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Res. 00573-2014 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 30/05/2014

Bus Fare Excludes Units Not Proven as Concessionaire's PropertyTarifa de autobuses excluye unidades no acreditadas como propiedad del concesionario

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The First Chamber denies the cassation appeal against the judgment rejecting the claim to annul ARESEP's tariff acts, finding that the plaintiff did not prove ownership of the vehicles excluded from the fare calculation.La Sala Primera declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia que rechazó la demanda de nulidad de actos tarifarios de ARESEP, al considerar que la actora no demostró ser propietaria de los vehículos excluidos del cálculo de la tarifa.

SummaryResumen

The First Chamber of the Supreme Court of Justice, in an administrative contentious proceeding, upholds the judgment rejecting the claim of Autotransportes Cesmag S.A. against the Public Services Regulatory Authority (ARESEP). The bus route concessionaire sought nullification of 1999 tariff acts and subsequent adjustments, arguing that ARESEP improperly excluded two fleet units when applying the econometric model, resulting in a lower fare and financial imbalance. The Chamber holds that the plaintiff failed to prove ownership of the excluded vehicles either administratively or in court, as Public Vehicle Registry certifications showed third-party ownership, contradicting a notarial certificate. The exclusion was deemed justified. Moreover, ARESEP's Board rejected the original appeal for lack of current interest due to later fare adjustments, a point contested by the company. The cassation appeal is dismissed with costs.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso contencioso administrativo, confirma la sentencia que rechazó la demanda de Autotransportes Cesmag S.A. contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). La empresa concesionaria de rutas de autobús solicitó la nulidad de actos tarifarios de 1999 y posteriores reajustes, alegando que ARESEP excluyó indebidamente dos unidades de su flota al aplicar el modelo econométrico para el cálculo de la tarifa, lo que generó una tarifa menor y desequilibrio financiero. La Sala determina que la actora no logró demostrar en sede administrativa ni en el proceso judicial que fuera propietaria de los vehículos excluidos, pues certificaciones del Registro Público de Vehículos indicaban que pertenecían a terceros, frente a una certificación notarial contradictoria. La exclusión se consideró justificada y no se desvirtuó el motivo del acto. Además, la Junta Directiva de ARESEP rechazó la apelación original por falta de interés actual al haber fijaciones tarifarias posteriores, lo cual fue combatido por la empresa. El recurso de casación se declara sin lugar y se condena en costas a la recurrente.

Key excerptExtracto clave

IX. From the foregoing, it is concluded, first, that the fare resulting from the application of the econometric model varies depending on whether 49 or 51 units are used as a variable. This follows from the combination of the tariff study (which specifies that the previous calculation's 51 units dropped to 49) and acts 059-DAL-2000 and 073-DAL-2000, which recommend partially granting the appeal regarding the fleet. ARESEP also expressed this in its response to the claim, stating that to set the service fare "it is necessary to consider the units providing the service" (folio 623). Additionally, it is clear from that study that ARESEP applied the econometric model with a fleet of 49 units, and on that basis, set the fare in resolution RRG979-99. Both administratively and in this proceeding, the regulatory body has justified that the exclusion in the calculation is due to Cesmag's lack of ownership over the two specified units. On this point, the Court agrees with the lower court that Cesmag's ownership of the vehicles was not proven. In the notarial certificate of September 9, 1999, it is stated that, according to the Public Vehicle Registry, buses PB 0536 and AB 1323 are owned by Cesmag. It is true that this is a public document, but it is equally true that other documents of the same nature, such as the certificates issued by the Public Registry on March 31, 2000, indicate that those vehicles belong to Auto Transportes Araya y Ar and Transportes Unidos Alajuela Grecia Naranjo Limitada. They are public instruments containing contradictory information. The first was drawn up by a notary public based on the Public Registry; the second were issued by the Public Registry itself, through its officials. For this reason, like the lower court, credibility is given to the latter, and it is not proven that the two buses excluded from the calculation are owned by Cesmag, but rather that they belong to third parties according to the registry.IX. De la anterior reseña, se concluye, en primer término, que la tarifa resultante de la aplicación del modelo econométrico es diversa según se utilice como variable 49 ó 51 unidades. Así se extrae de la conjunción del estudio tarifario (en el cual se puntualiza que de 51 unidades del cálculo anterior se pasó a 49) con los actos 059-DAL-2000 y 073-DAL-2000, los cuales recomiendan acoger parcialmente la apelación en cuanto a la flota. Además en este mismo sentido se pronunció la Aresep, en su contestación de la demanda, en cuanto afirmó que para establecer la tarifa asignada al servicio “es necesario considerar las unidades que prestan el servicio” (folio 623). Adicionalmente, de ese estudio es claro que la Aresep al aplicar el modelo econométrico lo hizo con una flota de 49 unidades, y con ello como fundamento, decretó la tarifa en resolución RRG979-99. En la sede administrativa y en este proceso, la entidad reguladora ha justificado que esa exclusión en el cálculo obedece a la no titularidad de Cesmag sobre las dos unidades señaladas. En este punto, se coincide con el Juzgado y el Tribunal en el sentido de que la propiedad de Cesmag sobre los automotores no fue demostrada. En la certificación notarial del 9 de setiembre de 1999, se hace constar que según el Registro de Vehículos del Registro Público los autobuses PB 0536 y AB 1323 son propiedad de Cesmag. Es cierto que se trata de un documento público, pero también lo es que otros de igual naturaleza, como lo son las certificaciones emitidas por el Registro Público el 31 de marzo de 2000, señalan que esos vehículos pertenecen a Auto Transportes Araya y Ar y a Transportes Unidos Alajuela Grecia Naranjo Limitada. Se trata entonces de instrumentos con carácter público que contienen información contradictoria. El primero lo elaboró un notario público con vista del Registro Público; los segundos, es el propio Registro Público quien los emitió, a través de sus funcionarios. Por esta razón, al igual que el Juzgado, se da credibilidad a los últimos, y no se tiene por acreditado que los dos autobuses descartados en el cálculo sean propiedad de Cesmag, sino que pertenecen a terceros registralmente.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La tarifa resultante de la aplicación del modelo econométrico es diversa según se utilice como variable 49 ó 51 unidades."

    "The fare resulting from the application of the econometric model varies depending on whether 49 or 51 units are used as a variable."

    Considerando IX

  • "La tarifa resultante de la aplicación del modelo econométrico es diversa según se utilice como variable 49 ó 51 unidades."

    Considerando IX

  • "Se trata entonces de instrumentos con carácter público que contienen información contradictoria. El primero lo elaboró un notario público con vista del Registro Público; los segundos, es el propio Registro Público quien los emitió, a través de sus funcionarios. Por esta razón, al igual que el Juzgado, se da credibilidad a los últimos."

    "They are public instruments containing contradictory information. The first was drawn up by a notary public based on the Public Registry; the second were issued by the Public Registry itself, through its officials. For this reason, like the lower court, credibility is given to the latter."

    Considerando IX

  • "Se trata entonces de instrumentos con carácter público que contienen información contradictoria. El primero lo elaboró un notario público con vista del Registro Público; los segundos, es el propio Registro Público quien los emitió, a través de sus funcionarios. Por esta razón, al igual que el Juzgado, se da credibilidad a los últimos."

    Considerando IX

  • "No demostró la actora ante la Administración ni en este proceso ser dueña de los autobuses y desvirtuar por tanto el motivo (uno de los motivos) del acto RRG-979-99."

    "The plaintiff did not prove before the Administration or in this proceeding that it owned the buses, and therefore did not rebut the grounds (one of the grounds) of act RRG-979-99."

    Considerando IX

  • "No demostró la actora ante la Administración ni en este proceso ser dueña de los autobuses y desvirtuar por tanto el motivo (uno de los motivos) del acto RRG-979-99."

    Considerando IX

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

First Chamber of the Court Date of Resolution: May 30, 2014, at 11:55 a.m.

Case File: 03-000975-0163-CA Analyzed by: FIRST CHAMBER Relevance Indicators Relevant ruling Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Concession Subtopics:

Public passenger transport.

A concessionaire of a public transport service requested an increase in its bus fares from the Public Services Regulatory Authority. It reproaches an error in the calculation of the decreed fare, since two units were excluded, which served as the basis for subsequent revisions. The Chamber concludes that the fare resulting from the application of the econometric model differs depending on whether 49 or 51 units are used as a variable. However, the regulatory entity justified that exclusion on the grounds that the plaintiff did not hold title to those two units, which was not demonstrated in the administrative venue or in this proceeding; rather, they belong to third parties according to certifications from the Public Vehicle Registry, and therefore the reason for the action of the Regulatory Authority is not refuted.

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Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Incongruence Subtopics:

Concept and scope.

It occurs when there is an evident dissonance or contradiction between the operative part of the judgment and the claims and defenses raised by the parties, and this can happen both regarding the complaint and its answer, as well as the grievances and petitions in the appellate phase. This procedural error occurs when the judge decides on issues not requested (extra petita), more than what was requested (ultra petita), or omits the decision in whole or in part, regarding the claims or defenses. In this matter, upon declaring the filed appeal without merit, and since none of the grounds for exoneration are evident, the costs are borne by the plaintiff; therefore, the incongruence alleged against the Tribunal's judgment is not observed.

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Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Public passenger transport Subtopics:

Fare.

A concessionaire of a public transport service requested an increase in its bus fares from the Public Services Regulatory Authority. It reproaches an error in the calculation of the decreed fare, since two units were excluded, which served as the basis for subsequent revisions. The Chamber concludes that the fare resulting from the application of the econometric model differs depending on whether 49 or 51 units are used as a variable. However, the regulatory entity justified that exclusion on the grounds that the plaintiff did not hold title to those two units, which was not demonstrated in the administrative venue or in this proceeding; rather, they belong to third parties according to certifications from the Public Vehicle Registry, and therefore the reason for the action of the Regulatory Authority is not refuted.

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Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Evidence Subtopics:

Certification.

In the present matter, it is required to demonstrate ownership of two buses for purposes of calculating a fare adjustment. In a notarial certification, prepared by a notary public in view of the Public Registry, it is stated that they are owned by the plaintiff, but in certifications issued by the Public Vehicle Registry, it is indicated that they belong to other transport companies. These are instruments of a public nature that contain contradictory information. However, like the Trial Court, credibility is given to the latter.

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Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Cassation appeal Subtopics:

Formalities of the appeal.

A violation of canon 356 of the General Law of Public Administration is alleged, non-observance of the Regulation to Law 7593, and the obligation to make a preliminary request to demonstrate ownership of two vehicles, these being novel aspects introduced at this phase, and consequently, this Chamber cannot rule on them (mandate 608 of the Civil Procedure Code).

... See more *030009750163CA* RES: 000573-F-SI-2014 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours fifty-five minutes on the thirtieth of May, two thousand fourteen.

Ordinary proceeding established in the Administrative and Civil Treasury Court of the Second Judicial Circuit of San José, by AUTOTRANSPORTE CESMAG SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its vice-president with powers of unlimited general attorney-in-fact, Esteban José Ramírez Biolley ID No. Orlando Ramírez Biolley, remarried, businessman; against the PUBLIC SERVICES REGULATORY AUTHORITY, represented by its general judicial attorney-in-fact, Juan Manuel Quesada Espinoza, resident of Heredia. Also appearing, as special judicial attorneys-in-fact, for the plaintiff corporation, are licensed attorneys José Joaquín Soto Chavarría and Eduardo Sancho González; and, for the defendant entity, licensed attorney Giovanni Marchena Jara, resident of Heredia, and licensed attorney Carol Solano Durán, both residents of Heredia. The physical persons are of legal age and with the exceptions noted, married, attorneys, and residents of San José.

