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Res. 00674-2026 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 29/05/2026
OutcomeResultado
The First Chamber unanimously admitted the review petition of Inmobiliaria Talamanca S.A. and ordered the State, the Municipality of San Rafael de Heredia, and SINAC to respond within fifteen business days; by majority it remitted the request to cancel the cautionary annotation on property 82600-000 to the Administrative Tribunal, with two magistrates dissenting on the ground that the First Chamber holds exclusive competence.La Sala Primera admitió por unanimidad la demanda de revisión de Inmobiliaria Talamanca S.A. y emplazó al Estado, la Municipalidad de San Rafael de Heredia y SINAC por quince días hábiles; por mayoría remitió al Tribunal Contencioso Administrativo la solicitud de cancelación de la anotación de demanda sobre la finca 82600-000, con voto salvado de dos magistrados que sostenían la competencia exclusiva de la Sala Primera.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court unanimously admitted a review petition filed by Inmobiliaria Talamanca S.A. against ruling 000625-F-S1-2024, which had resolved cassation appeals in a pure-law administrative case against the State, the Municipality of San Rafael de Heredia, and SINAC. The revision rests on a criminal court's declaration that notarial deed No. 22—a key instrument in the original proceeding—was absolutely fraudulent, ordering cancellation of registry inscriptions on property 82600-000 in Heredia. The Chamber confirmed timeliness (three-month deadline, CPC Art. 72.2), statutory grounds, and formal requirements, and admitted the petition. By majority, it remitted the request to cancel a cautionary property annotation to the Administrative Tribunal. Magistrates López Casal and Monge Dobles dissented, arguing that exclusive jurisdiction over precautionary measures within a review proceeding belongs to the First Chamber once the original case is concluded.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia admitió por unanimidad la demanda de revisión interpuesta por Inmobiliaria Talamanca S.A. contra el voto 000625-F-S1-2024, que había resuelto recursos de casación en un proceso contencioso administrativo de puro derecho contra el Estado, la Municipalidad de San Rafael de Heredia y el SINAC. La revisión se funda en que un juzgado penal declaró absolutamente falsa la escritura matriz N.° 22 del protocolo notarial de Miguel Bonilla Villegas —instrumento clave en el proceso de origen— y ordenó la cancelación de las inscripciones registrales de la finca 82600-000 en Heredia. La Sala verificó el cumplimiento del plazo de tres meses (artículo 72.2 CPC), la concurrencia de causales taxativas, y los requisitos formales, admitiendo la demanda. Por mayoría, remitió al Tribunal Contencioso Administrativo la solicitud de cancelación de la anotación de demanda sobre la finca. Los magistrados López Casal y Monge Dobles salvaron el voto argumentando que la competencia exclusiva sobre medidas cautelares dentro de la revisión recae en la Sala Primera, una vez que el proceso de origen está fenecido.
Key excerptExtracto clave
"2) Notarial instrument number 22 appearing on folio 14 of volume two of notary public Miguel BONILLA VILLEGAS's protocol is declared absolutely fraudulent, along with any certified copy thereof presented or to be presented to the National Registry. 3) The National Registry is ordered to cancel the registration entries Volume: 2018, Entry: 246125, concerning property number 82600-000 in the Province of Heredia that were generated in the National Registry upon presentation of the notarial certified copy (whose content is likewise tainted by falsity). 4) Based on the registry principle of chain of title (tracto sucesivo) and Articles 7 of the Law on Document Registration, 452 of the Civil Code, 492 of the Code of Criminal Procedure, and 97 and 126 of the Notarial Code, restoration of things to the state prior to the above-mentioned registration entries is ordered, so that the National Registry must cancel all registrations or annotations resulting from the declaration of instrumental falsity of escritura 22." "For the reasons stated herein, the review petition filed is admissible. First, it is necessary to determine whether the petition was filed within the three-month period regulated by Article 72.2 of the CPC, a requirement that is met because the petitioner states that it learned of the criminal judgment on May 29, 2025, and the review petition was filed on August 12, 2025 — meaning that from the moment the criminal judgment producing new facts became known to the date of the petition's filing, no more than three months elapsed." "We therefore consider that the only jurisdictionally competent court to hear and decide within the review proceeding is the First Chamber of the Supreme Court of Justice. The tribunal that previously issued the judgment or ruling with the authority and efficacy of res judicata legally no longer has any competence with respect to what occurred in the proceedings under its charge, since Article 163(1) of the Organic Law of the Judicial Branch clearly establishes that a judge's competence is lost when the case is concluded and the judgment executed.""2) Se declara absolutamente falsa la escritura matriz numero 22 visible al folio 14 del tomo dos del protocolo del notario público Miguel BONILLA VILLEGAS, y el testimonio de ella presentado o que con posterioridad se presentare al Registro Nacional. 3) Se ordena al Registro Nacional que cancele las citas de inscripción Tomo: 2018, Asiento: 246125, respecto de la finca numero 82600-000 del partido de Heredia que se generaron en el Registro Nacional con la presentación de su testimonio notarial (cuyo contenido correlativamente también está viciado de falsedad). 4) Con base en el principio registral de tracto sucesivo y los artículos 7 de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público, 452 del código civil, 492 del código procesal penal, y 97 y 126 del código notarial, se ordena la restitución de las cosas al estado anterior a la inscripción mencionada citas Tomo: 2018, Asiento: 246125, por lo que el Registro Nacional debe cancelar todas las inscripciones o anotaciones consecuencia de la declaratoria de falsedad instrumental de la escritura 22 del tomo 22 mencionada." "Por las razones que se dirán, la demanda de revisión incoada es admisible. En primer lugar, resulta menester determinar si la demanda fue presentada dentro del plazo de tres meses regulado en el artículo 72.2 del C.P.C., requisito que se deduce por cuanto, la parte impugnante indica haber tenido conocimiento de la existencia de la sentencia dictada en el proceso penal el 29 de mayo de 2025, y la demanda de revisión se presentó en fecha 12 de agosto de 2025 es decir, desde el momento en que se conoce la sentencia penal que produce la existencia de hechos nuevos a la fecha de presentación de la demanda no transcurrieron más de tres meses." "Consideramos entonces que el único órgano jurisdiccional competente para conocer y tomar decisiones dentro de la demanda de revisión es la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal que, previamente, dictó la sentencia o el pronunciamiento con autoridad y eficacia de cosa juzgada material, jurídicamente ya no tiene ninguna competencia en relación con lo que sucedió en el proceso a su cargo, pues el artículo 163 inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial claramente establece que la competencia del juez se pierde cuando está fenecida la causa y ejecutada la sentencia."
