Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 00897-2013 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 18/07/2013

Lack of Present Interest to Challenge Urban Planning DecreesFalta de interés actual para impugnar planes reguladores urbanísticos

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The First Chamber denies the cassation appeal and upholds the judgment that dismissed the lawsuit for lack of the plaintiff's present interest.La Sala Primera declara sin lugar el recurso de casación y confirma la sentencia que declaró improcedente la demanda por falta de interés actual de la actora.

SummaryResumen

The First Chamber of the Supreme Court hears a cassation appeal against a judgment of the Contentious-Administrative Court that dismissed a company's lawsuit seeking the absolute nullity of Executive Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE, which established urban control areas and special protection zones in several cantons of the Greater Metropolitan Area. The trial court upheld the State's objection of lack of present interest because the plaintiff did not prove that its property was located within the restricted area or that any development project had been denied, prohibited, or restricted due to its location in such a zone. The Chamber confirms the appealed judgment after rejecting new evidence offered on appeal for failure to comply with the mandatory oath requirement under Article 145(1) of the Contentious-Administrative Procedure Code. On the merits, the Chamber analyzes the procedural prerequisites of the action, especially present interest, and concludes that the plaintiff failed to demonstrate it was in a position where the court's decision would be useful or affect it, thus lacking interest in challenging the decree. The decision emphasizes the judge's duty to examine ex officio the substantive requirements of an action (right, standing, and interest) and that present interest requires a utility assessment: if the lack of a judgment causes no harm or detriment to the party seeking relief, there is no interest.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoce un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que declaró improcedente la demanda de una empresa que pretendía la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-MP-MINAE, el cual establece áreas de control urbanístico y zonas especiales de protección en varios cantones de la Gran Área Metropolitana. El Tribunal de instancia acogió la excepción de falta de interés actual porque la actora no demostró que su inmueble estuviera dentro del área de restricción ni que se le hubiera negado, prohibido o restringido algún proyecto de desarrollo por estar en dicha zona. La Sala confirma la sentencia recurrida tras rechazar la prueba ofrecida en casación por no cumplir los requisitos formales del juramento exigido por el artículo 145.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. En cuanto al fondo, la Sala analiza los presupuestos procesales de la acción, en particular el interés actual, y concluye que la demandante no acreditó estar en una posición donde la decisión judicial le fuera de utilidad o le afectara, por lo que carece de interés para impugnar el decreto. Se resalta la obligación del juez de analizar de oficio los presupuestos sustanciales de la acción (derecho, legitimación e interés) y que el interés actual exige un juicio de utilidad, de modo que si la falta de sentencia no produce daño o perjuicio a quien solicita tutela, no hay interés.

Key excerptExtracto clave

IV. From the record, the Court upheld the lack of present interest raised by the State, and as a result, declared the complaint inadmissible. The judges based their decision on: “…the plaintiff failed to demonstrate and prove whether its property, registered under the real folio system number 208837-000, located in district five (sic) Concepción, of Canton five (sic) San Rafael of the Province (sic) of Heredia, is within the urban quadrant expansion area or that any public institution has denied, prohibited or restricted any urban, agricultural, livestock or other development project because the property is located in a special protection area, so it lacks any present interest in the outcome of this proceeding, since the plaintiff's claim, as formulated, constitutes the mere exercise of an objective legality control, devoid of any relevant benefit or utility as of today.” V. Moreover, regarding the statement in the judgment that the plaintiff failed to prove that any project has been denied, prohibited or restricted because its property is in a special protection zone, it is clear that on appeal the plaintiff also fails to prove the missing fact. (…) From the foregoing, it is undeniable that the plaintiff lacks present interest. “As this Chamber has repeatedly stated… the judge is obliged to analyze, even ex officio, the substantive or merits-based prerequisites of any action, namely: right, standing and interest… Interest is the need for protection in which a specific person finds himself that leads him to seek the intervention of the relevant court… thus, since it must, as already stated, subsist throughout the proceeding, when its continuance must be examined, the judge must make a utility assessment… If the lack of a judgment causes harm or detriment to the person seeking relief, there is interest; if not, there is none.”IV.- Del estudio de los autos, se aprecia que el Tribunal declaró la falta de interés actual interpuesta por la representación del Estado, y como consecuencia de ello, improcedente la demanda. Los jueces se fundamentaron en que: “…la actora no se ocupó de demostrar y comprobar si el inmueble de su propiedad, inscrito bajo el sistema de folio real número 208837-000, situado en el distrito cinco (sic) Concepción, del Cantón cinco (sic) San Rafael de la Provincia (sic) de Heredia, se encuentre dentro del área de expansión del cuadrante urbano o que a la actora se le haya negado, prohibido o restringido por parte de alguna institución pública algún proyecto de desarrollo urbanístico, agrícola, agropecuario o de cualquier otra naturaleza por estar situado su inmueble en alguna área de protección especial, por lo que carece de todo interés actual el resultado de este proceso, toda vez que la pretensión de la actora, en los términos planteados constituye el mero ejercicio de un control objetivo de legalidad, carente de todo provecho o utilidad relevante al día de hoy”. V.- En otro orden de ideas, en lo tocante a que en la sentencia se expresa que la accionante, no logró acreditar se le hubiere negado, prohibido o restringido algún tipo de proyecto dado que su propiedad se ubica en una zona de protección especial, es evidente, ante casación tampoco consigue probar lo que echa de menos el Tribunal. (…) De lo expuesto, es indudable que la actora carece de interés actual. “Según ha dicho en forma reiterada esta Sala… el Juez está obligado a analizar, incluso de oficio, los presupuestos sustanciales o de fondo de toda acción, a saber: derecho, legitimación e interés… El interés es la necesidad de tutela en que se encuentra una persona en concreto y que lo determina a solicitar la intervención del respectivo órgano jurisdiccional… por ello, siendo imperioso, como ya se dijo, mantenerse durante el desarrollo de todo el proceso, cuando es necesario analizar su subsistencia, el juzgador debe hacer un juicio de utilidad… Si la falta de sentencia le produce daño o perjuicio a quien solicitó tutela, hay interés; si no lo ocasiona, no existe.”