WHEREAS

1. Based on the facts it set forth and legal provisions it cited, the plaintiff corporation filed an ordinary complaint, the amount of which was set at four hundred twenty million one hundred eighty thousand two hundred eighty-seven colones, in order that the judgment declare: "A) That the challenged acts are null, namely: 1) Resolution RRG-979-99 of 2:00 p.m. on October 19, 1999; 2) Resolution RRG-1077-2000 of 8:05 a.m. on January 31, 2000, 3) The two resolutions issued by the Regulador General of ARESEP and RJD-078-2003 of 3:00 p.m. on July 22, 2003, issued by the Board of Directors of ARESEP. 4) All preparatory, implicit, and connected acts, antecedents, and legal consequences thereof, for being contrary to law only insofar as they set deficit fares in such a way that the company has been obliged to function below the contractual equilibrium point. B) That the contractual equilibrium point for the plaintiff company to operate without a deficit is ¢52,098,732.95. C) That to set the equilibrium point of ¢52,098,732.95, ARESEP should have set a weighted fare of ¢72.02 per passenger. D) That consequently, ARESEP must compensate the company for the damages and losses caused by the illegitimate fare setting it carried out. E) That the damages caused consist of the sum of ¢2,047,843.10 monthly, which is the difference between the real equilibrium point of ¢52,098,732.95 in monthly income and the income produced with the approved fare, which is ¢50,050,889.85, starting from November 8, 1999, the date of publication of the approved fare, and for as long as the plaintiff company remains the concessionaire of Routes 50, 50A, 52, 57, and 60A or until ARESEP adjusts the fares as legally required. F) That ARESEP must also recognize the damages caused by the lags generated in the setting of subsequent fare readjustments, namely: 1) An increase of 3.38% set by resolution of the Regulador General No. 1510 of July 6, 2000, which took effect on the 21st of that same month; 2) An increase of 13.98% set by resolution of the Regulador General No. 1858 of March 6, 2001, which took effect on March 27, 2001; 3) An increase of 6.13% set by resolution of the Regulador General No. 2206 of August 16, 2001, which took effect on August 29, 2001; 4) An increase of 5.78% set by resolution of the Regulador General No. 2466 of January 10, 2002, which took effect on February 25, 2002; 5) An increase of 29.60% set by resolution of the Regulador General No. 2666 of July 19, 2002, which took effect on August 8, 2002; 6) An increase of 10.20% set by resolution of the Regulador General No. 3046 of March 24, 2003, which took effect on March 31, 2003. G) That the amount of damages caused from petition points E) and F) is the sum of ¢216,962,589.39 in principal calculated from November 8, 1999, to June 31, 2004, as stated in the economic and technical study attached to the complaint. It indicates that all these are the fare settings that have occurred up to June 31, 2004, and any others made after that date. H) That the losses are the legal interest accruing on the amounts of the damages caused mentioned above, in the period from November 8, 1999, to June 1, 2004, in the sum of ¢58,555,308.70. I) That ARESEP must also pay the items of damages and losses and their corresponding interest, from points e) and f) above, generated after June 31, 2004, which will be liquidated in the execution of judgment. J) That both costs are to be borne by the Public Services Regulatory Authority. In the alternative, and in the event that the judge considers that the Public Services Regulatory Authority is authorized to set fares below the equilibrium point of the contract's financial equation, it requests that it be declared, under the concept of strict liability of the Administration: A) That having demonstrated that the fare set in the challenged acts, namely: Resolution RRG-979-99 of 2:00 p.m. on October 19, 1999, RRG-1077-2000 of 8:05 a.m. on January 31, 2000, the two resolutions issued by the Regulador General of ARESEP, and RJD-078-2003 of 3:00 p.m. on July 22, 2003, issued by the Board of Directors of ARESEP, as well as all preparatory, implicit, and connected acts, antecedents, and legal consequences thereof, is lower than the legal fare in the sum of two million forty-seven thousand eight hundred forty-three colones and ten céntimos monthly (¢2,047,843.10), it is ARESEP's duty to subsidize the concessionaire in such amount and therefore, it must recognize that amount to it starting from the publication of the denial of the original petition in La Gaceta 216 of November 8, 1999, and for as long as the plaintiff company remains the concessionaire of Routes 50, 50A, 52, 57, and 60A or until ARESEP adjusts the fares as legally required. B) That it must also recognize for the plaintiff company, as a subsidy, the differences or lags when setting the subsequent fare readjustments, as follows: 1) An increase of 3.38% set by resolution of the Regulador General No. 1510 of July 6, 2000, which took effect on the 21st of that same month; 2) An increase of 13.98% set by resolution of the Regulador General No. 1858 of March 6, 2001, which took effect on March 27, 2001; 3) An increase of 6.13% set by resolution of the Regulador General No. 2206 of August 16, 2001, which took effect on August 29, 2001; 4) An increase of 5.78% set by resolution of the Regulador General No. 2466 of January 10, 2002, which took effect on February 25, 2002; 5) An increase of 29.60% set by resolution of the Regulador General No. 2666 of July 19, 2002, which took effect on August 8, 2002; 6) An increase of 10.20% set by resolution of the Regulador General No. 3046 of March 24, 2003, which took effect on March 31, 2003. C) That ARESEP must recognize interest on the sums determined, which will be calculated at the legal rate in force. D) That both costs of this trial are to be borne by the defendant." 2. The defendant party answered negatively and raised the defenses of lack of right, necessary passive joinder of parties, and lack of active and passive standing.

3. Judge Berny Solano Solano, in judgment No. 1505-2011 of 12 hours 10 minutes on July 28, 2011, resolved: "The defense of necessary passive joinder of parties is rejected as improper. The defenses of lack of active and passive standing (legitimación ad causam) are rejected as improper. The defense of lack of right is granted, and consequently, the complaint is rejected in all its aspects. Both costs of the proceeding are to be borne by the plaintiff party." 4. The plaintiff appealed, and the Administrative Litigation Tribunal, Second Section, composed of judges Ronaldo Hernández Hernández, Siria Carmona Castro, and Bernardo Rodríguez Villalobos, in judgment No. 49-2012-II of 14 hours 15 minutes on March 30, 2012, ordered: "The alleged nullity is rejected. Regarding what has been the subject of appeal and for the reasons stated, the challenged judgment is confirmed." 5. The plaintiff corporation files a cassation appeal, expressly indicating the reasons on which it relies to refute the thesis of the Trial Tribunal.

6. In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Escoto Fernández

WHEREAS

I.In its complaint, Autotransportes Cesmag Sociedad Anónima (hereinafter Cesmag), indicated that it is the concessionaire of the public remunerated passenger transport service, in the bus modality, on routes 50, 50 A, 57, and 60 A, which correspond to San José – San Pedro Montes de Oca and branches, San José – San Rafael – Salitrillos, San José – Monterrey – Cedros, San José – Granadilla de Curridabat, and San José – Cipreses de Curridabat. It narrated that on June 29, 1999, it submitted a fare increase request to the Public Services Regulatory Authority (hereinafter Aresep), based on service demand, monthly income, operating costs, and fares in effect up to that point, for which it used the econometric model of the User Assistance Directorate, considering monthly demand and runs, the authorized fleet that included units with license plates AB 1323 and PB 0536. With this, it estimated that they should be adjusted by 41.23%, for a weighted average fare of ¢72.02. It stated that through official memorandum 860-DASTRA-1999 of October 15, 1999, the Water, Sanitation, and Transport Directorate recommended partially granting the petition and recognized that it "ran" the econometric model, excluding units with license plates AB 1323 and PB 0536, thereby obtaining a fare increase of 28.79%. It affirmed that in resolution 979-99 of October 19 of that year, the Regulador General fully adopted official memorandum 860-DASTRA-1999 and partially approved the fares, which was published in La Gaceta 216 of the following November 8. It stated that this generated a difference in monthly income against it, between what it received and what it should have received according to the requested adjustment, of ¢2,047,843.10 monthly. It related that on November 10, 2000, it filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal. It affirmed that in act RRG-1077-2000 of January 31, 2000, the Regulador General declared the reconsideration without merit and admitted the appeal before the Board of Directors. It detailed that this latter body, in turn, rejected it for lack of current interest, through resolution RJD-078-2003 of July 22, 2003, in which it jointly denied another 26 requests filed by different concessionaires. It pointed out that the following six revisions that were carried out and resulted in increases took as a basis for their calculations an altered base, namely the weighted average fare set at that time, that is, ¢69.20, when they should have been made based on a weighted average fare of ¢72.02 that it calculated when it made the aforementioned request. By virtue of the foregoing, Cesmag sued Aresep, so that the judgment would: 1) declare null resolutions RRG-979-99 and RRG-1077-2000 of the Regulador General and RJD-078-2003 of the Board of Directors, their preparatory, implicit, and connected acts, antecedents, and consequences; 2) decree that the contractual equilibrium point without deficit is ¢52,098,732.95, for which Aresep should have set a weighted fare of ¢72.02 per passenger; 3) order the entity to: 3.1) compensate the damages and losses caused by the illegitimate setting, in the following manner: 3.1.1) the sum of ¢2,047,843.10 monthly for the difference between the real equilibrium point and the approved one, from the date of publication of the approved fare and for as long as it is the concessionaire or until Aresep adjusts in accordance with law; 3.1.2) the lags generated in the subsequent readjustments decreed in resolutions 1510 of July 6, 2000, 1858 of March 6, 2001, 2206 of August 16, 2001, 2466 of January 10, 2002, 2666 of July 19, 2002, and 3046 of March 24, 2003, all from the Regulador General, for a total of ¢216,962,589.39 (which includes the amount from the previous point), calculated from November 8, 1999, to June 31, 2004, in the economic and technical study it attached; 3.1.3) legal interest, which as of June 31, 2004, amounts to the sum of ¢258,555,308.70, and until they are liquidated in the execution phase; and 3.2) to pay both costs of the proceeding. Aresep answered negatively and raised the defense of necessary passive joinder of parties and the exceptions of lack of: right and standing to sue in both its modalities. The Trial Court rejected the necessary passive joinder of parties and the lack of active and passive standing (legitimación ad causam), granted the lack of right, dismissed the complaint in all its aspects, and ordered the losing plaintiff party to pay both costs. The Tribunal denied the alleged nullity and confirmed the judgment. Disagreeing, the plaintiff files a cassation appeal, which was admitted by this Chamber.

Cassation for Procedural Reasons

II.First. It alleges incongruence in the judgment by the Tribunal. It explains that within its appeal it expressed disagreement with the order to pay costs. It points out, in the first instance, it argued in that second instance that, in accordance with mandates 221 and 222 of the Civil Procedure Code (CPC) and 98 subsection c) of the Law Regulating the Administrative Litigation Jurisdiction (LRJCA), it should have been exonerated from that payment because it litigated with evident good faith and had sufficient reason to litigate; likewise, that if that claim did not proceed, the judgment should be modified, establishing a prudential sum in the fixing of costs, since it involved a proceeding of unquantifiable amount. It indicates that the Tribunal limited itself to confirming the judgment of the Trial Court but did not resolve the grievance it outlined; such that it violates canons 99, 153, 155, and 565 of the CPC and 24.1 of the LRJCA, as well as article 9 of the Civil Code, which indicates that the jurisprudence of the Chambers will contribute to informing the legal system, and judgment 127 of August 19, 1992, from this Chamber stated that congruence must be between the judgment and the claims of the complaint, but that in administrative litigation matters, precept 24, first paragraph, of the LRJCA broadened this principle, for which reason the judge must resolve within the allegations adduced by the parties to support their action or defense.