Pull quotesCitas destacadas
"Se declara absolutamente falsa la escritura matriz numero 22 visible al folio 14 del tomo dos del protocolo del notario público Miguel BONILLA VILLEGAS, y el testimonio de ella presentado o que con posterioridad se presentare al Registro Nacional."
"Notarial instrument number 22 appearing on folio 14 of volume two of notary public Miguel BONILLA VILLEGAS's protocol is declared absolutely fraudulent, along with any certified copy thereof presented or to be presented to the National Registry."
Considerando IV — Auto-sentencia firme del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José
"Se declara absolutamente falsa la escritura matriz numero 22 visible al folio 14 del tomo dos del protocolo del notario público Miguel BONILLA VILLEGAS, y el testimonio de ella presentado o que con posterioridad se presentare al Registro Nacional."
Considerando IV — Auto-sentencia firme del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José
"la parte impugnante indica haber tenido conocimiento de la existencia de la sentencia dictada en el proceso penal el 29 de mayo de 2025, y la demanda de revisión se presentó en fecha 12 de agosto de 2025 es decir, desde el momento en que se conoce la sentencia penal que produce la existencia de hechos nuevos a la fecha de presentación de la demanda no transcurrieron más de tres meses."
"The petitioner states that it learned of the criminal judgment on May 29, 2025, and the review petition was filed on August 12, 2025 — meaning that from the moment the criminal judgment producing new facts became known to the date of the petition's filing, no more than three months elapsed."
Considerando V — Admisión de la demanda de revisión
"la parte impugnante indica haber tenido conocimiento de la existencia de la sentencia dictada en el proceso penal el 29 de mayo de 2025, y la demanda de revisión se presentó en fecha 12 de agosto de 2025 es decir, desde el momento en que se conoce la sentencia penal que produce la existencia de hechos nuevos a la fecha de presentación de la demanda no transcurrieron más de tres meses."
Considerando V — Admisión de la demanda de revisión
"Consideramos entonces que el único órgano jurisdiccional competente para conocer y tomar decisiones dentro de la demanda de revisión es la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal que, previamente, dictó la sentencia o el pronunciamiento con autoridad y eficacia de cosa juzgada material, jurídicamente ya no tiene ninguna competencia en relación con lo que sucedió en el proceso a su cargo, pues el artículo 163 inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial claramente establece que la competencia del juez se pierde cuando está fenecida la causa y ejecutada la sentencia."
"We therefore consider that the only jurisdictionally competent court to hear and decide within the review proceeding is the First Chamber of the Supreme Court of Justice. The tribunal that previously issued the judgment or ruling with the authority and efficacy of res judicata legally no longer has any competence with respect to what occurred in the proceedings under its charge, since Article 163(1) of the Organic Law of the Judicial Branch clearly establishes that a judge's competence is lost when the case is concluded and the judgment executed."
Considerando IX — Voto salvado de los Magistrados López Casal y Monge Dobles
"Consideramos entonces que el único órgano jurisdiccional competente para conocer y tomar decisiones dentro de la demanda de revisión es la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal que, previamente, dictó la sentencia o el pronunciamiento con autoridad y eficacia de cosa juzgada material, jurídicamente ya no tiene ninguna competencia en relación con lo que sucedió en el proceso a su cargo, pues el artículo 163 inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial claramente establece que la competencia del juez se pierde cuando está fenecida la causa y ejecutada la sentencia."
Considerando IX — Voto salvado de los Magistrados López Casal y Monge Dobles
"resulta desacertado someter a la parte actora de la presente demanda de revisión a tener que soportar y aguardar, como lo ha dispuesto la mayoría de esta Sala de Casación, a que el Tribunal Contencioso Administrativo —sin ostentar competencia— cancele la anotación de la demanda, lo cual podría demorar un tiempo valioso y provocar una actividad procesal adicional e innecesaria, con los consecuentes gastos para la parte, cuando dicha cancelación puede ordenarse ahora mismo, como parte de las peticiones deducidas en su demanda de revisión."
"It is misguided to require the plaintiff in the present review proceeding to endure and await, as the majority of this Cassation Chamber has ordered, for the Administrative Tribunal — which lacks competence — to cancel the cautionary annotation, which could waste valuable time and generate additional and unnecessary procedural activity with the resulting costs to the party, when said cancellation can be ordered right now as part of the claims raised in the review petition."
Considerando IX — Voto salvado de los Magistrados López Casal y Monge Dobles
"resulta desacertado someter a la parte actora de la presente demanda de revisión a tener que soportar y aguardar, como lo ha dispuesto la mayoría de esta Sala de Casación, a que el Tribunal Contencioso Administrativo —sin ostentar competencia— cancele la anotación de la demanda, lo cual podría demorar un tiempo valioso y provocar una actividad procesal adicional e innecesaria, con los consecuentes gastos para la parte, cuando dicha cancelación puede ordenarse ahora mismo, como parte de las peticiones deducidas en su demanda de revisión."
