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Res. 00813-2011 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 07/07/2011

Registration defines start of exploitation concession termInscripción registral define el inicio del plazo de concesión de explotación

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied the State's cassation appeal and upheld the annulment of the act declaring the concession expired, ordering a new decision on the extension request.La Sala declaró sin lugar el recurso de casación del Estado y confirmó la anulación del acto que declaró vencida la concesión, ordenando resolver de nuevo la solicitud de prórroga.

SummaryResumen

The First Chamber of the Supreme Court of Justice resolved a cassation appeal filed by the State against a judgment of the Contentious Administrative Court that annulled the administrative act declaring the expiration of a concession for sand and gravel exploitation in the Guácimo River. The Administration had deemed the extension request untimely, considering the concession term expired five years after the concessionaires applied for registration in the National Mining Registry. The lower court annulled that act for lack of reasoning, since it did not state the factual and legal grounds to conclude the concession expired on April 2, 2006, and ordered a new decision on the extension request, noting that the validity period runs from registration of the grant resolution in the Registry, not from the registration request. The First Chamber upheld this interpretation: the exploitation concession is acquired from the date of registration in the National Mining Registry (articles 14 and 91 of the Mining Code), and requesting registration is merely acceptance of rights and obligations, not a substitute for registration. It dismissed the State's appeal and rejected the evidence submitted in cassation as not referring to new facts subsequent to the judgment.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación interpuesto por el Estado contra una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló el acto administrativo que declaró vencida una concesión de explotación de arena y grava en el río Guácimo. La Administración había considerado extemporánea la solicitud de prórroga, bajo el criterio de que el plazo de la concesión vencía cinco años después de que los concesionarios solicitaron su inscripción en el Registro Nacional Minero. El Tribunal de instancia anuló ese acto por falta de motivación, al no indicarse las razones fácticas y jurídicas para arribar a la conclusión de que la concesión se extinguió el 2 de abril de 2006, y ordenó resolver nuevamente la solicitud de prórroga, debiendo ponderar que el plazo de vigencia corre a partir de la inscripción de la resolución de otorgamiento en el Registro, no desde la solicitud de inscripción. La Sala Primera confirmó este criterio: la concesión de explotación se adquiere desde la fecha de inscripción en el Registro Nacional Minero (artículos 14 y 91 del Código de Minería), y la solicitud de inscripción es solo la aceptación de derechos y obligaciones, pero no sustituye la actuación registral. Desestimó el recurso estatal y rechazó la prueba ofrecida en casación por no referirse a hechos nuevos y posteriores a la sentencia.

Key excerptExtracto clave

The core of the discussion centers on determining the date when the resolution granting the concession was registered in the National Mining Registry (RNM), to ascertain the expiration date and thus whether the extension was requested on time. In that regard, the State's representation is incorrect in asserting that the Court misinterpreted and misapplied articles 14 and 91 of the Mining Code and that the unproven fact no. 1 contradicts the evidence in the record. Nor is it correct when, in trying to clarify its position, it states that the judgment held “...as unproven that the registration exists,” since, contrary to the allegation, as acknowledged elsewhere in the appeal, the unproven fact was the date when the concession was registered. For this Chamber, both provisions are clear and precise in stating that the concession is deemed acquired from the date the grant resolution is registered, at the beneficiary’s request. Interpreting the registration date as the date of the interested parties’ application to the RNM not only exceeds the scope of both regulations but also lacks legal and regulatory support. Hence, we agree with the challenged judgment when it notes flaws in the act’s reasoning. In the judgment’s words: “...Although it states that the concession expired on April 2, 2006, it never indicates the factual or legal reasons supporting and leading to that conclusion.” Logically, the document at folio 80 of the administrative file cannot prove the registration date of the granting act, because that application merely sought such administrative action. The only thing it proves, based on the received stamp, is the date when it was filed with the Registry. Based on the foregoing, given that the challenged act, without any basis, determined the concession was valid for five years from June 2, 2001, and thus the extension request filed on June 3, 2006, was untimely, coupled with the impossibility of determining that first circumstance, the Court was correct in ordering its annulment and that the extension request be resolved anew, considering that the concession validity period runs from its registration in the pertinent Registry.El eje de lo que se discute se centra entonces en determinar la fecha cuando se inscribió en el RNM la resolución que otorgó la concesión, para tener claridad de la fecha de vencimiento del plazo, y por ende, si la prórroga se gestionó en tiempo. En tal sentido, no lleva razón la representación estatal cuando afirma que el Tribunal interpretó y aplicó indebidamente los artículos 14 y 91 del CM y que el hecho tenido por no probado no. 1, resulta contrario a la prueba que consta en el proceso. Tampoco cuando con el afán de precisar su posición, expresa que el fallo tuvo “...como indemostrado que la inscripción exista.”, toda vez que, contrario a lo alegado, tal y como lo reconoce en otras partes del recurso, el hecho no demostrado fue la fecha cuando se inscribió la concesión. Para esta Sala ambas normas son claras y precisas en su contenido, en cuanto a que la concesión se entiende adquirida desde la fecha en que se inscribe la resolución de otorgamiento en el Registro, a solicitud del beneficiario. Interpretar que la fecha de inscripción es la de la solicitud de los interesados al RNM, no solo excede el contenido de ambas regulaciones, sino que además carece de sustento legal y reglamentario. Por ello, se concuerda con el fallo impugnado, cuando advierte falencias en la motivación del acto. En los términos de la sentencia “...Aunque señala que la concesión se extinguió el 2 de abril de 2006, nunca se indican las razones fácticas o jurídicas que sustentan y permiten arribar a esa conclusión.” Por un orden lógico, resulta obvio que con el documento visible a folio 80 del expediente administrativo, no se puede probar la fecha de inscripción del acto que la otorgó, porque con esa solicitud se procura tal actuación administrativa. Lo único que prueba, a partir del sello de recibido, es la fecha cuando se gestionó ante el Registro. En mérito de lo expuesto, al determinar el acto impugnado, sin fundamento alguno, que la concesión rige por cinco años a partir del 2 de junio de 2001, y que por tal, la solicitud de prórroga planteada el 3 de junio de 2006 resulta extemporánea, unido a que no es posible determinar aquella primera situación, bien hizo el Tribunal en ordenar su nulidad y que se resuelva de nuevo la solicitud de prórroga, considerando para tal efecto, que el plazo de vigencia de la concesión corre a partir de su inscripción en el Registro respectivo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Para esta Sala ambas normas son claras y precisas en su contenido, en cuanto a que la concesión se entiende adquirida desde la fecha en que se inscribe la resolución de otorgamiento en el Registro, a solicitud del beneficiario."

