construction phase, it is expressly framed within the duties that the Law imposes on the concessionaire in precept 36.e, in the sense that it must “Adhere to the best construction procedures and the approved construction plans for the works (…)”. This exclusive allocation of liability to the concessionaire in the LGCOPSP is reinforced by mandate 36 of the same law already cited, which endorses the risk to the contractor. To conclude, it must only be noted that Article 38 eliminates any doubt that might arise about the rules governing that non-contractual liability of the concessionaire with third parties (and, in general, the relations between them). In principle, one might question whether the contractor's status as a private entity should be followed, or rather the public nature of the work and the service that has been delegated to it, and thus choose –on a well-founded basis– the liability system applicable to the concessionaire, whether the subjective system of private law, or the –predominantly– objective regime proper to administrative liability. However, the legislator clarified the dilemma by stipulating in the mentioned precept the “Regime applicable to the Concessionaire's relations [.-] With regard to rights and duties with third parties, the concessionaire shall be governed by the rules of Private Law. It shall be responsible before the granting Administration for the damages and losses that may arise from any subcontracting.” In this same noted sense, the General Regulation on Concession of Public Works with Public Services, Decreto Ejecutivo 27098, establishes in Article 69 that regarding “Damages to third parties [.-] 69.1 During the term of the concession, the concessionaire is obligated to adopt all reasonable measures to avoid damages to third parties and to the personnel working on the construction of the work or the operation of the service. It must likewise take all precautions to avoid damages to third-party property and to the environment. [.-] 69.2 The concessionaire shall be solely responsible for all damage, of any nature, which on the occasion of the construction of the work or the operation of the service is caused to third parties, to the works personnel, to third-party property, or to the environment, unless the damages are attributable to the granting Administration due to measures that the latter imposed on the concessionaire.” It is clear that this regulation of the LGCOPSP has the virtue of recognizing situations in which the damage is caused by an action of the concessionaire that had been specifically ordered or imposed by the Administration. Hence, it is this administrative action which is the genesis of the injuries; it is this which is the reason why the concessionaire engages in the conduct that proves harmful to the third party. Therefore, the regulatory precept attributes the duty to indemnify to the granting public entity.

XXII.- In the sub lite, as a starting point, the Trial Court considered it proven that the construction of the San José – Caldera highway is a public work of the State, granted under a public works concession with public services to Autopistas del Sol, which in turn subcontracted for that phase to Constructora San José – Caldera (thus the ninth and tenth proven facts). Likewise, the Trial Court proceeded from the basis that this concession was processed and granted in accordance with the LGCOPSP (third considerando, second point). In this panorama, a contractual relationship is configured in the first instance; at the same time, a bond is created among the user subjects of the conceded public work, the concessionaire, and the Public Administration. But in addition to this, as noted, the existence of that contractual relationship, the execution of the building works for the project, in turn generated damages to third parties, non-users of the work, who are Constructora Guter Martínez and the individuals José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, Maciel Irías Murillo, Maylin Irías Murillo, and Juan Manuel Víquez Quesada. As determined by the Trial Court and concurred with by this Chamber in preceding considerandos, Autopistas del Sol and Constructora San José – Caldera, by excavating the ground and creating the slope (following the design also contracted to the former), caused a landslide that affected the two properties of Constructora Guter Martínez, on which two dwelling houses occupied by the individual plaintiffs are situated. It has therefore been the conduct of the concessionaire and that of its subcontractor that generated that particular damage, from which the moral injuries then derived. The effects of that conduct are attributable only to those who engaged in it, such that the obligation to compensate those detriments weighs solely upon Autopistas del Sol and Constructora San José - Caldera. This is because –it is insisted– they were the ones who performed that work, and especially because the LGCOPSP expressly established this in Article 18.f. The Trial Court's judgment does not violate the constitutional principle of Public Administration liability, because in this matter, there is no administrative conduct that contributed to the generation of the damage. The simple ownership of the public work (and the often-mentioned right-of-way) cannot –as the cassation appellant intends– be a criterion of imputation, since no constitutional or legal norm provides a basis for that thesis. Ownership over the work or the public service is not sufficient to attribute to a public entity joint and several liability in the duty to repair as if it were a matter of co-authorship, much less still –as Autopistas del Sol alleges– to make it bear the totality of that obligation. Especially when, in contracts like the present one, the scope included the design of the work, which, while not an aspect opposable to the plaintiffs (third parties with respect to that agreement), does call attention to this focus by the party who is indeed bound by that will. At this point, by reason of section three of the third considerando of the judgment, as well as the conclusions of the state representative, it is worth insisting by way of clarification that the contractual clauses (including those relating to liability vis-à-vis third parties) govern the contracting parties, but not the harmed third parties; so that the resolution of this matter is provided by Law, not by the will of the State, the CNC, and Autopistas del Sol. Finally, the appellant additionally argues that it executed the plans that the granting Administration and the project supervisor approved, and that these plans together with the start order are precisely orders and instructions from the grantor that exempt it from liability, according to the Regulation. This precise allegation, with that detail, is introduced at this cassation stage, and therefore was not the subject of debate. Hence, in accordance with Article 608 of the Civil Procedure Code (applicable according to precept 220 of the CPCA), this Chamber is precluded from issuing a pronouncement in that regard. It must be clarified that it is novel, since even though when answering the claim, Autopistas del Sol laconically referred to the Administration having approved the plans, this was as part of the allegations of ownership of the work and the right-of-way to ground the attribution of liability to the Public Administration and exclude its own. Moreover, the argument does not coincide with that of the plaintiff, who in the complaint invoked an omission in the oversight activity incumbent upon the State as the grantor of the highway construction (folios 31 and 32). In other words, what the plaintiffs argued against the State was an oversight inactivity during the execution of the construction phase; not an administrative fault in the approval of plans, which would correspond to the execution of the contract, but in its design and planning stage. Thus, for the reasons stated, this argument by Autopistas del Sol is declared without merit.

XXIII.- Third argument. Constructora San José – Caldera (in the first ground of its appeal) alleges transgression of mandates 1025 and 1046 of the Civil Code. It specifies, the judgment condemns it jointly and severally with Autopistas del Sol, but does not justify the reason for that joint and several liability, it simply presumes it. With this, it explains, it violates Article 1025 and the principle of privity of contracts, because compensatory effects are imposed on it by reason of a contract to which it is not a party. It says, one might think it is due to the supposed subcontracting relationship or that of the partners mentioned, but this is not fully justified, so that it cannot determine whether that assessment is correct or not. Likewise, precept 1046 ibidem is disregarded, since there is no minimal treatment of the joint and several nature of the payment obligation of Autopistas del Sol and itself. It details that the Trial Court considered Autopistas del Sol responsible for negligent conduct in not performing the necessary prior studies, but did not explain why it must answer for that supposed negligence.

XXIV.- The Trial Court considered it proven that the construction of the San José-Caldera highway is a public work granted in concession to Autopistas del Sol (thus proven fact 9). And that specifically for the construction phase, Autopistas del Sol subcontracted it to Constructora San José – Caldera (proven fact 10). That being the case, it is clear that the party who executed the construction work, that is, Constructora San José – Caldera, is responsible for it. It recognized this when it answered the claim; in this sense, it acknowledged that it was the one that carried out the earthworks (movimiento de tierra) and proceeded to build (folio 108 and 113). As determined in considerandos XIV and XV, the direct conduct of Constructora San José – Caldera is what caused the damage to the properties of Constructora Guter and the consequent injury to the individuals who inhabited those premises; it was the cut, the slope, in execution of a design inappropriate according to the technique. The Trial Court reproached the lack of hydrogeological and structural studies, likewise, it determined that the excavation of the ground lowered the grade where the highway was being built, cut the base, and geologically destabilized the Pan de Azúcar hill. It is added that this excavation, the slope, responded to designs with flaws as determined by the expert. On this point, it is worth adding that the Trial Court highlighted that the expert civil engineer, Edwin Moya Solano, indicated that the engineers of this construction company had the obligation to depart from the reference studies. Therefore, regarding the condemnation of Constructora San José – Caldera, there is no disregard of canons 1025 and 1046 of the Civil Code.

XXV.- Fourth argument. Autopistas del Sol (in grievance G of its appeal), argues infringement of the principles of reasonableness and proportionality. It states, the judgment condemns it to pay Messrs. José Martín and Maciel the sums of ¢3,000,000.00 and to Juan Manuel and Maylin the amounts of ¢5,000,000.00, taking into consideration the psychological report provided on the impact of the landslide and the treatment received. However, it asserts, the Trial Court omitted to assess that the claim by the individuals was based on their participation as shareholders of the company owning the assets, and that no evidence was ever presented that at the time of the facts they were already shareholders; the certification of share capital does not determine the moment of acquisition of the shares. Furthermore, they did not make a claim as dwellers or occupants of the dwellings located on the land; but even had they done so, there is no evidence to that effect in the record. All of this, it concludes, determines an evident lack of standing to sue. On the other hand, it continues, there were no witnesses who contributed to demonstrating the existence of the factors indicated by the Trial Court; the psychological report is documentary evidence that cannot be equivalent to an expert opinion in which the existence of moral damage or even psychological damage could have been determined. There is no proof of moral damage, and even if it could have been demonstrated “(even in re ipsa)”, the fixing of the amount is totally exorbitant and removed from reality, unrelated to the facts, which shows it was determined in a capricious manner, without any justification, thereby violating the constitutional principles of proportionality and reasonableness.

XXVI.- In this argument, the cassation appellant mixes substantive defects with a procedural one. Indeed, from its development, it is evident that it actually inserts three recriminations: A) firstly, it asserts that moral damages were claimed as shareholders of the owner of the properties, not for occupying the premises, which determines the lack of standing regarding this granted aspect; B) it alleges that moral damage was not demonstrated, since it was not proven that they were shareholders, nor dwellers; and C) the fixing of the amount of compensation is capricious and without justification, in violation of the principles of reasonableness and proportionality.

XXVII.- Regarding point A, it seems to claim an inconsistency in an extremely laconic manner, within an argument where it raises substantive claims. It will be rejected for not being explained with clarity. Beyond the above, Autopistas del Sol is referred to considerando VIII of this ruling, which denied the similar ground formulated by the other appellant company. It is worth reiterating that the compensation for this non-property damage was indeed requested based on the fact that the individual plaintiffs live in the houses located on the properties affected by the landslide. Regarding point B), it is first noted that there is no mention of relevant substantive norms. The constitutional principles it refers to are in function of the quantum, not in the determination of the damage itself.

In any event, as stated in Considerando X of this judgment, it falls to the judge to determine moral damages through logical inferences based on the facts that have been deemed proven, and therefore the analysis of specific evidentiary items is not required. In the case at bar (sub júdice), in proven fact no. 2 of the challenged decision, the Tribunal established that the individual plaintiffs reside on the properties, and for this the Tribunal relied on the complaint, the witness Jesús Campos Fernández, and the statements of José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, and Maylin Irías Murillo. Likewise, in circumstance no. 13, it recounted that Maylin Irías Murillo and Juan Manuel Víquez Quesada, due to the offer from Constructora San José – Caldera, vacated their dwelling, based on the statements of the witness just cited and Jose Martín Irías. In facts 6 and 7, it mentioned respective communications from Constructora San José - Caldera addressed to the plaintiffs, regarding the cracks and landslide and the recommendation to vacate, based on those documentary pieces of evidence. In sum, the Tribunal inferred the moral damage from a body of circumstances that were proven by the evidentiary elements indicated. The appellant does not object to the assessment of those evidentiary items, in order to undermine those facts and consequently that logical inference. Ergo, this point must also be dismissed.

Finally, regarding point C) concerning the reasonableness and proportionality of the monetary compensation award, as noted in Considerando IX of this decision, the Tribunal determined that all of the individual plaintiffs suffered moral prejudice (detrimento moral), by reason of uncertainty and worry, and in the case of Maylin Irías Murillo and Juan Manuel Víquez Quesada, that state of mind was aggravated by their minor child and having abandoned their dwelling according to the proposal of Constructora Caldera. Those were the reasons the Tribunal gave for its decision. This Chamber agrees with them, observing that the properties where they live are suffering a landslide, that there was an impact on their houses, is a fact that undeniably causes disturbance; they do not feel protected in the physical sphere of ultimate refuge that every human being has, where they rest and carry out a good part of their activities, all for more than a year. It is a case of unease for a prolonged period. Consequently, this Chamber considers that the sums of ¢3,000,000.00 that the Tribunal granted to José Martín Irías, Adilza Murillo, and Maciel Irías (respectively) and of ¢5,000,000.00 to Maylin Irías and Juan Manuel Víquez, are reasonable in relation to the period during which they remained in that state; note that in the case of the latter two, the worry was heightened by no longer providing a roof for their minor child, a house in which they could live and develop. In summary, the challenge will be denied.

XXVIII.- By virtue of the foregoing, the appeals filed by Constructora San José - Caldera and Autopistas del Sol will be declared without merit. The appellant corporations must pay the costs generated by their exercise, as established in canon 150.3 of the CPCA.

POR TANTO

The cassation appeals filed by Constructora San José – Caldera Sociedad Anónima and Autopistas del Sol Sociedad Anónima are declared without merit, and they must pay the costs generated by their exercise.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales Jorge Alberto López González MACUNAQ Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Se produce por disonancia o contradicción entre la parte dispositiva del fallo y las pretensiones y excepciones esgrimidas en la demanda, contestación, audiencia preliminar y en el juicio (precepto 67 Código Procesal Contencioso Administrativo), así como los pronunciamientos oficiosos del juzgador (mandato 122 ibídem). Resulta indispensable analizar el fundamento fáctico del cuadro petitorio, ya que los hechos (junto con las alegaciones de derecho), constituyen el basamento de las pretensiones (causa de pedir). Si bien inicialmente la actora peticionó en su demanda, se determine la existencia del daño material y su cuantificación mediante un peritaje, luego decidió limitar el debate a su existencia, difiriendo para la fase de ejecución del fallo el establecimiento de la cuantía, lo cual así lo dispuso la jueza, sin que los demandados lo objetara. Por eso, hubo un pronunciamiento en abstracto sobre la cuantía y delimitó en qué consiste la lesión pedida que se indemnizará. Tampoco se verifica la incongruencia del daño moral que otorgó el Tribunal a las personas físicas que habitan la propiedad de la sociedad actora -quienes son sus accionistas-, pues así fue pedido en la demanda.

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... Ver más *100017781027CA* Res. 000925-F-S1-2015 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del seis de agosto de dos mil quince.

Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por JOSÉ MARTÍN IRÍAS HERNÁNDEZ, empresario, vecino de Alajuela, en su condición personal y como apoderado generalísimo sin límite de suma de CONSTRUCTORA GUTER MARTINIS SOCIEDAD ANÓNIMA, ADILZA MURILLO BLANCO, empresaria, vecina de Alajuela, MACIEL IRÍAS MURILLO, soltera, estudiante, vecina de Alajuela, MAYLIN IRÍAS MURILLO, estudiante, vecina de Alajuela, JUAN MANUEL VÍQUEZ, ingeniero industrial, vecina de Alajuela; contra el ESTADO, representado por la procuradora Georgina Chaves Olarte, el CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES, representado por el ministro Francisco Jiménez (no indica segundo apellido), AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por sus apoderados generalísimos sin límite de suma, Cristian Sandoval Cataldo, de nacionalidad chilena, ingeniero civil, Carlos Jaraquemada Valle, de nacionalidad española, economista, Gastón Orostegui Torvisco, de nacionalidad chilena, ingeniero civil, Javier Carriedo Cuesta, de nacionalidad española, economista, CONSTRUCTORA SAN JOSÉ CALDERA CSJC SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por sus apoderados generalísimos sin límite de suma Jose Salvador Pelaez Vilchez, de nacionalidad española, ingeniero industrial, Enrique Marijúan Castro, de nacionalidad española, ingeniero. Figuran como apoderados especiales judiciales, por la parte actora, Geovanny Sibaja Fallas; del CNC, Gabriela León González, soltera, vecina de Alajuela, Jorge Madrigal Sancho, soltero; por Autopistas del Sol, Luis Ortiz Zamora, no indica estado civil, Mauricio Salas Villalobos, no indica estado civil. Las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de San José.

RESULTANDO

1.- Con base en los hechos que expusieron y disposiciones legales que citaron, los actores establecieron proceso de conocimiento, para que en sentencia se declare: “…con lugar la presente demanda en todos sus extremos. – Que se declare la disconformidad de la conducta administrativa con el ordenamiento jurídico y de todas las actuaciones conexas. – Que en sentencia se condene solidariamente al Estado y a las demás codemandadas a cancelar los Daños Materiales sufridos por la sociedad actora Constructora Guter Martini S.A., daños materiales, que de conformidad con el informe pericial del ingeniero Luis Alberto Rodríguez Astúa, consiste en el pago a la sociedad Constructora Guter Martini S.A. de la suma de Un Millón Novecientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Ocho dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América ($1.987.978.00). Sea, de conformidad con el artículo 222 inciso m) i, se solicita condenar solidariamente a los demandados al pago de daños y perjuicios, con pronunciamiento sobre su existencia y cuantía. – Que en sentencia se condene solidariamente al Estado y a las demás codemandadas, a cancelar los Daños Morales sufridos por parte de los suscritos, José Martín Irías Hernández, Adulza Murillo Blanco, MAciel Irías Murillo, Maylin Irías Murillo y Juan Manuel Víquez Quesada, daños morales, que de conformidad con el informe pericial del perito ingeniero Luis Alberto Rodríguez Astúa, corresponde a la suma de Doscientos Cincuenta Mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, ($250.000.00) a razón de Cincuenta Mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, ($50.000.00) por y para cada uno de los suscritos. Sea, de conformidad con el artículo 122 inciso m) i, se solicita condenar solidariamente a los demandados al pago del daño moral, con pronunciamiento sobre su existencia y cuantía. – Que en sentencia se condene solidariamente al Estado y a las demás codemandadas, a cancelar todas las costas personales y procesales. – Que la sentencia condenatoria realice una efectiva indexación de la parte dineraria de conformidad con el artículo 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo. – Que la sentencia condenatoria establezca que los demandados deben realizar alguna medida técnica de mitigación, que garantice la seguridad de las personas que transitan por el lugar y la seguridad de las demás personas que habitan el lugar.” 2.- La parte demandada contestó negativamente. La apoderada estatal opuso las excepciones de falta de legitimación ad causam pasiva, falta de legitimación activa; los apoderados del CNC y los de Autopistas del Sol interpusieron las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación, falta de interés y la expresión genérica de “sine actione agit”. Los apoderados de Constructora San José-Caldera, las de falta de derecho y falta de legitimación ad causam activa.

3.- Al ser las 8 horas 30 minutos del 20 de noviembre de 2012 inició la audiencia preliminar, oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de las partes.

4.- El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, integrada por la Jueza Cynthia Abarca Gómez y los Jueces José Paulino Hernández Gutiérrez y José Roberto Garita Navarro, en sentencia no. 81-2013 de las 16 horas del 30 de mayo de 2013, resolvió: Primero: Se admite la excepción de falta de legitimación pasiva, opuesta por el CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES y el ESTADO; por innecesario se omite pronunciamiento respecto de las de falta de interés y falta de derecho. Segundo: Respectos (sic) de éstos, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda establecida en su contra por CONSTRUCTORA GUTER MARTINI, SOCIEDA ANONIMA (sic), JOSE MARTIN (sic) IRÍAS HERNANDEZ (sic), ADILZA MURILLO BLANCO, MACIEL IRÍAS MURILLO, MAYLIN IRÍAS MURILLO, y JUAN MANUEL VÍQUEZ QUESADA. Tercero: Se rechazan esas mismas excepciones opuestas por los otros codemandados. Cuarto: En consecuencia, respecto de AUTOPISTAS DEL SOL, SOCIEDAD ANONIMA (sic) y CONSTRUCTORA SAN JOSE (sic)-CALDERA CSJC, SOCIEDAD ANONIMA (sic), se declara procedente la demanda; se condena a éstas solidariamente a pagar a los actores: A) a la CONSTRUCTORA GUTER MARTINI, SOCIEDAD ANONIMA (sic), el daño material consistente en le valor de la depreciación y pérdida objetiva y efectiva que experimentó la finca a causa del hundimiento y desprendimiento de una parte del terreno, acaecido en agosto de 2009, lo que comprenderá además las limitaciones al libre uso y disfrute que ese evento ha implicado e implicará para su propietario y que de no haberse producido, éste podría explotar, siempre que esas restricciones o limitaciones sean permanentes. Esto habrá de determinarse con auxilio técnico pericial en fase de ejecución de sentencia. B) a los señores JOSE MARTIN (sic), ADILZA y MACIEL, la suma prudencial de tres millones de colones, por daño moral, para cada uno de ellos, y a los señores JUAN MANUEL y MAYLIN, por el mismo concepto, la suma de cinco millones de colones. Quinto: Este extremo por daño moral será indexado a partir de su firmeza y hasta su extinción por pago efectivo; el monto por daño material una vez convertido en obligación dineraria, será indexado de la misma forma. Sexto: En cuanto al Estado y al Consejo, el caso se resuelve sin especial condena en costas. Sétimo: Se condena a las sociedades codemandadas perdidosas, al pago de las costas personales y procesales.” 5.- Los apoderados de Autopistas del Sol y Constructora San José-Caldera formulan sendos recursos de casación indicando las razones en que se apoyan para refutar la tesis del Tribunal.

6.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. Participa en la decisión de este asunto el magistrado suplente López González.

Redacta el magistrado López González

CONSIDERANDO

I.- Según los hechos que tuvo por demostrados el Tribunal, la construcción de la carretera San José-Caldera es una obra pública propiedad del Estado, otorgada en concesión de obra pública con servicio público a Autopistas del Sol Sociedad Anónima (en adelante Autopistas del Sol). Para la fase de construcción, esta empresa concesionaria subcontrató a Constructora San José – CaLdera Sociedad Anónima (en lo sucesivo Constructora San José - Caldera). En agosto de 2009, en el sitio ubicado entre los kilómetros 33 y 34 de la carretera, conocida como Ruta Nacional no. 27, las empresas dichas excavaron el terreno, bajaron la rasante de donde se construía la carretera y cortaron la base. Se produjo un deslizamiento de tierras, que afectó dos fincas propiedad de Constructora Guter Martini Sociedad Anónima (en adelante Constructora Guter), matrículas 358581-000 y 016438-000, sitas en la provincia de Alajuela, Atenas, Pan de Azúcar de Concepción. En dichos predios habitaban los señores José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, Maciel Irías Murillo, Maylin Irías Murillo y Juan Manuel Víquez Quesada. El día 18 de setiembre de 2009, Constructora San José – Caldera remitió notas a Maylin Irías Murillo, Martín Irías Hernández y “Manuel Irías Hernández”, en las que indicó que con motivo de la construcción de la obra pública, se han observado grietas que se aproximan a la propiedad, lo que podría tornar inestable la plataforma donde se ubican las viviendas. Asimismo, recomendó desalojar a la mayor brevedad y que cubriría los costos de la mudanza y alquileres respectivos durante el tiempo que “dure la situación”. En misiva del 29 de octubre de 2009, les informó que realizaba pruebas y mediciones necesarias con el fin de determinar el estado actual y futuro del deslizamiento que afectaba los predios. En ese mismo mes, sin precisar fecha exacta, Maylin Irías Murillo y José Martín Víquez Quesada desalojaron la casa que habitaban, y se mantuvieron fuera por el lapso de un año. Durante los años 2010 y 2011, Constructora San José – Caldera implementó medidas técnicas de mitigación y prevención, y llevó a cabo un control topográfico del terreno. Actualmente, el área del deslizamiento fue estabilizada. En virtud de lo anterior, Constructora Guter, José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, Maciel Irías Murillo, Maylin Irías Murillo y Juan Manuel Víquez Quesada demandaron al Estado, al Consejo Nacional de Concesiones, a Autopistas del Sol y a Constructora San José – Caldera, para que en sentencia se: 1) declare la disconformidad de la conducta administrativa con el ordenamiento jurídico, así como de todas la actuaciones conexas; 2) condene solidariamente a los demandados a cancelar: 2.1) los daños materiales sufridos por Constructora Guter, que estimaron prudencialmente en la suma de $1.987.978,00, así como los perjuicios, 2.2) los daños morales sufridos por cada una de las personas físicas dichas, en el monto de $250.000,00 a cada uno; 3) deben realizar alguna medida técnica de mitigación que garantice la seguridad de las personas que transitan por el lugar y la de quienes habitan allí; 4) pagar ambas costas del proceso. Los demandados se opusieron a la demanda (folios 53, 54 y 698, y archivo de audio y video de la audiencia única, parte tercera, celebrada el 8 de abril de 2012). El Consejo Nacional de Concesiones y Autopistas del Sol, en sendas contestaciones, formularon las excepciones de falta de: interés, legitimación en sus dos modalidades y derecho. Constructora San José – Caldera planteó las defensas de falta de legitimación activa y de derecho, en concreto la fuerza mayor y vicios ocultos. Por su parte, el Estado, opuso la falta de legitimación activa y pasiva. El Tribunal acogió la falta de legitimación pasiva del Consejo Nacional de Concesiones y del Estado, declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda en su contra, y resolvió sin especial condenatoria en costas. Denegó la falta de: interés, legitimación y derecho respecto de Autopistas del Sol y Constructora San José – Caldera. Declaró con lugar la demanda establecida contra ellos, les condenó a pagar solidariamente: 1) el daño material a Constructora Guter, consistente en “el valor de la depreciación y pérdida objetiva y efectiva que experimentó la finca a causa del hundimiento y desprendimiento de una parte del terreno, acaecido en agosto de 2009, lo que comprenderá además las limitaciones al libre uso y disfrute que ese evento ha implicado e implicará para su propietario y que de no haberse producido, éste podría explotar, siempre que esas restricciones o limitaciones sean permanentes”, lo que se determinará en fase de ejecución con auxilio técnico pericial; 2) el daño moral a José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco y Maciel Irías Murillo, en la suma de ¢3.000.000,00; y a Maylin Irías Murillo y a Juan Manuel Víquez Quesada, el monto de ¢5.000.000,00; y 3) las costas personales y procesales.

II.- Inconformes, Constructora San José Caldera y Autopistas del Sol establecen recursos de casación. La impugnación de la primera fue admitida totalmente, la de la segunda sociedad lo fue en forma parcial. Los agravios admitidos se conocerán y se resolverán atendiendo a la estructura de la casación que prevé el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA); esto es, en primer término los vicios procesales; posteriormente los reproches de índole sustantiva. Asimismo, se advierte que los cargos se reagrupan y renombran de conformidad con las argumentaciones esgrimidas y las causales establecidas por el mismo cuerpo legal.

Casación por violaciones procesales III.- Primero. Con el título “A- VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL y NORMAS CUYA INOBSERVANCIA SEA SANCIONADA CON LA NULIDAD ABSOLUTA, SE CONSIDERAN COMO VIOLENTADOS LOS ARTÍCULOS 1 INCISO 1) Y 2 INCISO B), Y 5, 12 inciso 3), TODOS DEL CPCA, ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y ARTICULO 97 INCISO 1) DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL”, Autopistas del Sol recrimina el Tribunal no podía arrogarse jurisdicción y competencia en la determinación de situaciones jurídicas regidas por el Derecho Privado. Prosigue, si no existe causa con el Estado y el CNC como se estableció en sentencia, lo procedente era que se declarara incompetente y remitiera el asunto a la jurisdicción civil ordinaria. La competencia del Tribunal Contencioso, dice, está regulada en el mandato primero inciso primero del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPC) en relación con lo preceptos 2.b, 5 y 12 del mismo cuerpo legal. Al no haber responsabilidad administrativa del Estado y del CNC, “no existe deber alguno de nuestra representada derivada de la conducta administrativa, se agota así la jurisdicción Contencioso-Administrativa establecida en el 49 de la Constitución Política y el artículo 97 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (…) por lo que el Tribunal debió abstenerse –de oficio- a (sic) fallar por el fondo este asunto”. Añade, se le condenó al pago del daño material, en violación del canon 126 del CPCA, el cual dispone que la sentencia estimatoria debe basarse en los hechos probados, y en este caso, la condenatoria no se funda en ellos. Insiste, no hay prueba de que el predio de la sociedad actora se depreció ni que fuera objeto de pérdida objetiva y efectiva, no hay un solo hecho probado que así lo consigne. Con lo cual se infringe el artículo 1045 del Código Civil.