Considerando IX — Voto salvado de los Magistrados López Casal y Monge Dobles
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Document PJEDITOR Res. 000674-A-S1-2026 CHAMBER ONE OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirteen minutes on the twenty-ninth of May, two thousand twenty-six.
Petition for review (recurso de revisión) filed against vote no. 000625-F-S1-2024 of this Chamber, issued at 14 hours 13 minutes on June 13, 2024, by Leonor Isabel Antillón Sargent, known in these proceedings as the legal representative of the plaintiff company, in the judicial proceeding handled under case number 14-003666-1027-CA, which is a pure law proceeding (proceso de puro derecho) initiated by INMOBILIARIA TALAMANCA SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its president with powers of attorney-in-fact with unlimited authority (apoderada generalísima sin límite de suma), Leonor Isabel Antillón Sargent, against the STATE, represented by prosecutor Susana Fallas Cubero, the MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. The following appear as special judicial attorneys (apoderados especiales judiciales) for the plaintiff party: Leonor Isabel Antillón Sargent; for the Local Government: Alfonso Chaves Bagnarello and Alba Iris Ortiz; for SINAC: Christian Barrero Godínez; and,
WHEREAS
I.From the order of this Chamber issued at 9 hours 30 minutes on October 8, 2025, in accordance with the certificate issued by the Presidency of the Supreme Court of Justice corresponding to draw No. 14086, Substitute Justices (Magistrados Suplentes) LINDSAY RODRÍGUEZ CUBERO, IGNACIO MONGE DOBLES, GUILLERMO GUILÁ ALVARADO, and YURI LÓPEZ CASAL are designated to hear this proceeding in substitution of Principal Justices (Magistrados Titulares) Luis Guillermo Rivas Loáciga, Rocío Rojas Morales, Damaris Vargas Vásquez, and Carlos Guillermo Zamora Campos. Furthermore, by order issued at 11 hours 11 minutes on January 28, 2026, it follows that Justice Jorge Leiva Poveda filed a recusal (inhibitoria) from hearing this proceeding; in accordance with the certificate issued by the Presidency of the Supreme Court of Justice, draw number 14436 was conducted, which states that "THE SELECTED SUBSTITUTE PERSON IS: ROSA MARÍA CORTÉS MORALES, and the parties are therefore informed that she is hereby designated to hear this proceeding in substitution of the principal justice, the foregoing pursuant to Article 29, paragraph 2 of the Ley Orgánica del Poder Judicial." It is further noted that the requirement set forth by order of this Chamber at 10 hours 5 minutes on November 5, 2025, addressed to the plaintiff party, has been satisfied by the written submission filed on November 25, 2025.
II.In this case, Atty. Leonor Isabel Antillón Sargent, known in these proceedings as the legal representative of the plaintiff company, files a petition for review against vote no. 000625-F-S1-2024 of this Chamber, issued at 14 hours 13 minutes on June 13, 2024, which resolved the cassation appeals (recursos de casación) filed by the State and SINAC against judgment 052-2022-II of 10 hours on June 30, 2022, issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Second Section, within the aforementioned proceeding.
III.For this specific case, it is worth recalling that, as prescribed by Article 154, paragraph 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), the petition for review is governed by the rules established for civil proceedings. Thus, in accordance with Article 72.1 of the Código Procesal Civil, "Review shall be available against decisions that have the effect of res judicata (cosa juzgada material), provided that any of the following grounds concur: 1. They were issued as a consequence of malfeasance in office (prevaricato), bribery (cohecho), or fraudulent acts declared in a criminal judgment. 2. When procedural fraud (fraude procesal), collusion (colusión), or other fraudulent maneuvering by the parties was involved in obtaining the ruling. 3. When any of the decisive evidence underlying the challenged decision was declared false in a final criminal judgment. 4. They were obtained through violence, intimidation, or deceit. 5.
When, due to force majeure or fraudulent acts by the opposing party, essential evidence was not presented or the appearance of the interested party at a proceeding where significant evidence was produced was made impossible. 6. The judgment was issued without summoning the challenger. 7. There was an absence or improper representation throughout the entire proceeding or at least during the evidentiary hearing. 8. The judgment is contradictory to a prior one with the authority of res judicata, provided that such exception could not have been raised. 9. The judgment is contradictory to a subsequent criminal judgment with the authority of res judicata, which establishes whether the person charged with the acts constituting a criminal offense is or is not the perpetrator thereof. 10. When assets or rights of third parties who had no participation in the proceeding were unlawfully affected. 11.
In any other case in which a serious and significant violation of due process (debido proceso) occurred. 12. When new scientific or technological means of proof emerge that make it possible to disprove the conclusions reached in the challenged judgment. It shall be necessary that the defect caused prejudice to the challenger and that it was not possible to cure it within the same proceeding in which it arose." Its purpose is to challenge the procedural effects of the ruling, specifically those set forth in Article 64 of the aforementioned code. In addition, the principle of exhaustiveness of grounds applies, since the appellant may only invoke a ground authorized by the legislature. It falls to this Chamber to verify that both requirements are met and, in the event of non-compliance, to order the outright rejection of the appeal. Likewise, Article 72.8 of the cited Code states that no appeal shall lie against the judgment resolving the petition for review. Furthermore, rejection on purely formal grounds shall not preclude the filing of a new petition for review.