    "For this Chamber, both provisions are clear and precise in stating that the concession is deemed acquired from the date the grant resolution is registered, at the beneficiary’s request."

    Considerando VII

  • "Para esta Sala ambas normas son claras y precisas en su contenido, en cuanto a que la concesión se entiende adquirida desde la fecha en que se inscribe la resolución de otorgamiento en el Registro, a solicitud del beneficiario."

    Considerando VII

  • "Interpretar que la fecha de inscripción es la de la solicitud de los interesados al RNM, no solo excede el contenido de ambas regulaciones, sino que además carece de sustento legal y reglamentario."

    "Interpreting the registration date as the date of the interested parties’ application to the RNM not only exceeds the scope of both regulations but also lacks legal and regulatory support."

    Considerando VII

  • "Interpretar que la fecha de inscripción es la de la solicitud de los interesados al RNM, no solo excede el contenido de ambas regulaciones, sino que además carece de sustento legal y reglamentario."

    Considerando VII

  • "la solicitud de inscripción que gestiona el concesionario, es un acto mediante el cual manifiesta su voluntad y acepta los derechos y obligaciones concedidos, agrega esta Sala, pero que de ningún modo puede sustituir la actuación material a que está obligada la Administración, en este caso el RNM, de inscribir en el libro respectivo la resolución que la otorga."

    "the registration request filed by the concessionaire is an act by which it expresses its will and accepts the rights and obligations granted, this Chamber adds, but it can in no way substitute the material action the Administration is obliged to take, in this case the RNM, to register the granting resolution in the respective book."

    Considerando VII

  • "la solicitud de inscripción que gestiona el concesionario, es un acto mediante el cual manifiesta su voluntad y acepta los derechos y obligaciones concedidos, agrega esta Sala, pero que de ningún modo puede sustituir la actuación material a que está obligada la Administración, en este caso el RNM, de inscribir en el libro respectivo la resolución que la otorga."

    Considerando VII

Full documentDocumento completo

**Text of the resolution** **Exp. 09-001958-1027-CA** **Res. 000813-F-S1-2011** **FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at eight hours ten minutes on the seventh of July, two thousand eleven.

Ordinary proceeding, declared to be on pure points of law, instituted in the Administrative and Civil Hacienda Tribunal by JORGE ARTURO MORA ÁLVAREZ and ROLANDO MYRIE ADAMS, both businessmen, residents of Limón, marital status not indicated; against the STATE, represented by its Deputy Procuradora, Irene Bolaños Salas, married, attorney, resident of Cartago. The natural persons are of legal age.

**WHEREAS** **1.-** Based on the facts and legal provisions they cited, the plaintiffs filed a complaint seeking that the judgment declare, as determined in the preliminary hearing: “As the main claim, that the act by which the extension of the concession was rejected be annulled for illegality, and that the plaintiffs be authorized to continue with the activity they had been carrying out under the concession. / As subsidiary claims, the payment of material damage (daño material) and moral damage (daño moral). The party indicates that it seeks the payment of damages (daños y perjuicios), even if the act is annulled and they are not permitted to continue with the concession activity.” In the document instituting the complaint, they also requested: “That the defendant be ordered to pay both costs, the personal and procedural costs arising from this action, which shall be liquidated at the appropriate time in accordance with the legal procedure.” **2.-** The State's representation answered the complaint negatively and raised the preliminary defense of the existence of defects not opportunely corrected that prevent a ruling on the merits; as well as the exceptions of lack of right, lack of active and passive standing, and the defense of the victim's own fault.

**3.-** The defendant party expressed its refusal to conciliate, which was made known to the plaintiffs.

**4.-** The preliminary hearing was held at 9:25 on the 28th of April, 2010, at which time the representatives of the parties addressed the court.

**5.-** The Administrative and Civil Hacienda Tribunal, Sixth Section, composed of judges Cynthia Abarca Gómez, Marianella Álvarez Molina, and judge José Roberto Garita Navarro, in resolution no. 2111-2010 at 16:00 on June 1, 2010, resolved: “The exceptions of lack of active and passive standing, as well as the defense of the victim's own fault raised by the State's representation, are rejected. The defense of lack of right raised by the State is partially accepted only insofar as the claims directed at being allowed to continue exploiting the concession and that referring to indemnification for damages (daños y perjuicios) are inadmissible as premature. The remainder is rejected. Consequently, the complaint is declared partially with merit in the following terms, it being understood as denied in all matters not expressly granted: 1) Being substantially contrary to the legal system, Resolution No. 1039, issued at 13:00 on the 13th of September, 2006, issued by the National Mining Registry of the Directorate of Geology and Mines, is annulled. 2) The competent bodies must resolve the request for an extension filed by the plaintiffs on June 3, 2006, in order to determine its appropriateness. For this purpose, it must be assessed that the term of validity of the concession runs from its registration in the National Mining Registry. Said request must be resolved within the timeframes established by the applicable regulations. 3) Both costs of this proceeding are imposed on the State.” **6.-** The State files a cassation appeal.