III.This Chamber has stated on repeated occasions that incongruence occurs when there is an evident dissonance or contradiction between the operative part of the judgment and the claims and defenses raised by the parties, and this can happen both regarding the complaint and its answer, as well as the grievances and petitions in the appellate phase. As has been pointed out, this procedural error "occurs when the judge, in providing a ruling, decides on issues not requested (extra petita), on more than what was requested (ultra petita), or omits the decision in whole or in part, regarding the claims or defenses (…)" (judgment 288-SI-F-2009 of 10 hours 20 minutes on March 20, 2009). In this matter, in recital VII, point j) of the Tribunal's judgment, a pronouncement is observed on the appellate grievance relating to costs. The Tribunal indicated that, in accordance with article 221 of the CPC, applicable by canon 103 of the LRJCA, the losing party must be ordered, even ex officio, to pay the costs, by the mere fact of being so, without this implying that bad faith or recklessness mediated. It continued, the exoneration can be granted for any of the grounds in mandates 98 of the last cited norm and 222 of the mentioned Code. It concluded, in this case, upon declaring the filed appeal without merit, and since none of the grounds for exoneration are evident, the costs are borne by the plaintiff. Consequently, the incongruence alleged against the Tribunal's judgment is not observed, and the charge will be denied. Finally, regarding the fixing of the amount, the parties must resort to the judgment execution phase.

Cassation for Substantive Reasons

IV.First. It asserts, in the Tribunal's opinion, Aresep recognized in the fare-setting procedure that buses AB-1323 and PB-0536 belonged to it, from the moment the Legal Advisory Department issued official memorandum no. 059-DAL-2000 of March 10, 2000, and from there it understands that those vehicles were taken into account in the fare study. It objects because said vehicles were not taken into consideration when applying the econometric model. In the documents on folios 788 to 799 and 201 to 802, it neither states nor can it be inferred that the two units were admitted as part of its vehicle fleet. It points out, the addendum to act no. 046-DAL-2000/1672, which was made through official memorandum no. 059-DAL-2000, recommended granting the appeal on the merits and revoking it with respect to the fleet. Likewise, act 073-DAL-2000 of April 6, 2000, confirmed this criterion, that is, to partially grant the appeal with respect to the fleet. There is no resolution in the case file that includes "a run" of the econometric model with the two buses. It continues, the Board of Directors, in resolution RJD-078-2003 of July 22, 2003, declared the appeal without merit, since, among other reasons, there was no interest because, in its view, there was an updated fare, as indicated in act 860-DASTRA-1999. In this way, it maintains, the Board of Directors did not respect the criterion of the Legal Advisory Department, since – it insists – the DASTRA eliminated two buses and the final report was prepared with 49 units, not 51. This transgression of canon 330 of the Civil Procedure Code, regarding the analysis of official memoranda 059-DAL-2000 and 073-DAL-2000, determines an indirect violation of mandates 3 subsection b of Law 7593, which establishes the governing principle of fare setting, according to which only the costs necessary to provide the service must be contemplated, allowing competitive remuneration and guaranteeing adequate development of the activity; of ordinal 30 ibidem, which develops the principle of setting fares at cost, which can never be lower than the economic equilibrium of the agreement; and of norm 31 ejúsdem, which prohibits settings against the principle of financial equilibrium of the contract. Because, it insists, the number of vehicles comprising the fleet was arbitrarily reduced, thereby lowering the operating costs, such that when applying the econometric model under that condition, the fare was reduced to its detriment. It reiterates, as observed on folios 10 and 11 of the administrative file, it presented the adjustment request, "running" the econometric model with 51 units; official memorandum 860-DASTRA-99 as the number of titled buses includes only 49, as stated on folios 639 and 640. Thus, the Administration did not consider them in its projections nor assign them the relative weight in the financial equation. It continues, Aresep itself recognizes that relative weight, since in acts 046-DAL-2000/1672 and 059-DAL-2000, on folios 788 to 792 of the administrative file, it issued the criterion that the resolution should be revoked with respect to the fleet. Consequently, it asserts, the Tribunal is not correct when it states that it did not prove that, in the financial equation, by adding the expenses of the two units, an increase would have occurred. Likewise, it denounces a violation of articles 30 and 31 of the Law Regulating Remunerated Passenger Transport in Motor Vehicles, no. 3503, where it is established that fares must cover all real costs, under normal conditions of productivity and organization, which includes the incidence of the two buses on operating costs. It says, the right to property contemplated in canon 45 of the Political Constitution was also violated, specifically asset intangibility, since the model with two fewer units yielded a lower fare. It explains, according to the principle of reasonableness, what was decided by Aresep should have been the equilibrium point, which was achieved by using the entire fleet in the calculations; in accordance with precept 42 of the Regulation to Law 7593, in case of doubt about the information provided, it should have made a preliminary request for clarification, however, it was not granted a hearing, but rather unilaterally and directly affirmed that the vehicles did not belong to it. In the appeal process, it explains, it made the error known, which the Legal Advisory Department confirmed, recommending that what was decided be revoked, but the senior administration of Aresep ignored that criterion and set a fare lower than what corresponded, damaging its assets. It exemplifies, when it ran the econometric model with 51 units, it resulted in an increase of 29.77%, but the one decreed by Aresep was 28.79%, that is, 0.98% less. It is this that should be recognized in the fare and that would be restituted with the sums not received from November 8, 1999 (date on which resolution RRG-979 was published) until March 27, 2001 (date on which the following individual fare setting, RRG-1858, was published); the fare difference would be measured based on the passengers or users transported in that period. It asserts, the sizing of the damages and losses is based on the jurisprudence of this Chamber and the Administrative Litigation Tribunal, which distinguishes between the restitutive effects when it involves a national setting and an individual one. It cites Aresep's criterion regarding that distinction, which – it says – was endorsed by this Chamber in judgment 355-2012 of March 15, 2012. It affirms, mandates 11, 41, and 42 of the Constitution are not observed, regarding the legality of the actions, access to administrative justice, and asset intangibility. Second. It alleges a direct violation of Law. It relates that during the course of the review request, the Administration verified that it was the owner of the two units that the Directorate had excluded when it conducted the technical and economic study. The Legal Advisory Department recommended revoking so that those buses would be included and a new fare calculation made, but the senior administration ignored that study and simply confirmed. With this, it maintains, Aresep infringed article 356 of the General Law of Public Administration, according to which, to exhaust the administrative channel, the competent body must consult the legal advisor; in this case, it was consulted, but the reasons for deviating from that opinion were not included. All this, it refers, the Tribunal did not analyze, thereby failing to apply that norm; it disregarded the governing principle of fare setting contained in canons 3 subsection b and 31 of Law 7593, which provides that fares are set contemplating only the necessary costs, including the investment in the units, allowing competitive remuneration and the adequate development of the activity, respecting the economic equilibrium of the contract, as well as mandate 196 of the LGAP, because in this matter, the setting given produced a difference between its costs and income, a difference that must be recognized, according to the result yielded by the econometric model with the two excluded vehicles, as compensation.

V.From the preceding summary, it is extracted that, in synthesis, the appellant alleges an indirect violation of articles 3 subsection b, 30 and 31 of Law 7593, 42 of its Regulation, 30 and 31 of Law 3503, 11, 41, 42 and 45 of the Political Constitution, 196 and 356 of the LGAP, due to improper evidentiary assessment. In its opinion, the evidence it identifies proves that in the calculation conducted by Aresep, which served as the basis for the fare setting (and the acts that confirmed it), two units from its fleet were excluded, and that those buses are its property. And therein lies the defect of the acts it challenges, to which it limits itself in its cassation appeal (without referring to the remaining ones it alleged in the first instance).

VI.In recital VII of the judgment, first point, the Tribunal established that the appellant's claim in the sense that Aresep unilaterally and illegally modified the factors to be assessed, particularly the discarding of two buses, should be rejected, since "although it establishes the nature of the disagreement it raises, it does not explain the reasons why the administrative conduct it attributes would have caused it the harm it accuses."

In essence, it does not provide the reasons why the passenger demand, the number of trips (carreras), and the number of units used by DASTRA for determining the fare should have been different.” In the second section, subsection b, the Court upheld that recrimination because the rejection of the two vehicles would be denied, since “besides being useless to the extent that it does not concretely and directly attack the appealed judgment, as it accuses an illegitimate action by the respondent entity in the administrative proceeding, the truth is that from the evidence gathered in the case file, the reasons justifying ARESEP’s position in refusing to consider, within the variables of the Econometric Model, the decrease in demand and the increase in the number of trips (carreras) are clearly evident (…) As regards the elimination of the two units from the vehicle fleet, such units were recognized by ARESEP as part of the plaintiff’s vehicle fleet, in the resolution of March 10, 2000, which supplements Oficio N° 046-DAL-2000/1642 dated February 25, 2000 (pages 788 to 792 of the administrative file), units with plates AB-1323 and PB-0536. Despite the foregoing, it is clear that the appellant does not prove that this was the core reason for the rejection of the fare increase request, since resolution RJD-078-2003, the final act of the fare-setting procedure, orders the rejection for lack of present interest (falta de interés actual), given that subsequent fare settings had occurred after the appealed act, satisfying the appellants’ interest in maintaining the company’s financial equilibrium.” Further on, in point f) –again– regarding the exclusion of the two units, it stated that the lower court (A quo) did note the notarial certification based on the minutes of the Comisión Técnica de Transportes in which it approved the fleet (session 3336 of August 30, 1999), but contrasted it with the certification from the Registro Público de Vehículos on pages 797 to 822, which indicates that as of March 31, 2000, the vehicle with plate AB 1323 belongs to Transportes Unidos Alajuela Gracia Naranjo Limitada, which also contrasts with the certifications on pages 108 to 109 and 145 to 146 of the administrative file. It noted that for the Court, it was a simple error in the notarial certification. It continued, “Moreover, in any case, it is true that said units were finally recognized by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos as part of the plaintiff’s vehicle fleet, in the resolution of March 10, 2000, which supplements Oficio N° 046-DAL-2000/1672 dated February 25, 2000, containing the subsidiary appeal filed by the plaintiff here against resolution RRG-979-99 (…) and which orders revoking the appealed resolution with respect to the fleet, recognizing the two referenced units as part thereof, that is, plates AB 1323 and PB 0536. However, the charge is useless since ARESEP had indeed recognized the ownership of the two buses, but rejects the increase request for lack of interest (falta de interés). Thus, whether or not the Judge acknowledges the incorporation of the two units after the date of document submission is not relevant, because ultimately that is not the reason ARESEP dismissed the fare increase, but rather due to lack of interest because several subsequent adjustments had already been made which, in the regulatory body’s opinion, had adjusted the fares and eliminated any financial imbalance. That is the reason for the rejection and not the incorporation or non-incorporation of the buses. The harm claimed by the plaintiff, then, could only have arisen from the dismissal for lack of interest and never from the non-inclusion of the two buses, first, because it had indeed included them, and second, because it did not proceed to run the new econometric model run due to lack of interest, and that logical sequence of the administrative act is not challenged by the plaintiff.”

