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Res. 00090-2011 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 03/02/2011
OutcomeResultado
The First Chamber denied the cassation appeal, upholding the ruling that dismissed the annulment suit against the precautionary suspension and subsequent cancellation of the mining concession, as they were grounded on environmental risk and the precautionary principle.La Sala Primera declaró sin lugar el recurso de casación, confirmando la sentencia que rechazó la demanda de nulidad contra la suspensión cautelar y posterior cancelación de la concesión minera, por estar fundadas en riesgo ambiental y el principio precautorio.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court hears a cassation appeal filed by several companies of the Pedregal Group against a ruling of the Contentious-Administrative Court that dismissed their suit for annulment of administrative acts of the Directorate of Geology and Mines (DGM) and the Ministry of Environment and Energy (MINAE). Those acts had provisionally suspended rock extraction and processing activities, and subsequently cancelled the mining concession, due to the discovery of a new outcrop of the Colima Superior aquifer in the exploitation area, posing risks to the water resource. The Chamber upholds the appealed ruling. It holds that the precautionary measure of total suspension of activities was justified by the danger to the aquifer and the environment, based on the precautionary principle and in dubio pro natura, enshrined in Article 50 of the Constitution, the Biodiversity Law, and the Rio Declaration. It also validates the cancellation of the concession for breach of the legal and environmental obligations of the concessionaire, set out in Articles 34, 67, 101, and 102 of the Mining Code. It rejects the claims of lack of grounds, violation of due process, disproportionality, and atypicality of the conduct. It orders the appellant to pay the costs.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoce un recurso de casación interpuesto por varias empresas del Grupo Pedregal contra sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que declaró sin lugar su demanda de nulidad de actos administrativos de la Dirección de Geología y Minas (DGM) y el MINAE. Dichos actos suspendieron cautelarmente las labores de extracción y procesamiento de rocas, y posteriormente cancelaron la concesión minera, por haberse detectado un nuevo afloramiento del acuífero Colima Superior en la zona de explotación, con riesgos para el recurso hídrico. La Sala confirma la sentencia impugnada. Considera que la medida cautelar de suspensión total de actividades estuvo justificada por el peligro al acuífero y al ambiente, con fundamento en el principio precautorio y el in dubio pro natura, previstos en el artículo 50 constitucional, la Ley de Biodiversidad y la Declaración de Río. Asimismo, valida la cancelación de la concesión por incumplimiento de las obligaciones legales y ambientales del concesionario, previstas en los artículos 34, 67, 101 y 102 del Código de Minería. Rechaza las alegaciones de falta de motivo, violación al debido proceso, desproporcionalidad y atipicidad de la conducta. Impone las costas al recurrente.
Key excerptExtracto clave
The appealed judgment refers to other precedents of the Constitutional Chamber (votes no. 1250-99, 9773-00, 1711-01, 3880-03, 6322-03, 1923-2004) to justify that, in this specific case, the precautionary measure taken by the Administration is not tainted by absolute nullity. This is because, under the precautionary principle and in dubio pro natura, the State may adopt anticipatory actions necessary to protect and preserve the environment and people's health when there is a risk of harm to them. In this regard, the judges are correct, since, in fact, the report provided by SETENA details not only the presence of environmental damage in the protection zone of the Virilla River, due to vegetation removal, disregard of the 50-meter strip along the river that prevented natural recovery or reforestation, and sediment and hydrocarbon drag that altered its physicochemical qualities. It also refers to groundwater, due to the exposure of the Colima Superior Aquifer, classified as irreversible damage to the environment due to the impossibility of returning it to its original or previous state. In addition to damage to the landscape and public health that are also reported.En la sentencia impugnada, se hace alusión a otros antecedentes de la Sala Constitucional (votos nos. 1250-99, 9773-00, 1711-01, 3880,03, 6322-03, 1923-2004), para justificar que, en el caso concreto, la medida cautelar tomada por la Administración, no está afecta de nulidad absoluta. Ello, por cuanto con el principio precautorio y en in dubio pro natura, el Estado puede adoptar acciones anticipadas, necesarias para proteger y conservar el ambiente y la salud de las personas, cuando exista riesgo de afectación para aquellos. En esta virtud, llevan razón los juzgadores pues, en efecto, el informe suministrado por SETENA, detalla no solo la presencia de daños ambientales en la zona de protección de río Virilla, por removerse vegetación, irrespeto a la franja de 50 metros a lo largo que impidió recuperarse naturalmente o por reforestación, arrastres de sedimentos e hidrocarburos que alteraron sus calidades fisicoquímicas. También, referentes a las aguas subterráneas, por exposición del acuífero Colima Superior, calificado como daño irreversible al medio ambiente, por la imposibilidad de volver al estado inicial o anterior. Aparte de daños al paisaje y a la salud pública que también se informan.
Pull quotesCitas destacadas
"La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas."
"Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and proper management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health."
Considerando V
"La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas."
Considerando V
"Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente."
"Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation."
Considerando V, citando Declaración de Río
"Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente."
Considerando V, citando Declaración de Río
"Para el caso de aguas subterráneas contenidas en mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de in dubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta... los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo..."
"In the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary principle or in dubio pro natura means that when there are no studies or reports carried out in accordance with the unambiguous rules and exact application of science and technology that allow reaching a state of absolute certainty... central and decentralized administrative entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modified application, and must suspend those underway until the state of doubt is resolved..."
Considerando V, citando Sala Constitucional voto 3480-03
"Para el caso de aguas subterráneas contenidas en mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de in dubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta... los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo..."
Considerando V, citando Sala Constitucional voto 3480-03
"Frente al concesionario incumpliente de las previsiones... determinándose riesgos al medio ambiente con motivo del despliegue de los derechos derivados de la concesión que contraríen esos requerimientos, el Estado está en la potestad de cancelarla."
"Faced with a concessionaire who fails to comply with the provisions... and where risks to the environment are determined as a result of exercising the rights derived from the concession in contravention of those requirements, the State has the authority to cancel it."
Considerando VIII
"Frente al concesionario incumpliente de las previsiones... determinándose riesgos al medio ambiente con motivo del despliegue de los derechos derivados de la concesión que contraríen esos requerimientos, el Estado está en la potestad de cancelarla."
Considerando VIII
Full documentDocumento completo
First Chamber of the Court Date of Resolution: February 3, 2011 at 08:50 Case File: 02-000718-0161-CA Analyzed by: SALA PRIMERA Judgment with separate note Related Judgments Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Damage Subtopics:
Environmental damage.
In this case, the Chamber deems the decreed precautionary measure viable and appropriate, given the existence of environmental damage or a negative environmental impact, aggravated by the fact that the aquifer outcrop is at risk.
Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Concession Subtopics:
Revocation for non-compliance.
In the face of a concessionaire that fails to comply with the provisions of Articles 34, 67, 101 and 102 of the Mining Code, and where risks to the environment are determined as a result of the exercise of the rights derived from the concession that contravene those requirements, the State has the power to cancel it.
Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Precautionary measure Subtopics:
Environmental damage.
Competence of the Dirección de Geología y Minas to adopt administrative acts aimed at protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment. In accordance with Article 50 of the Political Constitution, it allows for the issuance of precautionary measures, based on the precautionary principle or in dubio pro natura, from section 15 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development and Articles 11 and 45 of the Biodiversity Law, 1 of the General Drinking Water Law; 1 of the General Health Law, 93, 97, 98 and 102 of the Mining Code. In this case, the precautionary measure that suspends rock extraction and processing work is challenged; as well as the order that suspends the functions and extinguishes the concession. All of this, related to an aquifer, on the banks of the Virilla River.
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Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Environment Subtopics:
Concept and scope.
Competence of the Dirección de Geología y Minas to adopt administrative acts aimed at protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment. In accordance with Article 50 of the Political Constitution, it allows for the issuance of precautionary measures, based on the precautionary principle or in dubio pro natura, from section 15 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development and Articles 11 and 45 of the Biodiversity Law, 1 of the General Drinking Water Law; 1 of the General Health Law, 93, 97, 98 and 102 of the Mining Code. In this case, the precautionary measure that suspends rock extraction and processing work is challenged; as well as the order that suspends the functions and extinguishes the concession. All of this, related to an aquifer, on the banks of the Virilla River.
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Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Precautionary principle or principle of prudent avoidance Subtopics:
Concept and scope.
With the precautionary principle and in dubio pro natura, the State can adopt anticipatory actions—a preventive criterion—necessary to protect and conserve the environment and people's health, when there is a risk of impact to them. Therefore, this principle operates on the basis of situations of doubt, risk, danger, or events that compromise the environmental surroundings.
*020007180161CA* Res. 000090-F-S1-2011 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eight fifty on February third, two thousand eleven.
Process—special mining—established in the Administrative Litigation Court, Second Section, by PRODUCTOS PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, ASFALTOS PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, BLOQUES PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CONCRETOS PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CONSTRUCTORA PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CORPORACIÓN PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, QUEBRADORES PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, TRANSPORTES PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA and SERVICIOS Y ACARREOS BELÉN SOCIEDAD ANÓNIMA, all represented by their general agents with unlimited sum Rafael Ángel and Alejandro, both Zamora Fernández, businesspersons; against the STATE, represented by the procurator Julio Jurado Fernández, resident of San José. All are of legal age and, with the exceptions noted, married, attorneys, and residents of Heredia.
WHEREAS
1.- Based on the facts stated and legal provisions cited, the plaintiff established a process—special mining—whose value was set as inestimable, so that the judgment declares: “a.- The challenged resolutions be annulled, due to their manifest infringement of the Administrative Legal System, as well as any other administrative act or material action, derived from or in connection with them; b.- The individualized legal situation of the plaintiff, Productos Pedregal, s.a. (sic) as concessionaire be recognized under the terms originally defined by the resolution mentioned in fact 7 of this complaint; c.- The indemnification for damages and losses that the resolutions caused to the plaintiffs be ordered, in the terms liquidated in this complaint or those proven in the evidentiary phase; d.- The State be condemned to pay both legal costs.” 2.- The state representative answered negatively and raised the defenses of lack of expiry, lack of right, and lack of active standing.
3.- The Administrative Litigation Court, Ninth Section, composed of Judge Sandra Quesada Vargas and Judges Eduardo González Segura and Francisco Jiménez Villegas, in judgment no. 53-2009 at 15:20 on June 30, 2009, ordered: “The defense of lack of active standing is upheld in relation to the companies Asfaltos Pedregal S.A., Bloques Pedregal S.A., Concreto Pedregal S.A., Constructora Pedregal S.A., Corporación Pedregal S.A., Quebradores Pedregal S.A., Transportes Pedregal S.A. and Servicios y Acarreos Belén S.A.. The defense of lack of right is upheld in relation to Productos Pedregal S.A.. Consequently, the complaint is declared without merit in all its aspects. Both legal costs of this action are charged to the plaintiffs.” 4.- The legal representative of the defendant party files a cassation appeal.
5.- In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of law have been observed.
Drafted by the Magistrate Anabelle León Feoli
CONSIDERING
I.- The companies Productos Pedregal S.A., Asfaltos Pedregal S.A., Bloques Pedregal S.A., Concretos Pedregal S.A., Constructora Pedregal S.A., Corporación Pedregal S.A., Quebradores Pedregal S.A., Transportes Pedregal S.A., Servicios y Acarreos Belén S.A., sue the State so that the judgment annuls resolutions nos. 590 at 15:30 on August 3, 2001, 077 at 9:00 on January 28, 2002, 784 at 9:40 on October 16, 2001, 451 at 13:10 on July 16, 2002, 482 at 11:00 on July 31, 2002, of the Dirección de Geología y Minas (DGM hereinafter), Registro Nacional Minero; nos. R-234-2002-MINAE at 10:00 on April 29, 2002 and R-388-2002-MINAE at 9:40 on September 19, 2002, these last two from the Minister of Environment and Energy. Additionally, that the individualized legal situation of Productos Pedregal, S.A., be recognized, “…as concessionaire under the terms originally defined by the resolution mentioned in fact 7 of this complaint”. That the indemnification for damages and losses that the resolutions caused to the co-plaintiffs be ordered, “…in the terms liquidated in this complaint or those proven in the evidentiary phase” and that the State be imposed payment of both legal costs of the process. In essence, a precautionary measure that suspended the work of extracting and processing rocks is challenged; also, the order that suspended the functions and extinguished the respective concession. All of this, related to the Colima Superior aquifer, on the banks of the Virilla River. The Procuraduría General de la República raised the defenses of expiry regarding resolution no. 590 and lack of right. Also, regarding the companies Asfaltos Pedregal S.A., Bloques Pedregal S.A., Concretos Pedregal S.A., Constructora Pedregal S.A., Corporación Pedregal S.A., Quebradores Pedregal S.A., Transportes Pedregal S.A., Servicios y Acarreos Belén S.A., the defense of lack of active standing. Of the defenses raised, the Court upheld the lack of right regarding Productos Pedregal S.A. and the lack of active standing regarding the other companies. It declared the complaint without merit in all its aspects, with both legal costs charged to the plaintiffs.