**7.-** The prescriptions of law have been observed in the proceedings before this Chamber.

Drafted by Magistrate León Feoli **WHEREAS** **I.-** The Executive Branch, through resolution R-110-2001-MINAE, at 8:00 on March 27, 2001, granted Messrs. Jorge Arturo Mora Álvarez and Rolando Marie Adams a concession for the exploitation of sand and gravel in the public domain channel of the Guácimo River for five years. This act was notified to them on April 2 following, a date on which the interested parties' technical consultant processed its registration before the National Mining Registry (hereinafter the Registry or RNM). It was also published in the official journal La Gaceta on May 2 of that year. On April 3, 2006, the plaintiffs requested from the Registry an extension of the concession term. The Directorate of Geology and Mines of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET), in resolution no. 1039 at 13:00 on September 13, 2006, declared the concession expired. For these purposes, it considered the provisions of Article 63 of the Mining Code (the Code or CM), concerning the extinction of permits and concessions, as well as that the request for extension was filed untimely, “…reason for which the concession was extinguished on April 2, 2006, without the concessionaire having processed the extension of validity before that (sic) date.” The Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, in resolution R-50-2010-MINAET, at 10:00 on February 10, 2010, rejected the appeal filed. Messrs. Mora Álvarez and Marie Adams sue the State. In this proceeding, after clarifying the claims in the preliminary hearing, the primary claim is the annulment, as illegal, of the act rejecting the extension of the concession and the authorization to continue with the activity. Subsidiarily, the payment of material and moral damage, claiming them together with the damages, even if the act is annulled and they are not permitted to continue with the activity. Also, accessorily, the payment of both costs. The State answered negatively and raised the preliminary defense of the existence of defects not opportunely corrected that prevent a ruling on the merits; as well as the exceptions of lack of right, lack of active and passive standing, and the defense of the victim's own fault. The Tribunal rejected the exceptions of lack of active and passive standing and the victim's own fault, raised by the State. It accepted that of lack of right, only insofar as the claims aimed at continuing to exploit the concession and that referring to indemnification for damages (daños y perjuicios) are inadmissible as premature. It annulled Resolution no. 1039. “...2) The competent bodies must resolve the request for an extension filed by the plaintiffs on June 3, 2006, in order to determine its appropriateness. For this purpose, it must be assessed that the term of validity of the concession runs from its registration in the National Mining Registry. Said request must be resolved within the timeframes established by the applicable regulations.” Costs were imposed on the State.

**II.-** The State’s representative appears before this Chamber. She begins her appeal with the plaintiffs' claims, once clarified and adjusted in the hearing. She then reproduces from the ruling the first two facts deemed proven and the two not demonstrated. Likewise, she transcribes part of the fifth Whereas, regarding the Tribunal’s analysis of the validity of the contested conduct. She provides as evidence for better judgment “and/or illustrative purposes regarding the act of registration that the A Quo deemed not demonstrated, a certified copy of the Registry book where the registration of Resolution No. R-110-2001-MINAE is recorded, the express acceptance of which was carried out by the interested parties on April 2, 2001, as also certified by the National Mining Registry in an attached document,…”. Based on the foregoing, she estimates it is demonstrated that the registration in the referenced registry was on April 2, 2001, and thus, the request for extension was untimely.

**III.-** The eventuality of incorporating evidence in cassation is expressly regulated by the Contentious-Administrative Procedure Code in two scenarios: 1) Documents that the parties may provide during the processing of the appeal “…which they swear they had no prior knowledge of, concerning new facts subsequent to the appealed judgment.” (canon 145, subsection 1). 2) That which is optional for the corresponding cassation instance (cardinal 148, subsection 1) ibidem). However, in this scenario, its incorporation depends solely and exclusively on the competent body, as it is a power granted to it for the purpose of clarifying any factual question it deems relevant, pertinent, and which cannot be deduced from the body of evidence offered. As has been reiterated, it is the judge's evidence and not the parties'; it is he who decides on its advisability and necessity; and it corresponds to a discretionary assessment, which he can dispense with without the need for an express resolution. Even omitting a pronouncement does not generate defenselessness, since there is no duty to gather or reject it, such that it is absolutely beyond control in this venue. Finally, it cannot be ignored that with this “it is not a matter of correcting the omissions, negligence, or carelessness of the parties regarding the evidentiary burden incumbent upon them, or of correcting deficiencies in defense techniques, given that under this hypothesis the equality between the litigants would be seriously injured and would compromise the impartiality of the adjudicator. Hence, when ordering it, the guarantee of defense in trial for each of those involved in the litigation must be respected. Thus, on the contrary, it must be introduced with the sole object of clarifying points of uncertainty or doubt that may arise after assessing the elements provided by the litigants.” (Decision of this Chamber no. 213-F-S1-2008 at 8:20 on March 25, 2008). In this case, it is clear that what is offered as evidence does not comply with the provisions of subsection 1) of precept 145 idem. It exceeds the limits of the norm, because what is certified is information existing from before the proceeding was filed. It does not refer to new facts subsequent to the appealed ruling. Nor is the substantial formality, of an imperative nature, of swearing not to have had prior knowledge fulfilled. For the foregoing, it should be rejected.

**Grounds for Violation of Substantive Norms.** **IV.-** First. She accuses an improper interpretation and application of numerals 14 and 91 of the C.M. Essentially, she affirms, the term of validity of the concession runs from the registration in the RNM, which in the particular case occurred on April 2, 2001 “…when the interested party expressly requested it.” She indicates that the Tribunal ignored this, even though the second of these norms is clear in stating that “…the act of requesting registration constitutes the acceptance, by the holder, of all the rights, obligations, and conditions with which they have been granted.” She continues, from that provision it follows that the interested party must necessarily petition the registration of their right for the administrative act to acquire efficacy, since with the express acceptance, as the article states, all rights and obligations pertaining to the concession are acquired. That request has constitutive effects in relation to the concession right, she affirms, as is derived from the cited norms, since when Resolution R-110-2001-MINAE acquired efficacy, with the express declaration of will by the interested party, as was deemed demonstrated, the Registry registers it with that date. She criticizes the Tribunal for interpreting and applying both provisions inadequately, by stating that it was not possible to determine the date of registration, she says, since according to the indicated numerals, “…from the moment the concessionaire acquires their rights as such, the resolution is registered in the respective book, that is, April 2, 2001.” She continues, it is clear that the Administration could not postpone the enjoyment of a concession right, consolidated with the holder's acceptance, alleging reasons of delay in the registration. It is for this reason, she notes, and with the aim of not causing any problem to the concessionaire, that the RNM registers the granting resolution with the date on which the interested party expressly makes the request. Such procedure by the Registry, she asserts, complies with the current regulations, since, she reiterates, from that moment the rights and obligations derived from said concession are acquired. Otherwise, she argues, the right of the administered party would be curtailed without any legal basis, by preventing them from enjoying a concession of which they are, in any case, already the holder. “…With the declaration of will by the plaintiffs, the Administration confirms the beginning of the legal relationship with the concessionaire and thus it is recorded in the book, from the date on which the interested party requests it; that is, for the specific case, April 2, 2001, as recorded on folio (sic) 80 of the administrative file.” She concludes, since the concession expired on April 2, 2006 and the request for extension was filed the following day, the Administration considered the untimeliness. Hence, she maintains, the extinction is a normal consequence of their non-compliance, by filing the request outside the corresponding term. In this case there exists a purely juridical error, known in doctrine as an “error juris in judicando”. Second. Although not precisely, she argues an improper evaluation of evidence. She says, despite a certified copy of the administrative file having been provided, the judgment deemed not demonstrated the date of registration of the concession in the RNM, against the evidence recorded on folio 80 of the administrative file. She points out that the foregoing relates to the first of the charges, since given the Tribunal’s confusion regarding the moment of said registration, the expectation arises that it acted subsequent to these effects. The request jointly entails the registration of the concession right, she reiterates, an act which is deduced from folio 80 of the administrative file. She indicates that the CM and its regulations are clear in stipulating that they are real rights, whose request has constitutive effects regarding that of the concession. She affirms that this is derived from the cited norms, because Resolution R-110-2001-MINAE acquired efficacy with the express acceptance by the interested parties. It is contradictory, she reproves, that on one hand the existence of an express declaration of will by the interested parties was deemed demonstrated, granting them the character of concessionaires with the corresponding rights and obligations, and on the other, it was deemed not demonstrated that the registration exists. If the latter were the case, she reproves, the plaintiffs' concession right would never have been born into legal life, which was not so, since for five years they exploited the pit in the public domain channel of the Guácimo River.