IV.Summary of the challenger's allegations. In accordance with the provisions of Article 154 of the CPCA in relation to Article 72 of the Código Procesal Civil, the existence of a specific ground is alleged: "1. They were issued as a consequence of malfeasance in office, bribery, or fraudulent acts declared in a criminal judgment and 3. When any of the decisive evidence underlying the challenged decision was declared false in a final criminal judgment." The foregoing is argued on the basis that: "Now then, by means of the final judgment-order of the Criminal Court of the First Judicial Circuit of San José, issued by resolution at ten hours and twenty minutes on the twenty-ninth of May, two thousand twenty-five, the following was stated: 'In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Constitución Política, 1, 16, 311 paragraph e) and 312 of the Código Procesal Penal:
V.On the admission of the filed complaint. For the reasons stated herein, the petition for review that has been filed is admissible. First, it is necessary to determine whether the complaint was filed within the three-month period regulated by Article 72.2 of the Código Procesal Civil (C.P.C.), a requirement that is satisfied insofar as the challenger states that she became aware of the existence of the judgment issued in the criminal proceeding on May 29, 2025, and the petition for review was filed on August 12, 2025 — that is, from the moment the criminal judgment giving rise to new facts became known to the date of filing of the complaint, no more than three months had elapsed. Second, it is filed against a decision that has the effect of res judicata, namely the aforementioned judgment, issued within a pure law proceeding (Article 72.1 of the C.P.C.). As a third point, it identifies the exhaustive grounds upon which the complaint is filed.
The Chamber finds that the arguments are sufficiently clear and precise to proceed to their analysis, since the reasons for which the judgment is considered subject to review are explained. Furthermore, upon examination of the proceeding, there is no element from which it could be inferred that the challenger had the opportunity to seek correction of the defects apparently produced therein. This is without prejudice, as previously noted, to what may be determined at a later stage. Additionally, it meets the formal requirements established in Article 72.4 of the Código Procesal Civil, as it states the names and particulars of the parties and the address and means for serving them with notice, through compliance with the requirement of this Chamber of 10 hours 5 minutes on November 5, 2025, by the written submission of November 25, 2025. It sets forth the type of proceeding, identifying it as an ordinary proceeding (proceso ordinario), the court that issued the judgment, the date, and the office where the case file is located.
It expressly invokes the grounds upon which it considers its petition for review to be procedurally sound, as well as the specific factual arguments and foundations supporting it. In addition, the plaintiff party proposed evidence in support of its claims. For the foregoing reasons, each of the procedural requirements for the admissibility of the petition for review has been verified, and accordingly, it shall be admitted, without prejudice to what may be appropriate on the merits of this matter.
VI.Consequently, the procedure set forth in Article 72.5 of the Código Procesal Civil, second paragraph, is followed, which provides: "Upon admission of the complaint, those who litigated in the proceeding, or their successors in interest, shall be summoned for a period of fifteen days." Accordingly, the STATE, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, and SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (who acted as defendant parties in ordinary proceeding number 14-003666-1027-CA) are granted a period of FIFTEEN BUSINESS DAYS to respond to the petition for review. In their written response, they must address all the facts stated in the complaint in the order in which they were set forth, expressing in a reasoned manner whether they reject them as inaccurate, whether they admit them as true with variations or corrections, or whether they deny them absolutely. They shall also state their position clearly with respect to the claim, the legal grounds, and the evidence presented and proposed by the plaintiff.
They shall offer and submit all of their evidence in the same manner provided for the complaint (Article 37.1 of the Código Procesal Civil). The summoned parties are hereby warned that, should they fail to respond within the granted period, the facts may be deemed proven insofar as they are not contradicted by the evidence in the case file, without prejudice to their right to appear at any time and take the proceeding as they find it (Article 39 of the Código Procesal Civil). They are informed that in the first submission they file they must designate a means for receiving notifications, under notice that, until they do so, subsequent resolutions shall be deemed notified upon the lapse of twenty-four hours from the time they are issued, including judgments. The same consequence shall occur when notification cannot be effected through the designated means. — Articles 11, 34, 36, and 50 of the Ley de Notificaciones Judiciales N°8687 of October 28, 2008, published in La Gaceta N°20 of January 29, 2009. — With regard to the means of notification, the parties are informed of the provision adopted by the Consejo Superior in session N° 65-08, held on September 2, 2008, Article LXII, Circular 169-2008, to the effect that, if they wish to designate a fax as a means of notification, said fax must be used exclusively for sending and receiving documents and may not also be used as a telephone.
VII.Regarding the request made by Inmobiliaria Talamanca S.A. in its petition for review, consisting of the cancellation of the lis pendens annotation (anotación de demanda) ordered by the Tribunal Contencioso Administrativo within pure law administrative proceeding number 14-3666-1027-CA, which encumbers the property registered in the Real Property Section (Sección de Bienes Inmuebles) of the Registro Nacional, Province of Heredia, property registration number (matrícula) 82600-000, by majority vote, said request is referred to the Tribunal Contencioso Administrativo so that it may resolve the matter as the law requires.
VIII.Notifications: This resolution shall be served upon the defendant parties to this proceeding through the means designated for that purpose. With respect to the summoned party, this resolution shall be served personally, at their domicile.
With the customary and deep respect we hold for our colleague justices who, in this specific case, form the majority, we partially dissent from the decision reached by them and cast our dissenting vote in the following terms: In our view, we consider that this Chamber One should grant and order the cancellation of the precautionary measure (medida cautelar) consisting of the lis pendens annotation, on the terms requested in this petition for review by the plaintiff party, namely Inmobiliaria Talamanca S.A., a precautionary measure that was ordered by the Tribunal Contencioso Administrativo within pure law administrative proceeding number 14-3666-1027-CA, the lis pendens annotation encumbering the property registered in the Real Property Section of the Registro Nacional, Province of Heredia, matrícula 82600-000, which belongs to Inmobiliaria Talamanca S.A. This is because, as follows from item number six of the written submission incorporated into the virtual docket of this petition for review on the eighteenth of February, two thousand twenty-six, at nine hours, twenty minutes, and thirty-one seconds, Inmobiliaria Talamanca S.A. narrated, in that item, that the precautionary measure of lis pendens annotation decreed within the pure law administrative proceeding no. 14-3666-1027-CA was requested by it in that proceeding as a measure of registral protection for itself as the title holder of the real property, because it had been the victim of the commission of a crime, as a consequence of which it had been dispossessed of its right of ownership over the aforementioned registered property.