VII.The first thing that must be noted is that, contrary to the Court’s opinion, Cesmag from the outset of the proceeding highlighted that the increase decreed in resolution RRG-979-99 and later confirmed by the Regulador General and the Junta Directiva itself, has the consequence that the subsequent revisions or adjustments contain an error, because they start from that flawed fare in whose calculation two units were excluded. Therefore, the Court is not correct when it states that the company does not explain the reasons why the administrative conduct would have caused it harm. Second. In the nineteenth fact of the complaint filing, Cesmag indicated that the Junta Directiva did not assess the merits of the appeal and denied it for lack of present interest (falta de interés actual) (while also rejecting 26 other requests from other concessionaires). Immediately afterward, in the twentieth fact, it pointed out that the following six decreed revisions that led to increases took the altered base for the calculations: the weighted average fare set by resolution RRG-979-99, and not the one it requested. Likewise, in the legal grounds section, it stated “b).- The second type of damage is what we call in this lawsuit a phase shift (desfase) in the setting of future fares. That is, starting from the illegitimate fare setting that ARESEP made and that is challenged in this trial, all future fare settings are affected in what we call the base fare (tarifa básica), which is what serves to define, in relation to it, the percentages of subsequent increases. [.-] In other words, the subsequent increases were set based on the decreased fares when they should have been set according to what was requested (…) and by doing it that way, whenever ARESEP has authorized a new fare increase for Routes (…) the resulting monthly revenue amount is lower than it should be, since the calculation base is decreased by the act challenged in this trial.” It is worth highlighting that it precisely requested the annulment of resolutions RRG-979-99, RRG-1077-2000, and RJD-078-2003, and all preparatory, implicit, and related acts, antecedents and consequences, and also requested compensation for the phase shifts of the subsequent fare readjustments. From all the foregoing, it is clear to this Chamber that from its complaint filing, it also attacked the basis given by the Aresep Junta Directiva in denying the recourse; that is, it contested the declaration of lack of interest decreed by the Administration. Note that even though it did not expressly state disagreement with the phrase “lack of present interest (falta de interés actual),” it insisted on affirming that the fare adjustments that followed were based on the fare incorrectly defined by the regulatory body. And these were the reason why the Junta Directiva dismissed its appeal, as it noted in the nineteenth circumstance. Indeed, it is observed how that body ordered, based on reports 0662-DASTRA-2003 and 0675-DASTRA-2003 from the Dirección de Aguas, Saneamiento y Transporte, that Cesmag had an updated fare, and therefore “there is no present interest (interés actual) in the resolution on the merits of these recourses since it is observed that new fares were set for the appellants here subsequent to the appealed act, which satisfies the appellants’ interest in maintaining the company’s financial equilibrium.” In this line, the Court could not argue that the appellant did not contest the declaration of lack of interest and for that reason the grievance must be denied. On the contrary –as seen– it opposed it from the lawsuit; it denounced that its arguments against RRG-979-99 were not answered and therefore, it disagrees with the subsequent decreed fares, since they are vitiated by nullity. It is thus extracted with crystal clarity that it disagrees with the declaration of lack of present interest. It is reiterated, in this Chamber’s view, the Court could not discard the appeal arguments simply by adopting the reason of act RJD-078-2003 and holding that it was not questioned, because it was. While the plaintiff did not expressly state that Aresep erroneously declared a lack of present interest, it did note that the decreed fare served as the basis for the subsequent revisions, and therefore they did not maintain the economic equilibrium of the contract.

VIII.For the foregoing reasons, it becomes necessary to analyze the items of evidence listed and detailed by the cassation appellant, and the photocopy of the administrative file, to determine if the Court and –as a consequence of that particular pronouncement– the Court of first instance incurred in a violation of substantive norms. A) In the certification by notary public Ferdinand von Herold Duarte, dated September 9, 1999, it is recorded that in the Registro de Vehículos of the Registro Público, the motor vehicles with plates PB 0536 and AB 1323 appear registered in the name of Cesmag (page 145). B) In tariff study 860-DASTRA-99 of October 15, 1999, –with respect to the matter of this grievance– it is indicated that the “requested and current fares are as follows:

ROUTE DESCRIPTION CURRENT FARE FARE REQUESTED BY COMPANY (colones) 50 SAN JOSÉ- SAN PEDRO DE MOTES DE OCA AND BRANCH LINES San Jose-San Pedro-Lourdes-Santa Marta 45.00 65.00 San José-Lourdes-Santa Marta-Guayabo 50.00 75.00 San José-Lourdes-Cedral 45.00 65.00 San José-San Pedro-Calle Siles 45.00 65.00 50 A San José-San Rafael-Salitrillos 60.00 85.00 52 San José-Monterrey-Cedros 45.00 65.00 57 San José-Granadilla de Curridabat 60.00 85.00 60A San José-Cipreses de Curridabat 45.00 65.00 (…) A- TARIFF ANALYSIS OF THE PETITION: [.-] I- TARIFF ANALYSIS : [.-] For the analysis, the fare calculation model used by the MOPT was used, updated among others, the fuel variables (…) exchange rate as of September 30 and the corresponding salary update, according to agreement N° 21 of Session N° 152 of 1999 of the ARESEP Junta Directiva [.-] The following table shows the relationship of the most important data to consider in the tariff analysis:

STUDY DEMAND.

TRIPS DIST.

FLEET RECOGN. TAR STUDY CONCESS.

APROV. LEVEL 1997 (List) 773,145.00 9,840.00 15.05 51 48 78.57% S/ARESEP 1998-ET-053-98 773,145.00 9,840.00 15.06 44 48 78.57% S/COMPANY PETIT. 1998.ET-053-98 771,199.00 11,597.00 48 66.50% S/COMPANY PETIT. 1999.ET-147-99 723,425.99 10,763.14 51 48 67.21% (…) Regarding the fleet, units with plates AB 1323 and PB 0536 were not considered because it was determined that they are not the property of the companies, which was corroborated remotely with the National Registry Database” (underlining added, page 621). C) In resolution RRG-979-99 of October 19, 1999, the Regulador General noted that in accordance with report 860-DASTRA-99, (among other aspects) units with plates AB 1323 and PB 0536 were not considered, because it was determined they are not the property of the company, as corroborated remotely in the National Registry Database. It ordered “Set the fares (…) according to the following detail:

ROUTE DESCRIPTION CURRENT FARE 50 SAN JOSÉ- SAN PEDRO DE MOTES DE OCA AND BRANCH LINES San Jose-San Pedro-Lourdes-Santa Marta 65.00 San José-Lourdes-Santa Marta-Guayabo 70.00 San José-Lourdes-Cedral 65.00 San José-San Pedro-Calle Siles 65.00 50 A San José-San Rafael-Salitrillos 75.00 52 San José-Monterrey-Cedros 65.00 57 San José-Granadilla de Curridabat 75.00 60A San José-Cipreses de Curridabat 65.00 (page 703)”. D) In act RRG-177-2000 of January 31, 2000, the Regulador General declared the motion for reconsideration filed by Cesmag without merit, and admitted the appeal for higher review (page 763). E) In oficio 046-DAL-2000 of February 25, 2000, the Departamento de Asesoría Legal de Organización Superior recommended that the Junta Directiva reject the appeal filed by Cesmag on the merits (page 782). However, this act was supplemented by oficio 059-DAL-2000 of March 10, 2000, in which that Department recommended partially upholding that challenge, particularly regarding the fact that “since the tariff study did not contemplate two of the units providing the service, it is recommended to uphold on the merits (…) given that it has not been demonstrated in the case file that Autotransportes CESMAG, S.A., has signed a concession contract with the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, this in addition to the fact that ownership of units plates AB-1323 and PB 0536 in the appellant’s name is indeed demonstrated” (page 788). F) Subsequently, in act 346-DASTRA-2000 of April 3 of the same year, the Dirección de Aguas, Saneamiento y Transporte noted that as a result of that recommendation, it attaches certifications from the Registro Público de la Propiedad, according to which it is demonstrated that the units do not belong to Cesmag (page 795). Those public documents dated March 31st prior indicate that vehicle PB 0536 is the property of “Auto Transportes Araya y Ar” and that AB 1323 is the property of “Transportes Unidos Alajuela Grecia Naranjo Limitada” (pages 797 to 800). G) In act 073-DAL-2000 of April 6th following, the acting head of that Department indicated that although certifications are attached with the analysis of the aforementioned Directorate proving that the owner of bus PB 0536 is Autotransportes Araya y Aricio Turrialba R.L. and that of unit AB 1323 is Transportes Unidos Alajuela Grecia Naranjo Limitada, and that they are not registered in the name of Cesmag, it assessed: “a) That the notarial certification visible on pages 145 and 146 was not objected to, being a documentary proof of the ownership of units PB-0536 and AB-1323, at the time of issuing a legal opinion in the report repeatedly cited. [.-] b) That the Dirección de Aguas, Saneamiento Ambiental y Trasportes did not leave a written record of its access to the Registro Público database (page 626) to verify that the two units in question still were not registered in the name of the appealing service provider. (…) d) That the Junta Directiva is of the opinion that the service provider who has not signed a concession contract is not required to register the fleet in its name in the Registro Público. (In this regard see, among others, the agreements reached in Ordinary Session N° 139-999 held on 07/08/99 and in Extraordinary Session N° 141-99 held on 07/14/99). [.-] e) That the case file contains no evidence that the appellant has signed the concession contract.” And it concluded, “Consequently, the recommendation given in oficio N° 059-DAL-2000/2124 of March 10, 2000, to partially uphold the subsidiary appeal with respect to the fleet, and the recommendation provided in oficio N° 046-DAL-2000/1672 of February 25, 2000, to reject it as far as the allegation regarding the common corridor is concerned, is maintained” (underlining not in original, page 801). H) In resolution RJD-078-2003 of July 22, 2003, the Junta Directiva determined that “there is no present interest (interés actual) in the resolution on the merits of these recourses [including that of Cesmag] since it is observed that new fares were set for the appellants here subsequent to the appealed act, which satisfies the appellants’ interest in maintaining the company’s financial equilibrium” (underlining added, page 820).

IX.From the foregoing account, it is concluded, in the first place, that the fare resulting from the application of the econometric model is different depending on whether 49 or 51 units are used as a variable. This is extracted from the conjunction of the tariff study (in which it is specified that from 51 units in the prior calculation it went to 49) with acts 059-DAL-2000 and 073-DAL-2000, which recommend partially upholding the appeal regarding the fleet. Moreover, Aresep itself pronounced in this same sense, in its response to the lawsuit, when it affirmed that to establish the fare assigned to the service “it is necessary to consider the units providing the service” (page 623). Additionally, from that study, it is clear that Aresep, when applying the econometric model, did so with a fleet of 49 units, and with this as a basis, decreed the fare in resolution RRG979-99. In the administrative venue and in this proceeding, the regulatory entity has justified that this exclusion in the calculation is due to Cesmag’s lack of ownership over the two indicated units. On this point, we agree with the Court of first instance and the Court in the sense that Cesmag’s ownership of the motor vehicles was not demonstrated. In the notarial certification of September 9, 1999, it is attested that according to the Registro de Vehículos of the Registro Público, buses PB 0536 and AB 1323 are the property of Cesmag. It is true that it is a public document, but it is also true that others of the same nature, such as the certifications issued by the Registro Público on March 31, 2000, indicate that those vehicles belong to Auto Transportes Araya y Ar and to Transportes Unidos Alajuela Grecia Naranjo Limitada. Thus, these are instruments of a public nature containing contradictory information. The first was prepared by a notary public based on the Registro Público’s records; the second ones were issued by the Registro Público itself, through its officials. For this reason, as did the Court of first instance, credibility is given to the latter, and it is not considered proven that the two buses discarded in the calculation are the property of Cesmag, but rather that they belong to third parties according to the registry. It is reiterated, such was the reason for the exclusion in the act that served as the basis for resolution RRG-979-99 (and which remained in force because of the lack of interest that the Junta Directiva declared regarding the appeal). It is pertinent to clarify to the appellant that Aresep’s Legal Department held that the two buses should be considered as part of the fleet, not for reasons of ownership, but –as was proven– based on an opinion of the Junta Directiva. This is what the Court established, and this –contrary to what the appellant says– does not allow inferring ownership of those vehicles. It is observed that initially, oficio 059-DAL-2000 indeed considered it proven that they are Cesmag’s property. However, after the certifications issued by the Registro Público de Vehículos were added to the file, act 073-DAL-2000 from the same body clarified that “the two units in question still remain unregistered in the Registro Público under the name of the service provider.” The plaintiff did not prove before the Administration or in this proceeding that it owns the buses and therefore did not refute the reason (one of the reasons) for act RRG-979-99. The Legal Advisory’s recommendation that said vehicles be included when applying the model for that different reason (which is a criterion of the Junta Directiva), is an act of a preparatory nature with respect to the final one that would resolve the recourse; however, in the final instance, it was not considered by the directive body due to an –alleged– lack of interest, with which that act remained intact, as it understood that having made a subsequent readjustment, it became unnecessary to resolve that 1999 request from Cesmag –among others–. In this jurisdictional proceeding, the plaintiff did not use that reasoning of the Legal Advisory or the agreements of the Junta Directiva cited by that Department to attack resolution 979-99 (this aspect was not the subject of debate). Its theory of the case was based precisely on the fact that it must be considered the owner of the buses, which is not acceptable as it was determined it did not prove it. Therefore, there is no error in the cause (motivo) element of act 979-99 and, consequently, neither is there the defect it alleged in the subsequent determinations that were based precisely on the nullity of the act that served as their foundation. On the other hand, the plaintiff company did not argue before the lower court (A quo) a defect for disregarding the reports from the Departamento de Asesoría Legal, therefore the violation of canon 356 of the LGAP is a novel aspect introduced at this stage, and consequently, this Chamber cannot rule on the matter according to mandate 608 of the CPC. The same occurs with the mentioned disregard of the Reglamento to Ley 7593 and the obligation to give notice to cure defects, which in any case is not useful, since it was not demonstrated that if it had been given notice, it would have succeeded in proving that it is indeed the owner of the vehicles. In sum, the premise of the plaintiff in its claims is not acceptable, and for that reason they must be denied.