**V.-** The matter at hand concerns the request for an extension of a concession to exploit sand and gravel in a public domain channel, filed on April 3, 2006, which the Administration deemed untimely, considering that the concession had been extinguished due to expiration of the term. In both the act declaring this and in those resolving the appeals for reconsideration and review, the untimeliness was justified by considering the registration date of the resolution granting the concession to be the date of the request, namely, April 2, 2001. In this sense, it interpreted that the five-year term of the concession expired on that day and month in 2006. That is the line taken by the State's representation in the trial, who in closing arguments affirmed: “…but, articles 91 and 14 expressly establish for us that it is at the moment the person requests the concession that all rights and obligations begin” (Record from 11:53:18 to 11:53:31). For its part, the Tribunal noted deficiencies in the reasoning of the contested conduct, since, although it is stated that the concession was extinguished on April 2, 2006 “…the factual or legal reasons that support and allow arriving at that conclusion are never indicated.” It determines that the term of validity must be counted from when it begins to have effects and the concessionaire is in a position to use and dispose of the granted administrative real right, which occurs upon its registration in the Registry, as provided in articles 14 and 91 of the C.M. In that sense, it disagrees with the State's argument. It indicates that the request for registration processed by the concessionaire “…is, in reality, an act by which the latter manifests their will and accepts the granted rights and obligations. But this does not entail, in itself, its efficacy. That is why it is necessary for the concessionaire to request that the granted concession be registered so that, from that moment, it deploys all its effects.” Likewise, it indicated that since from the admitted documentary evidence it was not possible to determine the registration date, there was an impossibility to establish if the extension was requested before the expiration of the originally granted term. Hence, the invalidity it declares “…entails rolling back the proceeding to the prior stage or that in which the defect was established, which implies returning the proceeding to the review phase of the request for extension filed by the plaintiffs on April 3, 2006, in order to determine its appropriateness, for which purpose, the previously stated must be assessed.” **VI.-** Of interest to the grievances raised, the following must be specified: 1) The C.M., law no. 6797 of October 4, 1982, establishes that the exploitation concession is a limited real right (canon 12), and is understood to be acquired “…from the date on which the granting resolution is registered in the National Mining Registry. From then on, the original holder or their successor, as the case may be, shall be the possessor of their concessionaire rights…” (cardinal 14) (The underlining is not from the original). Precept 33, subsection a) authorizes an extension of the term. In another vein, in accordance with norm 36 ibidem, in the case of concessions for the exploitation of materials in public domain channels, “The MINAE may grant exploitation concessions […] for a maximum term of ten years, extendable for up to five years by duly reasoned resolution, in accordance with the procedure established in the Regulations of this Law. The term shall be counted from the approval of the respective environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental).” (The highlighting is supplied). It provides, among other causes for extinction, the expiration of the initial term or any of its extensions (numerals 62 and 63). Finally, provision 91, which reiterates the stipulations of Article 14, provides that exploitation concessions shall be understood as acquired “…from the date on which the resolution is registered in the National Mining Registry, at the request of the beneficiary. The act of requesting registration constitutes the acceptance, by the holder, of all the rights, obligations, and conditions with which they have been granted.” (The underlining is not from the original). Canon 109 regulates the registration of concessions in the RNM, an office that must maintain a book. Finally, cardinal 111 defines that the Regulations shall determine the registrations appropriate in each of the registries “…as well as the form, solemnities, and requirements thereof.” 2) The Regulations to the Code, Executive Decree No. 29300 of February 8, 2001, of interest, in articles 69, subsection a) and 70, establish that the concessionaire must request the registration of the resolution granting the concession in the respective book. For these purposes, they must carry out the formal request before the RNM within a period of 60 days, counted from the date they are notified of the resolution; otherwise, the request shall be deemed not filed, and the background documents shall be archived. Article 71 indicates that the act of requesting registration constitutes the acceptance, by the holder, of all the rights, obligations, and conditions with which the concession has been granted. Importantly, in the second paragraph, it is established that the exploitation concession shall be understood as acquired “…from the date on which the resolution is registered in the RNM book.” **VII.-** The crux of the matter under discussion centers, then, on determining the date when the resolution granting the concession was registered in the RNM, in order to clarify the expiration date of the term, and thus, whether the extension was timely processed. In this regard, the State’s representation is incorrect when it affirms that the Tribunal improperly interpreted and applied articles 14 and 91 of the CM and that fact deemed not proven no. 1 is contrary to the evidence in the record. Nor when, in their eagerness to clarify their position, they express that the ruling deemed “…as not demonstrated that the registration exists.”, given that, contrary to what is alleged, as the appellant herself acknowledges in other parts of the appeal, the fact not demonstrated was the date when the concession was registered. For this Chamber, both norms are clear and precise in their content, in that the concession is understood as acquired from the date the granting resolution is registered in the Registry, at the beneficiary's request. Interpreting that the registration date is that of the interested parties' request to the RNM not only exceeds the content of both regulations but also lacks legal and regulatory support. Therefore, we agree with the contested ruling when it notes deficiencies in the reasoning of the act. In the terms of the judgment “…Although it states that the concession was extinguished on April 2, 2006, the factual or legal reasons that support and allow arriving at that conclusion are never indicated.” By logical order, it is obvious that with the document visible on folio 80 of the administrative file, the registration date of the act granting it cannot be proven, because that request seeks such administrative action. The only thing it proves, based on the receipt stamp, is the date when it was processed before the Registry. On this point, the Tribunal correctly considered that the request for registration processed by the concessionaire is an act by which they manifest their will and accept the granted rights and obligations, this Chamber adds, but which in no way can substitute the material action to which the Administration is obliged, in this case the RNM, of registering the resolution granting it in the respective book. It is reiterated that any interpretation in that sense is contrary to law.