Pull quotesCitas destacadas

  • "El interés es la necesidad de tutela en que se encuentra una persona en concreto y que lo determina a solicitar la intervención del respectivo órgano jurisdiccional… el juzgador debe hacer un juicio de utilidad… Si la falta de sentencia le produce daño o perjuicio a quien solicitó tutela, hay interés; si no lo ocasiona, no existe."

    "Interest is the need for protection in which a specific person finds himself that leads him to seek the intervention of the relevant court… the judge must make a utility assessment… If the lack of a judgment causes harm or detriment to the person seeking relief, there is interest; if not, there is none."

    Considerando V

  • "El interés es la necesidad de tutela en que se encuentra una persona en concreto y que lo determina a solicitar la intervención del respectivo órgano jurisdiccional… el juzgador debe hacer un juicio de utilidad… Si la falta de sentencia le produce daño o perjuicio a quien solicitó tutela, hay interés; si no lo ocasiona, no existe."

    Considerando V

  • "la actora no se ocupó de demostrar y comprobar si el inmueble de su propiedad… se encuentre dentro del área de expansión del cuadrante urbano o que a la actora se le haya negado, prohibido o restringido por parte de alguna institución pública algún proyecto de desarrollo… por lo que carece de todo interés actual el resultado de este proceso."

    "the plaintiff failed to demonstrate and prove whether its property… is within the urban quadrant expansion area or that any public institution has denied, prohibited or restricted any development project… so it lacks any present interest in the outcome of this proceeding."

    Considerando IV

  • "la actora no se ocupó de demostrar y comprobar si el inmueble de su propiedad… se encuentre dentro del área de expansión del cuadrante urbano o que a la actora se le haya negado, prohibido o restringido por parte de alguna institución pública algún proyecto de desarrollo… por lo que carece de todo interés actual el resultado de este proceso."

    Considerando IV

  • "el Juez está obligado a analizar, incluso de oficio, los presupuestos sustanciales o de fondo de toda acción, a saber: derecho, legitimación e interés."

    "the judge is obliged to analyze, even ex officio, the substantive or merits-based prerequisites of any action, namely: right, standing and interest."

    Considerando V

  • "el Juez está obligado a analizar, incluso de oficio, los presupuestos sustanciales o de fondo de toda acción, a saber: derecho, legitimación e interés."

    Considerando V

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Primera de la Corte Date of Resolution: July 18, 2013 at 08:50 Analyzed by: SALA PRIMERA Related Judgments Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Actual interest Subtopics:

Concept and scope.

It constitutes one of the substantive prerequisites of the action. It is the need for judicial protection in which a specific person finds themselves and which determines them to request the intervention of the jurisdictional body, in order to resolve the legal conflict in which they are a party. It is the dissatisfaction of an interest protected by the legal system (legitimate interest (interés legítimo)) or a subjective right, which provokes the exercise of the right to action and motivates the formulation of the claim. The judge must make a judgment of utility. If the lack of a judgment causes harm or prejudice to the person who requested protection, there is interest; if it does not cause it, it does not exist. In this case, the lack of actual interest was declared and the lawsuit was dismissed, because the plaintiff did not demonstrate that her property is located in an area where the restrictions of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 25902 apply, or that a public institution has denied, prohibited, or restricted any development project to her, because the property is located in a special protection area. Therefore, it was not possible to prove that she was in a position where what might be resolved would be useful to her or affect her in any way.

... See more Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Judgment Subtopics:

Substantive prerequisites.

The judge is obligated to analyze, even ex officio, the substantial or substantive prerequisites of any action—right, standing (legitimación), and interest—for the issuance of an upholding judgment. Analysis of the actual interest, which does not assist the plaintiff in this present proceeding. It was not possible to prove that she was in a position where what might be resolved would be useful to her or affect her in any way.

... See more Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Cassation appeal (recurso de casación) Subtopics:

Offering of evidence.

Article 145.1 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) contemplates as a formal, imperative requirement that anyone offering documents during the processing of the cassation appeal (recurso de casación) must swear not to have known of them previously and that they concern new facts subsequent to the appealed judgment. In this case, the proponent omits the required sworn statement, which makes the offering of the copy of a case file inadmissible. Regarding evidence for better resolution (148), it belongs to the cassation judge, through their ex officio evidentiary initiative. It is for this Chamber (Sala) to decide at its discretion its convenience and necessity, namely, when it considers it relevant for the correct resolution of the proceeding. The proponent did not offer it at the appropriate procedural moment. If accepted, it would mean remedying her own negligence, which is inadmissible. Furthermore, due to the manner in which it was resolved—the lawsuit was declared inadmissible for lack of actual interest—the evidence offered is unnecessary.

... See more *110005431027CA* Res: 000897-F-S1-2013 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eight hours and fifty minutes on July eighteenth, two thousand thirteen.

Ordinary proceeding established in the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda by INVERSIONES MARINA MANUELA SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its unlimited general power of attorney holder Maurizio Micangeli Ceppo, married, businessman, of unknown domicile; against the ESTADO, represented by the deputy procuradora Gloria Solano Martínez, civil status not indicated, resident of Heredia. The special judicial attorney for the plaintiff is licenciado Juan Arturo Abdelnour Granados, divorced, resident of San José. The natural persons are of legal age and, with the exceptions noted, lawyers.