X.By virtue of the foregoing, the recourse filed shall be declared without merit and the costs generated by its exercise shall be imposed on the moving party, in accordance with articles 70 of the LRJCA and 611 of the Código Procesal Civil.

POR TANTO

The cassation recourse filed by Autotransportes Cesmag Sociedad Anónima is declared without merit, and it shall bear the costs generated by its exercise.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández Damaris Vargas Vásquez MACUNAQ/MCAMPOSS Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution in for-profit form is prohibited.

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Se acusa trasgresión al canon 356 de la Ley General de la Administración Pública, inobservancia del Reglamento a la Ley 7593 y la obligación de prevenir para demostrar la titularidad de dos vehículos, siendo aspectos novedosos que se introducen en esta fase, y por consiguiente, esta Sala no puede pronunciarse al respecto (mandato 608 Código Procesal Civil).

... Ver más *030009750163CA* RES: 000573-F-SI-2014 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cincuenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil catorce.

Proceso ordinario establecido en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, por AUTOTRANSPORTE CESMAG SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Esteban José Ramírez Biolley c.c. Orlando Ramírez Biolley, bínubo, empresario; contra la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, representada por su apoderado general judicial, Juan Manuel Quesada Espinoza, vecino de Heredia. Figuran además, como apoderados especiales judiciales, por la sociedad actora, los licenciados José Joaquín Soto Chavarría y Eduardo Sancho González; y, por el ente demandado, el Lic. Giovanni Marchena Jara vecino de Heredia y la Licda. Carol Solano Durán, ambos vecinos de Heredia. Las personas físicas son mayores de edad y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de San José.

RESULTANDO

1. Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la sociedad actora estableció demanda ordinaria, cuya cuantía se fijó en la suma de cuatrocientos veinte millones ciento ochenta mil doscientos ochenta y siete colones, a fin de que en sentencia se declare: “A) Que son nulos los actos impugnados, a saber: 1) Resolución RRG-979-99 de las 14:00 horas del 19 de octubre de 1999; 2) Resolución RRG-1077-2000 de las 8:05 horas del 31 de enero del 2000, 3) Las dos resoluciones dictadas por el Regulador General de ARESEP y la RJD-078-2003 de las 15:00 horas del 22 de julio de 2003, dictada por la Junta Directiva de ARESEP. 4) Todos aquellos actos preparatorios, implícitos y conexos, antecedentes y consecuencias jurídicas de los mismos, por ser contrarios a derecho únicamente en cuanto fijan tarifas deficitarias de tal forma que la empresa ha quedado obligada a funcionar bajo el punto de equilibrio contractual. B) Que el punto de equilibrio contractual para que la empresa actora pueda trabajar sin déficit, es de ¢52.098.732,95. C) Que la ARESEP para fijar el punto de equilibrio de ¢52.098.732,95 debió haber fijado una tarifa ponderada de ¢72,02 por pasajero. D) Que en consecuencia debe ARESEP resarcir a la empresa los daños y perjuicios irrogados con la fijación ilegítima que hizo de las tarifas. E) Que los daños irrogados consisten en la suma de ¢2.047843,10 mensuales, que es la diferencia entre el punto de equilibrio real de ¢52.098.732,95 de ingresos mensuales y los ingresos producidos con la tarifa aprobada que es de ¢50.050.889,85 a partir del 8 de noviembre de 1999, fecha de la publicación de la tarifa aprobada y hasta tanto la empresa actora no deje de ser concesionaria de las Rutas 50, 50A, 52, 57 y 60A o hasta que la ARESEP ajuste las tarifas como en derecho corresponde. F) Que ARESEP debe reconocer, además, los daños ocasionados por los desfases que se causaron en la fijación de los reajustes tarifarios posteriores, a saber: 1) Aumento de un 3.38% fijado mediante resolución del Regulador General Nº 1510 del 6 de julio de 2000, que rigió a partir del 21 de ese mismo mes: 2) Aumento de un 13,98% fijado mediante resolución del Regulador General Nº 1858 del 6 de marzo de 2001, que rigió a partir del 27 de marzo de 2001; 3) Aumento de un 6,13% fijado mediante resolución del Regulador General Nº 2206 del 16 de agosto de 2001, que rigió a partir del 29 de agosto de 2001. 4) Aumento de un 5,78% fijado mediante resolución del Regulador General Nº 2466 del 10 de enero de 2002, que rigió a partir del 25 de febrero de 2002; 5) Aumento de un 29,60% fijado mediante resolución del Regulador General Nº 2666 del 19 de julio de 2002, que rigió a partir del 8 de agosto de 2002; 6) Aumento de un 10,20% fijado mediante resolución del Regulador General Nº 3046 del 24 de marzo de 2003, que rigió a partir del 31 de marzo de 2003. G) Que el monto de los daños causados de los puntos de la petitoria E) y F) es la suma de ¢216.962.589,39 de principal calculado del 8 de noviembre de 1999 al 31 de junio de 2004, según consta en el estudio económico y técnico que se adjunta a la demanda. Señala que todas esas son las fijaciones de tarifas que se han dado al 31 de junio de 2004, y las demás que se hagan a partir de esa fecha. H) Que los perjuicios son los intereses legales que devengan los montos de los daños causados antes dichos, en el período que va del 8 de noviembre de 1999 hasta el 1 de junio de 2004, en la suma de ¢58.555.308,70. I) Que ARESEP debe pagar, también, las partidas de daños y perjuicios y sus correspondientes intereses, de los puntos e) y f) anteriores, que se generen con posterioridad al 31 de junio de 2004, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. J) Que son ambas costas a cargo de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Subsidiariamente y para el caso de que el juzgador considere que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos está autorizada para fijar tarifas por debajo del punto de equilibrio de la ecuación financiera del contrato, solicita que se declare por concepto de responsabilidad objetiva de la Administración: A) Que habiéndose demostrado que la tarifa fijada en los actos impugnados, a saber: Resolución RRG-979-99 de las 14: 00 horas del 19 de octubre de 1999, RRG-1077-2000 de las 8:05 horas del 31 de enero del 2000, las dos resoluciones dictadas por el Regulador General de ARESEP y, la RJD-078-2003 de las 15:00 horas del 22 de julio de 2003 dictada por la Junta Directiva de ARESEP, así como todos los actos preparatorios, implícitos y conexos, antecedentes y consecuencias jurídicas de los mismos, es inferior a la tarifa legal en la suma de dos millones cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y tres colones con diez céntimos mensuales (¢2.047.843,10), es deber de ARESEP subvencionar al concesionario en tal suma y por ello, debe reconocerle ese monto a partir de la publicación del rechazo del a gestión original en La Gaceta 216 del 8 de noviembre de 1999 y hasta tanto la empresa actora no deje de ser concesionaria de las Rutas 50, 50A, 52, 57 y 60A o hasta que la ARESEP ajuste las tarifas como en derecho corresponde. B) Que igualmente debe reconocerle a la empresa actora, por concepto de subvención, las diferencias o desfases al fijar los reajustes de tarifas posteriores, así: 1) Aumento de un 3.38% fijado mediante resolución del Regulador General Nº 1510 del 6 de julio de 2000, que rigió a partir del 21 de ese mismo mes: 2) Aumento de un 13,98% fijado mediante resolución del Regulador General Nº 1858 del 6 de marzo de 2001, que rigió a partir del 27 de marzo de 2001; 3) Aumento de un 6,13% fijado mediante resolución del Regulador General Nº 2206 del 16 de agosto de 2001, que rigió a partir del 29 de agosto de 2001. 4) Aumento de un 5,78% fijado mediante resolución del Regulador General Nº 2466 del 10 de enero de 2002, que rigió a partir del 25 de febrero de 2002; 5) Aumento de un 29,60% fijado mediante resolución del Regulador General Nº 2666 del 19 de julio de 2002, que rigió a partir del 8 de agosto de 2002; 6) Aumento de un 10,20% fijado mediante resolución del Regulador General Nº 3046 del 24 de marzo de 2003, que rigió a partir del 31 de marzo de 2003. C) Que ARESEP deberá reconocer los intereses sobre las sumas que se fijen, los que se calcularán al tipo legal vigente. D) Que son a cargo de la demandada ambas costas de este juicio." 2. La parte demandada contestó negativamente e interpuso las excepciones de falta de derecho, litis consorcio pasivo necesario y falta de legitimación activa y pasiva.

3. El juez Berny Solano Solano, en sentencia n.° 1505-2011 de las 12 horas 10 minutos del 28 de julio de 2011, resolvió: “Se rechaza por improcedente la excepción de litis consorcio pasivo necesario. Se rechazan por improcedentes las excepciones de falta de legitimación ad causam activa y pasiva. Se declara con lugar la excepción de falta de derecho y en consecuencia, se rechaza por improcedente la demanda en todos sus extremos. Son ambas costas del proceso a cargo de la parte actora.” 4. La accionante apeló y, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, integrada por los jueces Ronaldo Hernández Hernández, Siria Carmona Castro y Bernardo Rodríguez Villalobos, en sentencia n.° 49-2012-II de las 14 horas 15 minutos del 30 de marzo de 2012, dispuso: “Se rechaza la nulidad acusada. En lo que ha sido objeto de recurso y por los motivos expuestos, se confirma la sentencia impugnada.” 5. La sociedad actora formula recurso de casación indicando expresamente las razones en las que se apoya para refutar la tesis del Tribunal de instancia.