Incidentally, Inmobiliaria Talamanca S.A. was the plaintiff party in pure law administrative proceeding no. 14-3666-1027-CA, and it was due to the commission of a crime perpetrated against it that said judicial proceeding was ultimately dismissed for the supervening loss of its standing (legitimación activa), with no special order for costs and no order for the corresponding costs of the cassation appeal. Thus, the undersigned justices consider that, after examining what occurred in pure law administrative proceeding number 14-3666-1027-CA and what Inmobiliaria Talamanca S.A. set forth in the present petition for review in its written submission incorporated into the virtual docket on the eighteenth of February, two thousand twenty-six, at nine hours, twenty minutes, and thirty-one seconds, it is entirely understandable and legally feasible for this Chamber to grant the request for cancellation of the lis pendens annotation that was decreed within administrative proceeding number 14-3666-1027-CA.
We disagree with what the majority of this Cassation Chamber has ordered in this regard, because it seems to us, respectfully, that referring the request for cancellation of the lis pendens annotation to the Tribunal Contencioso Administrativo is simply a kind of court custom or practice and a misapplication of a sort of "parallelism of forms" principle, which would be appropriate for very different legal constellations from the one underlying this petition for review — verbi gratia, the suspension or revocation of administrative acts issued by the same body or public entity that adopted them. We, the dissenting justices, maintain that it must not be lost sight of that we are dealing with a highly special type of proceeding, such as the petition for review, which presupposes that in a prior proceeding a decision was issued with the authority of res judicata that brought the dispute to an end.
Applying a broad and teleological interpretation of precautionary protection (tutela cautelar), such effective judicial protection (tutela judicial efectiva) extends and remains effective until the issuance of the final judgment. Thus, following said finality, the regulated possibility of filing the petition for review arises, and with it, the competence — in the broad sense — to adopt, modify, or cancel pre-existing or new precautionary measures (the latter raised ex novo before Chamber One within the petition for review) belongs to this Chamber. This Chamber has already issued its decisions on requests for precautionary measures. In this regard, it does not decline to rule on them by referring the matter to the trial court for that court to make a decision (see votes nos. 206-2023 and 494-2023 of this Chamber One). We therefore consider that the only jurisdictional body competent to hear and make decisions within the petition for review is Chamber One of the Supreme Court of Justice.
The court that previously issued the judgment or decision with the authority and effect of res judicata legally no longer has any competence with respect to what occurred in the proceeding under its charge, since Article 163, paragraph 1) of the Ley Orgánica del Poder Judicial clearly establishes that the jurisdiction of the judge is lost when the cause is concluded and the judgment executed. The Tribunal Contencioso Administrativo that heard pure law administrative proceeding number 14-3666-1027-CA falls squarely within that ground. Accordingly, the pure law administrative proceeding, which is the antecedent to the present petition for review, falls within said provision of the Ley Orgánica del Poder Judicial, since, in effect, that proceeding is completely concluded, and moreover, there is nothing to execute therein, because the proceeding ended with a judgment finding a supervening absence of standing of Inmobiliaria Talamanca S.A., with no ruling on the merits and no special order for costs.
In addition to the foregoing, it is misguided to subject the plaintiff party in the present petition for review to having to endure and wait — as the majority of this Cassation Chamber has ordered — for the Tribunal Contencioso Administrativo — which lacks jurisdiction — to cancel the lis pendens annotation, which could consume valuable time and generate additional and unnecessary procedural activity, with the consequent expenses for the party, when said cancellation can be ordered right now as part of the requests made in its petition for review. Based on all of the foregoing and pursuant to the provisions of Article 29.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in a minority vote we order the cancellation of the lis pendens annotation decreed within administrative proceeding number 14-3666-1027-CA, which encumbers the registration margin of the property registered in the Real Property Section of the Registro Nacional, Province of Heredia, matrícula 82600-000, of which Inmobiliaria Talamanca S.A. is the title holder.
THEREFORE
By unanimous vote, the petition for review is admitted. The State, the Municipalidad de San Rafael de Heredia, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN are summoned for a period of fifteen days to appear and assert their rights. By majority vote, regarding the request for cancellation of the lis pendens annotation filed by Inmobiliaria Talamanca S.A., said request is referred to the Tribunal Contencioso Administrativo so that it may resolve the matter as the law requires. Justices López Casal and Monge Dobles dissented with respect to that aspect and considered that Chamber One should hear and grant it. GCASAFONT LINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO – JUSTICE ROSA MARIA CORTES MORALES – JUSTICE YURI LOPEZ CASAL – JUSTICE GUILLERMO GUILÁ ALVARADO – JUSTICE IGNACIO JOSE MONGE DOBLES – JUSTICE Telephone: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email: [email protected]
Documento PJEDITOR Res. 000674-A-S1-2026 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas trece minutos del veintinueve de mayo del dos mil veintiséis.