**VIII.-** By virtue of the foregoing, since the contested act determined, without any basis, that the concession is in effect for five years from April 2, 2001, and that therefore, the request for extension filed on April 3, 2006 is untimely, coupled with the fact that it is not possible to determine that first situation, the Tribunal acted correctly in ordering its annulment and that the request for extension be resolved anew, considering for that purpose that the term of validity of the concession runs from its registration in the respective Registry. Consequently, the appeal should be rejected, with its costs borne by the party who filed it (Article 150, subsection 3) of the CPCA).

**THEREFORE** The evidence for better judgment is rejected. The appeal is declared without merit, with its costs to be borne by the party who filed it.

Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández RMONGE Classification prepared by the FIRST CHAMBER of the Judicial Branch. Reproduction and/or onerous distribution prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 10:21:25.

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Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Concesión Subtemas:

Minería.

La concesión de explotación es un derecho real limitado. Se entiende adquirida desde la fecha en que se inscribe la resolución de otorgamiento en el libro respectivo del Registro Nacional Minero, a solicitud del beneficiario. El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones podrá otorgar concesiones de explotación de materiales en causes de dominio público por un plazo máximo de diez años, prorrogable hasta cinco años. Por otro lado, el acto de pedir la inscripción, constituye la aceptación por parte del titular, de todos los derechos, obligaciones y condiciones con que ha sido otorgada la concesión (ordinales 12, 14, 33.a, 36, 62, 63, 91, 109 y 111 del Código de Minería y 69.a, 70 y 71 de su Reglamento). En la especie, el Tribunal anula el acto impugnado, por falta de motivación -razones fácticas y jurídicas que sustenta la decisión- y ordena resolver de nuevo la solicitud de prórroga de la concesión de explotación de arena y grava en el cause del río Guácimo.

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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas:

Ofrecimiento de prueba.

El Código Procesal Contencioso dispone la posibilidad de incorporar prueba en casación en dos supuestos: 1) Documentos que pueden aportar las partes durante el trámite del recurso, que jure no haber conocido con anterioridad, sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida (canon 145.1) y 2) La que resulta potestativa -prueba para mejor proveer- para la instancia de casación que corresponda (cardinal 148.1). En este caso, la que se ofrece como prueba quebranta lo establecido en el canon 145.1, pues lo que se certifica es información existente desde antes de interpuesto el proceso. No está referida a hechos nuevos y posteriores al fallo recurrido. Incumple con la formalidad sustancial, de naturaleza imperativa, de jurar no haber conocido con anterioridad.

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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Prueba para mejor proveer Subtemas:

Facultad del juzgador.

Su incorporación depende única y exclusivamente del órgano competente, por tratarse de una facultad para aclarar alguna cuestión fáctica que considere relevante, pertinente y que no se logre colegir del acervo probatorio ofrecido. Es prueba del juez y no de las partes, quien decide su conveniencia y necesidad; corresponde a una valoración discrecional, de la que puede prescindir sin necesidad de que se resuelva expresamente. El omitir pronunciamiento no genera indefensión, pues no existe el deber de recabarla o rechazarla, por lo que es ajena al control de casación. Con esta no se trata de corregir las omisiones, negligencias o descuidos de las partes en cuanto a la carga probatoria que les incumbe o bien subsanar deficiencias en las técnicas de defensa (artículo 148.1 Código Procesal Contencioso Administrativo).

... Ver más *090019581027CA* Res. 000813-F-S1-2011 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas diez minutos del siete de julio de dos mil once.

Proceso de conocimiento, declarado de puro derecho, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por JORGE ARTURO MORA ÁLVAREZ y ROLANDO MYRIE ADAMS, ambos empresarios, vecinos de Limón, de estado civil no indicado; contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, Irene Bolaños Salas, casada, abogada, vecina de Cartago. Las personas físicas son mayores de edad.

RESULTANDO

1.- Con base en los hechos que expusieron y disposiciones legales que citaron, los actores formularon demanda a fin de que en sentencia se declare, según lo determinado en la audiencia preliminar: “Como pretensión principal se anule por ilegalidad el acto mediante el cual se rechazó la prórroga de la concesión, y se les autorice a los actores para continuar con la actividad que venían desarrollando en la concesión. / Como pretensiones subsidiarias el pago del daño material y el daño moral. La parte indica que pretende el pago de los daños y perjuicios, aún cuando se anule el acto y no se le permita continuar con la actividad de la concesión.” En el escrito de interposición de la demanda, también solicitaron: “Se condene al demandado, al pago de ambas costas, las costas personales y procesales derivadas de esta acción, el cual se liquidarían en su momento de conformidad con el procedimiento legal.” 2.- La representación estatal contestó negativamente la demanda y opuso la defensa previa de existencia de defectos no subsanados oportunamente que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo; así como las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, y la defensa de culpa de la víctima.

3.- La parte demandada expresó su negativa a conciliar, la cual se puso en conocimiento de los actores.

4.- La audiencia preliminar se efectuó a las 9 horas 25 minutos del 28 de abril de 2010, oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de las partes.

5.- El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, integrado por las juezas Cynthia Abarca Gómez, Marianella Álvarez Molina y el juez José Roberto Garita Navarro, en resolución no. 2111-2010 de las 16 horas del 1° de junio de 2010, resolvió: “Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, así como la defensa de culpa de la víctima alegados por la representación estatal. Se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho opuesta por el Estado únicamente en cuanto resultan improcedentes por prematuras, las pretensiones dirigidas a que se les permita seguir explotando la concesión y lo referido a la indemnización por daños y perjuicios. En lo demás se rechaza. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda en los siguientes términos, entendiéndose denegada en lo no concedido expresamente: 1) Por ser sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, se anula la resolución No. 1039, dictada a las 13 horas del 13 de setiembre de 2006, dictada por el Registro Nacional Minero de la Dirección de Geología y Minas. 2) Deberán los órganos competentes resolver sobre la solicitud de prórroga presentada por los demandantes el 3 de junio de 2006, a efectos de determinar su procedencia. Para ello, debe ponderarse que el plazo de vigencia de la concesión corre a partir de su inscripción en el Registro Nacional Minero. Dicha solicitud deberá resolverse dentro de los plazos que establece la normativa aplicable. 3) Se imponen ambas costas de este proceso al Estado.” 6.- El Estado formula recurso de casación.