RESULTANDO

1.- Based on the facts stated and legal provisions cited, the plaintiff established an ordinary proceeding, so that the judgment may declare: “A- The lawsuit is upheld in all its parts. B- That Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 25902-MIVAH-MP-MINAE was issued by an authority lacking competence, which renders it absolutely null. For violating articles 129 and 158 of the LGAP. C- That to impose restrictions such as those contained in decree 25902-MIVAH-MP-MINAE, a prior environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) and other studies, such as land tenure, soils, population density, water resources, road network, services, etc., were an essential prerequisite, and were not done. D- That the cited decree was enacted without the corresponding technical studies having been done beforehand to justify it, and therefore it suffers from a lack of proper reasoning. E- That before imposing restrictions such as those contained in the challenged decree, it was necessary to have subjected it to a popular consultation of the inhabitants of each of the affected districts, and this was not done. F- That said decree violated the principle of ‘Reserve of Law’ (Reserva de Ley) of Article 45 of the Political Constitution, which renders it absolutely null. G- That in accordance with the provisions of Article 166 of the LGAP, the challenged decree is an absolutely null act and pursuant to Article 169 ibidem, it cannot be presumed legitimate nor its execution ordered. H- That pursuant to Article 158 of the LGAP, the challenged decree is an invalid act for being substantially non-conforming with the legal system.” At the preliminary hearing at 8 hours 40 minutes on September 8, 2011, the Judge proceeded to define the claim as follows: “That the absolute nullity of Decree No. 25902-MIVAHP-MINAE be declared, for being an act non-conforming with the legal system.” 2.- The State’s representation answered negatively and raised the preliminary defense of expiry of the action (caducidad de la acción), which was declared without merit by resolution no. 1380-2011 at 9 hours 25 minutes on September 8, 2011. As well as the defenses of lack of right, lack of actual interest, and lack of active standing (legitimación activa).

3.- The State expressly waives the conciliation proceeding.

4.- At the preliminary hearing at 8 hours 40 minutes on September 8, 2011, at which time the parties exercised their right to be heard.

5.- A date and time were set for the oral and public trial, and the Tribunal Contencioso Administrativo, Fourth Section, composed of Judges Francisco Javier Muñoz Chacón, Carlos E. Espinoza Salas, and Ricardo A. Madrigal Jiménez, in judgment no. 28-2012 at 7 hours 30 minutes on March 16, 2012, ordered: “The defense of lack of actual interest raised by the defendant is upheld, and consequently the lawsuit filed by the company named INVERSIONES MARINA MANUELA, S. A., against the ESTADO is declared inadmissible. Considering that the plaintiff had sufficient reason to litigate, the losing party is exonerated from the payment of both cost awards.” 6.- Mr. Micangeli Ceppo, in his stated capacity, files a cassation appeal (recurso de casación), indicating the reasons on which he relies to refute the Tribunal’s thesis.

7.- In the proceedings before this Chamber (Sala), the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Rivas Loáiciga

CONSIDERANDO

I.- The company Inversiones Marina Manuela Sociedad Anónima is the owner of the property in the Party of Heredia, real estate folio registration number 208.837-000, its nature is pasture land, located in the Fifth District –Concepción–, of the Fifth Canton –San Rafael–, measuring 28,000.00 square meters. Executive Decree (Decreto Ejecutivo) no. 25902-MIVAH-MP-MINAE, published in Supplement no. 15 to La Gaceta no. 66 of April 7, 1997, modified the third part of the Regional Urban Development Plan (Decreto Ejecutivo no. 13583-VAH-OFIPLAN of May 13, 1982), where an urban control area was established, composed of the districts of the provinces of San José, Alajuela, Heredia, and Cartago, provided that the respective municipalities had not enacted their own regulatory plans. A special protection zone was also created within said area. Among the cantons affected by the urban control areas created in the cited Decree no. 25902-MINAH-MP-MINAE is San Rafael de Heredia. The representative of the company Inversiones Marina Manuela S.A. files a lawsuit against the State seeking a declaration of absolute nullity of Decree no. 25902-MINAH-MP-MINAE for being non-conforming with the legal system. The State’s representation answered negatively and raised the defenses of lack of: right, interest, and active standing (legitimación activa). Additionally, at the preliminary hearing, it raised the defense of expiry (caducidad), which was rejected immediately, since in the plaintiff’s view, the challenged act is absolutely null [Article 40 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) (CPCA)]. The Tribunal upheld the defense of lack of actual interest raised by the State and declared the lawsuit inadmissible; it also exonerated the plaintiff from the payment of costs, considering it had sufficient reason to litigate. Disagreeing, the plaintiff files a cassation appeal (recurso de casación) developing one ground, which it describes as procedural.