Recurso de revisión presentado, contra el voto de esta Sala no. 000625-F-S1-2024 de las 14 horas 13 minutos del 13 de junio de 2024 por, Leonor Isabel Antillón Sargent, conocida en autos como representante legal de la empresa actora, del proceso judicial tramitado bajo expediente 14- 003666- 1027- CA, que es proceso de puro derecho establecido por INMOBILIARIA TALAMANCA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma Leonor Isabel Antillón Sargent, contra el ESTADO, representado por la procuradora Susana Fallas Cubero, la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. Figuran como apoderados especiales judiciales de la parte actora, Leonor Isabel Antillón Sargent; del Gobierno Local, Alfonso Chaves Bagnarello y Alba Iris Ortiz; del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Christian Barrero Godínez., y;
CONSIDERANDO
I.Del auto de esta Sala de las 9 horas 30 minutos del 8 de octubre de 2025, conforme con la constancia emitida por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, correspondiente al sorteo Nº 14086, se tiene por designados a los Magistrados Suplentes LINDSAY RODRÍGUEZ CUBERO, IGNACIO MONGE DOBLES, GUILLERMO GUILÁ ALVARADO Y YURI LÓPEZ CASAL, para que conozcan de este proceso en sustitución de los Magistrados Titulares Luis Guillermo Rivas Loáciga, Rocío Rojas Morales, Damaris Vargas Vásquez y Carlos Guillermo Zamora Campos. Por otra parte, mediante auto de las 11 horas 11 minutos del 28 de enero de 2026, se desprende que el magistrado Jorge Leiva Poveda, formulo inhibitoria para conocer el presente proceso; conforme a la constancia emitida por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo el sorteo número 14436 que indica que "LA PERSONA SUPLENTE SELECCIONADA ES: ROSA MARÍA CORTÉS MORALES, por lo que se informa a las partes que se tienen por designado con el fin de que conozcan de este proceso, en sustitución del magistrado titular, lo anterior de conformidad con el artículo 29 inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. También se tiene por cumplida la prevención realizada por auto de esta Sala de las 10 horas 5 minutos del 5 de noviembre de 2025, a la parte demandante por escrito presentado el 25 de noviembre de 2025.
II.En este caso la Licda. Leonor Isabel Antillón Sargent, conocida en autos como representante legal de la empresa actora presenta recurso de revisión contra el voto de esta Sala no. 000625-F-S1-2024 de las 14 horas 13 minutos del 13 de junio de 2024, que resolvió los recursos de casación interpuestos por el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación contra la sentencia 052-2022-II de las 10 horas del 30 de junio de 2022, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativos y Civil de Hacienda, Sección Segunda dentro del proceso de cita.
III.Para el caso concreto conviene recordar que, según lo preceptúa el canon 154 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), la demanda de revisión se rige por las normas establecidas para el proceso civil. Así, de conformidad con el artículo 72.1 del Código Procesal Civil, “La revisión procederá contra pronunciamientos que tengan efecto de cosa juzgada material, siempre que concurra alguna de las siguientes causales: " 1. Se hubieran dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho o actos fraudulentos declarados en sentencia penal. 2. Cuando medie fraude procesal, colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes para alcanzar el fallo. 3. Cuando alguna de las pruebas decisivas del pronunciamiento impugnado hubiera sido declarada falsa en fallo penal firme. 4. Se obtuvieran mediante violencia, intimidación o dolo. 5. Cuando, por fuerza mayor o por actos fraudulentos de la parte contraria, no se hubiera presentado prueba esencial o se hubiera imposibilitado la comparecencia de la parte interesada a algún acto donde se practicó prueba trascendente. 6.
Se haya dictado la sentencia sin emplazar al impugnante. 7. Haya existido falta o indebida representación durante todo el proceso o al menos durante la audiencia de pruebas. 8. Que la sentencia sea contradictoria con otra anterior con autoridad de cosa juzgada material, siempre que no se hubiera podido alegar dicha excepción. 9. Que la sentencia sea contradictoria con otra penal posterior con autoridad de cosa juzgada material en la que se establezca si la persona a quien se imputan los hechos que constituyen una infracción penal es o no la autora de ellos. 10. Cuando se hubieran afectado, ilícitamente, bienes o derechos de terceros que no tuvieron participación en el proceso. 11. En cualquier otro caso en que se hubiera producido una grave y trascendente violación al debido proceso. 12. Cuando surjan nuevos medios probatorios científicos o tecnológicos que permitan desvirtuar las conclusiones que se obtuvieron en la sentencia impugnada.
Será necesario que el vicio hubiera causado perjuicio al impugnante y no haya sido posible subsanarlo dentro del mismo proceso en que se produjo”.”. Tiene por objeto combatir los efectos procesales del fallo, concretamente los dispuestos en el numeral 64 del citado cuerpo legal. Además, aplica el principio de taxatividad de las causales, pues el recurrente solo puede invocar un motivo autorizado por el legislador. Le corresponde a esta Sala verificar la comunidad de ambas exigencias y, en caso de incumplimiento, disponer el rechazo de plano del recurso. Así mismo, el ordinal 72.8 del Código de cita indica que contra la sentencia que resuelva la revisión no cabrá recurso alguno. Además, que el rechazo por razones meramente formales no impedirá la interposición de una nueva demanda de revisión.
IV.Síntesis de alegaciones de la parte impugnante. De conformidad con lo establecido en los numerales 154 del Código Procesal Contencioso Administrativo en relación con los numeral 72 del Código Procesal Civil, se considera la existencia de una causal especifica: “1. Se hubieran dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho o actos fraudulentos declarados en sentencia penal y 3. Cuando alguna de las pruebas decisivas del pronunciamiento impugnado hubiera sido declarada falsa en fallo penal firme.” Lo anterior por cuanto indica: “Ahora bien, mediante el auto sentencia firme del Juzgado penal del primer circuito judicial de San Jose dada mediante resolución de las diez horas y veinte minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinticinco se indicó: "De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 16, 311 inciso e) y 312 del código procesal penal:
dirán, la demanda de revisión incoada es admisible. En primer lugar, resulta menester determinar si la demanda fue presentada dentro del plazo de tres meses regulado en el artículo 72.2 del C.P.C., requisito que se deduce por cuanto, la parte impugnante indica haber tenido conocimiento de la existencia de la sentencia dictada en el proceso penal el 29 de mayo de 2025, y la demanda de revisión se presentó en fecha 12 de agosto de 2025 es decir, desde el momento en que se conoce la sentencia penal que produce la existencia de hechos nuevos a la fecha de presentación de la demanda no transcurrieron más de tres meses. En segundo lugar, se interpone en contra de un pronunciamiento que tiene efecto de cosa juzgada material, sea la sentencia supra citada, dictada dentro de un proceso de puro derecho (artículo 72.1 del C.P.C.). Como tercer punto, indica las causales taxativas por las cuales interpone la demanda.