IV.- Se observa que la recurrente mezcla dos vicios, uno de índole procesal (relativo a la supuesta incompetencia del Tribunal para fallar) con otro de carácter sustantivo (cual es la trasgresión del mandato 1045 del Código Civil); sin embargo, el punto medular de su recriminación es el primero, al segundo dedica unas pocas líneas en las cuales –por demás- no desarrolla ni explica la violación más allá de indicar que no se funda en los hechos acreditados. Por lo anterior, esta Sala se limita a conocer el reclamo por incompetencia, y sobre ello se concluye que no lleva razón la casacionista. La decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de declarar parcialmente con lugar la demanda únicamente contra los accionados sujetos privados, es simultánea respecto a la denegatoria por falta de legitimación pasiva respecto de los sujetos públicos. El primero de esos decretos no puede bajo ninguna circunstancia enervar la competencia de ese órgano. El Estado y el Consejo Nacional de Concesiones fueron demandados en conjunto con las sociedades anónimas (sujetos privados), de modo que la parte actora les exigió responsabilidad a cada uno de ellos, y ello determina la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa prevista en el artículo primero párrafo primero del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Por demás, resulta inadmisible una supuesta incompetencia sobrevenida como consecuencia de la falta de legitimación que determinó el Tribunal, ya que de conformidad con el canon 2.e del mismo cuerpo legal, la jurisdicción contencioso administrativa y civil de hacienda ha de conocer sobre “las conductas o relaciones regidas por el Derecho público, aunque provengan de personas privadas o sean estas sus partes”. Tal y como acontece en el presente asunto, en el cual se ventila la responsabilidad por lesiones ocurridas aparentemente –según se alega- por la ejecución de un convenio administrativo, es decir, originadas en la conducta del sujeto privado contratista de la Administración y que por ende está regida primaria y primordialmente por el Derecho público (en este sentido, remítase la casacionista a los considerandos del XX al XV de este fallo). En suma, el cargo será denegado.

V.- Segundo, en el punto primero “A- INDEFENSIÓN, AFECTANDO DERECHOS DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO”, Autopistas del Sol denuncia violación al derecho de defensa y debido proceso, del canon 119 del CPCA e incongruencia. Detalla, hay vicio de incongruencia en la condenatoria por daño material, pues el fallo se extralimitó otorgando cuestiones no pedidas y concedió más de lo pedido; otorgó un aspecto que no fue objeto de debate, cual es el valor de la depreciación y pérdida objetiva y efectiva que experimentó la finca a causa del hundimiento y desprendimiento, comprendiendo las limitaciones de uso y disfrute que implica e implicará para el propietario. Resalta, la parte actora solicitó el daño con fundamento en el artículo 122.m.i del CPCA, sea que el daño constara en el expediente. Cuestiona entonces de dónde extrajo el Tribunal que el daño material es la pérdida por depreciación y pérdida objetiva y efectiva y el uso y disfrute. La sociedad actora, argumenta, no pidió indemnización por ese rubro, ni hay prueba de que la propiedad se depreció, fue objeto de pérdida objetiva y efectiva, comprendiendo el uso y disfrute. Destaca, tampoco la empresa demandante peticionó se concediera en abstracto, por el contrario pidió que se condenara y fijara la cuantía del daño, lo que se habría podido hacer si constaran pruebas que sustentaran el valor o quantum de las lesiones. Expresa el canon 122.m.i establece que el Tribunal debe pronunciarse sobre la cuantía de los daños y perjuicios si se demuestra la existencia y su cuantía. De manera que al no pedirse que en ausencia de prueba, se condenara en abstracto se producen extra y ultra petita.

VI.- En reiteradas ocasiones esta Sala ha manifestado que la incongruencia se produce cuando hay una evidente disonancia o contradicción entre la parte dispositiva del fallo y las pretensiones y excepciones opuestas por las partes. Además de lo anterior, respecto de la congruencia resulta indispensable analizar el fundamento fáctico del cuadro petitorio, ya que los hechos (junto con las alegaciones de derecho), constituyen el basamento de las pretensiones. Esto es, para determinar o descartar la existencia del vicio ha de examinarse la relación entre la causa de pedir y lo pedido, es decir, deben considerarse las circunstancias alegadas por la parte actora y la parte demandada para sustentar sus tesis, pues son éstas las que definen o limitan el pronunciamiento del Tribunal. Por último, resta señalar que en procesos regidos por el CPCA, además del contraste entre lo peticionado y lo concedido, se requiere confrontar la parte dispositiva con las pretensiones y excepciones esgrimidas tanto en la demanda como en la contestación, pero también en la audiencia preliminar y en el juicio (por ejemplo el artículo 67 del cuerpo legal de cita); así como considerar los pronunciamientos oficiosos que ese cuerpo legal impone al juzgador, como los contenidos en el artículo 122 ejúsdem.

VII.- En el sub júdice, de conformidad con la demanda, la audiencia única (tercera parte del 8 de abril de 2013, archivo de audio y video), así como de la minuta (folio 1041), se tiene que la parte actora peticionó –entre otros aspectos- se condenara a los codemandados a cancelar los daños materiales sufridos por Constructora Guter, “de conformidad con el informe pericial del ingeniero Luis Alberto Rodríguez Astúa, consiste en la suma de un Millón Novecientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Ocho dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América ($1.987.978,00). Sea de conformidad con el artículo 122 inciso m) i, se solicita condenar solidariamente a los demandados al pago de daños y perjuicios, con pronunciamiento sobre su existencia y cuantía” (folio 54). Como probanzas, ofreció en su demanda un “Peritaje de Daños y Perjuicios, realizado por el ingeniero Luis Alberto Rodríguez Astúa, MBA, Perito Oficial de la Corte Suprema de Justicia y miembro activo del Instituto Costarricense de Valoración (ICOVAL)” (folio 58). Posteriormente, al replicar la contestación de demanda de Constructora San José – Caldera, en lo que al daño material se refería, manifestó no tener “problema de que otro perito nombrado por Su Autoridad, valore nuevamente el caso, sea partiendo del informe del perito Rodríguez Astúa (como se solicitó en el escrito de demanda) o realizando un nuevo peritaje” (folio 352). En lo relativo a la del Estado, explicó, en razón de que los terrenos han sido propiedad de la familia Irías por más de 100 años y de que su transmisión ha sido a título gratuito, desconocía el valor real del detrimento patrimonial, por lo que contrató a un “actuario matemático oficial de la Corte Suprema de Justicia para que dicho profesional determinara cuanto (sic) es la estimación de los agravios que se han visto obligados a soportar” (que a folio 357). En la audiencia única, tercera parte, celebrada el 8 de abril de 2012, aquella prueba documental que la parte actora identificó en su demanda como “peritaje” elaborado por el ingeniero Rodríguez Astúa no fue admitida (10:47:08 del archivo de audio y video). De seguido, en cuanto a la admisión de la prueba pericial para la valoración de ese daño material, y que fue ofrecida por la demandante, señaló la jueza presidente del Tribunal: “(…) hay dos aspectos a considerar: las otras pruebas periciales ya fueron evacuadas, rendidos los informes, entonces se estaría evacuando en la audiencia de juicio (…), esta prueba no se tramitó; entonces aquí hacemos la siguiente consideración, (…) si se admitiere esta prueba, que tengo que darle audiencia a las partes, tendría que suspenderse el proceso, hacer el nombramiento del perito, pagar sus honorarios, que el haga su informe, darle audiencia a las partes, y que esto después esto atrasaría el juicio por lo menos, por lo menos 3 meses más (…); la otra es que es una consideración que siempre se hace, que no se está pidiendo este perito –a lo que entiendo- para demostrar el daño, serían las otras dos pruebas periciales las que están probando el daño, entonces que usted valore este perito para una posible fase de ejecución de sentencia, donde eventualmente estaría acogida o no su demanda, declarado o no su derecho, y entonces la valoración correspondería al juez ejecutor que por turno corresponda, (…) nombraría el perito y que eventualmente podría verse la referencia que se hizo. Empezando por eso lo someto a su consideración, si usted quiere la valoración de una vez, le doy la palabra a las partes, hacemos el receso, obviamente seguiremos con la prueba, pero implicaría la suspensión del proceso” (10:51:47 del archivo de audio y video). A esto, el abogado de la parte actora manifestó: “consideramos conveniente para no dilatar mas el proceso, convocarnos a la parte de los daños y posteriormente ir a la fase de ejecución” (10:54:09). De esta manera, concluyó la jueza que el peritaje sobre la valoración del daño se realizaría en la fase ejecución de sentencia (10:54:26). Ninguno de los demandados objetó ni se manifestó inconforme. De lo narrado, es claro que si bien inicialmente la parte actora peticionó se determinare la existencia del detrimento y su cuantificación, luego decidió limitar el debate a la existencia, difiriendo para la fase de ejecución del fallo el establecimiento de la cuantía, según lo dicho por el Tribunal. Por este motivo, es que en la sentencia se decretó un pronunciamiento en abstracto con respecto de la cuantía, no así del daño ocasionado a las fincas 35381 y 16438, precisamente consistente en “un hundimiento a causa del corte del terreno por las obras de construcción de la carretera, que alcanzó un sector o área importante y que eran zonas verdes con árboles frutales y otras plantas”. Continuó el Tribunal, “claro que el evento ocurrido en agosto de 2009, cambió el ejercicio de los atributos del dominio sobre la finca, restringió su uso, goce, transformación y enajenación. Las grietas formadas, el deslizamiento, desplazamiento y moviendo de tierra, merman su cabal y libre disposición. La reparación pretendida en estos autos, habrá de consistir en el valor de la depreciación y pérdida objetiva y efectiva que experimentó la finca a causa del hundimiento y desprendimiento de una parte del terreno, acaecido en 23 agosto de 2009, lo que comprenderá además las limitaciones al libre uso y disfrute que ese evento ha implicado e implicará para su propietario y que de no haberse producido, éste podría explotar, siempre que esas restricciones o limitaciones sean permanentes; por ejemplo, la imposibilidad de construir, sembrar, plantar o cultivar la tierra. Esto habrá de determinarse con auxilio técnico pericial. Una vez que esa obligación deje de ser de valor y se convierta en dineraria, en una suma de dinero, habrá de indexarse desde ese instante y hasta su extinción por pago efectivo (artículos 123, inciso 1, in fine, en relación con el 125, inciso 3, CPCA), lo que se hará en fase de ejecución de este fallo”. Por otra parte, recrimina además Autopistas del Sol que el Tribunal decretó pérdida por depreciación y pérdida objetiva y efectiva y el uso y disfrute, y en su parecer ello no fue peticionado. Discrepa esta Sala con la recurrente; tal y como se apuntó, desde la demanda se pretendió la indemnización por el daño material a las propiedades, en el proceso quedó acreditado (sin perjuicio del análisis que se hará respecto de los vicios sustantivos) la lesión a los inmuebles: grietas, deslizamiento, movimiento y hundimiento de tierra, cuya consecuencia lógica es precisamente la pérdida de valor. Después del evento, las heredades no tienen el mismo valor que tenían de previo a éste, su uso y disfrute fue modificado. El Tribunal delimitó la indemnización a estos elementos, de manera que en la fase de ejecución no puedan anexarse otros diversos; es más en cuanto al uso y disfrute dispuso que la restricción para indemnizar debía ser permanente. En consecuencia, no se verifica el vicio de incongruencia aducido, el daño material concedido a Constructora Guter fue peticionado por la parte actora, quien aceptó que la cuantificación se difiriera a la fase de ejecución de sentencia, el Tribunal solamente delimitó en que consiste la lesión pedida que se indemnizará. En consecuencia, este cargo habrá de ser denegado.

VIII.- Tercero. Como un único vicio procesal, Constructora San José – Caldera (en el segundo motivo de su recurso), esgrime infracción de los cánones 317 del Código Procesal Civil, 10, 57 y 82.4 del CPCA. Sostiene, en la condena por daño moral y su fijación, no se explica la razón por la cual se concede ¢3.000.000,00 a unos sujetos y ¢5.000.000,00 para otros, incurriendo en falta de fundamentación. Es un fallo inmotivado. Admite, si bien la indemnización es prudencial, también deben aplicarse los principios de la sana crítica racional, el sentido común y la experiencia. Cuestiona por qué si en el punto primero del considerado noveno, se dispuso que todos se afectaron por igual, se concedieron luego montos diversos, con un trato dispar que no se motiva. Disiente con la condenatoria por esta lesión por el hecho de ser habitantes, pues en la demanda, en la audiencia preliminar y en la fase de juicio, la solicitud fue por tratarse de socios de la empresa propietaria de los terrenos; en la etapa de conclusiones, para sanear el entuerto, se invocó como legitimación de la causa petendi del daño moral, una unión sin personalidad jurídica, cuando lo propio era invocar la situación que establece el articulo 10.4 del CPCA. Aclara, en todo caso, lo que es el motivo del agravio es la ausencia de prueba idónea para justificar la condena por lesión moral, los actores produjeron la prueba entre sí a partir de sus testimonios en el debate, sin aportar elementos sobre la existencia y dimensión del daño moral subjetivo, solo presentaron una copia de supuesta atención psicológica como consecuencia del deslizamiento, que no es prueba de un proceso terapéutico derivado de lesiones morales. Ataca las probanzas en que se basó el Tribunal. Observa, la copia del informe psicológico es una mera copia, pero le da condición de dictamen pericial y quien lo elaboró no se llegó al debate a referirse a él. La nota de su parte donde recomienda salir no tiene el carácter que se le atribuye, pues ninguno de los afectados dijo que al recibirla se le hubiere producido daño; las propias declaraciones, en las que “de la manera más burda se pusieron de acuerdo para constituir su propia prueba” IX.- De la reseña se extrae que la casacionista plantea tres recriminaciones: A) falta de motivación del fallo con relación al monto que fue concedido por concepto de daño moral a las personas físicas demandantes; B) en la indemnización de las lesiones morales –dice- deben aplicarse los principios de la sana crítica racional, el sentido común y la experiencia, y recurrirse a pruebas, las que en este caso –en su criterio- no fueron idóneas, por cuanto los individuos “la produjeron entre sí” (b.1), y se aportó la nota enviada por ella y una simple copia de una supuesta atención psicológica que no tienen el carácter que les atribuyó el Tribunal (b.2); y C) el daño moral fue peticionado por su condición de socios de la empresa dueña de los inmuebles, no por ser habitantes de éstos. Se ordenará el conocimiento de los tres reclamos insertos según las consecuencias que producen en la sentencia (según se verá), de manera que se resolverá primero el punto C, pues aún y cuando no se menciona expresamente, está referido a una supuesta incongruencia respecto la lesión moral; de seguido el A que versa sobre la falta de motivación del quantum concedido; y por el último el B relativo a la no demostración de ese daño. Baste decir por ahora que de conformidad con el mandato 150 del CPCA, la nulidad por vicios procesales (en tesis de principio) produce el reenvío del expediente al Tribunal a fin de que dicte el fallo según corresponda; y tratándose de vicios sustantivos, el órgano de casación debe, en esa misma resolución, fallar el proceso. De allí el orden en el cual se emite este pronunciamiento.