7.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada León Feoli

CONSIDERANDO

I.- El Poder Ejecutivo, mediante resolución R-110-2001-MINAE, de las 8 horas del 27 de marzo de 2001, otorgó a los señores Jorge Arturo Mora Álvarez y Rolando Marie Adams, una concesión de explotación de arena y grava en cauce de dominio público del río Guácimo por cinco años. Ese acto les fue notificado el 2 de abril siguiente, fecha en que el consultor técnico de los interesados gestionó ante el Registro Nacional Minero (en adelante el Registro o RNM), su inscripción. También, se publicó en el diario oficial La Gaceta el 2 de mayo de ese año. El 3 de abril de 2006, los actores solicitaron al Registro la prórroga del plazo de la concesión. La Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), en resolución no. 1039 de las 13 horas del 13 de setiembre de 2006, declaró vencida de la concesión. A tales efectos consideró lo establecido en el artículo 63 del Código de Minería (el Código o CM), relativo a la extinción de los permisos y concesiones, así como que la solicitud de prórroga se presentó en forma extemporánea, “…razón por la que la concesión se extinguió el día 2 de abril del 2006, sin que anterior esa (sic) fecha el concesionario gestionara la prorroga (sic) de vigencia.” El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en resolución R-50-2010-MINAET, de las 10 horas del 10 de febrero de 2010, rechazó el recurso de apelación interpuesto. Los señores Mora Álvarez y Marie Adams, demandan al Estado. En este proceso, luego de aclararse las pretensiones en la audiencia preliminar, como principal, la nulidad por ilegal, del acto en que se rechazó la prórroga de la concesión y se les autorice continuar con la actividad. Subsidiariamente, el pago del daño material y moral, pretendiéndolos junto con los perjuicios, aún y cuando se anule el acto y no se les permita continuar con la actividad. También, de manera accesoria, el pago de ambas costas. El Estado contestó negativamente y opuso la defensa previa de existencia de defectos no subsanados oportunamente, que impiden verter pronunciamiento de fondo; así como las excepciones de falta de derecho, de legitimación activa y pasiva, y la defensa de culpa de la víctima. El Tribunal rechazó las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, y culpa de la víctima, opuestas por el Estado. Acogió la de falta de derecho, únicamente en cuanto resultan improcedentes por prematuras, las pretensiones tendentes a seguir explotando la concesión y lo referido a la indemnización por daños y perjuicios. Anuló la resolución no. 1039. “…2) Deberán los órganos competentes resolver sobre la solicitud de prórroga presentada por los demandantes el 3 de junio de 2006, a efectos de determinar su procedencia. Para ello, debe ponderarse que el plazo de vigencia de la concesión corre a partir de su inscripción en el Registro Nacional Minero. Dicha solicitud deberá resolverse dentro de los plazos que establece la normativa aplicable.” Las costas se las impuso al Estado.

II.- Acude ante esta Sala la representante estatal. Inicia su recurso con las pretensiones de los actores, una vez aclaradas y ajustadas en la audiencia. Luego, reproduce del fallo los dos primeros hechos tenidos por probados y los dos no demostrados. Asimismo, transcribe parte del considerando V, sobre el análisis del Tribunal respecto de la validez de la conducta impugnada. Aporta como prueba para mejor resolver “y/o efectos ilustrativos en cuanto el acto de inscripción que el A Quo tuvo como indemostrado, copia certificada del libro de Registro donde consta la inscripción de la resolución N° R-110-2001-MINAE, cuya aceptación manifiesta fue realizada por los interesados desde el 2 de abril del 2001, según certifica también el Registro Nacional Minero en documento adjunto,…”. Con base en lo anterior, estima, queda demostrado que la inscripción en el registro de referencia fue el 2 de abril del 2001, por ende, la solicitud de ampliación resultó extemporánea.

III.- La eventualidad de incorporar prueba en casación, está regulada expresamente por el Código Procesal Contencioso Administrativo en dos supuestos: 1) Documentos que pueden aportar las partes durante el trámite del recurso “…que jure no haber conocido con anterioridad, sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida.” (canon 145, inciso 1). 2) La que resulta potestativa para la instancia de casación que corresponda (cardinal 148, inciso 1) ibidem). Sin embargo, en este supuesto, su incorporación depende única y exclusivamente del órgano competente, por tratarse de una facultad que se le otorga con la finalidad de aclarar alguna cuestión fáctica que considere relevante, pertinente y que no se logre colegir del acervo probatorio ofrecido. Como se ha reiterado, es prueba del juez y no de las partes; es él quien decide su conveniencia y necesidad; y corresponde a una valoración discrecional, de la que puede prescindir sin necesidad de que se resuelva expresamente. Incluso, el omitir pronunciamiento no genera indefensión, pues no existe el deber de recabarla o rechazarla, de modo tal que es absolutamente ajena al control en esta sede. Finalmente, no puede desconocerse que con esta “no se trata de corregir las omisiones, negligencias o descuidos de las partes en cuanto a la carga probatoria que les incumbe o bien subsanar deficiencias en las técnicas de defensa, dado que en esta hipótesis se vería seriamente lesionada la igualdad entre los litigantes y comprometería la imparcialidad del juzgador. De ahí que al ordenarla, deba respetarse la garantía de defensa en juicio de cada uno de los involucrados en el litigio. Así, por el contrario, debe ser introducida con el único objeto de esclarecer puntos de incertidumbre o de duda que puedan surgir luego de ponderar los elementos aportados por los litigantes.” (Voto de esta Sala no. 213-F-S1-2008 de las 8 horas 20 minutos del 25 de marzo de 2008). En este caso, es claro que lo que se ofrece como prueba, no cumple con lo establecido en el inciso 1) del precepto 145 ídem. Excede los límites de la norma, pues lo que se certifica es información existente desde antes de interpuesto el proceso. No está referida a hechos nuevos y posteriores al fallo recurrido. Tampoco se cumple con la formalidad sustancial, de naturaleza imperativa, de jurar no haber conocido con anterioridad. Por lo anterior, procede rechazarla.

Motivos por violación de normas sustantivas.