Considera la Sala, los argumentos tienen claridad y precisión suficiente como para acceder a su análisis, pues se explican las razones por las cuales considera que la sentencia debe ser objeto de revisión. Además, de un examen del proceso, no hay elemento alguno que permita inferir que el impugnante haya tenido la oportunidad de solicitar la subsanación de los vicios, aparentemente, producidos en él. Sin perjuicio, como antes se advirtió, de lo que pueda ser determinado más adelante. Por otra parte, cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 72.4 del Código Procesal Civil, por cuanto, indica el nombre y calidades de las partes, y el lugar y medio para notificarlos, mediante el cumplimiento de la prevención de esta Cámara de las 10 horas 5 minutos del 5 de noviembre de 2025, en escrito de 25 de noviembre de 2025. Expone, la clase de proceso, indicando ser un ordinario, el tribunal que dictó la sentencia, la fecha y la oficina donde se encuentra el expediente.
De forma expresa invocó las causales por la que considera procede su demanda de revisión, así como los argumentos y fundamentos de hecho concretos que la sustentan. Unido a lo anterior, la parte actora propuso pruebas para fundar sus dichos. Por lo anterior, se ha podido verificar cada uno de los requisitos procesales para la procedencia de la demanda de revisión, por lo que, se procederá a su admisión, sin perjuicio de lo procedente en el fondo de este asunto.
VI.En consecuencia, se procede con lo dispuesto en el numeral 72.5 del Código Procesal Civil, párrafo segundo, el cual dispone: “Admitida la demanda se emplazará a quienes hubieran litigado en el proceso o a sus causahabientes, por el plazo de quince días.” Así las cosas, se le otorga al ESTADO y MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (quienes actuaron como partes demandadas en el proceso ordinario número 14- 003666- 1027- CA), el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, para contestar la demanda de revisión. En el escrito de contestación, deberán referirse a todos los hechos de la demanda en el orden en que fueron expuestos, expresando de forma razonada si los rechaza por inexactos, si los admite como ciertos, con variantes o rectificaciones, o si los desconoce de manera absoluta. También, manifestarán con claridad su posición en cuanto a la pretensión, los fundamentos legales y la prueba presentada y propuesta por el actor.
Ofrecerán y presentarán todas sus pruebas de la misma forma prevista para la demanda (Artículo 37.1 del Código Procesal Civil). Se advierte a las partes emplazadas que, de no contestar dentro del plazo concedido, se podrá tener por acreditados los hechos, en cuanto no resulten contradichos por la prueba que conste en el expediente, sin perjuicio de que pueda apersonarse en cualquier tiempo, tomando el proceso en el estado en que se encuentre (Artículo 39 del Código Procesal Civil). Se les indica, que en el primer escrito que presenten deben señalar un medio para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo hagan, las resoluciones posteriores quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias. Se producirá igual consecuencia cuando la notificación no se pueda efectuar en el medio señalado. - Artículos 11, 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales N°8687 del 28 de octubre del 2008, publicada en La Gaceta N°20, del 29 de enero de 2009.- Con respecto al medio, se le hace saber a las partes lo dispuesto por el Consejo Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008, artículo LXII, Circular 169-2008, en el sentido de que, si desean señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos, por lo que no pueden utilizarlo también como teléfono.
VII.En relación con la solicitud formulada por Inmobiliaria Talamanca S. A. en su demanda de revisión consistente en que se cancele la anotación de demanda ordenada por el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del proceso contencioso administrativo de puro derecho número 14-3666-1027-CA, la cual pesa sobre la finca inscrita en la Sección de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, Provincia de Heredia, matrícula 82600-000, por mayoría, se remite dicha petición al Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin de que la resuelva según lo que en derecho corresponda.
VIII.Notificaciones: La presente resolución se les notificará a las partes demandadas de este proceso en los medios indicados al efecto. En relación con la persona emplazada, notifíquesele la presente resolución de forma personal, en su domicilio.
Con el acostumbrado y acentuado respeto que les tenemos a las colegas magistradas y al colega magistrado que, en este caso concreto, conforman la mayoría, nos apartamos parcialmente de la decisión tomada por ella y salvamos nuestro voto en los siguientes términos: En nuestro criterio, consideramos que esta Sala Primera debe acoger y ordenar la cancelación de la medida cautelar de anotación de demanda, en los términos en que, en esta demanda de revisión, lo solicitó la parte actora, a saber, Inmobiliaria Talamanca S. A., medida cautelar que fue ordenada por el Tribunal Contencioso Administrativo dentro del proceso contencioso administrativo de puro derecho número 14-3666-1027-CA, anotación de demanda que pesa sobre la finca inscrita en la Sección de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, Provincia de Heredia, matrícula 82600-000 y que pertenece a Inmobiliaria Talamanca S. A. Esto se debe a que, tal y como se desprende del punto número sexto del escrito incorporado al escritorio virtual de esta demanda de revisión el día dieciocho de febrero de dos mil veintiséis, a las nueve horas con veinte minutos y treinta y un segundos, Inmobiliaria Talamanca S. A. narró, en ese punto, que la medida cautelar de anotación de demanda decretada dentro del proceso contencioso administrativo de puro derecho, no. 14-3666-1027-CA, fue pedida por ella misma, en ese proceso, como una medida de protección registral a ella misma como titular del dominio del inmueble, debido a que fue víctima de la comisión de un delito, como consecuencia del cual había sido despojada de su derecho de propiedad sobre su finca inscrita antes descrita.