X.- Según se dijo, denuncia Constructora San José – Caldera que el daño moral lo solicitaron las personas físicas demandantes en tanto accionistas de Constructora Guter Martini S.A., sin embargo, el Tribunal lo otorgó en razón de que ellos habitaban las propiedades de esa empresa (punto C). Puntualiza además la recurrente que en la etapa de conclusiones, la parte actora “para sanear el tuerto” al invocar como legitimación de la causa petendi del daño moral, invocó una “unión sin personalidad jurídica”, cuando lo propio era invocar la situación que establece el articulo 10.4 del CPCA. No lleva razón la casacionista. Como se señaló en el considerando IV, la congruencia de una sentencia es la relación consecuente que ha de exhibir entre lo fallado en la parte dispositiva y las pretensiones y excepciones opuestas por las partes, delimitadas a su vez por el derecho y las alegaciones fácticas, en particular, las controvertidas. El fundamento circunstancial del marco pretensivo es por tanto límite del debate y del pronunciamiento, sin que ello demerite –claro está- el alcance del principio de verdad real que informa la legislación procesal contencioso administrativa y los pronunciamientos oficiosos que permite el Código de la materia. En este caso, se observa que desde la demanda, la parte actora refirió la existencia de una lesión extrapatrimonial de índole moral, con fundamentos tanto en la tenencia accionaria como en la residencia y habitación de las casas sitas en los predios. Así, señaló desde la demanda: a) que quienes son personas físicas habitan en las fincas pertenecientes a Constructora Guter Martini, que constituyen su habitación familiar, y tienen “gran arraigo” en ellos pues la familia Irías –a la que pertenecen- ha residido en dichos terrenos por cinco generaciones (hecho segundo); b) estos individuos son accionistas de esta sociedad (hecho y tercero); c) en los terrenos se ubican dos casas de habitación (hecho cuarto); d) el deslizamiento de tierra afectó “(…) de forma gravísima, irreversible e irreparable las dos propiedades (…), afectando con ello, la vida entera de todos nosotros y el patrimonio de Constructora Guter Martini S.A. (…) Actualmente, dicho deslizamiento se encuentra a 18 metros lineales de una de nuestras viviendas y a 25 metros lineales de la otra residencia. En este momento, las grietas más cercanas a nuestras viviendas están aproximadamente a 9 y a 10 metros lineales (…)” (subrayado se agrega, hecho octavo); e) Maylin, Juan David y Juan Manuel se trasladaron a una vivienda amueblada que les alquila una de las empresas demandadas, lo cual les generó trastorno mental, familiar y social, desconocen qué pasaría con su verdadera residencia, no concilian el sueño por las noches por la incerteza sobre su casa, están atemorizados por haber dejado a parte de la familia en el lugar, asimismo que en febrero se percataron del hurto de sus pertenencias que habían en la vivienda, todo lo cual les ha obligado a recibir atención psicológica (hecho decimosegundo); y f) José Martín, Adilza y Maciel, no aceptaron la propuesta de la Constructora San José – Caldera, pues a pesar del temor y del riesgo que les representa vivir en el lugar, creen que de abandonarlo, en poco tiempo sería desmantelado, lo cual les ha obligado a recibir atención psicológica (hecho decimotercero). En el fundamento de derecho, expresó la parte actora: “(…) todos y casa uno de las personas físicas actoras, somos accionistas de dicha sociedad, que funciona como se ha explicado como una “sociedad anónima familiar”. Acá resulta plenamente aplicable la disposición del artículo 9 inciso b), en cuanto a los grupos, las uniones sin personalidad, que vean afectados sus intereses legítimos, incluso sin necesidad de estar integradas en estructuras formales de personas jurídicas (…) En nuestro caso, estamos plenamente legitimados activamente, por cuanto somos poseedores, desde hace muchos años de dichos terrenos, pues hemos habitado los terrenos afectados, por cinco generaciones de la familia Irías. Por otra parte, somos las personas que hemos sido despojados de nuestros terrenos. Viendo con todo ello afectados nuestros intereses legítimos y derechos subjetivos. De hecho fue a nosotros que una de las empresas demandadas ofreció reubicar. Somos nosotros, las personas físicas actoras (…) quienes hemos sufrido el daño moral provocado por los actores” (subrayado se agrega, visible a folio 21). Por consiguiente, es claro que contrario a lo alegado por la casacionista, el Tribunal no se extralimitó al conceder el daño moral considerando el hecho de que los señores José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, Maciel y Maylin, ambas Irías Murillo, y Juan Manuel Víquez Quesada, residían en las viviendas ubicadas en las fincas de Constructora Guter Martini, ya que ello fue peticionado por esa misma circunstancia desde la demanda. Ergo, el reclamo identificado como punto C) deberá denegarse.

XI.- En lo tocante a la supuesta falta de motivación de los montos concedidos (punto A) debe apuntarse lo siguiente. En reiteradas oportunidades, esta Sala ha señalado que la motivación de un fallo consiste en plasmar o poner en manifiesto las razones o fundamentos, fácticos y jurídicos, por los que se adopta la decisión. Su ausencia se reconoce en dos hipótesis. La primera, por inexistencia, a saber, precisamente cuando el juzgador omite consignar los cimientos de su decisión. El segundo supuesto, cuando el despliegue argumentativo del órgano decisor resulta confuso o exhibe contradicciones de tal envergadura, que se erigen como obstáculo para determinar de forma diáfana los motivos que le sirven de base. En el sub júdice, el Tribunal determinó que el evento afectó a todos por igual. Consideró, la copia del informe psicológico da cuenta del impacto que les ocasionó el deslizamiento, y de que recibieron tratamiento. Estimó, la nota entregada por Constructora San José – Caldera y la recomendación de salir de sus casas cuanto antes, es una noticia que altera el ánimo, la psiquis. Las grietas, el hundimiento, el desplazamiento y hundimiento del suelo, continuó, son datos objetivos que ponen de relieve la magnitud del evento y que sugieren peligro para la integridad física de las personas. Detalló, la otra nota de octubre de 2009 también generó preocupación a los moradores, ya que consigna un estado de hesitación para la permanencia y presencia en el lugar, se les indicó que se estaba trabajando en determinar el estado actual y futuro del deslizamiento, lo cual añadió al estado de preocupación e incertidumbre. Asimismo, estimó, se produjo una alteración del núcleo familiar, por separación transitoria, al abandonar el lugar donde habitaban. Prosiguió, “En el caso de José Martín, este dijo que él presenció el deslizamiento, aunque su esposa e hijos o yerno no dijeron lo mismo. Respecto de éstos últimos, ellos sí hicieron abandono temporal de la casa que habitaban, se trasladaron a otro lugar por un año, en atención a la oferta de la Constructora, pero luego regresaron. Ese desarraigo y segregación del grupo familiar, es digno de considerar. Incluso, esta pareja y sus hijos ocupaban la casa que quedó con daños visibles y que se ubica más cerca del área del deslizamiento, todo lo cual agrava su angustia. La señora Maylin hizo referencia a un evento con su menor hijo, en el sentido que debe cuidar que este no se acerque al hundimiento, por evidentes razones de peligro de accidentes. Conforme a lo expuesto, el Tribunal se inclina por fijar el daño moral pedido, en forma prudencial, en las sumas de tres millones de colones, para José Martín, Adilza y Maciel, y en cinco millones de colones, para Juan Manuel y su esposa Maylin. Estas sumas serán indexadas a partir de su firmeza y hasta la extinción por pago”. Como se observa de la reseña y trascripción, el Tribunal determinó en un inicio, o como base, una lesión moral sufrida por todos y cada uno de los actores personas físicas: José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, Maciel Irías Murillo, Maylin Irías Murillo y Juan Manuel Víquez Quesada. De seguido valoró la afectación particular que sufrieron algunos de ellos. Estimó así el abandono que de la casa que hicieron Maylin, Juan Manuel y el hijo de ambos, así como la preocupación de doña Maylin por el menor. Con esas consideraciones el Tribunal, estableció que para los señores Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco y Maciel Irías Murillo la indemnización debía ser de ¢3.000.000,00, y en el caso de Maylin Irías Murillo y Juan Manuel Víquez Quesada, de ¢5.000.000,00. Ergo, el alegato A) de la causal esgrimida ha de rechazarse, pues el Tribunal sí consignó los motivos de su determinación.

XII.- En el punto B) del cargo de análisis, sostiene Constructora San José – Caldera que al indemnizar lesiones morales, debe el juzgador recurrir a las pruebas y a la sana crítica racional. Asimismo, alega que en el presente asunto la parte actora produjo la prueba en su favor y que la nota que entregó y la supuesta atención psicológica no tienen el carácter que se les atribuyó. El reclamo deberá denegarse por lo siguiente. Lo alegado no se enmarca dentro del vicio de incongruencia, tampoco hace ningún otro yerro procesal. Se recrimina desatención a las reglas de la sana crítica al valorar las probanzas (según dice) y los hechos (se agrega), lo que en estricta técnica es propio de un cargo por violación de normas sustantivas. Además la indeterminación de la causal, esta Sala no puede entrar a conocer lo alegado como vicio por el fondo, en el tanto no identifica normas de esa índole violentadas. Por ello deberá rechazarse. Pese a lo anterior, y con el fin de aclarar a la recurrente, conviene señalar que esta Sala ha manifestado en diversas oportunidades, que el daño moral subjetivo es de valoración “in re ipsa”, esto es, pende de las estimaciones del juzgador no sobre elementos probatorios concretos, sino sobre indicios y sobre el cuadro fáctico mismo, de los cuales se deduce por lógica una afectación en la esfera extrapatrimonial del individuo. Un detrimento de esa clase no requiere demostración directa, sino que por lógica el juzgador lo ha de deducir –se insiste- de los hechos acreditados, a través de indicios e inferencias racionales. En otras palabras, su reconocimiento y estimación para efectos indemnizatorios, está sujeto a la prudente apreciación del órgano decisor. En consecuencia, no necesita del análisis de particulares probanzas, pues se trata de deducciones lógicas y de la experiencia del propio juez. Así, lo primero que ha de apuntarse es que el sub lite, el daño moral otorgado y las cuantías concedidas son sensata deducción de las circunstancias demostradas: el deslizamiento, la afectación a los terrenos y viviendas, la separación familiar, las notas suscritas por la Constructora San José – Caldera. Toda esa situación por lógica generó –como bien señaló el Tribunal- incertidumbre, preocupación. La referencia al informe psicológico es solamente un elemento más que pone en evidencia la afectación al estado de ánimo, pero no determina el daño moral. Por último, es necesario señalar brevemente que esta lesión extrapatrimonial concedida es diversa de una de tipo psicológico per se, que necesariamente requiere de dictamen psicológico para ser establecida y resarcida. En el presente asunto, no fue peticionado resarcimiento por este extremo (daño psicológico), por lo que no fue valorado ni otorgado en sentencia. En cuanto a las notas que recibieron por parte de la empresa, coincide esta Cámara con el Tribunal, claramente generan un estado de incertidumbre.

Casación por violaciones sustantivas XIII.- Primero. Constructora San José – Caldera (en el cargo tercero de su recurso) reprocha violación indirecta de los preceptos 702 y 1045 del Código Civil, por inobservancia del artículo 82.4 del CPCA. Expone, para el Tribunal, según la prueba pericial, el deslizamiento de tierras en gran escala fue provocado con la excavación del terreno, que bajó la rasante, cortó la base y desestabilizó geológicamente el cerro Pan de Azúcar. Discrepa, ya que en su parecer los peritos Laporte y Gómez Bonilla señalan que el deslizamiento se originó en un hecho impredecible en “una zona geológicamente establece”. Asevera, el perito Juan Guillermo Guzmán Alpízar no dio un aporte serio, pues sus conclusiones “no son fruto de un trabajo de campo y del estudio de la documentación de soporte que debió haber valorado y estudiado para llegar a una conclusión profesionalmente sólida”; los peritos Laporte y Gómez lo descalificaron al afirmar que no es posible determinar las causas del desplazamiento con la sola observación del terreno y sin pedir ni revisar los planos y estudios referenciales y preliminares. No obstante, el Tribunal se basó prácticamente en este profesional, y no valoró el aporte de estos dos expertos. Destaca, el señor Guzmán partió de una presunción no científica, cual es que como es residente de la zona, la conoce muy bien, de manera que no debía hacer estudio ni trabajo de campo. Dice, los otros peritos sí hicieron trabajo de campo y verificaron la información. Resalta, el señor Edwin Moya Solano tiene conocimiento en la construcción de carreteras, y su peritaje se limitó a valorar exclusivamente la situación del rasante, indicando que el deslizamiento se detuvo, con base en los planos referenciales de 1980 del MOPT, los del proyecto de construcción y los de solución; de manera que no aportó nada referente a la causalidad del deslizamiento. Sin embargo, el Tribunal deduce de esta pericia otros elementos para justificar la relación causal entre el movimiento de tierra y el desplazamiento del terreno. En su parecer, es en los informes de los señores Gastón Laporte Molina, testigo perito, y Manuel Gómez Bonilla, perito geólogo, donde debe analizarse la determinación del nexo causal, pues son personas muy calificadas y sus criterios lejos de ser contrastantes, fueron complementarios. Resalta, ninguno pudo determinar la causa del deslizamiento. Describe, el primero habló de la combinación de tres factores, agua, corte y condiciones del suelo, así como de los efectos locales como paliosuelos o elementos que no se tienen a la vista cuando se visita el terreno sin ningún corte. También indicó que se hicieron los estudios hidrogeológicos para el proyecto y perforaciones, que evidenciaban había una capa de suelo y luego roca. Señaló además que habían árboles grandes verticales, no inclinados, no se veían grietas en el terreno, lo que combinado con la perforación y taludes cortados, no mostraban problemas. Prosigue, don Manuel Gómez manifestó categóricamente que desconocía la causa del deslizamiento, y planteó situaciones hipotéticas de posibles causas, pero no la logró determinar. Ambos, afirma, refieren una situación de impredicibilidad ya que se hicieron los estudios preliminares y se tuvieron los estudios referenciales para establecer las características del terreno y definir qué y cómo se ejecutarían las obras. Así, concluye, no actuó a la ligera, en violación al deber de cuidado, no fue negligente o imprudente, sino que lo hizo de acuerdo con los estudios que según la industria de la construcción de carreteras se requieren para estos casos, y de ellos no se desprende que fuera un terreno con riesgo evidente de falla. Arguye, es contrario a las reglas de la sana crítica que el Tribunal afirme era indispensable contar con un estudio particular y específico del cerro Pan de Azúcar antes de realizar el movimiento, en particular contra el sentido común y la ciencia que aplica a esta industria, pues como manifestó el ingeniero Laporte “en este campo difícilmente uno va a poder predecir todo, hay un factor de imprevisibilidad, hay un límite para la investigación en obras lineales, llega un momento en lo que no hace es disminuir la imprevisibilidad, no llegar a querer tener un riesgo cero porque el riesgo cero no existe”. Desprende, de todo lo anterior se extrae que se dio una inestabilidad imprevista y la Constructora procedió de inmediato a implementar una solución integral con el auxilio de expertos como el doctor José María Rodríguez Ortíz y la firma Insuma, escogiendo la solución del primero y estabilizando el talud. Asevera, todos coinciden en que el terreno se estabilizó y actualmente es estable como evidencian las fotografías. Don Manuel Gómez indicó que la vegetación es propia de un terreno sin riesgo de deslizamiento y que no hay propensión a deslizamiento en caso de sismo, pues se alcanzó un ángulo de estabilidad; y don Gastón afirmó que el terreno quedó mejor que antes del deslizamiento. Concluye, de las probanzas no se puede inferir con certeza ninguna situación que sea causa eficiente, y por ello se trasgrede el artículo 1045 del Código Civil, ya que no se acreditó el nexo causal, por consiguiente no hay daño indemnizable. Acusa, se desatiende el canon 702 ejúsdem, ya que es un hecho de la naturaleza que no le es achacable, se da por el suelo inestable, propenso a deslizamientos y de fallamiento, con lo que se produjeron las eximentes de fuerza mayor y caso fortuito.