II.- The legal representative of the co-plaintiffs files a cassation appeal. He states that the Court, in summary, rejects the complaint for lack of information regarding the certainty that the continuation of his clients' works would not affect the Colima aquifer, setting aside suitable evidence to prove the contrary. He divides the criticisms into three broad themes, composed of several grievances. First: “I.- REGARDING THE UPHOLDING OF THE DEFENSE OF LACK OF RIGHT”. In this section, he highlights: “1.- LACK OF GROUNDS FOR RESOLUTION No. 590 OF THE DGM”, where he states that for the adjudicators, the cited resolution had sufficient and legitimate grounds. He rooted this in the result of the field inspection in the concession area of Productos Pedregal S.A., finding irregularities that could endanger the Colima Superior aquifer, so upon being warned, a precautionary measure for environmental protection was issued. He transcribes part of the respective Considering clause, where, in his view, the Sentencing Body founded what was just established and considered that in the concession area, a new outcrop of the aquifer was verified, which, in itself, justified the measure of paralyzing activities to protect the water resource. Especially, dealing with groundwater, whose eventual contamination would put at risk its future use for supplying the inhabitants. Also, he explains, the Court reasoned on the basis of a lack of scientific information to weigh the greater or lesser vulnerability of that aquifer, in the face of the mining activity deployed in the zone, which was not refuted by the testimonial evidence of the plaintiff. It is indicated in the challenged judgment, he argues, that it would be pointless to analyze if, in accordance with Article 9 of the Water Law, the outcrop of an aquifer due to mining exploitation is or is not an expected and legally admissible impact, since even if that argument were accepted, it does not mean that the State and its public entities cannot or should not exercise their powers at any time, to protect and conserve the water resource, especially when dealing with a risk situation. By parity of reasoning, the attempt to attack the challenged precautionary measure is also not accepted, arguing that despite inspections by the DGM, Acueductos y Alcantarillados and Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), the co-plaintiffs were never warned about the need to maintain protection areas under Article 33 of the Forestry Law. This is because, by basic and constitutional principle, no one can claim ignorance of the law and, in any case, if those authorities incurred in eventual omissions in the exercise of their competencies, that is not subject to debate according to the claims made, besides the fact that the Administration is not called to intervene only once, but as many times as necessary for the safeguarding of public interests. From the foregoing, he states, an indirect violation is incurred, due to error of law, of Articles 369, 370 of the Civil Procedure Code; 103 of the Regulatory Law of the Administrative Litigation Jurisdiction (LRJCA hereinafter), by disregarding official letter DGM-DC-803-2001, the expert hydrogeology opinion, the testimony-expert opinion of Dr. Allan Astorga Gatgens, official letter DGM-OD-198-2001 and the administrative case file. In the first official letter, he highlights, it is mentioned that the work in the western sector of the quarry, which was where the exploitation front was located at the time, did not compromise the Colima aquifer. This justified, he alleges, a less burdensome precautionary measure than the one adopted by the DGM and determines that there was no absence of technical and scientific information to evaluate the vulnerability of the related aquifer, which the judges cite to reject the plaintiff's allegations. To the citation of violated provisions, he adds precept 401 of the Civil Procedure Code. In his judgment, as he says is stated on folio 1748, the hydrogeology expert stated, among other things, that “…it was possible for the rock material extraction plant El Pedregal to remain in operation, while applying the recommendations and protection measures stated in Resolution 590-200 –sic-, and while the proposed new studies were carried out…”. He accuses that this statement reveals that there was no reason to justify the total and absolute paralysis of the extractive work, but it was ignored in the judgment. Furthermore, he states, Articles 133.1 and 166 of the General Law of Public Administration (LGAP) were violated, insofar as the claimed nullity was not decreed, despite it being demonstrated that the ground considered in resolution no. 590 did not exist, as was taken into account to dictate the act, i.e., the total suspension of the extractive and beneficiation activities of the company Productos Pedregal S.A. On the other hand, he asserts, in the statement on folios 858 and 859, of the testifying-expert Dr. Allan Astorga Gatgens, it is expressed: “Regarding the abrupt suspension of the concession, another measure could have been taken, an effect could be given according to the social aspect…; now, a detailed study from the geological or hydrogeological point of view was not required to conclude that there were areas of the project that could continue to be exploited, without meaning a risk to the environment and groundwater; the suspension of the activity was severe… It was possible for the year in which resolution 590 was dictated, for exploitation to take place in other areas, since in the western sector of the quarry there is a large amount of rocks that can be exploited, and that due to their geological condition could not generate any impact. At the time resolution 590 was dictated, the only thing available was the exploitation plan in the possession of the mining and geology directorate, and direct observation of the quarry”. He also indicates that he detailed the non-existence of environmental damage and invasion of the protective zone of the Virilla River, contrary to what was stated in resolution no. 590 and distinguishes between the concepts of “environmental damage” and “environmental impact”, adding, on folio 857, that the existence of the former is ruled out, as a result of the outcrop that arose in the eastern sector of the concession. In this regard, he said: “…When I analyzed this resolution of suspension, I had the impression that the error was made of qualifying it a priori as environmental damage, and that the assessments made a posteriori were aimed at validating that it was damage, and not at demonstrating whether it really was or not, and that meant that a methodology to determine whether it was damage or not was not applied”. He also points out that the deponent stated, regarding the imputation of environmental damage for invading the protective zone of the Virilla River, that it is not possible to qualify that factual situation as damage, insofar as the definition of that area derives from legislation subsequent to the start of the extractive activity and, additionally, because when the environmental authorization was granted in 1983, the site already had a topography like the current one, that is, the right bank (margen) of the Virilla River differs from the left bank (margen) which has an abrupt topography and forest. Thus, he said: “…pointing out that there is environmental damage loses consistency, especially if it is determined that for the year 83 that protection area was affected. Before 83 that part of the quarry functioned as a source of mineral material extraction, for an undefined period”. Concerning the alleged environmental damage due to the outcrop in the eastern sector, on which the judgment centers the rejection of the complaint, it is mentioned that the expert said, “…neither do I interpret that there is environmental damage… I state that the net environmental effect towards the environment, under those conditions is practically nil…”. The Court, he argues, ignored the described statements, when in reality there is sufficient evidence, factual and technical, for having authorized the partial continuity of the extractive activities. Rather, it took a statement from the testifying expert out of context, violating Articles 330, 351 and 401 of the Civil Procedure Code; 133.1 and 166 of the LGAP. By not considering that evidence in the distinction between environmental damage and negative environmental impact, he insists, it violated cardinal rules 3.26 and 3.44 of Decreto Ejecutivo no. 31849 or General Regulation on Environmental Assessment Procedures. From this comes the distinction that evidences the lack of grounds for pronouncement no. 590, insofar as it attributes environmental damages to the co-plaintiffs, when in reality, they were negative environmental impacts, subject to a different legal treatment. Regarding the error of law he accuses in the assessment of official letter DGM-OD-198-2001, he points out that it states that “…due to the age of the exploitation there is no river protection zone, since everything was exploited and the cover (cobertura) eliminated”. This consideration, he explains, confirms the opinion of Dr. Astorga, but the judgment ignores that document, which proves the absence of environmental damage from the alleged invasion in the protected zone of the Virilla River, violating precepts 369, 370 of the Civil Procedure Code; 103 of the LRJCA; 133.1 and 166 of the LGAP, by not considering the lack of grounds of resolution no. 590 as proven, regarding the imputation of environmental damage for invading the protected zone of the Virilla River. Also, canon 33 of the Forestry Law is violated, because due to the special nature of that terrain, its topography and mining aptitude, that area was not invaded, since it did not exist at the time of concession. Finally, regarding the error of law in the administrative case file, he states that the conditions under which the concession was granted to Productos Pedregal S.A. are recorded there, and that beforehand, the Administration knew that it was requested to exploit a non-metallic mineral resource (rocks), located in a discharge zone of the Colima aquifer. For that reason, he indicates, hydrogeological studies were ordered to define the minimum extraction elevation (cota mínima de la extracción). In that case file it is also recorded, he adds, that in 1991 an outcrop of water occurred, similar to the one that caught the Court's attention and led it to rule as it did. Despite that event, he continues, it was not ordered to suspend work nor was the commission of environmental damage attributed. Rather, it was brokered so that the concessionaire and Acueductos y Alcantarillados could reach an agreement that would allow it to take advantage of the water released by the extraction work for the public interest, as indeed happened for more than 10 years, but the Court did not consider it. On the contrary, he adduces, it ignored all that evidentiary evidence, based on public documents that prove a very different course of action between one event and another, despite their similarity. He explains that in both cases, the outcrop occurred even though it was above the minimum extraction elevation (cota mínima) established by the DGM. Therefore, the administrative case file and the factual and technical background were not appreciated comprehensively, which was sufficient for a less burdensome measure than the one adopted in resolution no. 590 to have been considered. He reiterates, in this sense, the violation of Articles 330, 369, 370 of the Civil Procedure Code; 103 of the LRJCA; 133.1 and 166 of the LGAP. According to his argument, the lack of grounds and the existence of information that could exclude the risk of environmental damage, despite the partial continuity of the extractive activities, are demonstrated with all that documentation that was disregarded, as a result of the partial appreciation made of the evidence. “2.- REGARDING THE APPLICATION OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN THE SPECIFIC CASE”, he adduces direct violation of that axiom and of precepts 11 of the Biodiversity Law and 15 of the Rio Declaration. He transcribes part of the challenged judgment and indicates that, contrary to what is stated there, the methodology to be followed to apply the precautionary principle or risk measurement and cost-benefit assessment of the precautionary action is required rather in a context where there is insufficient scientific evidence of the effects on health or the environment, of a particular product or activity. The Constitutional Chamber understood it this way, as have pronouncements of international entities, he refers. However, he alleges, for the Court, the methodology required to adopt precautionary measures is only required in cases where there is scientific certainty about the impact that the product or human activity can cause. With this, he asserts, it incurs an improper interpretation of those norms, since it finds no support in the related principle for the precautionary measure contained in resolution no. 590. He also attributes error of law in the appreciation of the SETENA report of December 17, 2001, which, in his judgment, was over-dimensioned in its evidentiary value, incurring a breach of the recently mentioned precepts and of cardinal rules 369, 370 of the Civil Procedure Code; 103 of the LRJCA. Concerning that study, he censures, the Deciding Body considered that the content confirms that the precautionary measure was lawful, as it reflects the existence of a series of damages and possible environmental damages, in the concession area. Additionally, that it was prepared after the inspection carried out by the officials of Geología y Minas, from which the thesis is reinforced that at that time it was not possible to rule out, with absolute certainty, that the exploitation activity affected the environment, above all, the Colima aquifer. That thesis has no valid support, he emphasizes, because the report, rendered outside the process, without adversarial proceedings nor based on an objective methodology, only seems to prove the existence of alleged damages caused by the co-plaintiffs. But it does not contain any assessment, neither qualitative nor quantitative, of the environmental effects of the project. It does not even use the already mentioned methodology, which SETENA officially has, to assess the importance of the environmental impact. Therefore, it should not be considered an assessment of damage to the environment, but rather an identification or characterization of the environmental effects that the project has produced. Neither has a procedure for identifying environmental harm been officially published, he adds, much less for measuring, evaluating, or valuing them. Therefore, it should not be considered as proven that it was not possible to rule out, with absolute certainty, that the exploitation activity affected the environment. Thus, he mentions, resolution no. 590 illegitimately decided a priori that damage existed. It then instructs SETENA to determine and quantify it; but the arguments it issued, like those of the DGM, do not refer to the existence or non-existence of the “…absolute certainty that the exploitation activity affected the environment”. Nor does it refer to whether or not the universally admitted methodology for applying the precautionary principle was followed, i.e., the prior measurement of risk and assessment of cost-benefit. “3.- CONSIDERATION OF THE PRINCIPLE OF REASONABLENESS AND PROPORTIONALITY IN THE SPECIFIC CASE”. In his opinion, the Court basically dismisses the alleged violation of these principles, for the same reasons it considered to reject the defect of absolute nullity of resolution no. 590. Fundamentally, he points out, that Chamber considered that due to the lack of technical and scientific data, it was ordered to suspend work on all exploitation fronts. Therefore, the weighing that the co-plaintiffs find missing was not required, he asserts, regarding defining as an alternative suspending exploitation only in the zones where risk existed, given that the level of vulnerability presented by the water resource was unknown, in relation to the state and progress of the surface subject to the extraction process. For that reason, it considered that the measure was indeed necessary and suitable, since at the time it was taken, there were no other mechanisms that in better form would solve the need to protect the aquifer. Additionally, in the Court's opinion, he adduces, it was proportionate, in attention to the new outcrop, thus reflecting the vulnerability of that water resource, regarding the mining works being deployed in the zone, evidencing the danger of becoming contaminated with substances produced as a consequence of the extraction and processing of materials. Those considerations that are issued in the challenged judgment, he censures, entail an error of law regarding official letter DGM-DC-803-2001 of August 3, 2001 and the expert opinion of the hydrogeology expert, who on folio 1748 stated: “It is the opinion of this expert that, based on the opinions of the Ministry of Health, and through the execution of immediate hydrogeological studies, it was possible for the rock material extraction plant El Pedregal to remain in operation, while applying the recommendations and protection measures stated in Resolution 590-200 –sic- and while the proposed new studies were carried out…”. These data, he states, were ignored in the judgment. They confirm that there were technical and factual considerations that allowed that, at the time resolution no. 590 was dictated, a less burdensome precautionary limitation could have been imposed; that is, there was no reason to totally paralyze the work. Thus, Articles 330, 401 of the Civil Procedure Code were violated; 132.2, 133.2 and 166 of the LGAP, he denounces, by requiring that the content of the act be proportionate to the legal purpose, that the Administration maintain proportion between the ground and the content, and by sanctioning with absolute nullity the real or legal absence of any of those elements. An error was also made in assessing the testimony-expert opinion of Dr. Allan Astorga Gatgens, since as explained, he declared that there was indeed a possibility of adopting a less severe measure for the concessionaire, without thereby leaving the water resource unprotected. “4.- OF THE ALLEGED VIOLATION OF DUE PROCESS”. He expresses that when the Court resolved the co-plaintiffs' claim regarding the formal element of resolution no. 590, it breached due process and thereby Articles 11, 33, 39, 41, 49 of the Political Constitution; 108, 111 of the Organic Law of the Environment; 52, 53 of Decreto Ejecutivo no. 25705 or Regulation on Procedures of SETENA, in force at the time of the facts (today canon 93, last paragraph, of Decreto Ejecutivo no. 31849 or General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures –EIA–). Those provisions, he adduces, were not applied, insofar as the content of the act accredits and declares the existence of environmental damages, with the consequent responsibility for the concessionaire, going beyond a precautionary measure. For such situations, he explains, the cited norms compel the Administration to follow a prior administrative procedure, according to the regulations of precepts 308 and following of the LGAP, which, as was proven, was not followed in this case. The judgment, in summary, argues that resolution no. 590 is a precautionary measure, so it “…did not arise as a consequence of a sanctioning act…”. But that statement, he objects, evades the substantive issue. It is true that the mentioned resolution contains precautionary measures, such as the paralysis of extractive activities. However, this does not prevent it from also attributing declarative content to it, i.e., the existence of environmental damages and imputability to the concessionaire. For its part, the Adjudicator does not decipher the scope of the statement contained in pronouncement no. 509, regarding what concerns environmental damage, since it also does not address the distinction between this and negative environmental impact. Contrary to what was said in the judgment, he notes, resolution no. 509 establishes that environmental damages occurred and orders actions to characterize and quantify it, without first having given an opportunity for defense to the concessionaire. The fact that the co-plaintiffs filed administrative appeals against that decision, he argues, in no way excuses the breach nor avoids the sanction of absolute nullity. “5.- REGARDING THE ALLEGED LACK OF GROUNDS FOR RESOLUTION No 451”, he reiterates the infractions detailed in point 1, due to their direct connection. “6.- OF THE ATYPICALITY (sic) OF THE PLAINTIFF'S CONDUCT”. For the Court, he points out, the claim referring to the atypicality of the conduct displayed by the plaintiff is not receivable, insofar as “…it is not considered that the act expressed through Resolution No 451 corresponds to one of a sanctioning nature”.