IV.- Primero. Acusa indebida interpretación y aplicación de los numerales 14 y 91 del C.M. En lo medular, afirma, el plazo de vigencia de la concesión es a partir de la inscripción en el RNM, que en el caso particular ocurrió el 2 de abril de 2001 “…cuando la parte interesada de manera expresa lo solicitó.” Indica, eso lo desconoció el Tribunal, aún y cuando la segunda de las normas es clara en señalar que “…el acto de pedir la inscripción constituye la aceptación, por parte del titular, de todos los derechos, obligaciones y condiciones con que han sido otorgados”. Continúa, de esa disposición se desprende que el interesado debe necesariamente peticionar la inscripción de su derecho para que el acto administrativo adquiera eficacia, pues con la aceptación expresa, como lo señala el artículo, se adquieren todos los derechos y obligaciones atinentes a la concesión. Esa solicitud tiene efectos constitutivos en relación con el derecho de concesión, afirma, según se desprende de las normas citadas, toda vez que al adquirir eficacia la resolución R-110-2011-MINAE, con la manifestación expresa de voluntad de la parte interesada, según se tuvo por demostrado, el Registro la inscribe con esa fecha. Critica, el Tribunal interpreta y aplica inadecuadamente ambas disposiciones, al señalar que no fue posible determinar la fecha de inscripción, dice, ya que conforme a los numerales indicados, “…a partir del momento en que el concesionario adquiere sus derechos como tal, es que se registra en el libro respectivo la resolución, sea el 2 de abril del 2001.” Continúa, resulta claro que la Administración no podía postergar el goce de un derecho de concesión, consolidado con la aceptación del titular, aduciendo motivos de retraso en la inscripción. Es en razón de ello, apunta, y con el fin de no causar ningún problema al concesionario, que el RNM inscribe la resolución de otorgamiento con la fecha en que el interesado expresamente hace la solicitud. Tal proceder por parte del Registro, asevera, se ajusta a la normativa vigente, pues, reitera, a partir de ese momento adquiere los derechos y obligaciones derivados de dicha concesión. De otro modo, aduce, se le estaría coartando el derecho al administrado sin ningún fundamento jurídico, al impedírsele disfrutar de una concesión de la cual, de por sí, ya es titular. “…Con la manifestación de la voluntad de los actores, la Administración confirma el inicio de la relación jurídica con el concesionario y así queda plasmado en el libro, a partir de la fecha en que el interesado lo solicita; sea para el caso concreto, el 2 de abril del 2001, según consta a folio a folio (sic) 80 del expediente administrativo.” Finaliza, al vencer la concesión el 2 de abril de 2006 y presentarse la solicitud de ampliación al día siguiente, es que la Administración consideró la extemporaneidad. De ahí que, sostiene, la extinción es consecuencia normal de su incumplimiento, al presentar la solicitud fuera del plazo correspondiente. En el caso existe un error puramente jurídico, conocido en doctrina como un “error juris in judicando”. Segundo. Aunque no de manera precisa, arguye una indebida valoración de prueba. Dice, a pesar de haberse aportado copia certificada del expediente administrativo, en el fallo se tuvo por indemostrada la fecha de inscripción de la concesión en el RNM, en contra de la prueba que consta a folio 80 del expediente administrativo. Señala, lo anterior se relaciona con el primero de los cargos, pues al existir confusión del Tribunal en cuanto al momento de la referida inscripción, surge la expectativa de que se actuó posterior a esos efectos. La solicitud apareja de forma conjunta la inscripción del derecho de concesión, reitera, actuar que se desprende del folio 80 del expediente administrativo. Indica, el CM y su reglamento, son claros en estipular que se trata de derechos reales, cuya solicitud tiene efectos constitutivos respecto del de concesión. Afirma, eso se desprende de las normas citadas, pues la resolución R-110-2001-MINAE, adquirió eficacia con el aceptar expreso de los interesados. Resulta contradictorio, reprocha, que por una parte se tuviera por demostrada la existencia de una manifestación expresa de voluntad de los interesados, la cual les concede el carácter de concesionarios de los derechos y obligaciones correspondientes, y por otra, como indemostrado que la inscripción exista. De resultar lo último, reprocha, el derecho de concesión de los actores no habría nacido nunca a la vida jurídica, lo que no fue así, pues durante cinco años explotaron el tajo en el cauce de dominio público del río Guácimo.