XIV.- Según la prueba técnica y testimonial recibidas, así como en la conducta de Constructora San José – Caldera, tuvo por demostrado el Tribunal que la excavación del terreno, que bajó la rasante donde se construía la carretera, cortó la base y desestabilizó geológicamente el cerro Pan de Azúcar, lo que provocó un deslizamiento de tierra de gran escala que afectó en forma grave, irreversible e irreparable las propiedades. Estimó, el que Constructora San José – Caldera expresara su preocupación a los actores y les recomendara el abandono, asumiendo ella el pago del alquiler, denota la existencia de un “vínculo cuya fuente trasciende las motivaciones altruistas de auxilio, a costa del propio peculio, y se incardina en el sentimiento de responsabilidad por un hecho propio”. Prosiguió, el geólogo Guzmán Alpízar manifestó que “la causa del deslizamiento se sitúa en el movimiento de tierras realizado en la base del talud, en los trabajos ejecutados para la construcción de la carretera, y descartó que fuera por una causa natural; advirtió que por sí solo no habría tenido lugar el derrumbe; que antes del evento, el terreno estaba estable, que éste era evitable y que no se adoptaron medidas técnicas para prevenirlo, no se hicieron los estudios requeridos; que en el lugar hay un deslizamiento, no una falla; también señaló que es posible construir en cualquier lugar siempre que se invierta en análisis y diseño, lo cual supone inversiones muy altas que a veces lo hacen inviable. Es verdad que el perito fundó sus aseveraciones en la observación superficial del lugar, en el conocimiento de este y en lo que apreció en su visita, pero no por ello cabe descartar sus conclusiones, desecharlas u orillarlas, pues también dijo que es un profesional, con conocimientos y experiencia en el campo de la geología. Esta cualidad le da un valor que impide rechazar de plano su versión”. Aseveró el Tribunal que lo anterior fue ratificado por el señor Gastón Laporte, quien expresó que la causa del deslizamiento obedeció a la combinación de factores: terreno suave, corriente de agua y el corte, con el corte como elemento disparador, que rompió el equilibrio existente. Asimismo, dijo, el señor de la Torre Lozano señaló que la causa de la inestabilidad del talud puede estar asociada a la inestabilidad de los materiales, condiciones asociadas a niveles de agua, cambios de uso de suelo, alteración de la topografía. Así, concluyó, “la causa eficiente del deslizamiento o movimiento de masa, fue la intervención de la concesionaria con los actos de ejecución o construcción de la obra; es ese el elemento que dispara el movimiento bascular. Con todo y las peculiaridades de la composición del suelo y de las aguas, es lo cierto que es la participación de la empresa, la intervención en el lugar con la construcción de la carretera, el elemento que provoca el desprendimiento de suelos”. Añadió, el perito Laporte Molina manifestó que: para el trayecto 33+500 no hubo estudio hidrogeológico, sino uno genérico; no había evidencia de que el terreno de la zona era inestable; no era previsible un deslizamiento; no hubo investigación adicional sino que se trabajó con la información disponible; y las recomendaciones fueron genéricas, no específicas para el sector 33+500. Consideró además que el testigo de la Torre manifestó que no se hizo estudio hidrogeológico específico para el talud en el tramo en cuestión, sino que realizó hasta luego del deslizamiento para iniciar los trabajos de mitigación. Continuó, el perito Gómez Bonilla explicó que “Antes de iniciar la construcción de una obra como la ruta #27, se deben realizar análisis de estabilidad de taludes en las condiciones de estado cero [antes de] y colocando la obra a construir para conocer el impacto que tendría desde el punto de vista geotécnico, geológico, para lo cual se debe investigar para conocer, además de los parámetros geotécnicos, la geología, la ubicación del nivel freático, si existe o no, la frecuencia e intensidad de eventos sísmicos, etc.; que en el tramo entre PK33+000 y PK34+000, se han realizado muy buenos estudios de estabilidad de taludes posteriores a agosto de 2009, cuando se dio el evento de deslizamiento, pero desconoce si existió alguno previo a la construcción de la obra; con un mapeo geológico debió reconocerse la existencia de un espesor importante de rocas meteorizadas, y la presencia de un nivel freático, evidenciado con la existencia de nacientes en la parte alta del talud; bajo estas circunstancias, de haber existido un análisis de estabilidad de taludes, se habría notado la estabilidad natural con el estado cero y al aplicar los cortes requeridos para construir la obra, hubiera sido muy evidente que se causaría inestabilidad con el corte que por las condiciones geológicas presentes, no permitiría remover el soporte natural y cambiar el ángulo del talud, y concluye señalando: “Me es evidente, que o no se realizaron estudios previos (estado cero), en el sitio analizado o de haberse realizado se hizo caso omiso a los resultados de los mismos, porque de haber existido, por las condiciones geológicas, geotécnicas y de manifestación superficial del nivel freático, no se requería de más evidencias, para conocer la vulnerabilidad de talud existente, a cambios de pendiente, soporte, etc., con lo cual se pudo evitar la formación del deslizamiento.” (informe (sic) de folios 497 a 502, Tomo I de esta carpeta). Durante la audiencia de juicio, reiteró que en la documentación revisada no constaban los estudios hidrogeológicos para la zona, ni análisis estructurales; aclaró que esos estudios son previos, para evitar que se deslice las masas, para prevenir un deslizamiento o minimizarlo”. De esta manera, finaliza, las empresas codemandadas no hicieron todos los estudios previos requeridos para la construcción de la obra, entre ellos los estudios hidrogeológicos y análisis estructurales para la zona específica. Adicionalmente, valoró que según el perito Edwin Moya Solano, los ingenieros de la Constructora tenían la obligación de apartarse de los estudios de referencia y que el diseño se degradó. Así estableció por parte de las sociedades demandadas una omisión en adoptar “los recaudos necesarios para prevenir deslizamientos como el que nutre la demanda”. Determinó por último que “el daño sí era previsible, haciendo los estudios respectivos, con lo cual sí cabe hablar de culpa subjetiva, por falta de diligencia. El daño se causó por no [prever] las consecuencias de sus propios actos ejecutores de la obra. Aunque los codemandadas han alegado en su defensa la práctica de estudios serios en el sector, señalando algunos anexos en ese sentido, es lo cierto que esos estudios y anexos son genéricos y datan de 2006, fue con posterioridad al evento que se hicieron estudios específicos para el sector. De modo que tal alegación no es de aceptación”.

XV.- En primer término, y para efectos de claridad se torna necesario señalar que en el presente asunto la parte actora y Autopistas del Sol peticionaron un perito geólogo (folios 58 y 105), a lo cual se designó al señor Manuel Gómez Bonilla (folio 409). Además, Autopistas del Sol requirió un perito ingeniero civil (folio 105), cargo en el cual se nombró al señor Edwin Moya Solano (folio 574). En la audiencia única, parte tercera, celebrada el 8 de abril de 2012, se admitió al señor Guillermo Guzmán Alpizar en calidad de testigo perito; al efecto indicó la presidenta del Tribunal: “es el profesional que firmó el aparte 36 dentro legajo de pruebas, considera conveniente la sustitución en el sentido, de lo mismo que han venido indicando las partes, de que es un profesional o un técnico que emitió uno precisamente de los documentos que se están cuestionando y va a permitir que se someta dicha prueba al contradictorio. Entonces, desde ese punto de vista, estimamos conveniente y admitimos al señor Juan Guillermo Guzmán Alpizar como testigo (…)” (archivo de audio y video 11:04:00). Ante los recursos de revocatoria presentados por todos los demandados, señaló “(…) efectivamente, sobre los documentos que han sido pagados por las partes, eso sería una regla que haría casi imposible que una jurisdicción tan especializada como ésta recibir otro tipo de documentos, no sólo en este caso, sino en todos los demás, en cualquier otro caso; en muchos otros casos se han admitido testigos o peritos inclusive de parte, pagados por la parte, se entiende y el Tribunal lo entiende así, y para eso es que la prueba se valora con la sana crítica, entonces, desde ese punto de vista no es aceptable el hecho que abiertamente un profesional haya sido pagado para venir a rendir un dictamen, repito, sea de los actores, sea de los codemandados, sea de quien sea, es motivo suficiente para rechazar una prueba, porque repito, será valorado bajo la sana crítica, y lo más importante que es lo que nos hace mantener la decisión que tomamos fue que más bien se les está brindando a las partes someter al contradictorio uno de los documentos que precisamente fue uno de los motivos de inconformidad que tuvieron con respecto de la prueba documental que admitimos hace unos momentos, entonces más bien lo que mueve al Tribunal es tratar de propiciar ese contradictorio, que las partes tengan la oportunidad de referirse y someter a interrogatorio a la persona que se está proponiendo y lograr traer más elementos de juicio al proceso”. Se aclaró que recibía para referirse a los hechos 7, 8 y 15 y al documento que él elaboró. En la misma audiencia se admitió como prueba testimonial a los señores Gastón Laporte Molina y Germán de la Torre Lozano, geólogo e ingeniero civil respectivamente; en esa oportunidad los oferentes, los abogados de Autopistas del Sol y Constructora San José – Caldera precisaron que ambos profesionales estuvieron presentes en el proceso de mitigación y en el proceso constructivo de la obra. En síntesis, se evacuaron los testimonios de Guillermo Guzmán Alpizar, Gastón Laporte y German de la Torre; y rindieron pericias los ingenieros Manuel Gómez Bonilla y Edwin Moya Solano.