Furthermore, the judgment states that the Administration's actions do not fall within the exercise of that sanctioning power, since we are not dealing with an act classified as an infraction, but rather a precarious right or a limited real right over public domain. Likewise, that the non-compliance incurred by the concessionaire with respect to the precautionary measures in favor of the environment constituted sufficient legal and constitutional grounds to cancel the concession right. Also, that the reasons she might have had for violating them are not actions supported by the legal system. It qualifies those manifestations as contrary to the principle of legality (principio de tipicidad) and therefore asserts that articles 39 of the Constitution; 34, subsections ch) and f), 67, subsection ch), 101 and 102 of the Mining Code are violated. With a purely formal criterion, it indicates, it is ruled out that the termination has the character of a rescissory administrative sanction, as argued when the lawsuit was filed, the State lacking legal basis. It is only through Law No. 8246, in force since July 28, 2002, after the imputed facts, that article 137 is included in the Mining Code, which states: "A natural or legal person, holder of a permit or a concession, who carries out mining exploration or exploitation activities once the permit or concession has been suspended, shall have the permit or concession definitively canceled and shall not be granted any other within a period of four years, counted from the finality of the resolution issued for that purpose by the DGM." That is to say, it explains, prior to the entry into force of that Law and the amendment to the aforementioned Code, there was no legal basis to impose a rescissory sanction on the concessionaire who, with the concession suspended, carried out mining exploitation activities. This demonstrates the irremediable defect of the challenged act, the lack of legal basis, due to the absence of a base norm and the described atypicality, since the norm was incorporated later through legal reform. Consequently, it adds, the infraction is evident, insofar as these provisions defend abstract duties and rights of concessionaires, as well as assumptions under which the concession may be canceled, none of which correspond to the event considered in resolution No. 451. "7.- VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF ADEQUACY AND PROPORTIONALITY THROUGH RESOLUTION No. 415". It objects to the Court's rejection of the allegation indicating that these principles were infringed in the administrative ruling. This is because, as alleged, once a precautionary measure was adopted which, like the one ordered in resolution No. 590, involves unilaterally imposing an obligation not to do, that is, not to extract or process mineral resources, the Legal System opens alternatives to the Administration to enforce that content. Articles 147, 149 and 150 of the LGALP deal with the subject, it explains, establishing the possibility, in the face of this type of obligations that do not have a strictly personal character, of opting for substitute execution mechanisms, or for measures aimed at their forced compliance. Citing doctrine, it argues that this is where the principles of proportionality and adequacy operate. In this way, it states, the State should have assessed the nature of the non-compliance to establish that utilizing the material did not involve blasting at the exploitation front. Also, that it involved only processing activities of material already extracted from the west sector, before the total suspension of activities and in that sector, as established in the report contained in official letter DGM-DC 803-2001, "...no intervention in the aquifer is observed." Likewise, that on repeated occasions the concessionaire had pointed out the need to process material to comply with ongoing public works at the time the precautionary measure was adopted. It should have considered the absence of environmental damage resulting from the disobedience of the suspension and evaluated the option that would ensure the least possible harm from the non-compliance, without thereby failing to protect the water resource. With that, it affirms, a forced compliance measure would have been selected, with the assistance of public force, seizure of goods, closure of establishments, etc. But not a rescissory sanction capable of generating impacts on more than 400 families, damages estimated, as of November 30, 2003, at $9,794,000.00. In summary, it justifies the violation of the referred principles in light of the arguments set forth in the appealed judgment, when it indicates in a rather inconsistent manner that "The plaintiff intends to classify the cancellation of the concession (resolution No. 451) as if it were a means of executing resolution No. 590, that is, as if it were the action through which the Administration managed to coercively execute that act of a precautionary nature (articles 146 et seq. LGAP). However, considering its characteristics, resolution No. 451 is not merely an action of an executive nature; it is an independent administrative act from the precautionary measure, which has a motive, content, and purpose, and is duly substantiated. It is a final act that terminates the administrative legal relationship arising from the concession right (limited real right)... although the motive for resolution No. 451 is the non-compliance, accepted by the plaintiff, with the measures established in resolution No. 590 (see official letter No. DC-399-2002 of June 21, 2002), it does not therefore constitute a means of executing the latter, and in such case, the rules relating to the enforceability of acts are not applicable." It contests that reasoning and says it does not resolve what was alleged, because it avoids it by resorting to circular reasoning, that is, "...coercive execution measures were not chosen because the one chosen is not a coercive execution measure." Its represented parties, it asserts, do not seek to classify the cancellation of the concession as a mechanism of coercive execution. Rather, they point out that far from having opted for less burdensome mechanisms according to the principles of proportionality and adequacy, as those provided and cited, the Administration decided to extinguish the concession. As a corollary, in addition to infringing those principles, it explains, the Court violated articles 132.2, 133.2, 147, 149, 150 and 166 of the LGAP. Second: "II.- REGARDING THE UPHOLDING OF THE PRELIMINARY DEFENSE OF LACK OF ACTIVE LEGITIMATION AD CAUSAM". It censures the admission of that defense, which was declared to have merit with respect to all co-plaintiffs except Productor Pedregal S.A., considering that only the latter possessed the subjective right initially suspended and later extinguished by the challenged resolutions. That criterion, it argues, entails a double legal breach: indirectly, by disregarding the evidence. Also directly, by improper interpretation. It points out that the Court ignored document No. IV, provided when the lawsuit was filed, which is an uncontested financial accounting study. Likewise, the testimonial-expert statement of Mr. Guillermo Murillo Campos, Financial Manager of Grupo Pedregal, and the financial accounting expert opinion on folios 1544 and following. With all this, it asserts, it is proven that among the co-plaintiffs there exists a productive chain, affected by the administrative acts being challenged. In this regard, it rebukes the violation of articles 41, 49 of the Political Constitution; 351, 352, 372, 373, 401 of the Civil Procedure Code; 10.1, 103 of the LRJCA, because the commercial and productive nexus between them was ignored, as was the legitimate interest that confers them standing. In an interlocutory manner, it explains, the second section of the Court rejected the defense of lack of active legitimation, which was later upheld in the judgment. It transcribes part of the considerations with which it was dismissed on that other occasion. It insists that the related testimonial-expert evidence and the expert report prove the link between the plaintiff companies. It relies on doctrine to justify that provision 10.1 of the LRJCA contains an extremely broad formula regarding legitimate and direct interest as the basis for standing. In this way, it adds, a correct interpretation of the aforementioned norms implies that those who will have standing to request the annulment of the act are those who derive a benefit of some kind and hold a personal and current interest. However, the judgment opted for a restrictive criterion, which the second section described as an "undue narrowing" of the right of access to administrative justice, provided for in articles 41 and 49 of the Constitution. According to its assessment, despite it being a special mining process, it cannot be ruled out, as the Court did, that as a consequence of a concession, other natural or legal persons may benefit, who, to that extent, could hold a legitimate and direct interest in the matter. Therefore, not only Productos Pedregal S.A., in its capacity as concessionaire, but also the other plaintiffs are in such circumstances, due to the productive link and injury that has been caused to them and which they still suffer from the challenged acts. If these were annulled, it adds, all of them would benefit. Furthermore, they are physically located on the margins of the pit exploited by Productos Pedregal S.A., with the aim of having aggregates in their various production processes, without the high transportation and storage costs they are suffering. The large quantity of non-metallic mineral reserves present in the concession zone, it emphasizes, ensures them high provisioning rates, to aspire to market shares of that same magnitude. The extinction of the mining concession, it adds, has caused them material damage, loss of competitive advantage, and exponential losses. In its opinion, the nature of the benefit that must be obtained for standing to be recognized can be of various kinds, according to canon 275 of the LGAP. By virtue of this, it is possible to consider it demonstrated that all of them, even without being concessionaires, would achieve a benefit if the challenged acts were annulled, as they would see their damages compensated, recovering their competitive advantage or high levels of production efficiency. Third: "III.- REGARDING THE ORDER TO PAY COSTS", it objects to the imposition of costs on its represented parties and alleges violation of article 98, subsection c), of the LRJCA for its non-application. It cites a precedent from this Chamber to argue that although in contentious-administrative matters the rule that the losing party pays prevails, this yields in the cases provided for by the cited norm. Indeed, it adds, the losing party may be exonerated when, due to the nature of the debated issues, there existed, in the Judge's opinion, sufficient reason to litigate. However, it censures that the Court applied the rule of imposition on the losing party without considering the case for exoneration. It considers that there are indeed proven reasons that justify the litigation brought by its clients. Even the second section, hearing the requested precautionary measure, understood that there was no temerity in filing the lawsuit.
III.- It should be noted from the outset that there would be no useful cassation in establishing, even hypothetically, that the challenged judgment incurred the error of considering that only Productos Pedregal S.A. has active legitimation, but not the remaining companies, since, in any event, the manner in which this matter is resolved determines that no right exists to support the claims of the lawsuit. Consequently, the corresponding charge must be dismissed.
IV.- In the grievance concerning the questioning of the motive for resolution No. 590, the appellant considers that official letter DGM-DC-803-2001 and the statement of the witness-expert Dr. Allan Astorga demonstrate that the west sector where exploitations have been carried out did not compromise the Colima aquifer. This is true, since as stated in proven event number 3, where that memorandum is transcribed, during the visit made to the site of the events, it was verified that in the second extraction front, west of the concession: "...no intervention in the aquifer is observed." It is worth adding, in this regard, that this is why the conclusions and recommendations of that document highlight the reference to "...the impact on the Colima Superior aquifer in the East sector of the concessioned area." In this way, the precautionary measure ordering the suspension of work would not apply to that part. It also follows when Dr. Allan Astorga stated that the suspension was abrupt, another measure could have been adopted, and that the exploitation was carried out at the west end of the pit, where the study results conclude: "...it is a zone where mining activity can be carried out without producing negative effects... It was possible for the year in which resolution 590 was issued, for exploitation to occur in other areas, since in the west sector of the pit there is a large quantity of rocks that can be exploited, and which due to their geological condition could not generate any impact" (folios 856 to 859, refoliated 900 to 903). It is for this very reason, in response to the efforts of the concessionaire company and as recorded in proven event number 11, that the DGM, in resolution No. 784 at 9:40 a.m. on October 16, 2001, partially modified the precautionary measure ordered in resolution No. 509, "...authorizing PRODUCTOS PEDREGAL S.A. the use of the crusher system located West of the concessioned area...". From the foregoing, even though the Court considered that the possible emergence of new outcrops even in the west sector was not ruled out, it is clear that this ruling was modified, excluding from the suspension the work in that direction, meaning the grievances being analyzed do not have the virtue of changing what was ultimately decided in the challenged judgment regarding the content of resolution No. 590. Indeed, despite all the aforementioned observations by the judges, the operation of the extraction plant in the west zone was considered viable, while the recommendations and protective measures were applied, in addition to the required studies, regarding which, in any case, the cease and desist order was lifted. On this point, there is no contradiction whatsoever with respect to what is detailed in the report or what the appellant calls the "hydrogeology expert report" on folio 1748 (refoliated 1790), where the expert indicates: "...it was possible for the rock material extraction plant El Pedregal to remain in operation...". However, it must be considered that the same geologist pointed out on that folio: "The expert considers valid the statement by Dr. Allan Astorga that resolution 590-2001 was based on the vulnerability conditions observed in the pit, as reported by the inspectors, and that this situation had been fully recognized by the institutions linked to the operation controls of the pit for years...". He also acknowledged that the application of the regulations indicated in that ruling: "...will ultimately depend on the decision made by the professionals responsible for the different public institutions involved with a specific problem...". He also stated that, in this specific case, the professionals with the most experience and knowledge did not work for the public institutions involved at the time the problem arose, and that given any doubt, it was decided to apply environmental regulations to make a decision such as the one incorporated in resolution No. 590. In this sense, the Sentencing Body could well assess the result of this expert report, in conjunction with the provisions of articles 330 and 401 of the Civil Procedure Code, determining that, effectively, a situation of vulnerability and danger to the environment existed, as a basis to justify and demonstrate the motive for the cited administrative provision, without thereby deducing any infraction of these norms, or of the rest that are invoked as violated, since there was no merit to decree the requested annulments. Furthermore, note that it assessed the statements of Dr. Allan Astorga, who is alluded to in the report under study, the Court highlighting from his statement that: "At the time resolution 590 was issued, only the exploitation plan in the possession of the directorate of geology and mines and direct observation of the pit were available." Contrary to what the appellant affirmed, this statement does not detract from the basis of the criterion expressed in the judgment when it justifies the existence of the motive in ruling No. 590. In another vein, consider that the judges account for the inspection powers that the DGM has over mining environmental control activities, from which the visit was made to the site where the concessionaire carried out the exploitations, and the officials detected not only the new outcrop of the Colima Superior aquifer, but also the impact on that aquifer and on the protected zone established by article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) and non-compliance with canons 8 and 11 of the Biodiversity Law. That is why they required the immediate suspension of work and an evaluation of the eventual environmental damage to the aquifer, as is extracted from memorandum DGM-DC-803-2001, warning the company to submit a hydrogeological study. It is important to clarify that in that document, the existence of material damage in the strict sense is not specified. It alludes to: "...all of the foregoing reveals the negative environmental impact, bringing with it a negative externality", from which the already known recommendations are issued. This is because the appellant intends to question the motive based on the absence of the aforementioned damage which, moreover, the SETENA study, crucial evidence in this process, expressly refers to. However, the negative environmental impact with respect to the new aquifer outcrop was also the basis for the authorities to investigate risk situations that would authorize protective measures, and therein lies the motivation for the challenged administrative ruling. As the Court pointedly states, "From a reading of the motivation (substantiation) of the challenged act, it is clearly noted that its object was the protection and preservation of the Colima Superior aquifer, and therefore, its purpose was the protection of the environment, whose legal basis resides in the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and in the right to health, which needless to say, are rights enshrined in our Political Constitution and widely developed by the jurisprudence of the Constitutional Chamber, as seen before." That jurisprudential reference is based on vote No. 2004-1923 at 2:55 p.m. on February 25, 2004, also citing rulings Nos. 503-94, 1394-94, and 1758-94, all from the referred Constitutional Body. But, likewise, it adds that the authority of the DGM to adopt administrative acts aimed at protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment, in accordance with canon 50 of the Political Charter, allows it to issue precautionary measures based on the precautionary principle (principio precautorio) or in dubio pro natura, from section 15 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development and articles 11 and 45 of the Biodiversity Law, to which it adds the citation of precepts 1 of the General Drinking Water Law; 1 of the General Health Law; 93 and 98 (97 and 102) of the Mining Code. Note that within the known grievances, the application of these provisions is not contested, nor is the jurisprudential basis, nor the legal reasoning adopted with that normative foundation in the challenged judgment. On the other hand, it should be noted that the Court did consider the argument of the co-plaintiffs when questioning the motive for resolution No. 509, based on what the appellant describes as an error in having relied on environmental damage when in reality what may have existed was a negative environmental impact, which was even foreseen by the Administration upon granting the concession. On this point, that Chamber stated that it is not the central point in this litigation, since it has been undeniable and indisputable that in the concessioned zone, a new outcrop of the Colima Superior aquifer could be verified, which justified the measure to paralyze activities to protect the water resource, especially concerning groundwater, alongside the cited irregularities that were detected, as was set forth. That reasoning was erected by virtue of the analysis of the testimonial evidence given by Marlene Salazar Alvarado, Cynthia Cavallini Chinchilla, and Ana Sofía Huapaya Rodríguez Parra, who, in the judgment of the judges, confirm what is established in the administrative file, regarding that in the concession zone, the aquifer was being breached and water was emerging at a level above the water table, for which reason they ordered the suspension measures and requested further studies which, in any case, the concessionaire presented incomplete and even contradictory, with no basis to justify a less burdensome measure. With that evidentiary platform, the Court also considered that despite the subsequent authorization to use the crusher in the west sector, the violation of the measures established in resolution No. 590 was later proven, recommending the cancellation of the concession. The aforementioned evidence, in particular, was not rebutted in the appeal known here. Furthermore, it is well within the reach of the Jurisdictional Body to assess the various pieces of evidence as a whole and to lean towards those it deems credible, with justificatory reference, for the purpose of reasoning its judgment, as has occurred in this matter. What has been said applies equally to their criterion of considering the vulnerability of the aquifer to the mining activity deployed in the zone and a lack of scientific information to assess it as established, which the plaintiff party did not refute with the testimonial evidence it offered, citing, on this occasion, geologist Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, who was said to focus on outlining aspects that in no way "...detract from the preventive conduct deployed by the Administration with the issuance of the precautionary measure", as it follows from points of his statement that he did not refer to the 2001 outcrop, nor did he point out "...if at that moment there were clear and conclusive elements to guarantee the harmlessness of the groundwater, or if the actions ordered by the Administration at that time, with the precautionary measure, were absolutely contrary to science or technique." On this predicate, it is understandable how in the appealed judgment, after analyzing the account of that deponent, it is concluded: "...there are clear imprecisions in what was declared by the witness in relation to this second outcrop (motive for the challenged act), insofar as he could not define the cause of it, much less explain whether or not there was a danger of affecting the aquifer as a result of those waters emerging to the surface." Consequently, the criticisms do not conclusively determine that resolution No. 590 lacked a lawful motive. Furthermore, the fact that the mining environmental control authorities treated the 1991 outcrop differently does not prejudge future situations nor exempt the concessionaire from verifying compliance with protective norms, nor the Administration from exercising its functions of environmental surveillance, which is applicable with respect to the Colima Superior aquifer, that is, the one of interest here. On this point, it is true that even if it was an expected negative impact and not a consummated environmental damage, the administrative authorities must exercise due diligence to carry out protective actions for the water resource in the face of situations of danger, present, imminent, or potential risk, or doubt about eventual situations that affect it. This occurred in the sub judice, without an express warning having to be given to the concessionaire that it was necessary to respect protection areas, as provided in precept 33 of the Forestry Law (Ley Forestal). This is so, not only, as the Court states, because one cannot claim exemption from the scope and application of legal norms by arguing ignorance of them, but also because the normal course of business of the concessionaire company precisely entails the duty to observe the correct diligence of keeping informed of environmental protection provisions, especially of the water resource, as well as strictly complying with its requirements. The State, for its part, is assigned the duty to safeguard and conserve a healthy and balanced environment, possessing the power to decree preventive measures such as the one ordered, especially when sufficient reasons exist that authorize and justify applying the precautionary principle (principio precautorio), as well as criteria of proportion and reason, as will be analyzed next. Therefore, the errors and violations of the legal provisions alleged in this section of the appeal have not been committed.