V.- El subjúdice trata de la solicitud de prórroga de una concesión para explotar arena y grava en cauce de domino público, presentada el 3 de abril de 2006, que la Administración tuvo por extemporánea, al considerar que aquella se había extinguido por vencimiento del plazo. Tanto en el acto que así lo declara, cuanto en los que resuelven los recursos de revocatoria y de apelación, justificó la extemporaneidad, al considerar como fecha de inscripción de la resolución de otorgamiento de la concesión, la del día de la solicitud, a saber, el 2 de abril de 2001. En tal sentido, interpretó que el plazo de cinco años de la concesión, venció ese día y mes del año 2006. Esa es la línea de la representación estatal en juicio, quien en las conclusiones afirmó: “…pero, los artículos 91 y 14 expresamente nos establecen que es en el momento en que la persona pide la concesión, que empiezan todos los derechos y obligaciones” (Registro de las 11:53:18 a las 11:53:31). Por su parte, el Tribunal advierte falencias en la motivación de la conducta impugnada, toda vez que, aunque se señala que la concesión se extinguió el 2 de abril de 2006 “…nunca se indican las razones fácticas o jurídicas que sustentan y permiten arribar a esa conclusión.” Determina que el plazo de vigencia debe contarse a partir de que ésta empieza a surtir sus efectos y el concesionario esté en posibilidad de usar y disponer del derecho real administrativo concedido, lo que sucede a partir de su inscripción en el Registro, tal y como lo disponen los artículos 14 y 91 del C.M. En ese sentido, discrepa del argumento del Estado. Señala, la solicitud de inscripción que gestiona el concesionario “...es, en realidad, un acto mediante el cual éste manifiesta su voluntad y acepta los derechos y obligaciones concedidos. Pero ello no conlleva, persé, su eficacia. Es por ello que es necesario que el concesionario pida que la concesión concedida sea inscrita para que, a partir de ese momento, despliegue todos sus efectos.” Asimismo, indicó que como de la prueba documental admitida no resultó posible determinar la fecha de inscripción, había imposibilidad de establecer si la prórroga fue peticionada antes del vencimiento del plazo originalmente concedido. De ahí que la invalidez que declara “…conlleva retrotraer el procedimiento a la etapa previa o aquélla en la que se ha establecido el vicio, lo que supone la devolución del procedimiento a la fase de revisión de la solicitud de prórroga presentada por los accionantes el día 3 de abril de 2006, a efectos de que se determine su procedencia, para lo cual, ha de ponderarse lo anteriormente expuesto.” VI.- De interés a los agravios planteados, es necesario precisar lo siguiente: 1) El C.M., ley no. 6797 de 4 de octubre de 1982, establece que la concesión de explotación es un derecho real limitado (canon 12), y se entiende adquirido “…desde la fecha en que se inscriba la resolución de otorgamiento en el Registro Nacional Minero. Desde entonces, el titular originario o su sucesor, según el caso, será poseedor de su (sic) derechos de concesionario…” (cardinal 14) (El subrayado no es del original). El precepto 33, inciso a) autoriza una prórroga del plazo. En otro orden de ideas, de conformidad con la norma 36 ibidem, tratándose de concesiones de explotación de materiales en cauces de dominio público, “El MINAE podrá otorgar concesiones de explotación […] por un plazo máximo de diez años, prorrogable hasta cinco años mediante resolución debidamente fundamentada, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el Reglamento de esta Ley. El plazo se contará a partir de la aprobación del respectivo estudio de impacto ambiental.” (El destacado es suplido). Dispone entre otras causas de extinción, el vencimiento del plazo inicial o de cualquiera de sus prórrogas (numerales 62 y 63). Finalmente, la disposición 91, que reitera lo estipulado en el artículo 14, dispone que las concesiones de explotación se entenderán adquiridas “…desde la fecha en que se inscriba la resolución en el Registro Nacional Minero, a petición del beneficiario. El acto de pedir la inscripción constituye la aceptación, por parte del titular, de todos los derechos, obligaciones y condiciones con que han sido otorgadas.” (El subrayado no es del original). En el canon 109 se regula la inscripción de las concesiones en el RNM, dependencia que debe llevar un libro. Finalmente, el cardinal 111 define que el Reglamento determinará las inscripciones que proceda en cada uno de los registros “…así como la forma, solemnidades y requisitos de las mismas.”. 2) El Reglamento al Código, Decreto Ejecutivo no. 29300 de 8 de febrero de 2001, de interés, en los artículos 69, inciso a) y 70, establece que el concesionario debe solicitar la inscripción en el libro respectivo, de la resolución de otorgamiento de la concesión. A tales efectos, deberá realizarla formalmente ante el RNM dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha cuando se le notifica la resolución, caso contrario, la solicitud se tendrá por no presentada y los antecedentes serán archivados. El artículo 71 indica que el acto de pedir la inscripción, constituye la aceptación por parte del titular, de todos los derechos, obligaciones y condiciones con que ha sido otorgada la concesión. De importancia, en el párrafo segundo, se establece que la concesión de explotación se entenderá adquirida “…desde la fecha en que se inscribe la resolución en el libro del RNM.” VII.- El eje de lo que se discute se centra entonces en determinar la fecha cuando se inscribió en el RNM la resolución que otorgó la concesión, para tener claridad de la fecha de vencimiento del plazo, y por ende, si la prórroga se gestionó en tiempo. En tal sentido, no lleva razón la representación estatal cuando afirma que el Tribunal interpretó y aplicó indebidamente los artículos 14 y 91 del CM y que el hecho tenido por no probado no. 1, resulta contrario a la prueba que consta en el proceso. Tampoco cuando con el afán de precisar su posición, expresa que el fallo tuvo “…como indemostrado que la inscripción exista.”, toda vez que, contrario a lo alegado, tal y como lo reconoce en otras partes del recurso, el hecho no demostrado fue la fecha cuando se inscribió la concesión. Para esta Sala ambas normas son claras y precisas en su contenido, en cuanto a que la concesión se entiende adquirida desde la fecha en que se inscribe la resolución de otorgamiento en el Registro, a solicitud del beneficiario. Interpretar que la fecha de inscripción es la de la solicitud de los interesados al RNM, no solo excede el contenido de ambas regulaciones, sino que además carece de sustento legal y reglamentario. Por ello, se concuerda con el fallo impugnado, cuando advierte falencias en la motivación del acto. En los términos de la sentencia “…Aunque señala que la concesión se extinguió el 2 de abril de 2006, nunca se indican las razones fácticas o jurídicas que sustentan y permiten arribar a esa conclusión.” Por un orden lógico, resulta obvio que con el documento visible a folio 80 del expediente administrativo, no se puede probar la fecha de inscripción del acto que la otorgó, porque con esa solicitud se procura tal actuación administrativa. Lo único que prueba, a partir del sello de recibido, es la fecha cuando se gestionó ante el Registro. Sobre el particular, bien consideró el Tribunal en cuanto a que la solicitud de inscripción que gestiona el concesionario, es un acto mediante el cual manifiesta su voluntad y acepta los derechos y obligaciones concedidos, agrega esta Sala, pero que de ningún modo puede sustituir la actuación material a que está obligada la Administración, en este caso el RNM, de inscribir en el libro respectivo la resolución que la otorga. Se reitera, cualquier interpretación en ese sentido resulta contraria a la ley.

VIII.- En mérito de lo expuesto, al determinar el acto impugnado, sin fundamento alguno, que la concesión rige por cinco años a partir del 2 de junio de 2001, y que por tal, la solicitud de prórroga planteada el 3 de junio de 2006 resulta extemporánea, unido a que no es posible determinar aquella primera situación, bien hizo el Tribunal en ordenar su nulidad y que se resuelva de nuevo la solicitud de prórroga, considerando para tal efecto, que el plazo de vigencia de la concesión corre a partir de su inscripción en el Registro respectivo. En consecuencia, procede rechazar el recurso, con sus costas a cargo de quien lo interpuso (artículo 150 inciso 3) del CPCA).

POR TANTO

Se rechaza la prueba para mejor resolver. Se declara sin lugar el recurso con sus costas a cargo de quien lo interpuso.

Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández RMONGE Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Código de Minería, Ley 6797 Art. 14
    • Código de Minería, Ley 6797 Art. 91
    • Código de Minería, Ley 6797 Art. 63
    • Código Procesal Contencioso Administrativo Art. 145.1
    • Código Procesal Contencioso Administrativo Art. 148.1

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