XVI.- Dicho lo anterior, y tal y como fue planteado el debate desde la demanda y en las contestaciones, es claro que en este asunto la prueba pericial resulta fundamental a efecto de determinar la causa o causas del deslizamiento. Como se relató en el considerando que antecede, como peritos se designó a dos profesionales. El informe del perito geólogo Gómez Bonilla se compuso de tres documentos; el de informe inicial, que luego amplió en dos ocasiones, ante los cuestionamientos que le hiciere Autopistas del Sol. En el primero de los documentos, concluyó don Manuel Gómez Bonilla “Es claro que ocurrió un deslizamiento del tipo cuchara, originado por la remoción de la base que soportaba el talud natural, al cortar la rasante de la carretera San José – Caldera, que afectó las propiedades de los Actores, cuya cresta se ubica muy cerca de las construcciones existentes en las propiedades” (folio 433, subrayado y negrita se agregan). En la adición a este informe (de octubre de 2011), señaló que “entre PK 33+000 y PK 34+000, se han realizado muy buenos estudios de estabilidad de taludes, posteriores a agosto de 2009, cuando fue evidente el deslizamiento, pero desconozco si existió alguno previo a la construcción de la obra (…) Bajo estas circunstancias, de haber existido un análisis de estabilidad de taludes, se habría notado la estabilidad natural con el estado cero y al aplicar los cortes requeridos para construir la obra, hubiera sido muy evidente que se causaría inestabilidad con el corte, que por las condiciones geológicas presentes no permitiría remover el soporte natural y cambiar el ángulo. [.-] De acuerdo con el razonamiento anterior, o no se realizaron estudios previos a la construcción de la obra (en el punto de análisis referido), o de haber existido, hicieron caso omiso a los mismos” (folio 499). Concluyó, “Es claro que los trabajos realizados (estudios y obras de campo), posterior a la aparición del deslizamiento, agosto del 2009, han sido apropiadas y muy eficientes, de acuerdo a la buena práctica, para estabilizar la masa, lo cual podemos observar en el campo, después de soportar una época de lluvias (…) Me es evidente, que o no se realizaron los estudios previos (estado cero), en el sitio analizado o de haberse realizado se hizo caso omiso a los resultados de los mismos, porque de haber existido, por las condiciones geológicas, geotécnicas y de manifestación superficial del nivel freático, no se requiere de más evidencias, para conocer la vulnerabilidad de talud existente, a cambios de pendiente, soporte, etc., con lo cual se pudo evitar la formación del deslizamiento. [.-] Es claro también, que la condición geológica no fue condicionante, para lograr la estabilidad del talud actual, con lo cual se podría haber logrado, realizando las obras previamente, minimizar o evitar el movimiento de masas, aplicando medidas como las aplicas (sic) después de agosto de 2009 (…)” (folios 501 a 502). En la segunda ampliación y aclaración de su informe (abril de 2013, visible a folios 1058 a 1065), en cuanto se le preguntó si los estudios que constan en los anexos 3, 4 y 5 son estudios técnicos serios para la determinación de estabilidad de taludes en la zona geográfica donde se comprende entre otros los PK 33+000 y PK 34+000, manifestó “Sí desde luego que los estudios aportados en los Anexos 3, 4 y 5, son estudios serios los cuales fueron realizados en el 2006, por INSUMA S.A., para integrar la información existente y dar las recomendaciones para definir cortes y rellenos a realizar en la vía San José-Caldera, principalmente en el tramo II (Ciudad Colón-Orotina). [.-] Entre los estudios revisados y analizados por INSUMA S.A., el 99% fueron básicamente geotécnicos, solamente se cita un estudio hidrogeológico realizado para el Estudio de Impacto Ambiental. [.-] Desde los estudios realizados por IMSA S.A., en 1999, se determinó 18 zonas o secciones del corredor, donde se consideró que tenían condiciones particulares que requieren un tratamiento diferenciado, las cuales igualmente fueron mantenidas por INSUMA S.A., en sus informes [.-] En la buena práctica, además de la información geotécnica, debió analizarse en forma integral la hidrogeología en cada uno de estos sitios o zonas particulares, para con mayor propiedad definir los taludes de los cortes a realizar, sin embargo, solamente se hacen algunas citas de la aparición de acuíferos artesianos (tramo intersección Siquiares-Río Grande) y en el resto del tramo no se menciona nada. [.-] Igualmente, debió complementarse el estudio con un análisis estructural de todo el corredor y en los informes revisados no se menciona que se haya realizado (…)” (folio 1059). Al responder si era posible determinar la causa del deslizamiento con la información existente, expresó que con la información disponible pudo “reconocer algunas causas que podrían explicar la ocurrencia del evento en la sección G, denominada Pan de Azúcar. [.-] 1. Para determinar los parámetros de estabilidad de un corte, una observación básica de campo es observar los taludes naturales del área específica y alrededores, donde se tiene condiciones geológicas similares. En la sub zona G se observan pendientes generales de 38 -42 grados. En este rango se ubica actualmente la pendiente del área deslizada, posterior a su estabilización. [.-] 2. En los estudios realizados por IMSA S.A., junio y Julio 1999, se define la sección G: 31+500 – 33+000 y se reconocen dos sub zonas, siendo el contacto entre dos formaciones geológicas. En la sub zona 31+750 – 20+050 (ignimbritas), se recomienda un corte talud para la roca con ángulo 76 grados (1/4h-1v) y 53 grados para el suelo (3/4h-1v). en la sub zona 32+290 – 32+750 (lavas meteorizadas, área de la finca de los demandantes), se recomienda un único talud de 53 grados y se explica que el talud está formado por material coluvial. [.-] 3. En los estudios realizados por INSUMA S.A., en el 2006 (Anexo 3), se define la sección G: 31+500 – 33+000. En el Anexo 4, (tabla A5.1. Recomendación de solución geotécnica para cortes en el tramo II, página 47), se define la sección G: 31+540 – 31+580 y 32+000 – 32+300 (Figura 1). En el Anexo 5, (Tabla A-1. Recomendación de solución geotécnica para corte en el tramo II, página 13). (sic) se define la sección G: 33+065 – 33+105 y 33+525 – 33+825 (Figura 2). En ambas tablas se reconocen dos sub zonas, en las dos se describe geológicamente como contacto entre ignimbritas y lavas del Aguacate (roca muy meteorizada) y se recomienda el mismo ámgulo (sic) de talud para las dos sub zonas, 76 GRADOS (1/4H-1V), para la roca, sin considerar la diferencia en la condición geológica de las sub zonas, anotadas inicialmente en los informes de IMSA S.A. (1999). (…) 5. El (sic) los anexos 4 y 5, en la nota de presentación define las soluciones específicas para los cortes y rellenos del tramo II (Ciudad Colón-Orotina), en los sectores donde se deben realizar acciones importantes de soporte. Si consideramos que en la construcción de la carretera se aplicó el diseño de los taludes presentados en la Tabla A5.1, del Anexo 4 y/o la Tabla A-1, del Anexo 5, específicamente para la sección G (Pan de Azúcar, zona donde se ubica la propiedad de los Demandantes), se cometió un error al definir los parámetros del talud con ángulo de 76 grados (para la roca) y se ignoró la recomendación inicial de IMSA S.A. (1999), donde definió un talud único de 53 grados, muy similar al encontrado actualmente en las pendientes naturales del área, de 38-42 grados” (folios 1060 a 1062, subrayado y negrita no es del original). Había peticionado Autopistas del Sol que respondiese si por la condición del suelo, cualquier otro fenómeno del ser humano o de la naturaleza, sin el movimiento de tierra, pudo provocar el deslizamiento, a lo cual respondió el perito que “Por la condición natural del terreno, que mantiene un ángulo general de 38 – 42 grados, muy cercano al ángulo de reposo del material suelto (arena), de 36 agrados, es muy probable que la acción antrópica de uso normal y/o los agentes naturales conocidos de estos tiempos no son significativos para considerárselos como el origen del deslizamiento. Los elementos naturales actúan en el tiempo sobre el terreno y van conformando un talud estable, con parámetros definidos por la condición de las diferentes variables que actúan (tipo de roca, estructura, % de humedad, sismos, etc.)” (folio 1063). Concluyó “De la investigación realizada, debo concluir que se realizaron muchos estudios, abundando en detalle de las zonas con mayor complejidad, como consta en los informes analisados (sic), para caracterizar geotecnicamente el corredor de la ruta 27, principalmente en lo que respecta al tramo II, Ciudad Colón – Orotina. [.-] Debo notar, que en la información revisada no se menciona que se haya realizado otros estudios para complementar la información geotécnica (hidrogeológicos, estructurales), específicamente en el área de la sección G (Pan de Azúcar), donde se conoce de rasgos estructurales que debieron ser involucrados en los análisis. (…) Como corolario, si el diseño que realizó INSUMA S.A., como lo presentó en las tablas A5.1 y/o A-1, se aplicó para la construcción específica del talud para la zona de la finca de los demandantes, este sería el origen del deslizamiento, pues el talud resultante tendría parámetros erróneos, que no cumplirían con la definición de un talud estable” (folio 1065, se añade el subrayado y la negrita). Durante la audiencia única (quinta parte, celebrada el 28 de mayo de 2013), ante las preguntas del abogado de la parte actora, manifestó don Manuel Gómez Bonilla que visitó el área y revisó la información del expediente, constató un deslizamiento que se encontraba estable, ya se habían hecho obras de mitigación efectivas, el talud tiene un ángulo de estabilidad; dijo, en su primer informe recomendó obras de mitigación para la erosión. Continuó el interrogatorio el abogado de los demandantes: “¿Conoce usted la causa de ese deslizamiento? [perito geólogo] La causa del deslizamiento, en mi criterio, yo no la conozco, pero sí puedo, en el informe me da, una explicación de lo que yo creo podría ser, porque yo no conozco como construyeron el talud, lo que conozco es la información que representó en el expediente y en eso basé mi criterio. Para mi, cuando se hicieron estudios geotécnicos en esa área específica, la empresa que hizo esos estudios determinó un ángulo de talud para ese tipo de roca en esa zona específica que llaman la sección G, la empresa que hizo los estudios determinó que ahí hay un contacto de dos tipos de roca, entonces determinó dos tipos de talud, en un tipo de roca que la denominó como ignimbritas, que es una roca bastante competente y soporta taludes de ángulos altos, ellos determinaron que el talud era de un ¼ a uno, que es alrededor de 78 grados de inclinación, y en la otra sección de esa misma sección, en el otro talud en otro tipo de roca, ellos determinaron que debía construirse un talud de ¾ a uno, que es alrededor de 56 grados. En la información que revisé, posteriormente, otra empresa agarró la información que había sido generada (y es clara en que ellos no generaron información, sino que analizaron la información existente y ellos dieron recomendaciones para construir los taludes), en esa información que revisé, se aplica, o por lo menos ellos recomiendan el talud para esa área con el diseño de la zona de ignimbritas, no con el diseño de la zona de lava meteorizada. Entonces, en mi criterio, si eso fue lo que se utilizó, desconozco sí ese fue el diseño que utilizaron, pero si se utilizó esa sería para mí la causa de que se haya deslizado, porque habrían construido el talud con un ángulo que no era el apropiado para ese tipo de roca”. Describió además que por la basculación del terreno, había árboles inclinados. Explicó que Imsa fue la que realizó los estudios geotécnicos para la zona, que después Insuma unió en el 2006 y efectuó un diseño de talud, identificó como profesional responsable de Insuma al señor Gastón Laporte. Se le cuestionó si le constaba la realización de estudios hidrológicos e hidrogeológicos para la construcción de la carretera; afirmó que de la información que él revisó, no constan estudios hidrogeológicos para esa zona y no se menciona que hayan sido analizados. Prosiguió en el interrogatorio el abogado de la parte actora, “los ángulos de los diseños y prediseños que usted pudo analizar, que (…) realizó, que diseñó la empresa Imsa en su momento, después la empresa Insuma, ¿eran los correctos para ese tipo de situación? [Perito geólogo] Yo no podría contestarle eso, porque esos ángulos se basan en estudios geotécnicos que yo no realicé, para saber si es el correcto tendría que hacer estudios geotécnicos y analizar. [Abogado] ¿Es necesario para hacer esos diseños tener estudios geotécnicos? [Perito geólogo] Desde luego que sí, es necesario hacer estudios de estabilidad de los taludes que se van a cortar [Abogado] ¿Se puede hacer un diseño de un área, un diseño como ese contando con un estudio geotécnico que se hizo a cientos de metros del sitio? [Perito geólogo] En mi criterio yo pensaría que si se conoce el área y el área geológica es la misma, se puede extrapolar información; ahora todo depende del profesional que está diseñando y que está utilizando la información, es criterio de ese profesional si lo hace o no, o si hace en cada sitio que va a diseñar (…)”. Posteriormente, el abogado de Autopistas del Sol le inquirió sobre sus respuestas en la adición del informe de octubre de 2011, pregunta c, relacionada con su afirmación de que se realizaron estudios posteriores a agosto de 2009 y que desconocía si hubo alguno previo a la construcción de la obra; a lo que aclaró que para ese informe [de octubre de 2011] revisó los estudios que habían en el expediente, que eran posteriores al deslizamiento. Continuó el abogado “A partir de estas manifestaciones que usted hizo en ese reporte, mi representada le pidió a aclaración por escrito, le formuló la siguiente pregunta ¿son los estudios que constan en los anexos 3, 4 y 5 (…) estudios técnicos serios para la determinación de estabilidad de taludes en la zona geográfica donde se comprende entre otros, los PK 33+000 y PK 34+000 [pregunta a) a folio 1059] y su reporte del 10 de abril de 2013 [el abogado leyó (únicamente) el primer párrafo de la respuesta] (…) mantiene usted la opinión expresada en octubre de 2011, en el reporte anterior, de que no se realizaron estudio geológicos geotécnicos previos que la buena práctica estima? [Perito geólogo] Yo en ese momento desconocía si se habían realizado, (…), ahora estos estudios de estos anexos que ustedes me aportaron posteriormente obviamente son anteriores al deslizamiento y son estudios serios. [Abogado] (…) Aún con dichos estudios 3, 4 y 5, ¿era previsible el deslizamiento? [Perito geólogo] Siempre se hace estudios para evitar que se deslice, el deslizamiento, obviamente para poder evitar que un área que se va afectar con un corte se deslice, se deben de conocer todos los parámetros que interactúan para poder modificarlo, ahora ¿es previsible que se vaya a deslizar? Siempre que se hace un diseño es para que no se deslice, entonces pienso que si uno hace el diseño para que no se deslice, igualmente sería previsible, porque precisamente lo está haciendo para que no ocurra, si usted lo quiere hacer así, igual puede hacerlo para que ocurra. [Abogado] Entonces esos estudios, anexos 3, 4 y 5, ¿son estudios que se hicieron en su opinión para evitar un deslizamiento? [Perito geólogo] Pienso que la gente que los hizo es gente seria, que ese es el objetivo a la hora de hacer esos estudios. (…)” Aclaró el ingeniero que una “falla inferida” es cuando hay zona de la falla que está probada y el resto se proyecta, podría existir o no, se plantea como interrogante, explicó que cuando mencionó la falla La Garita al pie del talud, era una nota al margen “porque en mi criterio no es falla Garita, sino cualquier otra falla, yo lo que quise resaltar es que había en la información que se maneja públicamente información de estructura, y que en la información que revisé no vi que se mencionara ningún análisis estructural para los taludes que diseñaron, es decir, que no se involucró información de análisis estructural, no exactamente la falla Garita, porque yo no la tengo ubicada y lo que existe es una proyección, y que si quiere hacer un trabajo, habría que hacer un trabajo de investigación para poder ubicarla, no necesariamente esa falla tiene alguna relación o podría (…) yo lo puse como una llamada de atención de existe, en Costa Rica en general hay fallas, un sinnúmero de fallas (…) por eso se debe involucrar ese tipo de análisis estructural en la estabilidad de taludes, ahora, allí fue una llamada de atención de que existía ese trazo de falla, lo puse ahí, muy cerca, al pie del talud (…) aquí más bien lo están poniendo en este trazo un poco al norte del área, pero es un trazo que se hace proyectado, que perfectamente pueden variarlo y si alguien lo comprueba, pueden desviarlo por otro lado, es decir, a eso se refería mi anotación, a que por eso se tiene que involucrar ese tipo de estudios en la estabilidad de taludes”. Reiteró asimismo su informe, en el sentido de “en el informe que realizó Imsa, ellos determinaron dos tipos de roca en esta misma zona G, ellos determinaron que en ese sitio se encontraba el contacto de dos tipos de roca, ignimbritas y el otro lo llamaron lavas meteorizadas, en los diseños que se presentan aquí, se establece un talud de ¾ a 1, que son como 56 grados de inclinación para el corte del suelo y cuando ya van a cortar en la ignimbritas se establece un talud de ¼ a 1, que es alrededor de 78, 79 grados; y Imsa en el área de lavas meteorizadas establecieron que el talud que diseñaron para el suelo de ¾ a 1 era el mismo que debía utilizarse en el corte de las lavas meteorizadas, es decir, definieron un solo talud para todo el corte; en el diseño que se ve acá, se ve el mismo talud empelado para las dos áreas, de ahí mi observación de que por alguna razón cambiaron el diseño. [Abogado] ¿Conoce usted la razón? [Perito geólogo] No conozco la razón de que lo hayan cambiado. [Abogado] ¿Se extrae la razón? [Perito geólogo] no se puede extraer, ahora, en mi opinión, Insuma cuando hizo sus informes fue claro de que ellos no generaron la información nueva en el campo, que ellos lo que estaban haciendo era revisando y conformando, juntando toda la información que había de estudios geotécnicos para ponerlo más claro, entonces, de ahí que, yo expresé, de que el que hizo el trabajo de campo definió un talud y cuando se diseñaron o se presentaron los diseños, no sé si son preliminares o definitivos, se cambió el ángulo del talud. (…) [Abogado] Le consta a usted de la documentación que revisó, ¿si esos diseños de corte del talud fueron los que se implementaron, los que se realizaron o ejecutaron? [Perito geólogo] No, yo desconozco, yo analicé los que me presentaron, yo desconozco por esto si son definitivos o fueron preliminares, si los aplicaron o que aplicaron. (…)”. La procuradora le preguntó nuevamente sobre la respuesta a en la segunda ampliación del informe, para lo que procedió a la lectura de los párrafos, a lo que el profesional explicó que los estudios hidrogeológicos son de aspectos como el nivel freático, nacientes, de los factores que pueden afectar estabilidad el talud, y que se deben de conocer a la hora de hacer el diseño; el análisis estructural –precisó- es el de fallas y de zonas de fracturas que se debe realizar igualmente, es parte integral de las variables que puede afectar el talud. Reiteró se han de realizar de forma previa, deben ser parte del análisis para diseñar el talud, y que dentro de la información que se le presentó no estaban. Por otra parte, en cuanto a la pericial del ingeniero civil Edwin Moya Solano, como bien señala la casacionista, ésta versa sobre la variación de la rasante entre los kilómetros 33 y 34 de la carretera (folio 588), no sobre la causa del deslizamiento, por lo que no es relevante para esa determinación.