V.- As stated in the citation made by the Court on the occasion of the preamble regarding the precautionary principle (principio precautorio), from the transcribed precedent of the Constitutional Chamber (vote No. 17747-2006 at 2:37 p.m. on September 11, 2006), "...when ordering restriction or intervention measures, the principle of proportionality must be respected, so that they are proportionate to the level of protection and the magnitude of the potential or eventual damage...". In this sense, the analysis of the criticisms touching on both principles and that of reasonableness proceeds. In the challenged judgment, reference is made to other precedents of the Constitutional Chamber (votes Nos. 1250-99, 9773-00, 1711-01, 3880,03, 6322-03, 1923-2004), to justify that, in the specific case, the precautionary measure taken by the Administration is not affected by absolute nullity. This is because, with the precautionary principle (principio precautorio) and in dubio pro natura, the State may adopt anticipatory actions necessary to protect and conserve the environment and people's health when there is a risk of impact on them. By virtue of this, the judges are correct, for, indeed, the report provided by SETENA details not only the presence of environmental damage in the protection zone of the Virilla River, due to vegetation removal, disrespect for the 50-meter buffer strip along it which prevented natural recovery or reforestation, and drags of sediments and hydrocarbons that altered its physicochemical qualities. Also, regarding groundwater, due to exposure of the Colima Superior aquifer, qualified as irreversible damage to the environment, due to the impossibility of returning to the initial or previous state. Apart from damage to the landscape and public health that are also reported. In addition, possible environmental damage to the Virilla River, the Zamora intake, occupational health, and, again, to groundwater are presented, as "...the opening of the aquifer on the East front could be causing decreases in water discharge at the local level. The Colima Superior aquifer presents high vulnerability due to its exposure and because it has protection, at most 2 m deep, in the entire pit area. Eventual floods and the presence of the crusher in the east sector, accumulation of aggregates, and accumulation of asphalt remnants in the Spring Protection Zone are possible sources of contamination, not only microbiological but also chemical" (folios 387 and 388). The serious results of that study are contrasted by the appellant with some considerations expressed by Dr. Allan Astorga, for which, as indicated in the preceding Consideration, the judges, in order to assess the evidence as a whole and according to sound criticism, determined to give more weight to the data derived from the SETENA report, and this Chamber finds no disproportion in its valuation, as is alleged in the challenge being analyzed. Moreover, as also mentioned, the Court considered other pieces of evidence, which the appellant did not even contest. In any event, for this Chamber, in accordance with the pronouncements of the Constitutional Chamber of which mention has been made, with environmental damage or a negative environmental impact, aggravated, in this case, by the aquifer outcrop at risk, the decreed precautionary measure is always viable and appropriate. This is so due to the danger the aquifer presents and its implications for the water resource and public health, in the face of irreparable or very difficult-to-repair damage, which is consistent with the criteria of proportionality and reasonableness, whose correct application the appellant misses. In any case, the scope of the precautionary principle (principio precautorio) must not be ignored, insofar as it precisely operates on the basis of situations of doubt, risk, danger, or events that compromise the environmental surroundings. As the Constitutional Chamber stated in the already related judgment No.
1923-2004, which is aptly cited in the contested ruling, in accordance with paragraph 15 of the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, the precautionary criterion shall be broadly applied in order to protect the environment: “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” Likewise, regarding provision 11 of the Biodiversity Law, the preventive criterion is enshrined, recognizing the vital importance of anticipating, warning about, and attacking the causes of biodiversity loss or its threats, and, regarding the in dubio pro natura principle: “When there is danger or threat of serious or imminent harm to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures.” On this matter, the Constitutional Chamber explains, in ruling no. 1250-99 of 11:24 a.m. on February 19, 1999, which is also recorded in the judgment under review: “Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid and contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt in this regard—a precautionary measure must be adopted, including postponing the activity in question.” In resolution no. 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, that Chamber added that for the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, “…the precautionary or in dubio pro natura principle assumes that when there are no studies or reports carried out according to the univocal and exact application rules of science and technique that allow arriving at a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application, suspend those in progress until the dubious state is cleared up, and, in parallel, adopt all measures aimed at their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before its contamination or degradation.” Now then, it must apply with even greater reason if the lack of that certain information is due to the negligence of the concessionaire itself, for as has been explained in the appealed judgment, “… although the plaintiff presented the reports required of her in October 2001…, they were incomplete regarding the adequate characterization of the aquifer, and thus her reproaches are not receivable.” It must be emphasized that the expressions of censure regarding the evidence that is said to have been wrongly assessed, including official communication DGM-DC-803-2001, the statement of Dr. Allan Astorga, and the expert evidence of the hydrogeology expert (folio 1738 to 1749), as a result of which, in the opinion of the appellant for cassation, it was erroneously considered that the contested acts do not suffer from errors and absolute nullities, objecting to the lack of proportionality and reasonableness, were also aspects considered by the Court. The latter not only undertook the analysis of the referenced official communication, as has already been stated, but also of the other two pieces of evidence, and was thorough in expressing the reasons it had to disqualify the statements of Dr. Astorga, with which it concluded that he does not offer total certainty for the purpose of disassociating the activity of exploitation and processing of materials from the indicated contamination. It reasoned similarly regarding the expert report, from which it even made an extensive transcription, to then highlight that the expert only sets forth “… mere hypotheses, just as Dr. Astorga's study does, limiting himself to making comments on what, in his opinion, the DGM could have done; however, he is not clear in indicating the most relevant aspect of the case, that is, whether at the time of adopting the precautionary measure, there was absolute certainty that the water resource of the Colima Superior aquifer was not under any risk as a result of the plaintiff's mining activity. On the contrary, the expert acknowledges that the Geology and Mines officials based their actions on the vulnerability conditions found in the Pit (Tajo), and specifically, on the vulnerability of the upper aquifer that runs through the concessioned area… Nevertheless, what is clearly evidenced from the expert's own testimony is that the Administration chose to apply the environmental regulations that allow taking measures such as the one adopted in this case (precautionary principle), given the doubt about the possible impact on the water resource.” In any case, it is insisted, even with that evidence, there is no way to detract from the data derived from the evidence that, under the protection of the rules of sound criticism, the judges considered within their entire study of the body of evidence to justify their final decision and to deem that the adopted measure is not only consistent with the precautionary principle but also with those of reasonableness and proportionality. As matters stand, the alleged violations have not occurred.
VI.- Regarding the alleged violation of due process, the Court based its pronouncement concluding that such breach did not exist on the fact that articles 219 and 226 of the LGAP authorize that, for events representing serious and imminent dangers to things and persons, encompassing the environment and human health, with the possibility of irreparable damages, the constitution of an administrative procedure may be dispensed with in order to issue the act aimed at their protection. Furthermore, it was a precautionary measure to safeguard the water resource, and, in such condition, it indicated, it does not fall within the assumptions established in numeral 308 Ibidem. It is insisted that this legal basis led it to consider that it was not necessary to follow the ordinary administrative procedure. It also justified its criterion on the special regulations that prevail in matters of mining environmental protection, that is, the Mining Code, making reference to Title XIII, where the procedures pertaining to the exploration and exploitation of mineral resources are described and regulated, including the appeal matters that, in this case, are the responsibility of the concessionaire by virtue of the underlying legal relationship that binds her to the Administration. With this normative foundation, the judges deemed that due process was not violated; however, the appellant does not allege the violation of any of those legal provisions, which speaks to the informality of the appeal in this particular aspect, leading to its rejection. Nonetheless, despite the violations of the different normative bodies she alleges, the truth is that during the administrative procedure, the plaintiff had available the entire appeals regime, which she effectively exercised, so no defenselessness is evident. In summary, it is not appropriate to argue that even having filed appeals, the breach is in no way excused nor does it avoid the sanction of absolute nullity for not having followed another procedure. On this point, it should be considered that it is a principle of long-standing custom that nullities should not be decreed “for nullity's sake,” since the declaration must be conditioned upon the forceful verification of irregularities that limit or curtail the procedural guarantees of the litigants. But this has not occurred in this specific case, for as the Court rightly stated and the appellant has not refuted it: “It can be affirmed that the fundamental guarantees of due process required by constitutional case law have been fulfilled in this case, that is, the right to be heard, the opportunity to present arguments and evidence, access to information and records, the right to obtain advice, notification of the decisions taken, and the right to appeal the decision taken. Thus, the plaintiff's arguments regarding the apparent violation of due process are rejected, and no absolute nullity is detected for this reason.” VII.- Regarding the alleged lack of reasoning in pronouncement no. 451, after citing a part of the contested judgment, the appellant for cassation merely says: “In this regard, the same breaches detailed in point 1 of this brief are alleged, due to their direct connection.” Evidently, the charge becomes informal and must be rejected, as it fails to comply with precepts 596 and 597 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), since it neither explains nor develops any grievance whatsoever, and, in any case, the violations invoked in section 1 were resolved in Considering IV.
VIII.- On the subject of the cancellation of the concession and the supposed atypicality of the concessionaire's conduct, which the appellant for cassation mentions, it is important to highlight that the Court did not apply article 137 of the Mining Code to justify its extinction; therefore, it has not violated the principle of non-retroactivity of the law, nor numeral 39 of the Magna Carta. Rather, after expressing that it was not a sanction, since it has not even been contemplated as such in the regulations, what occurred was a case of non-observance of the legal obligations derived from the legal relationship that bound her to the State, pertaining to the fulfillment of duties to regulate environmental contamination, recovery of natural resources, legal and regulatory precepts on specifications and obligations derived from environmental protection, and the prohibition of practices or operations causing deterioration, especially to water. This motivated the consequences provided for in articles 34, 67, 101, and 102 of the Mining Code, relating them to constitutional canon 50. Indeed, from its hermeneutic interpretation, it follows that in the event of a concessionaire who fails to comply with the provisions set forth in those norms, and risks to the environment are determined as a result of the exercise of the rights derived from the concession that contravene those requirements, the State has the power to cancel it. Undoubtedly, there was a failure to comply with the measures adopted to prevent damages or risks to the water resource, which is fully consonant with those obligations imposed on the concessionaire, which justifies pronouncement no. 415, which consequently ordered that extinction. Moreover, being legal effects provided for in the law, within the consequences established for non-compliance with the obligations inherent to the administrative legal relationship, after observing the procedure of article 67 of the Mining Code, it can in no way be affirmed that what was decided in resolution no. 415 is inadequate or disproportionate. In any case, this does not even consist of an act to execute what was indicated in no. 509, so as to sustain that another criterion should have been adopted, rather than canceling the concession. This explains the irrelevance of the charges challenging the lack of application of the criteria of proportionality and adequacy, raised in point 7 of the first grievance. Consequently, the alleged breaches do not exist.
IX.- Finally, the Court ordered the plaintiff to pay both sets of legal costs of the proceeding, for having suffered a total defeat. In the opinion of the majority of the members of this Chamber, this is mandated by article 221 of the Code of Civil Procedure. Precepts 222 Ibidem and 98 of the LRJCA empower the judges to exonerate; but, as it is a faculty, there is no normative breach if they do not do so. Therefore, these legal provisions have not been violated.
X.- By virtue of the foregoing, the appeal must be rejected, with its legal costs to be borne by the plaintiff (article 611 of the Code of Civil Procedure).
THEREFORE
The appeal is declared without merit. Its legal costs are to be borne by the promoting party.
Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández NOTE FROM MAGISTRATES GONZÁLEZ CAMACHO AND ESCOTO FERNÁNDEZ.
I.- The undersigned members do not share the criterion expressed by the majority of this Chamber in considering IX of the previous judgment, insofar as it denies cassation review for those cases in which only the general rule of ordering the defeated party to pay both sets of legal costs is used, that is, when no rule concerning their exoneration is acted upon or applied. Indeed, the majority's jurisprudential basis starts from the premise that exoneration from the payment of legal costs is a faculty, in which no error or regulatory violation occurs when it is not exercised or applied; therefore, it is said, if there is no legal violation, it is not possible in cassation to evaluate or modify what was decided regarding the order against the defeated party, for, it is repeated, for the majority of this Chamber, there can only be a legal violation when the rule corresponding to exoneration is applied (among many, see rulings of this Chamber no. 1001-F-2002, of 11:50 a.m. on December 20, 2002; 249-F-2003, of 11:45 a.m. on May 7, 2003; and 306-F-2006, of 10:20 a.m. on May 25, 2006). The concatenation seems logical in principle, since with this premise, if exoneration constitutes a faculty, the judge is not obliged to exonerate; and therefore, if they do not order or carry out such exoneration, they do not violate the rules corresponding to this matter. Ergo, if no violation of rules occurs, there can be no cassation review (consult resolutions of this Chamber no. 765 of 4:00 p.m. on September 26, 2001, and 561-F-2003, of 10:30 a.m. on September 10, 2003). This relationship of ideas allows them to conclude that, in that specific scenario (the simple order to pay or the non-application of exonerations), “it cannot be subject to examination in this venue” (from this same deciding body, judgment no. 419-F-03, of 9:20 a.m. on July 18, 2003), as it is a hypothesis “not susceptible to cassation” (ruling no. 653-F-2003, of 11:20 a.m. on October 8, 2003). Thus, in the opinion of the distinguished colleagues: the cassation appeal has no place when the exonerating faculty is not used (see, a contrario sensu, considerings III and VIII, in that order, of resolutions 541-F-2003, of 11:10 a.m. on the 3rd, and 563-F-2003, of 10:50 a.m. on the 10th, both of September 2003). In this way, it has been considered by the majority that “… the order to pay legal costs against the defeated party, as happened here, is not reviewable in this Venue, given that the Court limited itself to applying the rule in the terms set forth by it” (emphasis not in the original, see considering X of ruling no. 68-F-2005, of 2:30 p.m. on December 15, 2005). And in notarial matters, it has been stated with greater forcefulness that: “…the Court imposed the payment of the legal costs of the claim for damages on the complainant, a pronouncement which, it is repeated, is not subject to cassation.” (considering X of judgment no. 928-F-2006, of 9:15 a.m. on November 24, 2006).
II.- However, in the opinion of the undersigned, the improper non-application of the precepts that allow the exoneration of legal costs undoubtedly infringes the Legal System and, specifically, the rules that authorize it, whether due to error or inadequate appreciation by the judges in the specific conflict. To that extent, although it is a faculty, the truth is that it is not immune to cassation review, for both in its exercise and in its non-application, a violation of law may operate, and to that extent, the undue omission is not, nor should it be, synonymous with arbitrariness, in such case committed by the Judge himself. Especially if it involves an empowerment granted to the judge with specific assumptions that limit their discretionary power in this matter. Consequently, in this particular aspect, we consider that the mere application of the general rule of article 193 of the Code of Contentious Administrative Procedure (Code of Contentious Administrative Procedure, ordering the defeated party to pay both sets of legal costs) does not close the doors to the cassation appeal, for on the contrary, the matter is admissible for its substantive examination (provided the legal requirements are met) in the face of a potential omission defect in the application of that same numeral, which authorizes the exoneration of said legal costs (subsections a and b). Notwithstanding the foregoing, in the specific case under review, these members agree with the substantive decision of the Court, insofar as the payment of said costs was imposed on the defeated party, a circumstance that leads us to reject the grievance, and with it, the appeal formulated in this regard.
Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by the FIRST CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA Sentencia con nota separada Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Daño Subtemas:
Daño ambiental.
En la especie, la Sala estima viable y procedente la medida cautelar decretada, al mediar un daño ambiental o un impacto ambiental negativo, agravado al tratarse del afloramiento del acuífero en riesgo.
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Revocatoria por incumplimiento.
Frente al concesionario incumpliente de las previsiones de los artículos 34, 67, 101 y 102 del Código de Minería, determinándose riesgos al medio ambiente con motivo del despliegue de los derechos derivados de la concesión que contraríen esos requerimientos, el Estado está en la potestad de cancelarla.
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Daño ambiental.
Competencia de la Dirección de Geología y Minas, para adoptar actos administrativos tendientes a proteger el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Conforme el canon 50 de la Carta Política, permite dictar medidas cautelares, con fundamento en el principio precautorio o in dubio pro natura, del apartado 15 de la Declaración de Ambiente y Desarrollo de Río de 1992 y artículos 11 y 45 Ley de Biodiversidad, 1 Ley General de Agua Potable; 1 Ley General de Salud, 93, 97, 98 y 102 Código de Minería. En la especie, se combate la medida cautelar que suspende las labores de extracción y proceso de rocas; así como la orden que suspende las funciones y extingue la concesión. Todo ello, relacionado con un manto acuífero, en los márgenes del río Virilla.
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Concepto y alcance.
Competencia de la Dirección de Geología y Minas, para adoptar actos administrativos tendientes a proteger el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Conforme el canon 50 de la Carta Política, permite dictar medidas cautelares, con fundamento en el principio precautorio o in dubio pro natura, del apartado 15 de la Declaración de Ambiente y Desarrollo de Río de 1992 y artículos 11 y 45 Ley de Biodiversidad, 1 Ley General de Agua Potable; 1 Ley General de Salud, 93, 97, 98 y 102 Código de Minería. En la especie, se combate la medida cautelar que suspende las labores de extracción y proceso de rocas; así como la orden que suspende las funciones y extingue la concesión. Todo ello, relacionado con un manto acuífero, en los márgenes del río Virilla.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Principio precautorio o de evitación prudente Subtemas:
Concepto y alcance.
Con el principio precautorio y en in dubio pro natura, el Estado puede adoptar acciones anticipadas -criterio preventivo-, necesarias para proteger y conservar el ambiente y la salud de las personas, cuando exista riesgo de afectación para aquellos. Por ende, este principio funciona sobre la base de situaciones de duda, riesgo, peligro o eventos que comprometan el entorno ambiental.