6. En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Escoto Fernández

CONSIDERANDO

I.En su demanda Autotransportes Cesmag Sociedad Anónima (en lo sucesivo Cesmag), señaló que es concesionaria del servicio de transporte público remunerado de personas, en la modalidad de autobús, rutas 50, 50 A, 57 y 60 A, que corresponden a San José – San Pedro Montes de Oca y ramales, San José – San Rafael – Salitrillos, San José – Monterrey – Cedros, San José – Granadilla de Curridabat y San José – Cipreses de Curridabat. Narró, el día 29 de junio de 1999 presentó a la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos (en adelante Aresep) solicitud de aumento de tarifas, con fundamento la demanda del servicio, los ingresos mensuales, costos de operación y tarifas vigentes hasta entonces, para lo cual utilizó el modelo econométrico de la Dirección de Atención al Usuario, considerando demanda y carreras mensuales, flota autorizada que incluía las unidades placas AB 1323 y PB 0536. Con esto estimó que debían ajustarse en un 41,23%, para una tarifa media ponderada de ¢72,02. Dijo, mediante oficio 860-DASTRA-1999 del 15 de octubre de 1999, la Dirección Aguas, Saneamiento y Transporte, recomendó acoger parcialmente la gestión y reconoció que “corrió” el modelo econométrico, con exclusión de las unidades placas AB 1323 y PB 0536, con lo cual obtuvo un incremento en la tarifa del 28,79%. Aseveró, en resolución 979-99 del 19 de octubre de ese año, el Regulador General acogió en forma íntegra el oficio 860-DASTRA-1999 y aprobó en forma parcial las tarifas, lo cual se publicó en La Gaceta 216 del 8 de noviembre siguiente. Manifestó, así se generó una diferencia de ingresos mensuales en su contra, entre lo que recibió y lo que debía recibir según el ajuste solicitado, de ¢2.047.843,10 mensuales. Relató que el 10 de noviembre de 2000, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Afirmó, en acto RRG-1077-2000 del 31 de enero de 2000, el Regulador General declaró sin lugar la revocatoria y admitió la apelación ante la Junta Directiva. Detalló, este último órgano, a su vez la rechazó por falta de interés actual, mediante resolución RJD-078-2003 del 22 de julio de 2003, en la cual denegó en forma conjunta otras 26 solicitudes planteadas por distintos concesionarios. Señaló, las siguientes seis revisiones que se han efectuado y que dieron lugar a incrementos, tomaron para los cálculos una base alterada cual es la tarifa media ponderada la cual se fijó en esa oportunidad, a saber, ¢69,20, cuando debieron hacerse a partir de una tarifa media ponderada de ¢72,02 que calculó cuando hizo la solicitud mencionada. En virtud de lo anterior, Cesmag demandó a la Aresep, para que en sentencia se: 1) declaren nulas las resoluciones RRG-979-99 y RRG-1077-2000 del Regulador General y RJD-078-2003 de la Junta Directiva, sus actos preparatorios, implícitos y conexos, antecedentes y consecuencias; 2) decrete que el punto de equilibrio contractual sin déficit es de ¢52.098.732,95, para lo cual Aresep debió fijar una tarifa ponderada de ¢72,02 por pasajero; 3) ordene a la entidad a: 3.1) resarcir los daños y perjuicios ocasionados con la fijación ilegítima, de la siguiente manera: 3.1.1) la suma ¢2.047.843,10 mensuales por diferencia entre el punto de equilibrio real y el aprobado, desde la fecha de publicación de la tarifa aprobada y hasta tanto sea la concesionaria o bien hasta que Aresep ajuste conforme a derecho; 3.1.2) los desfases generados en los reajustes posteriores decretados en las resoluciones 1510 del 6 de julio de 2000, 1858 del 6 de marzo de 2001, 2206 del 16 de agosto de 2001, 2466 del 10 de enero de 2002, 2666 del 19 de julio de 2002 y 3046 del 24 de marzo de 2003, todas del Regulador General, para un total de ¢216.962.589,39 (que incluye el importe del punto anterior), que se calcula desde el 8 de noviembre de 1999 al 31 de junio de 2004, en estudio económico y técnico que adjuntó; 3.1.3) intereses legales, los que al 31 junio de 2004 ascienden al monto de ¢258.555.308,70, y hasta que los liquide en fase de ejecución; y 3.2) a pagar ambas costas del proceso. La Aresep contestó en forma negativa y opuso la defensa de litis consorcio pasivo necesario y las excepciones de falta de: derecho y legitimación en la causa en sus dos modalidades. El Juzgado rechazó la litis consorcio pasivo necesario y la falta de legitimación ad causam activa y pasiva, acogió la falta de derecho, declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos y condenó en ambas costas a la parte actora vencida. El Tribunal denegó la nulidad alegada y confirmó la sentencia. Inconforme, la demandante establece recurso de casación el cual fue admitido por esta Sala.

Casación por razones procesales

II.Primero. Acusa incongruencia del fallo por el Tribunal. Explica, dentro de su apelación manifestó disconformidad con la condenatoria en costas. Puntualiza, en primer término argumentó en esa segunda instancia que de conformidad con los mandatos 221 y 222 del Código Procesal Civil (CPC) y 98 inciso c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA), debió exonerársele de ese pago por cuanto litigó con evidente buena fe y tuvo suficiente motivo para litigar; asimismo, que en caso de que no procediera ese reclamo, debía modificarse el fallo, estableciendo una suma prudencial en la fijación de las costas, ya que se trató de un proceso de cuantía inestimable. Señala, el Tribunal se limitó a confirmar la sentencia del Juzgado, pero no resolvió el agravio que reseñó; de manera que violenta los cánones 99, 153, 155 y 565 del CPC y 24.1 de la LRJCA, así como el artículo 9 Código Civil, que señala que la jurisprudencia de las Salas contribuirá a informar el ordenamiento jurídico, y la sentencia 127 del 19 de agosto de 1992 de esta Sala expuso que la congruencia debe ser entre el fallo y las pretensiones de la demanda, pero que en materia contencioso administrativa el precepto 24 párrafo primero de la LRJCA ensanchó este principio, por lo cual debe el juez resolver dentro de las alegaciones deducidas por las partes para fundamentar su acción u oposición.

III.Esta Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que la incongruencia se produce cuando hay una evidente disonancia o contradicción entre la parte dispositiva del fallo y las pretensiones y excepciones opuestas por las partes, y ello puede acontecer tanto respecto de la demanda y su contestación, como de los agravios y peticiones en la fase apelativa. Según se ha señalado, este yerro procesal “ocurre cuando el juzgador al proveer, decide sobre cuestiones no pedidas (extra petita), o sobre más de lo pedido (ultra petita), u omite la decisión en todo o en parte, acerca de las pretensiones o de las excepciones (…)” (sentencia 288-SI-F-2009 de las 10 horas 20 minutos del 20 de marzo de 2009). En este asunto, en el considerando VII, punto j) de la sentencia del Tribunal se observa pronunciamiento sobre el agravio de apelación relativo a costas. Señaló el Tribunal que de conformidad con el artículo 221 del CPC, de aplicación por el canon 103 de la LRJCA, se debe condenar, aún de oficio, a la parte vencida al pago de las costas, por el sólo hecho de serlo, sin que ello implique que medió mala fe o temeridad. Prosiguió, la exención puede otorgarse por alguna de las causales de los mandatos 98 de la última norma citada y 222 del Código mencionado. Finalizó, en este caso, al declararse sin lugar la apelación formulada, sin que se evidencie alguno de los motivos de exoneración, las costas corren a cargo de la actora. Por consiguiente, no se observa la incongruencia acusada contra el fallo del Tribunal, y el cargo será denegado. Por último, en cuanto a la fijación, deben acudir las partes a la fase de ejecución de sentencia.

Casación por razones sustantivas

IV.Primero. Asevera, en criterio del Tribunal, la Aresep reconoció en el procedimiento de fijación de la tarifa que los autobuses AB-1323 y PB-0536 le pertenecen, desde el momento cuando la Asesoría Legal emitió el oficio no. 059-DAL-2000 del 10 de marzo de 2000, y de allí entiende que esos automotores fueron tomados en cuenta en el estudio de las tarifas. Objeta por cuanto dichos vehículos no fueron tomados en consideración al aplicar el modelo econométrico. En los documentos de folios 788 a 799 y 201 a 802 no consta ni se puede inferir que las dos unidades fueron admitidas como parte de su flota vehicular. Puntualiza, la adición al acto no. 046-DAL-2000/1672, que se efectuó mediante oficio no. 059-DAL-2000, recomendó acoger por el fondo la apelación y revocar en lo que corresponde a la flota. Asimismo, el acto 073-DAL-2000 del 6 de abril de 2000 confirmó dicho criterio, es decir, en acoger parcialmente el recurso de apelación en lo relativo a la flota. No hay en el expediente resolución alguna que incluya “una corrida” del modelo econométrico con los dos autobuses. Continúa, la Junta Directiva, en resolución RJD-078-2003 del 22 de julio de 2003, declaró sin lugar el recurso de apelación, ya que, entre otras razones, no existía interés pues en su parecer se contaba con una tarifa actualizada, según indicaba el acto 860-DASTRA-1999. De esta manera, sostiene, la Junta Directiva no respetó el criterio de la Asesoría Legal, pues –insiste- el DASTRA eliminó dos autobuses y el informe final se elaboró con 49 unidades, no con 51. Esta trasgresión del canon 330 del Código Procesal Civil, respecto del análisis de los oficios 059-DAL-2000 y 073-DAL-2000, determina una violación indirecta de los mandatos 3 inciso b de la Ley 7593, que dispone el principio rector de la fijación de tarifas, según el cual sólo deben contemplarse los costos necesarios para prestar el servicio, que permita una retribución competitiva y que garantice un adecuado desarrollo de la actividad, del ordinal 30 ibídem que desarrolla el principio de fijación de tarifas al costo, que nunca podrá ser inferior al equilibrio económico del convenio, y de la norma 31 ejúsdem que prohíbe fijaciones contra el principio de equilibrio financiero del contrato. Por cuanto, insiste, se redujo arbitrariamente el número de vehículos que conforman la flota, se rebajaron entonces los costos de operación, por lo que al aplicar en esa condición el modelo econométrico, se redujo la tarifa en su perjuicio. Reitera, como se observa a folios 10 y 11 del expediente administrativo presentó la solicitud de ajuste, “corriendo” el modelo econométrico con 51 unidades; el oficio 860-DASTRA-99 como número de autobuses titulares incluye sólo 49, según consta en los folios 639 y 640. De manera que la Administración no consideró en sus proyecciones ni les asignó el peso relativo en la ecuación financiara. Prosigue, la propia Aresep reconoce ese peso relativo, pues en los actos 046-DAL-2000/1672 y 059-DAL-2000, de folios 788 a 792 del expediente administrativo, emitió criterio de que debía revocarse la resolución en lo que a la flota se refiere. Por consiguiente, asevera, no lleva razón el Tribunal cuando afirma que no acreditó que en la ecuación financiera, al sumar los gastos de las dos unidades, se habría dado un incremento. Asimismo, denuncia, se vulneran los artículos 30 y 31 de la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, no. 3503, donde se establecen que las tarifas deben cubrir la totalidad de los costos reales, en condiciones normales de productividad y organización, lo cual incluye la incidencia de los dos buses en los costos de operación. Dice, también se violentó el derecho de propiedad contemplado en el canon 45 de la Constitución Política, en concreto la intagibilidad patrimonial, pues el modelo con dos unidades menos arrojó una tarifa menor. Expone, según el principio de razonabilidad, lo resuelto por Aresep debía ser el punto de equilibrio, el cual se lograba utilizando toda la flota en los cálculos; de conformidad con el precepto 42 del Reglamento a la Ley 7593 en caso de duda sobre la información suministrada, debió prevenirle para que aclarase, no obstante no se le concedió audiencia, sino que de forma unilateral y directa afirmó no era que los automotores no le pertenecían. En la vía recursiva, explica, hizo saber del error, lo que confirmó el Departamento de Asesoría Legal, el cual recomendó se revocara lo resuelto, pero la administración superior del Aresep ignoró ese criterio y fijó una tarifa menor a la que correspondía lesionando su patrimonio. Ejemplifica, cuando corrió el modelo econométrico con 51 unidades, dio como resultado un aumento del 29,77%, pero el decretado por Aresep fue del 28,79%, es decir, un 0.98% menos. Es esto lo que debería reconocerse en la tarifa y que se restituiría con las sumas no percibidas desde el 8 de noviembre de 1999 (fecha en que se publicó la resolución RRG-979) y hasta el 27 de marzo de 2001 (data en que se publicó la siguiente fijación individual de tarifas, RRG-1858), la diferencia tarifaria se mediría con base en los pasajeros o usuarios transportados en ese lapso. Asevera, el dimensionamiento de los daños y perjuicios se fundamenta en la jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Contencioso Administrativo, que diferencia entre los efectos restitutivos cuando se trata de una fijación nacional y de una individual. Cita el criterio de la Aresep en cuanto a esa distinción, lo que –dice- fue avalado por esta Cámara en la sentencia 355-2012 del 15 de marzo de 2012. Afirma, se inobservan los mandatos 11, 41 y 42 de la Carta Magna, en lo que atañe a la legalidad de lo actuado, el acceso a la justicia administrativa y la intagibilidad patrimonial. Segundo. Acusa violación directa de Ley. Relata, durante el curso de la solicitud de revisión, la Administración comprobó que era la propietaria de las dos unidades que la Dirección había excluido cuando hizo el estudio técnico y económico. La Asesoría Legal recomendó revocar para que se incluyeran aquellos buses y se hiciera un nuevo cálculo de tarifa, pero la administración superior ignoró ese estudio y simplemente confirmó. Con esto, sostiene, Aresep infringió el artículo 356 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual para agotar la vía, el órgano competente debe consultar al asesor jurídico; en este caso, se consultó, pero no se incluyeron las razones por las cuales se separó de ese dictamen. Todo esto, refiere, el Tribunal no lo analizó, con lo cual desaplicó esa norma, desconoció el principio rector de la fijación de tarifas contenido en los cánones 3 inciso b y 31 de la Ley 7593 que dispone se fijan contemplando únicamente los costos necesario, entre ellos, la inversión en las unidades, permitiendo una retribución competitiva y el adecuado desarrollo de la actividad, respetando el equilibrio económico del contrato, así como el mandato 196 de la LGAP, por cuanto en este asunto la fijación dada produjo una diferencia entre sus costos e ingresos, diferencia que se debe reconocer, según el resultado que arroje el modelo econométrico con los dos vehículos excluidos, como indemnización.