XVII.- Tal y como se reseñó en el considerando XIV de esta resolución, el Tribunal basó su determinación en cuanto la causa del deslizamiento en las declaraciones de los testigos Guzmán Alpízar, Laporte Molina y de la Torre Lozano, así como en las manifestaciones del perito Gómez Bonilla, y una breve referencia al señalamiento efectuado por el perito Moya Solano. Como se adelantó (considerando XVI), en criterio de esta Sala, las conclusiones del perito geólogo Gómez Bonilla son la prueba idónea para determinar el nexo de causalidad entre el talud efectuado, las obras y el deslizamiento de 2009. El profesional fue claro en afirmar que, si bien él no constató cuál fue el diseño aplicado, los diseños efectuados por Insuma en el 2006 que le fueron suministrados, si fueron los que se emplearon, habrían sido la causa del deslizamiento. Así lo refirió insistentemente en su comparecencia, reiterando su informe (en particular, la ampliación de abril de 2013). Es evidente –y lógico- que la visita del geólogo se dio luego de obras de estabilización, mitigación, él no participó en la construcción, luego no puede dar fe del diseño utilizado durante el procedo edificativo. Llama la atención el interrogatorio de Autopistas del Sol para introducir dudas sobre si fue o no el diseño utilizado, cuando fue esa misma parte quien lo suministró al perito. Por otra parte, es cierto que en la audiencia, el profesional reafirmó el informe (la ampliación referida) en el sentido de que los estudios de los Anexos 3, 4 y 5, realizados en el 2006, por Insuma, son serios. Pero, valga aclarar que el abogado únicamente leyó el primer párrafo de la respuesta en el documento, no así los siguientes, donde el ingeniero había señalado que los estudios revisados y analizados por Insuma, el 99% fueron básicamente geotécnicos (con la excepción de un solo estudio hidrogeológico); y que en su parecer, en la buena práctica, además de la información geotécnica, debió examinarse en forma integral la hidrogeología en cada uno de estos sitios o zonas particulares, y además debió complementarse con un análisis estructural de todo el corredor, lo cual no observó. Él puntualizó que claramente los estudios fueron serios, y que el diseño tiene por pretensión evitar un deslizamiento. Pero en suma, entiende esta Cámara que fueron incompletos, y que la intención que persigue del diseño no determina la corrección de éste. En este caso, no fue adecuado el diseño del talud que aportó Autopistas del Sol (y realizado por Insuma). El corte y el talud, son la razón del deslizamiento, así lo determinó el señor Gómez Bonilla en su informe (folio 433). Por lo dicho, no lleva razón la recurrente cuando afirma que el perito geólogo no determinó la causa. Luego, no se halla la indebida valoración de esta probanza, la cual se insiste era la fundamental. En consecuencia, el cargo será desestimado. A más de lo anterior, se insiste por último, que la pericia rendida por el señor Moya Solano no aporta elementos para la determinación de la causa del deslizamiento.

XVIII.- Segundo. Autopistas del Sol (en el punto H de su recurso), esgrime indebida aplicación y errónea interpretación de normas jurídicas. Explica, el Tribunal estableció dos tipos de relaciones, una entre el Estado, el Consejo Nacional de Concesiones y la concesionaria, y otra entre la concesionaria y terceros, para luego determinar que en este caso la responsabilidad recae sobre ella y la Constructora San José - Caldera, sujeta a las normas y principios del Derecho Privado, pues son las que rigen las relaciones externas derivadas del contrato de concesión, según el legislador. Esto, opina, se separa del principio constitucional de responsabilidad administrativa, e implica un error pues se infieren daños de un vínculo o relación entre ella concesionaria, la Constructora San José – Caldera y los sujetos demandantes, lo cual dista de la realidad. Puntualiza, los actores reclaman lesiones en su propiedad, supuestamente producto de la obra constructiva en sí, la cual es una obra pública, que pertenece al Estado. Si bien la obra constructiva es ejercida por sujetos de Derecho privado, se delimita en áreas públicas, sea el derecho de vía, y bajo los lineamientos, guías, supervisión y fiscalización del Estado. La excavación fue en terrenos del Estado, no suyos, el reclamo proviene de la obra constructiva y no necesariamente de su acción particular. Expresa, el artículo 69.2 del Reglamento de la Ley General de Concesión Obra Pública con Servicio Público, dispone que el concesionario será el único responsable de todo daño, a menos que le sean imputables a la Administración concedente por medidas que impusiere al concesionario. En igual sentido la cláusula 1.11.4 del contrato de concesión. En este caso, como se observa en los planos de diseño geométrico aprobados, que constituyen los planos de diseño geométrico definitivos de construcción para el (láminas 27 y 28), la Administración concedente y la supervisora del proyecto, Imsa-Euroestudios, aprobaron los diseños de construcción entre los estacionamientos que corresponden al PK 32+800 y PK 34+200, que contempla la zona Balsa-Pan de Azúcar, por lo cual es claro que debió realizar las obras tal y como fueron autorizadas por la Administración concedente según ese diseño “una vez otorgada la orden de inicio de construcción, ya que sin estas órdenes y/o instrucciones no podían iniciarse la construcción”. Insiste, la aprobación de los planos de diseño y la posterior orden de inicio, constituyen a la luz del contrato de concesión, órdenes e instrucciones de la Administración concedente, que le eximen de responsabilidad subjetiva. Por medio de la fiscalización ejercida por la Administración y la supervisora se determinó y aprobó que los planos de diseños de la zona Balsa-Pan de Azúcar estaban de acuerdo con la práctica ingenieril y los estudios, especificaciones y normas técnicas referenciales. Por consiguiente, realizó la obra siguiendo las obligaciones que la Administración le impuso, por ello aplica la exoneración prevista en el Reglamento y el contrato. Cita la sentencia 5207-2004 de la Sala Constitucional. Continúa, la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos y su reglamento, en cuanto a la responsabilidad de la concesionaria ante terceros, deben ser vistas en relación con el vínculo jurídico que se establezca o llegue a establecer con el concesionario y el tercero, pero ello no puede exonerar al Estado de una eventual responsabilidad cuando sean vulnerados los derechos de los particulares, por las administraciones públicas en el despliegue de su giro o desempeño público. Resalta, el Estado es siempre responsable del daño y está obligado a resarcir las lesiones antijurídicas efectivamente sufridas por el administrado como consecuencia de la función administrativa, sea a través de conductas positivas o negativas de los entes públicos o de sus contratistas. Añade, si las circunstancias del caso lo permiten, es posible que frente al tercero damnificado coincidan la responsabilidad civil subjetiva del concesionario con la responsabilidad objetiva del Estado; de igual manera que puede darse una exoneración de responsabilidad del concesionario pero mantenerse la responsabilidad objetiva del Estado. En el presente, finaliza, debió exonerársele y analizar si hay responsabilidad objetiva y directa del Estado.

XIX.- El Tribunal señaló que en el presente proceso figuran dos sujetos públicos y dos sujetos privados, relacionados por el contrato de concesión de la carretera San José – Caldera y la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, no. 7762 (en adelante LGCOPSP). Sostuvo, lo natural es que la responsabilidad interna (entre las partes contratantes) y la externa (las partes frente terceros), se defina con arreglo a las normas preestablecidas. Reprodujo las cláusulas 1.3, 1.1, 1.2 y 1.11.4 del convenio; la última señala que el concesionario será el único responsable de todo daño y perjuicio, de cualquier naturaleza, que con motivo de la construcción de la obra o la explotación del servicio, ocasione a terceros, al personal, a la propiedad de terceros o al ambiente, a menos que sean imputables a la concedente por medidas que ésta le haya impuesto al concesionario. Prosiguió, según el artículo 18.f de la LGCOPSP, establece como obligación general del concesionario indemnizar por los daños y perjuicios que ocasionen a terceros como consecuencia de la ejecución de la concesión. El precepto 38 ibídem dispone que en lo referente a derechos y deberes con terceros, el concesionario se regirá por las normas del Derecho Privado, y será responsable ante la Administración concedente por los daños y perjuicios que se deriven de cualquier subcontratación. Continuó, el Reglamento a la Ley, canon 67, estatuye que en las obligaciones y derechos con terceros, el concesionario se regirá por el Derecho Privado, y en el mandato 69, que respecto de los daños ocasionados a terceros, al personal, a la propiedad de terceros o al ambiente, el concesionario será el único responsable, salvo que las lesiones sean imputables a la concedente por medidas que ésta le haya impuesto al concesionario. Todas estas normas, concluye, articulan un sistema según el cual tratándose de la concurrencia de responsabilidades entre un ente público y un sujeto de Derecho Privado con el cual se mantiene una concesión, el único responsable de todo daño a terceros, con motivo de la construcción o explotación de la concesión, es el concesionario. Finalizó, la Administración concedente está excluida de los reclamos de terceros por actos, hechos o conductas nacidas de esa relación, a causa o con motivo de su ejecución.

XX.- El sistema de responsabilidad de la Administración Pública y del Estado en general, se desprende de la Constitución Política, artículos 11 (principio de legalidad), 18 y 33 (igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas), 34 (resguardo de los derechos adquiridos y de las situaciones jurídicas consolidadas), 41 (derecho a la resarcibilidad plena de los daños); 45 (protección de la propiedad privada); 49 (tutela de los derechos subjetivos e intereses legítimos), 50 (responsabilidad por daños ambientales); 74 (solidaridad social), 148, 149, 154, 166 y 188 (responsabilidad del Presidente de la República, Poder Ejecutivo, Consejo de Gobierno, Poder Judicial y de los directores de las instituciones autónomas, y 139 inciso 4), 140 y 191 (derecho al buen funcionamiento del servicio público). En este sentido puede consultarse las sentencias no. 5207-2004 del 18 de mayo de 2004 de la Sala Constitucional y no. 308-F-2006 del 25 de mayo de 2006 de este Tribunal. El desarrollo legal de este principio constitucional de responsabilidad pública se encuentra, en primer término, en la Ley General de la Administración Pública. Posteriormente, es desarrollada en otros cuerpos legales, tales como la Ley de Contratación Administrativa, la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi, la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas Vehículos Automotores y la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicio Público, última que es la que debe aplicarse al presente asunto, como se verá de seguido.

XXI.- La Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, no. 7762, contiene normas que definen la responsabilidad extracontractual de las partes de un contrato administrativo frente a terceros damnificados por la ejecución precisamente del convenio. En particular, en cuanto al sujeto responsable. Así, establece el canon 18 inciso f) que es obligación del concesionario “Indemnizar por los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia de la ejecución de la concesión” (antes de la modificación efectuada mediante Ley 8696 del 17 de diciembre de 2008 –que corrió la numeración de los apartes-, este inciso correspondía al e). El mandato 36 señala que durante la etapa constructiva, las “obras se ejecutarán a riesgo del concesionario (…)”. Y por último dispone el numeral 38 “Régimen aplicable a las relaciones del Concesionario [.-] En lo referente a derechos y deberes con terceros, el concesionario se regirá por las normas del Derecho Privado. Será responsable ante la Administración concedente por los daños y perjuicios que puedan derivarse de cualquier subcontratación.” Dentro de las obligaciones de la Administración concedente contenidas en el artículo 16, no incluyó el legislador el reparar los daños y perjuicios que produzca la ejecución del contrato por parte del concesionario. Y es que –como se vio- ese deber lo impuso al contratista, quien es quien despliega la conducta lesiva ordinal 18.f). De esta manera, los efectos de la actividad del concesionario no los atribuye a la Administración concedente por la mera titularidad de la obra y del servicio público. La titularidad por sí misma es insuficiente como criterio primigenio de imputación, no resulta lógico que la entidad pública deba responder por una conducta –que aún en el marco de un contrato administrativo- le es ajena. Y que además en el caso de un contrato regulado por la Ley 7762 (como el de este asunto), para la fase constructiva se enmarca expresamente dentro de los deberes que la Ley impone al concesionario en el precepto 36.e, en el sentido de que debe “Apegarse a los mejores procedimientos constructivos y a los planos de construcción de las obras aprobadas (…)”. Esta atribución exclusiva de responsabilidad al concesionario en la LGCOPSP es reforzada por el mandato 36 ejúsdem ya citado que endosa el riesgo al contratista. Para finalizar, ha de señalarse solamente que el artículo 38 elimina cualquier duda que podría surgir sobre las normas que rigen esa responsabilidad extracontractual del concesionario con terceros (y en general, las relaciones entre éstos). En principio cabría cuestionarse si ha de seguirse la condición de sujeto privado del contratista o bien el carácter público de la obra y del servicio que le ha sido delegada, y así elegir –en forma fundada- el sistema de responsabilidad aplicable al concesionario, bien el subjetivo del derecho privado, bien el régimen –predominantemente- objetivo propio de responsabilidad administrativa. Sin embargo, el legislador esclareció la disyuntiva, al estatuir en el precepto mencionado el “Régimen aplicable a las relaciones del Concesionario [.-] En lo referente a derechos y deberes con terceros, el concesionario se regirá por las normas del Derecho Privado. Será responsable ante la Administración concedente por los daños y perjuicios que puedan derivarse de cualquier subcontratación”. En este mismo sentido anotado, el Reglamento General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Decreto Ejecutivo 27098, establece en el artículo 69 que con relación a “Daños a terceros [.-] 69.1 Durante el plazo de la concesión, el concesionario está obligado a adoptar todas las medidas que sean razonables, para evitar daños a terceros y al personal que trabaja en la construcción de la obra o en la explotación del servicio. Igualmente deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a la propiedad de terceros y al ambiente. [.-] 69.2 El concesionario será el único responsable de todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de la construcción de la obra o la explotación del servicio se ocasione a terceros, al personal de la obra, a la propiedad de terceros o al ambiente, a menos que los daños le sean imputables a la Administración concedente por medidas que ésta le impuso al concesionario”. Es claro que esta reglamentación de la LGCOPSP tiene la virtud de que reconoce situaciones en el que daño se produce por una actuación del concesionario que le había sido ordenada concretamente o impuesta por la Administración. Luego, es este accionar administrativo la génesis de las lesiones, es éste la razón por la cual el concesionario despliega la conducta que resulta perjudicial al tercero. Por ello, el precepto reglamentario atribuye el deber indemnizatorio al ente público concedente.