*020007180161CA* Res. 000090-F-S1-2011 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas cincuenta minutos del tres de febrero de dos mil once.
Proceso -especial minero- establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, por PRODUCTOS PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, ASFALTOS PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, BLOQUES PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CONCRETOS PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CONSTRUCTORA PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CORPORACIÓN PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, QUEBRADORES PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, TRANSPORTES PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA y SERVICIOS Y ACARREOS BELÉN SOCIEDAD ANÓNIMA, todas representadas por sus apoderados generalísimos sin límite de suma Rafael Ángel y Alejandro, ambos Zamora Fernández, empresarios; contra el ESTADO, representado por el procurador Julio Jurado Fernández, vecino de San José. Todos son mayores de edad y, con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de Heredia.
RESULTANDO
1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la actora estableció proceso –especial minero-, cuya cuantía se fijó como inestimable, a fin de que en sentencia se declare:“a.- Se anulen, por su manifiesta infracción al Ordenamiento Jurídico Administrativo, las resoluciones impugnadas, así como cualquier otro acto administrativo o actuación material, derivadas o en conexión con éstas; b.- Se reconozca la situación jurídica individualizada de la actora, Productos Pedregal, s.a. (sic) como concesionaria en los términos originalmente definidos mediante la resolución mencionada en el hecho 7 de esta demanda; c.- Se ordene la indemnización de los daños y perjuicios que las resoluciones ocasionaron a las actoras en los términos liquidados en esta demanda o los que sean probados en la fase probatoria; d.- Se condene en ambas costas al Estado.” 2.- El representante estatal contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de caducidad, falta de derecho y legitimación activa.
3.- El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Novena, integrado por la Jueza Sandra Quesada Vargas y los Jueces Eduardo González Segura y Francisco Jiménez Villegas, en sentencia no. 53-2009 de las 15 horas 20 minutos del 30 de junio de 2009, dispuso: “Se acoge la excepción de falta de legitimación activa en relación con las empresas Asfaltos Pedregal S.A., Bloques Pedregal S.A., Concreto Pedregal S.A., Constructora Pedregal S.A., Corporación Pedregal S.A., Quebradores Pedregal S.A., Transportes Pedregal S.A. y Servicios y Acarreos Belén S.A.. Se acoge la de falta de derecho en relación con Productos Pedregal S.A.. En consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda. Son ambas costas de esta acción a cargo de la parte actora.” 4.- El apoderado de la parte demandada formula recurso de casación.
5.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrada Anabelle León Feoli
CONSIDERANDO
I.- Las empresas Productos Pedregal S.A., Asfaltos Pedregal S.A., Bloques Pedregal S.A., Concretos Pedregal S.A., Constructora Pedregal S.A., Corporación Pedregal S.A., Quebradores Pedregal S.A., Transportes Pedregal S.A., Servicios y Acarreos Belén S.A., demandan al Estado para que en sentencia se anulen las resoluciones nos. 590 de las 15 horas 30 minutos del 3 de agosto de 2001, 077 de las 9 horas del 28 de enero de 2002, 784 de las 9 horas 40 minutos del 16 de octubre de 2001, 451 de las 13 horas 10 minutos del 16 de julio de 2002, 482 de las 11 horas del 31 de julio de 2002, de la Dirección de Geología y Minas (DGM en adelante), Registro Nacional Minero; nos. R-234-2002-MINAE de las 10 horas del 29 de abril de 2002 y R-388-2002-MINAE de las 9 horas 40 minutos del 19 de setiembre de 2002, estas dos últimas del Ministro de Ambiente y Energía. Además, se reconozca la situación jurídica individualizada de Productos Pedregal, S.A., “…como concesionaria en los términos originalmente definidos mediante la resolución mencionada en el hecho 7 de esta demanda”. Se ordene la indemnización de los daños y perjuicios que las resoluciones ocasionaron a las codemandantes, “…en los términos liquidados en esta demanda o los que sean probados en la fase probatoria” y se imponga al Estado el pago de ambas costas del proceso. En esencia, se combate una medida cautelar que suspendió las labores para extraer y procesar rocas; también, la orden que suspendió las funciones y extinguió la respectiva concesión. Todo ello, relacionado con el manto acuífero Colima Superior, en los márgenes del río Virilla. La Procuraduría General de la República opuso las defensas de caducidad en cuanto a la resolución no. 590 y falta de derecho. Además, respecto a las compañías Asfaltos Pedregal S.A., Bloques Pedregal S.A., Concretos Pedregal S.A., Constructora Pedregal S.A., Corporación Pedregal S.A., Quebradores Pedregal S.A., Transportes Pedregal S.A., Servicios y Acarreos Belén S.A., la de falta de legitimación activa. De las excepciones planteadas, el Tribunal acogió la de falta de derecho en cuanto a Productos Pedregal S.A. y la de falta de legitimación activa sobre las demás empresas. Declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos, con ambas costas a cargo de la parte actora.
II.- El apoderado de las codemandantes presenta recurso de casación. Manifiesta que el Tribunal, en resumen, rechaza la demanda por falta de información sobre la certeza de que la continuidad de las obras de sus representadas, no afectaría el acuífero Colima, dejando de lado prueba idónea para acreditar lo contrario. Divide las censuras en tres grandes temas, compuestos por varios agravios. Primero: “I.- EN CUANTO A LA ACOGIDA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO”. En este apartado destaca: “1.- FALTA DE MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN No. 590 DE LA DGM”, donde expresa que para los juzgadores la citada resolución contaba con motivo suficiente y legítimo. Ello lo radicó en el resultado de la inspección de campo en la zona de la concesión de Productos Pedregal S.A., encontrándose irregularidades que podían poner en peligro el manto acuífero Colima Superior, por lo que al advertirse, se emitió una medida cautelar de protección ambiental. Transcribe parte del respectivo Considerando, donde a su decir, el Órgano sentenciador fundamentó lo recién establecido y estimó que en la zona concesionada se verificó un nuevo afloramiento del acuífero que, por sí mismo, justificó la medida de paralización de las actividades para proteger el recurso hídrico. Máxime, tratándose de aguas subterráneas, cuya eventual contaminación pondría en riesgo el futuro uso para el abastecimiento de los habitantes. También, explica, el Tribunal razonó sobre la base de una falta de información científica, para ponderar la mayor o menor vulnerabilidad de ese acuífero, frente a la actividad minera desplegada en la zona, que no se refutó con la prueba testimonial de la parte actora. Se indica en el fallo impugnado, arguye, que a nada conduciría entrar a analizar si, conforme al numeral 9 de la Ley de Aguas, el afloramiento de un acuífero en virtud de una explotación minera es o no un impacto esperado y legalmente admitido, pues aún de aceptarse ese argumento, no significa que el Estado y sus entes públicos no puedan o no deban ejercer sus potestades en cualquier momento, con el objeto de proteger y conservar el recurso hídrico y más tratándose de una situación de riesgo. Por paridad de razón, tampoco se acepta pretender atacar la medida cautelar impugnada, argumentado que a pesar de las inspecciones por parte de la DGM, Acueductos y Alcantarillados y Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), nunca se le advirtió a las coactoras, la necesidad de guardar áreas de protección al amparo del artículo 33 de la Ley Forestal. Ello, pues por principio básico y constitucional, nadie puede alegar ignorancia de la ley y, en todo caso, de haber incurrido esas autoridades en eventuales omisiones en el ejercicio de sus competencias, eso no es objeto de debate según las pretensiones esgrimidas, amén que la Administración no está llamada a intervenir una única vez, sino las que sean necesarias para el resguardo de los intereses públicos. De lo expuesto, afirma, se incurre en violación indirecta, por error de derecho, de los artículos 369, 370 del Código Procesal Civil; 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA en lo sucesivo), al preterirse el oficio DGM-DC-803-2001, el dictamen pericial de hidrogeología, el testimonio-peritaje del Dr. Allan Astorga Gatgens, el oficio DGM-OD-198-2001 y el expediente administrativo. En el primer oficio, destaca, se menciona que las labores en el sector oeste del tajo, que era donde al momento se ubicaba el frente de explotación, no comprometían el acuífero Colima. Ello justificaba, alega, una medida cautelar menos gravosa que la adoptada por el DGM y determina que no existió ausencia de información técnica y científica para evaluar la vulnerabilidad del relacionado acuífero, que aduce los jueces para rechazar las alegaciones de la parte actora. A la cita de disposiciones conculcadas, agrega el precepto 401 del Código Procesal Civil. A su juicio, como dice constar en el folio 1748, el experto en hidrogeología, manifestó entre otras cosas, que “…era posible que la planta extractora del material rocoso El Pedregal se mantuviera en operación, al mismo tiempo que se aplicaban las recomendaciones y medidas de protección que se daban en la Resolución 590-200 –sic-, y mientras se realizaban los nuevos estudios propuestos…”. Acusa, esa manifestación revela que no existía motivo para justificar la paralización total y absoluta de las labores extractivas, pero se ignoró en el fallo. Además, expone, se vulneraron los numerales 133.1 y 166 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), en tanto no se decretó la nulidad reclamada, pese a demostrarse que el motivo considerado en la resolución no. 590 no existía, como se tomó en cuenta para dictar el acto, sea, la suspensión total de las actividades extractivas y de beneficiamiento de la empresa Productos Pedregal S.A. Por otra parte, asevera, en la declaración de folios 858 y 859, del testigo-perito Dr. Allan Astorga Gatgens, se expresa: “En relación con la suspensión abrupta de la concesión, se podría haber dado otra medida, se podría dar un efecto de acuerdo al aspecto social…; ahora bien, no se requería un estudio detallado desde el punto de vista geológico o hidrogeológico, para concluir que si habían áreas del proyecto que se podrían continuar explotando, sin que significaran un riesgo para el ambiente y para las aguas subterráneas; fue severa la suspensión de la actividad… Era posible para el año en que se dictó la resolución 590, que se produjera la explotación en otras areas (sic), ya que en el sector oeste del tajo hay una gran cantidad de rocas que pueden ser explotadas, y que por su condición geológica no podrían generar ningún impacto. Para el momento en que se dictó la resolución 590, únicamente se contaba con el plan de explotación en poder de la dirección de geología y minas, y la observación directa del tajo”. También indica que detalló sobre la inexistencia del daño ambiental e invasión de la zona protectora del río Virilla, contrario a lo afirmado en la resolución no. 590 y distingue entre los conceptos “daño ambiental” e “impacto ambiental”, agregando, a folio 857, que se descarta la existencia del primero, producto del afloramiento surgido en el sector este de la concesión. Al respecto dijo: “…Cuando analicé esta resolución de suspensión, me dio la impresión de que se cometió el error de calificarlo a priori como daño ambiental, y que las valoraciones que se hicieron a posteriori estaban encaminadas a validar que era un daño, y no a demostrar si realmente lo era o no, y eso hizo que no se aplicara una metodología para determinar si era un daño o no”. También, señala que el deponente expuso, en cuanto a la imputación de daño ambiental por invadirse la zona protectora del río Virilla, que no existe posibilidad de calificar como daño esa situación fáctica, en tanto la definición de esa área deriva de la legislación posterior al inicio de la actividad extractiva y, además, porque al darse la autorización ambiental en 1983, el sitio ya tenía una topografía como la actual, es decir, la margen derecha del río Virilla difiere de la izquierda que es de topografía abrupta y con bosque. Así, dijo: “…señalar que hay daño al ambiente pierde consistencia, en particular si se determina que para el año 83 esa área de protección estaba afectada. Antes del 83 esa parte del tajo funcionó como fuente de extracción de material mineral, durante un tiempo no definido”. Atinente al supuesto daño ambiental por el afloramiento del sector este, en que centra el fallo el rechazo de la demanda, se menciona que el experto dijo “…tampoco interpreto que hay daño ambiental… Afirmo que el efecto ambiental neto hacia el medio ambiente, en esas condiciones es prácticamente nulo…”. El Tribunal, argumenta, ignoró las afirmaciones descritas, cuando en realidad existe suficiente evidencia, fáctica y técnica, para haberse autorizado la continuidad parcial de las actividades extractivas. Antes bien, sacó del contexto una afirmación del testigo perito, vulnerando los artículos 330, 351 y 401 del Código Procesal Civil; 133.1 y 166 de la LGAP. Al no considerarse esa prueba en la distinción entre daño ambiental e impacto ambiental negativo, insiste, violó los cardinales 3.26 y 3.44 del Decreto Ejecutivo no. 31849 o Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación Ambiental. De este resulta la distinción que evidencia la falta de motivo del pronunciamiento no. 590, en cuanto atribuye a las codemandantes daños ambientales, cuando en realidad, se trataba de impactos ambientales negativos, sujetos a un tratamiento jurídico diverso. En cuanto al error de derecho que acusa en la valoración del oficio DGM-OD-198-2001, señala, en él se indica que “…debido a la antigüedad de la explotación no existe una zona de protección del río, pues todo fue explotado y la cobertura eliminada”. Esta consideración, explica, confirma el criterio del Dr. Astorga, pero en la sentencia se ignora ese documento, que acredita la ausencia del daño ambiental por la supuesta invasión en la zona protegida del río Virilla, violándose los preceptos 369, 370 del Código Procesal Civil; 103 de la LRJCA; 133.1 y 166 de la LGAP, al no tener por probada la falta de motivo de la resolución no. 590, atinente a la imputación del daño ambiental por invadirse la zona protegida del río Virilla. También, del canon 33 de la Ley Forestal, pues por la especial naturaleza de ese terreno, su topografía y aptitud minera, esa área no se invadió, ya que no existía al momento de concesionarse. Por último, sobre el error de derecho del expediente administrativo, manifiesta, allí figuran las condiciones en las cuales se le concesionó a Productos Pedregal S.A. y que de previo, la Administración supo que se solicitó para aprovechar un recurso mineral no metálico (rocas), ubicado en una zona de descarga del acuífero Colima. Por eso, indica, se ordenaron estudios hidrogeológicos, para definir la cota mínima de la extracción. En ese expediente también consta, agrega, que en 1991 se produjo un afloramiento de agua, similar al que capturó la atención del Tribunal y le condujo a fallar como lo hizo. Pese a ese hecho, continúa, no se dispuso suspender las labores ni se atribuyó la comisión de un daño ambiental. Antes bien, se intermedió para que la concesionaria con Acueductos y Alcantarillados, llegasen a un acuerdo que le permitiera aprovechar las aguas liberadas por las labores de extracción para el interés público, como así aconteció durante más de 10 años, pero el Tribunal no lo consideró. Al contrario, aduce, ignoró toda esa evidencia probatoria, fundada en documentos públicos que acreditan un curso de acción muy distinto entre un evento y otro, pese a su similitud. Explica, en ambos casos, el afloramiento se produjo aún estando por encima de la cota mínima establecida por la DGM. Entonces, no se apreció de modo integral el expediente administrativo ni los antecedentes fácticos y técnicos, suficientes para que se hubiese considerado una medida menos gravosa que la adoptada en la resolución no. 590. Reitera, en ese sentido, la violación de los artículos 330, 369, 370 del Código Procesal Civil; 103 de la LRJCA; 133.1 y 166 de la LGAP. Según argumenta, la falta de motivo y la existencia de información que pudiera excluir el riesgo de daño ambiental, pese a la continuidad parcial de las actividades extractivas, quedan demostradas con toda esa documentación que fue preterida, producto de la apreciación parcial que se hizo de la prueba. “2.- EN CUANTO A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO EN EL CASO CONCRETO”, aduce violación directa de ese axioma y de los preceptos 11 de la Ley de Biodiversidad y 15 de la Declaración de Río. Transcribe parte del fallo impugnado e indica que, contrario a lo que allí se afirma, la metodología que ha de seguirse para aplicar el principio precautorio o medición del riesgo y valoración del costo-beneficio de la acción precautoria, resulta exigible más bien, en un contexto donde no existe suficiente evidencia científica de los efectos en la salud o el ambiente, de determinado producto o actividad. Así lo entendió la Sala Constitucional y pronunciamientos de entidades internacionales, refiere. Sin embargo, alega, para el Tribunal, la metodología requerida para adoptar medidas precautorias, solo resulta exigible en los casos donde exista certeza científica en torno al impacto que pueda causar el producto o actividad humana. Con ello, asevera, incurre en una interpretación indebida de esas normas, toda vez que no encuentra sustento en el relacionado principio, para la medida precautoria contenida en la resolución no. 590. También endilga error de derecho en la apreciación del informe de SETENA del 17 de diciembre de 2001, el cual, a su juicio, fue sobredimensionado en su valor probatorio, incurriendo en quebranto de los recién mencionados preceptos y de los cardinales 369, 370 del Código Procesal Civil; 103 de la LRJCA. Sobre ese estudio, censura, el Órgano Decisor estimó que el contenido confirma que la medida cautelar fue a derecho, por reflejar la existencia de una serie de daños y posibles daños ambientales, en la zona concesionada. Además, que fue preparado luego de la inspección realizada por los funcionarios de Geología y Minas, a partir de lo cual se refuerza la tesis de que para ese momento no era posible descartar, con absoluta certeza, que la actividad de explotación afectaba el medio ambiente, sobre todo, el acuífero Colima. Esa tesis no tiene sustento válido, enfatiza, porque el informe, rendido fuera del proceso, sin contradictorio ni basado en una metodología objetiva, solo parece probar la existencia de supuestos daños causados por las coactoras. Pero no contiene ninguna valoración, ni cualitativa ni cuantitativa, de los efectos ambientales del proyecto. Ni siquiera usa la metodología ya mencionada, con que cuenta oficialmente la SETENA, para valorar la importancia del impacto ambiental. Por eso no debe considerarse como una valoración del daño al ambiente, sino una identificación o caracterización de los efectos ambientales que ha producido el proyecto. Tampoco se ha publicado, en forma oficial, agrega, un procedimiento para identificar menoscabos ambientales, menos para medirlos, evaluarlos o valorarlos. Por eso, no debe tenerse por probado que no cabía descartar, con absoluta certeza, que la actividad de explotación afectaba el entorno. Así las cosas, menciona, la resolución no. 590, de modo ilegítimo, decidió a priori que existía daño. Luego instruye a SETENA para que lo determine y cuantifique; pero las argumentaciones que emitió, al igual que las de la DGM, no se refieren a la existencia o inexistencia de la “…absoluta certeza que la actividad de explotación afectaba el medio ambiente”. Menos, se refiere a si se siguió o no la metodología universalmente admitida, para aplicar el principio precautorio, sea, la previa medida del riesgo y valoración del costo-beneficio. “3.- CONSIDERACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN EL CASO CONCRETO”. En su criterio, el Tribunal, básicamente, descarta la aducida violación de esos principios, por los mismos motivos que consideró para rechazar el vicio de nulidad absoluta de la resolución no. 590. En lo fundamental, señala, esa Cámara estimó que por la falta de datos técnicos y científicos, se dispuso suspender las labores en todos los frentes de explotación. Entonces, no era exigible la ponderación que echan de menos las coactoras, afirma, en punto a definir como alternativa de suspender la explotación solo de las zonas donde existía riesgo, dado que se desconocía el nivel de vulnerabilidad que presentaba el recurso hídrico, respecto al estado y avance de la superficie objeto del proceso de extracción. Por eso estimó que la medida sí resultó necesaria e idónea, pues al momento que se tomó, no existían otros mecanismos que en mejor forma solucionaran la necesidad de proteger el acuífero. Además, a criterio del Tribunal, aduce, fue proporcionada, en atención al nuevo afloramiento, reflejando así la vulnerabilidad de ese recurso hídrico, en orden a las labores mineras que se desplegaban en la zona, evidenciando el peligro de resultar contaminado con las sustancias que se producían a consecuencia de la extracción y procesamiento de materiales. Esas consideraciones que se emiten en el fallo impugnado, censura, comportan un error de derecho del oficio DGM-DC-803-2001 del 3 de agosto de 2001 y la prueba pericial del experto en hidrogeología, quien a folio 1748 manifestó: “Es opinión de este perito que, con base en los dictámenes del Ministerio de Salud, y mediante la ejecución de estudios hidrogeológicos inmediatos, era posible que la planta extractora del material rocoso El Pedregal se mantuviera en operación, al mismo tiempo que se aplicaban las recomendaciones y medidas de protección que se daban en la Resolución 590-200 –sic- y mientras se realizaban los nuevos estudios propuestos…”. Estos datos, expone, fueron ignorados en el fallo. Con ellos se confirma que existían consideraciones técnicas y fácticas que permitían que al momento de dictada la resolución no. 590, se hubiese impuesto una limitación cautelar menos gravosa; o sea, no existía un motivo para paralizar totalmente las labores. Así se conculcaron los artículos 330, 401 del Código Procesal Civil; 132.2, 133.2 y 166 de la LGAP, denuncia, por exigirse que el contenido del acto sea proporcionado al fin legal, que la Administración guarde proporción entre el motivo y el contenido y por sancionar con nulidad absoluta la ausencia real o jurídica de cualquiera de esos elementos. También se erró al valorarse el testimonio-pericial del Dr. Allan Astorga Gatgens, pues como se explicó, declaró que sí existía posibilidad de adoptar una medida menos severa para el concesionario, sin que por ello se desprotegiera el recurso hídrico. “4.- DE LA ADUCIDA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO”. Expresa que cuando el Tribunal resolvió el alegato de las codemandantes referido al elemento formal de la resolución no. 590, quebrantó el debido proceso y con ello los artículos 11, 33, 39, 41, 49 de la Constitución Política; 108, 111 de la Ley Orgánica del Ambiente; 52, 53 del Decreto Ejecutivo no. 25705 o Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA, vigentes al momento de los hechos (hoy canon 93, párrafo último, del Decreto Ejecutivo no. 31849 o Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental –EIA-). Esas disposiciones, aduce, no se aplicaron, en tanto el contenido del acto acredita y declara la existencia de daños ambientales, con la consecuente responsabilidad para la concesionaria, yendo más allá de una medida cautelar. Para situaciones así, explica, las normas citadas compelen a la Administración a seguir un procedimiento administrativo previo, según las regulaciones de los preceptos 308 y siguientes de la LGAP, lo cual como se probó no se siguió en la especie. El fallo, en resumen, argumenta que la resolución no. 590 es una medida cautelar, por lo que “…no surgió como consecuencia de un acto sancionatorio…”. Pero esa manifestación, objeta, evade el tema de fondo. Es cierto que la mencionada resolución contiene medidas cautelares, como la paralización de las actividades extractivas. Sin embargo, no obsta para atribuirle también un contenido declarativo, sea, la existencia de daños ambientales y la imputabilidad a la cesionaria. Por su parte, el Juzgador no descifra el alcance de la afirmación contenida en el pronunciamiento no. 509, en lo que al daño ambiental concierne, pues tampoco atiende la distinción entre éste y el impacto ambiental negativo. Contrario a lo dicho en la sentencia, acota, la resolución no. 509 establece que se produjeron daños ambientales y dispone acciones para caracterizarlo y cuantificarlo, sin antes haber dado oportunidad de defensa a la concesionaria. El que las coactoras hayan planteado recursos administrativos contra esa decisión, argumenta, en forma alguna disculpa el quebranto ni evita la sanción de nulidad absoluta. “5.- EN CUANTO A LA ADUCIDA FALTA DE MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN No 451”, reitera las infracciones detalladas en el punto 1, por su directa conexidad. “6.- DE LA ATICIPIDAD (sic) DE LA CONDUCTA DE LA ACTORA”. Para el Tribunal, señala, no es de recibo el alegato referido a la atipicidad de la conducta desplegada por la demandante, en tanto “…no se considera que el acto expresado mediante la resolución No 451 corresponda a uno de naturaleza sancionatoria”. Además, se dice en la sentencia que el actuar de la Administración no se enmarca en el ejercicio de esa potestad de sancionar, pues no se está ante un hecho tipificado como infracción, sino que se trata de un derecho a título precario o derecho real limitado sobre dominio público. Asimismo, que el incumplimiento en el que incurrió la concesionaria, respecto de las medidas cautelares a favor del ambiente, constituía motivo suficiente, legal y constitucional, para cancelar el derecho de concesión. También, que las razones que hubiere podido tener para violentarlas, no son acciones sustentadas en el ordenamiento jurídico. Califica esas manifestaciones como contrarias al principio de tipicidad y por ello aduce que se conculcan los artículos 39 constitucional; 34, incisos ch) y f), 67, inciso ch), 101 y 102 del Código de Minería. Con un criterio puramente formal, indica, se descarta que la extinción tenga carácter de sanción administrativa rescisoria, como se argumentó al formalizarse la demanda, careciendo el Estado de fundamento jurídico. No es sino mediante la Ley no. 8246, vigente desde el 28 de julio de 2002, luego de los hechos imputados, que se incluye en el Código de Minería el artículo 137 que dice: “A la persona física o jurídica, titular de un permiso o una concesión, que realice actividades de exploración o explotación minera una vez suspendido el permiso o la concesión, se le cancelará definitivamente el permiso o la concesión y no se le otorgará ningún otro dentro del plazo de cuatro años, contados desde la firmeza de la resolución que para tal efecto emita la DGM”. Es decir, expone, previo a la vigencia de esa Ley y a la reforma al mencionado Código, no existía fundamento jurídico para imponer una sanción de carácter rescisorio al concesionario que, estando suspendida la concesión, realizara actividades de explotación minera. Eso evidencia el vicio insubsanable del acto impugnado, la falta de fundamentación jurídica, por ausencia de norma base y por la atipicidad descrita, pues la norma se incorporó luego mediante reforma legal. Por consiguiente, agrega, la infracción es evidente, en tanto esas disposiciones defienden deberes y derechos en abstracto de los concesionarios, así como supuestos en los que cabe cancelar la concesión, ninguno de los cuales corresponde al evento considerado en la resolución no. 451. “7.- VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE ADECUACIÓN Y PROPORCIONALIDAD MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 415”. Le objeta al Tribunal el rechazo del alegato con el cual se señala que se infringieron esos principios en el pronunciamiento administrativo. Ello, por cuanto como se alegó, una vez adoptada una medida cautelar que, como la dispuesta en la resolución no. 590, supone imponer unilateralmente una obligación de no hacer, sea, no extraer recursos minerales ni procesarlos, el Ordenamiento Jurídico abre alternativas a la Administración para hacer valer ese contenido. Los artículos 147, 149 y 150 de la LGALP se ocupan del tema, explica, estableciendo la posibilidad, frente a ese tipo de obligaciones que no tengan carácter personalísimo, de optar por mecanismos de ejecución sustituta, o bien, por medidas tendientes a su cumplimiento forzoso. Con cita de doctrina, argumenta que es allí donde funcionan los principios de proporcionalidad y adecuación. De este modo, manifiesta, el Estado debió valorar la naturaleza del incumplimiento, para establecer que aprovechar el material no implicó voladuras en el frente de explotación. También, que se trató solo de actividades de procesamiento de material ya extraído del sector oeste, antes de la suspensión total de actividades y en ese sector, según lo establecido en el informe contenido en el oficio DGM-DC 803-2001, “…no se observa intervención en el manto acuífero”. Asimismo, que en repetidas ocasiones se había hecho ver por la concesionaria, la necesidad de procesar material para cumplir con obras públicas en curso, al momento de adoptarse la medida cautelar. Debió considerar la inexistencia de daño ambiental producto de la desobediencia de la suspensión y evaluar la opción que asegurara el menor perjuicio posible al incumplimiento, sin dejar de proteger por ello el recurso hídrico. Con eso, afirma, se hubiese seleccionado una medida de cumplimiento forzoso, con el concurso de la fuerza pública, decomiso de bienes, clausura de establecimientos, etc. Pero no una sanción rescisoria capaz de generar afectaciones a más de 400 familias, daños y perjuicios estimados, al 30 de noviembre de 2003, en $9.794.000,00. En síntesis, justifica la violación de los referidos principios, frente a las argumentaciones consignadas en la sentencia recurrida, cuando de forma poco consistente se indica que “La actora pretende calificar la cancelación de la concesión (resolución No 451) como si fuere un medio de ejecución de la resolución No 590, es decir, como si tratara de la actuación por medio de la cual la Administración logró ejecutar coactivamente aquel acto de naturaleza cautelar (artículos 146 y siguientes LGAP). No obstante, atendiendo a sus características, la resolución No 451 no es una mera actuación de naturaleza ejecutiva, es un acto administrativo independiente de la medida cautelar, que cuenta con un motivo, un contenido y un fin, y se encuentra debidamente fundamentado. Es un acto final que da por terminada la relación jurídico administrativa surgida con ocasión del derecho de concesión (derecho real limitado)… si bien el motivo de la resolución No 451 lo es el incumplimiento aceptado por la actora de las medidas establecidas en la resolución No 590 (ver oficio No DC-399-2002 del 21 de junio del 2002), no por ello se constituye en un medio de ejecución de ésta (sic) última, y en tal caso no son aplicables las normas relativas a la ejecutoriedad de los actos”. Combate ese razonamiento y dice que no resuelve lo alegado, pues lo evita acudiendo a un razonamiento circular, sea, “…no se optó por medidas de ejecución forzosa, porque la elegida no es una medida de ejecución forzosa”. Sus representadas, asevera, no buscan calificar la cancelación al concesionario como mecanismo de ejecución forzosa. Más bien, señalan que lejos de haber optado por mecanismos menos gravosos según los principios de proporcionalidad y adecuación, como los previstos y citados, la Administración decidió extinguir la concesión. Como corolario, además de infringir esos principios, expone, el Tribunal violó los artículos 132.2, 133.2, 147, 149, 150 y 166 de la LGAP. Segundo: “II.- EN CUANTO A LA ACOGIDA DE LA DEFENSA PREVIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM ACTIVA”. Censura la admisión de esa defensa, que se declaró con lugar en cuanto a todas las codemandantes salvo Productor Pedregal S.A., por estimarse que solo ésta poseía el derecho subjetivo inicialmente suspendido y luego extinguido con las resoluciones impugnadas. Ese criterio, aduce, comporta doble quebranto legal: de modo indirecto, por preterirse la prueba. También directo, por indebida interpretación. Señala, el Tribunal ignoró el documento no. IV, aportado al formalizarse la demanda, que es un estudio financiero contable no impugnado. Igual, la declaración testimonial-pericial del señor Guillermo Murillo Campos, Gerente Financiero del Grupo Pedregal, el dictamen pericial financiero contable de folios 1544 y siguientes. Con todo ello, asevera, se comprueba que entre las codemandantes existe un encadenamiento productivo, afectado por los actos administrativos que se impugnan. En este sentido, recrimina quebranto de los artículos 41, 49 de la Constitución Política; 351, 352, 372, 373, 401 del Código Procesal Civil; 10.1, 103 de la LRJCA, pues se desconoció el nexo comercial y productivo entre ellas, lo mismo que el interés legítimo que les confiere legitimación. De modo interlocutorio, explica, la sección segunda del Tribunal, rechazó la defensa de falta de legitimación activa, que luego se acogió en el fallo. Transcribe parte de las consideraciones con las que se desestimó en aquella otra oportunidad. Insiste, la relacionada prueba testimonial-pericial y la experticia, acreditan el vínculo entre las compañías demandantes. Se apoya en doctrina para justificar que el precepto 10.1 de la LRJCA, contiene una fórmula sumamente amplia respecto al interés legítimo y directo como base de la legitimación. De esta manera, añade, una recta interpretación de las susodichas normas, supone que estarán legitimadas para pedir la nulidad del acto, cuando genere un beneficio de diversa índole y ostenten un interés personal y actual. No obstante, en el fallo se optó por un criterio restrictivo, que la sección segunda calificó como un “estrechamiento indebido” del derecho de acceso a la justicia administrativa, previsto en los artículos 41 y 49 constitucionales. Según estima, pese a tratarse de un proceso especial minero, no puede descartarse, como lo hizo el Tribunal, que como consecuencia de una concesión, puedan resultar beneficiadas otras personas físicas o jurídicas, las cuales, en esa medida, podrían ostentar un interés legítimo y directo en el asunto. Por eso, no solo Productos Pedregal S.A., en su calidad de concesionaria, sino las otras accionantes, están en esas circunstancias, por el vínculo productivo y lesión que se les ha ocasionado y aún sufren con los actos impugnados. De anularse estos, agrega, todas ellas se verían beneficiadas. Además, se ubican, físicamente, en los márgenes del tajo explotado por Productos Pedregal S.A., con el afán de contar con agregados en sus distintos procesos productivos, sin los altos costos de transporte y almacenamiento que están padeciendo. La gran cantidad de reservas minerales no metálicas que presenta la zona concesionada, enfatiza, les asegura grandes índices de aprovisionamiento, para aspirar a cuotas de mercado de esa misma magnitud. La extinción de la concesión minera, agrega, les ha causado daño patrimonial, una pérdida de ventaja competitiva y perjuicios exponenciales. En su criterio, la naturaleza del beneficio que se requiere obtener para que se les reconozca legitimación, puede ser de diversa especie, según el canon 275 de la LGAP. En esa virtud, es posible tener por demostrado que todas, aún sin ser concesionarias, lograrían un provecho en caso de anularse los actos impugnados, pues verían resarcidos los daños y perjuicios, recuperando su ventaja competitiva o los altos niveles de eficiencia en la producción. Tercero: “III.- EN CUANTO A LA CONDENA AL PAGO DE LAS COSTAS”, objeta que se les impusiera a sus representadas y alega quebranto del artículo 98, inciso c), de la LRJCA por no aplicarse. Cita un precedente de esta Sala, para decir que si bien en materia contencioso administrativa impera la regla de quien pierde paga, ello cede en los casos previstos por la citada norma. En efecto, añade, podrá exonerarse a la vencida cuando por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Juzgador, motivo bastante para litigar. No obstante, censura, el Tribunal aplicó la regla de imposición a la perdidosa sin ponderar el caso de exonerarla. Estima que sí existen motivos probados que justifican el litigio planteado por sus poderdantes. Incluso, la sección segunda, conociendo de la medida cautelar solicitada, entendió que no existía temeridad al plantearse la demanda.