V.De la anterior reseña, se extrae que en síntesis la casacionista reclama violación indirecta de los artículos 3 inciso b, 30 y 31 de la Ley 7593, 42 de su Reglamento, 30 y 31 de la Ley 3503, 11, 41, 42 y 45 de la Constitución Política, 196 y 356 de la LGAP, por indebida valoración probatoria. En su parecer, las probanzas que identifica acreditan que en el cálculo realizado por la Aresep y que sirvió de base a la fijación de la tarifa (y los actos que la confirmaron), se excluyeron dos unidades de su flota, y que esos autobuses son de su propiedad. Y allí radica el vicio de los actos que impugna y al que se limita en su recurso de casación (sin referir los restantes que adujo en la primera instancia).

VI.En el considerando VII del fallo, punto primero, estableció el Tribunal que el reclamo de la recurrente en el sentido de que la Aresep modificó unilateral e ilegalmente los factores por valorar, en particular el descarte de dos autobuses, debía rechazarse, pues “si bien establece la naturaleza de la inconformidad que plantea, no explica las razones por las cuales, la conducta administrativa que endilga le habría causado el perjuicio que acusa. En esencia, no brinda las razones por las cuales, la demanda de pasajeros, el número de carreras y de unidades utilizadas por el DASTRA para la determinación de la tarifa, debía ser distinto”. En el aparte segundo, acápite b, sostuvo el Tribunal esa recriminación por el rechazo de los dos vehículos se denegaría, pues “además de que resulta inútil en la medida en que en forma concreta y directa no ataca la sentencia impugnada, ya que acusa una acción ilegítima por parte de la entidad accionada en el procedimiento administrativo, lo cierto ese que de la prueba recaba en autos, se advierten con claridad las razones que justifican la posición de ARESEP al negarse a considerar dentro de las variables del Modelo Econométrico, la disminución de la demanda y el incremento en el número de carreras (…) En lo que interesa a la eliminación de las dos unidades en la flotilla vehicular, tales unidades fueron reconocidas por la ARESEP como parte de la flota vehicular de la actora, en la resolución del 10 de marzo de 2000, que adiciona el Oficio N° 046-DAL-2000/1642 de fecha 25 de febrero de 2000 (folio 788 a 792 del expediente administrativo), unidades placas AB-1323 y PB-0536. Pese a lo anterior, resulta claro, la recurrente no acredita que haya sido esa la razón medular para el rechazo de la solicitud de incremento en la tarifa, pues la resolución RJD-078-2003, acto final del procedimiento tarifario, dispone el rechazo por falta de interés actual, al haber mediado fijaciones tarifarias posteriores al acto recurrido, en satisfacción del interés de los recurrentes, de mantener el equilibrio financiero de la empresa”. Más adelante, en el punto f) –nuevamente- sobre la exclusión de las dos unidades, afirmó que el A quo sí advirtió la certificación notarial que se ampara en el acta de la Comisión Técnica de Transportes en que aprobó la flota (sesión 3336 del 30 de agosto de 1999), pero la confrontó con la certificación del Registro Público de Vehículos de folios 797 a 822, en la cual se indica que al 31 de marzo de 2000, el vehículo placas AB 1323 es de transportes Unidos Alajuela Gracia Naranjo Limitada, lo que contrasta también con la certificaciones de folios 108 a 109 y 145 a 146 del expediente administrativo. Señaló que para el Juzgado se trató de un simple error en la certificación notarial. Continuó, “Más aún, en todo caso, es lo cierto que dichas unidades finalmente fueron reconocidas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos como parte de la flota vehicular de la actora, en la resolución del 10 de marzo de 2000, que adiciona el Oficio N° 046-DAL-2000/1672 de fecha 25 de febrero de 2000, que contiene el recurso de apelación en subsidio interpuesto por la aquí actora en contra de la resolución RRG-979-99 (…) y que dispone revocar en lo que corresponde a la flota, la resolución impugnada, reconociendo como parte de ésta, las dos unidades referidas, esto es, las placas AB 1323 y PB 0536. No obstante, es inútil el cargo puesto que la ARESEP si (sic) había reconocido la titularidad de los dos buses, pero rechaza la solicitud de incremento por falta de interés. De tal forma, no resulta relevante el hecho de si el Juez reconoce o no la incorporación de las dos unidades con posterioridad a la fecha de presentación de los documentos, por cuanto al final de cuentas no es esa la razón por la que la ARESEP desestimó el incremento tarifario, sino por falta de interés por haberse realizado ya varios ajustes posteriores que según el criterio del ente regulador, habían ajustado las tarifas y eliminado cualquier desequilibrio financiero. Es esa la razón del rechazo y no la incorporación o no de los autobuses. El perjuicio que alega la actora entonces, sólo puede haberse generado de la desestimación por falta de interés y nunca por la no inclusión de los dos autobuses, primero, porque sí los había incluido y segundo, porque no llegó a realizar la nueva corrida del modelo econométrico por falta de interés, y esa secuencia lógica del acto administrativo, no la combate la actora.”

VII.Lo primero que ha de advertirse es que, contrario al criterio del Tribunal, Cesmag desde el inicio del proceso resaltó que el aumento decretado en la resolución RRG-979-99 y que fuera luego confirmado por el propio Regulador General y la Junta Directiva, tiene por consecuencia que las posteriores revisiones o ajustes contengan un error, pues parten de esa tarifa viciada en cuyo cálculo se excluyeron dos unidades. Luego, no lleva razón el Tribunal cuando afirma que la empresa no explica las razones del por qué la conducta administrativa le habría causado lesión. Segundo. En el hecho decimonoveno del escrito de deducción de la demanda, Cesmag indicó que la Junta Directiva no valoró el fondo de la apelación y la denegó por falta de interés actual (al tiempo que rechazó otras 26 solicitudes de otros concesionarios). De seguido en el hecho vigésimo, apuntó que las siguientes seis revisiones decretadas y que dieron lugar a incrementos, tomaron para los cálculos la base alterada: la tarifa media ponderada fijada con la resolución RRG-979-99, y no la que peticionó. Asimismo, en el apartado de fundamentos jurídicos, señaló “b).- El segundo tipo de daño es lo que en esta demanda llamamos desfase en la fijación de las tarifas futuras. Es decir, a partir de la fijación ilegítima de tarifas que hizo ARESEP y que se impugna en este juicio, todas las fijaciones tarifarias futuras resultan afectadas en lo que llamamos tarifa básica, que es la que sirve para definir, con relación a ella, los porcentajes de incrementos posteriores. [.-] O sea, los aumentos posteriores se fijaron con base en las tarifas disminuidas cuando se debieron haber fijado conforme a lo solicitado (…) y al hacerlo de esa manera, siempre que ARESEP ha autorizado un nuevo aumento en la tarifa para la Rutas (…) el monto resultante de los ingresos mensuales resulta inferior al que debía ser, puesto que la base de cálculo está disminuida por el acto que se impugna en este juicio”. Valga resaltar que precisamente peticionó la nulidad de las resoluciones RRG-979-99, RRG-1077-2000 y RJD-078-2003 y de todos los actos preparatorios, implícitos y conexos, antecedentes y consecuencias, asimismo solicitó indemnización por los desfases de los reajustes tarifarios posteriores. De todo lo anterior, resulta claro para esta Sala que desde su escrito de deducción atacó también el fundamento que dio la Junta Directiva de la Aresep al denegar el recurso; esto es, combatió la declaratoria de falta de interés que decretó la Administración. Nótese que aún y cuando no refirió en forma expresa un desacuerdo con la frase “falta de interés actual”, fue insistente en afirmar que los ajustes tarifarios que siguieron, se fundan en la tarifa incorrectamente definida por el ente regulador. Y fueron éstos el motivo por el cual la Junta Directiva desestimó su apelación, según apuntó en la circunstancia decimonovena. En efecto, se observa cómo ese órgano dispuso con base en los informes 0662-DASTRA-2003 y 0675-DASTRA-2003 de la Dirección de Aguas, Saneamiento y Transporte, Cesmag contó con una tarifa actualizada, por lo que “no existe un interés actual en la resolución de fondo de estos recursos ya que se observa que los aquí recurrentes les fueron fijadas nuevas tarifas posteriores al acto recurrido, lo cual satisface el interés de los recurrentes de mantener el equilibrio financiero de la empresa”. En esta línea, no podía el Tribunal argumentar que el recurrente no combatió la declaratoria de falta de interés y por esa razón procede denegar el agravio. Por el contrario –según se vio- desde la demanda lo adversó; denunció que sus argumentos contra la RRG-979-99 no fueron respondidos y por ello, está disconforme con las siguientes tarifas decretadas, ya que están viciadas de nulidad. Se extrae entonces con meridiana claridad que está en desacuerdo con la declaratoria de falta de interés actual. Se insiste, en parecer de esta Cámara, no podía el Tribunal descartar los alegatos de apelación, simplemente haciendo suyo el motivo del acto RJD-078-2003 y sostener que no era cuestionado, pues sí lo fue. Si bien la parte actora no dijo expresamente que Aresep declaró en forma errónea una falta de interés actual, si acotó que la tarifa decretada sirvió de base a las revisiones siguientes por lo que no mantenían el equilibrio económico del contrato.

VIII.Por lo dicho, se torna necesario el análisis de los elementos de convicción que enlista y detalla la casacionista, y de la fotocopia del expediente administrativo, para determinar si el Tribunal y –como consecuencia de ese particular pronunciamiento- el Juzgado incurrieron en la violación de las normas sustantivas. A) En la certificación del notario público Ferdinand von Herold Duarte, de fecha 9 de setiembre de 1999, consta que en el Registro de Vehículos del Registro Público aparecen inscritos a nombre de Cesmag, los automotores placas PB 0536 y AB 1323 (folio 145). B) En el estudio tarifario 860-DASTRA-99 del 15 de octubre de 1999, –en lo de interés a este agravio- se indica que las tarifas “solicitadas y vigentes son las siguientes:

RUTA DESCRIPCION TARIFA ACTUAL TARIFA SOLICITADA EMPRESA (colones) 50 SAN JOSÉ- SAN PEDRO DE MOTES DE OCA Y RAMALES San Jose-San Pedro-Lourdes-Santa Marta 45,00 65,00 San José-Lourdes-Santa Marta-Guayabo 50,00 75,00 San José-Lourdes-Cedral 45,00 65,00 San José-San Pedro-Calle Siles 45,00 65,00 50 A San José-San Rafael-Salitrillos 60,00 85,00 52 San José-Monterrey-Cedros 45,00 65,00 57 San José-Granadilla de Curridabat 60,00 85,00 60A San José-Cipreses de Curridabat 45,00 65,00 (…) A- ANALISIS TARIFARIO DE LA PETICIÓN: [.-] I- ANALISIS TARIFARIO : [.-] Para el análisis se utilizó el modelo de cálculo tarifario que utiliza el MOPT, actualizado entre otros, las variables de combustibles (…) tipo de cambio al 30 de setiembre y la actualización de salarios correspondientes, según acuerdo N° 21 de la Sesión N° 152 de 1999 de la Junta Directiva de ARESEP [.-] La siguiente tabla muestra la relación de los datos más importantes a considerar en el análisis tarifario:

ESTUDIO DEMAND.