II.- Sole ground: it alleges lack of reasoning. It asserts, the judgment must contain all the elements of fact and law that support the decision. It adds, it requires the existence and description of a logical, coherent, detailed, and circumstantial iter. It indicates, both from the individualized perspective of the evidence and internally within its general context, to then assess it as a whole, under the principle of evidentiary unity (Article 330 of the Code of Civil Procedure). It points out that among the unproven facts of the ruling are: “1- That the property owned by my client is located within the expansion area of the urban quadrant; and 2- that it has not been proven that any public institution denied or restricted any urban development, agricultural, agricultural-industrial, or any other kind of project because its property is in a special protection area”. The foregoing, it notes, is contradictory, since if its land were in the expansion area of the urban quadrant (a map was provided proving it is outside), the restrictions of Decree no. 25902-MIVAH-MP-MINAE challenged here would not apply. On the other hand, it objects, said regulation provides that the activity that can be developed is predominantly agricultural, so stating that no project of this type has been denied or restricted is confusing, which in its opinion makes the judgment lack reasoning. It refutes that the defense of lack of interest was upheld because it was not proven that its farm was in the urban expansion quadrant, despite the fact that it should have stated that it had not been proven it was outside such an area. It explains, the problem arises when one is not in said zone, as is the reality, because if it were, the challenged Decree would not affect it – which, it asserts, limits the right of property almost absolutely. Thus, it argues, the fact of owning land in the area covered by that regulation gives every owner an actual interest, without needing to prove that any permit was denied because the Decree makes virtually any application nearly impossible. It provides as evidence a copy of case file 10-004623-1027-CA, where the appeal is being processed before the Tribunal Contencioso Administrativo in its capacity as improper hierarchical superior (jerarca impropio) of the Municipalidad de San Rafael de Heredia. It contends, as the matter is pending resolution at the administrative stage, and exhaustion of administrative remedies being a requirement, the denial of the construction permit based on the challenged Decree is therefore not final. It explains, one could speak of a new fact only when the Tribunal issues its ruling; therefore, what is stipulated in article 145 of the CPCA is not violated.

III.- The plaintiff’s representative offers as evidence a copy of case file no. 10-004623-1027-CA, where the Tribunal Contencioso Administrativo is hearing an appeal, in its capacity as improper hierarchical superior (jerarca impropio) of the Municipalidad de San Rafael de Heredia. Concerning this, this Collegiate Body has stated: “Article 145, subsection 1), of the CPCA, contains a formal requirement of an imperative nature, by virtue of which, anyone offering documents during the processing of the cassation appeal (recurso de casación) must swear not to have known of them previously and that they concern new facts subsequent to the appealed judgment. Said rule does not discriminate regarding the reason why the petitioner was unaware of that documentary evidence relating to new facts occurring after the challenged ruling. In that case, whether the documents existed before that decision or were issued subsequently, the truth is that the sworn statement is required and, in that predicate, must be observed. Now, this requirement must be met at the time the evidence is presented... Furthermore, and in the hypothesis that this mandate were dispensed with, this Chamber (Sala) considers that there are sufficient elements of conviction to resolve the challenges raised by both parties, so the evidence that the plaintiff’s attorney requests for better resolution turns out to be unnecessary”. Ruling no. 981 at 8 hours 42 minutes on August 23, 2011. In this case, the proponent omits the sworn statement stipulated in the contentious administrative procedural regulations, which makes the offering of the aforementioned piece of evidence inadmissible. Regarding evidence for better resolution, regulated in article 148 ibidem, as this Chamber has stated, it belongs to the judge, that is, it concerns the recognition of the ex officio evidentiary initiative by the judges, in this case, cassation judges. Thus, it is for this Chamber (Sala) to decide on its convenience and necessity, namely, when they constitute demonstrative elements considered relevant for the correct resolution of the proceeding. The foregoing, without it being able to be used to correct the omissions, negligence, or carelessness of the adversaries regarding their evidentiary burden or to remedy deficiencies in the defense, since, in these cases, the equality between the litigants would be harmed and the impartiality of the judges could be compromised. Consequently, if it is ordered, the guarantee of defense in trial must be respected, and it must only be introduced to elucidate uncertain or doubtful aspects that arise when weighing the evidence provided by the parties. However, the decision to collect it remains always a faculty of the judges, that is, it is subject to a discretionary assessment by the judicial body. And when one of the parties proposes it, the decision to collect it is subject to its entire discretion. In the subexamine, the proponent could have offered it at the appropriate procedural moment but did not do so; if accepted, it would mean remedying her own negligence, which is not admissible. Likewise, this Chamber considers that given the manner in which the matter was resolved and for what will be set forth below, the offered piece of evidence proves unnecessary. Hence, such evidence must be rejected.

IV.- From the study of the case file, it is observed that the Tribunal declared the lack of actual interest raised by the State's representation, and as a consequence, the lawsuit inadmissible. The judges based this on: “…the plaintiff did not take care to demonstrate and verify whether the property owned by her, registered under the real estate folio system number 208837-000, located in district five (sic) Concepción, Canton five (sic) San Rafael of the Province (sic) of Heredia, is within the expansion area of the urban quadrant or whether any public institution has denied, prohibited, or restricted any urban development, agricultural, agricultural-industrial, or any other kind of project to the plaintiff because her property is located in a special protection area, so the result of this proceeding lacks all actual interest, since the plaintiff's claim, in the terms presented, constitutes the mere exercise of an objective control of legality, lacking any relevant utility or benefit as of today”. (The underlining is supplied). In the grievance, although a procedural defect is alleged –lack of reasoning–, it is actually a substantive one, since undue appreciation of evidentiary elements is claimed. It argues that it provided a cadastral map showing its farm is located in the restriction area established by Decree no. 25902-MIVAH-MP-MINAE – outside the urban expansion zone. However, from the analysis of the case file, it is verified that, contrary to what the plaintiff claims, there is no cadastral map whatsoever. Hence, the alleged evidentiary omission is not configured. On the other hand, it affirms that in the unproven facts, it was considered not proven that the company's property is located in the expansion area of the quadrant, which in its view is contradictory, because if that were the case, the restrictions of Decree no. 25902-MIVAH-MP-MINAE would not apply. From the review of the appealed ruling, it is observed that this involves an evident material error that does not affect the essence of what was decided. This is because further on, the Tribunal clearly indicates that the main issue in the subexamine is that it was not proven that the plaintiff's land is located in an area where the restrictions set forth in the Decree in question apply. A circumstance that stands, as the appellant fails to demonstrate that her farm is located in an area where the cited limitations apply.