III.- Cabe indicar desde ya, no habría casación útil con establecer, aún hipotéticamente, que el fallo impugnado incurrió en el error de considerar que solo Productos Pedregal S.A. cuenta con legitimación activa, no así las restantes empresas, por cuanto, de todas maneras, la forma en que se resuelve este asunto, determina que no existe derecho que ampare las pretensiones de la demanda. En consecuencia, se debe desestimar el correspondiente cargo.
IV.- En el agravio referente al cuestionamiento del motivo de la resolución no. 590, el casacionista considera que con el oficio DGM-DC-803-2001 y la declaración del testigo-perito Dr. Allan Astorga, se demuestra que el sector oeste de donde se han realizado explotaciones, no comprometía el acuífero Colima. Ello es cierto, pues como consta en el evento probado número 3, donde se transcribe ese memorandum, en la visita realizada al sitio de los hechos, se constató que en el segundo frente de extracciones, al oeste de la concesión: “…no se observa intervención en el manto acuífero”. Cabe agregar, a este respecto, que por eso en las conclusiones y recomendaciones de ese documento, se destaca la referencia a “…la afectación del acuífero Colima Superior en el sector Este del área concesionada”. De esta manera, la medida de cautela con la que se ordena suspender las labores, no aplicaría para esa parte. También se desprende así, cuando el Dr. Allan Astorga dijo que la suspensión fue abrupta, pudiéndose haber adoptado otra medida y que la explotación se realizó en el extremo oeste del tajo, donde los resultados de los estudios concluyen: “…es una zona donde se puede realizar actividad minera sin producir efectos negativos… Era posible para el año en que se dictó la resolución 590, que se produjera la explotación en otras areas (sic), ya que en el sector oeste del tajo hay una gran cantidad de rocas que pueden ser explotadas, y que por su condición geológica no podrían generar ningún impacto” (folios 856 a 859, refoliados 900 a 903). Es por eso mismo, ante las gestiones de la empresa concesionaria y según se consigna en el hecho probado número 11, que la DGM, en resolución no. 784 de las 9 horas 40 minutos del 16 de octubre de 2001, modificó en forma parcial la medida cautelar dispuesta en la resolución no. 509, “…autorizándose a PRODUCTOS PEDREGAL S.A. la utilización del sistema de quebrado localizado al Oeste del área concesionada…”. De lo expuesto, aún y cuando el Tribunal consideró que no se descartaba que surgieran nuevos afloramientos incluso en el sector oeste, queda claro que ese pronunciamiento fue modificado, excluyéndose de la suspensión, las labores de ese rumbo, con lo que los agravios que se analizan no tienen la virtud de variar lo que, en definitiva, se decidió en el fallo impugnado, en punto al contendido de la resolución no. 590. En efecto, con todo y las observaciones supracitadas de los juzgadores, se consideró viable la operación de la planta extractora en la zona oeste, mientras se aplicaban las recomendaciones y medidas protectoras, además de los estudios requeridos, sobre la cual, en todo caso, se ordenó levantar la orden de cese de funciones. En torno a ello, no existe contradicción alguna respecto a lo que se detalla en el informe o lo que el recurrente llama “dictamen pericial de hidrogeología”, a folio 1748 (refoliado 1790), donde el experto indica: “…era posible que la planta extractora del material rocoso El Pedregal se mantuviera en operación…”. Sin embargo, debe considerarse que el mismo geólogo señaló, en ese folio: “El perito considera válido (sic) la declaración del Dr. Allan Astorga de que la resolución 590-2001 se basó a (sic) las condiciones de vulnerabilidad observadas en el tajo, como lo reportan los inspectores, y que esa situación estaba plenamente reconocida por las instituciones vinculadas con los controles de operación del tajo desde hacía años…”. También reconoció que la aplicación de la normativa señalada en ese pronunciamiento: “…dependerá finalmente de la decisión que tomen los profesionales responsables de las distintas instituciones públicas involucradas con una problemática específica…”. Dijo, asimismo, que en el caso concreto, los profesionales con mayor experiencia y conocimiento, no laboraban para las instituciones públicas involucradas en el momento cuando se presentó el problema y que ante cualquier duda es que se decidió aplicar la normativa ambiental, para tomar una decisión como la que se incorporó en la resolución no. 590. En este sentido, el Órgano Sentenciador bien podía apreciar el resultado de esa experticia, de consumo con lo dispuesto en los artículos 330 y 401 del Código Procesal Civil, determinando que, efectivamente, medió una situación de vulnerabilidad y peligro para el ambiente, como base para justificar y patentizar el motivo de la citada disposición administrativa, sin que por ello se deduzca infracción alguna de esas normas, ni de las restantes que se invocan quebrantadas, pues no había mérito para decretar las nulidades peticionadas. Además, nótese, valoró las manifestaciones del Dr. Allan Astorga, a quien se alude en el informe en estudio, destacando el Tribunal de su dicho que: “Para el momento en que se dictó la resolución 590, únicamente se contaba con el plan de explotación en poder de la dirección de geología y minas, y la observación directa del tajo”. Contrario a lo afirmado por el casacionista, esa declaración no resta fundamento al criterio externado en la sentencia, cuando justifica la existencia del motivo en el pronunciamiento no. 590. En otro orden de cosas, considérese que los jueces dan cuenta de las atribuciones de inspección que tiene la DGM, sobre las actividades de control minero ambiental, a partir de lo cual se realizó la visita al sitio donde la concesionaria realizaba las explotaciones y los funcionarios detectaron no solo el nuevo afloramiento del acuífero Colima Superior, sino la afectación de ese acuífero y de la zona protegida que establece el artículo 33 de la Ley Forestal y el incumplimiento de los cánones 8 y 11 de la Ley de Biodiversidad. Por eso requirieron la suspensión inmediata de las labores y que se valorara sobre el eventual daño ambiental al acuífero, tal y como se extrae del memorandum DGM-DC-803-2001, previniendo a la empresa la presentación de un estudio hidrogeológico. Es importante aclarar que en ese documento, no se especifica la existencia de un daño material en sentido estricto. Se alude: “…todo lo anterior pone de manifiesto el impacto Ambiental negativo trayendo consigo una externalidad negativa”, a partir de lo cual se emiten las recomendaciones ya conocidas. Ello, por cuanto el recurrente pretende cuestionar el motivo a partir de la ausencia del susodicho daño que, por lo demás, el estudio de SETENA, prueba vital en este proceso, sí refiere en forma expresa. No obstante, el impacto ambiental negativo, respecto al nuevo afloramiento acuífero, también fue base, para que las autoridades investigaran situaciones de riesgo, que autorizaran las medidas protectoras y allí radica la motivación del pronunciamiento administrativo cuestionado. Como atinadamente lo señala el Tribunal, “De una lectura de la motivación (fundamentación) del acto cuestionado, claramente se advierte que su objeto lo era la protección y preservación del acuífero Colima Superior, y por ende, su fin era la protección del medio ambiente, cuya base jurídica reside en el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en el derecho a la salud, que sobra decir, son derechos consagrados en nuestra Constitución Política y ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, según se vio antes”. Esa referencia jurisprudencial la asienta en el voto no. 2004-1923 de las 14 horas 55 minutos del 25 de febrero de 2004, citando también los fallos nos. 503-94, 1394-94 y 1758-94, todos del referido Órgano Constitucional. Pero, asimismo, agrega que la competencia de la DGM, para adoptar actos administrativos tendientes a proteger el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de consuno con el canon 50 de la Carta Política, permite dictar medidas cautelares, con fundamento en el principio precautorio o in dubio pro natura, del apartado 15 de la Declaración de Ambiente y Desarrollo de Río de 1992 y artículos 11 y 45 de la Ley de Biodiversidad, a los que añade la cita de los preceptos 1 de la Ley General de Agua Potable; 1 de la Ley General de Salud; 93 y 98 (97 y 102) del Código de Minería. Nótese, dentro de los agravios que se conocen, no se combate la aplicación de esas disposiciones, tampoco de la base jurisprudencial, ni el razonamiento jurídico que con ese fundamento normativo se adopta en la sentencia impugnada. Por otra parte, cabe destacar, el Tribunal sí consideró el argumento de las coactoras, al cuestionar el motivo de la resolución no. 509, a partir de lo que el casacionista califica de error, al haberse apoyado en un daño ambiental, cuando en realidad lo que pudo haber existido era un impacto ambiental negativo, que hasta fue previsto por la Administración al otorgar la concesión. En este particular, expresó esa Cámara, que no es punto neurálgico en esta litis, por cuanto ha sido innegable e indiscutible que en la zona concesionada se pudo verificar un nuevo afloramiento del acuífero Colima Superior, lo que justificaba la medida de paralización de las actividades para proteger del recurso hídrico, sobre todo, tratándose de aguas subterráneas, al lado de las citadas irregularidades que se detectaron, según quedó expuesto. Ese razonamiento se erigió en virtud del análisis de la prueba testimonial rendida por Marlene Salazar Alvarado, Cynthia Cavallini Chinchilla y Ana Sofía Huapaya Rodríguez Parra quienes, a su juicio los juzgadores, confirman lo establecido en el expediente administrativo, respecto a que en la zona de concesión se estaba rompiendo el manto acuífero y el agua estaba aflorando a un nivel por encima del freático, por lo que dispusieron tomar las medidas de suspensión y requerir más estudios que, en todo caso, la concesionaria presentó incompletos y hasta contradictorios, sin mediar base para justificar una medida menos gravosa. Con esa plataforma probatoria, también consideró el Tribunal, que pese a autorizarse luego el uso del quebrador en el sector oeste, más tarde se comprobó el incumplimiento de las medidas establecidas en la resolución no. 590, recomendándose cancelar la concesión. La mencionada prueba, en particular, no fue rebatida en el recurso que aquí se conoce. Además, bien está al alcance del Órgano Jurisdiccional, valorar en su conjunto los diversos elementos de convicción e inclinarse por aquellos que le merezcan fe, con referencia justificativa, a efectos de razonar su sentencia, como ha ocurrido en este asunto. En igual sentido aplica lo dicho, respecto a su criterio de tener por establecida la vulnerabilidad del acuífero frente a la actividad minera desplegada en la zona y una falta de información científica para ponderarla, que no refutó la parte actora con la testimonial por ella ofrecida, citando, en esta oportunidad, al geólogo Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, quien dijo enfocarse en reseñar sobre aspectos que, en modo alguno, “…desvirtúan el proceder de carácter preventivo que desplegó la Administración con el dictado de la medida cautelar”, por desprenderse de los puntos de su declaración que no se refirió al afloramiento del 2001, ni señalar tampoco “…si para ese momento habían elementos claros y contundentes para garantizar la inocuidad de las aguas subterráneas, o bien, si las acciones dispuestas por la Administración en aquel momento, con la medida cautelar, resultaron absolutamente contrarias a la ciencia o la técnica”. En este predicado, es explicable cómo en el fallo recurrido, tras el análisis del relato de ese deponente, se concluye: “… existen claras imprecisiones en lo declarado por el testigo en relación con este segundo afloramiento (motivo del acto impugnado), en el tanto no supo definir la causa del mismo, ni mucho menos explicó si existía o no peligro de afectación del acuífero, producto de las salidas de esas aguas a la superficie”. Por consiguiente, las censuras no determinan, en forma contundente, que la resolución no. 590, no tuviese motivo lícito. Además, el que las autoridades de control minero ambiental dieran un tratamiento diverso al afloramiento de 1991, no prejuzga sobre situaciones futuras ni exime a la concesionaria de verificar la observancia a las normas protectoras, tampoco a la Administración de ejercer sus funciones de vigilancia del medio ambiente, lo que es aplicable respecto al acuífero Colima Superior, sea, el que aquí interesa. En punto a este, es lo cierto que, aún tratándose de un impacto negativo esperado y no de un daño ambiental consumado, las autoridades administrativas deben observar la debida diligencia para ejercer las acciones protectoras del recurso hídrico, frente a situaciones de peligro, riesgo presente, inminente o potencial, o duda de eventuales situaciones que lo afecten. Así ocurrió en el sub-júdice, sin que tuviese que mediar advertencia expresa a la concesionaria, de que era menester respetar áreas de protección, según lo dispuesto en el precepto 33 de la Ley Forestal. Ello es así, no solo, como lo expone el Tribunal, porque no cabe excepcionarse de los alcances y aplicación de las normas jurídicas, argumentándose su desconocimiento, sino también, porque el giro normal de la empresa concesionaria, precisamente, la lleva al deber de observar la correcta diligencia de mantenerse informada de las disposiciones protectoras del ambiente, en especial, del recurso hídrico, lo mismo que de acatar en forma estricta sus requerimientos. Al Estado, por su parte, se le asigna el deber de resguardo y conservación del ambiente sano y equilibrado, contando con la facultad para decretar medidas preventivas como la dispuesta, máxime mediando razones suficientes que autorizan y justifican aplicar el principio precautorio, lo mismo que criterios de proporción y razón, como de seguido se analizará. Por ende, no se han cometido los errores ni las violaciones a las disposiciones jurídicas que se acusan en este apartado del recurso.