XXII.- En el sub lite, como punto de partida, tuvo por demostrado el Tribunal que la construcción de la carretera San José – Caldera es una obra pública del Estado, otorgada en concesión de obra pública con servicios públicos a Autopistas del Sol, quien a su vez subcontrató para esa fase a Constructora San José – Caldera (así los hechos demostrados noveno y décimo). Asimismo, partió el Tribunal de que esta concesión se tramitó y otorgó de conformidad con la LGCOPS (considerando tercero, punto segundo). En este panorama, se tiene configurada en primer término una relación de carácter contractual; al tiempo que se crea un vínculo entre los sujetos usuarios de la obra pública concesionada, el concesionario y la Administración Pública. Pero además de ello, según se apuntó, la existencia de aquella relación contractual, la ejecución de las labores edificativas de la obra, a su vez generó daños a terceros, no usuarios de la obra, quienes son Constructora Guter Martínez y los señores José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco, Maciel Irías Murillo, Maylin Irías Murillo y Juan Manuel Víquez Quesada. Tal y como determinó el Tribunal y coincidió esta Sala considerandos que anteceden, Autopistas del Sol y Constructora San José – Caldera, al excavar el terreno y hacer el talud (siguiendo el diseño también contratado a la primera), provocaron un deslizamiento de tierra que afectó las dos propiedades de Constructora Guter Martínez, en las cuales se ubican dos casas de habitación que ocupaban las personas físicas actoras. Ha sido entonces la conducta de la concesionaria y la de su subcontratista la que generó ese particular daño, del cual luego se derivan las lesiones morales. Los efectos de esa conducta son atribuibles sólo a quienes la desplegaron, de suerte tal que la obligación de resarcir esos detrimentos pesa únicamente sobre Autopistas del Sol y Constructora San José - Caldera. Esto por cuanto –se insiste- han sido quienes realizaron esa labor, y en especial porque la LGCOPSP así lo estableció expresamente en el artículo 18.f. La sentencia del Tribunal no violenta el principio constitucional de responsabilidad de la Administración Pública, pues no existe en este asunto conducta administrativa que haya coadyuvado en la generación del daño. La simple titularidad de la obra pública (y el tantas veces mencionado derecho de vía) no puede –como pretende el casacionista- ser criterio de imputación, pues no existe norma de rango constitucional ni legal que dé fundamento a esa tesis. La titularidad sobre la obra o del servicio público no es suficiente para endilgarle a un ente público solidaridad en el deber de reparar como si se tratare de una coautoría, mucho menos aún –como alega Autopistas del Sol- para hacerle recaer la totalidad de esa obligación. Máxime cuando en contratos como el presente, el objeto incluía el diseño de la obra, lo cual si bien no es un aspecto oponible a los actores (terceros respecto de ese acuerdo), si llama la atención este enfoque por parte de quien si está demarcado por esa voluntad. En este punto, en razón del apartado tres del considerando tercero del fallo, así como de las conclusiones de la representante estatal, valga insistir a modo de aclaración, que las cláusulas contractuales (incluyendo las relativas a la responsabilidad frente a terceros) rigen para las partes contratantes, no así para de terceros damnificados; de manera que la solución de este asunto está dada por la Ley, no así por la voluntad del Estado, del CNC y de Autopistas del Sol. Por último, esgrime adicionalmente la recurrente que ejecutó los planos que aprobó la Administración concedente y la supervisora del proyecto, y que estos planos junto con la orden de inicio son precisamente órdenes e instrucciones de la concedente que le eximen de responsabilidad, según el Reglamento. Este preciso alegato, con ese detalle, se introduce en esta fase casacional, por lo que no fue objeto de debate. De allí que, de conformidad con el artículo 608 del Código Procesal Civil (aplicable según el 220 el precepto del CPCA), esta Sala está impedida de verter pronunciamiento al respecto. Debe aclararse que es novedoso, pues aún y cuando al contestar la demanda, Autopistas del Sol refirió lacónicamente que la Administración aprobó los planos, ello fue como parte de las alegaciones de titularidad de la obra y del derecho de vía para fundar la atribución de responsabilidad a la Administración Pública y excluir la suya. Por demás, tampoco el argumento coincide con el de la parte actora, quien en la demanda invocó una omisión de la actividad fiscalizadora que le correspondía al Estado por ser el concedente de la construcción de la carretera (folios 31 y 32). En otras palabras, lo esgrimido por los demandantes respecto del Estado fue una inactividad fiscalizadora durante la ejecución de la fase constructiva; no así una falta administrativa en la aprobación de planos, lo cual correspondería sí a la ejecución del contrato, pero en su etapa de diseño y planificación. Así las cosas, por las razones anotadas, se declara sin lugar este cargo de Autopistas del Sol.

XXIII.- Tercero. Acusa Constructora San José – Caldera (en el motivo primero de su recurso) trasgresión de los mandatos 1025 y 1046 del Código Civil. Puntualiza, la sentencia le condena solidariamente con Autopistas del Sol, pero no justifica el por qué de esa solidaridad, simplemente la presume. Con esto, explica, violenta el artículo 1025 y el principio de la relatividad de los contratos, pues se le imponen efectos resarcitorios en razón de un contrato del cual no es parte. Dice, podría pensarse que los es por la supuesta relación de sub-contratación o de los socios, que se mencionan, pero no se justifica del todo, de manera que no puede definir si esa apreciación es o no correcta. Asimismo, se inobserva el precepto 1046 ibídem, ya que no hay un mínimo tratamiento de la solidaridad en la obligación de pago de Autopistas del Sol y suya. Detalla, el Tribunal consideró que Autopistas del Sol es responsable por conducta negligente al no hacer los estudios previos necesarios, pero no explicó porque ella debe responder por esa supuesta negligencia.

XXVIV.- Tuvo por demostrado el Tribunal que la construcción de la carretera San José-Caldera es una obra pública otorgada en concesión a Autopistas del Sol (así el hecho probado 9). Y que precisamente para la fase de construcción Autopistas del Sol la subcontrató a Constructora San José – Caldera (hecho probado 10). Así las cosas, es claro que es responsable de las labores constructivas quien las ejecutó, esto es, Constructora San José – Caldera. Así lo reconoció cuando contestó la demanda; en este sentido reconoció fue ella quien efectuó el movimiento de tierra y procedió a construir (folio 108 y 113). Tal y como se determinó en los considerandos XIV y XV, la conducta directa de Constructora San José – Caldera es la que ocasionó el daño en las propiedades de Constructora Guter y la consecuente lesión a las personas físicas que en esos predios habitaban, fue el corte, el talud, en ejecución de un diseño inapropiado según la técnica. El Tribunal reprochó la falta de estudios hidrogeológicos y estructurales, asimismo, determinó que la excavación del terreno bajó la rasante donde se construía la carretera, cortó la base y desestabilizó geológicamente el cerro Pan de Azúcar. Se agrega, que esa excavación, el talud, respondió a diseños con falencias según determinó el perito. En este punto, conviene añadir que el Tribunal destacó que el perito ingeniero civil, Edwin Moya Solano, señaló que los ingenieros de esta empresa constructora tenían la obligación de apartarse de los estudios de referencia. Luego, respecto de la condena a la Constructora San José – Caldera no hay desatención de los cánones 1025 y 1046 del Código Civil.

XXV.- Cuarto. Autopistas del Sol (en el agravio G de su recurso), arguye infracción de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Expone, el fallo condena a pagar a los señores José Martín y Maciel las sumas de ¢3.000.000,00 y a Juan Manuel y Maylin los montos de ¢5.000.000,00, tomando en consideración el informe psicológico aportado sobre el impacto del deslizamiento y del tratamiento recibido. No obstante, manifiesta, el Tribunal omitió valorar que el reclamo de las personas físicas lo fue por su participación como accionistas de la sociedad propietaria de los bienes, y que nunca se presentó prueba de que al momento de los hechos ya eran accionistas, la certificación del capital accionario no determina el momento de adquisición de las acciones. Además, no hicieron reclamo como moradores u ocupantes de las viviendas ubicadas en los terrenos; pero aún de haberlo hecho, no consta prueba en ese sentido. Todo esto, concluye, determina una evidente falta de legitimación activa. Por otra parte, prosigue, no existieron testigos que contribuyeran a demostrar la existencia de los factores apuntados por el Tribunal; el reporte psicológico es una prueba documental que no puede equivaler a una pericial en la que se hubiere podido determinar la existencia de un daño moral o inclusive uno psicológico. No hay prueba del daño moral, y aún cuando se hubiese podido demostrar “(aún in re ipsa)” la fijación del monto es totalmente exorbitante y alejada de la realidad, sin relación con los hechos, lo que evidencia que fue determinado en forma antojadiza, sin justificación alguna, con violación por tanto de los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad.

XXVI.- En este cargo, la casacionista mezcla vicios sustantivos con uno procesal. En efecto, del desarrollo se extrae que inserta en realidad tres recriminaciones: A) en primer término, asevera el daño moral se pidió como accionistas de la dueña de las fincas, no así por ocupar los predios, lo que determina la falta de legitimación en cuanto a este extremo concedido; B) alega no se demostró el daño moral, ya que no se demostró que fueran accionistas, tampoco moradores; y C) la fijación de monto del resarcimiento es antojadizo y sin justificación en infracción de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

XXVII.- En lo tocante al punto A, parece reclamar de forma sumamente lacónica una incongruencia, dentro de un cargo donde plantea reclamos por el fondo. Se rechazará por no explicarse con claridad. A más de lo anterior, remítase Autopistas del Sol al considerando VIII de este fallo, que denegó el motivo similar formulado por la otra sociedad recurrente. Valga reiterar que la indemnización por este daño extrapatrimonial si fue peticionada con fundamento en que las personas físicas actoras viven en las casas sitas en las fincas afectadas con el deslizamiento. Respecto del punto B), se advierte en primer lugar que no hay mención de normas sustantivas atinentes. Los principios constitucionales que refiere están en función de la cuantía, no así de la determinación del daño. En todo caso, tal y como se expresó en el considerando X de esta sentencia, corresponde al juez determinar el daño moral a través de inferencias lógicas a partir de los hechos que ha tenido por acreditados, por lo que no requiere el análisis de probanzas particulares. En el sub júdice, en el hecho probado no. 2 de la resolución impugnada, el Tribunal estableció que las persona físicas actoras habitan los terrenos, para ello se basó el Tribunal en la demanda, en el testigo Jesús Campos Fernández y en las declaraciones de José Martín Irías Hernández, Adilza Murillo Blanco y Maylin Irías Murillo. Asimismo, en la circunstancia no. 13, relató que Maylin Irías Murillo y Juan Manuel Víquez Quesada, por la oferta de Constructora San José – Caldera, desalojaron su vivienda, con base en las declaraciones del testigo recién citado y de Jose Martín Irías. En los hechos 6 y 7, mencionó sendas notas de Constructora San José - Caldera dirigidas a los actores, con relación a las grietas y deslizamiento y la recomendación de desalojo, con fundamento en esas pruebas documentales. En suma, el Tribunal infirió el daño moral de un cúmulo de circunstancias que fueron acreditadas con los elementos probatorios señalados. La recurrente no objeta la apreciación de esas probanzas, para quebrar esos hechos y consecuentemente aquella inferencia lógica. Ergo, el punto también desestimarse. Por último, en lo relativo al punto C) sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la fijación dineraria resarcitoria, según se apuntó en el considerando IX de este fallo, el Tribunal determinó que todos los sujetos personas físicas demandantes sufrieron un detrimento moral, en razón de la incertidumbre y preocupación, y en el caso de Maylin Irías Murillo y Juan Manuel Víquez Quesada dicho estado de ánimo se agravó por su hijo menor y haber abandonado su vivienda según la propuesta de Constructora Caldera. Estos fueron los motivos que rindió el Tribunal para su decisión. Esta Sala coincide con ellos, el observar que las propiedades donde habitan sufren un deslizamiento, que hubo afectación de sus casas, es un hecho que innegablemente ocasiona perturbación, no se sienten protegidos en el ámbito físico de resguardo último que tiene cualquier ser humano, donde descansan y desarrollan buena parte de sus actividades, todo durante más de un año. Se trata de una intranquilidad por un tiempo prolongado. De manera que estima esta Sala que las sumas de ¢3.000.000,00 que el Tribunal concedió a José Martín Irías, Adilza Murillo y Maciel Irías (respectivamente) y de ¢5.000.000,00 a Maylin Irías y Juan Manuel Víquez, son razonables al lapso durante el cual se mantuvieron en ese estado, nótese que en el caso de los dos últimos la preocupación se acrecentó por el no continuar dando a su hijo menor un techo, una casa en la cual pudiera vivir y desarrollarse. En síntesis, el cargo se denegará.

XXVIII.- En mérito de lo expuesto, procederá declarar sin lugar los recursos planteados por Constructora San José - Caldera y Autopistas del Sol. Deberán las sociedades recurrentes sufragar las costas generadas con su ejercicio, tal y como establece el canon 150.3 del CPCA.

POR TANTO

Se declaran sin lugar los recursos de casación planteados por Constructora San José – Caldera Sociedad Anónima y Autopistas del Sol Sociedad Anónima, quienes deberán sufragar las costas generadas con su ejercicio.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales Jorge Alberto López González MACUNAQ Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Ley 7762 Art. 38
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