CARRERAS DISTAN.

FLOTA RECONO. EST. TAR CONCES NIVEL APROV.

1997 (Listado) 773.145,00 9.840,00 15,05 51 48 78,57% S/ARESEP 1998-ET-053-98 773.145,00 9.840,00 15,06 44 48 78,57% S/PETIC. EMPRES. 1998.ET-053-98 771.199,00 11.597,00 48 66,50% S/PEC. EMPRES. 1999.ET-147-99 723.425,99 10.763,14 51 48 67,21% (…) Respecto a la flota no se consideraron las unidades placas AB 1323 y PB 0536 por determinarse que no son propiedad de las empresas, lo cual fue corroborado vía telemática con la Base de Datos del Registro Nacional” (subrayado fue agregado, folio 621). C) En resolución RRG-979-99 del 19 de octubre de 1999, el Regulador General, señaló que de conformidad con el informe 860-DASTRA-99, (entre otros aspectos) no se consideraron las unidades placas AB 1323 y PB 0536, porque se determinó que no son propiedad de la empresa, según se corroboró vía telemática en la Base de Datos del Registro Nacional. Dispuso “Fijar las tarifas (…) según el siguiente detalle:

RUTA DESCRIPCION TARIFA ACTUAL 50 SAN JOSÉ- SAN PEDRO DE MOTES DE OCA Y RAMALES San Jose-San Pedro-Lourdes-Santa Marta 65,00 San José-Lourdes-Santa Marta-Guayabo 70,00 San José-Lourdes-Cedral 65,00 San José-San Pedro-Calle Siles 65,00 50 A San José-San Rafael-Salitrillos 75,00 52 San José-Monterrey-Cedros 65,00 57 San José-Granadilla de Curridabat 75,00 60A San José-Cipreses de Curridabat 65,00 (folio 703)”. D) En acto RRG-177-2000 del 31 de enero de 2000, el Regulador General declaró sin lugar el recurso de revocatoria planteado por Cesmag, y admitió en alzada el de apelación (folio 763). E) En el oficio 046-DAL-2000 del 25 de febrero de 2000, el Departamento de Asesoría Legal de Organización Superior recomendó a la Junta Directiva rechazar por el fondo el recurso de apelación que planteó Cesmag (folio 782). No obstante, este acto fue adicionado mediante oficio 059-DAL-2000 del 10 de marzo de 2000, en el cual ese Departamento recomendó acoger parcialmente esa impugnación, en particular en cuanto a que “en el estudio tarifario no se contemplaron dos de las unidades que prestan el servicio, se recomienda acoger el fondo (…) toda vez que, no ha quedado demostrado en autos que Autotransportes CESMAG, S.A., haya suscrito contrato de concesión con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ello aunado a que sí queda por demostrada la propiedad de las unidades placas AB-1323 y PB 0536 a nombre de la recurrente” (folio 788). F) Posteriormente, en el acto 346-DASTRA-2000 del 3 de abril del mismo año, la Dirección de Aguas, Saneamiento y Transporte, señaló que a raíz de esa recomendación, adjunta certificaciones del Registro Público de la Propiedad, según las cuales se demuestra que las unidades no son de Cesmag (folio 795). Esos documentos públicos con fecha del 31 de marzo anterior indican que el vehículo PB 0536 es propiedad de “Auto Transportes Araya y Ar” y que el AB 1323 de “Transportes Unidos Alajuela Grecia Naranjo Limitada” (folios 797 a 800). G) En acto 073-DAL-2000 del 6 de abril siguiente, la jefe a.i. de ese Departamento indicó que si bien con el análisis de la Dirección mencionada se adjuntan certificaciones con las que se comprueba que el titular del autobús PB 0536 es Autotransportes Araya y Aricio Turrialba R.L. y que el de la unidad AB 1323 es Transportes Unidos Alajuela Grecia Naranjo Limitada, y que no están inscritos a nombre de Cesmag, valoró: “a) Que no fue objetada la certificación notarial visible a folios 145 y 146, siendo un documento probatorio de la propiedad de las unidades PB-0536 y AB-1323, al momento de emitir criterio jurídico en el informe de repetida cita. [.-] b) Que la Dirección de Aguas, Saneamiento Ambiental y Trasportes no dejó constancia escrita de su acceso a la base de datos del Registro Público (folio 626) para comprobar que las dos unidades en cuestión continuaban sin estar inscritas a nombre del prestatario del servicio recurrente. (…) d) Que la Junta Directiva es del criterio de que el prestatario del servicio que no tenga suscrito un contrato de concesión no está obligado a inscribir la flota a su nombre en el Registro Público. (En tal sentido ver, entre otros, los acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria N° 139-999 celebrada el 08/07/99 y en la Sesión Extraordinaria N° 141-99 celebrada el 14/07/99). [.-] e) Que en autos no consta que la recurrente haya suscrito el contrato de concesión”. Y finalizó, “En consecuencia se mantiene la recomendación dada en el oficio N° 059-DAL-2000/2124 de 10 de marzo de 2000 de acoger parcialmente con lugar el recurso de apelación subsidiario en lo que se refiere a la flota y la recomendación brindada en el oficio N° 046-DAL-2000/1672 de 25 de febrero de 2000 de rechazarlo en lo que al alegato sobre corredor común, se refiere” (subrayado no es del original, folio 801). H) En resolución RJD-078-2003 del 22 de julio de 2003, la Junta Directiva determinó que “no existe un interés actual en la resolución de fondo de estos recursos [entre estos el de Cesmag] ya que se observa que los aquí recurrentes les fueron fijadas nuevas tarifas posteriores al acto recurrido, lo cual satisface el interés de los recurrentes de mantener el equilibrio financiero de la empresa” (subrayado se agrega, folio 820).

IX.De la anterior reseña, se concluye, en primer término, que la tarifa resultante de la aplicación del modelo econométrico es diversa según se utilice como variable 49 ó 51 unidades. Así se extrae de la conjunción del estudio tarifario (en el cual se puntualiza que de 51 unidades del cálculo anterior se pasó a 49) con los actos 059-DAL-2000 y 073-DAL-2000, los cuales recomiendan acoger parcialmente la apelación en cuanto a la flota. Además en este mismo sentido se pronunció la Aresep, en su contestación de la demanda, en cuanto afirmó que para establecer la tarifa asignada al servicio “es necesario considerar las unidades que prestan el servicio” (folio 623). Adicionalmente, de ese estudio es claro que la Aresep al aplicar el modelo econométrico lo hizo con una flota de 49 unidades, y con ello como fundamento, decretó la tarifa en resolución RRG979-99. En la sede administrativa y en este proceso, la entidad reguladora ha justificado que esa exclusión en el cálculo obedece a la no titularidad de Cesmag sobre las dos unidades señaladas. En este punto, se coincide con el Juzgado y el Tribunal en el sentido de que la propiedad de Cesmag sobre los automotores no fue demostrada. En la certificación notarial del 9 de setiembre de 1999, se hace constar que según el Registro de Vehículos del Registro Público los autobuses PB 0536 y AB 1323 son propiedad de Cesmag. Es cierto que se trata de un documento público, pero también lo es que otros de igual naturaleza, como lo son las certificaciones emitidas por el Registro Público el 31 de marzo de 2000, señalan que esos vehículos pertenecen a Auto Transportes Araya y Ar y a Transportes Unidos Alajuela Grecia Naranjo Limitada. Se trata entonces de instrumentos con carácter público que contienen información contradictoria. El primero lo elaboró un notario público con vista del Registro Público; los segundos, es el propio Registro Público quien los emitió, a través de sus funcionarios. Por esta razón, al igual que el Juzgado, se da credibilidad a los últimos, y no se tiene por acreditado que los dos autobuses descartados en el cálculo sean propiedad de Cesmag, sino que pertenecen a terceros registralmente. Se insiste, tal fue el motivo de la exclusión en el acto que sirvió de base a la resolución RRG-979-99 (y que se mantuvo vigente en razón de la falta de interés que declaró la Junta Directiva respecto de la apelación). Conviene aclarar a la recurrente que el Departamento Legal de Aresep sostuvo que los dos autobuses debían considerarse como parte de la flota, no por razones de propiedad, sino –como se acreditó- con base en un criterio de la Junta Directiva. Esto fue lo que el Tribunal estableció, y ello –contrario a lo que dice la recurrente- no permite extraer la titularidad de esos vehículos. Se observa que inicialmente, el oficio 059-DAL-2000 en efecto tuvo por demostrado que son propiedad de Cesmag. No obstante, luego de que se aportaron al expediente las certificaciones emitidas por el Registro Público de Vehículos, el acto 073-DAL-2000 del mismo órgano aclaró que “las dos unidades en cuestión continúan sin estar a inscritas en el Registro Público a nombre del prestario del servicio”. No demostró la actora ante la Administración ni en este proceso ser dueña de los autobuses y desvirtuar por tanto el motivo (uno de los motivos) del acto RRG-979-99. La recomendación de la Asesoría Legal de que dichos vehículos se incluyesen al aplicar el modelo por esa diversa razón (cual es un criterio de Junta Directiva), es un acto de naturaleza preparatoria respecto del final que habría de resolver el recurso; sin embargo, en última instancia no fue considerado por el órgano directivo al existir una –supuesta- falta de interés, con lo cual aquél acto quedó incólume, pues entendió que al haberse realizado reajuste posterior se tornaba innecesario resolver aquella solicitud de Cesmag –entre otros- presentada en 1999. En este proceso jurisdiccional, la demandante no utilizó ese razonamiento de la Asesoría Legal ni los acuerdos de Junta Directiva que citó ese Departamento, para atacar la resolución 979-99 (este aspecto no fue objeto de debate). Su teoría del caso se basó precisamente en que debe considerársele dueña de los autobuses, lo que no es de recibo según se determinó por no probarlo. Luego, no existe el yerro en el elemento motivo del acto 979-99 y, en consecuencia tampoco se halla el vicio que alegó en las siguientes determinaciones y que fundó precisamente en la nulidad de ese acto que les dio base. Por otra parte, la sociedad actora no alegó ante el A quo un vicio por desatención de los informes del Departamento de Asesoría Legal, luego la trasgresión al canon 356 de la LGAP es un aspecto novedoso que se introduce en esta fase, y por consiguiente, esta Sala no puede pronunciarse al respecto según el mandato 608 del CPC. Igual acontece con la mencionada inobservancia del Reglamento a la Ley 7593 y la obligación de prevenir, que en todo caso no resulta útil, pues no se demostró que de habérsele prevenido habría logrado demostrar que sí es la dueña de los vehículos. En suma, la premisa de la parte actora en sus reclamos no es de recibo, y por ello deberán denegarse.

X.En mérito de lo expuesto, procederá declarar sin lugar el recurso planteado e imponer las costas generadas con su ejercicio a la parte promovente, conforme a los artículos 70 de la LRJCA y 611 del Código Procesal Civil.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de casación planteado por Autotransportes Cesmag Sociedad Anónima, quien deberá sufragar las costas generadas con su ejercicio.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández Damaris Vargas Vásquez MACUNAQ/MCAMPOSS Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Ley 7593 Art. 3 inciso b
    • Ley 7593 Art. 30
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