V.- Según se expone en la cita que hace el Tribunal, con ocasión del preámbulo sobre el principio precautorio, del precedente trascrito de la Sala Constitucional (voto no. 17747-2006 de las 14 horas 37 minutos del 11 de setiembre de 2006), “…al disponerse las medidas de restricción o intervención se debe respetar el principio de proporcionalidad, de modo que sean proporcionadas al nivel de protección y a la magnitud del daño potencial o eventual…”. En este sentido, procede el análisis de las censuras que tocan con ambos principios y el de razonabilidad. En la sentencia impugnada, se hace alusión a otros antecedentes de la Sala Constitucional (votos nos. 1250-99, 9773-00, 1711-01, 3880,03, 6322-03, 1923-2004), para justificar que, en el caso concreto, la medida cautelar tomada por la Administración, no está afecta de nulidad absoluta. Ello, por cuanto con el principio precautorio y en in dubio pro natura, el Estado puede adoptar acciones anticipadas, necesarias para proteger y conservar el ambiente y la salud de las personas, cuando exista riesgo de afectación para aquellos. En esta virtud, llevan razón los juzgadores pues, en efecto, el informe suministrado por SETENA, detalla no solo la presencia de daños ambientales en la zona de protección de río Virilla, por removerse vegetación, irrespeto a la franja de 50 metros a lo largo que impidió recuperarse naturalmente o por reforestación, arrastres de sedimentos e hidrocarburos que alteraron sus calidades fisicoquímicas. También, referentes a las aguas subterráneas, por exposición del acuífero Colima Superior, calificado como daño irreversible al medio ambiente, por la imposibilidad de volver al estado inicial o anterior. Aparte de daños al paisaje y a la salud pública que también se informan. Aunado a ello, se exponen posibles daños ambientales al río Virilla, a la toma Zamora, a la salud ocupacional y, de nuevo, a las aguas subterráneas, en tanto “…la apertura del acuífero en el frente Este podría estar ocasionando disminuciones en la descarga de agua a nivel local. El acuífero Colima Superior presenta alta vulnerabilidad debido a su exposición y por contar con una protección, a lo sumo de 2 m de profundidad en toda el área de pit. Las eventuales inundaciones y la presencia del quebrador del sector este, acumulación de áridos y acumulación de restos asfálticos que están en la Zona de Protección del manantial, son posibles fuentes de contaminación, no solo microbiológica sino química” (folios 387 y 388). Los serios resultados de ese estudio, los confronta el recurrente con algunas consideraciones que expresó el Dr. Allan Astorga, para lo cual, como se indicó en el Considerando anterior, los juzgadores, en orden a la apreciación de las pruebas en su conjunto y de acuerdo con la sana crítica, determinaron darle más valor a los datos que desprende el informe de SETENA y esta Sala no encuentra que se haya sobredimensionado en su valor, como se acusa en la impugnación que se analiza. Además, como igual se refirió, el Tribunal consideró otros elementos de convicción, que el recurrente ni siquiera combatió. De cualquier manera, para esta Sala, de consuno con los pronunciamientos de la Sala Constitucional de que se ha hecho mérito, mediando un daño ambiental o un impacto ambiental negativo, agravado, en este caso, al tratarse del afloramiento del acuífero en riesgo, siempre es viable y procedente la medida cautelar decretada. Es así, por el peligro que presenta el acuífero y sus implicaciones para el recurso hídrico y la salud pública, frente a daños irreparables o de muy difícil reparación, lo que es consecuente con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que el casacionista echa de menos en su aplicación correcta. De todas maneras, no debe soslayarse el radio de acción del principio precautorio, en tanto, precisamente, funciona sobre la base de situaciones de duda, riesgo, peligro o eventos que comprometan el entorno ambiental. Como lo expuso la Sala Constitucional, en la ya relacionada sentencia no. 1923-2004, que con tino se cita en el fallo impugnado, en consonancia con el apartado 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, se deberá aplicar ampliamente el criterio de precaución, con el fin de proteger el entorno, “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Asimismo, atinente al precepto 11 de la Ley de Biodiversidad, se consagra el criterio preventivo, reconociendo de vital importancia anticipar, advertir y atacar las causas de pérdida de biodiversidad o sus amenazas y, en cuanto al principio in dubio pro natura: “Cuando exista peligro o amenaza de graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. Sobre el particular, explica la Sala Constitucional, en el voto no. 1250-99 de las 11 horas 24 minutos del 19 de febrero de 1999, que asimismo se consigna en el fallo en examen: “La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate”. En la resolución no. 3480-03 de las 14 horas 2 minutos del 2 de mayo de 2003, esa Sala agregó que para el caso de aguas subterráneas contenidas en mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, “…el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación”. Ahora bien, con mayor sentido ha de aplicar, si la falta de esa información certera se debe a la incuria de la propia concesionaria, pues como se ha explicitado en la sentencia recurrida, “… si bien la actora presentó en octubre del 2001 los informes que le fueron requeridos…, los mismos resultaron incompletos en lo referente a la adecuada caracterización del acuífero, con lo cual sus reproches no son de recibo”. Debe recalcarse, las manifestaciones de censura, respecto a las pruebas que se dice fueron mal valoradas, en cuenta el oficio DGM-DC-803-2001, la declaración del Dr. Allan Astorga y la prueba pericial del experto en hidrogeología (folio 1738 a 1749), producto de lo cual, a juicio del casacionista, se consideró erróneamente que los actos combatidos no adolecen de yerros y nulidades absolutas, objetando la falta de proporcionalidad y razonabilidad, también fueron aspectos estimados por el Tribunal. Éste no solo se avocó al análisis del referido oficio, como ya se expuso, sino de las otras dos probanzas y fue prolijo en expresar los motivos que tuvo para descalificar las manifestaciones del Dr. Astorga, con las que concluyó que no ofrece total certeza, a efecto de desvincular de toda causalidad la actividad de explotación y procesamiento de materiales con la contaminación señalada. Lo propio razonó sobre el informe pericial del que, incluso, hasta hizo una extensa trascripción, para luego resaltar que el perito solo plantea “… meras hipótesis, al igual que lo hace el estudio del Dr. Astorga, limitándose a hacer comentarios de lo que en su criterio pudo haber hecho la DGM, sin embargo, no es claro en indicar lo más relevante del caso, esto es, si para el momento de adoptar la medida cautelar, existía absoluta seguridad de que el recurso hídrico del acuífero Colima Superior no se encontraba bajo ningún riesgo, producto de la actividad minera de la actora. Por el contrario, el perito reconoce que los funcionarios de Geología y Minas basaron su actuación en las condiciones de vulnerabilidad encontradas en el Tajo, y concretamente, de la vulnerabilidad del acuífero superior que discurre por la zona concesionada… Con todo, lo que sí queda evidenciado del propio dicho del perito, es que la Administración optó por aplicar la normativa ambiental que permite tomar medidas como la adoptada en este caso (principio precautorio), ante la duda sobre la posible afectación del recurso hídrico”. De cualquier manera, se insiste, aún con aquellas pruebas, en modo alguno se logra desmeritar los datos que se derivan de las probanzas que, al abrigo de las reglas de la sana crítica, consideraron los juzgadores dentro de todo su estudio del acervo probatorio, para justificar su decisión final y estimar que la medida adoptada no solo guarda consonancia con el principio precautorio, sino también con los de razonabilidad y proporcionalidad. Así las cosas, no se han producido las infracciones acusadas.
VI.- Respecto a la alegada violación al debido proceso, el Tribunal basó su pronunciamiento para concluir que no existió ese quebranto, en que los artículos 219 y 226 de la LGAP, autorizan que para eventos representativos de peligros graves e inminentes a las cosas y personas, contentivos del ambiente y la salud humana, con posibilidad de daños de imposible reparo, se prescinda de constituir un procedimiento administrativo, a efecto de emitir el acto tendiente a su protección. Además, se trató de una medida cautelar para salvaguardar el recurso hídrico y, en tal condición, señaló, no participa de los supuestos establecidos en el numeral 308 Ibídem. Se insiste, esta base jurídica lo llevó a considerar que no era preciso seguir el procedimiento administrativo ordinario. También, justificó su criterio en la normativa especial, que prevalece en materia de protección ambiental minera, sea, el Código de Minería, haciendo referencia al Título XIII, donde se encuentran descritos y regulados los trámites atinentes a la exploración y explotación de recursos minerales, incluyendo, la materia recursiva que, en este caso, compete a la concesionaria, en virtud de la relación jurídica subyacente que la vincula con la Administración. Con este fundamento normativo, estimaron los jueces, no se vulneró el debido proceso; sin embargo, el recurrente no aduce la infracción de ninguna de esas disposiciones jurídicas, lo que dice de la informalidad del recurso en este particular, que conduce a su rechazo. No obstante, con todo y las violaciones a los diferentes cuerpos normativos que acusa, es lo cierto que durante el procedimiento administrativo, la parte actora tuvo disponible todo el régimen recursivo, que ejerció efectivamente, de manera que no se evidencia indefensión alguna. En síntesis, no procede argumentar que aún habiendo planteado recursos, en forma alguna se disculpa el quebranto ni evita la sanción de nulidad absoluta, por no haberse seguido otro procedimiento. En este punto, considérese, es principio de memorable arraigo, que no procede decretar nulidades “por la nulidad misma”, ya que la declaratoria ha de estar condicionada a la verificación contundente de irregularidades que limiten o cercenen las garantías procesales de los litigantes. Pero, ello no ha acontecido en la especie, pues como bien lo dijo el Tribunal y el recurrente no lo ha desvirtuado: “Puede afirmarse que se han cumplido en este caso las garantías fundamentales del debido proceso exigidas por la jurisprudencia constitucional, esto es, derecho a ser oído, oportunidad de presentar argumentos y pruebas, acceso a la información y los antecedentes, derecho a obtener asesoría, notificación de las decisiones tomadas y derecho de recurrir la decisión tomada. Siendo así se rechazan los argumentos de la actora en relación con la aparente la (sic) violación al debido proceso, no advirtiéndose ninguna nulidad absoluta por este motivo”.
VII.- En cuanto a la aducida falta de motivación del pronunciamiento no. 451, luego de citar una parte del fallo impugnado, el casacionista se limita a decir: “Al respecto, se alegan los mismos quebrantos detallados en el punto 1 de este memorial, por su directa conexidad”. Evidentemente, el cargo deviene informal y debe rechazarse, pues incumple los preceptos 596 y 597 del Código Procesal Civil, toda vez que no explica ni desarrolla agravio alguno y, de cualquier manera, las violaciones que se invocan en el apartado 1 se resolvieron en el Considerando IV.
VIII.- En punto al tema de la cancelación de la concesión y la supuesta atipicidad de la conducta de la concesionaria, que menciona el casacionista, es importante destacar, el Tribunal no aplicó el artículo 137 del Código de Minería, para justificar que se extinguiera; entonces, no ha vulnerado el principio de irretroactividad de la ley, ni tampoco el numeral 39 de la Carta Magna. Antes bien, luego de expresar que no se trató de una sanción, pues ni siquiera se ha contemplado como tal en la normativa, lo que ocurrió fue un caso de inobservancia a las obligaciones legales, derivadas de la relación jurídica que la vínculo con el Estado, atinentes al cumplimiento de deberes para regular la contaminación ambiental, recuperación de recursos naturales, preceptos legales y reglamentarios sobre especificaciones y obligaciones derivadas del resguardo ambiental, prohibición de prácticas u operaciones causantes de deterioros, especialmente al agua. Ello motivó las consecuencias previstas en los artículos 34, 67, 101 y 102 del Código de Minería, relacionándolos con el canon 50 constitucional. Efectivamente, de su interpretación hermenéutica, se desprende que frente al concesionario incumpliente de las previsiones asentadas en esas normas, determinándose riesgos al medio ambiente con motivo del despliegue de los derechos derivados de la concesión que contraríen esos requerimientos, el Estado está en la potestad de cancelarla. Sin duda alguna, hubo un incumplimiento a las medidas adoptadas para prevenir daños o riesgos al recurso hídrico, que guarda plena consonancia con aquellas obligaciones impuestas al concesionario, lo cual justifica el pronunciamiento no. 415, que al efecto dispuso esa extinción. Además, tratándose de efectos jurídicos previstos en la ley, dentro de las consecuencias establecidas ante el incumplimiento de las obligaciones propias de la relación jurídico administrativa, luego de observado el procedimiento del artículo 67 del Código de Minería, en modo alguno puede afirmarse que resulta inadecuado o desproporcionado lo decidido en la resolución no. 415. De cualquier manera, esta ni siquiera consiste en un acto para ejecutar lo señalado en la no. 509, como para sostenerse que se debió adoptar otro criterio, no así cancelar la concesión. Ello explica la impertinencia de los cargos que combaten la falta de aplicación de los criterios de proporcionalidad y adecuación, planteados en el punto 7 del primer agravio. Por consiguiente, no existen los aducidos quebrantos.
IX.- Por último, el Tribunal condenó a la parte actora a pagar ambas costas del proceso, por haber sufrido un vencimiento total. En criterio de la mayoría de los integrantes de esta Sala, así lo impone el artículo 221 del Código Procesal Civil. Los preceptos 222 Ibídem y 98 de la LRJCA, facultan a los juzgadores a exonerar; pero, como facultad que es, no existe quebranto normativo si no lo hacen. Por eso, no se han conculcado esas disposiciones legales.
X.- En mérito de lo expuesto, se debe rechazar del recurso, con sus costas a cargo de la parte demandante (artículo 611 del Código Procesal Civil).
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de la parte promovente.
Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández NOTA DE LOS MAGISTRADOS GONZÁLEZ CAMACHO Y ESCOTO FERNÁNDEZ.
I.- Los suscritos integrantes no comparten el criterio plasmado por la mayoría de esta Sala en el considerando IX del fallo anterior, en cuanto deniega el control casacional para aquellos casos en los que tan sólo se hace uso de la regla general de la condena al vencido en el pago de ambas costas, es decir, cuando no se actúa o aplica ninguna norma atinente a la exoneración de ellas. En efecto, el fundamento jurisprudencial de mayoría, parte de que la exoneración en el pago de las costas es una facultad, en la que no se produce yerro ni infracción normativa cuando no se ejercita o aplica; por ello, se dice, si no hay violación legal, no es posible en casación entrar a valorar o modificar lo resuelto sobre la condena al vencido, pues se repite, para la mayoría de esta Sala, sólo puede haber infracción jurídica cuando se actúa la norma correspondiente a la exoneración (entre muchas pueden verse las sentencias de esta Sala no. 1001- F-2002, de las 11 horas 50 minutos del 20 de diciembre del 2002; la 249-F-2003, de las 11 horas 45 minutos del 7 de mayo del 2003 y la 306-F-2006, de las 10 horas 20 minutos del 25 de mayo del 2006). La concatenación parece en principio lógica, pues con esta premisa, si la exoneración constituye una facultad, el juzgador no está obligado a exonerar; y por ende, si no ordena o realiza tal exoneración, no viola las normas que corresponden al tema. Ergo, si no se da violación de normas, no puede haber revisión casacional (consúltense las resoluciones de esta Sala no. 765 de las 16 horas del 26 de septiembre del 2001 y 561-F-2003, de las 10 horas 30 minutos del 10 de septiembre del 2003). Esta relación de ideas, les permite concluir, que en ese supuesto específico (la simple condena o la inaplicación de las exoneraciones) “no puede ser objeto de examen en esta sede” (de este mismo órgano decisor, sentencia n° 419-F-03, de las 9 horas 20 minutos del 18 de julio del 2003), pues se trata de una hipótesis “no pasible de casación” (fallo n° 653-F-2003, de las 11 horas 20 minutos del 8 de octubre del 2003). Así, en opinión de los distinguidos compañeros: no tiene cabida el recurso de casación cuando no se hace uso de la facultad exoneratoria (véanse a contrario sensu los considerandos III y VIII, por su orden de las resoluciones 541-F-2003, de las 11 horas 10 minutos del día 3 y 563-F-2003 de las 10 horas 50 minutos del día 10, ambas de septiembre del 2003). De esta forma se ha estimado por la mayoría que “… la condena en costas al vencido, como aquí sucedió no es revisable en esta Sede, habida cuenta de que el Tribunal se limitó a actuar la norma en los términos por ella dispuestos” (el destacado no es del original, véase el considerando X del voto no. 68-F-2005, de las 14 horas 30 minutos del 15 de diciembre del 2005). Y en materia notarial, con mayor contundencia, se ha señalado que: “…el Tribunal le impuso el pago de las costas de la pretensión resarcitoria a la denunciante, pronunciamiento que, se repite, no tiene casación”. (considerando X de la sentencia n° 928-F-2006, de las 9 horas 15 minutos del 24 de noviembre del 2006).
II.- Sin embargo, en parecer de los suscritos, la indebida inaplicación de los preceptos que permiten la exoneración de costas, infringe, sin duda, el Ordenamiento Jurídico y, en concreto, las normas que la autorizan, ya sea por error o inadecuada apreciación de los jueces en el conflicto específico. En ese tanto, aunque se trate de una facultad, es lo cierto que no se encuentra inmune al control casacional, pues tanto en su ejercicio como en su inaplicación, puede operar una violación de ley, y en esa medida, la indebida omisión no es ni debe ser, sinónimo de arbitrariedad, en tal caso, cometida por el propio Juzgador. Máxime si se trata de un apoderamiento al juez otorgado con supuestos específicos que limitan su poder discrecional en esta materia. En consecuencia, en este particular aspecto, estimamos que con la sola aplicación de la regla general del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo (condenatoria al vencido al pago de ambas costas), no se cierran las puertas al recurso de casación, pues al contrario, el asunto es admisible para su examen de fondo (siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley) ante un eventual vicio omisivo en la aplicación de ese mismo numeral, que autoriza la exoneración de dichas costas (incisos a y b). No obstante lo anterior, en el caso concreto de examen, estos integrantes comparten lo dispuesto en el fondo por el Tribunal, en cuanto se impuso al vencido el pago de ellas, circunstancia que nos lleva a rechazar el agravio, y con él, el recurso que en este sentido se formula.
Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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