Dicho sea de paso, Inmobiliaria Talamanca S. A. fue la parte actora del proceso contencioso administrativo de puro derecho, no. 14-3666-1027-CA y fue debido a la comisión de un delito perpetrado en su contra que dicho proceso judicial fue declarado finalmente sin lugar, por pérdida sobrevenida de su legitimación activa, sin especial condenatoria al pago de las costas ni tampoco a las correspondientes del recurso de casación. De este modo, los infrascritos magistrados consideramos que, luego de examinar lo acontecido en el proceso contencioso administrativo de puro derecho número 14-3666-1027-CA y lo que expuso Inmobiliaria Talamanca S. A. en la presente demanda de revisión, en su escrito incorporado al escritorio virtual el día dieciocho de febrero de dos mil veintiséis, a las nueve horas con veinte minutos y treinta y un segundos, es completamente comprensible y jurídicamente posible que esta Sala acoja la solicitud de cancelación de anotación de demanda que fue decretada dentro del proceso contencioso-administrativo número 14-3666-1027-CA.
No estamos de acuerdo con lo que, al respecto, ha dispuesto la mayoría de esta Sala de Casación, porque nos parece, respetuosamente, que remitir la solicitud de cancelación de anotación de demanda al Tribunal Contencioso Administrativo, es simplemente una especie de costumbre o práctica tribunalicia y una mala aplicación de una suerte de principio de "paralelismo de las formas", el cual sería procedente para otras constelaciones jurídicas muy diferentes a la que subyace en esta demanda de revisión, verbi gratia, la suspensión o la revocación de actos administrativos emitidos por el mismo órgano o ente público que los adoptó. Nosotros, los magistrados disidentes, sostenemos que no hay que perder de vista que estamos ante un proceso sumamente especial, como lo es la demanda de revisión, la cual presupone que, en otro proceso previo, se dictó un pronunciamiento, con autoridad de cosa juzgada material, que dio fin a la controversia.
Acudiendo a una interpretación amplia y teleológica de la tutela cautelar, dicha tutela judicial efectiva se extiende y es eficaz hasta el dictado de la sentencia firme. De este modo, con posterioridad a dicha firmeza, surge la posibilidad reglada de interponer la demanda de revisión, y con ello, la competencia, en sentido amplio, para la adopción, modificación o cancelación de las medidas cautelares preexistentes o nuevas (estas últimas planteadas, ex novo, ante la Sala Primera, dentro de la demanda de revisión), le corresponde a esta Sala. Ya esta Sala ha vertido su pronunciamiento sobre las solicitudes de medidas cautelares. En este sentido, no declina el pronunciamiento sobre ellas, mediante la remisión, al Tribunal de instancia, para que sea este último el que tome una decisión al respecto (ver votos números 206-2023 y 494-2023 de esta Sala Primera). Consideramos entonces que el único órgano jurisdiccional competente para conocer y tomar decisiones dentro de la demanda de revisión es la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
El tribunal que, previamente, dictó la sentencia o el pronunciamiento con autoridad y eficacia de cosa juzgada material, jurídicamente ya no tiene ninguna competencia en relación con lo que sucedió en el proceso a su cargo, pues el artículo 163 inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial claramente establece que la competencia del juez se pierde cuando está fenecida la causa y ejecutada la sentencia. En esa causal se encuentra inmerso el Tribunal Contencioso Administrativo que conoció el proceso contencioso-administrativo de puro derecho número 14-3666-1027-CA. De tal suerte, el proceso contencioso administrativo de puro derecho, que es el antecedente de la presente demanda de revisión, se subsume dentro de dicha norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto, en efecto, ese proceso está completamente fenecido, y en el cual, además, no hay nada que ejecutar, porque el proceso finalizó con sentencia que determinó una ausencia sobrevenida de la legitimación activa de Inmobiliaria Talamanca S. A., sin existir pronunciamiento sobre el fondo del asunto y sin especial condenatoria en costas.
Aunado a lo anterior, resulta desacertado someter a la parte actora de la presente demanda de revisión a tener que soportar y aguardar, como lo ha dispuesto la mayoría de esta Sala de Casación, a que el Tribunal Contencioso Administrativo —sin ostentar competencia— cancele la anotación de la demanda, lo cual podría demorar un tiempo valioso y provocar una actividad procesal adicional e innecesaria, con los consecuentes gastos para la parte, cuando dicha cancelación puede ordenarse ahora mismo, como parte de las peticiones deducidas en su demanda de revisión. Con base en todo lo expuesto y a tenor de lo que dispone el numeral 29.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en voto de minoría disponemos la cancelación de la anotación de la demanda decretada dentro del proceso contencioso administrativo número 14-3666-1027-CA, la cual pesa al margen de inscripción de la finca inscrita en la Sección de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, Provincia de Heredia, matrícula 82600-000, de la cual Inmobiliaria Talamanca S. A. es su titular.
POR TANTO
Por unanimidad, se admite la demanda de revisión. Se emplaza al Estado, a la Municipalidad de San Rafael de Heredia y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación por el plazo de quince días para que se apersonen a hacer valer sus derechos. Por mayoría, en relación con la solicitud de cancelación de anotación de demanda formulada por Inmobiliaria Talamanca S. A., se remite dicha petición al Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin de que la resuelva según lo que en derecho corresponda. Los magistrados López Casal y Monge Dobles salvaron el voto en relación con ese aspecto y consideraron que la Sala Primera debe conocerla y acogerla. GCASAFONT LINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO - MAGISTRADO/A ROSA MARIA CORTES MORALES - MAGISTRADO/A YURI LOPEZ CASAL - MAGISTRADO/A GUILLERMO GUILÁ ALVARADO - MAGISTRADO/A IGNACIO JOSE MONGE DOBLES - MAGISTRADO/A
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