V.- Along other lines of thought, regarding the statement in the judgment that the plaintiff failed to prove that any type of project had been denied, prohibited, or restricted to her because her property is located in a special protection zone, it is evident that, on cassation, she also fails to prove what the Tribunal finds lacking. In this regard, the copies of the administrative process before the Tribunal Contencioso Administrativo as improper hierarchical superior (jerarca impropio) are inconclusive for that purpose, because, as the appellant herself states, the matter is pending resolution, and until the final ruling is issued and becomes final, it is not possible to know whether her petition was indeed denied. From the foregoing, it is undoubtedly true that the plaintiff lacks actual interest. “As this Chamber (Sala) has repeatedly stated (see votes no. 8, at 15 hours 45 minutes on January 5, 2000, and no. 6, at 14 hours 30 minutes on February 6, 1998), in matters submitted for its consideration, the Judge is obligated to analyze, even ex officio, the substantial or substantive prerequisites of any action, namely: right, standing (legitimación), and interest. These are necessary conditions for issuing an upholding judgment, and must therefore be preserved throughout the entire proceeding. So that if the absence of one or more of them is detected, the Judge cannot rule on the merits of the litigation, thereby generating what in doctrine is known as an inhibitory judgment... Interest is the need for judicial protection in which a specific person finds themselves and which determines them to request the intervention of the respective jurisdictional body, in order to resolve the legal conflict in which they are a party. In this way, it can be said that it is the dissatisfaction of an interest protected by the legal system (legitimate interest) or a subjective right, which provokes the exercise of the right to action and motivates the formulation of the claim. It has also been said that it is the utility that, for the holder of a subjective right or a legitimate interest, derives from judicial protection. Therefore, it being imperative, as already stated, to be maintained throughout the entire proceeding, when it is necessary to analyze its subsistence, the judge must make a judgment of utility, comparing the effects of the requested jurisdictional decision with the utility that the person requesting it can obtain from such pronouncement. If the lack of a judgment causes harm or prejudice to the person who sought protection, there is interest; if it does not cause it, it does not exist. This is so because the cause of the litigation, the conflict of interests, disappears”. (Judgment no. 465 at 10 hours 45 minutes on May 7, 2009). In this case, it is clear, it was not possible to prove that the plaintiff was in a position where what might be resolved would be useful to her or affect her in any way. Nor what need for protection she had when requesting the intervention of the jurisdictional body, nor what damages and prejudices the lack of a pronouncement, or the decision itself that is the object of the proceeding, would cause her. Consequently, as resolved by the Tribunal, the plaintiff lacks actual interest in this proceeding.

VI.- By virtue of the foregoing, the evidence offered must be rejected and the appeal declared without merit, with its costs to be borne by the appellant [subsection 3) of article 150 of the CPCA].

POR TANTO

The proposed evidence is rejected. The cassation appeal (recurso de casación) filed is declared without merit, with its costs to be borne by the appellant.

Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Edo. González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández HBRENES/larce Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 07:59:55.

Marcadores

Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Interés actual Subtemas:

Concepto y alcance.

Consiste en uno de los presupuestos de fondo de la acción. Es la necesidad de tutela en que se encuentra una persona en concreto y que lo determina a solicitar la intervención del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que resuelva el conflicto jurídico en el cual es parte. Es la insatisfacción de un interés tutelado por el ordenamiento jurídico (interés legítimo) o un derecho sujetivo, la que provoca el ejercicio del derecho accionar y motiva a formular la pretensión. El juzgador debe hacer un juicio de utilidad. Si la falta de sentencia le produce daño o perjuicio a quien solicitó tutela, hay interés; si no lo ocasiona, no existe. En la especie, se declaró la falta de interés actual e improcedente la demanda, pues la actora no demostró que su inmueble se encuentra en una zona donde se apliquen las restricciones del Decreto Ejecutivo 25902 o que a ella se le haya negado, prohibido o restringido por una institución pública algún proyecto de desarrollo, por estar situado el bien en alguna área de protección especial. Por ende, no se logró acreditar que ella estuviera en una posición donde lo que se llegara a resolver le fuera de utilidad o le afectara de algún modo.

... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Sentencia Subtemas:

Presupuestos de fondo.

El juez está obligado a analizar, incluso de oficio, los presupuestos sustanciales o de fondo de toda acción -derecho, legitimación e interés-, para la emisión de una sentencia estimatoria. Análisis sobre el interés actual, el cual no le asiste a la actora en el presente proceso. No se logró acreditar que ella estuviera en una posición donde lo que se llegara a resolver le fuera de utilidad o le afectara de algún modo.

... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas:

Ofrecimiento de prueba.

El artículo 145.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo contempla como requisito formal de carácter imperativo que, quien ofrezca documentos durante el trámite del recurso de casación, debe jurar no haberlos conocido con anterioridad y que sean sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida. En la especie, el proponente omite el juramento, lo cual hace improcedente el ofrecimiento efectuado de la copia de un expediente. Tocante a la prueba para mejor resolver (148), es del juzgador casacional, con su iniciativa probatoria oficiosa. Corresponde a esta Sala decidir en forma discrecional su conveniencia y necesidad, a saber, al considerarla relevante para la correcta resolución del proceso. La proponente no la ofreció en el momento procesal oportuno. De ser aceptada significaría paliar su propia incuria, lo cual resulta improcedente. Además, por la manera como se resolvió -se declaró improcedente la demanda por falta de interés actual-, la prueba ofrecida resulta innecesaria.

... Ver más *110005431027CA* Res: 000897-F-S1-2013 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas cincuenta minutos del dieciocho de julio de dos mil trece.

Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por INVERSIONES MARINA MANUELA SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por el apoderado generalísimo sin límite de suma Maurizio Micangeli Ceppo, casado, empresario, de domicilio desconocido; contra el ESTADO, representado por la procuradora adjunta Gloria Solano Martínez, de estado civil no indicado, vecina de Heredia. Figura como apoderado especial judicial de la parte actora, el licenciado Juan Arturo Abdelnour Granados, divorciado, vecino de San José. Las personas físicas son mayores de edad y con las salvedades hechas, abogados.

RESULTANDO

1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora estableció proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: “A- Con lugar la demanda en todos sus extremos. B- Que el Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-MP-MINAE, fue dictado por un órgano que no tenía competencia, lo cual lo vicia de nulidad absoluta. Por transgredir los artículos 129 y 158 de la LGAP. C- Que para dictar restricciones como las contenidas en el decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE, era requisito indispensable previo, hacer un estudio de impacto ambiental y otros, como tenencia de la tierra, suelos, densidad de población, recurso hídrico, red vial, servicios, etc, y no se hizo. D- Que el citado decreto se promulgó sin hacerse previamente los estudios técnicos correspondientes para justificarlo, por lo que adolece de falta de fundamentación. E- Que de previo a dictar restricciones como las contenidas en el decreto impugnado, era necesario haber sometido a una consulta popular de los habitantes de cada uno de los distritos afectados y no se hizo. F- Que el decreto dicho violó el principio de “Reserva de Ley” del numeral 45 de la Constitución Política, lo cual lo vicia de nulidad absoluta. G- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la LGAP, el decreto impugnado es un acto absolutamente nulo y conforme al artículo 169 ibidem, no puede presumirse legítimo ni ordenarse su ejecución. H- Que conforme al artículo 158 de la LGAP, el decreto impugnado es un acto inválido por ser sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico.” En audiencia preliminar de las 8 horas 40 minutos del 8 de setiembre de 2011, el señor Juez procede a fijar la pretensión en el siguiente sentido: “Que se declare la nulidad absoluta del Decreto N° 25902-MIVAHP-MINAE, por ser un acto disconforme con el ordenamiento jurídico.” 2.- La representación estatal contestó negativamente y opuso la defensa previa de caducidad de la acción, la que fue declarada sin lugar mediante la resolución no. 1380-2011 de las 9 horas 25 minutos del 8 de setiembre de 2011. Así como, las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual y falta de legitimación activa.

3.- El Estado renuncia expresamente al proceso conciliatorio.

4.- En audiencia preliminar de las 8 horas 40 minutos del 8 de setiembre de 2011, oportunidad en que las partes hicieron uso de la palabra.

5.- Se fijó hora y fecha para realizar el juicio oral y público y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, integrado por los Jueces Francisco Javier Muñoz Chacón, Carlos E. Espinoza Salas y Ricardo A. Madrigal Jiménez, en sentencia no. 28-2012 de las 7 horas 30 minutos del 16 de marzo de 2012, dispuso: “Se acoge la excepción de falta de interés actual opuesta por el demandado, y en consecuencia se declara improcedente la demanda interpuesta por la sociedad denominada INVERSIONES MARINA MANUELA, S. A., en contra del ESTADO. Al considerar que la actora tenía motivo bastante para litigar, se exonera del pago de ambas costas al vencido." 6.- El señor Micangeli Ceppo, en su expresado carácter, formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.

7.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga

CONSIDERANDO

I.- La empresa Inversiones Marina Manuela Sociedad Anónima es propietaria del inmueble del Partido de Heredia, matrícula de folio real 208.837-000, su naturaleza es terreno de potrero, situado en el distrito Quinto –Concepción-, del cantón Quinto –San Rafael-, con una medida de 28.000,00 metros cuadrados. En el Decreto Ejecutivo no. 25902-MIVAH-MP-MINAE, publicado en el Alcance no. 15 a La Gaceta no. 66 del 7 de abril de 1997, se modificó la parte tercera del Plan Regional de Desarrollo Urbano (Decreto Ejecutivo no. 13583-VAH-OFIPLAN del 13 de mayo de 1982), donde se estableció un área de control urbanístico, compuesta por los distritos de las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, siempre y cuando las respectivas municipalidades no hubieran dictado sus propios planes reguladores. En dicha área se creó también una zona especial de protección. Entre los cantones afectados por las áreas de control urbanístico creadas en el citado Decreto no. 25902-MINAH-MP-MINAE, se encuentra el de San Rafael de Heredia. El representante de la compañía Inversiones Marina Manuela S.A. interpone demanda contra el Estado para que se declare la nulidad absoluta del Decreto no. 25902-MINAH-MP-MINAE por ser disconforme con el ordenamiento jurídico. La representación estatal contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de: derecho, interés y legitimación activa. Además en la audiencia preliminar formuló la defensa de caducidad, la cual se rechazó en el acto, pues en criterio del actor, el acto impugnado es absolutamente nulo [artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA)]. El Tribunal acogió la excepción de falta de interés actual opuesta por el Estado y declaró improcedente la demanda; asimismo exoneró del pago de costas a la actora al considerar que tenía motivo suficiente para litigar. Inconforme, la parte demandante formula recurso de casación donde desarrolla un motivo, al que califica de procesal.

II.- Único: acusa falta de motivación. Asevera, la sentencia debe tener todos los elementos de hecho y derecho que respalden la decisión. Agrega, requiere de la existencia y descripción de un iter lógico y coherente, detallado y circunstanciado. Indica, tanto desde la óptica individualizada de las probanzas como a lo interno de su contexto general, para luego, valorarla en su conjunto, al abrigo del principio de unidad probatoria (artículo 330 del Código Procesal Civil). Apunta, entre los hechos no probados del fallo se tiene: “1- Que el inmueble propiedad de mi representada se encontrara dentro del área de expansión del cuadrante urbano; y 2- que no se ha demostrado que se le haya negado o restringido por parte de alguna institución pública algún proyecto de desarrollo urbanístico, agrícola, agropecuario o de cualquier otra naturaleza por estar su inmueble en alguna área de protección especial”. Lo expuesto, señala, es contradictorio, ya que si su terreno estuviera en el área de expansión del cuadrante urbano (se aportó plano donde se acredita está fuera) no se le aplicarían las restricciones del Decreto no. 25902-MIVAH-MP-MINAE aquí impugnado. Por otra parte, increpa, dicha regulación dispone que la actividad que puede desarrollarse es predominantemente agrícola, por lo que manifestar que no se le ha negado o restringido ningún proyecto de este tipo resulta confuso, lo que en su opinión, hace que la sentencia carezca de motivación. Refuta se acogiera la excepción de falta de interés porque no se demostró que su finca estuviera en el cuadrante de expansión urbana, pese, a que debió expresar que no se había acreditado que estaba fuera de tal área. Explica, el problema se presenta cuando no se está en dicha zona, como es en la realidad, porque si estuviera en ella, no le afectaría el Decreto impugnado, -el que afirma, limita casi de forma absoluta el derecho de propiedad-. Así, arguye, el hecho de tener un terreno en el área cubierta por esa norma, le confiere un interés actual a todo propietario, sin necesidad de probar se le haya negado algún permiso porque el Decreto casi imposibilita cualquier solicitud. Aporta como prueba copia del expediente 10-004623-1027-CA, donde se tramita la apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo en su carácter de jerarca impropio de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Aduce, como el asunto está pendiente de resolución en sede administrativa, y al ser requisito el agotamiento de la vía administrativa, entonces no está en firme la denegatoria del permiso de construcción en razón del Decreto impugnado. Explica, podría hablarse de hecho nuevo hasta que el Tribunal dicte su fallo, por ende, no se vulnera lo estipulado en el cardinal 145 del CPCA.

III.- El representante de la actora ofrece como prueba la copia del expediente no. 10-004623-1027-CA, donde el Tribunal Contencioso Administrativo conoce recurso de apelación, en su carácter de jerarca impropio de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. En lo de interés, este Órgano Colegiado ha señalado: “El… precepto 145, inciso 1), del CPCA, contiene un requisito formal de carácter imperativo, en virtud del cual, quien ofrezca documentos durante el trámite del recurso de casación, debe jurar no haberlos conocido con anterioridad y que sean sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida. No discrimina esa norma respecto al motivo por el que el gestionante no conoció de esa documental relativa a hechos novedosos, acaecidos luego del fallo impugnado. En ese caso, ya sea que los documentos existiesen antes de esa resolución o que se emitieron con posterioridad, lo cierto es que el juramento se exige y, en tal predicado, ha de observarse. Ahora bien, ese requisito debe cumplirse al presentarse la prueba… Por lo demás, y en la hipótesis de que se dispensara ese mandato, estima esta Sala que existen suficientes elementos de convicción para resolver las impugnaciones planteadas por ambas partes, de modo que la prueba que para mejor proveer gestiona el apoderado del actor resulta ser innecesaria”. Fallo no. 981 de las 8 horas 42 minutos del 23 de agosto de 2011. En la especie, el proponente omite el juramento estipulado en la normativa procesal contenciosa administrativa, lo cual hace improcedente el ofrecimiento efectuado del elemento de convicción reseñado. En lo relativo a la prueba para mejor resolver, normada en el canon 148 ibídem, según lo ha expresado esta Cámara, es del juzgador, sea, se trata del reconocimiento de la iniciativa probatoria oficiosa a cargo de los jueces, en este caso, casacionales. Así, corresponde a esta Sala decidir su conveniencia y necesidad, a saber, cuando constituyan elementos demostrativos que se consideren relevantes para la correcta resolución del proceso. Lo expresado, sin que pueda hacerse para corregir las omisiones, negligencias o descuidos de los contendientes respecto a su carga probatoria o para paliar carencias en la defensa, pues, en estos supuestos se lesionaría la igualdad entre los litigantes y podría comprometer la imparcialidad de los juzgadores. Consecuentemente, de ordenarse ha de respetarse la garantía de defensa en juicio y deberá ser introducida únicamente para dilucidar aspectos inciertos o dudosos que surjan al ponderar las pruebas aportadas por las partes. Pero quedando la decisión de recabarla, siempre como facultad de los jueces, o sea, que compete a una valoración discrecional del órgano judicial. Y, cuando alguna de las partes la propone, compete a su entera discrecionalidad la decisión de recabarla. En el subexamine, la proponente pudo ofrecerla en el momento procesal oportuno, pero no lo hizo, de ser aceptada significaría paliar su propia incuria, lo cual no resulta procedente. Asimismo, esta Cámara estima que por la manera como se resolvió el asunto y por lo que se expondrá en adelante, el elemento de convicción ofrecido resulta innecesario. De ahí que tal probanza ha de rechazarse.

IV.- Del estudio de los autos, se aprecia que el Tribunal declaró la falta de interés actual interpuesta por la representación del Estado, y como consecuencia de ello, improcedente la demanda. Los jueces se fundamentaron en que: “…la actora no se ocupó de demostrar y comprobar si el inmueble de su propiedad, inscrito bajo el sistema de folio real número 208837-000, situado en el distrito cinco (sic) Concepción, del Cantón cinco (sic) San Rafael de la Provincia (sic) de Heredia, se encuentre dentro del área de expansión del cuadrante urbano o que a la actora se le haya negado, prohibido o restringido por parte de alguna institución pública algún proyecto de desarrollo urbanístico, agrícola, agropecuario o de cualquier otra naturaleza por estar situado su inmueble en alguna área de protección especial, por lo que carece de todo interés actual el resultado de este proceso, toda vez que la pretensión de la actora, en los términos planteados constituye el mero ejercicio de un control objetivo de legalidad, carente de todo provecho o utilidad relevante al día de hoy”. (El subrayado es suplido). En el agravio aunque se alega un vicio procesal, –falta de motivación-, en realidad se trata de uno sustancial, ya que se acusa indebida apreciación de elementos de prueba. Argumenta, aportó un plano catastrado donde se demuestra su finca se encuentra en el área de restricción establecida en el Decreto no. 25902-MIVAH-MP-MINAE, -fuera de la zona de expansión urbana-. Sin embargo, del análisis del expediente se constata que, contrario a lo aseverado por la parte demandante, no hay plano catastrado alguno. De ahí, no se configura la aducida preterición probatoria. Por otro lado, afirma, en los hechos no probados, se tuvo como no acreditado que la propiedad de la empresa se encuentra en el área de expansión del cuadrante, lo que en su criterio es contradictorio, porque de ser así, no se le aplicarían las restricciones del Decreto no. 25902-MIVAH-MP-MINAE. Del examen del fallo recurrido, se observa, se esta ante un evidente error material, que no afecta la esencia de los resuelto. Esto porque más adelante, el Tribunal con claridad señala que lo primordial en el subexamine es que no se probó que el terreno de la accionante se encuentre en una zona donde se apliquen las restricciones dispuestas en el Decreto de marras. Circunstancia que se mantiene, pues, la casacionista no logra demostrar su finca este ubicada en un área donde se apliquen las citadas limitaciones.

V.- En otro orden de ideas, en lo tocante a que en la sentencia se expresa que la accionante, no logró acreditar se le hubiere negado, prohibido o restringido algún tipo de proyecto dado que su propiedad se ubica en una zona de protección especial, es evidente, ante casación tampoco consigue probar lo que echa de menos el Tribunal. A este respecto, las copias del proceso administrativo ante el Tribunal Contencioso Administrativo como jerarca impropio, resultan inconducentes a tal fin, porque como lo refiere el propio recurrente, el asunto está pendiente de resolución, y hasta tanto no se emita el fallo final y quede en firme, entonces no es posible conocer si en efecto le fue denegada su gestión. De lo expuesto, es indudable que la actora carece de interés actual. “Según ha dicho en forma reiterada esta Sala (véase los votos no. 8, de las 15 horas 45 minutos del 5 de enero de 2000 y no. 6, de las 14 horas 30 minutos del 6 de febrero de 1998), en los asuntos sometidos a su conocimiento, el Juez está obligado a analizar, incluso de oficio, los presupuestos sustanciales o de fondo de toda acción, a saber: derecho, legitimación e interés. Se trata de condiciones necesarias para la emisión de una sentencia estimatoria, por lo que deben conservase durante todo el proceso. De modo que si se detecta la ausencia de uno o más de ellos, el Juzgador no podrá pronunciarse sobre el fondo de litigio, generándose de esta forma lo que en doctrina se conoce como sentencia inhibitoria... El interés es la necesidad de tutela en que se encuentra una persona en concreto y que lo determina a solicitar la intervención del respectivo órgano jurisdiccional, con la finalidad de que resuelva el conflicto jurídico en el cual es parte. De tal manera, se puede decir, que es la insatisfacción de un interés tutelado por el ordenamiento jurídico (interés legítimo) o un derecho sujetivo, la que provoca el ejercicio del derecho accionar y motiva a formular la pretensión. Se ha dicho también, que es la utilidad que para el titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo se deriva de la tutela jurisdiccional. Por ello, siendo imperioso, como ya se dijo, mantenerse durante el desarrollo de todo el proceso, cuando es necesario analizar su subsistencia, el juzgador debe hacer un juicio de utilidad, cotejando los efectos de la resolución jurisdiccional solicitada, con la utilidad que de tal pronunciamiento puede obtener quien la requiera. Si la falta de sentencia le produce daño o perjuicio a quien solicitó tutela, hay interés; si no lo ocasiona, no existe. Esto es así, por cuanto desaparece la causa del litigio, el conflicto de intereses”. (Sentencia no. 465 de las 10 horas 45 minutos del 7 de mayo de 2009). En la especie, es claro, no se logró acreditar que la demandante estuviera en una posición donde lo que se llegara a resolver le fuera de utilidad o le afectara de algún modo. Tampoco, cuál es la necesidad de tutela que requería al solicitar la intervención del órgano jurisdiccional, ni cuáles los daños y perjuicios que le provocaría la falta de pronunciamiento o la decisión misma, objeto de proceso. En consecuencia, según lo resolvió el Tribunal a la actora no le asiste interés actual en el presente proceso.

VI.- En mérito de lo expresado, habrá de rechazarse la prueba ofrecida y declarar sin lugar el recurso, con sus costas a cargo de la promovente [inciso 3) del canon 150 del CPCA].

POR TANTO

Se rechaza la prueba propuesta. Se declara sin lugar el recurso de casación formulado, con sus costas a cargo de la recurrente.

Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Edo. González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández HBRENES/larce Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

      Concept anchorsAnclajes conceptuales

      • Código Procesal Contencioso Administrativo Art. 145.1
      • Código Procesal Contencioso Administrativo Art. 148
      • Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-MP-MINAE

      Spanish key termsTérminos clave en español

      News & Updates Noticias y Actualizaciones

      All articles → Todos los artículos →

      Weekly Dispatch Boletín Semanal

      Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

      ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

      One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

      Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
      Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

      Stay Informed Mantente Informado

      Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

      Email Updates Actualizaciones por Correo

      Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

      Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

      WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

      Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

      Join Channel Unirse al Canal
      Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
      🙏